icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
¿Y ahora, qué? Retos e incentivos del ELN para la paz
¿Y ahora, qué? Retos e incentivos del ELN para la paz
Elecciones regionales en Colombia ponen a prueba la paz
Elecciones regionales en Colombia ponen a prueba la paz
Frank Pearl (L), head of Colombian government delegation and Antonio Garcia, head of National Liberation Army (ELN) delegation, shake hands after signing a joint statement to begin formal peace talks in Caracas on 30 March 2016. REUTERS/Marco Bello

¿Y ahora, qué? Retos e incentivos del ELN para la paz

El 30 de marzo, el Gobierno colombiano anunció el comienzo de la fase formal de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia. Estas negociaciones, junto con las que están a punto de concluir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, son la mayor oportunidad que ha tenido el país para poner fin a 52 años de conflicto armado.

El 30 de marzo, el Gobierno colombiano anunció el comienzo de la fase formal de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia. Estas negociaciones, junto con las que están a punto de concluir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, son la mayor oportunidad que ha tenido el país para poner fin a 52 años de conflicto armado.

Son muchos los retos a los que se enfrentan estos diálogos de paz. A día de hoy, las diferentes posturas por parte del Gobierno de Colombia y el ELN sobre los secuestros suponen el principal obstáculo para que se celebre la primera ronda formal y pública de las negociaciones. Esta diferencia de opiniones consiste en la exigencia del Gobierno de que cesen los secuestros y se liberen a los retenidos por el grupo guerrillero, lo cual es percibido por el ELN como un condicionamiento inaceptable de los diálogos por parte del Gobierno.

Para comprender en su conjunto el diálogo con el ELN y las particularidades del grupo guerrillero como actor en este proceso, nuestro analista Senior para Colombia Kyle Johnson explica en esta entrevista en qué medida estos diálogos son diferentes a los de las FARC, qué lecciones se pueden aprender de las conversaciones de en La Habana y qué incentivos tienen los líderes del ELN para lograr un acuerdo de paz sólido.

¿Cómo describiría al ELN como grupo?, ¿Dónde opera?

El ELN es un grupo guerrillero de izquierda fundado en 1964. Su espacio de operaciones está principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde controla muchos de los cruces informales, así como a lo largo de la costa pacífica y en el centro-norte del país. Participa en actividades económicas ilegales como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Su principal estrategia es la “resistencia armada” contra lo que ellos denominan las oligarquías de Bogotá y las corporaciones multinacionales que quieren explotar los recursos naturales colombianos sin apoyar a las comunidades locales. El grupo cuenta con unos 2.000 guerrilleros, pero su verdadera fortaleza proviene de los activistas desarmados y las comunidades locales que están de alguna forma conectadas con el grupo. Hablar del ELN es hablar también de una organización muy horizontal que toma decisiones basadas en el consenso interno.

Se dice que las FARC son un grupo armado con una agenda política, mientras que el ELN es un grupo político armado. ¿Hasta qué punto es cierta esta afirmación?

Bueno, realmente es una forma general de explicar lo distintos que son ambos grupos. Las FARC cuentan con una jerarquía vertical cuyo líder está a la cabeza de un secretariado y un Estado Mayor Central que es un poco más grande que el del ELN. Este último, sin embargo, cuenta con órganos de decisión basados en el consenso entre los miembros de alto rango, por debajo de los cuáles todos con cierto nivel en la organización tienen igual voz. Del mismo modo, desde hace mucho tiempo la cúpula de las FARC ha priorizado las tácticas militares sobre la política, aunque sin ignorarla por completo; para el ELN, la acción política es precisamente la mejor manera de fortalecer la organización y su brazo militar. Otra diferencia es que, durante los últimos 30 años, las FARC han apuntado más a las estructuras de poder en Bogotá, mientras que el ELN se ha centrado en desarrollar el poder popular a nivel local. Las FARC son, además, más grandes que el ELN y controlan más territorio. Tienen casi 8.000 guerrilleros y posiblemente 20.000 miembros de la milicia. No obstante, a pesar de sus diferencias y de los costosos enfrentamientos militares entre 2006 y 2010, históricamente ambos grupos han tenido una buena relación.

¿Por qué el Gobierno colombiano entabló negociaciones de paz con las FARC antes que con el ELN?

La política nacional en Colombia en relación a las FARC, ya fuera para derrotarlas o para buscar la paz, ha sido un factor determinante en la elección de casi todos los presidentes colombianos desde los años 80. El actual Gobierno no fue una excepción. Debido al debilitamiento de las fuerzas guerrilleras tras la campaña militar implementada por el presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el actual Gobierno ha buscado negociar con ambos grupos reconociendo que el Estado es incapaz de asegurar el fin del conflicto armado únicamente por la vía militar. En esta búsqueda de diálogo, se ha dado prioridad al proceso con las FARC.

Esto no es de extrañar. Las FARC han hecho más daño políticamente al Gobierno que ningún otro grupo, hasta el punto de que muchos sectores de la sociedad colombiana llegaron a percibir hace unos 10-15 años que existía una amenaza real de que las FARC tomaran el país. Indistintamente de que esto fuera posible, la clave está en que esa sensación era real. Por el contrario, dudo que alguien haya llegado a pensar que el ELN sería capaz de tomar Bogotá.

Ahora bien, a pesar de que tanto las FARC como el ELN son conscientes de que no van a ganar la guerra, su forma de reaccionar a la voluntad de entendimiento por parte del Gobierno colombiano es notablemente distinta. Tras la muerte del fundador de las FARC Manuel Marulanda en 2008, el grupo experimentó un cambio generacional en su liderazgo que le llevó a tomar la decisión estratégica de negociar. Para el ELN, las negociaciones de paz ya no eran tan necesarias ahora que su estrategia se centraba en la resistencia armada a nivel local, donde el objetivo no es ganar la guerra. La percepción del presidente Santos por parte de ambos grupos ha sido también bastante distinta. Las FARC sabían que solo negociando con su Gobierno iban a encontrar una solución negociada al conflicto, pero ELN veía al presidente como un miembro más de la oligarquía colombiana. Como para ellos nada había cambiado en los últimos años, negociar carecía de justificación.

Al Gobierno de Colombia y las FARC les llevó seis meses llegar a una agenda de paz, mientras que el mismo proceso con el ELN duró casi tres años. ¿A qué se debe esto?

La FARC tomaron la clara decisión de de entablar negociaciones, así que es lógico que, en muchos aspectos, su proceso fuera más sencillo. Se acordaron los puntos de la agenda y se escogió la metodología y el lenguaje apropiados para definir estas cuestiones. Estaba relativamente claro cuáles eran los puntos de discusión más importantes para las FARC, así como dónde encontrar puntos en común. El grupo estaba listo y contaba con la voluntad política para definir una agenda rápidamente y dar primeros pasos significativos, como poner fin a los secuestros por motivos económicos. Al ELN le llevó casi dos años alcanzar un consenso extremadamente débil y frágil de que las negociaciones con el Gobierno eran una buena idea.

El inicio de las negociaciones con el ELN estaba programado para finales de mayo en Ecuador, pero todavía no se sabe cuándo van a empezar. Más aún, en este momento no se puede negar la posibilidad de que las negociaciones simplemente no se den. El presidente Santos, sin embargo, ha afirmado que el diálogo no comenzará hasta que el ELN ponga fin a los secuestros y libere a todos los retenidos. El grupo ha rechazado esta demanda, afirmando que el Gobierno no debería imponer condiciones para las negociaciones, lo que pone un tanto en duda esta fecha de inicio. En las últimas semanas, el ELN secuestró a tres periodistas, una de ellos española, durante una semana en la región fronteriza de Catatumbo mientras estaban teniendo lugar las discusiones sobre el tema de los secuestros y cómo solucionarlos para empezar las negociaciones. El ELN salió a justificar esos secuestros, lo cual ha aumentado la presión política sobre esta cuestión y en qué forma afectará la negociación.

¿Qué incentivos tiene el ELN para buscar la paz?

El ELN tiene tres principales incentivos. El primero es que simplemente puede que esta sea su última oportunidad para la paz. El segundo es que, en ausencia de las FARC, el grupo no podría lograr sobrevivir una ofensiva militar del Gobierno. Finalmente, y a medida que el país avanza hacia un acuerdo posconflicto con las FARC, el ELN corre el riesgo de volverse políticamente irrelevante. El tiempo apremia y el ELN solo tiene hasta 2018, cuando el mandato del Gobierno de Santos llegue a su fin, para firmar, o aproximarse a firmar, un acuerdo de paz.

¿Ha habido muchos intentos por parte del ELN de negociar el fin del conflicto?

Ciertamente ha habido muchos intentos fallidos de negociar la paz con el ELN. Dada su relativa apertura, a menudo se supuso que podría ser una contraparte más fácil que las FARC a la hora de negociar. El primer acercamiento fue en 1985, cuando algunas de las unidades del grupo acordaron un cese al fuego con el Gobierno, aunque no se logró nada más. En 1987, el Gobierno negoció con seis grupos guerrilleros, incluido el ELN, unidos bajo la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Pero el ELN se resistió mucho a negociar, argumentando que la guerra era el único camino al poder, así que dejó escapar esta oportunidad. Hubo otros tres intentos en los 90; el primero entre 1991-1992, cuando las dos partes mantuvieron negociaciones en Venezuela y México que finalmente fracasaron; el segundo en 1994, cuando un grupo disidente del ELN pudo negociar con el Gobierno y pasar a formar parte de la sociedad civil; posteriormente, a finales de los 90, hubo varios intentos de negociaciones en España y Alemania.

Más adelante en la década y a comienzos de los 2000, el ELN volvió a impulsar negociaciones que nunca se materializaron debido a la presión ejercida en Colombia por actores políticos de derecha, incluidos los paramilitares. El último intento se dio entre 2004 y 2007 con el Gobierno de Uribe, pero si bien se reunieron en Cuba, ni siquiera fueron capaces de definir una agenda. Todos estos intentos eran realmente rondas de negociaciones exploratorias, así que es una buena noticia que finalmente tengamos una agenda definida que será debatida formalmente.

¿Cuán comprometida está la sociedad colombiana con el proceso de paz con el ELN?

Uno de los puntos de la agenda del proceso de paz con el ELN es la participación de la sociedad, y allí veremos exactamente cuán comprometida está la sociedad, más allá del nivel local rural donde opera el ELN. En la Colombia urbana poco se sabe acerca del ELN. Una persona promedio de Bogotá o Medellín no ha estado tan expuesta al conflicto como otras partes del país. Para esta masa social, la paz es importante pero no determinante para el desarrollo de su vida cotidiana. Si uno pregunta en las zonas rurales en las que opera el ELN, la cosa cambia. Es difícil imaginar cómo alguien de una pequeña comunidad en la frontera con Venezuela podría creer que se encuentra en una situación de posconflicto porque haya un acuerdo con las FARC, si al mismo tiempo están ocurriendo  enfrentamientos con el ELN a pocos kilómetros de su hogar.

¿Cree que las negociaciones con el ELN tendrán éxito?

Para que eso pase, había que superar varios desafíos importantes. Primero, la agenda a debatir es bastante amplia e imprecisa. No está claro exactamente cómo ni qué se va a discutir, ni tampoco los detalles que podrían ayudar a orientar las negociaciones. Negociar con el ELN no tienen la misma importancia política que hacerlo con las FARC, de modo que no podrán soportar la misma presión política si las cosas no marchan bien. El ELN también tiene problemas de credibilidad, especialmente en relación a los secuestros. No declarar el fin del secuestro debilita la fortaleza política de las negociaciones desde el comienzo, y menoscaba cualquier legitimidad que el ELN tenga ante la sociedad colombiana en general. El secuestro de los tres periodistas en Catatumbo es el mejor ejemplo de cómo el ELN es acusado de no tener voluntad para la paz.

Finalmente, hay una clara limitación temporal, ya que Santos será presidente de Colombia hasta 2018, pero ahora mismo no existe ninguna garantía de que el próximo presidente colombiano continuará las negociaciones con el grupo. Dadas las dinámicas electorales en Colombia, las negociaciones deberán haber avanzado bastante para mediados de 2017. Para entonces el tiempo ya habrá comenzado a agotarse. Aun así, es demasiado tarde para que las negociaciones con el ELN se alineen con de las las FARC; las negociaciones preliminares llevaron casi tres años, y es difícil imaginar que los diálogos formales vayan a avanzar rápidamente.

Por lo tanto, es improbable que se logren acuerdos de paz con los dos grupos al mismo tiempo. No obstante, las negociaciones con el ELN mejoran mucho las posibilidades de que Colombia logre tener un proceso de consolidación de la paz sostenible. A pesar de los desafíos, la perspectiva de firmar acuerdos tanto con las FARC como con el ELN anuncia grandes cambios para esta nación suramericana.

Esta traducción al español del post “The National Liberation Army (ELN) Joins Colombia’s Search for Peace” ha sido modificada y actualizada a 7 de junio de 2016.

Campaign banners crowd the street corners ahead of 27 October local elections, in Monteria, Cordoba. CRISISGROUP/Zaida Marquez

Elecciones regionales en Colombia ponen a prueba la paz

On 27 October, Colombia will hold its first local elections since a 2016 peace agreement between the government and FARC rebels. In this Q&A, Crisis Group expert Elizabeth Dickinson explains what is at stake politically and why so much violence has accompanied the campaign.

¿Qué nos dicen estas elecciones sobre cambios en la política colombiana?

La antesala a las elecciones regionales de este año, que ha estado marcada por un aumento en la violencia, permite dar una mirada a la evolución de la política colombiana tres años después del histórico acuerdo de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como regla general, las elecciones de autoridades territoriales en Colombia (celebradas cada cuatro años) han atraído una gran participación electoral. Los electores de las grandes ciudades tienden a concentrarse en preocupaciones urbanas como el transporte público y la delincuencia. Los electores rurales tienden a estar más interesados en temas como el estancamiento de la reforma agraria y la persistencia de grupos armados y bandas criminales en sus regiones. Familias acaudaladas con una influencia desbordada en distintas partes del país y grupos armados ilícitos también juegan un papel importante en estas elecciones y, a menudo, tratan de influenciar los resultados mediante la financiación de campañas y coerción.

En comparación con elecciones regionales anteriores, el cambio más significativo de este año puede estar en la diversidad ideológica de los candidatos.

En comparación con elecciones regionales anteriores, el cambio más significativo de este año puede estar en la diversidad ideológica de los candidatos, que representan un espectro de opiniones mucho más amplio que en años anteriores, especialmente en la política de izquierda. La izquierda en Colombia ha sido durante mucho tiempo una de las más débiles de América Latina, en parte porque el público la asocia con una insurgencia violenta de orígenes ideológicos marxistas-leninistas. Con el acuerdo de paz comenzando a disipar ese estigma, los candidatos de izquierda de las rebautizadas FARC, el Partido Verde, grupos indígenas y organizaciones sociales se están postulando para elecciones este año. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (un partido nacido de las ahora disueltas FARC) tiene más de 300 candidatos aspirando a alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales.

Al mismo tiempo, en el otro extremo del espectro político, el Centro Democrático, el partido de derecha del presidente Iván Duque, con tan solo cinco años, está tratando de consolidar sus bases de poder regionales. Enfocado en la seguridad, el partido tiene como objetivo lograr cargos departamentales y municipales en regiones donde aún no cuentan con una presencia local significativa, como el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Aunque el acuerdo de 2016 ha cambiado sustancialmente el panorama político, algunas de las reformas electorales que contemplaba se han estancado. En mayo, el gobierno abandonó debido a la resistencia en el congreso, reformas que habrían ayudado a proteger a los partidos políticos de la influencia desproporcionada de actores acaudalados y poderosos, a través de una mayor transparencia en la financiación de las campañas.

Casi dos docenas de candidatos fueron asesinados durante el año previo a estas elecciones y 605 candidatos reportaron haber recibido amenazas. ¿Qué está pasando?

La violencia ha empañado casi todas las elecciones colombianas en las últimas cuatro décadas. Amenazas y asesinatos, incluso de varios candidatos presidenciales, han aumentado y disminuido según la intensidad del conflicto armado. En comparación con las elecciones regionales de 2015 y 2011 (ambas antes del acuerdo de paz de 2016), este año ha sido relativamente pacífico. Pero en relación con las elecciones nacionales de 2018, que fueron unas de las más pacíficas de los últimos 40 años, las tendencias no resultan tan positivas. Las autoridades ya han advertido que los municipios parecen enfrentar un mayor riesgo de violencia y fraude en las elecciones actuales que en 2018.

El resurgimiento de grupos armados no estatales compitiendo por dominio regional explica al menos parte de la violencia en esta temporada electoral.

El resurgimiento de grupos armados no estatales compitiendo por dominio regional explica al menos parte de la violencia en esta temporada electoral. En los últimos tres años, grupos armados y organizaciones criminales nuevas y en evolución han buscado ocupar los espacios que las FARC dejaron vacíos al desmovilizarse. Más de veinte grupos disidentes de las FARC mantienen el dominio en áreas de la costa Pacífica, regiones de la frontera con Venezuela y partes del interior, como el Bajo Cauca, donde se dedican al cultivo ilícito de coca. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el movimiento guerrillero subsistente más grande, ha consolidado el control en sus dominios en Arauca y se ha tomado algunos de los mercados ilícitos y territorios antiguamente de las FARC, como los del Chocó. (Las conversaciones entre el ELN y el gobierno se interrumpieron a principios de 2019 y, a diferencia de 2018, no habrá un alto al fuego para las elecciones). El ELN y las disidencias de las FARC también compiten con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las elecciones han hecho que la rivalidad entre estos grupos armados resulte más visible y más peligrosa. Las mayores tasas de violencia electoral se han registrado en regiones donde dos o más grupos armados compiten por el control. Estas regiones incluyen Cauca y Nariño en el suroeste del país y el Catatumbo y Arauca a lo largo de la frontera con Venezuela. En algunas áreas, los pobladores ven el aumento actual de la violencia como prueba de que el acuerdo de 2016 no logró alcanzar una paz significativa. Como lo describió un líder comunitario del Chocó, "el conflicto nunca se detuvo".

Candidatos de todas las corrientes ideológicas han enfrentado intimidación, ataques y amenazas de asesinato, a menudo por parte de actores con motivos económicos. Grupos armados que han surgido de las fuerzas paramilitares desmovilizadas y están involucrados en el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras actividades del mercado negro tienen un gran incentivo para silenciar a los candidatos (líderes territoriales o indígenas, por ejemplo) que pudieran llegar a oponerse a sus intereses económicos. En algunas partes del Cauca, Córdoba y otros lugares, los grupos han publicado panfletos en redes sociales comunicando sus amenazas contra los candidatos. Fuentes del gobierno informan que los candidatos que se han resistido a las demandas del ELN (por ejemplo, miembros del partido Centro Democrático en Arauca), han enfrentado amenazas e intimidación violenta.

Si bien parte de la violencia de este año está directamente relacionada con grupos armados, las familias acaudaladas e individuos detrás de la política de clientelismo en Colombia también tienen cierta responsabilidad. En zonas como la costa atlántica, dinastías prósperas que se extienden en ambos lados del mundo empresarial y político tienen mayor influencia que los mismos partidos políticos, y pueden valerse de asesinatos y amenazas en un esfuerzo por cambiar los resultados electorales. Los autores intelectuales de la violencia, en estos casos, tienden a ser candidatos o sus patrocinadores, incluso si emplean grupos armados o asesinos a sueldo para ejecutar sus planes.

Aunque la dinámica detrás de gran parte de la violencia electoral en Colombia parece bastante clara, individualizar a los responsables detrás de las amenazas y actos violentos puede ser mucho más difícil. Muchos de los que enfrentan intimidaciones en la campaña de este año afirman que no saben de donde provienen ni por qué. En parte como resultado la violencia electoral rara vez es judicializada, y la impunidad por los recientes actos de violencia política supera el 70 por ciento.

Sin duda, la policía investiga ciertos casos de alto perfil, por ejemplo, el terrible asesinato de Karina García el 1 de septiembre, una candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca. En ese caso, los informes iniciales indican que un rival político puedo haber contratado como sicarios a disidentes de las FARC. Sin embargo, a las autoridades les resulta difícil conocer el origen de las amenazas denunciadas por al menos otros 280 aspirantes a alcaldías en todo el país.

Candidates of all ideological leanings have faced intimidation, attacks and threats of assassination.

Candidates of all ideological leanings have faced intimidation, attacks and threats of assassination, often from actors with economic motives. Armed groups that have emerged from demobilised paramilitary forces and are involved in drug trafficking, illegal mining and other black-market activity have a strong incentive to silence candidates – territorial or indigenous leaders, for example – who might oppose their economic interests. In some parts of Cauca, Córdoba and elsewhere, groups have circulated pamphlets on social media telegraphing their threats against candidates. Government sources report that candidates who have resisted ELN demands – for example, members of the Democratic Centre party in Arauca – have faced threats and violent intimidation.

While part of this year’s violence is linked directly to armed groups, the wealthy families and individuals behind Colombia’s patronage politics also bear some responsibility. In areas such as the Atlantic coast, prosperous dynasties that straddle the business and political worlds have greater influence than political parties, and may use assassinations and threats in an effort to shift electoral outcomes. The masterminds of the violence, in these cases, tend to be candidates or their funders, even if they employ armed groups or contract killers to carry out their designs.

Although the dynamics behind much of Colombia’s pre-election violence seem fairly clear, finding the individual culprits behind threats and violent acts can be much more difficult. Many of those facing intimidation in this year’s campaign profess that they do not know who is threatening them or why. Partly as a result, election-related violence is rarely prosecuted, and impunity for recent acts of political violence stands at over 70 per cent.

To be sure, the police investigate in certain high-profile cases – for example, the harrowing 1 September assassination of Karina García, a Liberal Party candidate for mayor of Suárez in Cauca. In that case, initial reports indicate that a political rival may have paid FARC dissidents as hit men. Yet authorities are struggling to learn the origin of threats reported by at least 280 other mayoral aspirants across the country.

¿Qué ha hecho el gobierno para proporcionar seguridad a los candidatos en campaña y a los electores el día de las elecciones?

El gobierno ha reconocido el resurgimiento de la violencia política selectiva en vísperas de las elecciones y planea enviar 60 000 soldados para proteger los sitios de votación el día de las elecciones. De igual manera, ha identificado 315 municipios de alto riesgo en los que debe concentrar sus esfuerzos. Además, el estado ha suministrado a más de 1000 candidatos alguna forma de protección, desde chalecos antibalas hasta vehículos blindados, aunque este monto solo representa aproximadamente la mitad del número de aspirantes políticos que solicitaron ayuda. Como medida final, Colombia cerrará sus cruces fronterizos oficiales con Venezuela desde el 24 de octubre hasta el día de las elecciones para limitar la amenaza de grupos armados como el ELN que tienen una fuerte presencia allí.

Como lo demuestran los datos, estos esfuerzos hasta ahora han tenido un éxito mixto. La gran cantidad de objetivos potenciales, los limitados recursos y una respuesta algo fragmentada, con responsabilidades de protección asignadas a diferentes ministerios para diferentes grupos de individuos amenazados (por ejemplo, candidatos, líderes de la sociedad civil y ex miembros de las FARC) y a veces luchando por coordinar sus esfuerzos, han vuelto un problema ya difícil en uno aún más desafiante para el gobierno.

¿Cómo podría influir el acuerdo de paz de 2016 en las elecciones, y cómo podrían afectar los resultados electorales el futuro del acuerdo de paz?

Aunque fue un salto histórico para la paz en Colombia, el acuerdo de 2016 aceleró la ruptura entre las ciudades relativamente seguras de Colombia y las zonas rurales menos favorecidas. En grandes ciudades como Bogotá y Medellín, la implementación del acuerdo de paz no es un asunto electoral de importancia en comparación con el transporte público, el medio ambiente y la delincuencia. Sin embargo, en las zonas rurales, donde persiste el conflicto, una creciente sensación de incredulidad rodea algunas de las promesas más ambiciosas del acuerdo. Principalmente las reformas agrarias y las iniciativas de desarrollo destinadas a eliminar las causas de fondo que dieron origen a las insurgencias en Colombia. Líderes sociales en muchas áreas rurales dicen que el gobierno del presidente Duque ha mostrado un compromiso insustancial con estas reformas.

Sin embargo, es poco probable que los colombianos vean estas elecciones como un referéndum sobre el desempeño del gobierno Duque en su implementación del acuerdo de paz. Las elecciones locales han favorecido históricamente a los partidos tradicionales, por ejemplo los partidos Liberal y Conservador, que intercambiaron el poder en Colombia hasta la década de 1990, junto a sus derivaciones. Es probable que ese sea el caso el domingo, independientemente de si el Centro Democrático, alineado con el gobierno, o los partidos de izquierdas recién surgidos logran o no escaños.

Los socios externos de Colombia deben mantener la presión para las reformas y el apoyo a los proyectos de desarrollo

La elección de una nueva generación de líderes apoyados por los partidos tradicionales puede ser positivo y negativo desde la perspectiva de la implementación del acuerdo de 2016. En el lado positivo de la ecuación, muchos candidatos apoyan implementar elementos claves del acuerdo que requieren un impulso político para que sucedan, incluidas las reformas de la tierra y otras reformas rurales, al igual que Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para áreas en conflicto, conocidos localmente como PDETs. Un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios recién elegidos podría generar un impulso detrás de estas reformas y proyectos, que son necesarios para alejar las economías locales de los grupos armados y los narcotraficantes que continúan ejerciendo un gran poder en el campo colombiano.

Pero en el lado negativo, muchos de los candidatos de los partidos tradicionales que probablemente se impongan el domingo dependen en gran medida de intereses poderosos (familias acaudaladas, terratenientes y actores ilícitos), cuyo control sobre la periferia de la nación limita el desarrollo económico lícito y amplio. Esta dependencia a su vez consolida la falta de oportunidades que empuja a las personas a los brazos de los grupos armados. Por esta razón, los socios externos de Colombia deben mantener la presión para las reformas y el apoyo a los proyectos de desarrollo, especialmente las reformas de tenencia de la tierra y los programas de sustitución de coca, que pueden ayudar a crear alternativas a los mercados ilícitos que alimentan el conflicto.

El sucesor político de las FARC participa por primera vez en elecciones locales. ¿Cuáles son sus posibilidades?

Cuando la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el sucesor político de las FARC) participó en las elecciones legislativas nacionales en 2018, enfocaron sus esfuerzos de campaña en las grandes ciudades y ganaron un minúsculo 0,5 por ciento de los votos. Parecen haber aprendido la lección de esa decepción, y actualmente están concentrando su esfuerzo en municipios rurales donde su insurgencia anteriormente gozaba de apoyo (ya sea real o coaccionado), con el objetivo de obtener cargos de nivel inferior al de gobernaciones o alcaldías, con la esperanza de empezar a construir confianza pública en su habilidad para gobernar.

Al menos 60 exmiembros de las FARC también se han postulado con otros partidos políticos o en coalición con otros partidos. Una de las conexiones más comunes parece ser con Colombia Humana, un partido de izquierda fundado por el exalcalde de Bogotá y segundo en las elecciones presidenciales del año pasado, Gustavo Petro. Al alinearse con este líder nacional altamente popular, algunos exmiembros de las FARC pueden pretender deshacerse de la imagen negativa de la organización y, posiblemente, apelar a un electorado urbano emergente de izquierda.