A truck adorned with the Venezuelan flag makes a transit across the Simón Bolívar International Bridge, during the official reopening ceremony on 26 September 2022 of the border crossing that connects the cities of San Antonio del Táchira and Cúcuta. JORGE MANTILLA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
Report 97 / Latin America & Caribbean

¿Lazos incondicionales? Restaurar las relaciones entre Venezuela y Colombia

Bogotá y Caracas están otra vez en buenos términos después de un período de disputas. Sus intereses pueden no estar siempre alineados en los años que vengan, pero con diplomacia hábil y ayuda de los vecinos, los dos países pueden reparar sus vínculos para beneficio mutuo.

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¿Qué hay de nuevo? Con un nuevo gobierno en Bogotá de tendencia izquierdista, Colombia y Venezuela han reanudado sus relaciones diplomáticas tras una ruptura de tres años marcada por resentimientos y desprecio mutuo. La distensión debe generar importantes beneficios para los ciudadanos de ambos países, pero llevará tiempo reconstruir la confianza y enmendar las causas de las tensiones bilaterales.

¿Por qué importa? Millones de personas venezolanas y colombianas han sufrido por la ruptura de relaciones. Es vital la coordinación en materia de salud, seguridad, comercio, asuntos consulares, entre otros temas, para proteger el bienestar de los ciudadanos, especialmente de los migrantes y refugiados venezolanos. Caracas jugará un papel clave en las negociaciones de paz entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

¿Qué se debe hacer? Los dos gobiernos, con el apoyo de socios extranjeros, deben reconstruir los mecanismos de cooperación para ayudar a gestionar sus intereses comunes y contrapuestos. Bogotá debe actuar con cautela mientras trabaja con Caracas en las prioridades económicas y de seguridad de Colombia e insta a Venezuela a lograr una solución negociada a su crisis política.

Resumen ejecutivo

El ascenso de Gustavo Petro al más alto cargo de Colombia y el rápido restablecimiento de relaciones con Venezuela representan una oportunidad para aplacar la turbulencia diplomática de los últimos años. En la última década, las relaciones entre los dos Estados se volvieron primero tensas y luego abiertamente hostiles; hace ya cerca de cuatro años cesaron por completo. Desde inicios de 2019 y durante el resto del mandato del expresidente colombiano Iván Duque, los líderes de los dos países se acusaron mutuamente de provocar inestabilidad a través de la frontera compartida. Aun así, estos dos países vecinos siguen siendo profundamente interdependientes y millones de sus habitantes se han visto perjudicados por el rompimiento de relaciones diplomáticas. Ahora que Colombia tiene la voluntad política de buscar una distensión, los dos países pueden renovar sus lazos en beneficio mutuo. Por ejemplo, Petro ya le pidió a Caracas que desempeñe un papel clave como garante y anfitriona de las conversaciones de paz entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo rebelde colombiano. Pero la reconstrucción de una relación de confianza tampoco se debe convertir en un obstáculo para la participación de Colombia en los esfuerzos para inducir un acuerdo político que ponga fin a la larga disputa política en Venezuela.

La degradación de los nexos bilaterales entre Colombia y Venezuela ha provocado episodios de alta tensión y el riesgo de una confrontación militar. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Colombia a principios de 2019, luego de cerrar repetidamente la frontera, y acusó al gobierno colombiano de tramar planes para derrocarlo o asesinarlo. Del lado colombiano, Duque, quien dejó el cargo en agosto de 2022, ayudó a organizar un “cerco diplomático” a su vecino durante todo su mandato, argumentando que Venezuela estaba dirigida por “un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional”. Ocasionalmente, ambos gobiernos aumentaron su presencia militar en la frontera en respuesta a amenazas percibidas desde el otro lado, que en gran medida involucraban a grupos armados actuando como agentes del Estado.

A pesar de las relaciones tóxicas, el fracaso de los intentos de opositores externos e internos para derrocar a Maduro alimentó el apoyo en ambos países para buscar la reconstrucción de unos vínculos que siguen siendo indispensables para el comercio, la seguridad y el bienestar de millones de ciudadanos. El sustento y la seguridad de los migrantes venezolanos en Colombia, los residentes a ambos lados de la larga frontera, las comunidades bajo el control de grupos armados y un gran número de empresas dependen del funcionamiento de las relaciones entre las dos capitales. Incluso durante el mandato de Duque, parlamentarios de ambos países se esforzaron por restablecer los lazos bilaterales, mientras que las autoridades de las regiones fronterizas de ambos lados desempeñaron un papel crucial al permitir la reapertura de algunos cruces peatonales formales a finales de 2021. Todos los principales candidatos en las elecciones presidenciales de mayo de 2022 en Colombia se comprometieron a restablecer las relaciones bilaterales en una u otra medida, mientras que Petro, el eventual ganador, dejó en claro que lo haría sin importar cual fuera el gobierno en Caracas.

Puente Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Noviembre 2020 CRISIS GROUP/Bram Ebus

El nuevo presidente colombiano ha dado todas las señales de que va a cumplir su promesa, con iniciativas para restablecer los lazos comerciales, diplomáticos y consulares ya en marcha. Aunque lentas en muchos aspectos, estas iniciativas ya están dando resultados. Es probable que sean las empresas de ambos lados quienes sientan de manera más inmediata los beneficios de la mejora en las relaciones. Funcionarios colombianos creen que el comercio bilateral pronto podría alcanzar mil millones de dólares anuales, siempre que se logre disminuir el contrabando, aunque un mayor crecimiento dependerá de una mejor infraestructura y condiciones legales que permitan el cumplimiento de contratos. Los esfuerzos para facilitar la seguridad en los cruces fronterizos formales, conexiones de viaje frecuentes y un mejor acceso a documentos de identidad a través del restablecimiento de servicios consulares también deberían mejorar la seguridad y el bienestar de los 2,5 millones de venezolanos en Colombia, cuya mayoría sobrevive en la economía informal.

Aun así, el camino que queda por delante está plagado de retos, especialmente en el ámbito de la seguridad. El nuevo gobierno colombiano tiene la intención de desmovilizar a todos los grupos armados como parte de su apuesta por la “paz total”, entre ellos el ELN, que ha extendido sus operaciones al interior del territorio venezolano con la presunta complicidad de funcionarios locales y nacionales. Las negociaciones con el ELN, que reiniciaron a mediados de noviembre de 2022, dependerán en cierta medida del apoyo del gobierno venezolano, que actúa como garante y anfitrión de las conversaciones, pero podría ser reacio a poner fin a su asociación con los rebeldes.

Mejorar la seguridad a lo largo de la vasta e ingobernable frontera pondrá a prueba el valor de la diplomacia. Después de años de retórica incendiaria, la confianza entre los ejércitos de las dos naciones se encuentra en un punto bajo. Las fuerzas armadas colombianas siguen preocupadas por los informes de presuntos vínculos de Venezuela con el ejército ruso, narcotraficantes y grupos armados que representan una amenaza para Colombia. Por su parte, antes de permitir una mejor cooperación militar, es probable que el gobierno de Maduro exija garantías de que el territorio colombiano ya no será utilizado como plataforma para planificar o realizar intentos para derrocarlo. Los grupos armados que operan en las zonas fronterizas pueden tratar de socavar las iniciativas en esa dirección, al igual que los intereses creados dentro de las burocracias y fuerzas de seguridad venezolanas y colombianas, cuyos beneficios podrían desvanecerse al estrecharse los lazos entre ambos países.

Colombia tiene mucho que ganar con la resolución pacífica de la prolongada crisis política y socioeconómica de Venezuela.

Una última fuente de fricción podrían ser los esfuerzos para lograr un acuerdo político negociado en Venezuela. En la medida en que Bogotá continúe desempeñando un papel activo respaldando estos esfuerzos, incluyendo las negociaciones que reiniciaron hace días en Ciudad de México, Petro podría enfrentar un dilema. Por una parte, Colombia tiene mucho que ganar con la resolución pacífica de la prolongada crisis política y socioeconómica de Venezuela, que es la mayor fuente de problemas humanitarios en América Latina y una amenaza continua para la estabilidad en la región. Por otra, puede dudar en presionar con contundencia para que se logre un acuerdo en Venezuela si instar a Maduro a comprometerse puede poner en peligro el progreso de los asuntos bilaterales, incluyendo los que se encuentran en el centro de las ambiciones políticas de Petro.

Será importante que Petro equilibre ambos imperativos. La necesidad de un acuerdo negociado en Venezuela es demasiado urgente desde el punto de vista de la seguridad, las necesidades humanitarias y la estabilidad regional para que Colombia lo margine. En cambio, para reducir el riesgo de retaliación de Caracas, Bogotá debe trabajar con socios regionales para formar un amplio frente latinoamericano en respaldo a este objetivo, una medida que podría fortalecer los intentos de persuadir al gobierno de Maduro para que haga concesiones, al mismo tiempo que se  reduce el protagonismo de Colombia en este frente. Aunque no hay garantía de que esta estrategia funcione, es la mejor manera de navegar un momento delicado de la diplomacia bilateral y regional.

La nueva era de relaciones cordiales promete beneficios concretos para ambas naciones, pero también representa una prueba crucial para el nuevo enfoque en la región destinado a cooperar con el gobierno venezolano en lugar de relegarlo a una lista negra. Con la ayuda de sus vecinos, Bogotá debe intentar poner fin no sólo al aislamiento de Caracas, sino también a la crisis más amplia que ha causado tantos conflictos y dificultades en Venezuela y en la región.

Bogotá/Caracas/Washington, D.C./Bruselas, 1 de diciembre de 2022

I. Introducción

Aunque brevemente fueron parte de un mismo país tras liberarse del dominio colonial español, Colombia y Venezuela han sufrido frecuentes brotes de discordia. La desintegración en 1830 de la Gran Colombia, que también incluía los territorios actuales de Ecuador y Panamá, fue principalmente el resultado de disputas entre las élites nacionales emergentes repartidas a lo largo de una vasta y a menudo impenetrable extensión de tierra. Pero a pesar de la eventual demarcación de las fronteras nacionales, los habitantes de las zonas fronterizas continuaron compartiendo lazos de afinidad, una cultura común y estrechas relaciones comerciales. Sin embargo, a principios del siglo XXI, los gobiernos de ambos países dieron giros ideológicos radicalmente divergentes, lo que ha provocado que en los últimos veinte años sus respectivos líderes hayan lanzado acusaciones, cerrado las fronteras y cesado las relaciones diplomáticas[1].

Este informe explora las consecuencias de la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela desde principios de 2019 y, con la elección de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en junio de 2022, el esfuerzo por restaurar las relaciones cordiales entre los dos vecinos. También evalúa las oportunidades y desafíos que pueden acompañar el descongelamiento de las relaciones en el comercio transfronterizo, la migración y la cooperación en el área de seguridad; los diálogos de paz entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y los esfuerzos para resolver la prolongada crisis política venezolana a través de un acuerdo negociado. Se basa en más de 70 entrevistas, incluidas algunas realizadas en un taller de dos días en el que participaron legisladores venezolanos, figuras cercanas al gobierno de Maduro, figuras de la oposición venezolana y activistas de la sociedad civil de ambos países. Crisis Group también consultó a funcionarios de alto nivel del gobierno de Petro, diplomáticos y oficiales militares colombianos, y expertos de ambos países, y se basó ampliamente en sus trabajos previos sobre las zona fronteriza colombo-venezolana y las tensiones que la han afectado[2].


[1] Las crisis ocasionales han sido una característica recurrente en la relación bilateral. Durante el siglo XIX no se logró un acuerdo para delimitar partes de la frontera, especialmente en la península de la Guajira. En el siglo XX, las disputas se centraron en los derechos sobre las aguas del Golfo de Venezuela. El episodio más tenso se produjo en agosto de 1987, cuando la corbeta colombiana “ARC Caldas” entró en aguas en disputa y el gobierno venezolano ordenó el despliegue de su fuerza aérea. El incidente se resolvió por la vía diplomática, pero las disputas territoriales y marítimas subyacentes aún no se han resuelto de forma definitiva. Luis Daniel Álvarez Vanegas, “Una retrospectiva histórica sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela”, Venezuela y Colombia: una relación de encuentros y desencuentros (Caracas, 2020). Ver también informes de Crisis Group sobre América Latina N°84, Desorden en el borde: mantener la paz entre Colombia y Venezuela, 14 de diciembre de 2020 y N°65, Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, 21 marzo de 2018.

[2] Ver informes de Crisis Group sobre América Latina N°95, Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia, 27 de septiembre de 2022; N°94, Tiempos difíciles en el refugio: cómo proteger a los migrantes venezolanos en Colombia, 9 de agosto de 2022; N°93, Cómo superar la fractura global sobre Venezuela, 17 de febrero de 2022 y N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018; al igual que, Desorden en el borde, op. cit. y Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, op. cit.; informe breve de Crisis Group N°24, Lazos rotos, fronteras cerradas: Colombia y Venezuela se enfrentan al COVID-19, 15 de abril de 2020; comentario de Crisis Group, Venezuela: El ocaso de la máxima presión, 10 de octubre de 2022; Phil Gunson, “Un giro en Caracas: ¿Hora de descongelar las relaciones entre Venezuela y EE. UU.?”, comentario de Crisis Group, 16 de marzo de 2022; Bram Ebus, Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana, comentario de Crisis Group, 28 de abril de 2021; Bram Ebus, Bajo un sol inclemente: Venezolanos en vilo en la frontera colombiana, comentario de Crisis Group, 25 de febrero de 2020; comentario de Crisis Group, La paz precaria y las turbulentas fronteras de Colombia, 25 de octubre de 2018; y , por último, declaración de Crisis Group, El riesgo de una ruptura diplomática con la Venezuela de Maduro, 18 de diciembre de 2018.

II. Tensiones en el vecindario

A. Chávez y Uribe enfrentados

Antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia de Venezuela en 1999, el desbordamiento del conflicto armado interno de Colombia a través de la frontera tendía a fortalecer la cooperación entre Bogotá y Caracas en lugar de socavarla. En su camino a la presidencia, el propio Chávez intentó emular a los líderes colombianos en ciertos aspectos. Su primer viaje al extranjero después de salir de prisión tras su intento de golpe de Estado de 1992 fue a Bogotá, donde se interesó en aprender más sobre la asamblea constituyente colombiana, que había buscado superar la violencia crónica del país y el declive en la legitimidad de su sistema político[1]. Fue invitado por un asesor de Gustavo Petro, en ese entonces miembro saliente del Congreso colombiano. Aun así, bajo el chavismo (el movimiento ideológico fundado por Chávez) las diferencias políticas y diplomáticas entre varios gobiernos colombianos y Caracas crecieron[2].

Álvaro Uribe, el presidente de Colombia entre 2002 y 2010, de tendencia de derecha, inicialmente mantuvo una relación cordial con Chávez. El comercio entre los países floreció, superando los siete mil millones de dólares en 2008[3]. Pero las tensiones entre los dos líderes carismáticos se agudizaron a raíz de las supuestas afinidades de Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)[4]. En septiembre de 2007, Uribe nombró a Chávez y a la senadora colombiana Piedad Córdoba como mediadores en la búsqueda de un acuerdo humanitario con las FARC para la liberación de secuestrados. Tras menos de dos meses, Uribe puso fin a esta iniciativa, y Chávez respondió amenazando con “congelar” las relaciones bilaterales y acusando a su homólogo colombiano de conspirar contra su gobierno. Las relaciones diplomáticas entre los dos países empeoraron considerablemente hasta que Uribe terminó su presidencia[5].


[1] El proceso constituyente colombiano iniciado en 1991 fue motivado por la extrema violencia política y criminal. Parte de la solución fue abordar la falta de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, un tema que también fue central en la campaña electoral de Chávez en 1998. El proceso constituyente colombiano hizo posible que el grupo guerrillero M-19 (al que pertenecía Petro) entregara las armas y se incorporara al sistema democrático del país. Elementos del proceso constituyente colombiano”, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, mayo de 2020; José Cuesta Novoa, “Cuando Chávez vino por primera vez a Colombia”, El Espectador, 7 de marzo de 2013.

[2] Entrevista telefónica de Crisis Group, académico colombiano, 3 de mayo de 2022.

[3] Datos oficiales de Colombia muestran que en 2021 el comercio entre ambos países fue de $393,7 millones de dólares. En 2008, fue de $7,21 mil millones de dólares. Exportadores insisten al Gobierno en retomar el comercio binacional con Colombia”, Tal Cual, 12 de agosto de 2022.

[4] La decisión del gobierno colombiano de conceder asilo a Pedro Carmona fue otra manzana de la discordia. Carmona lideró un intento de golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002 y fue brevemente presidente interino. “Colombia concedió el asilo a Carmona”, El Tiempo, 27 de mayo de 2002.

[5] En marzo de 2008, las fuerzas armadas colombianas realizaron una incursión aérea en territorio ecuatoriano y asesinaron a Raúl Reyes, para ese entonces la segunda figura más importante de las FARC. En protesta, Chávez retiró al personal diplomático venezolano de Colombia, expulsó al embajador colombiano en Caracas y desplegó al ejército en la frontera. En julio de 2010, Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Colombia después de que el gobierno de Uribe, durante una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acusara a Caracas de albergar a miembros de las FARC y del ELN, algo que Chávez negó. Cronología de los rifirrafes de la relación de Uribe y Chávez”, Semana, 10 de julio de 2008.

B. Ruptura de relaciones

A pesar de haber disminuido durante el primer mandato del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, las fricciones entre ambos países aumentaron a partir de 2015, alcanzando su punto máximo a finales de febrero de 2019, cuando el sucesor de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, cortó todas las relaciones diplomáticas y consulares con Colombia[1]. La medida se produjo semanas después de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición en ese momento, reclamara la “presidencia interina” con el argumento de que la reelección de Maduro el año anterior había sido fraudulenta[2]. El juramento de Guaidó como presidente recibió el apoyo de más de 50 países, incluido EE. UU. bajo el entonces presidente Donald Trump, Colombia y varios países europeos y latinoamericanos, y generó una  especulación ilusoria sobre la inminencia de la caída del gobierno en Caracas[3].

Por su parte, las principales fuerzas de oposición venezolanas intentaron acelerar la salida de Maduro forzando una fractura al interior de las fuerzas armadas[4]. Fomentar esa ruptura era justo el objetivo general de la oposición cuando, en febrero de 2019, intentó enviar un convoy con alimentos y suministros médicos a través de las fronteras de Colombia y Brasil hacia territorio venezolano, un plan apoyado por los gobiernos de Chile, Colombia, Paraguay y EE. UU., así como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos[5]. Tras el fracaso de este esfuerzo, y hasta el final de su mandato en agosto de 2022, el presidente colombiano, Iván Duque, defendió la necesidad de una campaña para aislar al gobierno venezolano, argumentando que “la dictadura de Nicolás Maduro está en connivencia con el narcotráfico y con el terrorismo”[6].


[1] Para un panorama completo, ver informe de Crisis Group N°84, Desorden en el borde, op. cit. Ver también “Venezuela’s Maduro cuts ties with Colombia amid border conflict”, NBC News, 24 de febrero de 2019; “Colombia and Venezuela poised for a reset of relations under Gustavo Petro”, Financial Times, 18 de julio de 2022.

[2]Aunque las elecciones en Venezuela a menudo se han visto empañadas por violaciones de las normas de campaña, las condiciones en las elecciones presidenciales de 2018 representaron el punto más bajo en términos de falta de condiciones electorales. Tanto los principales partidos de la oposición como la mayoría de sus líderes se encontraban vetados para postularse, mientras que la votación tuvo un mínimo histórico de participación. Phil Gunson, “La probable reelección del Presidente Maduro en una Venezuela en miseria”, comentario de Crisis Group, 17 de mayo de 2018.

[4] Entrevista telefónica de Crisis Group, político de la oposición venezolana, 29 de septiembre de 2022.

[5]As Venezuela Aid Standoff Turns Deadly, Maduro Severs Ties With Colombia”, The New York Times, 23 de febrero de 2019.

Los líderes de ambas partes culpaban al otro por provocar disturbios.

Incluso antes de que los dos Estados rompieran sus lazos, los líderes de ambas partes culpaban al otro por provocar disturbios, y en ocasiones usaron estas acusaciones para desviar la atención de sus problemas internos[1]. Maduro y sus aliados cercanos acusaron a altos funcionarios colombianos por supuestamente planear su asesinato en 2018 e intentar desestabilizar y empobrecer al país[2]. En Colombia, gobiernos como el dirigido por Uribe argumentaron durante mucho tiempo que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad de Colombia y la región, y defendieron estas afirmaciones señalando los supuestos vínculos entre Caracas y grupos armados colombianos.

Las acusaciones mutuas se intensificaron bajo los gobiernos de Maduro y Duque, denunciando este último la supuesta participación del Estado venezolano en el narcotráfico, así como su colaboración con los gobiernos de Irán y Rusia[3]. El lanzamiento en mayo de 2020 desde territorio colombiano de una fallida invasión mercenaria conocida como Operación Gedeón, destinada a derrocar al gobierno de Maduro, fue denunciada por Venezuela como un complot concebido por dirigentes del gobierno colombiano[4]. Por su parte, la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó al gobierno de Maduro de infiltrar las protestas masivas en Colombia en 2019 con la esperanza de avivar el descontento, acusaciones que repitió cuando resurgieron las manifestaciones contra el gobierno de Duque en mayo de 2021[5].

La profunda desconfianza entre los dos países impidió toda cooperación, excepto la más básica, durante la pandemia de COVID-19. Ambos gobiernos acordaron intercambiar información epidemiológica, utilizando como puente a la Organización Panamericana de la Salud, pero no hubo un esfuerzo transfronterizo sostenido para atender las consecuencias de la pandemia[6]. Durante el confinamiento inicial, los migrantes venezolanos que regresaban a su país encontraron graves obstáculos al viajar hacia la frontera e intentar cruzarla. En parte como respuesta a la falta de asistencia humanitaria coordinada, los gobiernos locales de las regiones fronterizas de Norte de Santander y Táchira comenzaron a cooperar en temas como el transporte de niños que viven en Venezuela, pero estudian en Colombia, logrando aliviar las restricciones para cruzar la frontera[7].


[1] Entrevista de Crisis Group, partidario del gobierno venezolano, Madrid, 4 de abril de 2022.

[2] En agosto de 2018, Maduro acusó a Colombia de promover un intento de asesinato con un dron explosivo. Maduro denuncia “un intento de asesinato” con drones explosivos y culpa al presidente Santos”, El Mundo, 5 de agosto de 2018. En 2020, Maduro acusó al gobierno de Duque de respaldar el establecimiento de campamentos en Colombia para ser utilizados como bases para incursiones de mercenarios en territorio venezolano. Maduro acusa a Duque de supervisar mercenarios que atacarán Venezuela”, El Tiempo, 4 de junio de 2020. En diciembre de 2020, Maduro acusó a Duque y al gobierno colombiano por supuestamente planear su asesinato el día de las elecciones parlamentarias venezolanas. Maduro acusa a Duque de planificar su asesinato durante las elecciones”, RCN Radio, 8 de diciembre de 2020. Las acusaciones también han involucrado el supuesto sabotaje a la economía y a la infraestructura. En 2018, el gobierno venezolano dijo que el contrabando hacia Colombia era responsable de la escasez de bienes y la falta de divisas. Maduro asegura que contrabando es responsable de falta de dinero”, Deutsche Welle, 1 de agosto de 2018. En mayo de 2022, Maduro acusó a Duque de organizar ataques contra el sistema eléctrico venezolano y las refinerías de petróleo. Maduro acusa a Duque de ataques a refinerías y sistema eléctrico”, Runrunes, 24 de mayo de 2022.

[3] Entrevistas de Crisis Group, oficiales de inteligencia colombianos, Bogotá, 25 de octubre de 2018. Vicepresidenta Colombia dice que Venezuela es amenaza para seguridad regional”, La Vanguardia, 10 de enero de 2019; “Colombia: incursión militar en apoyo a Maduro es “una amenaza a la paz en la región”, Deutsche Welle, 2 de abril de 2019.

[4] El gobierno venezolano frustró el precario complot. Maduro afirmó que Duque había supervisado campamentos en Antioquia y Norte de Santander, donde supuestamente los mercenarios fueron entrenados. “Maduro acusa a Duque de supervisar campamentos de mercenarios paramilitares”, Nodal, 4 de junio de 2020. Sobre la operación, ver Linda Pressly, ‘Bay of Piglets’: A ‘bizarre’ plot to capture a president”, BBC, 30 de julio de 2020; “An Incursion Into Venezuela, Straight Out of Hollywood”, The New York Times, 19 de Agosto de 2020; y Joshua Goodman “3 Venezuelans plead guilty for aiding anti-Maduro plot”, AP, 5 de marzo de 2021.

[5] Entrevista de Crisis Group, alto oficial militar colombiano, Bogotá, 6 de julio de 2021. Los disturbios en las protestas desatan brotes xenófobos en Colombia”, El País, 28 de noviembre de 2019; “Vicepresidenta de Colombia denuncia injerencia de Nicolás Maduro en el paro nacional colombiano”, Infobae, 6 de mayo de 2021; “Gobierno de Venezuela niega estar envuelto en las protestas sociales que inundan a Colombia”, Anadolu Agency, 6 de mayo de 2021.

[6]A través de OPS, Colombia intercambia información sanitaria con Venezuela”, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 17 de marzo de 2020. Informe breve de Crisis Group, Lazos rotos, fronteras cerradas: Colombia y Venezuela se enfrentan al COVID-19, op. cit.

[7] Entrevista de Crisis Group, funcionario regional colombiano, Bruselas, 13 de mayo de 2022. Los caminantes venezolanos vuelven a migrar”, El País, 18 de octubre de 2020. “Colombia-Venezuela: a falta de gobiernos responden las personas”, Razón Pública, 10 de octubre de 2021.

C. Petro y el chavismo

A pesar de compartir una visión política de izquierda y una relación personal, la amistad entre Petro y Chávez empezó a decaer mucho antes de la muerte de este último en 2013 (según informes, la última vez que se vieron fue en 2006), y la relación entre el nuevo presidente colombiano y el chavismo en general no ha sido cálida. Petro criticó acusaciones de Chávez en enero de 2008, cuando dijo que el gobierno colombiano estaba fomentando una guerra bajo presión de EE.UU., agregando que sus “esfuerzos estaban perjudicando, no ayudando, las perspectivas de paz en Colombia”[1]. Estos reproches públicos afectaron las relaciones con el presidente venezolano y sembraron desconfianza hacia Petro al interior del chavismo[2]. Antes de asumir la presidencia, Petro criticaba abiertamente las políticas económicas del gobierno de Maduro y su estilo cada vez más autoritario, afirmando que “no hay revolución” en un gobierno que se aferra al poder “para captar rentas petroleras”[3]. También dijo que “a ellos no les gusta la discusión, no les gusta que las personas tengan opiniones diferentes”[4].

Aunque Petro ha restablecido relaciones formales con Caracas, ninguna de las partes ha olvidado por completo los viejos rencores[5]. Al interior del chavismo, Petro sigue siendo visto y tratado con recelo. Se le reconoce como un antiguo amigo de Chávez, pero también se le considera un “traidor” por sus ataques públicos al difunto presidente y a Maduro. Un chavista manifestó que altos funcionarios lo ven como “un adversario político peligroso que interpela desde la izquierda”[6]. Del lado colombiano, varios altos cargos del gobierno siguen viendo a Maduro con desconfianza y están muy preocupados por la evidencia de la participación de sus funcionarios en violaciones sistemáticas de los derechos humanos[7].

En este contexto, no fue sino hasta principios de noviembre que Petro y Maduro finalmente se reunieron en Caracas[8]. Diplomáticos colombianos esperaban que el gobierno venezolano aprovechara el evento para anunciar la reincorporación del país al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, luego de discusiones previas sobre el tema, incluyendo conversaciones directas con Maduro. Sin embargo, al final de la reunión, Maduro sólo prometió evaluar la reincorporación al sistema, mientras que una declaración conjunta anunciaba en términos muy genéricos una nueva era de cooperación[9].


[1]GOC reacts to Chavez Aggression Toward Colombia”, Public Library of U.S. Diplomacy, 17 de enero de 2008.

[2] Entrevista de Crisis Group, partidario del gobierno venezolano, Madrid, 4 de abril de 2022.

[3] El presidente Maduro ha reaccionado con furia ante las críticas de otros líderes de izquierda, diciendo que “todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente”, “Nicolás Maduro dispara contra la “izquierda cobarde, fracasada y antibolivariana”, El Mostrador, 10 de febrero de 2022; “Gustavo Petro: “Maduro se ha equivocado y Venezuela ha tenido un proceso dictatorial”, La Tercera, 13 de junio de 2008; “Gustavo Petro dice que no le interesa el apoyo de Maduro”, RCN Radio, 15 de noviembre de 2018.

[4] Dura arremetida de Petro al gobierno de Nicolás Maduro”, El Tiempo, 31 de enero de 2020.

[5] José Luis Carillo, “Con Gustavo Petro, Nicolás Maduro ganó un nuevo aliado, pero no será incondicional”, Tal Cual, 26 de junio de 2022.

[6] Entrevista de Crisis Group, partidario del gobierno venezolano, Madrid, 4 de abril de 2022.

[7] Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 30 de septiembre de 2022; “A/HRC/51/43: Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 20 de septiembre de 2022.

[8]Engaging or Enabling an Autocrat? Colombian Leader Visits Venezuela”, The New York Times, 1 de noviembre de 2022.

[9]Petro lidera el regreso de Venezuela a los organismos regionales”, El País, 1 de noviembre de 2022; Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 4 de noviembre de 2022. Para el texto completo de la declaración conjunta, ver tweet de Petro Gustavo, presidente de Colombia, @petrogustavo, 10:16pm, 1 de noviembre de 2022.

III. Los efectos de la ruptura bilateral

La ruptura entre Colombia y Venezuela ha complicado profundamente la vida de quienes de una u otra manera dependen del buen funcionamiento de las relaciones entre ambos países. Entre ellos se destacan los más de siete millones de habitantes en las regiones fronterizas de ambos países[1]. Los grupos armados de las zonas fronterizas han aprovechado la falta de cooperación transfronteriza para ampliar su alcance, lucrándose con el control de los prósperos negocios ilícitos, como la producción de drogas, el tráfico de diversas mercancías y el control de los pasos fronterizos ilegales, en los que cobran por el derecho de tránsito[2]. También han aprovechado la falta de comunicación entre las fuerzas de seguridad de ambos países y, presuntamente, se han beneficiado de la colusión con ciertos funcionarios estatales[3]. Testigos presenciales confirman que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han actuado en connivencia con el ELN, permitiendo que los rebeldes ejerzan control sobre las comunidades fronterizas, entrenen a grupos parapoliciales violentos leales a políticos chavistas, reclamen participaciones en la minería ilegal de oro y participen en otras actividades ilícitas, como el secuestro[4].

Los enfrentamientos entre grupos armados rivales se han intensificado en su lucha por el control de los cruces fronterizos, el territorio y las rentas criminales. A principios de 2022 estallaron combates entre el ELN y grupos disidentes de las antiguas FARC, a ambos lados de la frontera que separa al departamento de Arauca (Colombia) y al estado de Apure (Venezuela). Esto provocó el desplazamiento forzado de miles de personas[5]. El lado colombiano de la frontera también está plagado de frecuentes asesinatos de figuras de la sociedad civil, también conocidos como “líderes sociales”[6].


[1] Se calcula que 4,46 millones de personas viven en los seis departamentos fronterizos de Colombia, mientras se estima que 3,2 millones viven en los cuatro estados fronterizos de Venezuela.

[2] Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 29 de junio de 2022.

[3] Ebus, Amistades peligrosas, op. cit. Annette Idler, Borderland Battles. Violence, Crime and Governance at the Edges of Colombia’s War (Oxford, 2019).

[4] Informes de Crisis Group sobre América Latina N°78, Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela, 20 de febrero de 2020; y N°73, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 de febrero de 2019; al igual que Desorden en el borde, op. cit.

[5]Colombia/Venezuela: Abusos de grupos armados en zona fronteriza”, Human Rights Watch, 28 de marzo de 2022. Estas disputas se produjeron después de que el ejército venezolano lanzara una operación a gran escala contra una facción disidente de las FARC en el estado de Apure, lo que provocó el desplazamiento de más de 6.000 personas. Ebus, “Amistades peligrosas”, op. cit.

[6] Valentina Parada Lugo, “La zozobra que viven líderes sociales en Arauca luego de detenciones arbitrarias”, El Espectador, 11 de enero de 2022.

El anterior gobierno colombiano afirmó con frecuencia que Venezuela se había comportado de manera permisiva con los grupos armados que operaban en su territorio.

Las contundentes acusaciones de cada gobierno sobre el supuesto apoyo del otro a grupos armados alimentaron las tensiones entre las capitales y contribuyeron a lo que un miembro del gobierno venezolano describió como una “zona de posibles conflictos” a lo largo de la frontera[1]. El anterior gobierno colombiano afirmó con frecuencia que Venezuela se había comportado de manera permisiva con los grupos armados que operaban en su territorio; y en 2019 presentó formalmente su denuncia ante la Asamblea General de la ONU, donde el expresidente Duque dijo que su gobierno tenía “pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia”[2]. La oposición venezolana usó estas afirmaciones para exigir a los Estados sudamericanos la activación de las disposiciones de defensa mutua del Tratado de Río de 1947, en un esfuerzo por generar una justificación legal para una intervención militar extranjera con el fin de derrocar a Maduro[3].

Algunos funcionarios colombianos creen que acuerdos secretos entre ciertos grupos armados y funcionarios estatales venezolanos pueden haber motivado ataques de estos grupos contra militares o funcionarios estatales colombianos, lo que ha provocado episodios de tensión entre las dos naciones[4]. Por ejemplo, los disparos contra el helicóptero que transportaba al expresidente Duque cerca de la ciudad fronteriza de Cúcuta en junio de 2021 fueron atribuidos por las autoridades colombianas a disidentes de las FARC en coordinación con una facción del ELN, que presuntamente había planeado la fuga de los involucrados a territorio venezolano[5].

Por su parte, el gobierno venezolano ha afirmado, sin presentar pruebas concretas, que “terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia (…) han venido infiltrándose en territorio venezolano (…) para diezmar la seguridad interna, para atacar al pueblo, para traficar la cocaína colombiana y para prepararse para ataques [con] objetivos militares, policiales y políticos”[6]. Fuentes del gobierno venezolano afirman que las autoridades han recurrido al ELN como un medio para controlar la lealtad de las comunidades fronterizas, debido al temor de incursiones armadas desde Colombia[7].

Mientras tanto, los asesinatos de varios destacados líderes de las disidencias de las FARC en suelo venezolano han generado sospechas de que mercenarios vinculados al gobierno colombiano han estado involucrados en operaciones clandestinas transfronterizas contra las disidencias[8]. El hecho de que el ritmo de estas operaciones se haya acelerado antes de las elecciones presidenciales de Colombia puede sugerir que los operadores se estaban moviendo rápidamente para completar toda la actividad que pudieran antes de que un nuevo gobierno asumiera el poder, porque daban por hecho que no tendrían luz verde para continuar[9].


[1] Entrevista de Crisis Group, miembro del gobierno venezolano, 4 de abril de 2022.

[2] Finalmente, representantes de dieciséis países, incluidos Colombia y EE. UU., acordaron imponer restricciones de viaje a 29 funcionarios del gobierno de Maduro en virtud del Tratado de Río, que es como se conoce al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Iván Duque denuncia en la ONU al gobierno venezolano por “narcoterrorista”, La Vanguardia, 25 de septiembre de 2019.

[3]Rio Treaty Nations Move to Further Isolate Venezuela”, VOA, 4 de diciembre de 2019.

[4] Entrevista de Crisis Group, alto oficial militar, Bogotá, 6 de julio de 2021. Colombia acusa a Venezuela de estar detrás del ataque contra el helicóptero en el que viajaba Duque”, Notimérica, 22 de julio de 2021. “Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de gestar nuevo plan contra Venezuela”, Deutsche Welle, 10 de marzo de 2021.

[7] Entrevista de Crisis Group, miembro del partido de gobierno, Caracas, febrero de 2022.

[8] Entrevistas de Crisis Group, fuentes de seguridad, noviembre de 2021. Funcionarios venezolanos también han acusado a Colombia de asesinar a soldados venezolanos en la zona fronteriza, así como de alimentar la inestabilidad y el narcotráfico hacia Venezuela. Diosdado Cabello acusa a Colombia por muertes de militares venezolanos”, El Tiempo, 22 de septiembre de 2020. A partir de 2019, los militares venezolanos emprendieron ejercicios militares continuos a lo largo de la frontera con Colombia, desplegando miles de efectivos y probando misiles de largo alcance. Ejercicios militares en el patio vecino”, Cambio Colombia, 8 de julio de 2022. “En breve Maduro le mostrará su poder militar a una Colombia que no se inquieta”, Al Navío, 1 de noviembre de 2021. “Maduro anunció ejercicios militares para defenderse de EE.UU y Colombia”, Télam Digital, 9 de enero de 2020. “Venezuela inicia ejercicios militares para 'defender las ciudades'”, Deutsche Welle, 16 de febrero de 2020.

[9] Entrevista telefónica de Crisis Group, fuentes de seguridad, marzo de 2022, periodista colombiano, 16 de agosto de 2022.

La falta de comunicación entre las fuerzas armadas de los dos países ... ha impedido incluso comunicaciones informales entre comandantes locales.

La falta de comunicación entre las fuerzas armadas de los dos países, que ha impedido incluso comunicaciones informales entre comandantes locales, ha significado que en casos en los que la coordinación de las operaciones transfronterizas podría haber sido viable, no se haya producido. A principios de 2022, por ejemplo, las tropas venezolanas llevaron a cabo operaciones contra disidencias de las FARC en territorio venezolano, lo que provocó que muchos cruzaran la frontera. Fuentes militares colombianas señalaron que las unidades colombianas habrían podido contener estos desplazamientos si hubieran sido advertidas con anticipación, lo que habría beneficiado a los dos gobiernos, dado que ambos consideran a la mayoría de los grupos disidentes como una amenaza para la seguridad[1].

Las condiciones económicas a lo largo de la frontera también han sufrido un alarmante declive como resultado de los frecuentes cierres de la frontera, la prolongada recesión venezolana y la desconfianza general entre ambas naciones. El anteriormente boyante comercio formal entre los dos países ha sufrido una vertiginosa caída. Las exportaciones de Colombia a Venezuela se situaron en $331 millones de dólares en 2021, una caída de más del 95 por ciento desde su máximo de 2008[2]. La actividad económica informal predomina a lo largo del lado colombiano de la frontera, particularmente en la ciudad de Cúcuta, mientras que en el lado venezolano la actividad comercial se ha contraído fuertemente en Ureña y San Antonio. La existencia de carreteras y redes de servicios públicos deterioradas, así como la falta de servicios bancarios, son los principales obstáculos para la actividad empresarial del lado venezolano, como lo ha reconocido el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal[3]. El contrabando a gran escala de alimentos, gasolina y otras materias primas, como minerales, desde Venezuela, ha potenciado las ganancias de los grupos armados y criminales[4].


[1] Entrevistas de Crisis Group, militares colombianos, Arauca y Bogotá, marzo, abril y julio de 2022.

[4] Juan Camilo Jaramillo, “La magnitud del tráfico ilegal de coltán en Colombia y Venezuela”, Insight Crime, 18 de Agosto de 2021.

Venezuela-Colombia Border: Refugees, Crime and Despair

Las crisis superpuestas de Venezuela también han provocado el éxodo de millones de personas, muchas de las cuales han buscado establecerse en Colombia, donde la ruptura de las relaciones bilaterales agrava su situación. Según la ONU, entre aproximadamente 2014 y septiembre de 2022, más de 7,1 millones de venezolanos abandonaron el país, de los cuales 2,5 millones viven en Colombia[1]. Una vez allí, muchos migrantes y refugiados viven en condiciones de pobreza e inseguridad[2]. Para los venezolanos en Colombia, los procesos oficiales han estado plagados de obstáculos precisamente por la ausencia de servicios consulares. Trámites como la renovación de pasaportes, obtener documentos autenticados y apostillados, o la inscripción del nacimiento de un hijo eran imposibles de realizar desde Colombia. A su vez, la falta de documentos ha sido una barrera para disfrutar de ciertos derechos en Colombia, donde en ocasiones se exige un pasaporte para tener acceso a servicios de salud más allá de la atención de emergencia[3].

El éxodo todavía está en marcha. Según la ONU, cada día unos cuatrocientos refugiados y migrantes recorren las rutas desde la frontera hasta Bogotá u otras ciudades colombianas, entre los que se encuentran niños de entre 10 y 15 años que se desplazan sin acompañantes y corren el riesgo de ser víctimas de trata de personas o de ser reclutados por grupos armados. Como resultado del cierre de fronteras o la falta de documentos de identidad, muchos venezolanos han tenido que cruzar hacia Colombia por caminos informales o trochas controladas por bandas o grupos armados, que suelen cobrar una tarifa por el paso. Un gran número de venezolanos también se ha dirigido al norte hacia EE. UU., a través de la peligrosísima ruta selvática que conecta a Colombia con Panamá por el Tapón del Darién[4].


[1]Refugiados y migrantes de Venezuela”, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 5 de julio de 2022.

[2] Informe de Crisis Group, Tiempos difíciles en el refugio op. cit.

[3] Cabe señalar obtener un pasaporte en Venezuela también se ha vuelto excepcionalmente difícil debido a fallas administrativas.“Las seis barreras más grandes de los venezolanos en el país”, Proyecto Migración Venezuela, 27 de octubre de 2020; “Desprotegidos: Impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior”, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, 31 de marzo de 2021.

[4] En 2021, más de mil quinientos venezolanos cruzaron el Tapón. Pero entre enero y septiembre de 2022, al menos 107 692 venezolanos tomaron esta ruta, según autoridades panameñas. En lo que va de 2022, se han reportado al menos dieciocho venezolanos muertos al hacer la travesía, pero no hay una cifra oficial porque muchos cuerpos resultan abandonados o sin identificar. Más de 107.000 migrantes venezolanos han cruzado la selva del Darién en lo que va de 2022”, El Diario, 11 de octubre de 2022; “Al menos 18 venezolanos han muerto en la selva del Darién durante 2022”, El Pitazo, 22 de septiembre de 2022.

Los venezolanos cruzan la frontera para comprar medicinas de vendedores informales debido a la falta de suministros médicos en su país. Enero 2020 CRISIS GROUP/Bram Ebus

Sin embargo, la migración no es una vía en una sola dirección y algunos migrantes han decidido regresar a Venezuela. Muchos de estos migrantes señalan que regresar a casa fue arduo y que experimentaron condiciones difíciles al regresar a su tierra natal[1]. El gobierno venezolano lanzó una campaña para ayudar a los migrantes necesitados que deseaban regresar a Venezuela, pero varios de ellos se quejaron de que tenían que pagar altas tarifas por los vuelos de repatriación[2]. Muchos de los que decidieron regresar desde Colombia durante las primeras etapas de la pandemia ante la dificultad para ganarse la vida en medio del confinamiento, se vieron obligados a caminar cientos de kilómetros hasta la frontera. Al llegar a Venezuela, fueron recibidos en hacinados centros de cuarentena en pésimas condiciones y donde grupos parapoliciales leales al chavismo vigilaban constantemente en busca de señales de disidencia política[3].


[1] Según autoridades colombianas, entre marzo y agosto de 2020 más de 95 000 venezolanos retornaron voluntariamente a su país. Nicolás Lozano y Diana Mora, “Crisis humanitaria en la frontera: un retrato del abandono”, Fundación Paz y Reconciliación, 15 de octubre de 2020; informe de Crisis Group, Tiempos difíciles en el refugio op. cit.

[2] Entrevista de Crisis Group, migrante venezolano, 29 de junio de 2022.

[3] Informe de Crisis Group N°94, Tiempos difíciles en el refugio op. cit.

IV. Restablecer los lazos

Los presidentes Petro y Maduro rápidamente renovaron los lazos diplomáticos después de que Petro asumiera el poder en agosto, e impulsaron una cooperación más profunda en asuntos bilaterales cruciales. Pero más allá de estos gestos y el restablecimiento de las líneas de comunicación, importantes por sí mismos, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr manejar los complejos temas que preocupan a los dos vecinos de una manera que los satisfaga a ambos.

A. Relaciones consulares, comerciales y diplomáticos

Altos funcionarios colombianos y venezolanos han proclamado el restablecimiento de relaciones consulares, comerciales y diplomáticas en los últimos meses. Estas medidas ya no eran controversiales cuando se hicieron. Todos los principales candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia estaban de acuerdo con al menos algunas de ellas. Incluso, el expresidente Duque había declarado, en octubre de 2021, que su gobierno estaba dispuesto a reabrir los servicios consulares en Venezuela (pero no a reanudar relaciones diplomáticas), mientras que los congresos de ambos países habían presionado sin éxito para restablecer las relaciones[1]. El gobierno venezolano, por su parte, ha venido proponiendo el restablecimiento de relaciones desde 2020[2].

Con el tiempo, las misiones consulares restauradas deben estar en condiciones de ayudar a los nacionales de ambos países mediante la expedición de documentos esenciales de identificación y de viaje. También deben poder apoyar la expansión de lazos comerciales y de inversión. Sin embargo, la ruptura de los últimos años ha dejado a los funcionarios una serie de problemas logísticos. Las autoridades colombianas tendrán que presupuestar unos seis millones de dólares para restablecer su red consular en Venezuela luego de perder los contratos de arrendamiento de catorce de sus quince consulados en el país, así como los datos personales de los residentes colombianos en Venezuela[3]. El gobierno colombiano ya inició el proceso de reapertura de los consulados, y también está designando a los funcionarios que se encargarán de los asuntos diplomáticos y consulares[4]. Una prioridad para la restablecida representación consular será la asistencia a nacionales colombianos presos en Venezuela, ya que muchos de ellos requieren protección en cárceles asoladas por la violencia desde hace mucho tiempo[5].

El gobierno venezolano enfrenta sus propios desafíos en la restauración de servicios consulares, pero está más atrasado en abordarlos. Un incendio arrasó el consulado de Venezuela en Bogotá en abril; el edificio también ha sufrido actos de vandalismo y según informes, está en ruinas[6]. Al momento de redactar este informe, no se conoce una fecha para la reanudación de los servicios consulares de Venezuela en Colombia.


[1] Duque, sin embargo, dijo que lo haría bajo la premisa de que existan “todas las garantías en materia de seguridad” para los funcionarios colombianos destinados en Venezuela. Propuestas de los candidatos sobre manejo de relaciones diplomáticas con Venezuela”, La República, 14 de abril de 2022; “Duque dice que abrirá consulados en Venezuela si hay “seguridad”, Diario Las Américas, 5 de octubre de 2021. Sobre los esfuerzos de los congresos, ver “Los Congresos de Colombia y Venezuela se topan con el rechazo de Duque a retomar las relaciones bilaterales”, El País, 21 de octubre de 2021.

[3] Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 12 de agosto de 2022. Colombia necesitará $26.000 millones para retomar actividad consular en Venezuela”, W Radio, 2 de agosto de 2022.

[4] Reabrirán consulados en cinco ciudades: Caracas, San Cristóbal, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Puerto Ordaz. Embajador Benedetti explica cómo se restablecerán las relaciones con Venezuela”, El Tiempo, 10 de septiembre de 2022; “Poco a poco Cancillería conforma embajada en Venezuela con diplomáticos de carrera”, W Radio, 18 de octubre de 2022.

[6] José Restrepo, “Las ruinas del Consulado de Venezuela en Bogotá que Duque le deja a Petro”, La Silla Vacía, 3 de agosto de 2022.

El rápido restablecimiento de las relaciones se debe, en gran medida, a un interés común por impulsar los vínculos comerciales.

Los funcionarios de ambos gobiernos esperan que el comercio pueda recuperarse prontamente. El rápido restablecimiento de las relaciones se debe, en gran medida, a un interés común por impulsar los vínculos comerciales, en el que Germán Umaña, ministro de Comercio de Petro y expresidente de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, ha jugado un papel preponderante[1]. El aumento de los precios del petróleo y el incipiente resurgimiento del sector privado tras la eliminación de los controles de precios y otros controles económicos podrían impulsar la demanda de Venezuela, que depende en gran medida de las importaciones[2]. La dolarización de facto en Venezuela también podría reducir las barreras al comercio, ya que las empresas dispuestas a importar desde Colombia suelen tener acceso a divisas. Pero la reanudación de relaciones comerciales aún tendrá que sortear las dificultades generadas por el amplio régimen de sanciones impuestas por EE. UU. a Venezuela y los riesgos legales que implica el comercio con entidades vinculadas al gobierno, que continúa fuertemente sancionado[3]. Recientemente, bajo presión de EE. UU., el gobierno de Petro decidió no permitir que la aerolínea estatal venezolana Conviasa reanudara los vuelos a Colombia. La decisión provocó una protesta formal del gobierno de Maduro, que a su vez suspendió la autorización a otras aerolíneas para volar de Bogotá a Caracas[4].

En la práctica, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el comercio y la inversión puedan fluir sin problemas entre las dos naciones. Aunque la reapertura de la frontera ha permitido el paso de camiones, se ha impuesto un límite de carga de 30 toneladas debido al frágil estado de algunos puentes, y la autorización para el paso de transporte público transfronterizo aún está pendiente, al igual que para vehículos particulares[5]. La economía venezolana también sufre de altos niveles de corrupción y un sistema financiero y bancario gravemente debilitado, lo que, sumado a la ausencia de un Estado de Derecho, podría desalentar la inversión colombiana en el país[6]. El nuevo embajador de Colombia ha reconocido que su gobierno tendrá que ayudar a las empresas colombianas a recuperar los activos que fueron expropiados por Venezuela[7].

El restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, por su parte, se produjo a gran velocidad. Petro y Maduro anunciaron la designación de sus embajadores el 11 de agosto, con Armando Benedetti, uno de los primeros políticos tradicionales en respaldar la candidatura de Petro a la presidencia y uno de sus asesores más cercanos durante la campaña, en representación de Colombia. En el poco tiempo que lleva en el cargo, Benedetti ya captó la atención de los medios con una serie de comentarios polémicos. Por ejemplo, insultó a Juan Guaidó, llamándolo “huevón” (idiota), y tuvo que ofrecer una disculpa poco después. Algunos miembros de la cúpula del gobierno colombiano no parecen estar muy contentos con sus posiciones y comportamiento[8].

Maduro, por su parte, nombró como embajador de Venezuela a Félix Plasencia,  quien hasta hace poco era ministro de Relaciones Exteriores. Antes y después de su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Plasencia se encargó en gran medida de diversificar las relaciones comerciales de Venezuela en respuesta a las restricciones impuestas por las sanciones de EE. UU.[9]. Su nombramiento resalta la importancia que el gobierno venezolano le ha dado a la expansión de los lazos económicos.

Entre las medidas que ambos acordaron impulsar rápidamente se encuentra la reactivación de la cooperación judicial, permitiendo que ambos gobiernos soliciten operaciones policiales o judiciales en el territorio del otro. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que espera que este acuerdo le permita a la policía de los dos países compartir información que conduzca a la captura de cabecillas criminales, argumentando que organizaciones venezolanas como el Tren de Aragua ordenan asesinatos y manejan negocios ilícitos desde el interior de cárceles venezolanas[10]. Al mismo tiempo, varios de los que han huido de la persecución en Venezuela están alarmados de que la renovación de los lazos entre las fuerzas públicas pueda usarse para extraditar a los opositores del gobierno de Maduro desde Colombia[11]. Petro ha intentado aliviar las preocupaciones de activistas de derechos humanos y figuras de la oposición insistiendo en que Colombia respetará el derecho de asilo, aunque muy pocos de los venezolanos en Colombia tienen estatus formal de refugiados. También le ha solicitado al gobierno de Maduro que regrese al sistema interamericano de derechos humanos, aunque eso requeriría el reingreso de Venezuela a la Organización de los Estados Americanos[12].


[1] Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Bogotá, octubre de 2022.

[2] Maduro ha admitido que entre 2014 y 2020, Venezuela experimentó “la más brusca caída de ingresos externos de su historia” y que el país es “altamente dependiente de importaciones”. Venezuela cerró 2020 con un 98,6 % menos de ingresos que en 2013”, EFE, 13 de enero de 2021.

[3]Venezuela: Overview of U.S. Sanctions”, Congressional Research Service, 23 de mayo de 2022.

[6] Venezuela tiene una deuda 2,5 veces mayor que su PIB y no ha recibido una valoración crediticia desde recibir la calificación de “C” o “extremadamente especulativa” por parte de Moody's en septiembre de 2021. “Venezuela – Indicators”, Trading Economics, noviembre de 2022. Debido a una ganancia inesperada generada por el precio del petróleo en 2021, el PIB y el presupuesto del país se contrajeron menos de lo esperado, con disminuciones del 1,5 por ciento del PIB y de 4,5 por ciento del presupuesto nacional en 2021. Aunque el país registró un aumento en las exportaciones de productos relacionados con el petróleo y petroquímicos en 2022, estas se han visto contrarrestadas por una caída en las exportaciones de petróleo debido a la reducción de la producción. Venezuela’s October oil exports tumble on weaker production”, Reuters, 2 de noviembre de 2022. Asdrúbal Oliveros, “Financiamiento en Venezuela: ¿Dónde estamos y cuáles son los retos?”, Economía UCAB, 4 de mayo de 2022. Venezuela ranked 139 out of 139 countries on rule of law”, World Justice Project, 14 de octubre de 2021.

[8] Benedetti abrazó a la mayoría de las figuras más destacadas del gobierno venezolano en su primera visita al país como embajador. Desde entonces, ha puesto en duda las cifras del número de migrantes y refugiados venezolanos que han abandonado el país, criticó a la oposición venezolana y argumentó que los altos índices de pobreza en Venezuela son el resultado de las sanciones impuestas principalmente por EE. UU. Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 4 de noviembre de 2022. La disculpa de Benedetti a Guaidó por insultos: 'No debí haber dicho eso'”, El Tiempo, 9 de noviembre de 2022.

[9] Entrevista de Crisis Group, académico venezolano, 23 de junio de 2022.

[10] Entrevista de Crisis Group, alcaldesa Claudia López, Bogotá, 26 de septiembre de 2022. Claudia López pidió a Venezuela tomar acciones contra Niño Guerrero y Giovanny, cabecillas del Tren de Aragua”, Semana, 6 de septiembre de 2022.

[11] Entrevista de Crisis Group, líder de la oposición venezolana, Bogotá, 29 de junio de 2022.

[12] Mil trescientos venezolanos tenían estatus de refugiados en Colombia a finales de 2021. Ver “Refugiados venezolanos reconocidos”, R4V. Maduro retiró a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos en 2017. “Petro le pide oficialmente a Maduro que regrese al sistema interamericano de justicia”, El País, 25 de septiembre de 2022. Petro también le pidió a Venezuela que regrese a la Comunidad Andina, un mecanismo de integración comercial compuesto por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú que Caracas abandonó en 2006 en protesta por las conversaciones de EE. UU. y Colombia sobre un tratado de libre comercio. Venezuela evalúa volver a la Comunidad Andina de Naciones”, La Vanguardia, 14 de septiembre 2022.

B. Negociaciones de paz

La búsqueda de la desmovilización de los grupos armados que se han expandido desde Colombia a través de la frontera con Venezuela, en particular el ELN y las disidencias de las FARC, se destaca como un desafío urgente para el gobierno de Petro, así como uno de los más complejos. El nuevo gobierno de Colombia ha dejado muy claro su compromiso con la causa, con el presidente Petro prometiendo continuar las conversaciones con el ELN y otros grupos armados para lograr lo que su gobierno ha denominado la “paz total” en Colombia[1].

Tanto Bogotá como Caracas reconocen que dichas conversaciones requerirán la cooperación de Venezuela.

Tanto Bogotá como Caracas reconocen que dichas conversaciones requerirán la cooperación de Venezuela. Tras su primera visita a Caracas a finales de agosto, el nuevo embajador de Colombia, Benedetti, reconoció que “necesitamos que el gobierno de Venezuela nos acompañe” para manejar a los grupos armados transfronterizos[1]. Poco después, Venezuela anunció que había aceptado la invitación del gobierno de Petro para participar como garante y uno de los anfitriones de las negociaciones entre Bogotá y el ELN. Tras reunirse en Caracas, el gobierno de Colombia y el ELN anunciaron el 4 de octubre que habían acordado iniciar conversaciones formales, las cuales comenzaron en Venezuela el 21 de noviembre[2].

El reto es enorme. La presencia del ELN en Venezuela se remonta a décadas atrás, puesto que la guerrilla lleva mucho tiempo utilizado el país como un refugio estratétigo y seguro para su insurgencia contra el Estado colombiano. Pero como se señaló anteriormente, desde 2017 su presencia en Venezuela se ha expandido ya que, según informes, el grupo ha empezado a reclutar combatientes y se ha involucrado en negocios ilícitos, incluida la extracción de oro, a menudo en complicidad con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad[3]. Según reportes, la guerrilla también han estado muy atenta a las preferencias políticas en las comunidades cercanas a la frontera, ayudando a mitigar los temores en el gobierno central de que estas áreas estratégicamente importantes pueden caer bajo la influencia de la oposición o grupos armados aliados a ella. En algunos casos, el control de las comunidades por parte de los rebeldes ha contado con el respaldo público debido a la percepción de que han instaurado en alguna medida una justicia dura, la cual ha generado una disminución en los delitos violentos y de otro tipo[4].


[1] Armando Benedetti: ‘El toro más grande para Gustavo Petro será Venezuela”, El Tiempo, 31 de agosto de 2022. Lo que Gustavo Petro quiere de Nicolás Maduro”, Al Navío, 2 de septiembre de 2022; “Venezuela otra vez”, El Tiempo, 31 de agosto de 2022.

[3] Informes de Crisis Group, El peso del oro, op. cit., y Armas por doquier, op. cit.

[4] Algunas comunidades indígenas también han criticado el reclutamiento de jóvenes por parte de la guerrilla. Informe de Crisis Group, Desorden en el borde, op. cit.

A Rebel Playing Field: Colombian Guerrillas on the Venezuelan Border

Actualmente parece haber pocos incentivos para que el ELN abandone su refugio en territorio venezolano. Todo indica que las autoridades han consentido su presencia; están reclutando nuevas tropas, incluidos ciudadanos venezolanos; y controlan lucrativos negocios ilícitos como la extracción de oro y el tráfico de drogas, ganado y combustible. Son especialmente fuertes en las zonas fronterizas, que se configuran como su bastión militar[1]. Esta posición de fortaleza le permite a la guerrilla gozar de libertad de movimiento a través de la frontera: según reportes, en los últimos meses ha trasladado a cientos de combatientes de Venezuela a Colombia, sobre todo a Arauca, Catatumbo y Chocó, para consolidar su control territorial y asegurar su supremacía sobre los grupos rivales antes de iniciar las conversaciones de paz[2]. Las autoridades colombianas no han condicionado las conversaciones a la entrega de armas por parte del ELN, lo que indica que podrían aceptar un acuerdo para una entrega gradual de armas[3].

En este contexto, es probable que la posición del gobierno de Maduro con respecto a las negociaciones sea esencial para que puedan tener éxito. Los críticos argumentan que el gobierno de Maduro no debería desempeñar el papel de garante, dadas las relaciones ampliamente denunciadas entre los funcionarios locales y el ELN dentro de Venezuela[4]. Pero Bogotá parece haber calculado que para que un eventual acuerdo de paz sea efectivo en Colombia, el ELN tendrá que cumplirlo tanto en territorio colombiano como en Venezuela. Al incluir a Caracas como garante, el gobierno de Petro parece haber asumido un riesgo calculado de que ésta actuará de manera constructiva, aunque varios observadores aún no confían plenamente en que todas las partes del Estado venezolano cumplirían con los términos de un acuerdo negociado[5]. Una cuestión que Bogotá tendrá que evaluar cuidadosamente es qué garantías sugerirle a Caracas que le ofrezca a la guerrilla con respecto a sus actividades después de una eventual desmovilización, incluida la posibilidad de que permanezcan en Venezuela como excombatientes que buscan desarmarse y reintegrarse a la vida civil.

Queda por ver si la percepción de que algunas facciones del Estado venezolano están en complicidad con el ELN afectará adversamente las negociaciones, o si Caracas como anfitrión jugará un doble juego, mientras niega su pleno respaldo a la negociación. El gobierno de Maduro podría alterar las conversaciones sin abandonar abiertamente sus responsabilidades. Por ejemplo, si llega a sentirse amenazado o insultado por su vecino en otras áreas, podría indicar a funcionarios locales que son cómplices con los “frentes” descentralizados del ELN, quienes operan con una considerable autonomía del comando central de la guerrilla, que pueden continuar funcionando con impunidad y no hay necesidad de negociar con Bogotá[6].


[1] Las autoridades colombianas estimaron que el ELN contaba con más de cinco mil combatientes y miembros de su red de apoyo en 2021, lo que supone un considerable aumento respecto a los menos de tres mil de 2016. Su área de mayor control ahora se encuentra en la zona de Arauca-Apure y el Catatumbo, a lo largo de la frontera con Venezuela, donde opera su Frente de Guerra Oriental. Ver “¿Cuál es el ELN que se sentará a dialogar? Radiografía en cuatro regiones de Colombia”, Fundación Ideas para la Paz, agosto de 2022.

[2] Entrevista de Crisis Group, alto oficial militar colombiano, Bogotá, septiembre de 2022.

[3] Entrevistas de Crisis Group, representantes de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, septiembre y octubre de 2022.

[4]Why Venezuela’s role in Colombia’s peace talks could become a problem”, Colombia Reports, 17 de octubre de 2022.

[5] Ana León, “El chavismo es un mal necesario en la negociación de Petro con el ELN”, La Silla Vacía, 15 de septiembre de 2022.

[6] Entrevista telefónica de Crisis Group, periodista colombiano, 16 de agosto de 2022. Sobre la estructura históricamente descentralizada del ELN, ver informe de Crisis Group, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, op. cit.

Los grupos armados a menudo marcan edificios y vallas publicitarias para mostrar su presencia en la región. Diciembre 2019, Norte de Santander, Colombia. CRISIS GROUP/Elizabeth Dickinson

C. La frontera

El presidente Petro enfatizó que la reapertura de la frontera sería un primer paso para restablecer los lazos con Venezuela y, de hecho, el 26 de septiembre la frontera reabrió formalmente para permitir el paso de dos camiones de carga[1]. Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes sobre la cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales, regionales y locales de los dos países, especialmente para abordar las amenazas de seguridad compartidas y las redes criminales transnacionales. Un aspecto particularmente delicado de la futura relación es el grado de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países. Aunque se ha reanudado el contacto entre los ministros de Defensa, será difícil establecer vínculos más estrechos[2].

En lo que respecta a las relaciones con las fuerzas armadas de Venezuela, Petro no tiene las manos completamente libres. Necesita mantener la lealtad del ejército colombiano en sus esfuerzos por reformar la política de seguridad y avanzar en las conversaciones de paz con los grupos armados, así como para abordar la profunda desconfianza que produce su agenda y perspectiva de izquierda en las tropas tradicionalmente más conservadoras[3]. Colombia también debe sopesar el presunto apoyo del ejército venezolano a grupos armados en su territorio, así como sus supuestos vínculos con el ejército ruso y otros actores percibidos como “malignos”, incluidos narcotraficantes. También es probable que los militares colombianos eviten trabajar con fuerzas venezolanas acusadas de violaciones de derechos humanos, como la Guardia Nacional[4]. Los aliados estadounidenses cercanos de las fuerzas armadas colombianas también pueden ser reacios a que se refuerce la coordinación con Venezuela[5].

Del otro lado de la frontera, la hostilidad hacia las fuerzas armadas colombianas en el ejército venezolano también es alta[6]. El presunto reclutamiento por parte de la inteligencia colombiana de fuentes al interior de las fuerzas armadas venezolanas empeora el ambiente[7]. Los duros intercambios verbales entre las autoridades de ambos lados también han causado una persistente discordia.


[1] Colombia y Venezuela se abren la puerta económica”, El País, 26 de septiembre de 2022.

[3] Informe de Crisis Group, Atrapados por el conflicto, op. cit. Una cúpula adversa y guerrerista: los retos de Petro con los militares”, El País, 4 de julio de 2022.

[4] Entrevista de Crisis Group, alto oficial militar colombiano, Bogotá, septiembre de 2022.

[5] Entrevista de Crisis Group, alto oficial militar colombiano, Bogotá, 6 de julio de 2021. “Actores malignos” fue la expresión usada por el senador republicano de Idaho James Risch durante la “Audiencia de Relaciones Exteriores del Senado para evaluar la política de EE. UU. hacia Venezuela”, video, YouTube, 15 de septiembre de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=u6MSnlD9lMs. Dentro de las instituciones militares y de seguridad de EE. UU. y Colombia, el gobierno de Maduro es ampliamente considerado como una amenaza para la región, mientras que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha ofrecido una recompensa por la captura de altos funcionarios venezolanos, incluidos el presidente y el ministro de Defensa, con relación a delitos que incluyen narcotráfico. Ver también, Douglas Farah, “The Maduro Regime’s Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security in Latin America”, Atlantic Council, 14 de Agosto de 2020; “Venezuela a threat to regional stability, security –U.S. official”, Reuters, 30 de octubre de 2018.

[7] Entrevista de Crisis Group, alto oficial de la policía colombiana, Bogotá, febrero de 2019.

Cualquier perspectiva de un intercambio de inteligencia más amplio o de una cooperación estratégica entre los dos ejércitos parece remota.

En consecuencia, por ahora, cualquier perspectiva de un intercambio de inteligencia más amplio o de una cooperación estratégica entre los dos ejércitos parece remota. Según reportes, el reciente e inesperado anuncio por parte de funcionarios del gobierno de que los servicios de inteligencia de los dos países comenzarían a trabajar juntos nuevamente no fue bien recibido por los militares colombianos[1].

 En cuanto a otras formas de cooperación en materia de seguridad, hasta la fecha ha habido algunos contactos, pero no será tarea fácil seguir avanzando[2]. Abordar los abusos perpetrados por grupos criminales que operan cerca de la frontera en ambos países, como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, desapariciones y asesinatos, pondrá a prueba la capacidad de las fuerzas de seguridad para trabajar juntas, ya que cada lado sigue considerando que el otro no es digno de confianza[3]. Las autoridades colombianas tienden a ver a sus homólogos venezolanos con recelo, y les preocupa que sean cómplices de los actores criminales que dicen perseguir[4]. Por su parte, es probable que las autoridades venezolanas busquen garantías de que los funcionarios colombianos estarán atentos para evitar que su territorio sea utilizado por grupos mercenarios como base para complots contra el chavismo, como ocurrió con la Operación Gedeón en 2020[5].


[1] Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 4 de noviembre de 2022.

[2] Entrevista de Crisis Group, funcionario regional colombiano, Bruselas, 13 de mayo de 2022. A principios de 2022, Freddy Bernal, gobernador del estado venezolano de Táchira, informó al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, sobre la fuga de varios reclusos vinculados a la banda criminal venezolana el Tren de Aragua que habían cruzado la frontera hacia Colombia. Bernal le proporcionó a Serrano su ubicación y posteriormente fueron arrestados. El gobierno colombiano también ha utilizado el canal entre Bernal y Serrano para enviar mensajes al gobierno de Maduro.

[3] Informe de Crisis Group, Desorden en el borde, op. cit.

[4] Entrevista de Crisis Group, fuentes de seguridad, octubre y noviembre de 2022.

Una base militar en la Amazonía colombiana, localizada junto a uno de los muchos ríos que conectan con Venezuela. Noviembre 2019, Guainía, Colombia. CRISIS GROUP/Bram Ebus

Los desafíos que enfrenta el orden público en ambos lados de la frontera son formidables. Las autoridades del departamento colombiano de Norte de Santander, por ejemplo, creen que grupos criminales ocultan regularmente los cadáveres de víctimas asesinadas en Venezuela del lado colombiano de la frontera, lo que ha provocado un aumento del número de homicidios registrados en esa región[1]. Las redes de trata de personas y grupos criminales que a veces operan en ambos lados de la frontera también se aprovechan de los migrantes y refugiados venezolanos. Entre ellos se encuentra el ELN, que presuntamente ofrece pagos únicos por la vinculación de nuevos reclutas y alojamiento temporal a los migrantes en el departamento fronterizo de Arauca[2].

Si bien los esfuerzos conjuntos contra la más grave delincuencia transnacional pueden ser difíciles de lograr, unos lazos más fluidos entre los dos gobiernos y la plena apertura de la frontera idealmente allanarían el camino para una mayor cooperación en cuestiones de seguridad como el control fronterizo, incluso si los esfuerzos iniciales son limitados en escala y llenos de cautela de parte de ambos lados. El establecimiento de cruces formales seguros dependerá de la comunicación regular entre los puestos fronterizos, con el objetivo de garantizar el paso de personas y mercancías por las rutas oficiales para evitar que los grupos armados operen los cruces informales. El progreso hasta ahora ha sido lento, con funcionarios colombianos y el propio Petro expresando su decepción por el ritmo rezagado de los esfuerzos para frenar la corrupción en los cruces formales y desmantelar las rutas informales y el contrabando[3].

En lo que marca un avance positivo, que inició antes de la llegada de Petro a la presidencia, los gobernadores de Norte de Santander en Colombia y Táchira en Venezuela, Silvano Serrano y Freddy Bernal, respectivamente, establecieron un canal de comunicación en 2021 para discutir problemas de la frontera[4]. La relación se ha fortalecido a pesar de la controversia en torno a Bernal, quien ha sido acusado de mantener vínculos con los violentos grupos parapoliciales, conocidos como colectivos, que son leales a los políticos chavistas[5]. Poco antes de que Petro asumiera el cargo, en una primera reunión entre funcionarios de alto nivel, el ministro entrante de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, visitó a Bernal en la ciudad de San Cristóbal para discutir el restablecimiento de relaciones y la apertura de los pasos fronterizos[6].

En cuanto al comercio, en general, las autoridades de las regiones fronterizas han acogido con entusiasmo el objetivo de reactivar el comercio formal y reconstruir vínculos estrechos. En su exitosa campaña de 2021 para convertirse en gobernador del Táchira, Bernal insistió en la necesidad de generar empleos y negocios impulsando el comercio transfronterizo[7]. Del lado colombiano, las autoridades nacionales y de Norte de Santander ya han manifestado que el puente Tienditas, construido para ampliar las posibilidades de comercio transfronterizo, pero nunca inaugurado debido a las tensas relaciones bilaterales, se abrirá a principios de 2023, generando la capacidad para el paso de aproximadamente ochenta mil vehículos diarios entre los dos países.


[1] Entrevista de Crisis Group, funcionario regional colombiano, Bruselas, 13 de mayo de 2022.

[2] Informe de Crisis Group, Tiempos difíciles en el refugio op. cit.

[3] Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 4 de noviembre de 2022. La reapertura de la frontera no aumentó el comercio en Norte de Santander”, El Espectador, 30 de octubre de 2022.

[4] Designado inicialmente por Maduro como “protector” del estado, Bernal fue electo en noviembre de 2021 como gobernador.

[5] El difunto ministro de Relaciones Exteriores colombiano Carlos Holmes Trujillo también afirmó en septiembre de 2019 que Bernal operaba como enlace entre el gobierno de Maduro y el ELN en zonas fronterizas. Canciller colombiano pide en la OEA “detener la amenaza” que implica presunta relación de Maduro con la guerrilla”, Contrapunto, 11 de septiembre de 2019; “La poderosa mujer señalada de ser el enlace entre el ELN y Maduro”, El Tiempo, 15 de septiembre de 2019.

[6] También asistieron el canciller de Venezuela y un representante de la Misión de la ONU en Colombia. Se estableció el primer paso para reabrir la frontera”, La Opinión, 29 de julio de 2022.

[7] Ana León, “La reapertura de la frontera se hizo a pesar de Duque, no gracias a él”, La Silla Vacía, 5 de octubre de 2021. Bernal dijo que el gobierno de Maduro tiene la intención de abrir la frontera al comercio siempre y cuando Colombia cumpla con las medidas de bioseguridad. Milagros Palomares y Laura Cristancho, “Claves para entender reapertura de la frontera anunciada por el gobierno Duque”, Proyecto Migración Venezuela, 20 May 2021.

D. Washington, América Latina y la “presidencia interina”

Las relaciones entre los gobiernos de EE. UU. y Colombia, tradicionalmente el socio más importante de Washington en Sudamérica, también marcarán los lazos entre Bogotá y Caracas.

Sin duda, Bogotá seguirá considerando que mantener su relación de larga data con el gobierno de EE. UU. es de interés para Colombia, incluso bajo un gobierno de tendencia izquierdista que busca una mayor diversidad en sus asociaciones extranjeras. Los primeros contactos de Petro con EE. UU., incluida la visita a Bogotá del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, han resultado notablemente cordiales, a pesar de las diferencias en asuntos como la extradición y el enfoque de EE. UU. hacia Cuba, así como las posibles tensiones sobre la política antinarcóticos, en particular con respecto a la intención de Petro de limitar la erradicación forzosa de coca y presionar por un mayor debate sobre la “guerra contra las drogas”[1]. Cualquier deterioro significativo en la relación supondría numerosos riesgos para Colombia. Bogotá recibe el apoyo de Washington en muchas áreas; por ejemplo, asistencia para el desarrollo (incluido el sector de la salud); asistencia para el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016; y para fortalecer su respuesta al cambio climático. Si el respaldo de Washington se debilita, podría alarmar a los inversionistas extranjeros e incluso al ejército colombiano, que es muy cercano a EE. UU.[2]


[1] Entrevista de Crisis Group, alto diplomático colombiano, 8 de noviembre de 2022. “Secretary Antony J. Blinken and Colombian President Gustavo Petro at a Joint Press Availability”, Departamento de Estado de EE. UU., 3 de octubre de 2022.

Una mejor relación entre Colombia y Venezuela podría servir a los intereses de EE. UU. en la región.

En cualquier caso, hay pocas razones para pensar que EE. UU. se opone actualmente a la renovación de los lazos entre Colombia y Venezuela. Washington ha mostrado su propia disposición para relacionarse nuevamente con el gobierno venezolano a través de varias visitas de alto nivel en 2022 de delegaciones estadounidenses a Caracas, incluidas reuniones con el propio Maduro[1]. Además, una mejor relación entre Colombia y Venezuela podría servir a los intereses de EE. UU. en la región, al permitir, por ejemplo, que la administración de Biden supere la resistencia en el Congreso para abrir un canal de comunicación más formal con el presidente Maduro y dar luz verde al alivio de las sanciones. Reportes de que los partidos de la oposición venezolana y EE. UU. podrían estar haciendo gestiones para retirar el reconocimiento a Guaidó como “presidente interino” sugieren una posible alineación entre los dos países en cuanto a la política sobre Venezuela[2].

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los lazos entre el gobierno de Petro y Caracas corre el riesgo de convertirse en una fuente de tensión si las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela se estancan. Funcionarios estadounidenses han expresado su esperanza de trabajar de manera “constructiva y respetuosa” con el gobierno de Petro para ayudar a lograr una “solución pacífica” en Venezuela, lo cual depende, en opinión de Washington, de lograr unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024[3]. Si Maduro evita realizar concesiones electorales y políticas considerables, esta expectativa por parte de Washington podría poner a Petro en la difícil encrucijada de decidir qué relación resulta menos costosa arriesgar: Caracas, esencial para la “paz total” y una zona frontera estable; o Washington, vital para una cooperación militar y de seguridad más amplia, al igual que para el comercio global y la inversión extranjera.

Al mismo tiempo, estas potencialmente complejas concesiones ofrecen una oportunidad para la diplomacia itinerante entre Caracas, Bogotá y Washington, como lo ilustra el encuentro entre el embajador Benedetti y Jimmy Story, embajador de EE. UU. en Venezuela, que opera desde Bogotá, tras el regreso de Benedetti de su primer viaje a Venezuela[4]. El secretario de Estado de EE. UU., Blinken, ha confirmado desde entonces que discutió con su homólogo colombiano “nuestra cooperación para apoyar la democracia en Venezuela”, dando así a entender que Bogotá podría trabajar junto a Washington en el fomento de una solución negociada del conflicto político de Venezuela[5].


[1] Gunson, Un giro en Caracas, op. cit. Ver también, “US officials back in Venezuela in a bid to rebuild ties”, AP, 28 de junio de 2022; y “Possible Russia oil embargo drives US outreach to Venezuela”, AP, 7 de marzo de 2022.

[2]Venezuela opposition parties consider ditching ‘interim president’”, Financial Times, 20 de octubre de 2022.

[4] Benedetti ha dicho que “cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que ir de la mano de EE. UU. Nada de lo que nosotros vayamos a hacer los va a coger por sorpresa. Reiteré que los canales estaban abiertos de forma directa para hablar conmigo cuando quieran”. ‘Es necesario que Colombia le compre gas a Venezuela’: Armando Benedetti”, op. cit. Posteriormente, Benedetti también afirmó que “no estamos aquí por ideología ni por nada distinto a reactivar la economía en una frontera”. Gobierno Biden nunca se ha quejado de nosotros: Armando Benedetti”, W Radio, 26 de septiembre de 2022.

[5] El Secretario de Estado Blinken dijo, “después de mi visita a Bogotá, tuve el placer de reunirme con el Canciller @AlvaroLeyva al margen de la Asamblea General de la @OAS_official para discutir nuestra cooperación para apoyar la democracia en Venezuela y prestar asistencia a los migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida”, tweet de Antony Blinken, Secretario de Estado de EE. UU., @SecBlinken, 9:55am, 6 de octubre de 2022.

Colombia ya no reconozca a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, mientras Washington continúa haciéndolo.

Mientras tanto, el hecho de que, bajo Petro, Colombia ya no reconozca a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, mientras Washington continúa haciéndolo, tiene algunas implicaciones prácticas[1]. Una de ellas involucra a Monómeros, una empresa colombiana que le pertenece indirectamente a la petrolera estatal venezolana PDVSA, y se dedica a la producción de fertilizantes[2]. El reconocimiento de Guaidó por parte del gobierno colombiano anterior le permitió a la oposición venezolana nombrar una junta directiva ad hoc para Pequiven, el principal accionista de Monómeros. Pero tras el reconocimiento formal de Maduro por parte del gobierno de Petro, la junta directiva rival de Pequiven designada por el presidente venezolano pudo cambiar la administración de Monómeros.

El propio Petro celebró la medida debido al drástico aumento de los precios de los fertilizantes importados provocado por la invasión rusa de Ucrania, pero Colombia ha tenido que pedir garantías al gobierno de EE. UU. de que la empresa podrá seguir operando a pesar del cambio de administración[3]. A finales de septiembre, el embajador Benedetti celebró que su gobierno haya podido comprar “con descuento” dieciseis mil toneladas de urea a Pequiven, resaltando que Venezuela no había cobrado por el transporte y que los agricultores colombianos iban a poder ahorrar cien dólares por tonelada de urea[4].

El restablecimiento de los vuelos comerciales también ha resultado más engorroso de lo esperado. Tras una solicitud del gobierno de EE. UU., Colombia decidió revocar la autorización a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Washington desde febrero de 2020, para operar vuelos entre los dos países[5]. En respuesta, Venezuela retiró el permiso que había otorgado a la aerolínea Wingo para comenzar a operar vuelos entre Colombia y Venezuela. Al momento de escribir este informe, sólo hay dos aerolíneas volando con cierta regularidad entre ambos países: Turpial, una aerolínea venezolana propiedad de un coronel retirado de la fuerza aérea, y Satena, que pertenece parcialmente a la fuerza aérea colombiana[6].


[1] ¿Podría deteriorarse la relación con Estados Unidos tras la nueva propuesta de extradición?”, Noticias RCN, 25 de agosto de 2022; “A pesar de las «diferencias» entre Estados Unidos y Colombia, se mantendrá el diálogo”, EFE, 9 de agosto de 2022; Gimena Sánchez-Garzoli y Adam Isacson “Cinco prioridades para la nueva era de las relaciones Estados Unidos-Colombia”, Washington Office on Latin America, 5 de agosto de 2022.

[2]Venezuela’s Monómeros files for bankruptcy”, Argus Media, 23 de septiembre de 2021.

[3] Petro también denunció escándalos en Monómeros mientras estaba bajo el control de la oposición liderada por Guaidó. Las autoridades colombianas habían ordenado una intervención temporal de la compañía en 2021. Marianela Palacios, Venezuelan Foreign Asset War: Monómeros”, Caracas Chronicles, 24 de septiembre de 2021. “Armando Benedetti: En Colombia hay más violaciones de DDHH que en Venezuela”, Efecto Cocuyo, 8 de noviembre de 2022.

[5] En palabras del gobierno estadounidense, “el régimen ilegítimo de Maduro depende de la aerolínea estatal venezolana Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen por todo el mundo para promover el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”. “Treasury Pressures Illegitimate Maduro Regime by Identifying Blocked National Airline”, Departamento del Tesoro de EE. UU., 7 de febrero de 2020.

[6]Airline flights resume between Colombia and Venezuela”, AP, 7 de noviembre de 2022.

E. Desafíos regionales y multilaterales

A medida que se avanza para consolidar los lazos de trabajo, el fortalecimiento de las relaciones con Caracas podría plantear ciertos problemas diplomáticos y legales para Bogotá. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han señalado violaciones sistemáticas de los derechos humanos y restricciones persistentes al espacio cívico y democrático en Venezuela[1]. Por su parte, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional espera continuar investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde la represión de las protestas de la oposición en 2017[2]. Es posible que, en algún momento durante el mandato de Petro, la Corte emita una orden de arresto contra un alto funcionario del gobierno venezolano o de sus fuerzas armadas en caso de que el gobierno de Maduro no avance en la investigación y enjuiciamiento de estos casos. Si eso ocurriera, los esfuerzos de Petro por cooperar con Caracas y ayudar al gobierno de Maduro a recuperar su legitimidad internacional podrían entrar en conflicto con los esfuerzos de la Corte para garantizar la rendición de cuentas de altos funcionarios venezolanos[3].

       El gobierno colombiano también podría encontrarse en un aprieto si recibe solicitudes de extradición de Caracas. Poco después de que Petro asumiera el cargo, Diosdado Cabello, un destacado chavista autoritario y miembro de la Asamblea Nacional sugirió que muchas figuras de la oposición que viven en Colombia deberían ser extraditadas para enfrentar cargos “por delitos cometidos contra nuestro país”[4]. Algunos opositores venezolanos que huyeron a Colombia para escapar de la persecución en su país expresaron su preocupación por la respuesta que pudiera dar el gobierno colombiano a las demandas de extradición, pero Petro intentó disipar las preocupaciones. Le respondió de inmediato a Cabello, insistiendo en que su gobierno “garantiza el derecho de asilo”[5]. Cabello, a su vez, minimizó el incidente y dijo que Venezuela no haría nada que pudiera “empañar” el restablecimiento de las relaciones[6].


[1] Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 30 de septiembre de 2022. En su última declaración sobre Venezuela como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet destacó los avances del gobierno para abordar las violaciones de los derechos humanos, como la reestructuración de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en línea con las recomendaciones anteriores de la ONU. Sin embargo, manifestó que continuaba preocupada por las condiciones en los centros de detención administrados por los servicios de inteligencia del gobierno, donde víctimas de arrestos arbitrarios siguen detenidas. También destacó las continuas restricciones al espacio civil y democrático. “Diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada sobre Venezuela”, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 29 de junio de 2022.

[2] Mariano de Alba, “Venezuela: La investigación de la Corte Penal Internacional pone a Maduro en un dilema”, comentario de Crisis Group, 12 de noviembre de 2021.

[3] De hecho, como Estado parte de la CPI, Colombia estaría obligada a arrestar y entregar a La Haya a cualquier acusado que viaje a Colombia.

[5] Entrevista de Crisis Group, líder de la oposición venezolana, Bogotá, 29 de junio de 2022. Petro ha negado que los exiliados, activistas y periodistas perseguidos por el gobierno venezolano puedan ser extraditados a solicitud de Caracas, afirmando que “los derechos humanos son fundamentales”. Gustavo Petro: ‘Si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo”, El País, 28 de junio de 2022; Maduro’s Enemies Are Fleeing Colombia as Persecution Fears Mount”, Bloomberg, 5 de julio de 2022.

En los últimos años se ha visto un marcado deterioro en los principales espacios de cooperación de la región.

La diplomacia hacia Venezuela también puede afectar otro de los objetivos de la política exterior de Petro, el de una mayor integración latinoamericana que permita una coordinación más sólida en áreas como el cambio climático, migración, salud y la lucha contra el crimen organizado. En los últimos años se ha visto un marcado deterioro en los principales espacios de cooperación de la región. Las amargas disputas interestatales, en particular, sobre la respuesta al creciente autoritarismo de Venezuela y de otros países, el debilitamiento de instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de los Estados Americanos, y la falta de coordinación en las respuestas a la pandemia de COVID-19, han dejado la causa de la integración regional en entredicho[1]. La aspiración declarada del nuevo gobierno colombiano de reparar estas divisiones podría verse fortalecida por una ola de gobiernos de izquierda en la región y por el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil a principios de 2023[2].

Aun así, las limitaciones de cualquier impulso por la unidad regional son significativas. La prioridad declarada de Petro para América Latina en su conjunto es abordar el cambio climático, un tema sobre el que existe un acuerdo general pero no un consenso[3]. Pero presionar por una coordinación regional más profunda en temas como la democracia, la buena gobernanza o los derechos humanos entre gobiernos de orientaciones políticas extremadamente diversas, con algunos que muestran marcadas tendencias autoritarias, como el caso de Venezuela y Nicaragua, será un reto enorme[4]. Adoptar una política de no injerencia en los asuntos soberanos de otras naciones, en línea con el enfoque adoptado por el gobierno mexicano, puede ayudar a prevenir disputas diplomáticas, pero también podría impedir la construcción de instituciones regionales fuertes y con un propósito. Los derechos humanos son un buen ejemplo, ya que los gobiernos represivos tienden a rechazar el escrutinio externo como una injerencia indebida en sus asuntos internos.

Petro ha apoyado con frecuencia y de forma enfática la protección de los derechos humanos, sobre todo dentro de Colombia, y ha tratado de reconducir a Venezuela hacia el sistema interamericano de derechos humanos. Pero parece reacio a ubicar esta causa en el corazón de un resurgente sistema multilateral latinoamericano. Ha propuesto reimpulsar la integración regional mediante el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un organismo que sólo adopta decisiones por unanimidad, no incluye a EE. UU. ni a Canadá, y es visto por algunos gobiernos latinoamericanos como una alternativa a la Organización de los Estados Americanos. Los gobiernos de México y Colombia parecen estar plenamente alineados en su respaldo a la CELAC, y Maduro también apoya darle un mayor protagonismo al bloque. Sin embargo, desde su creación en febrero de 2010, la organización ha sido principalmente un foro de coordinación política, y Brasil decidió suspender su participación a principios de 2020 con el argumento de que el bloque estaba siendo utilizado como una plataforma para gobiernos no democráticos[5].


[1] Juan Gabriel Tokatlián, “El descalabro del sistema interamericano”, Nueva Sociedad, septiembre de 2020.

[2] Raquel López-Portillo Maltos, “Los cuatro ejes de la política exterior de Gustavo Petro”, Foreign Affairs Latinoamérica, 23 de junio de 2022.

[4] Human Rights Watch le escribió una carta a Petro solicitándole que “se mantenga firmemente enfocado en abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela”. “Carta al Presidente Gustavo Petro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro”, Human Rights Watch, 24 de octubre de 2022.

[5] Venezuela propone creación de Secretaría General en VI Cumbre Celac”, Ministerio del Poder Popular para la Planificación de Venezuela, 19 de septiembre de 2021; “Brazil sits out leftist Latin American nations’ body on anti-democracy fears”, Reuters, 16 de enero de 2020.

V. Recomendaciones

Es poco probable que al gobierno de Petro le vaya a resultar fácil reconstruir unas relaciones sólidas y de absoluta confianza con su vecino. Los años de desprecio mutuo, el no reconocimiento del gobierno de Caracas por parte de Bogotá y los formidables dilemas de seguridad, económicos y humanitarios significan que los diplomáticos tendrán que ser cuidadosos. La tendencia de poderosas facciones políticas en ambos países de culpar a su vecino de provocar tensiones internas ha significado que cada Estado sea visto como parte de los conflictos y crisis del otro. Estas tensiones se ven agravadas por la inclinación de ambas partes, reforzada por sus respectivos aliados, a recurrir a la “diplomacia del micrófono”, en la que se airean las quejas de manera pública y deliberada[1].

Un punto de partida sensato, como parecen reconocer ambos gobiernos, es la coordinación práctica destinada a generar una mejora material inmediata en la vida de las personas. La apertura total de los cruces fronterizos formales y la lucha contra la corrupción, así como la garantía de disponibilidad de servicios consulares en ambos países, le evitaría muchos problemas a migrantes y viajeros, al mismo tiempo que podría suponer un alivio económico para las zonas fronterizas que se han vuelto cada vez más dependientes del comercio informal e ilícito.

Paralelamente, el inicio de conversaciones con el ELN ofrece una importante oportunidad, pero trabajar con Caracas será complicado. Establecer lo que podría esperarse de Venezuela en una eventual desmovilización de la guerrilla requerirá una diplomacia discreta y evitar acusaciones públicas y precipitadas ante posibles estallidos de violencia en la frontera. Si se hace bien, también puede ayudar a reconstruir la confianza mutua.


[1] Entrevista de Crisis Group, partidario del gobierno venezolano, Madrid, 4 de abril de 2022. Diplomacia de micrófono”, El Tiempo, 4 de agosto de 2009; “Diplomacia, bravuconadas y micrófonos”, El Espectador, 9 de septiembre de 2015.

Ambos gobiernos deben emprender la tarea de reconstruir el marco institucional para la gestión de intereses compartidos a nivel nacional, regional y local.

Al mismo tiempo, ambos gobiernos deben emprender la tarea de reconstruir el marco institucional para la gestión de intereses compartidos a nivel nacional, regional y local. Los vínculos no deben limitarse a las conexiones entre los gobiernos nacionales, sino que deben descentralizarse y fomentarse entre las autoridades a nivel regional y local[1]. Los actores del sector privado de ambos países han desempeñado un papel destacado en la renovación de los vínculos comerciales, pero están cada vez más preocupados por la falta de un cronograma claro para el total restablecimiento del comercio bilateral. Quitar a los negocios ilícitos el control del comercio y la circulación transfronterizos también está resultando más complejo de lo que ambos gobiernos parecieron creer[2]. A pesar de la continua desconfianza entre las fuerzas de seguridad de los dos países, iniciativas prudentes para lograr una mayor cooperación, con el apoyo de autoridades regionales, la sociedad civil y, potencialmente, la experiencia técnica de aliados extranjeros, podrían ayudar a reconstruir los lazos y serán necesarias para reducir el control de las redes ilícitas sobre la economía fronteriza.

Mientras tanto, los donantes extranjeros y organismos multilaterales, en particular la Misión de la ONU en Colombia y otras agencias de la ONU en ambos países, deben apoyar los esfuerzos para reconstruir las relaciones civiles y militares con el fin de consolidar la paz y garantizar que se comparta información esencial sobre grupos armados y actividades delictivas, especialmente en la zona fronteriza[3]. Algunos grupos de la sociedad civil han pedido la designación de un enviado de la ONU para la frontera con el fin de sensibilizar a la comunidad internacional sobre las terribles condiciones humanitarias de la zona y alentar a ambos Estados a proteger a los civiles en las áreas afectadas por el conflicto[4]. Una alternativa de menor perfil podría ser que la ONU o la UE faciliten conversaciones entre los dos gobiernos, ayudando a la coordinación entre los muchos organismos estatales que tienen un papel que desempeñar en la reconstrucción de los lazos bilaterales y proporcionando asistencia técnica en los casos en los que resultara útil para generar confianza y cooperación. Una ruta que podrían explorar los militares de ambos países es forjar un plan binacional anual como el que Colombia ya ha firmado con sus vecinos Perú, Panamá y Ecuador para el manejo de fronteras[5].

La consolidación de una relación robusta y armónica entre los dos países también dependerá de los avances hacia una solución de la crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela. Como ha argumentado Crisis Group en otras publicaciones, el fin de la lucha interna por la supremacía política que ha asolado al país durante más de dos décadas y ha sembrado divisiones en América Latina sigue siendo esencial para la estabilidad de toda la región[6]. Un acuerdo negociado que incluya, entre otros aspectos, unas elecciones presidenciales realmente justas, ayudaría al país a superar décadas de extrema inestabilidad política. También alentaría a EE. UU. y a la UE a levantar las sanciones, permitiría que Venezuela se reincorpore a los circuitos internacionales de comercio y finanzas e impulsaría una recuperación económica que podría permitir que millones de migrantes de la diáspora venezolana regresen a su patria si así lo desean.


[2] Además del problema de la persistente corrupción en los cruces oficiales, las considerables diferencias de precios entre los países en ciertos productos, como el combustible, los alimentos y el ganado, también pueden hacer que el contrabando persista. Entrevista de Crisis Group, analista económico, Arauca, marzo de 2022.

[4] Colombia-Venezuela: balance y retos”, Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, julio de 2022.

[6] Informe de Crisis Group, Cómo superar la fractura global sobre Venezuela, op. cit.

El plan de Colombia para restablecer las relaciones con su vecino debe incluir una participación sustancial en los esfuerzos para fomentar un acuerdo político en Venezuela.

El plan de Colombia para restablecer las relaciones con su vecino debe incluir una participación sustancial en los esfuerzos para fomentar un acuerdo político en Venezuela. Petro fue sabio al alejarse de la contraproducente postura dura y adversa del gobierno de Duque hacia Venezuela, que hizo parte de la estrategia de la “máxima presión” lanzada por EE. UU. para derrocar a Maduro bajo la administración del presidente Trump. Pero al rechazar esa fallida estrategia, Colombia no debe alejarse también de la actual generación de esfuerzos internacionales para resolver la crisis venezolana[1].

La búsqueda simultánea de un restablecimiento de relaciones y de un acuerdo político en Venezuela requerirá un hábil trabajo diplomático por parte de Bogotá. Por una parte, mejorar las relaciones con Caracas y cosechar los beneficios (por ejemplo, asegurar un acuerdo de paz con grupos armados como el ELN, abordar la migración y fomentar el resurgimiento de la solidaridad latinoamericana) requerirá un hábil manejo de las relaciones con el gobierno venezolano. Por otra parte, respaldar un acuerdo político duradero en Venezuela, que incluya elecciones presidenciales libres y justas, y mantener una relación sólida con Washington, invariablemente creará cierta fricción con Caracas. Si el gobierno de Maduro siente que el gobierno colombiano le está pidiendo asistencia práctica, mientras Bogotá también lo insta a hacer concesiones a su oposición política que le resultan inaceptables, entonces puede llegar a considerar oportuno enfriar la reciente calidez de los lazos bilaterales.

Lograr un adecuado equilibrio en la política exterior hacia Venezuela y evitar retaliaciones de Caracas en el proceso podría ser menos complejo si Colombia actúa