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Mapiripán: una historia reproducida de violencia
Mapiripán: una historia reproducida de violencia
COVID-19, Inequality and Protests in Colombia
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Mapiripán: una historia reproducida de violencia

Originally published in Semana

A finales de los ochenta, en Mapiripán empezó a hacer presencia el frente 39 de las FARC. Desde eso, el municipio ha vivido el conflicto armado como ningún otro lugar de los Llanos Orientales.

La implementación del futuro acuerdo de paz con las FARC se enfrentará a enormes desafíos en las zonas más afectadas por el conflicto. Por ejemplo, a comienzos de este año, el Ejército informó de un combate en el corregimiento de La Cooperativa, en el municipio de Mapiripán (Meta). La noticia fue especialmente importante porque el grupo armado enfrentado fue el Clan Úsuga. Sin embargo, quizá lo más importante de esta noticia no es el enfrentamiento como tal, sino que el combate sucedió justamente en ese corregimiento y ese municipio, que han vivido la reproducción de la violencia relacionada con el conflicto armado y el narcotráfico como en ningún otro lugar de los Llanos Orientales.

A finales de los ochenta, en Mapiripán empezó a hacer presencia el frente 39 de las FARC; durante las décadas de los noventa y el 2000 los frentes 7 y 44 también desarrollaron acciones de control social, económico y militar. Los Buitragueños se asentaron en La Cooperativa en mayo de 1997 mientras hacían “inteligencia”, en preparación de la masacre de Mapiripán, cuando en julio del mismo año incursionaron las AUC. Después de la masacre, los dos grupos se reunieron en La Cooperativa en donde se enfrentaron 15 días después con las FARC.

Entre 1997 y 2006, La Cooperativa se convirtió en un lugar de control total de las AUC, una “base de operación”. El grupo paramilitar también controlaba la economía de la coca en La Cooperativa y en otros centros poblados que durante esos años dependían totalmente de esta economía ilícita (aún lo hacen en menor medida).  Adicionalmente, la guerra entre los Buitragueños (o ACC) y el Bloque Centauros empezó justo en La Cooperativa.

En 2006, Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”, se desmovilizó con el Bloque Héroes del Guaviare. Durante la ceremonia de desmovilización, “Cuchillo” mantenía escondido a un grupo de  200 combatientes en La Cooperativa. Al mismo tiempo, un grupo de pobladores de Mapiripán y Puerto Concordia preocupados por la salida de las AUC de la zona llegó a La Cooperativa, exigiendo a la Fuerza Pública protección para volver a sus hogares. La Fuerza Pública se movió a distintas partes de Mapiripán para protegerlos, dejando al corregimiento con poca presencia militar. “Cuchillo” desde entonces hizo de La Cooperativa su base de operaciones para el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). 

Como International Crisis Group señaló en 2012, el ERPAC y “Cuchillo” mantuvieron un poder social, económico y militar fuerte en Mapiripán hasta la muerte de éste último en 2010. En 2011, se produjo la entrega a la justica de 272 miembros del ERPAC, mientras que otros 560 combatientes del grupo no se entregaron dividiéndose en dos grupos: El Bloque Meta y Los Libertadores del Vichada. Estos dos grupos se empezaron a enfrentar en Puerto Gaitán y Mapiripán.

En el marco de una supuesta tregua entre los dos grupos, la división territorial y económica fue delimitada en Mapiripán, y cuando el Bloque Meta atacó a los Libertadores de Vichada, rompiendo esa tregua, la emboscada tuvo lugar cerca de Pueblo Seco, un corregimiento del mismo municipio. Ahora los Urabeños parecen estar listos para tomar control de la zona para sí mismos: parecen estar repitiendo la estrategia de incursionar en La Cooperativa y expandirse desde allí.

El hecho de que tantos actores armados durante tantos años hayan escogido específicamente La Cooperativa y Mapiripán, y no sitios cercanos como Casivare, Puerto Concordia, o Puerto Gaitán, lleva a algunas preguntas clave: ¿Por qué se sigue reproduciendo la violencia después de casi 30 años en Mapiripán y especialmente en La Cooperativa?, ¿Qué condiciones son las que hacen que líderes de grupos armados ilegales decidan consolidarse especificamente allí?, ¿Qué políticas se deberían adoptar para enfrentar esta situación? ¿están incluidas en los planes del Ministerio del Posconflicto o se requirirán de otras? ¿Quién las llevará a cabo?

Algunas respuestas podrían tener que ver con:

  • La ubicación estratégica y topografía del municipio y su importancia para el narcotráfico;
  • Las tierras robadas por los paramilitares que han sido usadas por los nuevos grupos;
  • La corrupción de algunos políticos, funcionarios políticos y miembros de la Fuerza Pública;
  • El control por las FARC del oriente del municipio, que fuerza a otros grupos a irse hacia la parte occidental del municipio; y,
  • La debilidad estatal local

En estos tiempos de aspiraciones de paz, es fundamental que el Estado empiece a responder seriamente a los problemas de La Cooperativa y Mapiripán, no solamente por el bien de la población mapiripense sino por el valor demostrativo que puede tener esta acción en los lugares en dónde quedarán “vacíos” después de la dejación de armas de las FARC. Para empezar, las autoridades deben focalizar acciones inmediatas para proteger a la población, proveer oportunidades económicas sostenibles y ofrecer una justicia efectiva. En pocas palabras, romper el ciclo de la violencia.

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COVID-19, Inequality and Protests in Colombia

This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Crisis Group experts Renata Segura and Beth Dickinson about protests across Colombia, the inequality and police violence that are motivating people to take to the streets, and prospects for reform.

This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Renata Segura, deputy program director for Latin America and the Carribean, and Beth Dickinson, senior analyst for Colombia, about the anti-government protests across Colombia. They discuss what the deadly unrest looks like, a controversial tax reform proposed in April that triggered protests and the blockades that have sprung up across the country’s cities, towns and villages. They unpack protesters’ demands, notably the role of the COVID-19 pandemic in aggravating already rife inequality, and how police crackdowns have further fuelled people’s anger. They also talk about how Colombian society views the protests, whether protesters’ demands are widely shared and how likely it is that President Ivan Duque’s government will take measures to address their grievances. They discuss the likelihood of similar protests elsewhere in Latin America, given that many other countries in the region suffer the same inequality, worsened by COVID, that has taken people to the streets in Colombia. 

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Contributors

Interim President
atwoodr
Naz Modirzadeh
Board Member and Harvard Professor of International Law and Armed Conflicts
Senior Analyst, Colombia
dickinsonbeth
Deputy Program Director, Latin America and Caribbean
renaticas