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En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia
En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia
FARC finalizan sus 53 años de insurgencia en Colombia
FARC finalizan sus 53 años de insurgencia en Colombia
Workers prepare a banner that reads “dialogues of peace" prior to a conference of victims of the Colombian armed conflict in Havana, on 16 August 2014. REUTERS/Alexandre Meneghini

En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia

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Resumen

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entran en su etapa más difícil en un estado tanto de fragilidad como de fortaleza. La primera cualidad se puso de manifiesto el 22 de mayo, cuando el colapso del cese al fuego unilateral que mantuvo la guerrilla durante cinco meses desencadenó la peor escalada de violencia de los últimos años. La segunda quedó demostrada dos semanas más tarde, cuando los negociadores pusieron fin a un año de sequía sin grandes avances acordando el establecimiento de una comisión de la verdad. También parecían estar más cerca de llegar a un acuerdo adicional sobre reparaciones. Sin embargo, a pesar de estos avances, las negociaciones transitan en una cuerda floja. Para llevarlas a buen puerto, las partes deben retomar un camino eficaz de desescalamiento de la violencia, en la perspectiva de un cese al fuego bilateral definitivo, que debería ocurrir solo una vez que estén suficientemente consolidadas las negociaciones sobre temas fundamentales de justicia transicional. Este enfoque gradual es la mejor apuesta para evitar que el proceso se enrede en la violencia, el deterioro del apoyo público y las profundas divisiones políticas.

Aunque ninguna de las dos partes se plantea actualmente abandonar las negociaciones, el entorno más amplio entraña riesgos. La violencia persistente genera nuevas emergencias humanitarias, alienta a los saboteadores y fortalece a los sectores más radicales. Con el creciente desgaste de la paciencia política, solo haría falta una chispa para suspender el proceso o desencadenar su ruptura. E incluso si se llegara a un acuerdo sobre reparaciones en breve, los negociadores aún se enfrentan a numerosos asuntos sumamente polémicos y conexos entre sí. Estos incluyen la responsabilidad judicial por los graves crímenes cometidos por ambas partes, el cese al fuego bilateral y la ratificación del acuerdo final. Las disputadas elecciones locales de octubre podrían debilitar aún más el centro político sobre el que tarde o temprano deberá asentarse cualquier acuerdo de paz duradero.

Maniobrar las negociaciones para sortear estos peligros desafía las soluciones fáciles. Las demandas por acelerar las negociaciones o imponer una fecha límite han ido en aumento. Lo cierto es que es no posible seguir como si no hubiera pasado nada. Las partes deberían considerar formas de avanzar más enérgicamente, entre otras dividir las actuales discusiones sobre víctimas y justicia transicional en acuerdos parciales de menor envergadura, adoptar un cronograma más ajustado, e involucrar más a los actores internacionales. Pero la aceleración como un fin en sí mismo conlleva riesgos. Precipitar un acuerdo podría satisfacer las demandas políticas, pero el acuerdo resultante bien podría resultar imposible de implementar y sería de eficacia limitada. De hecho, el ritmo pausado de las negociaciones simplemente refleja problemas más profundos, entre ellos las tensiones internas en ambos lados y un entorno político adverso. Las partes ya están corriendo contra el reloj para ratificar y comenzar a implementar los acuerdos finales antes de que finalice el mandato del presidente Santos en 2018, por lo que una fecha límite no sumaría mucho y podría conducir al proceso a un limbo si las negociaciones no logran cumplir el plazo establecido.

La escalada de violencia además ha intensificado los llamados a un cese al fuego bilateral inmediato. Esto eliminaría las amenazas que conllevan las persistentes hostilidades, pero aún no ha llegado el momento para ello. No hay acuerdo aún entre las partes sobre lo que significaría en la práctica un cese al fuego, y como demuestra claramente la ruptura de la tregua unilateral de las FARC, el cese definitivo de las hostilidades no será viable si los mecanismos y protocolos necesarios para sostenerlo no son plenamente aceptados por los líderes de ambos lados. E incluso si las partes pudieran acordarlos rápidamente, hay pocos indicios de que el acuerdo pueda ser implementado rápidamente. Lo más probable es que ni el gobierno ni las FARC estén en condiciones de aceptar los costos de un fin definitivo de las hostilidades mientras aún se estén discutiendo cuestiones fundamentales. Por lo tanto, un cese al fuego bilateral solo será un objetivo realista una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre el marco de justicia transicional.

El primer paso para superar las dificultades actuales debería ser más modesto. Las partes deben frenar urgentemente la escalada de hostilidades, empezando por ejercer el máximo autocontrol en el campo de batalla, entre otras cosas respetando estrictamente el derecho internacional humanitario. Esto debería ir acompañado de un nuevo impulso bilateral de desescalamiento, que incluya ampliar el actual programa de desminado y explorar las posibilidades de reducir las hostilidades de forma discreta y recíproca. Un desescalamiento conjunto crearía el espacio que requieren los negociadores y fomentaría la confianza mutua necesaria para sostener un eventual acuerdo de paz. Al mismo tiempo, las partes deberían acelerar las discusiones técnicas en La Habana sobre el “fin del conflicto”, a fin de elaborar una propuesta para la implementación de un cese al fuego bilateral inicial tras un acuerdo de justicia transicional. Este cese al fuego deberá incluir algún tipo de concentración regional de las FARC y monitoreo internacional; el acantonamiento pleno y la “dejación de armas”, o desarme, deberían seguir a la ratificación de los acuerdos finales. 

Un cese al fuego inicial pero no inmediato, de estas características, aceleraría el proceso y permitiría a las partes iniciar la implementación de algunos de los temas de la agenda; otros podrían integrarse al proceso político más amplio, incluida la comisión de la verdad. Un cese de fuego también ayudaría a profundizar el arraigo político del proceso. El gobierno tiene mucho margen para enviar mensajes más coherentes, consecuentes y convincentes, y el apoyo de la comunidad internacional seguirá siendo fundamental frente a la disminución del apoyo nacional.  Pero superar el desinterés, escepticismo e indiferencia generalizados será difícil mientras las hostilidades continúen. Un cese al fuego crearía nuevas posibilidades de ampliar las bases políticas de las negociaciones. En una fase posterior, esto podría incluir la transferencia de las negociaciones, o parte de ellas, de Cuba a Colombia.

En medio de una nueva ola de violencia, y ante la disminución del apoyo político, es fácil olvidar los logros obtenidos. Los negociadores han avanzado considerablemente en lo relativo a las raíces y los principales efectos del conflicto. Los más de tres años de negociaciones confidenciales y públicas también han creado una noción compartida de que la transición es posible. Más que replantear lo que ha funcionado, la vía más prometedora es hacer uso de estos logros y fortalezas.

Bogotá/Brussels, 2 de julio de 2015

FARC guerrillas carry a white flag symbolising peace as they march toward a camp where they will disarm and reintegrate into civilian live after more than five decades of conflict. Bogotá, Colombia on 8 February 2017. NOTIMEX / Presidency of Colombia

FARC finalizan sus 53 años de insurgencia en Colombia

With the official disarming of its main rebel organisation, Colombia has passed a remarkable new milestone in its peace process. But major challenges remain: the destruction of remote arms dumps, reintegration of ex-combatants, and progress towards peace with other armed groups.

International Crisis Group celebra el logro más importante del proceso de paz colombiano hasta la fecha: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han finalizado la entrega de 7.100 armas a la Misión de las Naciones Unidas, dando fin a sus 53 años de insurgencia. Ahora las partes deben centrar su atención en implementar la totalidad del acuerdo de paz, lo que requerirá superar una serie de grandes desafíos.

Lo primero es garantizar la seguridad. La paz con las FARC ha puesto fin al mayor grupo insurgente de Colombia, pero otras organizaciones armadas siguen activas. El Ejército de Liberación Nacional o ELN, continúa su guerra en contra del gobierno pese al proceso de paz que se desarrolla actualmente en Quito. El gobierno y el ELN han anunciado un plan para alcanzar un cese de fuego bilateral a inicios de septiembre, y deberían intensificar sus esfuerzos en la mesa de negociaciones para alcanzarlo. Otros grupos armados, incluidos organizaciones criminales y disidentes de las FARC, controlan partes importantes de la periferia colombiana. El gobierno debería incrementar en el corto plazo sus esfuerzos militares y policiales para retomar eficazmente el control de las áreas bajo su influencia. Finalmente, las faltantes 872 caletas de las FARC registradas por la ONU deben ser destruidas antes del 1° de septiembre, según lo acordado.

El segundo desafío será reintegrar a los combatientes de las FARC a la vida civil.

El segundo desafío será reintegrar a los combatientes de las FARC a la vida civil a través de su participación en cooperativas económicas, la realización de trabajo político y el apoyo para su educación. Las FARC esperan poder hacer esto al tiempo que mantienen su cohesión interna y estilo de vida colectiva. Pero la planificación se ha retrasado ya que faltan puntos claves sobre los proyectos que las FARC esperan ayudar a implementar con el fin de generar ingresos y sustento para sus combatientes. La propuesta de las FARC de que sus combatientes permanezcan en áreas extremadamente remotas de Colombia, donde el grupo estuvo presente por décadas, puede encontrar problemas porque estas partes del país se caracterizan por la pobreza, falta de mercados e infraestructura deficiente. Recientemente, la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de la reinserción de los ex combatientes desde 2006, se encargó de la "reincorporación" de las FARC. Necesitará mayores recursos financieros para garantizar un proceso exitoso.

Finalmente, el acuerdo de paz aún enfrenta una gran resistencia política. Los partidos políticos de la oposición han jurado cambiar ciertos aspectos del acuerdo y, con elecciones legislativas y presidenciales programadas para el próximo año, pronto tendrán la oportunidad de cumplir su promesa. La exitosa entrega de armas debería dar en teoría un impulso a los defensores del acuerdo de paz, pero mucho dependerá de la evolución en dos frentes importantes. El gobierno y las FARC tendrán que mostrar que su acuerdo de sustitución de coca produce resultados, es decir, una disminución de la producción de coca y una transición hacia una economía basada en actividades económicas sostenibles y legales. Las tendencias actuales no son prometedoras. Es probable que Colombia ya sea testigo de niveles récord de cultivo de coca, que los críticos han vinculado al proceso de paz y a una política contra las drogas demasiado suave.

Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) – el mecanismo de justicia transicional designado para brindar justicia y dilucidar lo ocurrido durante el conflicto armado –  necesita demostrar que está haciendo una diferencia y reforzar la rendición de cuentas, en especial contra los comandantes guerrilleros, a fin de contrarrestar la percepción de que las FARC quedarán impunes.

[L]a insurgencia violenta de las FARC ha llegado a su fin y la organización ha dejado de existir como grupo armado.

La entrega de armas en un hito: la insurgencia violenta de las FARC ha llegado a su fin y la organización ha dejado de existir como grupo armado. Pese a todos los desafíos que quedan, y a todas las incertidumbres que se avecinan, este es un logro notable para el pueblo colombiano. En un momento en que la fe en la construcción de paz y la resolución de conflictos está en un nivel bajo, también es un ejemplo agradable e inspirador para el resto del mundo.