icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
¿Y ahora, qué? Retos e incentivos del ELN para la paz
¿Y ahora, qué? Retos e incentivos del ELN para la paz
El pulso electoral en Colombia sacude la frágil paz
El pulso electoral en Colombia sacude la frágil paz
Frank Pearl (L), head of Colombian government delegation and Antonio Garcia, head of National Liberation Army (ELN) delegation, shake hands after signing a joint statement to begin formal peace talks in Caracas on 30 March 2016. REUTERS/Marco Bello

¿Y ahora, qué? Retos e incentivos del ELN para la paz

El 30 de marzo, el Gobierno colombiano anunció el comienzo de la fase formal de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia. Estas negociaciones, junto con las que están a punto de concluir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, son la mayor oportunidad que ha tenido el país para poner fin a 52 años de conflicto armado.

El 30 de marzo, el Gobierno colombiano anunció el comienzo de la fase formal de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia. Estas negociaciones, junto con las que están a punto de concluir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, son la mayor oportunidad que ha tenido el país para poner fin a 52 años de conflicto armado.

Son muchos los retos a los que se enfrentan estos diálogos de paz. A día de hoy, las diferentes posturas por parte del Gobierno de Colombia y el ELN sobre los secuestros suponen el principal obstáculo para que se celebre la primera ronda formal y pública de las negociaciones. Esta diferencia de opiniones consiste en la exigencia del Gobierno de que cesen los secuestros y se liberen a los retenidos por el grupo guerrillero, lo cual es percibido por el ELN como un condicionamiento inaceptable de los diálogos por parte del Gobierno.

Para comprender en su conjunto el diálogo con el ELN y las particularidades del grupo guerrillero como actor en este proceso, nuestro analista Senior para Colombia Kyle Johnson explica en esta entrevista en qué medida estos diálogos son diferentes a los de las FARC, qué lecciones se pueden aprender de las conversaciones de en La Habana y qué incentivos tienen los líderes del ELN para lograr un acuerdo de paz sólido.

¿Cómo describiría al ELN como grupo?, ¿Dónde opera?

El ELN es un grupo guerrillero de izquierda fundado en 1964. Su espacio de operaciones está principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde controla muchos de los cruces informales, así como a lo largo de la costa pacífica y en el centro-norte del país. Participa en actividades económicas ilegales como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Su principal estrategia es la “resistencia armada” contra lo que ellos denominan las oligarquías de Bogotá y las corporaciones multinacionales que quieren explotar los recursos naturales colombianos sin apoyar a las comunidades locales. El grupo cuenta con unos 2.000 guerrilleros, pero su verdadera fortaleza proviene de los activistas desarmados y las comunidades locales que están de alguna forma conectadas con el grupo. Hablar del ELN es hablar también de una organización muy horizontal que toma decisiones basadas en el consenso interno.

Se dice que las FARC son un grupo armado con una agenda política, mientras que el ELN es un grupo político armado. ¿Hasta qué punto es cierta esta afirmación?

Bueno, realmente es una forma general de explicar lo distintos que son ambos grupos. Las FARC cuentan con una jerarquía vertical cuyo líder está a la cabeza de un secretariado y un Estado Mayor Central que es un poco más grande que el del ELN. Este último, sin embargo, cuenta con órganos de decisión basados en el consenso entre los miembros de alto rango, por debajo de los cuáles todos con cierto nivel en la organización tienen igual voz. Del mismo modo, desde hace mucho tiempo la cúpula de las FARC ha priorizado las tácticas militares sobre la política, aunque sin ignorarla por completo; para el ELN, la acción política es precisamente la mejor manera de fortalecer la organización y su brazo militar. Otra diferencia es que, durante los últimos 30 años, las FARC han apuntado más a las estructuras de poder en Bogotá, mientras que el ELN se ha centrado en desarrollar el poder popular a nivel local. Las FARC son, además, más grandes que el ELN y controlan más territorio. Tienen casi 8.000 guerrilleros y posiblemente 20.000 miembros de la milicia. No obstante, a pesar de sus diferencias y de los costosos enfrentamientos militares entre 2006 y 2010, históricamente ambos grupos han tenido una buena relación.

¿Por qué el Gobierno colombiano entabló negociaciones de paz con las FARC antes que con el ELN?

La política nacional en Colombia en relación a las FARC, ya fuera para derrotarlas o para buscar la paz, ha sido un factor determinante en la elección de casi todos los presidentes colombianos desde los años 80. El actual Gobierno no fue una excepción. Debido al debilitamiento de las fuerzas guerrilleras tras la campaña militar implementada por el presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el actual Gobierno ha buscado negociar con ambos grupos reconociendo que el Estado es incapaz de asegurar el fin del conflicto armado únicamente por la vía militar. En esta búsqueda de diálogo, se ha dado prioridad al proceso con las FARC.

Esto no es de extrañar. Las FARC han hecho más daño políticamente al Gobierno que ningún otro grupo, hasta el punto de que muchos sectores de la sociedad colombiana llegaron a percibir hace unos 10-15 años que existía una amenaza real de que las FARC tomaran el país. Indistintamente de que esto fuera posible, la clave está en que esa sensación era real. Por el contrario, dudo que alguien haya llegado a pensar que el ELN sería capaz de tomar Bogotá.

Ahora bien, a pesar de que tanto las FARC como el ELN son conscientes de que no van a ganar la guerra, su forma de reaccionar a la voluntad de entendimiento por parte del Gobierno colombiano es notablemente distinta. Tras la muerte del fundador de las FARC Manuel Marulanda en 2008, el grupo experimentó un cambio generacional en su liderazgo que le llevó a tomar la decisión estratégica de negociar. Para el ELN, las negociaciones de paz ya no eran tan necesarias ahora que su estrategia se centraba en la resistencia armada a nivel local, donde el objetivo no es ganar la guerra. La percepción del presidente Santos por parte de ambos grupos ha sido también bastante distinta. Las FARC sabían que solo negociando con su Gobierno iban a encontrar una solución negociada al conflicto, pero ELN veía al presidente como un miembro más de la oligarquía colombiana. Como para ellos nada había cambiado en los últimos años, negociar carecía de justificación.

Al Gobierno de Colombia y las FARC les llevó seis meses llegar a una agenda de paz, mientras que el mismo proceso con el ELN duró casi tres años. ¿A qué se debe esto?

La FARC tomaron la clara decisión de de entablar negociaciones, así que es lógico que, en muchos aspectos, su proceso fuera más sencillo. Se acordaron los puntos de la agenda y se escogió la metodología y el lenguaje apropiados para definir estas cuestiones. Estaba relativamente claro cuáles eran los puntos de discusión más importantes para las FARC, así como dónde encontrar puntos en común. El grupo estaba listo y contaba con la voluntad política para definir una agenda rápidamente y dar primeros pasos significativos, como poner fin a los secuestros por motivos económicos. Al ELN le llevó casi dos años alcanzar un consenso extremadamente débil y frágil de que las negociaciones con el Gobierno eran una buena idea.

El inicio de las negociaciones con el ELN estaba programado para finales de mayo en Ecuador, pero todavía no se sabe cuándo van a empezar. Más aún, en este momento no se puede negar la posibilidad de que las negociaciones simplemente no se den. El presidente Santos, sin embargo, ha afirmado que el diálogo no comenzará hasta que el ELN ponga fin a los secuestros y libere a todos los retenidos. El grupo ha rechazado esta demanda, afirmando que el Gobierno no debería imponer condiciones para las negociaciones, lo que pone un tanto en duda esta fecha de inicio. En las últimas semanas, el ELN secuestró a tres periodistas, una de ellos española, durante una semana en la región fronteriza de Catatumbo mientras estaban teniendo lugar las discusiones sobre el tema de los secuestros y cómo solucionarlos para empezar las negociaciones. El ELN salió a justificar esos secuestros, lo cual ha aumentado la presión política sobre esta cuestión y en qué forma afectará la negociación.

¿Qué incentivos tiene el ELN para buscar la paz?

El ELN tiene tres principales incentivos. El primero es que simplemente puede que esta sea su última oportunidad para la paz. El segundo es que, en ausencia de las FARC, el grupo no podría lograr sobrevivir una ofensiva militar del Gobierno. Finalmente, y a medida que el país avanza hacia un acuerdo posconflicto con las FARC, el ELN corre el riesgo de volverse políticamente irrelevante. El tiempo apremia y el ELN solo tiene hasta 2018, cuando el mandato del Gobierno de Santos llegue a su fin, para firmar, o aproximarse a firmar, un acuerdo de paz.

¿Ha habido muchos intentos por parte del ELN de negociar el fin del conflicto?

Ciertamente ha habido muchos intentos fallidos de negociar la paz con el ELN. Dada su relativa apertura, a menudo se supuso que podría ser una contraparte más fácil que las FARC a la hora de negociar. El primer acercamiento fue en 1985, cuando algunas de las unidades del grupo acordaron un cese al fuego con el Gobierno, aunque no se logró nada más. En 1987, el Gobierno negoció con seis grupos guerrilleros, incluido el ELN, unidos bajo la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Pero el ELN se resistió mucho a negociar, argumentando que la guerra era el único camino al poder, así que dejó escapar esta oportunidad. Hubo otros tres intentos en los 90; el primero entre 1991-1992, cuando las dos partes mantuvieron negociaciones en Venezuela y México que finalmente fracasaron; el segundo en 1994, cuando un grupo disidente del ELN pudo negociar con el Gobierno y pasar a formar parte de la sociedad civil; posteriormente, a finales de los 90, hubo varios intentos de negociaciones en España y Alemania.

Más adelante en la década y a comienzos de los 2000, el ELN volvió a impulsar negociaciones que nunca se materializaron debido a la presión ejercida en Colombia por actores políticos de derecha, incluidos los paramilitares. El último intento se dio entre 2004 y 2007 con el Gobierno de Uribe, pero si bien se reunieron en Cuba, ni siquiera fueron capaces de definir una agenda. Todos estos intentos eran realmente rondas de negociaciones exploratorias, así que es una buena noticia que finalmente tengamos una agenda definida que será debatida formalmente.

¿Cuán comprometida está la sociedad colombiana con el proceso de paz con el ELN?

Uno de los puntos de la agenda del proceso de paz con el ELN es la participación de la sociedad, y allí veremos exactamente cuán comprometida está la sociedad, más allá del nivel local rural donde opera el ELN. En la Colombia urbana poco se sabe acerca del ELN. Una persona promedio de Bogotá o Medellín no ha estado tan expuesta al conflicto como otras partes del país. Para esta masa social, la paz es importante pero no determinante para el desarrollo de su vida cotidiana. Si uno pregunta en las zonas rurales en las que opera el ELN, la cosa cambia. Es difícil imaginar cómo alguien de una pequeña comunidad en la frontera con Venezuela podría creer que se encuentra en una situación de posconflicto porque haya un acuerdo con las FARC, si al mismo tiempo están ocurriendo  enfrentamientos con el ELN a pocos kilómetros de su hogar.

¿Cree que las negociaciones con el ELN tendrán éxito?

Para que eso pase, había que superar varios desafíos importantes. Primero, la agenda a debatir es bastante amplia e imprecisa. No está claro exactamente cómo ni qué se va a discutir, ni tampoco los detalles que podrían ayudar a orientar las negociaciones. Negociar con el ELN no tienen la misma importancia política que hacerlo con las FARC, de modo que no podrán soportar la misma presión política si las cosas no marchan bien. El ELN también tiene problemas de credibilidad, especialmente en relación a los secuestros. No declarar el fin del secuestro debilita la fortaleza política de las negociaciones desde el comienzo, y menoscaba cualquier legitimidad que el ELN tenga ante la sociedad colombiana en general. El secuestro de los tres periodistas en Catatumbo es el mejor ejemplo de cómo el ELN es acusado de no tener voluntad para la paz.

Finalmente, hay una clara limitación temporal, ya que Santos será presidente de Colombia hasta 2018, pero ahora mismo no existe ninguna garantía de que el próximo presidente colombiano continuará las negociaciones con el grupo. Dadas las dinámicas electorales en Colombia, las negociaciones deberán haber avanzado bastante para mediados de 2017. Para entonces el tiempo ya habrá comenzado a agotarse. Aun así, es demasiado tarde para que las negociaciones con el ELN se alineen con de las las FARC; las negociaciones preliminares llevaron casi tres años, y es difícil imaginar que los diálogos formales vayan a avanzar rápidamente.

Por lo tanto, es improbable que se logren acuerdos de paz con los dos grupos al mismo tiempo. No obstante, las negociaciones con el ELN mejoran mucho las posibilidades de que Colombia logre tener un proceso de consolidación de la paz sostenible. A pesar de los desafíos, la perspectiva de firmar acuerdos tanto con las FARC como con el ELN anuncia grandes cambios para esta nación suramericana.

Esta traducción al español del post “The National Liberation Army (ELN) Joins Colombia’s Search for Peace” ha sido modificada y actualizada a 7 de junio de 2016.

Colombian left-wing presidential candidate Gustavo Petro of the Historic Pact coalition speaks during his closing campaign rally ahead of the first round of the presidential elections, in Bogota, Colombia May 22, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

El pulso electoral en Colombia sacude la frágil paz

Colombians head to the polls on 29 May for the first round of a presidential contest that will starkly pose left against right. In this Q&A, Crisis Group expert Elizabeth Dickinson lays out the stakes for the country’s future stability.

¿Quiénes son los candidatos a las elecciones presidenciales colombianas del 29 de mayo y cuáles son sus principales diferencias?

Las elecciones presidenciales de Colombia son ante todo una contienda entre dos rivales ideológicos, lo que refleja la profunda división política que hay en la sociedad. Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y quien ha construido una amplia coalición que reúne a gran parte de la izquierda política, lidera las encuestas preelectorales sobre Federico “Fico” Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que cuenta con el apoyo de los votantes de derecha y de gran parte de la clase política tradicional. Petro, quien actualmente lleva una considerable ventaja sobre todos sus contrincantes, promete centrarse en la justicia social y transformar lo que, según él, es un modelo económico que genera desigualdad; es el primer candidato de izquierda desde la década de 1940 con posibilidades reales de ganar el poder. Gutiérrez se presenta a sí mismo como representante de la más tecnocrática centroderecha, hace campaña con la promesa de “orden y seguridad” y ha reunido el apoyo de partidos políticos como el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, al igual que de los partidos Liberal y Conservador, que monopolizaron el poder durante la mayor parte de la historia de Colombia tras la independencia.

Gutiérrez, de manera crucial, también puede atraer los votos de aquellos que pueden no considerarlo su primera opción, pero se oponen o le temen a una presidencia de Petro. Este electorado considera la fogosa retórica de Petro, junto con su pasado como miembro del movimiento guerrillero urbano M-19, ahora desmovilizado, como evidencia de que tiene la intención de implementar políticas socialistas similares a las adoptadas por el gobierno de Venezuela, asociadas en las mentes de muchos colombianos con la llegada de más de dos millones de migrantes y refugiados venezolanos a Colombia. Las políticas que Petro ha dicho públicamente que introduciría incluyen la promoción de una reforma agraria, el apoyo a pequeñas empresas, el aumento de la calidad y acceso a la salud pública y a la educación, y negociaciones de paz o la desmovilización de grupos armados. Otro candidato, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, un populista que está haciendo campaña con una plataforma en contra de la corrupción, podría competir con Gutiérrez por un segundo lugar. Íngrid Betancourt, una veterana política reconocida por los seis años que pasó secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que hasta el acuerdo de paz de 2016 era la mayor insurgencia del país, retiró recientemente su candidatura y ofreció su apoyo a Hernández. Con una intención de voto significativamente más baja está el exalcalde de Medellín, el centrista Sergio Fajardo, quien estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta en 2018.

Colombia celebrará una primera ronda de votaciones el 29 de mayo, seguida de una segunda el 19 de junio si ningún candidato supera el umbral del 50 por ciento. A comienzos de mayo, Petro obtenía entre el 35 y el 38 por ciento de intención de voto en las encuestas, mientras Gutiérrez se situaba entre el 20 y el 24 por ciento, lo que apunta a una probable segunda vuelta. Según una encuesta más reciente, la popularidad de Hernández ha venido aumentando, con un 19 por ciento en las encuestas y llegaría a empatar con Petro en una hipotética segunda vuelta. Una segunda vuelta provocaría una intensa negociación política por parte de los dos candidatos restantes para conseguir el respaldo de las campañas eliminadas, ninguna de las cuales ha manifestado aún sus preferencias de coalición.

¿Qué está en juego para Colombia en estas elecciones?

Las elecciones llegan en un momento de enorme agitación y tensión en Colombia, luego de cuatro años protagonizados por largos confinamientos por la pandemia, crisis económicas, masivas protestas urbanas y una aceleración del conflicto violento en las zonas rurales. Un paro nacional en 2021 dejó al descubierto una persistente y profunda frustración por la desigualdad y la falta de movilidad social. Las protestas que comenzaron en abril de ese año se extendieron rápidamente por todo el país, bloqueando un gran número de carreteras principales y muchas vías urbanas, en especial en la ciudad de Cali. Los disturbios se fueron desvaneciendo, más por agotamiento que porque haya habido una respuesta por parte del gobierno. Pero la indignación popular por las desigualdades sociales y políticas de Colombia sigue viva; de hecho, su temperatura ha aumentado en 2022. Mientras tanto, las campañas de los dos principales candidatos hacen uso frecuente del paro de 2021 en sus narrativas políticas: la izquierda busca el apoyo de quienes se sienten afectados por la falta de oportunidades, y la derecha presenta a Petro (a quien muchos manifestantes respaldan) como el presagio del caos.

Los grupos armados y criminales han estado erosionando los logros en materia de seguridad conseguidos tras la firma del acuerdo de paz de 2016.

Al mismo tiempo, los grupos armados y criminales han estado erosionando los logros en materia de seguridad conseguidos tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 2021 fue el año más violento en el país desde la firma del acuerdo, con una tasa creciente de asesinatos, al igual que desplazamientos forzados, confinamiento y reclutamiento. Los despliegues del ejército colombiano en las zonas más afectadas no han logrado detener esta ola de inseguridad. El 5 de mayo, un “paro armado” de cuatro días impuesto por el grupo criminal posparamilitar el Clan del Golfo en respuesta a la extradición a EE. UU. de su líder Dairo Antonio Úsuga, u “Otoniel”, paralizó partes de doce de los 32 departamentos de Colombia, incluidas las ciudades intermedias de Sincelejo y Montería, dejando al descubierto el frágil control del Estado en estas regiones. 

Las elecciones legislativas se celebraron el 13 de marzo. ¿Qué dicen esos resultados sobre las perspectivas para la contienda presidencial?

Los comicios de marzo ofrecen varias pistas sobre lo que se puede esperar en la contienda presidencial. Primero, los resultados revelaron la profundidad de las divisiones políticas de Colombia. Por primera vez, la coalición de Petro, conocida como el Pacto Histórico, fue el movimiento que consiguió más escaños en el Senado y obtuvo el segundo lugar en la Cámara de Representantes. Junto con los votos de otros progresistas como el Partido Verde, estos resultados sugieren que un número sustancial de votantes se inclina hacia la izquierda. Sin embargo, el Senado y la Cámara están esencialmente divididos, y los partidos tradicionales siguen obteniendo buenos resultados. Aunque cualquier nuevo presidente tendrá dificultades para formar una coalición con una clara mayoría, esta tarea sería particularmente difícil para Petro, ya que los partidos que apoyan a Gutiérrez podrían reunir fácilmente suficientes votos para bloquear su agenda.

De igual importancia para la elección presidencial, el preconteo de votos legislativos se vio empañado por errores de procedimiento. La Registraduría del país no incluyó más de un millón de votos (muchos de ellos a favor del Pacto Histórico) en su conteo inicial. Las autoridades atribuyeron el error a los jurados electorales y a la deficiente recolección de los resultados en las mesas de votación. Gracias a la presión del Pacto Histórico, que contaba con testigos supervisando el proceso, las autoridades electorales corrigieron el error. No obstante, el incidente ha alimentado la desconfianza pública en la capacidad de dichas autoridades para llevar a cabo unos comicios limpios y transparentes. También les ha dado motivos a las dos principales campañas para impugnar la elección presidencial si el resultado no les favorece, en especial ante un escaso margen de victoria, el cual es probable.

¿Qué riesgos específicos de disturbios y violencia podrían presentarse en torno a la jornada electoral?

El nivel de violencia en los meses previos a las elecciones legislativas fue el más alto de las últimas tres campañas electorales, según la Misión de Observación Electoral, un grupo de control local. Las amenazas contra candidatos y líderes locales se dispararon, con un aumento del 236 por ciento en comparación con las elecciones de 2018. Docenas de comunidades, particularmente en áreas rurales, expresaron preocupaciones a Crisis Group sobre intimidación de votantes y candidatos, restricciones a la movilidad y compra de votos. En los departamentos de Sucre y Bolívar, candidatos al Congreso dijeron que el Clan del Golfo les había exigido contar con su autorización para hacer campaña. Dos semanas antes de las elecciones legislativas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal insurgencia que queda en el país, impuso su propio “paro armado” de cuatro días en áreas bajo su control, impidiendo todo tipo de campaña y generando un ambiente de zozobra.

Tanto Petro como su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, han denunciado amenazas creíbles en contra de ellos y de sus seguidores. Algunos votantes han sido objeto de intimidación, particularmente en las zonas donde el Clan del Golfo impuso su paro armado a principios de mayo, incluidos los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Durante esa acción, el Clan del Golfo difundió varios panfletos explícitamente amenazando a los partidarios de Petro. “Todos los que apoyamos a Petro tenemos miedo, porque el Clan del Golfo dice que somos objetivos militares”, le dijo a Crisis Group un líder local de Montes de María.

La violencia también podría estallar una vez se conozcan los resultados.

La violencia también podría estallar una vez se conozcan los resultados. Si Petro pierde por un estrecho margen, o si sus partidarios consideran que ha habido fraude, podría haber protestas callejeras tanto en zonas urbanas como rurales. El paro de 2021 puso de manifiesto un sentimiento ampliamente compartido entre los votantes pobres y de clase media, agudizado por los efectos desiguales de la pandemia del COVID-19, de que las élites colombianas están decididas a perpetuar un sistema socioeconómico que privilegia a una pequeña minoría. Particularmente después de la debacle del conteo de votos de marzo, algunos seguidores de Petro dicen que verían su derrota como evidencia de que las elecciones fueron “robadas” por el establecimiento. “La gente estará alerta”, le dijo a Crisis Group un simpatizante de Petro en Caquetá. “Si se roban las elecciones, puede haber una insurrección”. Al igual que en 2021, cualquier reacción desmedida de las fuerzas de seguridad podría empeorar las cosas al desencadenar un enfrentamiento mayor y más violento entre la policía y los manifestantes.

¿Hay riesgos durante el período de transición o cuando se posesione el nuevo presidente?

Independientemente de quién gane, el país está entrando en un período peligroso, con importantes repercusiones para sus conflictos internos. Todo el espectro de grupos armados, desde el ELN hasta el Clan del Golfo y las llamadas disidencias de las FARC, han intensificado su uso de la violencia en los primeros meses de 2022 y es probable que aprovechen la incertidumbre en torno a la transición política para imponer su control sobre las comunidades. Petro es visto con recelo por sectores de las fuerzas armadas y le costará ganarse su confianza, al menos al principio, particularmente si se apresura a restablecer las relaciones con Venezuela o se enfrenta con los históricos aliados de Bogotá en Washington; el candidato ya ha expresado su oposición a la erradicación forzosa de cultivos de coca, por ejemplo. Un gobierno de Gutiérrez podría tener más facilidad para ganarse la confianza de los militares y de EE. UU., pero podría enfrentarse a un descontento popular más profundo.

También existen riesgos a más largo plazo para cada candidato. Si Petro asume el cargo en agosto, sus seguidores podrían enfrentar una reacción violenta de los grupos posparamilitares, sucesores de las fuerzas de derecha que lideraron una brutal lucha para reprimir a la guerrilla y a sus partidarios hace dos décadas. En el pasado, los grupos posparamilitares han ofrecido protección extralegal a grandes terratenientes y otros intereses económicos. Esos sectores ahora pueden tener un incentivo aún mayor para buscar aliados poderosos, por temor a que la presidencia de Petro pueda dar lugar a una redistribución y expropiación de tierras dirigida por el Estado (políticas que Petro ha rechazado). Grupos posparamilitares ya han amenazado explícitamente o asesinado a varios líderes sociales, comunitarios y políticos que respaldan al Pacto Histórico, más recientemente durante el paro armado del Clan del Golfo. En el departamento del Cauca, donde la comunidad indígena Nasa ha dado su apoyo inequívoco a la candidatura de Petro, en los últimos meses han circulado media docena de panfletos amenazando a líderes indígenas, de los cuales al menos tres han sido asesinados en lo corrido de 2022.

Si Gutiérrez llega a ser presidente, por otra parte, bien podría tener dificultades para contener la creciente frustración de las poblaciones en el campo. Continuar con una variación de las tácticas actuales para enfrentar las amenazas a la seguridad que plantean los grupos armados (despliegues militares más grandes, erradicación de cultivos de coca y capturas de alto nivel) probablemente sea contraproducente, por razones que Crisis Group ha explorado anteriormente, y resulte alienando a la población sin debilitar significativamente el poder y el alcance de los grupos criminales. Enfoques similares de mano dura bajo el actual presidente, Iván Duque, no han logrado detener la caída hacia una mayor inseguridad.

¿Cómo podría la elección afectar el progreso del acuerdo de paz de 2016? ¿Podría haber más negociaciones con otros grupos armados?

Los dos principales candidatos han dicho públicamente que respetarán el acuerdo de 2016 e implementarán sus disposiciones. Pero los dos enfrentan presiones políticas muy diferentes en este sentido. Gutiérrez tiene el apoyo de partidos de derecha que se han opuesto abiertamente al acuerdo en el pasado, incluido el Centro Democrático dirigido por Uribe. Gutiérrez ha hecho todo lo posible por distanciarse del expresidente, pero su electorado sigue siendo escéptico sobre el proceso de paz. Petro, por su parte, probablemente intente acelerar la implementación del acuerdo, aunque no ha dado muchos detalles sobre cómo lo haría. Sin embargo, la falta de apoyo por parte del Congreso podría llevar a una continua parálisis en temas clave como la reforma agraria.

El presupuesto de Colombia está al límite y se verá sometido a una presión considerable en el mandato del próximo gobierno.

Para complicar aún más las cosas, la financiación para la consolidación de la paz se está agotando a medida que los donantes internacionales centran su atención en otras crisis urgentes. El presupuesto de Colombia está al límite y se verá sometido a una presión considerable en el mandato del próximo gobierno, especialmente si el presidente entrante pretende satisfacer las demandas de ciudadanos necesitados que reclaman un mayor y mejor acceso a atención médica, educación y otros servicios sociales.

Por más profundos que sean los desafíos, este momento podría representar la última oportunidad para dar los pasos necesarios hacia el cumplimiento del acuerdo de paz. Si se desaprovecha la oportunidad, la creciente inseguridad y la falta de confianza de la población en las zonas rurales pueden hacer que el acuerdo se detenga en seco. Las comunidades rurales ya se sienten traicionadas por el incumplimiento del gobierno de las promesas del acuerdo de paz en materia de desarrollo económico, titulación de tierras y protección de líderes sociales. El enfoque incipiente de la sustitución de cultivos de coca hasta ahora ha dejado de lado la creación de medios de vida legales para remplazar las alternativas ilícitas, lo que ha preservado una de las economías de las que se nutren los grupos armados. Cualquiera que sea el vencedor en las urnas, la administración entrante debe hacer lo que el gobierno de Duque no ha hecho: entender que las reformas de fondo del acuerdo son esenciales para mejorar la seguridad a largo plazo y evitar que el conflicto en Colombia empeore.