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Justicia 
transicional 
y los diálogos 
de paz en 
Colombia
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COVID-19, Inequality and Protests in Colombia
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Resumen ejecutivo

Si el gobierno del Presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quieren sentar las bases de una paz sostenible a medida que avanzan hacia un desenlace exitoso de los diálogos iniciados a finales de 2012, tienen que concertar un plan claro, creíble y coherente que enfrente los abusos de derechos humanos cometidos por todas las partes. Esta no es tarea fácil. Cualquier acuerdo sostenible deberá ser aceptable no solo para las dos partes. Encontrar un terreno común entre la guerrilla, el gobierno, los críticos de las negociaciones de paz, las víctimas y un público en gran medida desfavorable hacia las FARC es difícil, pero lo será aún más en la cúspide del ciclo electoral de 2014. No obstante, dado que las cortes, el Congreso y los electores desempeñarán un papel importante en la ratificación y aplicación de las medidas de justicia transicional, el interés de ambas partes en una transición estable debería compensar el costo de llegar a un acuerdo que sobrepase sus estrechos intereses. De otra manera, el declive del apoyo popular, la controversia política y los desafíos legales amenazan con socavar tanto la justicia como la paz.

La justicia para las víctimas de todos los actores del conflicto, incluyendo a las víctimas de los agentes del Estado, es un aspecto esencial de cualquier régimen viable de justicia transicional. Aquellos que resulten ser los máximos responsables de los delitos más graves, de cualquiera de los lados, tienen que ser juzgados y se les debe imponer penas apropiadas, que sólo bajo condiciones muy estrictas podrían ser reducidas. Una amnistía puede cubrir solamente los delitos políticos y los crímenes conexos al delito político, pero nunca los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Los miembros de las FARC que estén fuera de la categoría de máximos responsables podrían ser elegibles para un proceso administrativo que, bajo condiciones vinculadas a la reconciliación, garantice penas reducidas o la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de que sean condenados por delitos relacionados con el conflicto. Los detalles del modelo de justicia transicional aplicable a agentes del Estado deben ser dejados en manos del Congreso.

Los elementos referidos del modelo de justicia transicional deben ir acompañados por mecanismos de búsqueda y narración de la verdad, sobre todo a través de una comisión de la verdad independiente y de iniciativas locales de memoria. También debe existir un compromiso renovado con la reparación integral y un plan convincente para lograr una mejor gobernabilidad, incluyendo el fortalecimiento institucional y el establecimiento de un proceso creíble de depuración, que ayude a prevenir un retorno a la violencia armada. 

Llegar a un acuerdo sobre un modelo integral de justicia transicional tendrá costos para ambas partes. Las actitudes sobre los crímenes cometidos durante el conflicto han comenzado a cambiar, pero tanto el gobierno como las FARC aún tienen mucho que hacer para reconocer plenamente su respectiva responsabilidad por las múltiples violaciones de los derechos humanos. La agenda de negociación no menciona varios aspectos claves para un acuerdo de justicia transicional adecuado, tales como los mecanismos para establecer la responsabilidad penal individual y la reparación. En medio de una creciente presión para concluir los diálogos antes de que comiencen las campañas electorales presidenciales y legislativas de 2014, ambas partes podrían estar tentadas a conformarse con un acuerdo expedito pero que no cumpla con los estándares nacionales e internacionales de los derechos de las víctimas. Una solución a la que se llegue de manera fácil podría satisfacer los imperativos políticos de corto plazo pero sería un error en el largo plazo. Esto no sólo provocaría problemas legales sino que alentaría a los opositores de los diálogos de paz, quienes fundamentan gran parte de su oposición en el rechazo a la “impunidad” para las FARC.

Ambas partes, por lo tanto, tienen un interés común en lograr un acuerdo perdurable. La mejor manera de generar esa sostenibilidad es la de respetar las obligaciones de Colombia establecidas en múltiples tratados de derechos humanos y de derecho penal internacional. Estos, junto con la legislación y jurisprudencia internas, no son obstáculos para la paz sino la base para un acuerdo en el que todos los sectores sociales, aun los críticos moderados de las negociaciones, podrían sentirse representados y que podría superar el escrutinio judicial. Las partes no deberían desarrollar por sí mismas todos los aspectos de un modelo de justicia transicional, pero sí deberían diseñar las disposiciones que generen seguridad jurídica para los miembros de las FARC, garanticen los derechos de las víctimas y fomenten el apoyo social de modo que se evite el desgaste del régimen de justicia transicional en disputas políticas y legales.

Colombia está en una posición probablemente mejor que la de muchos otros países que emergen de conflictos para fortalecer su proceso de paz con un modelo de justicia transicional integral. Los años de experiencia en el tratamiento de los paramilitares desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005 (LJP) han producido una gran cantidad de lecciones acerca de lo que puede funcionar. Se encuentra en curso un programa masivo de reparación para todas las víctimas y se ha avanzado en la búsqueda de la verdad, a pesar del conflicto. Sin embargo, los negociadores y los encargados de las políticas necesitan tomar en serio las limitaciones financieras y administrativas. En particular, deben procurar no repetir el error de establecer un sistema ambicioso en el plano legislativo, pero que en la práctica tendría dificultades para defender los derechos de las víctimas. Como punto de partida, deben admitir que esta es una tarea de largo aliento y establecer a partir de allí la secuencia de las medidas de justicia transicional y su prioridad frente a otras demandas que compiten por los recursos del Estado, incluyendo aquellas que se deriven de la implementación de un acuerdo de paz. La comunidad internacional debe proporcionar apoyo financiero y logístico a las instituciones de justicia transicional tanto nuevas como existentes y debe, de igual manera, cooperar en la implementación de las garantías de no repetición.

Es esencial poner fin al conflicto armado para avanzar hacia una Colombia más pacífica, justa y democrática. Pero no se puede construir un futuro estable sin reconocer el pasado. Por más de cinco décadas, el conflicto ha cobrado la vida de unas 220.000 personas, ha desplazado a más de cinco millones y ha convertido en refugiados a casi 400.000. Se han cometido innumerables crímenes graves, incluyendo masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y violencia sexual o de género. Develar los perpetradores y sus redes, castigar a los máximos responsables de ambas partes, proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas e instaurar un régimen político y social bajo el cual no se repitan tales atrocidades son los pasos necesarios hacia una paz duradera. Completar este proceso tomará probablemente décadas. Lo que el gobierno y las FARC tienen que hacer ahora es acordar la hoja de ruta para una transición larga, pero definitiva, hacia la paz. 

Bogotá/Bruselas, 29 agosto de 2013

COVID-19, Inequality and Protests in Colombia

This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Crisis Group experts Renata Segura and Beth Dickinson about protests across Colombia, the inequality and police violence that are motivating people to take to the streets, and prospects for reform.

This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Renata Segura, deputy program director for Latin America and the Carribean, and Beth Dickinson, senior analyst for Colombia, about the anti-government protests across Colombia. They discuss what the deadly unrest looks like, a controversial tax reform proposed in April that triggered protests and the blockades that have sprung up across the country’s cities, towns and villages. They unpack protesters’ demands, notably the role of the COVID-19 pandemic in aggravating already rife inequality, and how police crackdowns have further fuelled people’s anger. They also talk about how Colombian society views the protests, whether protesters’ demands are widely shared and how likely it is that President Ivan Duque’s government will take measures to address their grievances. They discuss the likelihood of similar protests elsewhere in Latin America, given that many other countries in the region suffer the same inequality, worsened by COVID, that has taken people to the streets in Colombia. 

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Contributors

Interim President
atwoodr
Naz Modirzadeh
Board Member and Harvard Professor of International Law and Armed Conflicts
Senior Analyst, Colombia
dickinsonbeth
Deputy Program Director, Latin America and Caribbean
renaticas