Report / Latin America & Caribbean 2 minutes

La reelección de Uribe

¿Puede la UE ayudarle a Colombia a desarrollar una estrategia de paz más equilibrada?

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Resumen Ejecutivo

El 28 de mayo de 2006, el presidente Álvaro Uribe ganó por un amplio margen un segundo mandato de cuatro años. Esta primera reelección de un presidente colombiano en ejercicio en más de un siglo, junto con las elecciones para Congreso del 12 de marzo que tuvieron como resultado una mayoría uribista en el órgano legislativo y la terminación del tradicional sistema partidista liberal-conservador, anuncia un profundo cambio en el panorama político. Aunque los resultados difícilmente habrían podido ser mejores para Uribe, ahora el presidente tendrá que endurecer su posición contra la impunidad y diversificar una política contrainsurgente que ha sido casi exclusivamente militar, si quiere conducir a Colombia hacia la finalización de su conflicto armado de más de 40 años de duración. La comunidad internacional, y específicamente la Unión Europea (UE), pueden ayudar instando a buscar un nuevo equilibrio entre las políticas de seguridad que ha favorecido el presidente y las medidas sociales y económicas que se requieren para atacar la raíz del problema.

Se requiere una acción gubernamental ágil en cinco áreas de política básicas: reincorporar a la sociedad a más de 35.000 ex paramilitares, que plantean un alto riesgo de convertirse en un problema delictivo y criminal incontrolable, e implementar rigurosamente la Ley de Justicia y Paz (LJP) de modo que sus jefes no terminen eludiendo el castigo por sus crímenes y conservando intacta su influencia política; investigar a cabalidad los nuevos cargos de nexos entre la policía secreta (el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) y los paramilitares; promover y defender con mayor empeño los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; combatir el narcotráfico; y superar la crisis humanitaria.

El gobierno de Uribe no debe sobreestimar su propia fuerza política y su éxito en los últimos cuatro años. El presidente tendrá que mantener unida una mayoría en el Congreso que está lejos de ser sólida y que carece de profundidad programática y de cohesión interna. Sin duda ha habido avances en materia de seguridad, pero las violaciones de los derechos humanos, el poder político y económico de los paramilitares desmovilizados así como sus actividades delictivas y criminales y las dificultades asociadas con su reinserción, la capacidad militar que aún conserva el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el fracaso de la política antinarcóticos, siguen generando serias inquietudes. Un segundo gobierno de Uribe deberá no sólo mantener su estrategia militar contra la guerrilla, sino también asignar prioridad al diseño de una nueva Estrategia Nacional de Paz y Desarrollo integral de tres niveles, que incorpore gobernabilidad rural, desarrollo regional y municipal y programas de desmovilización reestructurados, así como un serio esfuerzo por entablar negociaciones con los grupos guerrilleros.

Las declaraciones de campaña de Uribe y el discurso que pronunció la noche de la victoria sugieren que quizás el presidente todavía no está dispuesto a cambiar ese tipo de políticas. La comunidad internacional, en particular la UE y sus Estados miembro así como las Naciones Unidas (ONU) y los Estados Unidos, debe instarlo a equilibrar sus políticas, y una vez hecho esto, hacer una contribución importante para el diseño y la implementación de la nueva estrategia. La meta debe ser la cooperación multilateral orientada hacia el logro de una sinergia mucho mayor entre el gobierno, la sociedad civil y los donantes.

Desde el 2000, la UE ha enfocado sus esfuerzos en ayudar en la solución de las causas subyacentes del conflicto y en la construcción de los cimientos para la paz “desde abajo”. Aunque ha afrontado dificultades, incluidas en ocasiones actitudes hostiles por parte del gobierno de Uribe, su programa bandera de laboratorios de paz podría convertirse en catalizador para el diseño e implementación de una parte importante de la Estrategia Nacional de Paz y Desarrollo propuesta, y en la base para forjar alianzas estratégicas entre el gobierno colombiano, la UE y sus Estados miembro, los Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos especializados de la ONU en el país. El foro más prometedor para tratar estos temas es el Grupo G-24 que se conformó hace varios años para ayudar a Colombia. Sin embargo, para cumplir esta función, habrá que infundirle nueva vida política al grupo y una mayor capacidad técnica.

Bogotá/Bruselas, 8 de junio de 2006

Executive Summary

On 28 May 2006, President Alvaro Uribe won a second four-year term in a landslide. The first re-election of a sitting Colombian president in more than a century, combined with 12 March congressional elections which produced a pro-Uribe majority and saw the demise of the traditional Liberal-Conservative party system, heralds a profound change in the political landscape. While the outcomes could hardly have been better for Uribe, he now needs to get tough on impunity ­and diversify an anti-insurgency policy that has been almost exclusively military if he is to move Colombia towards the end of its 40-year armed conflict. The international community, and specifically the European Union (EU), can help by urging a new balance between the president’s favoured security policies and the social and economic measures that are needed to get at root causes.

Speedy government action in five core policy areas is required: reinserting into society more than 35,000 former paramilitaries, who present a high risk of turning into an uncontrollable crime problem, and rigorously implementing the Justice and Peace Law (JPL) so that their leaders do not escape with their crimes unpunished and their political influence intact; fully investigating new charges of links between the secret police (Security Administrative Department, DAS) and the paramilitaries; promoting and defending human rights and international humanitarian law more decisively; fighting drug trafficking; and overcoming the humanitarian crisis.

The Uribe administration should not overestimate its own political strength and its successes of the past four years. The president will be hard pressed to hold together a majority in Congress that is far from solid and lacks both programmatic depth and internal cohesion. There have been clear security advances but human rights violations, the demobilised paramilitaries’ political and economic power and criminal activities and the difficulties associated with their reinsertion, the insurgent Revolutionary Armed Forces of Colombia’s (FARC) remaining military capacity and the failure of anti-drug policy remain serious concerns. A second Uribe government must not only maintain its military strategy against the guerrillas but also give priority to designing a new and comprehensive, three-tier National Peace and Development Strategy that incorporates rural governance, regional/municipal development and restructured demobilisation programs, as well as a strong effort to pursue negotiations with the guerrillas.

His campaign statements and election-night victory speech suggest Uribe may not yet be prepared to make such policy departures. The international community, in particular the EU and its member states as well as the United Nations (UN) and the U.S., should urge him to do so and then make a major contribution to the design and implementation of the new strategy. The goal should be multilateral cooperation geared at achieving much greater synergy between government, civil society and donors.

Since 2000, the EU has focused on helping address the underlying causes of the conflict and building the foundations for peace “from below”. Although it has encountered difficulties, including sometimes hostile Uribe administration attitudes, its flagship peace laboratories program could become a catalyst for the design and implementation of a substantial part of the proposed National Peace and Development Strategy and the basis for strategic partnerships between the Colombian government, the EU and its member states, the U.S., the United Nations Development Programme and other UN agencies in the country. The most promising forum in which to work this out is the G-24 group that was formed several years ago to assist Colombia. If it is to perform this role, however, the group will need to be imbued with new political life and enhanced technical capacity.

Bogotá/Brussels, 8 June 2006

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