icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia
¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia
Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests
Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests
Report 51 / Latin America & Caribbean

¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Resumen Ejecutivo

Una de las más grandes incertidumbres sobre la oportunidad histórica de poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia es si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se sumará o no al actual proceso de paz. Las aproximaciones exploratorias continúan y la presión para impulsar el proceso crece a medida que las negociaciones en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de mayor tamaño, se acercan a un punto decisivo. Sin embargo, las esperanzas de que nuevas negociaciones fueran inminentes se vieron frustradas en el 2013. Acordar una agenda y una metodología que satisfagan al ELN y que sean consistentes con el marco conceptual de las negociaciones en La Habana no será tarea sencilla. El ELN piensa que el gobierno necesita flexibilizar su posición o se arriesga a continuar con el conflicto; el gobierno cree que el ELN debe demostrar flexibilidad o se arriesga a quedarse por fuera del proceso. Sin embargo, no favorece el interés de nadie en el largo plazo demorar más estas negociaciones. Un proceso en el cual falte el ELN, o uno en el que éste participe tardíamente, carecería de un componente esencial para la construcción de una paz sostenible. Ambas partes, por ende, deben cambiar el rumbo y abrir negociaciones lo más pronto posible, sin esperar una perfecta alineación de las estrellas durante el largo periodo electoral del 2014.

La violencia paramilitar y, en menor medida, la acción de las fuerzas armadas, han reducido significativamente las capacidades militares del ELN, pero la más pequeña de las dos insurgencias colombianas no se encuentra al borde del colapso. Ésta ha tomado ventaja del auge de los recursos naturales y ha extraído nuevos ingresos de la industria petrolera en su mayor zona de dominio, Arauca, y ha luchado por el control de zonas mineras en el Chocó y otros territorios. En algunas regiones, ha quebrantado además la antigua restricción autoimpuesta de no involucrarse en la economía ilegal de las drogas con el fin de comprar armas y reclutar combatientes. Todo esto ha dañado severamente su relativamente fuerte apoyo local, aunque el ELN ha procurado no sacrificar sus relaciones con las comunidades en vísperas de una negociación. Aún mantiene sus vínculos en la política local de Arauca y la cooperación con las FARC ha mejorado bastante desde el 2009, pues los dos grupos han tomado medidas para reparar sus relaciones, que han estado usualmente nutridas de desconfianza y ocasionalmente de violencia.

El ELN es una amenaza confinada regionalmente, pero su capacidad para adaptarse y resistir, junto con su capital político y social y su retaguardia en Venezuela, de alta importancia estratégica, hacen que una derrota militar en el corto plazo sea poco probable. La intensificación de la ofensiva en su contra precipitaría otra emergencia humanitaria en sus zonas de dominio y podría ser contraproducente en el largo plazo, pues conllevaría el riesgo de fragmentar a una guerrilla –ya de por sí descentralizada– en varios grupos criminales autónomos. Una negociación, por consiguiente, es la mejor y la más pragmática de las opciones. Posponerla hasta que se firme un acuerdo con las FARC podría parecer más fácil de administrar, comparado con realizar conversaciones paralelas con dos insurgencias, pues estas probablemente ocurrirían en dos países diferentes. Sin embargo, el modelo de conversaciones en secuencia conlleva sus propios problemas. Dado que la presencia territorial de las dos guerrillas se superpone, implementar un cese al fuego con las FARC resultaría problemático si el ELN permanece en el conflicto, y las filas de esta guerrilla pueden crecer si ofrecen un espacio para los combatientes de las FARC que no deseen desmovilizarse.

Este contexto le permite al ELN plantear demandas que están por encima de sus posibilidades reales, pero el grupo debería usar su poder de negociación sabiamente. Podría pagar un precio muy alto, inclusive superior al del gobierno, si fracasa en iniciar conversaciones prontamente. Entre más permanezca al margen, menores posibilidades tendrá para moldear asuntos como la justicia transicional o la participación política y mayor será la presión que afronte para aceptar los resultados del acuerdo con las FARC. El ELN se arriesga además a quedar cada vez con menos oxígeno en un contexto post-La Habana, en particular si los acuerdos con las FARC traen consigo un proceso de transformación social que socave aún más la justificación de la existencia del conflicto armado y reduzca el apetito por una negociación con el ELN basada en una agenda sustancial de políticas públicas. Aunque se crea capaz de sobrevivir a una intensificación de la acción militar en su contra por parte del gobierno, un acuerdo continuaría siendo su mejor estrategia para salir del conflicto.

Aunque las dos partes tengan incentivos para entablar negociaciones formales prontamente, los pasos a seguir no serán fáciles. Antes de las elecciones presidenciales de mayo, puede que el gobierno se aparte de la posibilidad de iniciar conversaciones con un grupo guerrillero considerado, amplia pero erróneamente, como una amenaza insignificante. Por su parte, el ELN puede sentirse tentado a apostar a la improbable elección de un presidente dispuesto a negociar en términos más favorables. También existen preguntas respecto a la solidez del consenso interno del ELN para negociar. Los procesos infructuosos realizados con los últimos cinco gobiernos se han complicado, dentro de otras razones, debido a las divisiones internas del grupo. Las exigencias de una agenda amplia y una mayor participación social en las negociaciones se contraponen al énfasis puntual y a la confidencialidad de las conversaciones de La Habana y su objetivo específico de terminar el conflicto en vez de construir la paz. Sólo existe un espacio limitado para discrepar con el modelo de La Habana a menos que el gobierno esté listo para menoscabar el progreso conseguido hasta la fecha con las FARC.

No obstante, las partes no deberían dejar que se les escape esta oportunidad. Dentro de todas estas dificultades, hay espacio para ponerse de acuerdo sobre una agenda básica que incluya temas estrechamente delimitados en relación a la explotación de recursos naturales, una de las reivindicaciones centrales del ELN, paralelamente a la justicia transicional y la participación política. También debería incluirse el desarrollo de un esquema innovador de participación que cuente con un enfoque territorial más sólido. El contexto general, probablemente, nunca ha sido más favorable. La mejoría en las relaciones entre las FARC y el ELN debería facilitar conversaciones paralelas. Algunos actores de la sociedad civil aún tienen influencia y podrían fortalecer las perspectivas moderadas dentro de esta insurgencia. Estos sectores, al igual que los países de la región con influencia, deben mostrar su respaldo. Se necesita audacia, creatividad y pragmatismo de todas las partes para que el ELN no pierda la que podría ser su última oportunidad para salir airoso del conflicto armado y que Colombia tenga una buena oportunidad para construir una paz sostenible.

Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests

Originally published in Newsweek

Government leaders gathering at the United Nations Climate Change Conference (COP26) to discuss climate change signed the "Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use," which commits them to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030. In countries such as Colombia, where both the perpetrators and victims of conflict drive the razing of forests, it will be impossible to fulfill the promises of the declaration without addressing the root causes of violence.

Colombia is the second most biodiverse country in the world, but about 780,000 hectares of primary forest—a territory the size of Haiti—have been cleared since the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) declared a unilateral ceasefire and began to withdraw from their traditional strongholds. Last week, the U.S. National Intelligence Council listed Colombia among the 11 countries most vulnerable to the threat of climate change, and the current rate of tree loss aggravates the potential risks posed by drought and flooding in Colombia.

The country's natural riches have long been vulnerable to man made devastation.

The country's natural riches have long been vulnerable to man made devastation. Throughout Colombia's guerrilla wars and other conflicts, dating from the 1960s, collateral environmental damage has been routine: terrorist attacks against pipelines resulted in oil spills, causing irreversible harm to fragile ecosystems, while as part of the U.S-sponsored war on drugs 1.8 million hectares were fumigated with a poisonous herbicide. At the same time, criminal groups have been plundering natural resources such as coca, timber and illegal gold, the profits from which continue to fuel competitive violence.

But if conflict ran roughshod over the environment, a peace deal signed by the government in 2016 with the largest Colombian guerrilla group, the FARC, has actually made things worse. With the swipe of a pen, former President Juan Manual Santos and FARC's chief negotiator Rodrigo Londoño, alias Timochenko, theoretically ended over half a century of internal strife. The treaty was widely applauded for charting a path to defend the environment, but deforestation rates have skyrocketed since its signing.

Historically, the FARC prohibited commercial logging and punished those who harmed the environment by imposing fines or expelling offenders. Forest conservation was mostly motivated by self-interest: The FARC needed forest cover to secretly move troops and set up camp. Deforestation quickly began to rise soon after the guerrilla—which had operated mostly from rural areas—declared a ceasefire in December 2014, and gained pace after the 2016 accord was signed.

The rebels' demobilization provided an opportunity for other insurgents and organized crime groups. With state authority in the countryside still feeble, those groups cleared land to expand their enterprises, sometimes in partnership with legal businesses. "After we handed in our weapons," a former guerrilla commander said to me, "neither the army nor the police was capable of protecting the environment."

But armed groups are not the only ones driving rising deforestation—so are their victims. In several trips to the Amazon, illegal gold mines in the Andes and cattle ranching regions on the coast, we spoke with some of Colombia's most vulnerable people, the small-hold or landless farmers who are among the millions displaced from their homes by violence over recent decades. They are now frequently the ones wielding the gasoline-fueled chainsaws that bring forests crashing down. "I can clear almost three hectares a day with one of these machines," a farmer told me while walking through a recently razed forest in the Amazon.

Farmers and miners ... forced off their lands by violent groups turn to cutting down forests as a means to survive in Colombia's most remote areas.

These subsistence farmers and miners who have often been forced off their lands by violent groups turn to cutting down forests as a means to survive in Colombia's most remote areas. They are often used as expendable labor and end up doing the bidding for armed groups that build cattle ranches or mine fragile ecosystems for gold. The Colombian government has responded to rampant land clearance by creating a special military and police campaign, Operation Artemisa, but it has taken the easy route, targeting families struggling to survive while white-collar criminal financiers behind large-scale deforestation remain untouched.

The peace accord promised sustainable development to address poverty in Colombia's most conflict-affected areas, but little has so far been done. After the government failed to fulfill its end of the bargain in a voluntary coca eradication scheme, some growers decided to turn back to the illicit crop. Others, tired of the risks of dealing with drug traffickers, opted to chop trees and rear cattle. Cows get thin when they are transported from remote jungle areas to urban buyers, a farmer complains. "But at least ... you know that cow will be sold."

What can be done and why should we care? If Colombia does not design law enforcement strategies that target those behind large-scale forest clearing or implement the parts of the peace agreement that will prevent victims and the rural poor from destroying jungles to make a living, deforestation will simply plough on.

The world can and should help Colombia reach its goal of halting deforestation by 2030. This means scaling up their political and financial support for environmental conservation and rural development, so that core aspects of the peace agreement, like a plan to redistribute existing cleared land that stands idle, are implemented. International buyers of products coming from illegally razed forests should clean up their supply chain. The Amazon Protection Plan proposes import bans on products from illegally deforested areas and suggests debt relief for countries that show progress on environmental protection.

The environment has been often overlooked as a factor that can make or break peace in Colombia. Ending violence and conserving forests are interconnected goals, and the stakes are high. These issues should be pushed to the top of the agendas of the Colombian government, international backers of peace and foreign governments. They should start this week at COP26, by ensuring that any climate finance there pledged to stop deforestation takes account of the conflict conditions that contribute to it.