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A member of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) sits in his tent in the “Alfonso Artiaga” Front 29 FARC encampment in a rural area of Policarpa, Narino, in southwestern Colombia on 16 January 2017. AFP/Luis Robayo
Report 60 / Latin America & Caribbean

Bajo la sombra del “no”: la paz en Colombia después del plebiscito

El plebiscito de octubre de 2016 no produjo un “no” contundente, pero sí sacó a relucir el clima de desconfianza en el que Colombia tendrá que implementar un nuevo acuerdo de paz que cuenta con respaldo legislativo y judicial, pero no del todo popular. Para contrarrestar este contexto hostil, Colombia tendrá que tomar medidas rápidas, visibles y efectivas, incluyendo iniciar el sistema de justicia transicional, proteger a líderes comunitarios vulnerables y visibilizar la dejación de armas.

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Resumen ejecutivo

La derrota, por un margen ínfimo, del plebiscito que buscaba la ratificación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en octubre de 2016 tomó por sorpresa a la sociedad, a gran parte de la clase política y a los partidarios internacionales del acuerdo. La suspensión del acuerdo ya firmado, mientras los combatientes iniciaban el proceso de concentración en lugares asignados a lo largo y ancho del territorio, oscureció las perspectivas de terminación de 52 años de conflicto armado interno. Un nuevo acuerdo, que incorporó numerosos cambios exigidos por la oposición, fue presentado en menos de dos meses, pero la ilusión de un consenso tuvo corta vida. La oposición, indignada por no haber podido revisar el nuevo texto y envalentonada por la exclusión de algunas de sus propuestas claves, aunque muchos de sus cambios fueron incluidos, condenó el nuevo acuerdo y su posterior ratificación en el Congreso.

La paz con las guerrillas será de nuevo punto de polarización entre los partidos políticos y los candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas del 2018. Es necesario un inicio ágil y efectivo del proceso de implementación del acuerdo para revertir la resistencia política y controlar la ansiedad pública.

Una victoria de los opositores al proceso de paz en las elecciones impondría grandes retos a la sostenibilidad del acuerdo. La concentración de los combatientes de las FARC, a pesar de ser problemática y de contar ya con retrasos, está en camino, y el término de seis meses para la dejación de armas ya inició. No obstante, brechas en recursos, retrasos administrativos y los equilibrios de poder en miras a las elecciones del 2018 amenazan con restringir la implementación de las medidas transicionales y las reformas estructurales encaminadas a resarcir las causas estructurales del conflicto. La oposición podría ahogar financieramente a instituciones, programas o políticas propias del acuerdo de paz si llega al poder. Los acuerdos en materia de justicia transicional, las medidas sobre reforma rural, acceso a la tierra e iniciativas comunitarias para la erradicación de cultivos de coca podrían quedar en la cuerda floja.

Defender el acuerdo será parte integral de la batalla política que se avecina. Persuadir a un público urbano y desconfiado de sus méritos dependerá, en el corto plazo, de lo que pase con los acantonamientos de las FARC. Durante el próximo año, una implementación exitosa será la mejor manera de reforzar el apoyo popular y político, así como de incrementar el costo para la oposición de revertir el proceso de paz. Transparencia en la dejación de armas, arrepentimiento total por los crímenes del pasado, progresivos avances en acciones humanitarias tales como el desminado, mayores resultados en la búsqueda de víctimas por desaparición forzada y la eventual cooperación con la Jurisdicción Especial para la Paz podrán resaltar el compromiso de los insurgentes con la paz y evidenciar, a la vez, los peligros de incumplir el acuerdo.

La violencia en el campo también afectará el apoyo al acuerdo en el corto plazo. Tanto los jefes de las FARC como la tropa temen la traición del Estado y algunos pueden buscar no arriesgar todos sus intereses frente a la oposición manifiesta de las fuerzas políticas más importantes del país. La promesa de diálogos de paz con la segunda insurgencia más importante del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no se ha concretado todavía, y varios grupos armados parecen estar detrás de docenas de muertes de líderes sociales, lo que constituye una nueva ola de terror en comunidades rurales apartadas. Solo un compromiso decidido del Estado para prevenir guerras por el control de economías ilícitas y para proteger a civiles y excombatientes podrá darle a la paz un efecto tangible en el ámbito local.

La comunidad internacional deberá continuar con su apoyo político, usando a sus delegados y enviados especiales para mantener el diálogo entre las diferentes partes, y ejercer una discreta presión en los líderes de oposición cuando sea necesario, de manera que aspectos esenciales del acuerdo puedan ser preservados sin peligro. Adicionalmente, debería abstenerse de pedir el reinicio de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y dar una oportunidad para que el acuerdo sobre la sustitución tenga efectos. Deberá también hacer uso de su asistencia financiera para establecer mecanismos ágiles para la movilización de recursos que garanticen la implementación efectiva en el terreno, ayudando a resolver y aprendiendo de los problemas en la medida en que estos se presenten.

Recomendaciones

Para construir el apoyo político para una implementación sostenible del nuevo acuerdo de paz

Al Gobierno de Colombia:

  1. Fortalecer la pedagogía del acuerdo de paz en áreas rurales y urbanas, y ofrecer una pronta protección a los líderes sociales amenazados hasta que el acuerdo sobre garantías de seguridad pueda ser implementado.
     
  2. Establecer y financiar las nuevas instituciones y comisiones encargadas de las tareas claves para una rápida implementación del acuerdo de paz, así como fortalecer y motivar a las instituciones nuevas y existentes para que generen prontos dividendos de paz para las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto.

Al Gobierno de Colombia y a las FARC:

  1. Continuar con la programación establecida para la dejación de armas, a pesar de los atrasos en la llegada de las FARC a las zonas de concentración, y adoptar una estrategia proactiva de comunicaciones que incluya el levantamiento de evidencia sobre el proceso de dejación de armas por parte de las FARC y su proceso de reinserción, como otros aspectos del desarrollo de la implementación de los acuerdos.
     
  2. Mantener a las víctimas en el centro del proceso de implementación, acrecentar la cooperación en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, liberar a todos los niños menores de quince años de las filas de las FARC y continuar con las muestras públicas de arrepentimiento por los crímenes más notorios cometidos durante la confrontación.
     
  3. Explorar espacios de diálogo con la oposición sobre el proceso de implementación.
     
  4. Priorizar el robustecimiento de la seguridad de líderes locales en el corto plazo a través de medidas preventivas, entrenamiento y fortalecimiento de esquemas de seguridad, a la vez que crear instituciones para la protección de miembros de las FARC.
     
  5. Incluir de manera más directa a las autoridades locales y regionales en el proceso de dejación de armas y en la planeación de otros aspectos de la implementación del acuerdo.

A la oposición:

  1. Reiniciar los diálogos con el Gobierno alrededor del proceso de implementación y aumentar la frecuencia, contundencia y nivel de las denuncias sobre hechos de violencia ejercidos contra líderes sociales.

A la comunidad internacional:

  1. Continuar con el apoyo al proceso de paz mediante la presencia de delegados y enviados especiales durante la implementación, el apoyo a la seguridad ciudadana y el sostenimiento de los recursos financieros necesarios para garantizar la permanencia de actores internacionales con cargos importantes en el posconflicto tales como los altos comisionados de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Refugiados, entre otros.
     
  2. Insistirle al Gobierno y a las FARC en que mantengan sus compromisos bajo los tiempos acordados y que involucren a los actores locales de manera más contundente.
     
  3. Continuar con los diálogos con la oposición insistiendo en el apoyo a aspectos críticos del proceso tales como desarrollo rural, participación política, justicia transicional y acciones humanitarias.
     
  4. Denunciar con mayor frecuencia y públicamente el asesinato de líderes sociales, exigiendo avances en la justicia así como en la protección que se requiere para que estos hechos no se sigan presentando.
     
  5. Apoyar nuevos acuerdos para inversiones en desarrollo alternativo como forma de contrarrestar la producción de drogas ilícitas antes de insistir en más erradicación directa.

A la Misión de Naciones Unidas:

  1. Terminar pronto con el despliegue del personal de la misión que recibirá a los combatientes de las FARC en las zonas de ubicación y dejación de armas.
     
  2. Adoptar una estrategia de comunicaciones proactiva, publicando actualizaciones regulares sobre la concentración de las FARC y la dejación de armas, con el uso de diversas herramientas, más allá de los informes oficiales.
     
  3. Insistirle al Gobierno y a las FARC en que deben ceñirse a los tiempos acordados en el acuerdo de paz para la dejación de armas, a pesar de los retrasos pasados y posiblemente futuros.

Bogotá/Bruselas, 31 de enero de 2017

I. Introducción

Cuando los colombianos votaron en octubre del 2016 el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 37 por ciento de electores decidió que el voto del “no” aventajara al del “sí” por menos de medio punto porcentual[fn]Para trabajos previos de Crisis Group sobre el proceso de paz, véase Informes sobre América Latina N°58, Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, 7 de septiembre de 2016; N°53, El día después de mañana: las FARC y el fin del conflicto en Colombia, 11 de diciembre de 2014; 51, ELN: ¿Abandono a su suerte? El ELN y los Diálogos de Paz en Colombia, 26 de febrero de 2014; 49, Justicia Transicional y los Diálogos de Paz en Colombia, 29 de agosto de 2013; 45, Colombia: ¿Por fin la paz?, 25 de septiembre de 2012; e Informe breve N°32, En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia, 3 de julio de 2015.Hide Footnote . Esto llevó a un intenso proceso de diálogos políticos al más alto nivel, que dio lugar a un nuevo acuerdo que defienden el gobierno, las FARC y muchos dentro de la sociedad civil. Por su lado la oposición, desalentada con el gobierno a quien acusa de minar la democracia, se unió con el propósito de rechazar el nuevo acuerdo.

El Congreso ratificó el acuerdo y fijó para el 1º de diciembre de 2016 el comienzo del proceso de dejación de armas de la insurgencia, dándose así inicio a la cuenta regresiva para que los 15.ooo combatientes de las FARC se agrupen en 26 zonas de concentración a lo largo del país. La oposición, a pesar del fallo de la Corte Constitucional que validó el proceso de refrendación por parte del Congreso, argumentó que al contar con mayorías tanto en la Cámara como en el Senado, el Presidente Santos desconoció la voz del pueblo expresada en el resultado del plebiscito. Todos los intentos por persuadir a la oposición para que apoye el nuevo acuerdo han fracasado.

El contexto en el que el nuevo acuerdo debe ser implementado está lejos de ser ideal. El gobierno tendrá que batallar, incluso con la asistencia internacional, para lograr financiar todas las actividades previstas. Las nuevas instituciones que el acuerdo exige –algunas de las cuales ya existen─ aún están esqueléticas, sin suficiente personal, y poca capacidad de hacerse cargo de los programas para los cuales fueron diseñadas, como la Agencia de Renovación Territorial; otras agencias oficiales, incluyendo a la Fiscalía General de la Nación, han propuesto políticas contrarias a las estipuladas en el acuerdo[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group con un diplomático de alto nivel, Bogotá, 28 de noviembre de 2016; entrevista, oficial gubernamental, 9 de diciembre de 2016.Hide Footnote . La violencia en contra de líderes sociales se ha incrementado, generando dudas sobre los beneficios del acuerdo de paz y profundizando la polarización entre los que apoyan el acuerdo y los que lo rechazan. El proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda insurgencia más grande de Colombia, está todavía por comenzar.

El apoyo político al nuevo acuerdo es débil y, posiblemente, saldrá a relucir aún más cuando inicien las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales de 2018. La implementación completa del acuerdo no está, por lo tanto, todavía garantizada. A pesar de ello, el gobierno y las FARC tienen una ventana de oportunidad durante los próximos 18 meses para consolidar, a través de la implementación, un apoyo al proceso que incremente los costos políticos de truncarlo a partir de mediados del 2018.

El trabajo para este informe se basó en entrevistas a profundidad con miembros de la oposición, los equipos de negociación de las FARC y del gobierno, miembros del mecanismo tripartito para el monitoreo y verificación del cese al fuego, líderes y políticos a favor del acuerdo de paz, expertos en derecho y política, y miembros de la comunidad internacional cercanos a los diálogos de paz.

II. Logrando un nuevo acuerdo

El camino desde la votación del plebiscito hasta el nuevo acuerdo giró alrededor de varios momentos decisivos. El punto de partida fue el 2 de octubre con la derrota del sí y el subsiguiente y complejo cambio en el balance de poderes. Ni el gobierno ni la oposición podían reclamar una victoria contundente. Las tensiones empeoraron con el inicio de la renegociación de un nuevo texto, terminando con la elaboración de un acuerdo carente de un apoyo político estable y sostenible debido a la falta de respaldo de la oposición y pese al espaldarazo de los partidos políticos proacuerdo, de las múltiples organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.

A. ¿Cómo explicar los resultados del plebiscito?

El sorprendente resultado tiene origen en la diversidad y distintos niveles de compromiso de las bases de votantes en la oposición y en los movimientos en pro del acuerdo. La combinación de los devotos al ex-presidente Álvaro Uribe, los fieles de las iglesias cristianas que se mostraron en contra del acuerdo por apoyar una supuesta “ideología de género”[fn]“Ideología de género” es un término usado por grupos que argumentan que el acuerdo pretende convertir a los niños en homosexuales, atacar a la familia tradicional y quitarles a los padres el derecho de educar a sus hijos de manera tradicional. Dicen que esta ideología aparece en los apartes del acuerdo que promueven el tratamiento preferencial a las víctimas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intergénero (LGBTI) del conflicto. Entrevista de Crisis Group con un pastor opuesto al acuerdo de paz, Bogotá, 3 de noviembre de 2016.Hide Footnote , y el ala de derecha del dividido Partido Conservador hacen parte de la mayoría que rechazó el acuerdo. A pesar de que su figura es extremadamente divisiva, el apoyo al expresidente Uribe es estable y alto. Sus seguidores fueron más activos en promover sus puntos de vista e incitar a otros a votar que aquellos que estaban a favor del acuerdo. Los seguidores de Uribe están más inclinados a votar que los de otros grupos. El plebiscito era ideal para movilizar esta base comprometida, que odia a las FARC, rechaza su participación en política y teme que Colombia se convierta en una “Venezuela chavista”. Se presume que el “voto religioso”, preocupado por la supuesta “ideología de género”, fue mucho más alto que en elecciones anteriores y, por lo tanto, fundamental para el resultado final. Por último, una porción no conocida del voto del “no” se deriva de la campaña de desinformación dirigida a votantes específicos de acuerdo a la región que habitaban y a su nivel de ingresos[fn]‘La estrategia del Sí tuvo muchos desaciertos’: Francisco Gutiérrez”, Semana, 8 de octubre de 2016. Jennifer Cyr y Carlos Meléndez, “Colombia’s right-wing populist movement defeated the peace deal. Here’s how we know”, The Washington Post, 4 de octubre de 2016. El director de la campaña del “no” dijo que diferentes mensajes fueron usados para poblaciones específicas para incitar así una votación basada en la rabia. Estos mensajes incluían reclamaciones de que los crímenes de las FARC quedarían impunes; mostraban juntos a Santos y Timochenko, el líder de las FARC; afirmaban que los subsidios y pensiones de los pobres y viejos serían recortadas, y que Colombia se convertiría en una Venezuela. Juliana Ramírez, “El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia”, La República, 5 de octubre de 2016.Hide Footnote .

Las batallas de la alta política también favorecieron a la oposición. El expresidente César Gaviria, líder de la campaña del “sí”, fue incapaz de contrarrestar los argumentos de la oposición de manera efectiva y en el ala en pro del acuerdo no emergió ninguna figura fuerte y unificadora como Uribe. El vicepresidente Germán Vargas Lleras, un candidato para cumplir con ese rol dado su poder y experiencia directa con la violencia guerrillera, se mantuvo prácticamente ausente de la campaña, dando un apoyo indirecto a la oposición[fn]Vargas Lleras dijo que apoyaba el proceso de paz pero con algunas reservas. El argumento de Uribe de apoyar el proceso de paz pero con cambios era conceptualmente similar, pero la falta de una campaña clara de Vargas Lleras y las similitudes con el argumento de Uribe pudieron haber llevado a muchas de sus bases a votar por el “no”. Vargas Lleras dejará la Vicepresidencia en marzo de 2017 para iniciar su campaña por la Presidencia.Hide Footnote . Las estrategias de campaña del “sí” también fueron cuestionadas. El presidente Santos junto con los partidos de su coalición dieron el liderazgo a políticos regionales y locales, dependiendo así de las maquinarias políticas, de familias con poder y de la construcción de coaliciones, las cuales no fueron plenamente activadas y probaron ser menos efectivas para el plebiscito que para elecciones ordinarias. La sociedad civil, a pesar de expresar su opinión, mostró una vez más su debilidad para movilizar votos. Finalmente, algunos de los votantes en pro del acuerdo pudieron haber sido complacientes o menos activos dado que las encuestas sugerían una enorme victoria del “sí”.

Áreas con altos índices de pobreza tendieron a votar por el acuerdo, a excepción de Bogotá donde los grupos de ingresos bajos votaron por el “no”. La periferia – definida  en términos de atributos rurales o capacidad estatal – también tendió a aprobar el acuerdo. Se ha argumentado que las zonas con mayores niveles de victimización en el conflicto armado tendieron a votar por el “sí”, pero el argumento depende de cómo se mida la victimización[fn][4] Leopoldo Fergusson y Carlos Molina, “Un vistazo a los resultados del plebiscito”, La Silla Vacía, 4 de octubre de 2016. Si la victimización se mide solamente por el desplazamiento, no hay una clara correlación entre los votos por el “sí”, pero de otra forma, cuando esta se mide de manera más general, sí la hay.Hide Footnote .

La victoria de la oposición significó que sus propuestas tenían que ser tomadas en cuenta en un nuevo acuerdo para que el proceso pudiera ser salvado. En un principio, los líderes de la oposición argumentaron que cualquier acuerdo nuevo debería contar con su aprobación. Pero el pequeño margen por el que ganaron, también le permitió al gobierno, políticamente debilitado, dividir a la oposición (o aislar a Uribe) mediante la incorporación de algunas de sus inquietudes, a la vez que mantuvo abierta la riesgosa opción de un nuevo plebiscito, una táctica que privaba a los rivales de un veto absoluto. Más aún, en diferentes momentos la oposición se mostró a sí misma dividida. No fue sino hasta que se llegó a un nuevo acuerdo, con omisiones de algunas inquietudes fundamentales de la oposición, y que se ratificó en el Congreso, que ésta se unió en indignación.

B. Posturas para un nuevo acuerdo

Poco después del plebiscito, los actores políticos y sociales que se opusieron activamente al acuerdo original entregaron sus propuestas de cambio. El primer documento con la totalidad de sus propuestas que se presentó en La Habana a las FARC contenía más de 260 apartes provenientes de, por lo menos, diez fuentes diferentes[fn]Santos no recibe más propuestas sobre el acuerdo de paz”, El Espectador, 20 de 0ctubre de 2016. “Propuestas de Gobierno”, Gobierno de Colombia, 23 de octubre de 2016.Hide Footnote . Parte de estos, especialmente aquellos relacionados con la reforma agraria, reflejaban los intereses políticos más que las inquietudes de los muchos partidarios del “no”. A pesar de la diversa y, en muchos casos, de la contradictoria naturaleza de las propuestas, había una docena que la oposición consideraba indispensable.

Las más importantes políticamente eran evidentes. Había un consenso en que las penas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–el sistema previsto para aplicar mecanismos de justicia transicional a crímenes graves cometidos durante el conflicto– deberían ser más duras, especialmente (y en algunos casos exclusivamente) para las FARC. La JEP, argumentaba la oposición, debería hacer parte del sistema de justicia ordinaria. Hubo casi un acuerdo en que las Fuerzas Armadas deberían recibir un tratamiento preferencial, a pesar de que había desacuerdo sobre cuál debería ser. La oposición pasó de exigir una prohibición permanente para ocupar cargos públicos a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, a una prohibición hasta tanto las sentencias no fueran cumplidas.

Todos los grupos de oposición concordaron en que no deberían existir amnistías por tráfico de drogas, que las FARC deberían entregar sus bienes para que estos fueran usados para resarcir a las víctimas y que fuese expresamente prohibido el uso de estos recursos para que las FARC financiaran sus actividades políticas. La oposición también estaba unida en exigir que el acuerdo no tuviera rango constitucional[fn]El bloque constitucional lo forman una serie de normas que aunque no están en la constitución son usadas como parámetros para el control constitucional de las leyes. De este bloque hacen parte, por ejemplo, los tratados. “Sentencia C-067/03”, Corte Constitucional, 2003.Hide Footnote . La propiedad privada, insistían, debería ser explícitamente respetada. Finalmente, expresaban inquietudes acerca de la “ideología de género” y sus supuestos efectos sobre el modelo de familia y sociedad tradicional[fn]Entrevistas de Crisis Group en 2016 a un representante de la oposición y a negociadores, Bogotá, 19 y 20 de octubre, 8 y 11 de noviembre; a un pastor Cristiano, Bogotá, 3 de noviembre; a un diplomático senior, 11 de noviembre. “Propuestas de Gobierno”, op. cit.Hide Footnote .

El gobierno respondió identificando aquellas inquietudes que consideraba más fáciles de resolver, aquellas que eran difíciles pero no imposibles y aquellas que consideraba inviables. La oposición argumentó que excluir cualquier asunto significaba que Santos abría la puerta para engañar a los partidarios del “no” mediante la exclusión de propuestas inconvenientes. A pesar de ello, Santos envió a sus negociadores a Cuba con órdenes expresas de tomar posiciones más duras en ciertos puntos, generando fricciones con las FARC en el tema de participación política, por ejemplo[fn]Santos dice que algunas propuestas para acuerdo de paz son inviables”, El Tiempo, 20 de octubre de 2016. “Santos quiere hacer conejo con el acuerdo: Alejandro Ordóñez”, El Espectador, 3 de noviembre de 2016. Entrevistas de Crisis Group con un diplomático senior, Bogotá, 4 de noviembre de 2016; un negociador de la oposición, Bogotá, 8 de noviembre de 2016; un negociador de las FARC, La Habana, 28 de octubre de 2016.Hide Footnote .

Una vez iniciadas las renegociaciones en Cuba, la atención se volcó sobre las reacciones de las FARC. Poco después del plebiscito, el grupo anunció que estaba comprometido con la paz y, en un comunicado del 7 de octubre, que se comprometía en ajustar el acuerdo para que pudiera contar con una base de apoyo político lo suficientemente amplia[fn]COMUNICADO CONJUNTO: Acuerdo Final, plebiscito y cese al fuego”, Gobierno de Colombia y FARC-EP 7 de octubre de 2016.Hide Footnote . Pero también expresó que no podía renunciar a la elegibilidad a cargos públicos, lo que consideraba el eje de las negociaciones: convertir a una insurgencia armada en una fuerza política pacífica. También continuó rechazando sentencias en prisión, insistió en que cualquier endurecimiento de castigos debería aplicarse a todos los actores del conflicto y se opuso a incluir a la JEP dentro del sistema de justicia ordinaria. Las FARC (y el gobierno) no estuvieron de acuerdo con la propuesta de darles a los terratenientes el beneficio de buena fe en casos de adquisición de tierras, de manera que se les permitiera evadir la justicia cuando las tierras hubiesen sido robadas sin su participación directa. Finalmente, insistían categóricamente en que el acuerdo tuviese rango constitucional, pero eventualmente cedieron a ello[fn]Entrevista de Crisis Group a un negociador de las FARC, La Habana, 28 de octubre de 2016.Hide Footnote .

C. Tres renegociaciones

Un nuevo acuerdo dependía de tres procesos de negociación. El primero entre la oposición y el gobierno. En público ambas partes hablaban de conversaciones productivas, pero en la realidad no había confianza entre ellas. El gobierno creía que la oposición quería dilatar las conversaciones hasta las elecciones presidenciales de 2018, mientras que la oposición no tenía certeza si el gobierno presentaría sus posiciones en La Habana fidedignamente. Después de un primer tira y afloja, la oposición entregó un documento con todas sus propuestas originales, algunas de las cuales se suavizaron para mostrar flexibilidad[fn]Entrevista de Crisis Group a un negociador de la oposición, Bogotá, 8 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

El segundo proceso involucraba a los partidarios del acuerdo entre la sociedad civil y el gobierno, y ocasionalmente también a las FARC. No tanto como una negociación sino como una movida defensiva, los partidarios del acuerdo buscaron reunirse con Santos e insistirle en llegar pronto a un nuevo acuerdo manteniendo los principios originales. Una serie de marchas a lo largo del país y la creación de un Campamento de Paz en la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá, mantuvieron la presión a las partes por un pronto acuerdo[fn]Entrevista de Crisis Group uno de los organizadores del campamento de paz de la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de octubre de 2016.Hide Footnote . Algunos movimientos viajaron a La Habana para urgir a las FARC a perseverar en su búsqueda por la paz.

La tercera y última negociación fue entre el gobierno y las FARC. Los negociadores del gobierno retornaron a La Habana el 21 de octubre para empezar la primera ronda de conversaciones. Después, el equipo regresó a Bogotá para poner al tanto a la oposición. El 29 de octubre se dio inicio a una nueva ronda con las FARC, que llevó al anuncio, el 12 de noviembre, de un acuerdo revisado. Esta última ronda de conversaciones tuvo momentos difíciles, en particular cuando se abordó la futura participación política de las FARC[fn]Entrevistas de Crisis Group a un diplomático de alto nivel, Bogotá, 4 de noviembre de 2016; negociador de las FARC, La Habana, 28 de octubre de 2016.Hide Footnote .

Durante las negociaciones con las FARC se estableció una línea permanente de comunicación para mantener informados a los líderes de la oposición. No obstante, la preocupación de que el gobierno no estaba representando en su totalidad las propuestas de la oposición nunca despareció por completo. Los líderes de “no” esperaban más discusiones en torno al nuevo acuerdo antes de que fuese firmado, pero ello nunca ocurrió. Con unas pocas inquietudes claves que no fueron tomadas en cuenta y en medio de alegaciones políticamente motivadas de que las revisiones eran simplemente cosméticas, la oposición finalmente se unió en contra del documento[fn]Entrevistas de Crisis Group con negociadores de la oposición, Bogotá, 8, 11 y 30 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

A lo largo de la renegociación, y ante la preocupación de un fin del cese bilateral del fuego, el gobierno y las FARC sintieron la presión del tiempo, a pesar del consenso entre ellos y la oposición de que el cese bilateral era necesario. Un nuevo y detallado protocolo incluía el preagrupamiento de los combatientes de las FARC. Con el gobierno pagando el sostenimiento de la tropa después de 30 días, mantener el cese de hostilidades era posible, pero el cese al fuego estaba diseñado para durar únicamente tres meses[fn]Entrevistas de Crisis Group con un miembro de la Misión de Naciones Unidas, Bogotá, 9 de noviembre de 2016. “Protocolo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD) entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”, Gobierno de Colombia, FARC-EP y Misión de las Naciones Unidas, 13 de octubre de 2016.Hide Footnote . El 13 de noviembre el Ejército mató a dos combatientes de las FARC en Santa Rosa del Sur, un municipio del departamento de Bolívar, que estaban llevando a cabo actividades de extorsión con el pretexto de ser miembros del ELN[fn]Comunicado del Mecanismo Tripartito, 30 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Mientras que varios señalaron este hecho como una muestra de la fragilidad del cese al fuego, lo que en realidad demostró fue la robustez del mecanismo tripartito[fn]El Mecanismo Tripartito lo conforman el gobierno, las FARC y la misión de la ONU, para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego y el proceso de dejación de armas. La misión de la ONU está encargada de investigar posibles violaciones, ayudar a crear nuevos protocolos cuando sea necesario, asegurar que las otras partes cumplan con sus obligaciones y dar recomendaciones después de investigar las violaciones, entre otras tareas.Hide Footnote : ambas partes inmediatamente recurrieron al mecanismo, quién encontró violaciones de ambas partes. Sin embargo el lenguaje tanto del gobierno como de las FARC bajó de tono y no hubo más acciones violentas entre ellos.

D. El nuevo acuerdo

El nuevo acuerdo anunciado el 12 de noviembre incluía numerosos cambios basados en las propuestas de la oposición. Alrededor del 58 por ciento de sus propuestas públicas originales fueron incluidas parcial o totalmente. Había 58 que proponían cambios completos de forma y de justificación subyacente, de los que fueron incluidas 21 en su totalidad y 6 parcialmente[fn]Véase “Radiografía del plebiscito y el posplebiscito”, y “Radiografía del nuevo acuerdo: ¿Qué tanto se renegoció?”, ambos de la Fundación Ideas para la Paz, n.d.Hide Footnote . Contrario a lo promulgado por la oposición, las revisiones fueron mucho más allá de lo cosmético.

La mayoría de las propuestas y textos sobre una Reforma Rural Integral fueron incluidos y/o tomados en cuenta, tales como el sistema de impuestos rurales y la protección legal a aquellos que compraron tierras de buena fe. Lo mismo puede decirse de las propuestas y textos sobre participación política en puntos como el papel de los partidos políticos en el diseño de un nuevo estatuto para la oposición[fn]Muchas de las propuestas originales del líder de las víctimas, Herbin Hoyos, sobre la participación de las víctimas en política no lograron entrar al acuerdo. Muchas ya estaban implícitamente incluidas o eran inviables como las propuestas en la asignación automática de escaños en el Congreso para las víctimas y su derecho a constituir un partido político con las mismas prebendas que el de las FARC, entre otras. El estatuto para la oposición política es una medida legal que esboza las “garantías para los partidos y movimientos políticos al declararse en oposición”. “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, Gobierno de Colombia y FARC-EP, 24 de noviembre de 2016, p. 37.Hide Footnote . Algunas propuestas sobre los procedimientos para terminar el conflicto y las garantías para la seguridad de excombatientes fueron aceptadas, aunque las condiciones bajo las cuales podían participar directamente en política, incluyendo la asignación de curules en el Congreso, no fue alterada. Varias propuestas sobre cultivos ilícitos también se incorporaron, incluyendo el compromiso legal de las FARC de entregar toda información relevante sobre el comercio de drogas y el derecho del Estado de fumigar con glifosato los cultivos de coca, a pesar de la suspensión de ese método en  2015.

Con respecto a las víctimas y la justicia, las FARC deberán hacer entrega de los frutos de su economía de guerra para resarcir a las víctimas. La JEP deberá funcionar en conexión con el Código Penal y el sistema judicial, no tendrá jueces extranjeros ni le dará a los informes de las ONG el mismo peso como evidencia que a la información de las autoridades estatales. Las salas de la JEP pueden determinar si el tráfico de drogas de las FARC puede ser interpretado como instrumento para beneficio personal, y no solamente como fuente de financiación para la actividad política armada. Probablemente, lo más importante en materia de la retórica de la campaña del “no”, es que el nuevo acuerdo determina que la restricción de la libertad de combatientes guerrilleros convictos debe cumplirse, a lo largo de toda la sentencia, dentro de un pueblo, bajo la vigilancia de Naciones Unidas, mientras realizan trabajo en pro de la reparación a las víctimas[fn]Ibíd.Hide Footnote .

Numerosas propuestas para la implementación fueron incluidas, entre ellas cláusulas sobre la estabilidad financiera del acuerdo, la definición de “enfoque de género” y el “reconocimiento de derechos igualitarios entre hombres y mujeres, las circunstancias especiales de cada uno…”, y el respeto explícito por la libertad de culto[fn]Ibíd., p. 193.Hide Footnote . El acuerdo no tendrá rango constitucional[fn]Fuentes incluyen la comparación del nuevo acuerdo, Gobierno de Colombia y FARC-EP, op. cit., y el primer documento usado en La Habana para discutir las propuestas de la oposición, “Propuestas de Gobierno”, op. cit.; y “SISTEMATIZACIÓN OPCIONES Y PROPUESTAS VOCEROS DEL NO Y LO ACORDADO EN EL NUEVO ACUERDO”, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 22 de noviembre de 2016. Para solo los cambios, véase “Documento de trabajo: cambios, precisiones y ajustes”, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 12 de noviembre de 2016. Pablo Abitbol, s.f., “Comparación anterior y nuevo Acuerdo Final Gobierno de Colombia – FARC-EP”.Hide Footnote . El gobierno y las FARC argumentaron que hicieron cambios en 56 de los 57 temas discutidos con la oposición, con la salvedad de la participación política de las FARC[fn]‘“Logramos precisiones y cambios en 56 de los 57 temas abordados en nuevo acuerdo’: Santos”, El Espectador, 12 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

“‘Logramos precisiones y cambios en 56 de los 57 temas abordados en nuevo acuerdo’: Santos”, El Espectador, 12 November 2016.Hide Footnote

III. La paz hacia 2018

Todos los líderes de la oposición y los negociadores del gobierno se reunieron la noche del 21 de noviembre en Bogotá[fn]En la mañana del 21 de noviembre, los candidatos presidenciales del partido Centro Democrático se reunieron con los negociadores del gobierno para discutir el acuerdo sobre la implementación. Una pobre comunicación por parte de la oposición, diferencias de opinión por el lado del gobierno y desacuerdos procedimentales marcaron la pauta para las conversaciones de esa noche. Entrevistas de Crisis Group a un negociador de la oposición, Bogotá, 29 de noviembre de 2016; experto en política, Bogotá, 2 de diciembre de 2016.Hide Footnote . La reunión empezó mal y terminó peor. Había diferentes percepciones sobre si se habían hecho cambios a apartes fundamentales del acuerdo, si este había sido discutido con los líderes del “no” antes de firmarse, y sobre la ruta a seguir. Las partes decidieron un desacuerdo total: la oposición rechazó públicamente el acuerdo y se retractó de algunas de sus propuestas más conciliadoras. La polarización que creó el plebiscito, que fue disimulada durante el proceso de renegociación, resurgió intacta durante el nuevo proceso de ratificación[fn]No es No”, La Silla Vacía, 22 de noviembre de 2016; “Comunicado de representantes del No y de las víctimas”, 21 de noviembre de 2016; entrevista de Crisis Group a un negociador de la oposición, Bogotá, 30 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

No es No”, La Silla Vacía, 22 November 2016; “Comunicado de representantes del No y de las víctimas”, 21 November 2016; Crisis Group interview, opposition negotiator, Bogotá, 30 November 2016.Hide Footnote

A. La ratificación en el Congreso

El 29 de noviembre, el Senado aprobó el acuerdo de paz por 75 votos a favor y cero en contra; 25 miembros de la oposición participaron en el debate pero se abstuvieron de votar, argumentando que el Congreso no tenía el mandato legal para aprobar el acuerdo. Lo mismo ocurrió el siguiente día en la Cámara de Representantes, donde el voto fue 130-0 (de 166 que participaron). Los votos fueron controversiales por las mismas razones que continuarán perjudicando el apoyo al acuerdo.

Usar el Congreso dio al gobierno y a las FARC una ruta clara para la ratificación y dejó a la oposición en una desventaja evidente. La coalición progubernamental tiene una clara mayoría en ambas cámaras, especialmente en lo que respecta a temas relacionados con el proceso de paz. Con elecciones legislativas programadas para 2018 no hay una posibilidad inmediata de que el movimiento del “no” traslade su apoyo popular al poder legislativo.

Esto ha llevado a que la oposición argumente que el gobierno “impone” de forma antidemocrática el mismo acuerdo de paz que fue negado en el plebiscito. Esta aserción descansa en dos clamores. El primero es que el nuevo acuerdo contiene únicamente cambios cosméticos, lo cual negaría el éxito de la oposición en incorporar propuestas importantes en el texto. El segundo reta la visión que tiene el gobierno de lo que puede definirse legalmente como una “refrendación popular”. La oposición argumenta que el voto del Congreso no es válido como “refrendación popular”, mientras que los partidarios del acuerdo, incluyendo a Santos, afirman que sí. En su sentencia sobre el tema, la Corte Constitucional determinó que el Congreso podría ratificar el acuerdo[fn]El artículo quinto del Acto Legislativo para la Paz requiere que todo acuerdo de paz pase por una refrendación popular, lo que en su momento incluía las opciones de comités locales, Congreso o un nuevo plebiscito. Cuando el Acto fue aprobado la refrendación popular hacía referencia al plebiscito. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo evitó contestar a la pregunta de si el Congreso era una opción válida, esencialmente permitiéndole a este cuerpo decidir por sí mismo. La respuesta fue efectivamente positiva ya que el fast-track en el Congreso se activó en diciembre. “Comunicado No. 52”, Corte Constitucional, 13 de diciembre de 2016, p. 2.Hide Footnote . El resultado de estas diferencias es que la oposición ha recurrido al uso de un lenguaje más extremo, avivando la polarización política mientras cuestiona no solo los términos de la paz sino también el respeto del gobierno a principios básicos de la democracia[fn]Véanse los discursos hechos por los Senadores del PCD Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga durante el debate en el Senado el 29 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

La Corte Constitucional también le permitió al Congreso activar un sistema expedito (fast-track), estipulado en el Acto Legislativo para la Paz, para aprobar más de 50 leyes necesarias para implementar el acuerdo, evitando así los entre cuatro y ocho debates necesarios para la aprobación de una ley. Considerado esencial por las FARC – incluso dijeron que sin él retornarían a la guerra[fn]“‘Sin ‘fast track’ volveríamos al monte’”, Semana Video, s.f.Hide Footnote  – el fast-track fue aprobado a finales de diciembre y permite al Congreso aprobar legislación crítica para la implementación del acuerdo, incluyendo la ley de amnistía.

Evitar un segundo plebiscito y garantizar los procedimientos expeditos del fast-track para legislar el acuerdo han sido esenciales para la rápida recuperación del proceso de paz. No obstante, la manera en que el gobierno ha actuado hace del rechazo al proceso de paz y su implementación –parcial o total- una plataforma políticamente rentable con miras al 2018: la oposición continuará argumentando que no existe un nuevo acuerdo y que el plebiscito del 2 de octubre fue traicionado. La implementación en el mediano y largo plazo está, por lo tanto, en alto riesgo.

B. De 2018 en adelante

Al igual que en las elecciones de 2014, la paz estará en el centro del debate electoral en 2018. El acuerdo de paz tendrá un lugar central en las plataformas programáticas de la oposición a la Presidencia y al Congreso[fn]Entrevistas de Crisis Group a negociadores de la oposición, Bogotá, 11 y 30 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Con Uribe y otros líderes de la oposición presentándose en contra del acuerdo y como los salvadores de la democracia, y con el Vicepresidente Vargas Lleras dentro de la contienda, la probabilidad de que gane un candidato opuesto al acuerdo es alta[fn]La política colombiana se mueve entre una mezcla de redes tradicionales de clientelismo e identidades partidistas, familias poderosas y votos de opinión. Uribe sería capaz de movilizar probablemente alrededor de 4 millones de votantes para su candidato. Vargas Lleras tiene los índices de favorabilidad más altos de cualquier político (61 por ciento), seguido de Uribe (57 por ciento), pero escándalos recientes dentro de su partido Cambio Radical pueden debilitarlo. No obstante, sus redes clientelistas son inigualables. Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, tuvo un buen desempeño en la primera vuelta en 2014, y goza de una favorabilidad del 41 por ciento, pero su partido es débil en las regiones. Por el lado de los que apoyan el acuerdo, el candidato más opcionado del Partido Liberal, Humberto de la Calle, tiene un índice de aprobación del 54 por ciento, pero su partido, todavía debilitado por viejas divisiones, no podrá contar con los votos de 2014 fruto de su alianza con Cambio Radical. Los Verdes y el Polo Democrático están relativamente debilitados. “Encuesta Gallup Colombia #116”, diciembre de 2016. “Elecciones Presidenciales: Resultados”, Registraduría Nacional del Estado Civil, s.f.Hide Footnote . Así las cosas, peligraría su implementación plena.

La construcción de coaliciones será crucial en la carrera por la Presidencia y el Congreso[fn]Las alianzas son una constante en las elecciones presidenciales en la medida en que los partidos hacen acuerdos después de la primera vuelta para apoyar a uno de los dos candidatos restantes. Es probable que para 2018 ya existirán varias coaliciones dadas las posiciones compartidas alrededor del acuerdo de paz. Después del plebiscito, el poder de varios actores dentro de estas coaliciones es difícil de juzgar ya que no es estático.Hide Footnote . La cantidad de posibles candidatos dentro del movimiento del “no”, incluyendo a Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Alejandro Ordóñez, como también a Vargas Lleras, hará que la competencia al interior y entre partidos sea feroz. En general, el partido del Centro Democrático (PCD) inicia con una ventaja ya que cuenta con un alto umbral de votos y Uribe, a pesar de estar impedido para ser elegido presidente por un nuevo período, goza de una especie de culto a la personalidad[fn]“‘La estrategia del Sí tuvo muchos desaciertos’: Francisco Gutiérrez”, Semana, 8 de octubre de 2016; entrevista Crisis Group a un experto politólogo, 10 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Es difícil imaginar un escenario realista en el que el candidato del PCD no llegue a la segunda vuelta. Mientras los varios miembros de la oposición buscan incrementar su proporción de votos, han competido para perfilarse como las salvaguardas de la democracia y la seguridad[fn]Alejandro Ordóñez ha sentenciado que Santos está consolidando una “dictadura” por la manera en que manejó el proceso de paz. “En Colombia estamos ‘desde hace rato en una dictadura’: Alejandro Ordóñez”, Oiga Noticias, 26 de octubre de 2016. Marta Lucía Ramírez llamó a una Asamblea Constituyente para “redefinir el funcionamiento de los órganos existentes del Estado, tales como la Presidencia, el Congreso y las Cortes”. “Colombia se está adentrando en una crisis de legitimidad institucional”, Ramírez, 22 de diciembre de 2016.Hide Footnote .

Vargas Lleras es algo impredecible. A pesar de mantener un bajo perfil en el tema de la paz, la influencia de su partido Cambio Radical y el alcance de sus redes clientelistas le permiten movilizar muchos votos. Él considera a Humberto de la Calle, el candidato más probable del Partido Liberal, como su contendor principal – y como jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC, un arduo defensor del acuerdo de paz. Por su parte, Vargas Lleras y Uribe tienen una pobre relación, a pesar de algunos gestos del expresidente que podrían interpretarse como una invitación a una alianza[fn]Tatiana Duque, “La estrategia disidente de Vargas”, La Silla Vacía, 28 de noviembre de 2016; entrevistas de Crisis Group con un diplomático de alto nivel, Bogotá, 4 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Un resultado posible de las elecciones presidenciales sería una segunda vuelta en la que se enfrentarían el PCD y Vargas Lleras, con ninguno de los dos candidatos convencido de la necesidad de implementar plenamente el acuerdo de paz[fn]Entrevista de Crisis Group con un Senador proacuerdo, Bogotá, 30 de noviembre de 2016. Vargas Lleras nunca ha tenido una posición definida con respecto al acuerdo; información reciente sugiere que estaría en oposición. Tatiana Duque, “Así se prepara Vargas Lleras para cuando le llegue su hora”, La Silla Vacía, 15 de enero de 2017.Hide Footnote . Si no logra llegar a la segunda vuelta, el apoyo de Vargas Lleras sería decisivo para determinar el ganador. Por el momento, el Vicepresidente parece estar más inclinado hacia el PCD que hacia los partidos proacuerdo.

Las iglesias cristianas evangélicas jugarán también un papel clave en el debate electoral. Se cree que aportaron entre 1 y 2 millones de votos para el movimiento del “no”, y se espera que varios líderes religiosos participen en la contienda de 2018[fn]Natalio Cosoy, “El rol de las iglesias cristianas evangélicas en la victoria del “No” en el plebiscito de Colombia“, BBC Mundo, 5 de octubre de 2016; “El voto evangélico, clave en la victoria del ‘no’ en el plebiscito de Colombia”, El País de España, 13 de octubre de 2016. No hay manera de saber cuántos votos fueron puestos por las iglesias, pero se estima que pudieron contribuir con dos millones a la campaña del “no”. Algunas iglesias favorecieron el “sí”, pero estas son percibidas como una minoría.Hide Footnote . No obstante, el voto cristiano al “no” no es homogéneo. Mientras que las referencias en el acuerdo a lesbianas, gay, transgénero y bisexuales (LGTB) fueron sacadas completamente de contexto y se usaron para enfurecer a la mayoría de votantes evangélicos, hay mucho menos consenso entre estas comunidades frente a otros temas tales como justicia, comisión de la verdad y tierras. No todos los pastores y sus fieles están interesados en ejercer una influencia política en estos temas[fn]Cristianos: ¿el poder decisorio en la política?”, Semana, 29 de octubre de 2016; entrevista de Crisis Group con un pastor Cristiano involucrado en negociaciones posplebiscito, 3 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

Construir coaliciones será también una prioridad de los partidos que defienden el acuerdo de paz. Varios partidos están a favor de la paz pero no alcanzan, por sí mismos, a recoger suficientes votos para asegurar que su candidato llegue a segunda vuelta. Construir una alianza a favor del acuerdo sería el paso a seguir para asegurar que un candidato que apoye el proceso de paz pueda llegar a la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, estas coaliciones serían con un amplio espectro de grupos que están en desacuerdo en muchos otros temas[fn]Entrevista de Crisis Group con un senador proacuerdo, Bogotá, 30 de noviembre de 2016. Por ejemplo, Jorge Robledo, senador del Polo Democrático y posible candidato presidencial, está a favor del acuerdo pero se opone vehementemente a la nueva legislación impositiva, que es apoyada por varios partidos que también apoyan el acuerdo. “La peor reforma tributaria imaginable: Robledo”, Página oficial de Jorge Robledo, 20 de octubre de 2016.Hide Footnote .

La coalición por el acuerdo estaría conformada por el Partido Verde, una fuerza que probablemente tiene la capacidad de movilizar más votos que los que actualmente representa en el Congreso; los partidos de la U y Liberal, en los que Santos tiene sus raíces, ambos con pocas probabilidades de llegar a la segunda vuelta (en las elecciones de 2014 lograron la victoria gracias a su alianza con el Partido Cambio Radical); y lo que resta del dividido partido de izquierda, el Polo Democrático. Los candidatos por el acuerdo de paz tendrán también que encontrar un adecuado balance entre apoyar el acuerdo y distanciarse de Santos. Temas como la reforma tributaria, que se aprobó a finales de 2016 e incrementó el impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales; las difíciles condiciones económicas por la caída en los ingresos del petróleo y la impopularidad del Presidente hacen esencial que cualquier candidato que favorezca el acuerdo de paz se diferencie de Santos y su gobierno en otros temas[fn]El índice de 60 por ciento de desaprobación del presidente Santos, “Encuesta Gallup Colombia #116”, diciembre de 2016, puede empeorar después de la aprobación de la impopular reforma tributaria. El 30 de noviembre en las protestas en la Plaza de Bolívar cuando se votaba la ratificación del nuevo acuerdo en la Cámara de Representantes, algunos protestantes cantaron arengas en contra de la reforma tributaria, asumiendo que buscaba financiar la paz y la reincorporación de las FARC.Hide Footnote .

Las coaliciones también serán decisivas para formar una mayoría en el Congreso[fn]Hay 80 partidos en el Congreso; cinco partidos compitieron en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Pequeños partidos regionales pueden amasar únicamente los votos suficientes para llegar al Congreso pero no para llegar a una ronda presidencial. Véase “Partidos y Bancadas”, Congreso Visible, s.f. “Elección de presidente y vicepresidente – primera vuelta”, Registraduría Nacional de Colombia, s.f.Hide Footnote . Los resultados del plebiscito sugieren que el PCD bien podría incrementar su representación en el Senado. No obstante, esto sería más difícil en la Cámara de Representantes. Otros partidos tienden a lograr un mayor éxito en las regiones, incluyendo el Conservador, el Liberal y el de la U[fn]Entrevista de Crisis Group con un experto politólogo, Bogotá, 10 de noviembre de 2016. En la Cámara de Representantes el PCD tiene 19 escaños, seis de Antioquia, cinco de Bogotá y ocho de diferentes departamentos. Tiene solo un gobernador (Casanare). Todos a excepción de uno de los 27 diputados del Partido Conservador son de fuera de Bogotá, al igual que los Liberales (36 de 39) y los del Partido de la U (35 de 37). Véase “Elegidos Congreso de la República 2014-2018”, Registraduría Nacional, s.f.Hide Footnote . Para asegurar mayorías en el Congreso, el PCD deberá aliarse con otros partidos, volviendo vital para esto la preservación de una unidad en contra del acuerdo. Los partidos a favor del acuerdo de paz también buscarán unidad con respecto al tema para asegurar sus números en el Congreso[fn]Entrevista de Crisis Group con un negociador y senador de la oposición, Bogotá, 30 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

Si la oposición llega al poder con un mandato en contra de todo o parte del acuerdo de paz, la implementación de los temas más contenciosos podría terminar. Una opción sería modificar leyes fueron imposibles de cambiar cuando fueron aprobadas por el fast-track. Otra alternativa sería ahogar política y financieramente las instituciones, programas o políticas claves para el posconflicto. Desfinanciarlas o socavarles su importancia política podría convertir rápidamente el acuerdo en irrelevante.

El gobierno ha tratado de prevenirlo introduciendo un proyecto de ley que obligue a los gobiernos futuros a implementar el acuerdo de paz, pero este podría ser ignorado o derogado después de cambios en el equilibrio de poderes[fn]PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016 SENADO”, ley propuesta por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, 19 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Sin embargo, presiones del exterior y de segmentos de la sociedad colombiana pueden hacer que desechar el acuerdo sea muy costoso. En tal caso, una meta viable para un renovado diálogo entre la oposición y el gobierno durante 2017 sería lograr el compromiso para continuar con la implementación de las partes críticas del acuerdo, tales como justicia transicional y mecanismos humanitarios, sin afectar el progreso hecho en otros puntos.

IV. La implementación y sus efectos en el apoyo político

Durante 2017, el apoyo del Congreso y la Presidencia al acuerdo será fuerte y estable. Pero el apoyo popular para su implementación más allá del corto plazo es frágil e incierto, poniendo en riesgo el pleno funcionamiento del acuerdo. Existe un pequeño período de tiempo durante lo cual la implementación podría generar mayor apoyo o rechazo, dependiendo de los éxitos para concretar diferentes aspectos del acuerdo y en cambiar las condiciones en los territorios afectados por el conflicto.

A. Las preocupaciones de las FARC

Es probable que el efecto sobre las FARC de la oposición política al acuerdo de paz se profundice en los próximos meses. A lo largo del cese al fuego, y particularmente después del plebiscito, las FARC han encarado crecientes tensiones internas. La violación al cese del fuego en el sur de Bolívar es diciente: el frente que opera en la zona es incapaz de controlar a sus combatientes o simplemente ha optado por continuar con la extorsión. La expulsión de cinco comandantes de rango medio en los Llanos orientales, incluyendo a Gentil Duarte, quien había sido encargado de una facción del Frente Primero que apoyaba el acuerdo de paz, muestra las tensiones con algunos mandos medios, ya sea por la incertidumbre política, por conexiones con economías ilegales lucrativas o por ambas razones[fn]Entrevista de Crisis Group a un miembro del Mecanismo Tripartito, Bogotá, 9 de noviembre de 2016. “FARC-EP separa a 5 mandos de sus filas”, FARC-EP, 16 de diciembre de 2016. En junio de 2016, una facción del Frente Primero anunció en Guaviare que no haría parte del acuerdo. El secretariado de las FARC seleccionó entonces a Duarte, un miembro del Alto Comando Central, para liderar la facción dentro de este frente que aún apoyaba el acuerdo de paz.Hide Footnote .

El clima político fomenta una inquietud, por encima de todas, dentro de las FARC: que el gobierno no cumplirá su parte del acuerdo. Mientras que la agrupación en su décima conferencia en septiembre de 2016 ratificó por consenso todo el acuerdo de paz, la posibilidad de un regreso al campo de batalla resurgió en diciembre, cuando Timochenko les recordó a sus combatientes que tendrían que prepararse para el “plan B”: reanudación de la guerra. Tales amenazas pueden incrementarse si la implementación es puesta en peligro[fn]Entrevistas de Crisis Group con miembros de las FARC, Llanos del Yarí, 15-25 de septiembre de 2016. “Timochenko alerta a la tropa de las Farc: preparemos el plan B”, Las 2 Orillas, 8 de diciembre de 2016.Hide Footnote .

Los disidentes de las FARC podrían también causar hechos de violencia, lo que produciría una reacción en cadena sobre la implementación y el apoyo político al acuerdo. Ya ha habido reportes de actos de violencia del Frente Primero en Guaviare y Vaupés[fn]Defensoría alerta sobre reclutamiento forzado y extorsiones de bloque disidente de las Farc en Vaupés”, El Espectador, 11 de noviembre de 2016.Hide Footnote . En Tumaco, fueron confirmadas disidencias en las filas del Frente Daniel Aldana, a pesar de que no es claro si están relacionadas con el proceso de paz o con un cisma causado por la nueva estructura del frente (anteriormente era una columna móvil). La muerte en noviembre de Don Y, un líder de la facción disidente, a manos de las FARC, muestra cómo las peleas internas pueden derivar en violencia[fn]‘Don Y’, el disidente de las Farc que azota a Tumaco”, La Silla Pacífica, 31 de octubre de 2016; “Las Farc mataron a ‘Don Y’”, La Silla Pacífica, 16 de noviembre de 2016. Eduardo Álvarez, “Disidencias de las FARC: ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tan peligrosas son?”, Razón Pública, 14 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Un aumento de la violencia en zonas como Tumaco, con una densa concentración de cultivos de coca, es probable debido a la presencia de otros grupos armados que quieren controlar este territorio. La expulsión de cinco comandantes, sumada a un combate entre ocho miembros disidentes del Frente 14 e integrantes proacuerdo de la columna móvil Teófilo Forero, son otros ejemplos.

Una vez concluida la dejación de armas, la posibilidad de que miembros de las FARC retornen a la violencia puede incrementarse, ya sea por disidencias o por deserciones individuales dentro del programa de reinserción. Este programa para excombatientes es notablemente débil cuando se trata de enfoques específicos para comandantes de rango medio, habituados a mover grandes cantidades de dinero y a gozar de poder político y militar. Muchos detalles claves para el proceso de reinserción serán decididos solamente después de que se termine con el censo de combatientes de las FARC y de que se constituya Ecomun –la cooperativa de negocios que las FARC manejarían para su reinserción. Los costos políticos y humanitarios de combatientes que dejan el proceso para volver a la violencia serían extremadamente altos[fn]“Lo que tiene que pasar este año para aterrizar los acuerdos”, La Silla Vacía, 10 de enero de 2017. Para más información sobre la reincorporación de las FARC, véase el informe de Crisis Group: Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, op. cit.Hide Footnote . El ya establecido Consejo Nacional de Reintegración y Ecomun tendrán un rol clave en mantener a los combatientes involucrados en el proceso.

En el futuro inmediato, la parte más crítica de la agenda tanto para el gobierno como para la guerrilla es la entrega de armas a la misión de las Naciones Unidas[fn]En el día D +90, los combatientes de las FARC tendrán que entregar más del 30 por ciento de sus armas; en el día D +120, otro 30 por ciento; y en el día D +150, el restante 40 por ciento. Para el día D +60, las FARC tendrán que haber entregado todo el armamento ligero, ganadas, municiones y armas de sus milicias.Hide Footnote . El fin de la existencia de las FARC como organización armada está en el núcleo del acuerdo de paz y fue la principal razón con la que el gobierno congregó apoyo para una pronta renegociación después del plebiscito. Hay retos inherentes a este tipo de procesos como las demoras, la logística y la entrega incompleta de armamento, algunos de los cuales ya han afectado la concentración de las FARC. La dejación de armas por parte de las FARC también enfrentará probablemente otra serie de inconvenientes que podrán ser fácilmente usados por la oposición para argumentar que el proceso está fallando. El descubrimiento de armas ocultas, por ejemplo, avivaría la ya existente desconfianza pública. Al mismo tiempo, la falta de un apoyo político en el mediano y largo plazo aumenta las posibilidades de que partes de las FARC decidan no arriesgar todo su arsenal, poniendo en peligro el apoyo público al proceso[fn]Entrevistas de Crisis Group a un negociador de la oposición, Bogotá, 30 de noviembre de 2016; a un senador pro acuerdo, Bogotá, 30 de noviembre de 2016. Para más información sobre el proceso de dejación de armas véase Informe de Crisis Group: Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, op. cit.Hide Footnote .

Una razón de peso para que las FARC asuman esta doble posición es el continuo asesinato y las amenazas a líderes sociales. Por lo menos 90 asesinatos y más de 230 amenazas fueron registradas en 2016[fn]Armando Neira, “Asesinatos de líderes sociales, el lunar que deja el 2016”, El Tiempo, 28 de diciembre de 2016. Eduardo Álvarez, “Quién sigue matando a los líderes sociales en Colombia?”, Razón Pública, 28 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Es imperativo que el gobierno proteja a los civiles en las comunidades amenazadas, sin importar quién está cometiendo los asesinatos o si hay paramilitares detrás de la ola de violencia. Si la hipótesis que explica estos asesinatos y amenazas es que nuevos grupos armados se están movilizando para controlar economías ilícitas, el gobierno entonces deberá tomar medidas para llenar el vacío de poder dejado por las FARC en estos territorios[fn]Entrevista de Crisis Group a un diplomático de alto nivel, Bogotá, 28 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Hasta entonces, los continuos asesinatos continuarán exacerbando el riesgo de fragmentación al interior de las FARC y socavando los posibles beneficios de la paz a nivel local.

El acuerdo sobre garantías de seguridad para las FARC y para activistas y actores políticos locales necesita ser reforzado de manera expedita y efectiva. El gobierno debería comenzar por fortalecer los esquemas de protección individuales y colectivos, y trabajar con líderes locales para definir los pasos a seguir para mitigar los riesgos. Esto puede hacerse mientras se establece el sistema de seguridad de las FARC durante el proceso de dejación de armas. Los líderes de la oposición deberían también incrementar el tono y la frecuencia de las denuncias de hechos de violencia y distinguir claramente sus reservas al acuerdo de paz de las acciones de saboteadores violentos en lo local[fn]Esto no significa que hay una conexión entre la oposición y este tipo de violencia sino más bien que los perpetradores pueden usar los argumentos de la oposición para legitimar sus actos.Hide Footnote . La comunidad internacional, que ya está muy preocupada por la violencia, puede dar mayor visibilidad internacional a estos ataques a través de condenas públicas y llamados más frecuentes a la justicia.

B. Planeando una implementación exitosa

La dejación de armas empezó con serias deficiencias. Muy poco se ha hecho para instalar una infraestructura adecuada en las zonas de concentración lo que ha causado demoras en el inicio del proceso[fn]“Comunicado Conjunto Nº 10”, Gobierno de Colombia y FARC-EP, 28 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Los combatientes de las FARC se desplazarán gradualmente desde los lugares de preagrupamiento a las 26 zonas una vez estén listas. En la segunda mitad de enero se arrendó tierra únicamente para 17 de las 26 zonas, y solamente en dos, en Putumayo y en Policarpa, Nariño, los combatientes de las FARC lograron quedarse y construir las barracas donde se instalarán. Según el gobierno, la preparación de las zonas está avanzando rápidamente[fn]Gobierno acelera el paso para dejar listas las zonas veredales de Farc”, El Tiempo, 10 de enero de 2017; “El 90% de los miembros de las Farc está a 10 km de zonas de desarme”, El Tiempo, 10 de enero de 2017.Hide Footnote . Un protocolo renegociado estableció que la entrega de los materiales necesarios para la finalización de la construcción y la completa concentración de las FARC debe estar lista para el 31 de enero[fn]“Acta de acuerdos de trabajo entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”, Gobierno de Colombia y FARC-EP, 17 de enero de 2017.Hide Footnote .

Mientras que los primeros tres plazos límites no se cumplieron – la reagrupación de las FARC, la destrucción de material bélico inestable y la transferencia de armas cortas del personal y de las milicias a las zonas de concentración –, el gobierno insiste en que el resto del proceso de dejación de armas continúa en los tiempos previstos. Estas metas también podrán encontrar obstáculos, pero es esencial que se logren de acuerdo a los términos estipulados en el acuerdo para evitar alimentar la desconfianza pública. Los combatientes que lleguen primero a los acantonamientos podrían ser parte del 30 por ciento que entrega sus armas en la primera transferencia en el día D +90.

La Misión de las Naciones Unidas y el Mecanismo Tripartito para verificar y monitorear el cese al fuego y la dejación de armas también tienen roles claves[fn]UN: First 2 Deadlines in Colombia Cease-Fire Can’t Be Met”, The New York Times, 11 de enero de 2017. “‘Ya tenemos 17 zonas arrendadas y 8 en trámite’: Carlos Córdoba”, Semana, 10 de enero de 2017. “Para evitar más muertes, Sergio Jaramillo propone acelerar implementación de acuerdos”, El Espectador, 16 de noviembre de 2016; “Intervención del Presidente Juan Manuel Santos en el acto de la Firma del Nuevo Acuerdo de Paz con las Farc”, Presidencia de la República, 24 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Si bien han estado involucrados en la verificación de violaciones al cese al fuego, también se han visto implicados en algunos incidentes de comportamiento inadecuado. A pesar de no estar directamente involucrados, las acusaciones del Gobernador de Antioquia sobre casos de prostitución con niñas menores de edad y alto consumo de alcohol por parte de las FARC en pueblos cercanos a las zonas de concentración sugieren una falta clara de información acerca del proceso de cese al fuego. El Mecanismo Tripartito confirmó, posteriormente, que no había hechos de prostitución pero verificó un caso en el que un miembro de las FARC violó el protocolo, abandonando la zona sin permiso, y bebiendo y discutiendo con un civil en un pequeño caserío. El Gobernador visitó las zonas después de un abierto apoyo del PCD y, posteriormente, se retractó de sus acusaciones iniciales. Aun así, el Mecanismo Tripartito, incluyendo a la misión de la ONU, se convirtió en el árbitro entre rivales políticos[fn]La pelea entre las FARC y el gobernador de Antioquia”, Semana, 28 de diciembre de 2016. “Mecanismo de monitoreo y verificación, comunicado de prensa”, Misión de la ONU en Colombia, 30 de diciembre de 2016. “Uribe dice estar dispuesto a acompañar al gobernador de Antioquia a sitios de preconcentración”, RCN, 29 de diciembre de 2016. “Así avanza la polémica revisión de las zonas de concentración en Antioquia”, Semana, 7 de enero de 2016.Hide Footnote .

En un caso con más relevancia pública, fueron difundidas imágenes de funcionarios de la Misión de la ONU bailando con miembros de las FARC durante las fiestas de año nuevo, llevando a una protesta enérgica de la oposición que cuestionó la credibilidad e imparcialidad de la misión. Los funcionarios involucrados en este hecho fueron apartados de sus cargos, en un incidente visto por muchos como exagerado[fn]MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA SEPARA A OBSERVADORES DE SU SERVICIO”, Misión de la ONU en Colombia, 5 de enero de 2016. Marta Ruiz, “El episodio de los verificadores: un escándalo desproporcionado”, Semana, 6 de enero de 2017.Hide Footnote .

En su primer informe, que logró solo una circulación limitada en los medios y en la opinión pública, la misión de la ONU anotó que ya hay 280 observadores en el país, y que su número llegaría a 450 en enero, aunque la llegada del componente civil quedó retrasada hasta el despliegue de los militares. Un equilibrio entre el componente civil y militar de la misión es esencial, especialmente para ayudar a mantener fuertes relaciones entre la misión, las autoridades locales y las comunidades. Al 7 de diciembre de 2016, la misión había monitoreado 183 desplazamientos de combatientes de las FARC y tratado 27 requerimientos de verificación, de los cuales solo nueve podían ser investigados ya que los restantes sobrepasaban su mandato[fn]PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MM&V”, Mecanismo y Monitoreo y Verificación, 30 de diciembre de 2016.Hide Footnote .

El problemático inicio del agrupamiento de las fuerzas de las FARC no debe opacar la importancia del papel de la misión en la futura dejación de armas. El despliegue completo del personal en todas las zonas de concentración y la comunicación periódica a los medios, más allá de los reportes regulares, con consentimiento del gobierno y las FARC, ayudarían a mejorar la efectividad y posición pública de la misión, así como las percepciones de avances del proceso. La misión debería trabajar también de cerca con el gobierno y las FARC y presionar para que se cumpla, pese a los retrasos, el cronograma de dejación de armas establecido en el acuerdo de paz.

Una estrategia de comunicaciones sólida para el momento en que las FARC dejen las armas es crucial para congregar apoyo al proceso. La oposición no ha criticado los retrasos iniciales, sino que ha concentrado sus reparos en la relación entre la ONU, el gobierno y las FARC. Sus reclamos se han basado más en la desconfianza hacia la guerrilla, la cual podría profundizarse si la dejación de armas no es lo suficientemente transparente, punto que la oposición ha puesto en duda incesantemente. Para superar este escepticismo, las FARC deberían dejar de lado sus recelos y permitir que se fotografíe a combatientes que entregan sus armas a la misión de la ONU. Su nueva experticia en el manejo de medios, que ha ayudado a transformar su imagen pública, y su interés en ganar capital político, sugeriría que puedan permitirlo[fn]Entrevistas de Crisis Group con un negociador de las FARC, La Habana, 9 de junio de 2016; con un diplomático de alto nivel, Bogotá, 28 de noviembre de 2016. “Nueva estética de las Farc, ¿Estrategia mediática o cambio verdadero?”, Semana, 12 de noviembre de 2016.Hide Footnote . El costo de no hacerlo podría ser la proliferación de reclamos en el sentido que las FARC no han entregado todas sus armas.

La entrega está prevista para el final de los seis meses después del día D, pero para entonces la JEP todavía no estará operando. Dado que la justicia fue uno de los puntos más controvertidos del acuerdo de paz, el escrutinio de la oposición al sistema de justicia transicional y sus recelos sobre la JEP serán permanentes en los debates de 2017. Esto beneficia a los combatientes de las FARC, ya que desde los primeros días se dispondrán recursos para la amnistía, las medidas de seguridad y la reincorporación, mientras que las sentencias de la JEP se conocerán mucho más tarde. Esto puede generar la impresión de que las FARC están siendo premiadas antes de haber cumplido cualquier obligación judicial o con la verdad[fn]Entrevista de Crisis Group con un miembro de la comunidad internacional, Bogotá, 14 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Cuando las campañas al Congreso y la Presidencia entren en la recta final, la JEP probablemente apenas estará conociendo sus primeros casos. La forma en la que se lleven los casos y el comportamiento de los acusados hacia las cortes serán, muy seguramente, fuentes de escrutinio de la oposición y de los electores.

Las FARC deberán cooperar lo más posible con los mecanismos de justicia transicional, incluyendo la JEP, la comisión de la verdad y la búsqueda de los restos de las víctimas de la desaparición forzada. Al demostrar su compromiso para cumplir con todas sus obligaciones, incluso a riesgo personal, los líderes de las FARC podrán influir en las opiniones a favor de la paz y socavar los argumentos de la oposición. No hacerlo o usar los mecanismos judiciales para defender sus esfuerzos bélicos, señalar culpables y/o negar responsabilidades solo fortalecería la opinión en contra de la guerrilla y del acuerdo de paz. Los miembros de las Fuerzas Armadas deberán también comparecer ante la JEP de manera que no se alimente la percepción de que este mecanismo es solo para las FARC y que protege a los funcionarios del Estado.

Las manifestaciones de arrepentimiento público por los crímenes más atroces deberán continuar siendo una prioridad tanto para las FARC como para el gobierno, lo que ayudaría a generar más apoyo al acuerdo. Las FARC ya pidieron perdón por la muerte de 11 diputados en 2007; deberían hacer lo mismo por el atentado contra el club El Nogal en Bogotá en 2003. Estos pedidos de perdón no deberían convertirse en espectáculos públicos de arrepentimiento con fines políticos[fn]El perdón público en La Chinita por una masacre ocurrida en 1994 tuvo mucho de espectáculo pero poco de sustancia según un asistente. Entrevista de Crisis Group a un diplomático, Bogotá, 21 de octubre de 2016.Hide Footnote . Asimismo, y de manera más general, las etapas iniciales de la implementación y otras actividades de la paz deberán mantener su énfasis en las víctimas y su participación, incluyendo esfuerzos que permitan encontrar a las víctimas de desaparición forzada y la cooperación con la comisión de la verdad. No mantener a las víctimas como eje central del proceso de implementación socavaría el argumento de su importancia en las negociaciones y la legitimidad del acuerdo. Las cosas se han tornado más complicadas desde el plebiscito por las disputas entre diferentes actores de la oposición y del movimiento en pro del acuerdo sobre el derecho de representar a las víctimas, diferencias que inevitablemente continuarán durante la campaña electoral[fn]Miembros de la oposición decían hablar por las víctimas de las FARC, incluyendo Sofía Gaviria y Herbin Hoyos, como también lo hacían líderes del gobierno y del movimiento pro acuerdo.Hide Footnote . El gobierno también necesita continuar con su labor pedagógica para que las comunidades locales y regionales se apropien del acuerdo y así se incremente el costo de diluir o parar su implementación. La oposición demostró durante la campaña del plebiscito que ligar el acuerdo a la vida diaria de las personas, de manera veraz o no, es una estrategia efectiva[fn]Entrevistas de Crisis Group con un activista político y con un profesor universitario, Bogotá, 16 de noviembre de 2016; con un negociador de la oposición, Bogotá, 30 de noviembre de 2016. “El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia”, La República, 5 de octubre de 2016.Hide Footnote . Igualmente, será importante mantener una comunicación proactiva que muestre el progreso en la implementación.

Otros esfuerzos, especialmente aquellos relacionados con desminado, también ayudarán a mostrar medidas tangibles de progreso. Uno de estos hechos, por ejemplo, es el reciente anuncio de que la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño, Antioquia, quedó libre de minas, tras la detonación de 46 artefactos durante más de un año[fn]Deicy Johana Pareja M., “El Orejón, la vereda que es ejemplo del desminado humanitario”, El Tiempo, 22 de diciembre de 2016; “Vereda Orejón, municipio de Briceño (Antioquia)”, Dirección Contra Minas, n.d.Hide Footnote . Tales esfuerzos, junto con proyectos pilotos de sustitución de cultivos y otras iniciativas de rápido impacto, podrán ayudar a que las comunidades sientan que la paz trae progresos materiales a su vida cotidiana y mejores expectativas de desarrollo económico e institucional. El Ministerio del Posconflicto anunció que ejecutará 700 proyectos en los primeros 100 días de la paz, además del Plan de Respuesta Rápida: iniciativas como estas serán cruciales. Sin embargo, aún falta apoyo financiero y político dentro del gobierno para asegurar una exitosa implementación. Manejar adecuadamente las expectativas de las comunidades locales será indispensable.

Finalmente, también debería explorarse la creación de un espacio para reiniciar y mantener un diálogo político con la oposición sobre la implementación. Este diálogo puede iniciarse con una invitación a que los líderes del “no” participen en las reuniones sobre verificación y/o implementación y así canalizar el debate político hacia esfuerzos para estabilizar el proceso de paz en vez de socavarlo[fn]Entrevistas de Crisis Group con un negociador de la oposición, Bogotá, 8 y 30 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

C. La paz y otros actores armados

La implementación del acuerdo de paz renegociado enfrenta grandes retos, tanto a nivel regional como local, dada la presencia de otros actores armados, que, a su turno, influenciarán el apoyo nacional al proceso. Dentro de estos grupos, el principal es el ELN, con el que está programado un inicio de conversaciones de paz el 7 de febrero[fn]“La negociación entre el Gobierno y el ELN arranca el 7 de febrero”, Semana, 18 de enero de 2017.Hide Footnote . Tratar de implementar el acuerdo con las FARC en zonas en las que el ELN tiene presencia activa implica serios dilemas.

La violencia del ELN afectará la capacidad del gobierno para implementar la paz, sobre todo teniendo en cuenta que este grupo armado está expandiendo su presencia en áreas del conflicto prioritarias para la implementación de los acuerdos, tales como el Catatumbo y Arauca (ambas en la frontera con Venezuela), así como en Cauca, Nariño y Chocó. Incluso partes del acuerdo que gozan de amplio apoyo, tal como el cese de fuego, están siendo afectadas por la presencia del ELN, como se vio en el incidente ocurrido en Santa Rosa del Sur[fn]Comunicado del Mecanismo Tripartito, 30 de noviembre de 2016. Los combatientes de las FARC involucrados en el incidente se habían presentado como combatientes del ELN, lo que llevó a que el Ejército los atacara bajo el supuesto de no estar violando el cese al fuego.Hide Footnote . Establecer una presencia estatal efectiva en zonas donde el control del territorio está todavía en disputa entre grupos armados costará vidas y recursos. La integridad del proceso de paz con las FARC estará en juego también en zonas donde se espera que poco cambie en términos de violencia, tales como Arauca, Cauca y el Catatumbo[fn]Algunas muertes recientes en el Cauca, donde los asesinatos se han incrementado, han sido atribuidas al ELN. “Tres hombres asesinados en zona rural de Silvia, en el norte del Cauca”, El Tiempo, 20 de septiembre de 2016. El ELN también ha sido acusado de “matar comunistas” en Arauca. Carlos A. Lozano Guillén, “Mirador: Carta a Gabino (I)”, Periódico Voz, 2 de septiembre de 2016.Hide Footnote . La situación es más grave en lugares donde las FARC y el ELN han hecho acuerdos o coordinado una transferencia del control de territorios como en Cauca y Nariño[fn]Entrevistas de Crisis Group con un diplomático de alto nivel, Bogotá, 2 de agosto de 2016; funcionario gubernamental, Bogotá, 9 de diciembre de 2016.Hide Footnote .

Para una implementación efectiva del acuerdo con las FARC es también importante convencer al ELN de que puede confiar en el compromiso del gobierno de honrar los acuerdos firmados con la insurgencia. Después del plebiscito, el grupo ha cuestionado internamente los méritos de confiar en que el gobierno cumplirá sus promesas, exacerbando la mutua cautela de las partes, que ha sido incluso más aguda que la que existió entre el gobierno y las FARC al inicio de las negociaciones[fn]En reuniones secretas entre el gobierno y las FARC, estas últimas concluyeron que Santos estaba comprometido con la paz. El ELN, por su parte, durante conversaciones para definir una agenda de negociación, argumentó, años después, que Santos representaba a las viejas élites. Esto ha llevado a que algunos dentro del ELN vean las negociaciones con el gobierno como un camino a seguir, pero no en este momento. Véase Víctor de Currea-Lugo, “Eln dice estar listo para la paz, entrevista con Antonio García”, El Espectador, 9 de diciembre de 2016. Entrevistas de Crisis Group con expertos del ELN, Bogotá, 3 de octubre de 2016; Llanos del Yarí, 23 se septiembre de 2016.Hide Footnote . Cualquier otro deterioro de la confianza del ELN y el Estado pondrá en riesgo la posibilidad de un acuerdo de paz con este grupo en el futuro cercano. También sería desastroso para el apoyo público que la presencia del ELN en los territorios que ocupaban las FARC lleve al fracaso en la implementación del acuerdo, lo que a su vez conduciría al ELN a seguir desconfiando de la capacidad del gobierno para lograr la paz.

Otros grupos armados tales como los neoparamilitares y los remanentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) también dificultarán la implementación a nivel local[fn]Este informe usa el término “neoparamilitar” en vez de bandas criminales o Bacrim. Soledad Granada, Jorge A. Restrepo and Alonso Tobón García, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano”, en Restrepo y David Aponte (eds.), Guerra y violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones (Bogotá, 2009), pp. 467-499. El frente Libardo Mora Toro, remanente del EPL, opera en la región del Catatumbo. Es el único frente disidente que todavía existe del proceso con el EPL en 1991.Hide Footnote . Estos grupos empezaron a moverse desde hace algún tiempo hacia áreas antes controladas por las FARC y lo seguirán haciendo si no hay acciones contundentes contra ellos en materia de justica y aplicación de la ley. Colombia está siendo testigo de un aumento de los cultivos de coca y los programas de sustitución de cultivos diseñados bajo el acuerdo de paz tardarán algún tiempo en ser efectivos[fn]Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca incrementaron en 40 por ciento el 2015 llegando a 96,000 hectáreas. “Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015”, UNODC, julio de 2016.Hide Footnote . Si otros grupos armados toman el control de las áreas con cultivos ilícitos antes que el Estado, se generarían nuevas dinámicas de violencia que influenciarían el éxito o fracaso de la sustitución de cultivos.

Varios movimientos sociales creen que los neoparamilitares, principalmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), están detrás de los recientes asesinatos de activistas locales, que van en pico, ya sea por razones políticas o económicas[fn]Las AGC, también conocidas como el Cartel del Golfo, Clan Úsuga o Urabeños, fueron creadas después de la desmovilización de los paramilitares en el 2006 y se involucraron de lleno en el tráfico de drogas.Hide Footnote . No obstante, la evidencia para esta afirmación es insuficiente, pues parece que los asesinatos no responden a un único patrón ni son responsabilidad de una única organización[fn]Algunos interpretan los asesinatos como obra de los paramilitares bajo directa influencia de altos líderes de la oposición, aunque no hay evidencia que los conecte a ambos. Véase Oto Higuita, “¿Por qué están asesinando a los voceros e integrantes del Marcha Patriótica?”, Prensa Rural, 2 de diciembre de 2016. “¿Quién está ordenando matar a los líderes sociales en Colombia?”, El Colombiano, 27 de noviembre de 2016. Eduardo González, “¿Quién sigue matando a los líderes sociales en Colombia?”, Razón Pública, 28 de noviembre de 2016. Entrevista telefónica de Crisis Group con diplomático de alto nivel, 28 de noviembre de 2016.Hide Footnote . El ELN está detrás de algunos asesinatos en Arauca; grupos armados con conexiones con élites locales pueden estar jugando un papel en otras regiones como Urabá; y en lugares como el Caguán, el factor principal detrás de las muertes puede ser la posible llegada de nuevos grupos armados[fn]Entrevistas de Crisis Group a un funcionario gubernamental, Bogotá, 2 de diciembre de 2016; analista político, Bogotá, 9 de julio de 2016; diplomático de alto nivel, Bogotá, 28 de noviembre de 2016. Eduardo González, “¿Quién sigue matando a los líderes sociales en Colombia?”, op. cit.Hide Footnote . De cualquier manera, el hecho de que la violencia política aumente hace más difícil la implementación, no solo por sus efectos en la transición de las FARC a la vida civil, sino también porque los líderes comunitarios pueden llegar a ver como riesgosa su participación en los mecanismos de paz[fn]Esto es ya un riesgo dado que el acuerdo renegociado debilita la participación comunitaria. Juanita León, “La gran diferencia entre el Acuerdo I y el Acuerdo II”, La Silla Vacía, 15 de noviembre de 2016.Hide Footnote .

Si bien el acuerdo incluye varias iniciativas para luchar contra estos grupos, como la creación de una nueva unidad de investigaciones dentro de la Fiscalía General de la Nación, y llamados a la comunidad internacional para respaldarlas, estas son necesarias pero no suficientes para contrarrestar los nuevos patrones de coerción en las regiones. Un riesgo evidente es que la implementación del acuerdo genere más violencia en algunos territorios si el Estado no es lo suficientemente ágil para proteger a las poblaciones locales y combatir a los grupos neoparamilitares.

Hay varias razones para prever el aumento de la violencia criminal y política una vez iniciado el acuerdo de paz. La primera, que grupos armados podrían enfrentarse por el control de territorios dejados por las FARC, como ya ha ocurrido con el ELN y las AGC. Estas serían zonas con economías ilícitas fortalecidas, rutas de tráfico ilegal y puntos militares estratégicos, como Tumaco, Chocó y el Nudo de Paramillo, por ejemplo. Otras razones son más políticas, como las preocupaciones de las élites terratenientes sobre la reforma rural, a pesar de que algunos puntos polémicos fueron aclarados en el nuevo acuerdo[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial gubernamental Bogotá, 9 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Si la relación entre algunas de estas élites y los grupos y/o actores armados ilegales continúa y se dirige a atacar el acuerdo sobre redistribución de tierras, la violencia podría aumentar, incluyendo en zonas tradicionalmente vulnerables al conflicto de tierras como Urabá[fn]James Bargent, “BACRIM Vuelve a sus Raíces Paramilitares en la Lucha por la Tierra en Colombia”, Insight Crime, 19 de julio de 2013.Hide Footnote .

Otra fuente de violencia que resultaría de la implementación del acuerdo de paz son los ataques continuos contra líderes sociales dada la percepción de una inminente apertura en los sistemas políticos regionales y locales, incluyendo 16 circunscripciones especiales en el Congreso para áreas afectadas por el conflicto[fn]El acuerdo de paz crea 16 circunscripciones especiales en el Congreso, para que las regiones afectadas por el conflicto puedan tener una voz más fuerte en la legislación y formulación de políticas. La idea es que aquellos que se postulen a estos puestos no sean parte de partidos políticos establecidos (incluido el partido que establecerán las FARC), representen regiones aisladas y den voz a las víctimas. Ver “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, GOC and FARC-EP, 24 de noviembre de 2016, p. 54.Hide Footnote . Esta violencia política local, de mentalidad conservadora, tiene su arraigo histórico en Colombia y explica cómo los paramilitares obtuvieron tanto poder entre los ochenta y noventa[fn]Mauricio Romero, Paramilitares y Autodefensas (1982-2003), IEPRI (Bogotá, 2003).Hide Footnote . Un repunte en este tipo de violencia sería cualitativamente similar a aquel ejercido contra la Unión Patriótica (UP) en esas décadas, a pesar de que es poco probable que alcance niveles similares. Demasiados actores internacionales ya están atentos y preocupados, elevándose así su costo.

D. Fortalecimiento institucional

Durante 2017 el apoyo político al acuerdo puede verse afectado no solo por la situación de violencia y seguridad en el terreno. El mayor problema para una implementación fluida está en las instituciones encargadas de administrar la transición de la guerra a la paz. Algunas del orden nacional solo existen en papel, no tienen suficientes funcionarios ni capacidad para ejecutar presupuestos o proyectos: dentro de estas se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación Territorial y la Agencia para el Desarrollo Rural[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group con un diplomático de alto nivel, Bogotá, 28 de noviembre de 2016.Hide Footnote . Si no puede ejercer acciones en el terreno, el Estado podría correr el riesgo de perder la oportunidad para ganar legitimidad en lo local. Debido a que estas instituciones deben constituirse en tiempos de limitaciones en el gasto público, el apoyo financiero y político es frágil, en especial dada la resistencia actual e histórica a la reforma rural. Enfrentándose a la amenaza de ser ahogadas por falta de recursos o llevadas a la invisibilidad a lo largo del tiempo, como ya ha ocurrido con entidades enfocadas al tema rural, se necesita brindarlas apoyo del más alto nivel, además de recursos y personal[fn]Para una rápida reseña de la reforma agraria y sus implicaciones institucionales, véase La política de reforma agraria y tierras en Colombia Esbozo de una memoria institucional, Centro Nacional de Memoria Histórica (Bogotá, 2013).Hide Footnote .

La fragmentación institucional plantea dilemas adicionales. La presión política para combatir el incremento en los cultivos de coca ha llevado a que diversos actores estatales adopten estrategias rivales, algunas de las cuales podrían contradecir el espíritu del acuerdo. Este riesgo existe y podría profundizarse en caso de que la oposición llegue al poder en 2018. Los actores políticos locales también carecen de la capacidad técnica e institucional para implementar varias partes del acuerdo y, en algunos casos, su voluntad para hacerlo puede ser frágil si no sienten que pueden obtener recursos financieros para sus regiones[fn]Entrevista de Crisis Group con un analista político, Bogotá, 3 de diciembre de 2016.Hide Footnote .

El Plan de Respuesta Rápida (PRR), diseñado por el Ministerio del Posconflicto (MPC) para ser implementado con y a través de otras instituciones, necesita tanto apoyo político como financiero. La fricción entre las instituciones encargadas de implementar el acuerdo, el MPS y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sigue siendo problemática, y algunas instituciones sienten que las dos últimas sobrepasan sus límites y son demasiado influyentes. La falta de claridad entre el PRR y la implementación de aspectos de más largo plazo del acuerdo de paz también genera amplias preocupaciones[fn]Entrevistas de Crisis Group con un funcionario del gobierno, Bogotá, 9 de diciembre de 2016; y con un analista político, Bogotá, 2 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Es necesario un liderazgo más contundente que pueda complementarse con la presión de la comunidad internacional.

V. El papel de la comunidad internacional

La comunidad internacional se ha enfocado en apoyar el proceso de paz y en asegurarse de que este concluya en un acuerdo viable y robusto. Lo ha hecho a través de aportes económicos para financiar las instituciones del Estado y a los actores de la sociedad civil que trabajan en temas de paz; a través de apoyo político al proceso; a través de delegados de los países garantes, naciones amigas y enviados especiales de Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania; y a través del apoyo técnico en temas de implementación, tales como su respaldo a los mecanismos de justicia locales y la formalización de los títulos de tierras. Todo este apoyo sigue siendo crucial.

A. Implementación y apoyo político

Bajo el contexto político actual, es necesario un rápido inicio de la implementación, con victorias tempranas. A pesar de que el plebiscito sugiere que el apoyo internacional de alto nivel fue menos efectivo de lo que se anticipaba, los delegados y enviados que ayudaron en las negociaciones deberán continuar presionando para que el acuerdo se implemente. No solo serían de gran ayuda en la resolución de disputas y en influenciar al gobierno y a las FARC, sino que también podrían destacar el amplio compromiso extranjero con la paz en Colombia[fn]El enviado especial de los Estados Unidos a los diálogos de paz, Bernie Aronson, ya no juega este rol, y no se avizora un reemplazo. El Secretario de Estado nominado, Rex Tillerson, declaró en una respuesta escrita a las preguntas como parte de su proceso de confirmación que los Estados Unidos tendrían que “revisar” el nuevo acuerdo de paz para determinar qué partes apoyaría. “Trump’s State nominee raises doubts on Colombia peace pact”, The Washington Post, 22 de enero de 2017.Hide Footnote . La comunidad internacional puede jugar un papel imprescindible en incrementar el costo de obstruir o ignorar la reforma rural planteada en el acuerdo, un punto que enfrentará resistencia política a diferentes niveles. Otra gran contribución será la ayuda financiera y al aliento para que el gobierno ponga a funcionar instituciones claves para la implementación.

El apoyo internacional también puede tener incidencia en las decisiones de las FARC, especialmente si un eventual gobierno de oposición propone cambios al acuerdo, lo rechaza o no tiene la voluntad de implementarlo. Dadas las preocupaciones del grupo sobre una plena implementación, un cambio de gobierno puede minar su compromiso con la paz, llevando así a una fragmentación y a que algunas facciones retornen a la violencia organizada. Instarle a las FARC a mantener su compromiso con la paz será vital. En este punto, una segunda misión de la ONU, solicitada en el acuerdo de paz para monitorear la participación política, reincorporación y garantías de seguridad de las FARC, tendrá un rol primordial para mantener la confianza entre la guerrilla y el gobierno. También suscitará polémica política, ya que su mandato abarca la cuestión más controvertida en el nuevo acuerdo: la participación de las FARC en política. Deberá estar funcionando muy pronto para poder cumplir su mandato. La preparación temprana para aprovechar el período antes de que comience su mandato es esencial.

La ayuda financiera también será esencial, especialmente después de 2017. Colombia es incapaz de asumir totalmente los costos de las promesas para el posconflicto, algo que la comunidad internacional se ha comprometido a hacer. En el largo plazo, el apoyo financiero puede ayudar a persuadir al nuevo gobierno a honrar aspectos cuestionados del acuerdo. Los aliados internacionales también podrán trabajar directamente con gobiernos locales, a través de asistencia técnica y financiera, y garantizando que las diferencias políticas entre los niveles locales, regionales y nacional no impidan la implementación[fn]Entrevista de Crisis Group con un analista político, Bogotá, 3 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Finalmente, también requerirá financiación la continuidad en el país de actores internacionales no estatales, como los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Refugiados, entre otros, quienes tienen un papel importante que cumplir en el posconflicto en temas de desplazamiento, fronteras y violencia, aspectos cruciales que pueden entorpecer una exitosa transición de la guerra a la paz.

B. El tema especial de las drogas

Es poco probable que la implementación del acuerdo de paz lleve a una disminución significativa de los cultivos de coca antes de 2018. Los nuevos programas de restitución requieren de tiempo para dar resultados y podrán ser cercenados si el apoyo flaquea. Los recientes incrementos en la producción de coca han hecho que el tema de las drogas cobre nuevamente importancia, tanto en el ámbito político como en el de prevención de la violencia. La oposición insiste en que el incremento en hectáreas cultivadas y el fracaso de la política contra las drogas es fruto de las concesiones hechas a las FARC, incluyendo la prohibición de aspersión aérea. La política de drogas es también objeto de tensión dentro del gobierno, y entre Bogotá y las comunidades locales[fn]“Procurador colombiano acusa a Santos de proteger cultivos de las FARC”, El Nuevo Heraldo, 18 de abril de 2016; “Uribe considera que fin de aspersiones con glifosato es exigencia de las Farc”, El Nuevo Heraldo, 10 de mayo de 2015. Entre julio y septiembre de 2016, las protestas de cultivadores de coca, principalmente en el Putumayo, duraron 39 días. Los campesinos rechazaban el uso de precursores químicos para aplicarse directamente en el suelo como parte de la erradicación manual. Los campesinos del Putumayo también elevaron sus inquietudes sobre la política de drogas y la implementación de los acuerdos de paz en materia de sustitución de cultivos. Véase “Razones del paro cocalero en Putumayo”, El Espectador, 19 de agosto dl 2016; “Levantan protesta cocalera en Putumayo”, El País de Cali, 7 de septiembre de 2016; entrevistas de Crisis Group a líderes locales y cultivadores de coca, 20-24 de marzo de 2016. El nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, llamó a que la fumigación se reinicie pero con nuevos químicos. “Fiscal pide volver a la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos”, El Tiempo, 4 de septiembre de 2016.Hide Footnote . Cuando se publiquen este año los informes sobre áreas cultivadas probablemente mostrarán un incremento en e2016, fecha que precede la iniciación de programas de sustitución de cultivos contemplados en el acuerdo de paz. Esto aumentará los llamados para una política tradicional que incluya la erradicación forzada. El plan del gobierno de sustituir y erradicar forzadamente 50 mil hectáreas en 2017 es probablemente inalcanzable y crearía serias tensiones en el campo. Volver a una erradicación forzada produciría una tensión innecesaria con las FARC y cerraría la oportunidad que tiene el Estado para lograr legitimidad en áreas con alta presencia de cultivos de coca.

La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, debería darle una oportunidad al acuerdo sobre drogas ilícitas sin esperar reducciones inmediatas en las áreas cultivadas. El énfasis debería ser fortalecer la interdicción dentro y fuera de Colombia, y apoyar la rápida y efectiva implementación de los puntos más relevantes dentro del acuerdo de paz. Priorizar tal implementación más allá de los intereses políticos nacionales e internacionales de las políticas tradicionales antinarcóticos será crítico, más aún cuando volver a la costosa erradicación manual, cuyos resultados son fácilmente reversibles, no es garantía de éxito.

VI. Conclusión

Colombia ha firmado y ratificado el acuerdo de paz, y la totalidad de los miembros de las FARC estará pronto acantonada en lugares en los que entregarán sus armas e iniciarán su transición a la vida civil. Si bien esto es motivo de celebración, la manera en que la paz fue firmada y aprobada es altamente controversial, y el acuerdo parece carecer de una base amplia, estable y sostenible de apoyo político. Diferentes escenarios amenazan la implementación y con una oposición unida y fortalecida, el futuro parece algo sombrío para los líderes que apoyaron el acuerdo. El acuerdo de paz estará en el centro del debate de cara a las elecciones presidenciales de 2018 y será foco de múltiples agravios que pueden producir un resultado similar a los del plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Durante 2017 será necesario un rápido y sustancial progreso en aspectos críticos de la implementación del acuerdo de manera que se altere la balanza a su favor. La implementación se enfrenta a amenazas concretas, profundizadas en parte por las disputas políticas alrededor del acuerdo de paz: déficit financiero, el intermitente proceso de paz con el ELN, instituciones débiles y rivalidades internas en el gobierno, y los asesinatos selectivos en áreas rurales. Si los esfuerzos para implementar el acuerdo no sobrepasan estos obstáculos algunos puntos acordados pueden estar condenados al fracaso antes incluso de que tengan alguna posibilidad de éxito. Si eso sucede, el compromiso de las FARC con la paz, la posibilidad de una negociación similar con el ELN y las perspectivas de enfrentar las causas estructurales del conflicto quedarán en veremos. La batalla inmediata por firmar un acuerdo se ha ganado, pero es todavía prematuro declarar una victoria para la paz.

Bogotá/Bruselas, 31 de enero de 2017

Anexo A: Mapa de Colombia

Mapa de Colombia AB Carto/International Crisis Group
EU Watch List / Global

Watch List 2021 – Autumn Update

Every year Crisis Group publishes two additional Watch List updates that complement its annual Watch List for the EU, most recently published in January 2021. These publications identify major crises and conflict situations where the European Union and its member states can generate stronger prospects for peace. The Autumn Update of the Watch List 2021 includes entries on Afghanistan, Burundi, Iran, Nagorno-Karabakh and Nicaragua.

Table of Contents

Thinking Through the Dilemmas of Aid to Afghanistan

Afghanistan is in the throes of a humanitarian crisis – driven by displacement, drought, the COVID-19 pandemic and a struggling economy – that has sharply worsened since the Taliban’s takeover and the prior government’s collapse on 15 August. A fundamental challenge is the country’s extreme dependency on external funds, much of which are now suspended due to understandable foreign concerns about the Taliban government’s direction. Humanitarian aid continues to arrive, but other disbursements that before the political upheaval were used to underwrite development programs, pay civil servants, provide public services and keep government functioning have ceased. Joblessness and poverty are climbing as a result. Afghanistan’s dire straits mean that donors, including the European Union (EU), have to grapple with the dilemma of how to support a population in growing distress while adhering to principles – including protection of fundamental freedoms, equal rights for women and the rule of law – that conflict with emerging Taliban government policies and practices. Although the Taliban’s transition from insurgency to governance is at an early stage, the group’s history and its actions in government so far indicate that there will likely be a wide gap between the nature of their rule and donors’ values. This gap looks set to limit the extent to which the EU and member states can provide a funding lifeline that would inevitably accrue to the benefit of Taliban regime consolidation.

The EU has framed its criteria for engaging the Taliban government around five benchmarks. These entail the Taliban: (i) allowing the safe, secure and orderly departure of all foreigners and Afghans who wish to leave the country; (ii) promoting, protecting and respecting human rights, particularly for women and minorities, the rule of law and fundamental freedoms; (iii) enabling free access for humanitarian operations (including for female staff) in line with international humanitarian law; (iv) preventing anyone from financing, hosting or supporting terrorist activity from inside Afghanistan and ceasing all ties with international terrorism; and (v) lastly, establishing an inclusive and representative government through negotiations. Brussels has made clear that it will continue “operational engagement” – interactions with the Taliban on practical matters like evacuations and humanitarian operations that do not imply recognition or the resumption of normal diplomatic relations, though the concept is deliberately ambiguous to give the EU greater flexibility.

Consistent with this framework, the EU and its member states should:

  • Maximise humanitarian assistance. The EU has already answered a portion of a UN flash appeal for additional such aid. It could now take a lead role in funding the UN appeal for the rest of 2021, by making further contributions and rallying other donors. Particular attention is needed to ensure that the health care system, already in a precarious state, does not completely fall apart. Donors in this area will likely have to work with and through the Taliban’s health ministry to some extent, in addition to funding international NGOs still present in Afghanistan.
     
  • Adhere to the EU Council’s five-part framework for engagement with the Taliban but interpret it flexibly enough – meaning the EU should work towards the achievement of the five principles rather than using them as prior conditions – to help prevent the collapse of essential, life-saving public services, particularly health care, even though the Taliban are unlikely to meet all the conditions in the framework. Preventing such collapse will require provision of funding for some civil servants’ salaries, such as for health care providers.
     
  • Through diplomatic engagement with the Taliban, keep making clear the benchmarks that the new government would need to meet in order to receive European development assistance. The EU and European governments should set a small number of specific objectives drawn from the five-part framework for particular diplomatic focus, tied to a modest volume of development aid, as a means of testing the prospects for using aid as leverage. Because of its importance, educational access for girls and women could be a benchmark for the delivery of non-humanitarian aid. Earmarking aid for girls’ and women’s education is less likely to motivate the Taliban government to make changes than making aid available for other purposes of more interest to the group.
     
  • Emphasise in engagement with the Taliban that they should follow through on promises they themselves have made, such as their public assurances that restrictions on girls’ education will only be temporary.
     
  • Prepare for the possibility of increased migration to Europe of Afghan asylum seekers as the humanitarian situation deteriorates. Preparation predominantly should include increasing reception capacity in EU member states. Afghanistan’s neighbours, particularly Pakistan and Iran, already host millions of Afghans and are unlikely to welcome additional large numbers, even if Europe offers financial support.

A Severe Humanitarian and Economic Crisis

Since the Taliban seized power, the overall level of violence in the country has dropped considerably. But more than 3.5 million people remain internally displaced, and many of them have little prospect of returning home, due to property damage, crop failure and fear of Taliban revenge killings as well as fresh violence related to newly shifting power relations among tribes, clans and ethnic groups.

Meanwhile, the country’s economic woes are deepening. The Taliban have put at the helm of economic policymaking individuals without relevant experience or qualifications, and the suspension of non-humanitarian foreign aid has starved the public sector of resources. Before the Taliban took over, public spending was about 75 per cent financed by foreign donors; without such assistance, the vast majority of civil servants are not being paid. The Afghan National Defence and Security Forces had been a major employer, providing income to many rural families, but are now defunct. Most of the Afghan central bank’s reserves, managed by the U.S. Federal Reserve, are now frozen and unlikely to be released soon, contributing to a liquidity crisis.

The UN made a flash appeal for humanitarian aid that was the focus of a 13 September donors’ conference in Geneva, seeking $606 million to meet immediate needs. The EU increased its planned humanitarian aid spending for 2021 from €57 million to €200 million, almost a fourfold increase – but more money is needed. The UN’s appeal is only about 35 per cent funded as of early October.

This aid may help Afghanistan avert severe food insecurity, but with non-humanitarian assistance suspended, it is unlikely to prevent a sharp economic downturn. Whether or not to restart that assistance – and in what circumstances – presents the EU and other donors with a true conundrum.

EU Aid to Afghanistan and Conditionality

The EU has been one of the main financial backers of the heavily aid-dependent Afghan state, with €1.4 billion committed between 2014 and 2020. Brussels sent much of this aid as budget support for the Afghan government, to help finance agriculture and rural development programs, health care, policing, the justice system, anti-corruption initiatives and democratisation projects. Even before the Taliban seized power in August, however, the Afghan government’s uneven commitment to EU aid conditions (particularly enhancing governance and public institutions, fighting corruption, and fostering human rights and fundamental freedoms, especially for women, children and minorities) led the EU to slow or withhold the release of some of its assistance.

The Taliban takeover prompted the EU to suspend non-humanitarian aid altogether and re-evaluate its conditionality framework. On 21 September, the EU Council defined five benchmarks, outlined above, that would guide any future engagement with the Taliban government, though the EU has made it clear that for now it intends to keep what it is calling operational lines of communication to the movement open. Neither the EU nor any of its member states have yet clarified how stringently these benchmarks will be used as aid conditions. Yet, even as humanitarian aid for 2021 has been significantly increased, so long as the EU is not able to verify progress on the benchmarks, the €1 billion that Brussels was planning to deliver from 2021 to 2027 for development assistance will stay in European coffers.

Taliban Priorities and Reactions to EU Conditionality

The Taliban have not publicly responded to the EU’s conditionality framework. Indeed, few of the Taliban interlocutors who spoke with Crisis Group had even studied it. They were, however, aware of the broad contours of EU demands, given that various regional and other states have been pushing similar agendas to varying degrees.

The Taliban are pressing for the establishment of a working relationship with the EU.

The Taliban appear to have an optimistic set of objectives for what they want from the EU and its member states: formal recognition, normalised diplomatic relations and unconditional aid to the country. As an immediate priority, the Taliban are pressing for the establishment of a working relationship with the EU. They see the possibility of Europeans re-establishing diplomatic presences in Kabul as a stepping stone to formal recognition. The Taliban see these measures as warranted because they have unchallenged authority in Afghanistan and because they believe the country remains strategically important to the EU. Some Taliban interlocutors warn that if Western states shun their government, they could increasingly fall under the influence of meddling neighbours, particularly Pakistan. They also caution (whether genuinely or opportunistically is difficult to say) that if Western countries do not quickly display good-will, the group will assume that they are hostile and defer to hardliners who wish to reinforce the group’s Islamist and jihadist credentials.

Be that as it may, the Taliban leadership is increasingly cognisant they are unlikely to receive any time soon formal recognition or anything like the financial aid flows the previous government enjoyed. Their most pressing priority seems to be removal of sanctions. The Taliban leadership is aware that to maintain Afghanistan’s public services machinery and ward off state collapse, they will require financial and technical assistance that enables them to restructure their security and intelligence forces and build fiscal management, technological and service-delivery capacity. Without sanctions relief, almost none of that help is attainable. The Taliban’s leaders appear to believe that if they can get even a fraction of the aid the country previously received, then they would be able to run a functioning government. The Taliban seem to want to extract as many benefits as possible while offering little in return.

The Taliban will accept financial aid only if there are minimal conditions. However bad the situation in Afghanistan, at least so far they appear willing to forego assistance if it entails stringent conditions. Publicly, top government officials have emphasised the need to remove conditions for providing aid. Privately, Taliban interlocutors acknowledge the futility of asking for aid with no strings attached but stress that they will be unable to fulfil strict conditions. They say donors should set realistic goals, though have not defined what they would regard as realistic.

Conversations with Taliban interlocutors suggest that the group’s policies are first and foremost driven by concerns internal to the movement, particularly maintaining its cohesion, followed by broader domestic considerations, with demands by outside powers, especially faraway ones, coming a distant third. In practice, the group may frame its actions as ways to address EU concerns, where those concerns align with the Taliban’s own goals. Where they diverge, however, the movement will put internal and domestic imperatives ahead of EU demands.

The Taliban appear to believe they have already fulfilled some of the EU benchmarks. The group cites its cooperation during the post-15 August evacuation of foreign citizens and many Afghans as an example showing it can be a responsible, constructive counterpart. Interlocutors argue that with the main airports again operational, foreign citizens are free to enter and exit the country. Although concerned about brain drain, they say they are prepared to allow Afghans who want to leave the country to do so and they have facilitated some flights, even though there are also anecdotal indications to the contrary. For such cooperation to continue, they will want something in return. Taliban interlocutors also believe they are on track to meet the benchmark regarding humanitarian operations. The Taliban generally attribute occasional interference in humanitarian organisations’ work to lack of discipline among the rank and file, and the group claims to be taking steps to curb such behaviour. At the same time, it is likely that the Taliban will use engagement on humanitarian operations as an opportunity to maximise interactions with foreign states in the hopes of building informal diplomatic relations and implicit recognition.

On counter-terrorism issues, the Taliban believe that compliance with their February 2020 Doha agreement with the United States (which they claim to be honouring) is sufficient to meet this benchmark. The Taliban argue that the Doha agreement set up a framework whereby their government will treat foreign fighters as refugees, with all the rights and obligations this status entails. They say they will take action against any foreign militants who seek to abuse this status. Yet Taliban interlocutors are also keen to emphasise – probably at least in part to deflect responsibility – that they would require continued security and intelligence cooperation from the EU and U.S. to detect and stop threats emanating from the country. Given the increasingly dire challenges the Taliban face, they are unlikely to place a high priority on countering militant groups that they do not see as a threat to themselves. The Taliban also do not appear to have a comprehensive understanding of counter-terrorism obligations under international law and practice, including the obligation to cut off terrorist group financing. The group appears to believe that the Doha agreement, rather than Afghanistan’s broader international obligations, defines its commitments in this area. Taliban interlocutors say they believe the group would require the removal of sanctions as well as financial and technical assistance to fulfil financial counter-terrorism obligations.

The Taliban also argue that outside powers should interpret their latest appointments, which only slightly diversified the ethnic composition of their Pashtun-dominated government, as a sign of their willingness to form an inclusive government. Interlocutors claim that inclusion will be effectuated slowly and incrementally, as the group seeks to balance its fighters’ sensibilities against the need to fulfil its “obligations” to foreign countries. They also suggest that the government is preparing to form a specific ministry for women that will be led by a woman. If their conduct so far is any guide, however, it is likely that the Taliban will at best bring in one woman in a symbolic position, akin to the inclusion of a Hazara as a deputy public health minister, in order to claim that the government has now become inclusive.

One area in which the Taliban have not come anywhere close to meeting European conditions is the protection of rights and fundamental freedoms for women and girls.

One area in which the Taliban have not come anywhere close to meeting European conditions is the protection of rights and fundamental freedoms for women and girls. Taliban interlocutors insist that women will have the right to work and get an education, but they are studiously vague about when, and under what circumstances, women will be able to exercise these rights. On paper, the Taliban have extended girls’ schooling up to the sixth grade to all parts of the country, including the south, where, as an insurgency, local commanders forbade girls to attend even primary school. Anecdotal evidence about women’s access to university education is mixed; while some reports indicate that women have been allowed to attend classes in some places, other reports say new restrictions have made that practically impossible in others. At present, however, girls are not being allowed to attend school from the sixth grade through the twelfth, despite the fact that boys of equivalent grades have resumed schooling. The Taliban have claimed that the exclusion of girls is temporary. But they have set no timeline for when girls will be able to resume their studies, making vague excuses for the delay. The group has also curtailed women’s ability to work outside the home. They have allowed women to resume working in the health and education sectors as well as in a limited number of security roles that involve interaction with other women (such as at airports). Beyond that, the Taliban have generally barred women from going to work until further notice. While Taliban interlocutors told Crisis Group that these restrictions are temporary, the Taliban’s history gives reason for doubt. Scepticism is all the more warranted given many powerful Taliban commanders’ opposition to girls’ education beyond the sixth grade.

On some issues the Taliban see themselves as performing a balancing act between appeasing (as they see it) Western donors and not antagonising their hardline elements. This is seen in spheres such as media and moral policing. The Taliban have so far let many media outlets continue broadcasting. At the same time, numerous journalists report being harassed, arrested and even severely beaten by the Taliban. In the resulting climate, most media outlets are forced to self-censor lest they draw the Taliban’s ire. In deference to hardliners, the group has also reinstituted the Vice and Virtue Ministry, feared under the Taliban regime of the 1990s for its harsh and often violent moral policing. The ministry has thus far abstained from regulating citizen’s behaviour nationwide. There have been reports, however, of ministry officials banning music, the shaving of beards and Western hairstyles, particularly in Helmand province, although the government has rejected these reports as fabricated. As the Taliban government wrestles with a multitude of governance and security challenges, there is a risk that it will reverse these meagre concessions to international opinion – and to the views of many Afghans – to placate hardliners.

What the EU Can Do

The immediate priority should be making sure that Afghanistan gets as much humanitarian aid as it needs. The EU and its member states should contribute additional funds to the UN humanitarian appeal for the rest of 2021 and urge other donor governments to follow suit. In addition to addressing immediate needs, it will be crucial to find ways to prevent the health care system from collapsing. Although this can be partly achieved by providing funds to international NGOs that remain active in the country, it is unlikely that donors will be able to entirely avoid working with and through the Taliban health ministry in doing so, as even if they scale up their operations, these NGOs alone will never be capable of providing health services across the country without some kind of collaboration with the government-run national health system.

Although humanitarian assistance may be able to stave off disaster for the Afghan population, it will not replace the provision of public services. Nor will it prevent the country’s further impoverishment. Should the Taliban make sufficient progress toward the benchmarks set by the EU Council, the European Commission should at least prioritise resuming development assistance in the health sector. At the same time, the EU could evaluate the feasibility of a more expansive development aid program.

While aid conditionality is not likely to shape Taliban policies to any great degree, it is not impossible that renewed aid with conditions could bring some small improvements. The Taliban’s practices are driven primarily by ideology and the group’s perceived need to consolidate its grip on power. The group’s leaders generally appear to believe that, as the military victors, they need not compromise. They seem inclined to blame the country’s economic woes on Western donors, whom they regard as inflexible and bearing grudges, even if it is clear that their own policies and actions, many of which are anathema to European values, are the chief factor obstructing the resumption of non-humanitarian aid. Nevertheless, the EU should continue to test through engagement whether renewed aid with conditionality could bring worthwhile changes, all the while sticking to its five-part framework. It should also keep reminding the Taliban government of its own commitments, such as its statements that the suspension of girls’ secondary education is only temporary.

Lastly, the EU member states should prepare for large numbers of Afghans potentially fleeing the country. Even if humanitarian aid can stave off the worst in the approaching winter, the prospect of repeated humanitarian crises and possibly renewed violence in Afghanistan means that Afghans will continue to seek to migrate abroad. Many will probably head for Pakistan and Iran, the countries next door, where millions of refugees already reside. So far, the EU has suggested it will fund neighbouring countries to host Afghan refugees. But Afghanistan’s neighbours are baulking at accepting new arrivals. Moreover, past attempts to increase the reception capacity of other countries have not prevented large numbers of Afghans from attempting the risky journey to Europe. The EU and its member states should accordingly prepare – politically and operationally – to welcome large numbers of Afghans themselves.

An Opportunity for the EU to Help Steer through Reform in Burundi

After years of strained ties, the European Union (EU) and Burundi again are on speaking terms. The country’s president, Evariste Ndayishimiye, in power since June 2020, started talks with Brussels in February that could eventually lead the EU to resume direct budgetary support for Burundi. In 2016, due to concerns about Burundian government abuses, the EU invoked the suspension provisions in Article 96 of the Cotonou Agreement – its partnership pact with various African, Caribbean and Pacific states – as the basis for cutting that support amid the violent turmoil following former President Pierre Nkurunziza’s contested 2015 election bid. At roughly the same time, Brussels also sanctioned several Burundian officials for their repressive practices and their role in stoking the country’s political crisis. But President Ndayishimiye has sought to put relations between Burundi and its donors on a better footing. By loosening restrictions on civil society and taking a hard line against government corruption, he has tried to allay fears that he will govern like his late predecessor, Nkurunziza, while leaving the door open for dialogue.

Brussels can take heart that several rounds of negotiations with Gitega, Burundi’s official seat of government, have yielded a general Burundian commitment to embark on human rights and good governance reforms. The EU should not open the floodgates of aid money, however, until it can agree with Burundian authorities on more precise benchmarks for these reforms, in light of continued, widespread and destabilising abuses. In the past months, and notwithstanding President Ndayishimiye’s willingness to rein in repression, the intelligence services have cracked down harder on government opponents. The Imbonerakure, the youth militia of the ruling Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), which is dominated by the majority Hutu ethnic group, also continues to harass civilians and target dissenters. Certain members of the minority Tutsi ethnic group are at particular risk. Though Ndayishimiye may be open to addressing alleged abuses, ruling-party hardliners could press him to resist reforms that might loosen the party’s grip on power.

For Brussels to steer Burundi toward reform, it will need to adopt a consistent negotiating position with Gitega, and make sure it has the ability to monitor the latter’s adherence to the agreements it makes. Two obstacles could derail those efforts. First, EU diplomats themselves appear to hold different views as to how hard they should push for reform. Secondly, the pending conclusion of multilateral observer and monitoring missions, partly due to Ndayishimiye’s charm offensive, means that the EU will no longer have important sources of information about Burundi’s performance in meeting its commitments. Perhaps most importantly, the UN Commission of Inquiry on Burundi is likely to wind down its multi-year efforts after it reports to the UN Human Rights Council, which rounds off its 48th session on 8 October.

In negotiations with Burundi, the EU and its member states should thus:

  • Propose precise benchmarks concerning respect for human rights and political freedoms that they expect Gitega to meet before Brussels again provides budgetary support. These should include a plan for the Burundian authorities to rein in the Imbonerakure’s abuses and hold to account those of its members responsible for grave human rights abuses.
     
  • Ensure that the authorities’ compliance with any agreement to which Burundi’s government commits is monitored. In the event the UN Human Rights Council creates a new special rapporteur position to take the place of the Commission of Inquiry, which is likely to be disbanded, Brussels should provide the support needed to make it a meaningful oversight mechanism. In the event that the Council does not create this new position when it votes on 7 or 8 October, Brussels should as a fallback strengthen its own monitoring capacity. Brussels should also press Burundian authorities to cooperate with whatever monitoring mechanism it is relying on.
     
  • Maintain a clear, fixed negotiating position based on the precise benchmarks and monitoring mechanism being sought and avoid sending mixed messages to the Burundian authorities as regards EU expectations.

Challenges for Reform

Despite President Ndayishimiye’s attempts to convince international actors that he is serious about reform, the ruling party’s machinery of repression is still firmly in place. According to Human Rights Watch and the UN Commission of Inquiry, the Imbonerakure and intelligence services continue to violate human rights, mainly by targeting opposition members, young Tutsi and members of the army’s old guard, also mostly Tutsi, whom the CNDD-FDD sees as security threats.

The authorities often use the youth militia to supplement or replace the security forces, particularly in rural areas, giving them free rein to terrorise the population. The militia, which Ndayishimiye oversaw when he was CNDD-FDD secretary general, is known for shaking down, torturing, abducting, sexually abusing women and killing opposition members and ordinary citizens alike. Its members conduct night patrols and house visits to demand funds for CNDD-FDD coffers or personal gain. They also prevent the opposition from organising, by disrupting meetings and vandalising offices. While Ndayishimiye has taken some steps to reel in the Imbonerakure, for example by directing its members to stop extorting financial contributions from the population, he has achieved mixed results at best. The intelligence services, meanwhile, have stepped up abductions and arrests of people considered government opponents, often using internal and cross-border security incidents as cover for round-ups.

Any attempt by Ndayishimiye to roll back these practices is likely, however, to meet resistance from top generals in the CNDD-FDD, which started its life as a rebel outfit but has held power since 2005, when it transformed itself into a political party. Several top party and military figures, including many who enriched themselves during former President Nkurunziza’s fifteen years in power, are deeply suspicious of Ndayishimiye’s tentative rapprochement with the EU and baulk at the notion of conditions attached to renewed budgetary aid. The president will also likely take flak from hardliners who were Nkurunziza allies, such as Prime Minister Alain-Guillaume Bunyoni and Interior Minister Gervais Ndirakobuca, who is under EU sanctions for his role in the 2015 political crisis. Both of these powerful party chiefs supported Nkurunziza’s preferred candidate, Pascal Nyabenda, in the 2020 presidential election. Having appointed them to top posts, Ndayishimiye nevertheless faces a struggle to retain their loyalty.

Ndayishimiye’s engagement with Western, regional and other diplomats, meanwhile, has contributed to their support for a drawdown of multilateral oversight bodies tasked with reporting on Burundi, making it hard to establish whether change is genuine and sustainable. In December 2020, the UN Security Council removed Burundi from its agenda, noting improved security in the country and acknowledging Ndayishimiye’s reform efforts. The African Union Human Rights Observers and Military Experts Mission and the Office of the UN Secretary-General’s Special Envoy in Bujumbura, both established to monitor the situation in the country and find a way to end the violence, closed in May 2021.

The UN Commission of Inquiry is the only internationally mandated body still active in the country monitoring human rights abuses and the risk of further conflict. But the UN Human Rights Council will likely not renew its mandate, and it remains to be seen whether there is sufficient Council support for replacing it with another oversight mechanism. This matter will be resolved on 7 or 8 October when the Council votes on its Burundi resolution, which includes an EU proposal to create a new mandate for a special rapporteur who could take over some of the Commission of Inquiry’s monitoring functions.

What the EU Can Do

It is good news that Burundi and the EU are back in regular contact. Diplomats tell Crisis Group that the Burundian authorities have become significantly more forthcoming since President Ndayishimiye assumed office. Burundian officials show a clear appetite for dialogue, and the reasons why are readily apparent. The country needs financial support. Its economy is shattered following the 2015 political crisis and years of dysfunctional government. It never fully compensated for the loss of the EU as its biggest donor by turning to less traditional partners, such as China, Russia and Turkey, who offered only limited assistance. Even some CNDD-FDD hardliners may thus be inclined to continue negotiation.

This situation presents an opportunity for the EU, which should use negotiations to encourage the Burundian authorities to make reforms that can help bolster long-term stability and avoid the return to armed violence. Moving forward, the EU should focus on three priorities to ensure it can steer Burundi toward meaningful reform.

The EU should propose clear benchmarks on human rights that Burundi needs to meet if it is to receive renewed budgetary support from Brussels.

First, the EU should propose clear benchmarks on human rights that Burundi needs to meet if it is to receive renewed budgetary support from Brussels. The roadmap of reforms prepared by the Burundian authorities is an important first step, but it is not sufficient. A copy reviewed by Crisis Group details steps the government should take to adopt policies and strengthen institutions but makes no reference to the Imbonerakure. Nor does it define what authorities should actually do to curb abuses by the youth militia and intelligence services.

The EU should push for benchmarks that are consistent with the concerns expressed in the 2016 European Council decision to suspend aid in the first place, focusing in particular on setting out further commitments to corral abuses by the Imbonerakure, the main tool of CNDD-FDD’s repression, including by holding accountable those responsible for egregious abuses. Brussels should also draw upon the latest UN Commission of Inquiry reports, using the rights violations and other abuses documented as its reference points for the situation that Gitega must remedy. Benchmarks should also reflect the expectation that Burundi will cooperate with human rights monitoring mechanisms backed by Brussels.

Secondly, in the event that the UN Human Rights Council disbands the UN Commission of Inquiry and – as contemplated by the draft resolution on the calendar for 7 or 8 October – replaces it with a special rapporteur on Burundi, the EU and its member states should put their efforts behind making this reporting mechanism meaningful. The EU, which drafted the resolution that would provide the special rapporteur with his or her mandate, should also allocate sufficient resources to finance the work of local non-governmental organisations on which previous reporting mechanisms have relied heavily for information. In the event there are not enough votes for the special rapporteur position on 8 October, a fallback would be for the EU to strengthen its own capacity to monitor the authorities’ compliance with any agreement to which Burundi’s government commits.

Finally, when entering negotiations, EU officials should present a united front. At present, some EU delegates seem keen to turn the page and reach political normalisation with Burundi sooner rather than later. But other officials in Brussels appear convinced that Burundi requires meaningful reforms if it is to avoid further protracted crises, and thus are prepared for lengthy negotiations to see that Gitega adopts the best possible practices. Moreover, in order to revoke the suspension of financial assistance under Article 96, member states in the EU Council will need to adopt a legal act that requires unanimity, which may take time, particularly in the event of enduring concerns about Burundi’s progress.

The EU’s internal dissonance has distorted perceptions of the EU position in Burundian circles and could complicate talks going forward. Indeed, in June, after a meeting between Ndaysihimiye and the EU delegation’s head, the Burundian authorities wrongly announced on the presidency’s official Twitter account that Article 96 had been revoked. National and regional media reported this statement as fact, undermining the public’s understanding of the negotiations. Going forward, it will be important for Brussels to run a tight ship, with a coordinated position and messaging discipline, if it is to achieve its important goals in the negotiations.

Iran: Push to Revive the Nuclear Deal, but Prepare for Worse Outcomes

The fate of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the 2015 deal placing limitations on Iran’s nuclear program in exchange for sanctions relief, looms large in the country’s relations with Europe. The three European parties to the accord – European Union (EU) member states France and Germany, as well as the UK – have helped keep it alive, if not exactly thriving, since the U.S. unilaterally withdrew in 2018 and Iran subsequently began breaching its own obligations. Since April, with the U.S. wishing to rejoin the pact, the EU has coordinated six rounds of indirect talks between Tehran and Washington through the three European parties plus Russia and China (the other two JCPOA parties). The negotiations yielded considerable progress toward Washington and Tehran resuming mutual compliance with the JCPOA, but they stalled in mid-June as Iran held an election and inaugurated a new president. The urgency of compromise is growing as Iran’s nuclear program continues to expand and become less transparent with Iran limiting UN inspectors’ access to nuclear sites, potentially rendering a return to the existing agreement meaningless. Should the JCPOA collapse, the knock-on effects could hinder nascent efforts at de-escalating tensions in the Gulf and the wider Middle East.

The EU and its member states should:

  • Support the JCPOA’s full restoration, including through proactive steps aimed at bringing Iran meaningful sanctions relief.
     
  • Prepare contingency plans for the eventuality that JCPOA talks break down, including parameters for an interim arrangement to freeze mutual escalation, as well as a potential shift to “better-for-better” negotiations in which both sides gain benefits that go beyond the original agreement’s terms.
     
  • Encourage efforts at regional dialogue, particularly between Iran and Gulf Arab states.
     
  • Engage with Iranian authorities on Afghanistan, notably on areas of common interest, including helping refugees and interdicting narcotics.
     
  • Explore opportunities for strengthening maritime security in the Gulf, including through military-to-military hotlines.

The Nuclear Deal: Heading for Revival or Ruin?

No issue on Iran’s foreign policy agenda is more consequential than the JCPOA, which has steadily unravelled since the Trump administration pulled out of it in 2018 and faces deeply uncertain prospects of restoration. Although the Biden administration and the Iranian government agree in principle on the need to revive the accord, progress has been halting. Beginning in early April, negotiators convened for six rounds of talks in Vienna, tackling the specifics of what the U.S. would offer in terms of sanctions relief, what Iran would do to reverse its breaches and in what order the parties would take these steps. Though significant gaps remained, a text was emerging when the sixth round of talks concluded on 20 June.

The U.S. sanctions architecture ... remains substantially in place, with deleterious consequences for ordinary Iranians, especially women.

Since then, however, Iran, which had a presidential transition in August that completed a conservative takeover of all centres of elected and unelected power, has moved slowly to resume negotiations. Iranian officials indicate they plan to return to the table in the near future, but have not offered an exact timeframe. In the meantime, Iran has continued to expand its nuclear activity while limiting verification and monitoring by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The U.S. sanctions architecture set up under President Donald Trump also remains substantially in place, with deleterious consequences for ordinary Iranians, especially women, who have seen their gains in employment, advances to senior management positions and promotions to leadership roles in multiple sectors reversed by the economic downturn. Exacerbated by the impact of the COVID-19 pandemic, these pressures have also reduced women’s capacity to pursue legal reforms and protections. The impasse in negotiations is concerning, particularly as Iran’s advances in nuclear capability risk making the JCPOA’s restoration ineffective as a non-proliferation arrangement within a matter of weeks or, at best, months.

If and when the parties resume talks, there are three scenarios for how Tehran might approach them. At one end of the spectrum, it may continue constructive deliberations based on the progress made in the previous six rounds; at the other, it may push for an altogether new negotiating paradigm that jettisons the JCPOA as a frame of reference. In between, and for now this scenario is most likely, it may enter the fresh talks with maximalist demands that could deepen the present impasse.

The JCPOA standoff occurs against the backdrop of a mixed bag of regional developments of significance to Tehran, as well as to its friends and adversaries. The most positive recent news is that Iraqi mediation has facilitated three confirmed rounds of talks between Iran and Saudi Arabia, a positive development that could help ease frictions between the long-time rivals. But success is far from assured, especially if relations between Washington and Tehran grow increasingly adversarial and reinforce a zero-sum contest in the region. As for more concerning developments, tensions between Iran and Israel are running high on several fronts, with tit-for-tat attacks, including covert operations against Iranian nuclear facilities and maritime intrigue that could rapidly escalate. In Afghanistan, the return of Taliban rule raises major strategic concerns for Iran, even as Tehran cautiously comes to terms with a government led by men who were once its bitter foes but with whom it has built better, if still uneasy, relations over the past decade. The UN refugee agency has warned that as many as half a million people could leave Afghanistan for neighbouring countries by the end of 2021, including an estimated 150,000 to Iran.

Brokering between Rivals

Europe has a clear interest in seeing the JCPOA restored.

Wishing to avoid another destabilising crisis in the Middle East, Europe has a clear interest in seeing the JCPOA restored. But while the two central protagonists in such an effort are the U.S. and Iran, whose respective sanctions policy and nuclear program are the core issues that must be addressed, the EU and its member states are not mere bystanders. European actors can contribute to diplomacy in two important ways.

The first will be relevant in the event of a revived agreement. In this scenario, the EU should move swiftly to put in place measures to give Tehran an economic shot in the arm, including through EU lending institutions. Exploring avenues for such institutions to work with Iran could facilitate project financing and private-sector engagement.

In addition, the EU and member states can support the deal’s long-term viability by shielding European trade with Iran from the risk that the U.S. again pulls out of the deal and reimposes unilateral economic sanctions. The impact of the Trump administration’s “maximum pressure” strategy on Iran-EU trade was and remains substantial. Such trade dropped in value from around €20 billion per year after the JCPOA went into effect to just €5 billion in 2019 and 2020, thus nullifying much of the economic relief Tehran had expected in return for its JCPOA compliance. The dropoff in trade exposed the limits of efforts to retain private-sector interest in Iran, including through the Instrument of Support of Trade Exchanges to facilitate commerce notwithstanding the Trump administration’s reimposition of economic sanctions, but it should not dissuade the EU from preparing further initiatives aimed at insulating legitimate Iran-EU commerce from a future U.S. withdrawal. Brussels could, for example, put in place a new and upgraded blocking statute (a law that shields EU companies from U.S. sanctions by prohibiting compliance as a legal matter) linked to the anti-coercion instrument that the EU plans to establish as part of its new trade strategy.

The second contribution that the EU and member states could make, particularly in the absence of direct U.S.-Iran talks, is to ready options for the parties in the event that JCPOA negotiations continue to sputter or break down altogether. For example, the Europeans could propose an interim agreement in which Tehran suspends some of its most proliferation-sensitive activities (eg, uranium enrichment above 3.67 per cent, advanced centrifuge work or uranium metal production) in return for limited relief from sanctions on oil sales and/or access to frozen assets. This temporary deal might head off an escalatory spiral and buy time for a more comprehensive understanding. Such a JCPOA-minus arrangement could be a way station toward a JCPOA-plus pact. That sort of deal, in turn, would put more substantial sanctions relief on the table in return for longer-term nuclear restrictions than Iran agreed to in the 2015 deal as well as more rigorous monitoring. By expanding the original agreement into a better-for-better framework, Western powers would secure stronger non-proliferation terms while Iran would reap larger economic benefits.

Beyond the JCPOA, the EU and member states can also help bolster diplomacy among the six Gulf Cooperation Council states.

Beyond the JCPOA, the EU and member states can also help bolster diplomacy among the six Gulf Cooperation Council states, Iran and Iraq in locally led, internationally backed dialogue. European support can be particularly useful in facilitating discussions about certain areas of mutual concern to the parties, including public health and water scarcity. While the recent conference in Baghdad, in which most of Iraq’s neighbours, including Iran, participated along with France, was a step in the right direction, an inclusive and focused sub-regional dialogue among states on both sides of the Gulf has a better chance of achieving regional de-escalation by opening regular channels of communication between officials of similar rank, brief and expertise.

The EU and member states should also work with Iran to develop a common approach to the humanitarian crisis in Afghanistan. The inclusion of Iran in the group of states the EU seeks to work with to address the spillover of the Afghanistan crisis, along with other neighbouring countries, is a positive step in this regard. Still, given the prospect of increased numbers of refugees crossing into Iran as they flee Taliban rule in the coming months, and with Iran still struggling to contend with the COVID-19 pandemic, Tehran will need all the help it can get from the EU and member states.

Finally, the EU should seek to prevent further deaths like those of a UK and a Romanian national in a July drone attack upon the MT Mercer Street tanker off Oman’s coast, which the EU, U.S. and G7 have all determined bore Iranian fingerprints. The nine European states participating in the European-Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz could increase coordination or merge with other international efforts, including the International Maritime Security Construct, a parallel naval operation established in 2019 with U.S. and UK participation alongside six other members, to make key shipping routes safer. If the participating states are transparent about their intentions, Tehran need not see these measures as yet another way to exert pressure on Iran. Still, as a precaution, the European and other Western states should supplement the maritime security efforts with structured military-to-military communication with the Iranian side, including through a hotline that might be created to reduce the risk of miscalculation or misunderstanding that could lead to confrontation.

Helping Stabilise the New Status Quo in Nagorno-Karabakh

Almost a year after a Russian-brokered ceasefire ended the 2020 war in Nagorno-Karabakh, Azerbaijan and Armenia remain at loggerheads. With Armenian forces withdrawn, Russian peacekeepers now patrol the part of Nagorno-Karabakh that remains outside Azerbaijani control, but they are operating without a detailed mandate and risk being stretched too thin. Meantime, Baku and Yerevan have not begun to talk about resolving post-war tensions, much less wrestle with the political status of the breakaway region, over which Azerbaijan and Armenia fought a war in 1992-1994. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Minsk Group, charged with managing the peace process, stands ready to help, but Baku has been recalcitrant, saying that after the 2020 war that format is no longer relevant.

The situation thus remains unstable, with soldiers fortifying positions along the new front lines that separate Azerbaijani troops from local forces under the control of Nagorno-Karabakh’s de facto authorities. Tensions are also running high along the new, undemarcated sections of the border between Azerbaijan and Armenia, where opposing forces regularly exchange fire, resulting in casualties. Meanwhile, politicians on all sides trade barbs addressed both to their own constituencies and to one another.

This status quo affords international actors little space for engaging the conflict parties. Nonetheless, the European Union (EU) should keep facilitating the communication necessary to dampen tensions, as it has been doing since combat ended. It should also devise incentives that could, at some point, help bring real progress. To this end, it will need to work with Moscow, which has peacekeepers on the ground and the most leverage over the conflict parties.

The EU and its member states should:

  • Press Baku and Yerevan to begin talks to address post-war issues, including demarcation of the new borders between Armenia and the regions reclaimed by Azerbaijan in the 2020 war and other measures to stabilise the situation on the ground.
     
  • Urge the sides to enable aid to reach people in Nagorno-Karabakh who need it, even if resolution of the region’s long-term status remains elusive.
     
  • Work with Russia, France and the U.S. to keep possibilities open for the OSCE Minsk Group’s return to a mediating role, and continue shuttle diplomacy to mitigate tensions and resolve immediate problems.
     
  • Explore the extension of development assistance to uncontested border areas, beginning with a comprehensive needs assessment. Based on that assessment, be prepared to support separate projects in Armenia and Azerbaijan, cross-border cooperation on non-political issues, or both.

Continued Tensions

Six weeks of fighting from 27 September to 9 November 2020 took over 7,000 lives in and around the disputed region of Nagorno-Karabakh – an ethnic Armenian-majority enclave in Azerbaijan that declared its independence in 1991 and has been at the centre of tension and conflict between Yerevan and Baku. The 2020 hostilities fundamentally changed the situation on the ground. Azerbaijan regained control of a key town, Shusha, along with some of Nagorno-Karabakh’s mountainous areas and most of seven adjacent territories that Armenian troops had seized in the 1990s. Two weeks after the Moscow-brokered ceasefire came into effect on 9 November, Armenia withdrew its soldiers from the remaining adjacent territories, leaving them in Azerbaijan’s hands. Russian peacekeepers deployed to the parts of Nagorno-Karabakh that remained outside Azerbaijan’s control and along the road corridor that connects the region to Armenia through Lachin, the main town in one of the adjacent territories returned to Baku.

While the 9 November ceasefire ended the fighting, it did not bring a stable peace or resolve the longstanding questions about Nagorno-Karabakh’s political status.

While the 9 November ceasefire ended the fighting, it did not bring a stable peace or resolve the longstanding questions about Nagorno-Karabakh’s political status that underlie regional instability. Before the ink had dried on the ceasefire statement, Azerbaijani and local forces under the direction of the de facto Nagorno-Karabakh defence ministry began building new barracks and digging trenches along their new, much longer front line. The peacekeepers Moscow has deployed have kept things fairly quiet in the spots where they are stationed. But in places where there are no Russian forces, including along some sections of the Azerbaijani-Armenian state border, troops regularly exchange fire, leaving casualties on both sides.

The area between Armenia’s Gegharkunik region and the neighbouring Kelbajar district, now regained by Azerbaijan, has been the most volatile. In May 2021, as the snows began to melt, Azerbaijani soldiers established new observation posts in the mountains overlooking the new, but as yet undemarcated, border between the two regions. Armenia accused the Azerbaijanis of invading its territory and deployed its own soldiers forward. In late July, clashes culminated in a six-hour battle, with the sides using small arms, machine guns and grenades. While the bullets that strayed into nearby villages did not kill any civilians, the fighting left seven soldiers dead and eight wounded before calls from the Russian general staff to counterparts in Baku and Yerevan brought it to a halt. The casualty count from this and other clashes subsequent to the 9 November ceasefire is ten dead and twelve wounded.

More fighting seems likely if Azerbaijan and Armenia do not demarcate a border that takes into account changes in territorial control following the 2020 hostilities. But talks on this and other issues require a go-ahead from political leaders in both countries, and that approval has thus far not come. Baku and Yerevan are also impeding the delivery of humanitarian aid by each insisting that access arrangements must mirror their respective visions for the region’s political status. Armenia wants aid to flow both through its territory and Azerbaijan’s, while Azerbaijan insists on treating the territory as under its sovereignty and fully controlling access. Both governments refuse to budge, fearing that acquiescing in these matters would prejudice the eventual resolution of the territory’s status. This inflexibility when it comes to issues that touch in any way on the region’s status not only has humanitarian implications but creates risks for civil society actors on the two sides, who may be painted as traitors for wishing to engage one another and to tone down the increasingly antagonistic rhetoric in both countries.

Relations are so strained that the very framework for negotiations is now in limbo. For over 25 years, the OSCE Minsk Group co-chairs (Russia, the U.S. and France) have mediated between Azerbaijan and Armenia. But in the aftermath of the 2020 war, Azerbaijani President Ilham Aliyev declared the Nagorno-Karabakh conflict “resolved” and the OSCE Minsk Group process created to mediate it was therefore obsolete. Russia, the U.S. and France disagreed and convened the first meeting of the Armenian and Azerbaijani foreign ministers since the war under the auspices of the OSCE Minsk Group on the sidelines of the UN General Assembly on 24 September. Nevertheless, it remains to be seen whether they will be able to sway Azerbaijan to rejoin talks.

The two sides’ failure to talk about borders or Nagorno-Karabakh has forced Russian, U.S. and European diplomats to engage in painstaking shuttle diplomacy, by telephone and in person, to make incremental progress on basic humanitarian issues like sharing information about the location of landmines and detainee exchanges.

Meanwhile, the renewed fighting has imperilled plans for broader regional cooperation, in particular the reopening of transport and commercial links between Azerbaijan and Armenia promised in the 9 November ceasefire deal. Such cooperation is the one thing that Azerbaijani and Armenian leaders have tentatively begun discussing since the 2020 war, participating in Russia-led talks on the subject. But even this dialogue was derailed for some months following the recent clashes. After three months of no meetings, representatives from Russia, Armenia and Azerbaijan met in August to discuss transport and communications – but further fighting could stall progress once more.

Engagement with Purpose

The goal for the EU, its member states, Russia and the U.S. is to coax Baku and Yerevan to the negotiating table to discuss immediate post-war issues such as border demarcation and other measures to stabilise the situation on the ground, with a view to the potential launch of talks to normalise relations among the conflict parties. Pending such talks, however, they must do what they can to help defuse what remains a dangerous situation.

Brussels and its member states should persevere in the careful shuttle diplomacy [with Armenia and Azerbaijan] they have already undertaken.

To both ends, Brussels and its member states should persevere in the careful shuttle diplomacy they have already undertaken. For all the inherent challenges, the EU is well placed to play this role. For years, the institution’s engagement in Nagorno-Karabakh negotiations was limited because it was not a formal part of the OSCE Minsk Group. Today, Baku’s rejection of that process renders EU involvement crucial. Brussels’ direct channels with Baku and Yerevan have already helped, for example, make possible a June exchange of fifteen Armenian detainees for maps of Armenian-laid mines in the territories Azerbaijan regained in the war.

But EU engagement does more than fill gaps left by Baku’s rejection of the OSCE Minsk Group. EU diplomacy with Baku and Yerevan can also help define what role, if any, the OSCE Minsk Group might have in future discussions, whether concerning borders, Nagorno-Karabakh’s political status or humanitarian issues. The EU special representative for the South Caucasus is particularly well placed, and indeed mandated, to continue this work.

Given Moscow’s many roles in this conflict, including as mediator and peacekeeper, the EU will be required to work closely with Russia. Fortunately, and in sharp contrast to the many regions where European and Russian interests clash, Russia is amenable to collaboration with Western states when it comes to Nagorno-Karabakh. While it has taken the undisputed lead in setting the post-war agenda for Armenia and Azerbaijan, and is the only state with peacekeepers on the ground, it has also consistently reached out to the other OSCE Minsk Group co-chair countries, the U.S. and France, sharing information and coordinating calls and meetings. Paris and Moscow discuss Nagorno-Karabakh directly at the highest levels. In August, Russia appointed a new representative to the OSCE Minsk Group, Ambassador Igor Khovayev, who has sought to re-energise the format by travelling to the region to meet with and urge both sides to return to negotiations. He will likely welcome the EU’s help in doing so – and perhaps also in nudging Armenia and Azerbaijan to agree to a clear mandate for Moscow’s peacekeepers.

The EU should also seek to work with Russia to facilitate border demarcation. Moscow has tried to press Baku and Yerevan to begin talks on the subject, and Brussels can help define incentives to bring them to the table. In June, foreign ministers from Romania, Austria and Lithuania visited the South Caucasus to discuss confidence-building and border issues with Armenian and Azerbaijani leaders. The EU has followed up with offers of assistance. In addition to expertise on border management gleaned in the Balkans and between member states, the EU can offer to help mediate and provide technical support for the increasingly urgent challenge of water sharing across the new borders and lines of separation and other critical environmental and climate matters.

Then there is aid. The EU is already a substantial supporter of post-war rehabilitation efforts. Brussels allocated €7 million during the war to support direct humanitarian aid. In the spring of 2021, it promised €10 million more, to assist with post-conflict needs, including demining. Baku and Yerevan would welcome more help, but there are complications.

Azerbaijan would like more support to demine and rebuild in the seven regions it regained in the war, so that those displaced from those regions in the 1990s (and their families) can return. Per recent EU pledges, it will likely get more help with demining. But the EU prefers to offer development support in the form of loans, which Baku has long rejected, preferring grants.

Moreover, Brussels is leery of granting such support to these territories absent two things. One is a better understanding of what Baku plans for both reconstruction and resettlement of the previously displaced in earlier phases of the conflict. The second is a clear path to assist the nearly one third of Nagorno-Karabakh’s ethnic Armenian population displaced from territory now controlled by Azerbaijan as a result of the mid-2020 fighting, many of whom still lack sustainable housing. This last matter requires Azerbaijani-Armenian agreement on rules for international organisations’ access to the conflict zone. The impasse shows no sign of ending, but Brussels can and should keep the topic on its agenda with both capitals.

There are also things the EU can do right away, even as Baku and Yerevan remain unwilling to talk about most items. In July 2021, Brussels announced an ambitious multi-year assistance program in the EU’s eastern partnership countries, including Armenia and Azerbaijan. The EU’s support for Armenia includes potential financing of a road cutting deeper through Armenia’s mountainous territory and bypassing the existing route crisscrossing the border with Azerbaijan that has proven problematic. In September, Azerbaijani police established a new checkpoint on that main transit road, which is used by Iranian truckers shipping goods to Armenia and other parts of the Black Sea region.

Additionally, around €80 million in EU funding is allocated for investment in the economic development of the southern border region of Armenia, which not only suffered in the 2020 war, but now hosts both people displaced from Nagorno-Karabakh and new military positions that put civilian settlements at risk. The EU could consider expanding these development programs along the uncontested parts of the border between Azerbaijan and Armenia. Brussels would have to work out with Armenia what additional programs might be needed. It would also have come to terms with Baku both on what the EU is to offer Azerbaijan and how to resolve the problems of grants vs. loans and access to territories on its side of the line. But unlike activities in Nagorno-Karabakh, border region assistance raises no questions of status. For starters, the EU could offer a comprehensive needs assessment mission in the border regions. Based on this beginning, it could support separate projects in Armenia and Azerbaijan, cross-border cooperation on non-political issues, or both.

Nicaragua: Dealing with the Dangers of a One-Sided Poll

An unrelenting crackdown on the political opposition by the Nicaraguan government has turned November’s elections into a potential flashpoint and spurred a sharp deterioration in relations between President Daniel Ortega and other Latin American nations, the U.S. and the European Union (EU). At the start of 2021, almost three years after security forces met mass protests with violence – over 300 people, most of them demonstrators, died in the unrest – Ortega appeared to have consolidated his hold on power, in spite of the pandemic, and reaffirmed his political supremacy over a weak and fragmented opposition. Even so, the government has proven unwilling to take the risk of confronting an electoral challenge, opting instead for the iron fist. In recent months, state repression in Nicaragua has reached levels unseen in Latin America since the region’s dictatorships waned in the 1980s, with the government arresting at least 37 high-level opponents, including seven presidential hopefuls, and compelling many others to flee into exile. The government has also proscribed the parties on whose ticket the opposition candidates would have run.

These draconian steps have brought Nicaragua back into the international spotlight, and on to the EU’s radar, but as of yet outside powers have not mounted a concerted response capable of swaying Managua. Nor are they likely to do so. To date, neither punitive measures from Western governments nor the more diplomatic approaches of left-leaning Latin American states like Mexico and Argentina have made inroads with Ortega, who has reacted furiously to what he perceives as interference. As election day draws nearer, it seems increasingly likely that Ortega will stroll to victory in a one-sided election, creating the conditions for further instability, humanitarian crisis and emigration, and setting a dangerous precedent for a region seeing increasing movement toward greater authoritarianism.

Against this backdrop, the EU has called on Ortega to halt his autocratic drift and imposed individual sanctions on eight of his allies, bringing the total of sanctioned persons since 2018 to fourteen. The Nicaraguan government has pushed back hard. Member states who have been vocal in their criticism of Ortega have been condemned publicly by Nicaraguan officials or received private threats that Managua will expel their ambassadors. The European Parliament has called on the EU to increase pressure on Ortega, including by suspending Nicaragua from its association agreement with Central America, which establishes a free trade area with the region.

With the aim of mitigating the risks of repression, deepening instability, diplomatic isolation and a migrant exodus from Nicaragua, the EU and its member states should design a sequenced approach comprising the following steps:

  • Continue to press the government to stop arresting opponents, release political prisoners and meet certain basic electoral standards, such as allowing opposition campaigning, civil society observation of the polls and free press coverage of the process, with a view to rebuilding relations with European countries. The EU should also liaise with governments that still have communication channels open with Ortega in an effort to drive this message home to him.
     
  • Work with the U.S., Canada and other regional governments on a coordinated response at the bilateral and multilateral levels in the event of a non-credible election, potentially including expanded targeted sanctions and disciplinary measures by the Organization of American States (OAS) so long as these are calibrated to mitigate their humanitarian impact.
     
  • In coordination with the U.S., Canada and other regional governments, draw up a roadmap including clear conditions for lifting sanctions and restoring better working relations with Ortega’s government. The roadmap should include the resumption of dialogue with opposition forces on humanitarian and electoral issues, as well as a general framework for future political coexistence.
     
  • Step up humanitarian aid and technical support to neighbouring countries facing a rise in arrivals of Nicaraguan migrants and refugees, as well as support to humanitarian agencies liaising with migration authorities, shelters and processing systems in those countries.

An End to Electoral Competition

Since mid-2019, when the second round of talks between the Ortega government and the Civic Alliance, an opposition umbrella organisation, ended, the tug of war between the government and its political opposition has been frozen. But the balance of power between the sides has progressively shifted. Despite their initially egregious mishandling of COVID-19, the ruling couple of President Ortega and his wife, Vice President Rosario Murillo, managed to reestablish a firm grip on the country by late 2020. Infighting between the two main opposition blocs, spearheaded by the Civic Alliance and the Blue and White National Unity, hindered efforts to create a cohesive political front that could stand up to the government. Meanwhile, most foreign governments engaged with Nicaragua became absorbed in their own pandemic-related woes.

Notwithstanding its already strong hand, the government has sought to quash anyone who might pose an electoral challenge to its rule. Mindful of the 1990 election, in which the Sandinistas led by Ortega suffered a surprise defeat at the tail end of a decade-long civil war, the government has rolled out an unabashed strategy of coercion and intimidation. Between late 2020 and early 2021, the Sandinista-controlled National Assembly took a number of steps to entrench the current government’s power. It passed laws relating to foreign agents, cybercrime and treason that expanded its powers. It also extended the permissible pre-trial arrest period from 48 hours to 90 days. As 2021 proceeded, it appointed new loyalist magistrates to the Supreme Electoral Council.

At first, many observers assessed that the new legislation would be little more than a latent threat. But, starting in late May, judicial authorities proceeded to order the detention of 37 high-level opposition figures, including seven possible presidential candidates, on conspiracy and treason charges, while the Supreme Electoral Council stripped three parties of their legal accreditation and the National Assembly did the same to 45 civil society organisations, including six international NGOs. The government has also targeted the free press: press associations have privately reported attacks on at least 98 reporters in the first semester, including 35 women who were also victims of gender-based threats and harassment. The arrested men and women were held incommunicado for months, until authorities finally allowed brief family visits in late August. The state held their hearings in secret and sometimes in the absence of their lawyers, and relatives have alleged that prisoners are facing physical and psychological mistreatment – particularly women, according to the UN and Inter-American human rights organisations.

With politicians, business leaders, dissident Sandinistas and journalists among those detained, opposition groups [in Nicaragua] find themselves in complete disarray.

With politicians, business leaders, dissident Sandinistas and journalists among those detained, opposition groups find themselves in complete disarray. Most of their leaders are either in jail or in exile, while the remaining five candidates set to run against Ortega in November come from parties that most opposition forces consider to be government collaborators. The few opposition leaders who remain in Nicaragua have fallen silent and seem unable to agree on whether to boycott the polls or to ask supporters to spoil their ballots.

The Consequences of a Rigged Election

Ortega’s authoritarian moves risk stirring up the grievances at the heart of the country’s unresolved crisis. Enjoying only roughly half the popular support he enjoyed before 2018 (surveys show his ratings are stable at around one third of the population) and having damaged, perhaps irreparably, relations with the private sector and the Catholic Church after the crackdown on mass protests, Ortega is operating in an increasingly hostile environment. Three consecutive years of recession have piled ever more hardship on a population that was already among the poorest in Latin America.

The recent wave of arrests has fuelled discontent among Ortega’s adversaries and may raise the prospect of episodic political violence, which tends to increase in election years. Urnas Abiertas, a civil society organisation that monitors elections, recorded 1,375 acts of political violence, most of them harassment, between 1 October 2020 and 15 August 2021. Even though mass protests are unlikely to resurface in the short term given the highly repressive climate, state violence and economic despair could rekindle the “protest spirit”, in the words of a Nicaraguan security expert. An additional uncertainty is that Ortega, who turns 76 in November, has reportedly been suffering health problems. His sudden demise could spark unrest as potential successors jockey for power, given that he has no heir apparent with strong support in Sandinista ranks.

The combination of economic stress and political persecution is also likely to prompt yet more Nicaraguans to flee.

The combination of economic stress and political persecution is also likely to prompt yet more Nicaraguans to flee. After three years in which Nicaragua’s GDP contracted by more than 3 per cent, the World Bank predicted the country to be the third worst economic performer in the Western Hemisphere in 2021, behind Venezuela and Haiti, though its recent update is more optimistic. A rigged election would only isolate the government further, driving away more private investment (which has already nosedived in recent years) and hindering Managua’s access to multilateral loans, as the U.S., the EU and other stakeholders are likely to vote against their disbursement.

Already, these conditions plus stepped-up repression are having an effect: more than 16,000 Nicaraguans booked hearings to file asylum requests in Costa Rica between June and August, marking the start of a second wave of arrivals, according to a UN official. But with Costa Rica’s migration system overwhelmed since 2018 with a backlog of 89,000 unresolved asylum requests, Nicaraguans are increasingly looking to other destinations, above all the U.S. The number of Nicaraguans apprehended at the U.S. southern border has dramatically increased in 2021, from 575 in January to 13,391 in July, when it topped the number of Salvadorans for the first time in decades. The Nicaraguan surge toward the U.S. border is set to hit a record for the 2021 fiscal year, with 43,327 apprehensions so far, many of them people travelling in family units.

Events in Nicaragua could well resonate beyond the its borders. Other political leaders in Central America may feel emboldened to follow in Ortega’s footsteps, particularly if the U.S. prioritises cooperation on migration control and counter-narcotics and imposes few costs for democratic backsliding. In El Salvador, President Nayib Bukele has already been concentrating power and chipping away at judicial independence; among other things, the Salvadoran Constitutional Court – newly packed with the president’s political allies – has overturned a constitutional prohibition on presidents running for immediate re-election at the end of their term. In Honduras, voters will also head to the polls within weeks of the Nicaraguan elections to choose a successor to President Juan Orlando Hernández, who has been cited several times as a co-conspirator in drug trafficking trials in New York courtrooms – including that involving his brother, sentenced to life imprisonment in March. (Hernández has denied all accusations of involvement in the drug trade.) Although he is not eligible to stand for election again and has publicly ruled out doing so, Honduran analysts fear that Hernández may meddle in presidential politics, either to impose his preferred candidate, Nasry Asfura, or to keep a grip on state and judicial institutions.

The Way Forward: A Sequenced, Coordinated Approach

Against this backdrop, the EU and its member states, along with other outside actors with influence in Managua, should step up their engagement in Nicaragua. While there is little if anything outside actors can do to change Ortega’s immediate electoral strategy, looking away is not a good option, either. A failure to criticise increasing repression or impose costs for election fixing would send a dangerous signal, and increase the risk that other Latin American leaders resort to destabilising anti-democratic tactics in their own countries. Although the targeted sanctions and critical messaging that the EU has deployed to date have prompted a bristling response from Managua, Brussels should not back down. It should, however, choreograph its next steps carefully.

First, Brussels and EU member states should work with the U.S. and regional partners to prioritise the demands that they will be making in advance of the elections. They should continue to call on Ortega to halt the crackdown against political dissent; to release political prisoners; and to allow national and foreign journalists and civil society organisations to monitor the election. They should work through their few remaining diplomatic channels and with parties to which Managua might be receptive (including the Vatican and friendly regional governments such as Bolivia and Peru) to persuade Ortega that his best interests lie in meeting minimum electoral standards in order to restore working relations with foreign partners and financial institutions, and to warn that without improvements in these areas, they will respond robustly – including with additional targeted sanctions – to credible accounts of election rigging. Imposing additional sanctions before the polls, on the other hand, runs the risk of fuelling Ortega’s ire and attacks on the opposition rather than taming them. Once the vote has been cast and he has achieved his goals, the president’s calculations are likely to be different and pressure tools of greater use.

The EU and its partners ... should calibrate the measures they take [to sanction Nicaragua] to mitigate the humanitarian impact they might have.

Meanwhile, the EU should work with the U.S. and others to prepare a firm and coordinated response to the election if (as is likely) it does not meet minimum international standards. That response should include the expansion of the existing sanctions framework to include targeted measures against individuals, businesses and institutions that contributed significantly to the election-related crackdown. Brussels and member states should additionally explore with the Organization of American States the possible activation of procedures for Nicaragua’s temporary suspension on the grounds of Ortega’s interruption of the country’s democratic order. But the EU and its partners, including the U.S., should calibrate the measures they take to mitigate the humanitarian impact they might have, particularly in light of Nicaragua’s ailing economy. In particular, they should refrain from ejecting Managua from free trade agreements such as the EU association agreement and the Central America Free Trade Agreement (CAFTA), which would severely affect the country’s export-oriented economy and could spur migrants to leave at an even greater pace. Because further migration seems inevitable, donors should also scale up financial and technical assistance – such as legal counselling to migrants – and humanitarian aid to neighbouring countries’ shelters and civil society organisations, as well as to multilateral agencies that support migration authorities and Nicaraguan migrants and refugees.

At the same time, the EU, U.S. and OAS countries should draw up a roadmap for how Ortega can revitalise declining diplomatic relations, including eventual reintegration in the Inter-American system (should Nicaragua be suspended) and the lifting of sanctions. The milestones that they set forth should draw on the requests made by the EU upon adopting its sanctions framework in October 2019, namely: government compliance with the agreements struck with the Civic Alliance in March 2019, including respect for civil and political rights and release of political prisoners; access to Nicaragua for international human rights bodies; and resumption of talks with the opposition. These objectives should be coordinated with other concerned states, and all should make clear that their focus is on persuading Managua to end the crackdown and restart talks with the opposition.

As for future negotiations between the government and opposition, these should aim not only to address the country’s humanitarian emergency and achieve electoral reforms, but also to forge an agreement on political coexistence that could enable the two sides to begin overcoming their enmity. The sides could decide to create a truth commission with a broad mandate going beyond the events of 2018, for instance; such a body would have to ensure fair representation from both the government and opposition as well as international experts among its members. Signs of progress in negotiations facilitated by Norway in Mexico to heal deep rifts between the Venezuelan government and opposition may help lure Ortega into contemplating a similar process.