La paz que se ha conseguido con tanto esfuerzo en Colombia se está marchitando en el campo. Tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los niveles de violencia disminuyeron en gran parte del país. Pero el conflicto armado se está intensificando en un pequeño pero creciente número de zonas rurales, donde las comunidades dicen que el nivel de violencia y coerción es tan grave o peor que antes del acuerdo de paz. Es probable que en 2022 la confrontación entre grupos armados, delincuentes y militares empeore en ciertas áreas, y la tasa de homicidios en todo el país sigue una tendencia ascendente. Regiones aparentemente más estables corren el riesgo de verse envueltas nuevamente a un ciclo de violencia.

Más que ideología, son las dinámicas de la economía ilícita las que definen la violencia focalizada en enclaves que se encuentran a lo largo de la costa del Pacífico, cerca de las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador y cerca del Atlántico. Grupos armados y criminales presionan a las comunidades para conseguir reclutas y recursos, a menudo afectando de manera desproporcionada a las mujeres y sus familias con sus tácticas de coerción. En algunas de las comunidades afectadas, las madres se han convertido en la última línea de defensa contra el reclutamiento de menores y se enfrentan a castigos brutales por denunciar esta práctica.

En el año que comienza, probablemente empeoren las presiones sobre las comunidades afectadas por el conflicto. Las elecciones presidenciales y legislativas se llevarán a cabo entre marzo y junio, y las elecciones locales están programadas para principios de 2023. Al igual que en anteriores contiendas electorales, grupos armados y, en ocasiones, algunos políticos y empresarios podrían recurrir a la violencia de manera directa o a través de terceros para consolidar su influencia, particularmente en regiones con antecedentes de conflicto y donde las instituciones tienen poca capacidad para resistir ser cooptadas por grupos criminales.

En este contexto, la UE y sus Estados miembros deben: 

• Instar en público y en privado a todos los candidatos para que reconozcan que la implementación del acuerdo de paz de 2016 sigue siendo una prioridad para la comunidad internacional. Las reformas a la economía rural y al sistema político que se pretendían llevar a cabo a medio y largo plazo, pero que en muchos casos aún no han comenzado, son de especial importancia.
   
• Abogar por y destinar recursos para la implementación del enfoque de género y el capítulo étnico del acuerdo de paz, cuya aplicación está retrasada.
   
• Fortalecer el apoyo a la Fiscalía General de la Nación para reducir los índices de impunidad en los delitos contra líderes sociales y excombatientes.
   
• Aprovechar la experiencia adquirida en Bolivia y Perú para ayudar a Colombia a diseñar una nueva ruta para la sustitución de cultivos de coca, lo cual es esencial para evitar que los campesinos se involucren en la economía ilegal.

Los actuales desafíos de seguridad de Colombia se remontan a los rápidos cambios en el control territorial que comenzaron en 2017, después de que las FARC depusieran las armas. El acuerdo de paz de 2016 había previsto que el Estado tomara medidas para establecer su control sobre los antiguos bastiones de las FARC, pero los grupos armados demostraron ser mucho más ágiles a lo largo de rutas clave del tráfico ilícito y en regiones remotas. Sin las FARC controlando los lucrativos mercados, “el territorio quedó desnudo”, como manifestó un líder social en Nariño. En su afán por capturar los negocios ilícitos, diversos grupos armados irrumpieron en la escena, incluida la única insurgencia de izquierda que aún existe, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los llamados grupos disidentes inicialmente formados por un pequeño número de exmiembros de las FARC que no se desmovilizaron, grupos posparamilitares que tienen su origen en los grupos de derecha que combatieron a las FARC, y grupos criminales locales. Las disidencias, en particular, son emblemáticas de esta nueva fase del conflicto colombiano. En lugar de formar una guerrilla organizada, los disidentes han formado docenas de frentes locales independientes, enfocados en gran medida en controlar los negocios del área, desde la coca hasta la marihuana, la minería ilegal y las rutas para el tráfico de los productos ilícitos. La frustración local por el incumplimiento a las promesas hechas por el gobierno durante el acuerdo de paz de impulsar el desarrollo rural, patrocinar programas de sustitución de cultivos de coca y proteger a los excombatientes de las FARC han hecho que las disidencias puedan cooptar a ciertas comunidades.

Desde el inicio de la pandemia, los grupos violentos han pasado a ejercer el control total de las regiones donde operan. Las organizaciones armadas han absorbido más reclutas, han consolidado su influencia entre la población local y se han enfrentado a sus rivales. Las comunidades vulnerables cuentan con pocos recursos para hacerles frente. El Clan del Golfo, un grupo posparamilitar, aprovechó los confinamientos por el COVID-19 para intimidar a los civiles y mantenerlos fuera de su camino mientras absorbía a su principal rival, los Caparros. Después de un breve cese al fuego humanitario a principios de 2020, el ELN también ha impuesto cuarentenas y restricciones a la movilidad por la fuerza, ha aumentado sus ataques asimétricos contra las fuerzas de seguridad del Estado y se ha extendido a zonas donde antes no había tenido una presencia significativa. Dos importantes facciones disidentes, una bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco y otra que se autodenomina Segunda Marquetalia, han empezado a consolidar dispersos frentes dentro de alianzas rivales difusas. Los líderes del primero nunca ingresaron al proceso de paz y se consideran el último vestigio real de las FARC, mientras que el segundo surgió después de que el jefe negociador Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaran que habían retomado las armas en agosto de 2019. Los dos grupos se enfrentan entre sí como enemigos mortales cuando se encuentran.

Las regiones que se encuentran en medio de las disputas entre grupos armados, o entre éstos y el ejército, siguen registrando los mayores niveles de violencia visible. En Nariño y Cauca, en la costa del Pacífico, las dos alianzas disidentes rivales intentan desplazarse entre sí, mientras que el ELN trata de mantenerse a flote y proteger sus enclaves mineros y cocaleros. El ejército ha ejecutado operaciones contra los tres. El ELN y el Clan del Golfo protagonizan regularmente violentos enfrentamientos en lugares como el Bajo Baudó y San Juan, en el Chocó, a menudo en medio de la población civil. A lo largo de las rutas de tráfico fluvial en Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, grupos posparamilitares, así como las bandas conectadas con las dos principales corrientes disidentes, compiten por el control.

Otras zonas del país que parecen tranquilas pueden estar en realidad bajo el dominio, en gran medida invisible pero altamente coercitivo, de un único grupo armado. El Clan del Golfo controla el sur de Córdoba, amenazando regularmente a las autoridades locales y a líderes sociales, y extorsionando a casi todos los comerciantes. En el sur del Guaviare, los disidentes aliados con Gentil Duarte establecen reglamentos para regular la vida de las comunidades locales. Todos estos grupos aprovechan la ruina económica causada por la pandemia y la pérdida de confianza en la voluntad del gobierno para implementar las reformas rurales contempladas en el acuerdo de paz. Instan a los campesinos desalentados y a menudo desesperados a sembrar coca, lo que se traduce en tasas de cultivos ilícitos constantemente altas en todo el país.

Muchos miles de colombianos que viven en zonas afectadas por el conflicto manifiestan que su situación actual es tan mala como lo ha sido en cualquier momento de la última década y, en algunos casos, peor. Para controlar la economía ilícita, los grupos armados necesitan tener el dominio de las tierras donde se cultiva la coca, se extrae el oro y se trafican los productos. Para hacerlo, también deben controlar a las comunidades, lo que hacen a través de un repertorio de métodos de coerción. Los crecientes asesinatos de activistas locales (comúnmente conocidos como líderes sociales) que se manifiestan en contra de los grupos armados y sus prácticas son un claro ejemplo de violencia ejemplarizante. Amenazar o asesinar a una figura de la comunidad a menudo tiene el efecto de silenciar a todo un sector de la población. Las lideresas que hablan abiertamente son particularmente vulnerables y manifiestan no solo haber recibido amenazas directas en su contra, sino también dirigidas contra sus hijos y familiares. También afirman ser objeto de violencia sexual.

Los grupos armados aprendieron lecciones perversas de la pandemia que continúan moldeando su comportamiento. Después de dieciocho meses en los que las escuelas permanecieron cerradas, han desarrollado una gran cantidad de estrategias para atraer a niños y jóvenes a sus filas, desde organizar clubes deportivos y sociales hasta hacer fiestas y competencias de videojuegos en línea. Su abrumador éxito en el reclutamiento de menores ha roto la cohesión social en algunas comunidades. Familias en áreas con una notable presencia de grupos disidentes y posparamilitares dicen que es casi imposible evitar alguna forma de reclutamiento por parte de estas redes; una vez dentro, a los niños les resulta difícil escapar. Las familias que denuncian casos de reclutamiento o se dirigen directamente al grupo en busca de ayuda pueden enfrentar represalias violentas y ostracismo social. “Antes, las madres publicaban en redes sociales cuando alguien era reclutado diciendo que había desaparecido, pero ahora guardan silencio”, dijo una lideresa indígena del Cauca.

Los grupos armados también han impuesto confinamientos mucho más allá de las cuarentenas por el COVID-19 como medio de control. Con la excepción del ELN y algunos frentes disidentes, la mayoría de los grupos armados no están uniformados ni tienen su base en campamentos, lo que dificulta que incluso sus propios miembros los puedan reconocer. El confinamiento es una forma para aclarar quién pertenece al grupo y de garantizar que los rivales no entren a una zona determinada. Entre enero y octubre de 2021, más de 50 000 personas estuvieron sometidas a confinamientos impuestos por grupos armados, que van desde toques de queda hasta restricciones generales a la movilidad. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, casi todas las víctimas pertenecían a comunidades indígenas o afrocolombianas vulnerables. Durante el segundo semestre del año, campesinos del Triángulo de Telembí en Nariño denunciaron cómo facciones disidentes rivales instalaron minas antipersonales en las entradas y salidas de sus veredas, le advirtieron a cualquiera que considerara huir que no se les permitiría regresar y, en casos extremos, impidieron que los pobladores salieran de sus hogares, incluso para atender sus cultivos. Agencias humanitarias en toda Colombia se han apresurado a responder a esta creciente e invisible crisis, a veces con dificultades para determinar a quién deben acudir para conseguir acceso. Además de representar una amenaza para la capacidad de las comunidades de mantener el suministro de alimentos y su seguridad, el aislamiento forzoso en estas áreas a menudo les impide a los niños asistir a la escuela y recibir atención médica.

Es probable que estas condiciones empeoren en los próximos meses, tanto porque el gobierno aún no parece tener una estrategia clara para abordar las más recientes manifestaciones de violencia, como porque mientras se esté en campaña para las elecciones de 2022 y 2023 no habrá posibilidades inmediatas de reforma. Las elecciones tienden a aumentar los enfrentamientos violentos por el control territorial en Colombia, un asunto de particular preocupación en el período previo a los comicios locales de 2023. Las elecciones para alcaldías y concejos municipales están expuestas a la manipulación, incluso a través de intimidación y violencia contra los votantes, por parte de intereses políticos, tanto ilegales como legales, que desean acceder a la influencia que tienen los funcionarios locales sobre la asignación de lucrativos contratos públicos, la designación de puestos de control clave y la destinación de fondos. Mientras tanto, las fuerzas armadas colombianas han tenido dificultades para adaptarse a las cambiantes dinámicas del conflicto. Su empeño en aferrarse a las tácticas usadas para combatir a la exguerrilla de las FARC (capturas, erradicación de coca y puestos de control estratégicos) no sirven para debilitar a las complejas redes criminales actuales, ni para proteger a las comunidades vulnerables que se ven obligadas a vivir en medio de ellas.

Partes del acuerdo de paz de 2016 que estaban destinadas a frenar la economía ilícita se han estancado. El fracaso de un programa de sustitución de cultivos de coca se destaca como especialmente problemático. Unos 100 000 campesinos que arrancaron voluntariamente sus plantas de coca en 2017 y 2018 aún no han recibido la ayuda prometida para generar nuevos medios de subsistencia. Cuatro años después, muchos se han visto obligados a replantar coca ante la necesidad de poner comida en sus mesas y, en muchos casos, por órdenes de grupos armados. Los programas para el desarrollo rural destinados a hacer más competitivos los cultivos legales se han movido demasiado lento para detener los avances de la economía ilegal. Mientras tanto, los mecanismos para garantizar que estos y otros aspectos del acuerdo incluyan y respeten la autonomía de las comunidades étnicas siguen sin contar con fondos suficientes y son secundarios al proceso de formulación de políticas. La promesa de un enfoque de género (que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres para garantizar su participación y protección) en el diseño de programas y políticas se ha reducido a poco más que un ejercicio de marcar casillas para garantizar la asistencia de mujeres a las reuniones.

La UE y sus Estados miembros se encuentran en la inusual posición de gozar de altos niveles de confianza por parte del gobierno colombiano, la sociedad civil y las comunidades afectadas por el conflicto. Un memorando de entendimiento firmado recientemente entre Bogotá y Bruselas da fe de la solidez de la relación UE-Colombia. La UE también ha sido un donante clave para el proceso de paz y ha apoyado especialmente el desarme y los esfuerzos para desmovilizar y reintegrar a los excombatientes de las FARC en la vida civil. También ha sido uno de los pocos donantes que le ha dado prioridad a atender las necesidades de las mujeres excombatientes, cuyos proyectos pueden requerir diferentes tipos de apoyo técnico y logístico debido a sus necesidades específicas, como por ejemplo el cuidado infantil.

Aun así, el esfuerzo de importancia crítica para implementar los acuerdos de 2016 se ha visto socavado por el incumplimiento en la realización de las reformas necesarias para darle a las comunidades perspectivas económicas y la posibilidad de participar en la vida política del país. Durante la campaña electoral sería útil que la UE puede indique sus prioridades, dejando en claro que los donantes internacionales continúan insistiendo en la implementación completa del acuerdo de paz, incluidas las reformas que son difíciles desde el punto de vista político, tales como las reformas rurales y de tierras, que hasta ahora han quedado en suspenso, algunas en el Congreso y otras en la implementación, a menudo por falta de voluntad política. La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, que tiene como objetivo garantizar que los derechos y prerrogativas constitucionales de los indígenas y afrocolombianos, incluida la autonomía territorial, se respeten en la implementación del acuerdo de paz, es otro ejemplo: la instancia carece de financiación suficiente, y no ha sido incluida en los procesos de planificación vinculados a la implementación del acuerdo.

El apoyo de la UE a la Fiscalía General ha sido fundamental en sus esfuerzos por fortalecer las investigaciones de los crímenes contra líderes sociales y excombatientes de las FARC, las dos olas de asesinatos que han cobrado las vidas de aproximadamente 700 personas desde el acuerdo de paz y han sido centrales en los intentos de los grupos armados por establecer su control social y territorial. Mientras la impunidad siga siendo la norma para los autores de delitos violentos en el campo, la UE debe mantener e incrementar este apoyo.

Por último, la UE sigue siendo uno de los pocos organismos internacionales que podría ayudar de forma creíble al gobierno colombiano a encontrar una nueva ruta para la sustitución de cultivos de coca, aprovechando la experiencia adquirida en Bolivia y Perú. El acuerdo de paz legalmente prioriza la sustitución sobre la erradicación forzosa, una estrategia de confrontación en la que los campesinos tienden a cargar con la peor parte de los esfuerzos antinarcóticos y que ha demostrado ser ineficaz para reducir los cultivos. Sin embargo, los enfoques voluntarios más eficaces carecen de fondos suficientes y nunca han gozado de un amplio apoyo político. Colombia necesita una salida viable para las miles de familias que cultivan coca por necesidad. La UE y sus Estados miembros deben respaldar las iniciativas para construirla.