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En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia
En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia
Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests
Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests
Workers prepare a banner that reads “dialogues of peace" prior to a conference of victims of the Colombian armed conflict in Havana, on 16 August 2014. REUTERS/Alexandre Meneghini

En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia

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Resumen

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entran en su etapa más difícil en un estado tanto de fragilidad como de fortaleza. La primera cualidad se puso de manifiesto el 22 de mayo, cuando el colapso del cese al fuego unilateral que mantuvo la guerrilla durante cinco meses desencadenó la peor escalada de violencia de los últimos años. La segunda quedó demostrada dos semanas más tarde, cuando los negociadores pusieron fin a un año de sequía sin grandes avances acordando el establecimiento de una comisión de la verdad. También parecían estar más cerca de llegar a un acuerdo adicional sobre reparaciones. Sin embargo, a pesar de estos avances, las negociaciones transitan en una cuerda floja. Para llevarlas a buen puerto, las partes deben retomar un camino eficaz de desescalamiento de la violencia, en la perspectiva de un cese al fuego bilateral definitivo, que debería ocurrir solo una vez que estén suficientemente consolidadas las negociaciones sobre temas fundamentales de justicia transicional. Este enfoque gradual es la mejor apuesta para evitar que el proceso se enrede en la violencia, el deterioro del apoyo público y las profundas divisiones políticas.

Aunque ninguna de las dos partes se plantea actualmente abandonar las negociaciones, el entorno más amplio entraña riesgos. La violencia persistente genera nuevas emergencias humanitarias, alienta a los saboteadores y fortalece a los sectores más radicales. Con el creciente desgaste de la paciencia política, solo haría falta una chispa para suspender el proceso o desencadenar su ruptura. E incluso si se llegara a un acuerdo sobre reparaciones en breve, los negociadores aún se enfrentan a numerosos asuntos sumamente polémicos y conexos entre sí. Estos incluyen la responsabilidad judicial por los graves crímenes cometidos por ambas partes, el cese al fuego bilateral y la ratificación del acuerdo final. Las disputadas elecciones locales de octubre podrían debilitar aún más el centro político sobre el que tarde o temprano deberá asentarse cualquier acuerdo de paz duradero.

Maniobrar las negociaciones para sortear estos peligros desafía las soluciones fáciles. Las demandas por acelerar las negociaciones o imponer una fecha límite han ido en aumento. Lo cierto es que es no posible seguir como si no hubiera pasado nada. Las partes deberían considerar formas de avanzar más enérgicamente, entre otras dividir las actuales discusiones sobre víctimas y justicia transicional en acuerdos parciales de menor envergadura, adoptar un cronograma más ajustado, e involucrar más a los actores internacionales. Pero la aceleración como un fin en sí mismo conlleva riesgos. Precipitar un acuerdo podría satisfacer las demandas políticas, pero el acuerdo resultante bien podría resultar imposible de implementar y sería de eficacia limitada. De hecho, el ritmo pausado de las negociaciones simplemente refleja problemas más profundos, entre ellos las tensiones internas en ambos lados y un entorno político adverso. Las partes ya están corriendo contra el reloj para ratificar y comenzar a implementar los acuerdos finales antes de que finalice el mandato del presidente Santos en 2018, por lo que una fecha límite no sumaría mucho y podría conducir al proceso a un limbo si las negociaciones no logran cumplir el plazo establecido.

La escalada de violencia además ha intensificado los llamados a un cese al fuego bilateral inmediato. Esto eliminaría las amenazas que conllevan las persistentes hostilidades, pero aún no ha llegado el momento para ello. No hay acuerdo aún entre las partes sobre lo que significaría en la práctica un cese al fuego, y como demuestra claramente la ruptura de la tregua unilateral de las FARC, el cese definitivo de las hostilidades no será viable si los mecanismos y protocolos necesarios para sostenerlo no son plenamente aceptados por los líderes de ambos lados. E incluso si las partes pudieran acordarlos rápidamente, hay pocos indicios de que el acuerdo pueda ser implementado rápidamente. Lo más probable es que ni el gobierno ni las FARC estén en condiciones de aceptar los costos de un fin definitivo de las hostilidades mientras aún se estén discutiendo cuestiones fundamentales. Por lo tanto, un cese al fuego bilateral solo será un objetivo realista una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre el marco de justicia transicional.

El primer paso para superar las dificultades actuales debería ser más modesto. Las partes deben frenar urgentemente la escalada de hostilidades, empezando por ejercer el máximo autocontrol en el campo de batalla, entre otras cosas respetando estrictamente el derecho internacional humanitario. Esto debería ir acompañado de un nuevo impulso bilateral de desescalamiento, que incluya ampliar el actual programa de desminado y explorar las posibilidades de reducir las hostilidades de forma discreta y recíproca. Un desescalamiento conjunto crearía el espacio que requieren los negociadores y fomentaría la confianza mutua necesaria para sostener un eventual acuerdo de paz. Al mismo tiempo, las partes deberían acelerar las discusiones técnicas en La Habana sobre el “fin del conflicto”, a fin de elaborar una propuesta para la implementación de un cese al fuego bilateral inicial tras un acuerdo de justicia transicional. Este cese al fuego deberá incluir algún tipo de concentración regional de las FARC y monitoreo internacional; el acantonamiento pleno y la “dejación de armas”, o desarme, deberían seguir a la ratificación de los acuerdos finales. 

Un cese al fuego inicial pero no inmediato, de estas características, aceleraría el proceso y permitiría a las partes iniciar la implementación de algunos de los temas de la agenda; otros podrían integrarse al proceso político más amplio, incluida la comisión de la verdad. Un cese de fuego también ayudaría a profundizar el arraigo político del proceso. El gobierno tiene mucho margen para enviar mensajes más coherentes, consecuentes y convincentes, y el apoyo de la comunidad internacional seguirá siendo fundamental frente a la disminución del apoyo nacional.  Pero superar el desinterés, escepticismo e indiferencia generalizados será difícil mientras las hostilidades continúen. Un cese al fuego crearía nuevas posibilidades de ampliar las bases políticas de las negociaciones. En una fase posterior, esto podría incluir la transferencia de las negociaciones, o parte de ellas, de Cuba a Colombia.

En medio de una nueva ola de violencia, y ante la disminución del apoyo político, es fácil olvidar los logros obtenidos. Los negociadores han avanzado considerablemente en lo relativo a las raíces y los principales efectos del conflicto. Los más de tres años de negociaciones confidenciales y públicas también han creado una noción compartida de que la transición es posible. Más que replantear lo que ha funcionado, la vía más prometedora es hacer uso de estos logros y fortalezas.

Bogotá/Brussels, 2 de julio de 2015

Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests

Originally published in Newsweek

Government leaders gathering at the United Nations Climate Change Conference (COP26) to discuss climate change signed the "Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use," which commits them to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030. In countries such as Colombia, where both the perpetrators and victims of conflict drive the razing of forests, it will be impossible to fulfill the promises of the declaration without addressing the root causes of violence.

Colombia is the second most biodiverse country in the world, but about 780,000 hectares of primary forest—a territory the size of Haiti—have been cleared since the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) declared a unilateral ceasefire and began to withdraw from their traditional strongholds. Last week, the U.S. National Intelligence Council listed Colombia among the 11 countries most vulnerable to the threat of climate change, and the current rate of tree loss aggravates the potential risks posed by drought and flooding in Colombia.

The country's natural riches have long been vulnerable to man made devastation.

The country's natural riches have long been vulnerable to man made devastation. Throughout Colombia's guerrilla wars and other conflicts, dating from the 1960s, collateral environmental damage has been routine: terrorist attacks against pipelines resulted in oil spills, causing irreversible harm to fragile ecosystems, while as part of the U.S-sponsored war on drugs 1.8 million hectares were fumigated with a poisonous herbicide. At the same time, criminal groups have been plundering natural resources such as coca, timber and illegal gold, the profits from which continue to fuel competitive violence.

But if conflict ran roughshod over the environment, a peace deal signed by the government in 2016 with the largest Colombian guerrilla group, the FARC, has actually made things worse. With the swipe of a pen, former President Juan Manual Santos and FARC's chief negotiator Rodrigo Londoño, alias Timochenko, theoretically ended over half a century of internal strife. The treaty was widely applauded for charting a path to defend the environment, but deforestation rates have skyrocketed since its signing.

Historically, the FARC prohibited commercial logging and punished those who harmed the environment by imposing fines or expelling offenders. Forest conservation was mostly motivated by self-interest: The FARC needed forest cover to secretly move troops and set up camp. Deforestation quickly began to rise soon after the guerrilla—which had operated mostly from rural areas—declared a ceasefire in December 2014, and gained pace after the 2016 accord was signed.

The rebels' demobilization provided an opportunity for other insurgents and organized crime groups. With state authority in the countryside still feeble, those groups cleared land to expand their enterprises, sometimes in partnership with legal businesses. "After we handed in our weapons," a former guerrilla commander said to me, "neither the army nor the police was capable of protecting the environment."

But armed groups are not the only ones driving rising deforestation—so are their victims. In several trips to the Amazon, illegal gold mines in the Andes and cattle ranching regions on the coast, we spoke with some of Colombia's most vulnerable people, the small-hold or landless farmers who are among the millions displaced from their homes by violence over recent decades. They are now frequently the ones wielding the gasoline-fueled chainsaws that bring forests crashing down. "I can clear almost three hectares a day with one of these machines," a farmer told me while walking through a recently razed forest in the Amazon.

Farmers and miners ... forced off their lands by violent groups turn to cutting down forests as a means to survive in Colombia's most remote areas.

These subsistence farmers and miners who have often been forced off their lands by violent groups turn to cutting down forests as a means to survive in Colombia's most remote areas. They are often used as expendable labor and end up doing the bidding for armed groups that build cattle ranches or mine fragile ecosystems for gold. The Colombian government has responded to rampant land clearance by creating a special military and police campaign, Operation Artemisa, but it has taken the easy route, targeting families struggling to survive while white-collar criminal financiers behind large-scale deforestation remain untouched.

The peace accord promised sustainable development to address poverty in Colombia's most conflict-affected areas, but little has so far been done. After the government failed to fulfill its end of the bargain in a voluntary coca eradication scheme, some growers decided to turn back to the illicit crop. Others, tired of the risks of dealing with drug traffickers, opted to chop trees and rear cattle. Cows get thin when they are transported from remote jungle areas to urban buyers, a farmer complains. "But at least ... you know that cow will be sold."

What can be done and why should we care? If Colombia does not design law enforcement strategies that target those behind large-scale forest clearing or implement the parts of the peace agreement that will prevent victims and the rural poor from destroying jungles to make a living, deforestation will simply plough on.

The world can and should help Colombia reach its goal of halting deforestation by 2030. This means scaling up their political and financial support for environmental conservation and rural development, so that core aspects of the peace agreement, like a plan to redistribute existing cleared land that stands idle, are implemented. International buyers of products coming from illegally razed forests should clean up their supply chain. The Amazon Protection Plan proposes import bans on products from illegally deforested areas and suggests debt relief for countries that show progress on environmental protection.

The environment has been often overlooked as a factor that can make or break peace in Colombia. Ending violence and conserving forests are interconnected goals, and the stakes are high. These issues should be pushed to the top of the agendas of the Colombian government, international backers of peace and foreign governments. They should start this week at COP26, by ensuring that any climate finance there pledged to stop deforestation takes account of the conflict conditions that contribute to it.