Proteger los DD.HH. es una prioridad

Los avances en seguridad del gobierno están seriamente amenazados por una falta de acción decisiva para proteger los derechos humanos y respetar el derecho internacional humanitario. Sin esta condición imprescindible, se fracasará en establecer el Estado de derecho que garantice los derechos fundamentales de los colombianos y avanzar hacia el fin del conflicto armado interno.

No obstante las múltiples medidas tomadas por el ministerio de defensa para mejorar el respeto de los derechos humanos por la Fuerza Pública, los abusos no han cesado. Su profesionalización y modernización recientes se han enfocado en el aumento de tropas y armamento, desatendiendo aspectos esenciales del fortalecimiento del control del poder civil, mecanismos de rendición de cuentas y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

A las ejecuciones extrajudiciales y "falsos positivos", se suman denuncias de tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ocupación de propiedades civiles y violencia sexual. Algunos funcionarios parecieran tolerar la existencia de los nuevos grupos armados ilegales. Estos casos minan la confianza de la población en la autoridad estatal, especialmente en territorios en los que la Fuerza Pública es la única institución presente.

La desconfianza entre gobierno y defensores de derechos humanos ha impedido iniciar un diálogo que permita integrar derechos humanos y seguridad. No pocos funcionarios gubernamentales consideran que las acusaciones de los defensores sólo buscan deslegitimar al Presidente Uribe. Los señalamientos de ser cómplices del terrorismo y seguimientos de inteligencia a defensores y activistas serían evidencia de tal desconfianza. Sectores dentro de la Fuerza Pública creen librar una "guerra jurídica" contra los aliados de la guerrilla.

Por su parte, los defensores de derechos humanos han tomado una distancia contraproducente frente a las políticas de seguridad, al considerarlas como un tópico de la derecha. A ello se suman posturas ideológicas antiestatistas y una desconfianza generalizada hacia el Estado por el historial de abusos cometidos por sus agentes.

Sólo mediante la protección escrupulosa y decidida de los derechos humanos por la Fuerza Pública, el fin de la estigmatización de los defensores por el gobierno y el acompañamiento resuelto de los primeros en la construcción de una agenda que integre seguridad y derechos humanos, podrá el Estado colombiano prepararse para enfrentar adecuadamente el fin del conflicto armado y los múltiples retos que impondrá el posconflicto.