¿Qué hay de nuevo? Varios excomandantes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron la creación de una nueva facción disidente desde un lugar aparentemente próximo a la frontera entre Colombia y Venezuela, provocando acusaciones desde Bogotá de que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro está albergando y apoyando al grupo.

¿Por qué es importante? Los gobiernos de Colombia y Venezuela, que ya están enfrentados en torno a la legitimidad de Maduro, podrían verse envueltos en un conflicto a lo largo de la frontera de 2200 km, la cual es cruzada diariamente por miles de migrantes y explotada por actores armados no estatales y grupos criminales. El enorme despliegue de tropas venezolanas y la invocación por parte de Colombia de un pacto de defensa mutua han elevado el riesgo.

¿Qué se debería hacer? El surgimiento de la nueva facción disidente de las FARC subraya la necesidad de que el gobierno colombiano redoble los esfuerzos para reincorporar a los excombatientes a la vida civil. Colombia y Venezuela deberían trabajar para reparar su ruptura diplomática y, entretanto, establecer canales de comunicación para mitigar el riesgo de malentendidos relacionados con violencia en la frontera.

Iván Márquez, un alto comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció una “nueva etapa” en la lucha armada de la organización en un video emitido el 29 de agosto. El video, supuestamente filmado cerca de la frontera venezolana, conmocionó a Colombia: las FARC no solo firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, sino que Márquez lideró su equipo de negociación. Es el disidente de mayor rango de las FARC en volver a las armas hasta el momento. Este golpe al proceso de paz, así como el peligro que supone para la estabilidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, hacen que sea imperativo que Bogotá siga respetando el acuerdo de 2016 y continúe el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Igualmente, ambos países deberían reducir el riesgo de una escalada militar limitando sus amenazas y, en la medida de lo posible, restableciendo los canales de comunicación entre las capitales y los altos mandos militares.

No obstante, hasta ahora tanto Bogotá como Caracas han ido aumentando la tensión. El presidente colombiano Iván Duque prometió intensificar la ofensiva contra las facciones disidentes de las FARC. Duque también acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de brindar “albergue y apoyo” a una “banda de narcoterroristas”. Maduro respondió declarando una alerta “naranja” a lo largo de la frontera – un nivel por debajo de la máxima alerta “roja” – y anunciando que realizarían ejercicios militares allí. Los ejercicios comenzaron el 10 de septiembre, con el supuesto despliegue de hasta 150 000 tropas además de tanques y baterías de misiles de defensa. Al día siguiente, Colombia y otras once naciones invocaron el Tratado de Río – un pacto de defensa mutua – lo que aumentó aún más las tensiones.

Las causas precisas de la fundación de la nueva facción disidente de las FARC son motivo de disputa, como también lo es el alcance de los vínculos entre éstas y el gobierno venezolano. Pero la ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, sumada a las amenazas diarias de escalada desde ambos bandos y los numerosos factores desencadenantes de conflicto a lo largo de la frontera, son motivo de profunda preocupación. Los malentendidos o las provocaciones deliberadas por parte de actores armados no estatales podrían fácilmente arrastrar a los militares de ambos países a un conflicto. Bogotá debería redoblar sus esfuerzos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 a fin de disuadir la formación de más grupos disidentes. En lo inmediato, tanto Bogotá como Caracas deberían tomar medidas para garantizar que, aunque sigan enemistadas, puedan comunicarse entre sí para evitar conflictos entre los dos países.

Las FARC dejaron de existir como insurgencia tras entregar las armas a mediados de 2017^[fn]Sobre las negociaciones de paz en Colombia, véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°58, Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, 7 de septiembre de 2016.Hide Footnote . Desde entonces ya han participado en sus primeras elecciones legislativas y ahora tienen una cuota garantizada de escaños en ambas cámaras del Congreso. Pero el descontento de los exguerrilleros con el acuerdo de paz y con el Estado colombiano no ha desaparecido del todo^[fn]Comentario de Crisis Group, “Reformas cruciales languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz”, 19 de julio de 2019.Hide Footnote . Los líderes del grupo tampoco han podido evitar que algunos miembros insatisfechos vuelvan a la lucha armada y enlisten a nuevos reclutas. Se estima que unos 2300 disidentes – muchos de ellos reclutas recientes – operan actualmente en varias regiones, en particular a lo largo de la costa del Pacífico y el río Orinoco, así como en los llanos orientales, donde el Frente Primero liderado por Gentil Duarte controla las rutas del tráfico hacia Venezuela y Brasil^[fn]Sobre los orígenes de los disidentes de las FARC, véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°63, Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, 19 de octubre de 2017. La cifra de 2300 aparece en un informe de inteligencia militar citado en “Thousands of Colombian FARC rebels return to arms despite peace accord – military intelligence report”, Reuters, 5 de junio de 2019. Una estimación más reciente sitúa la cifra en 2100, incluidos 300 nuevos reclutas. “Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, Fundación Paz y Reconciliación, agosto de 2019, p. 33.Hide Footnote .

Estos disidentes afirman que la lucha armada se justifica porque el gobierno no ha respetado el acuerdo de 2016 – al que el partido de centro-derecha de Duque, el Partido Centro Democrático, y su líder de línea dura, el expresidente Álvaro Uribe, se opusieron en un referéndum celebrado hace tres años, argumentando que absolvía a las guerrillas de sus crímenes y les otorgaba demasiados beneficios^[fn]Márquez planteó este argumento tras pasar a la clandestinidad, pero meses antes de anunciar la formación de su nuevo grupo armado. “Iván Márquez dice que el Estado traicionó el Acuerdo pero que luchará por la paz”, El Espectador, 12 de enero de 2019.Hide Footnote .

El gobierno alimentó este sentimiento entre los disidentes a principios de año, cuando intentó endurecer el mecanismo de justicia transicional – la Jurisdicción Especial para la Paz – diseñado para las guerrillas desmovilizadas y las fuerzas de seguridad del Estado involucradas en el conflicto^[fn]Comentario de Crisis Group, “Reformas cruciales languidecen”, op. cit.Hide Footnote . Entre otras cosas, este mecanismo favorece la confesión veraz de delitos, el servicio comunitario y las restricciones a la libertad de movimiento sobre las penas de cárcel para los acusados, incluso para guerrilleros acusados de delitos graves. Al final Duque no logró limitar las restricciones de la Jurisdicción sobre la extradición y la persecución penal de crímenes de lesa humanidad. Pero sus intentos de hacerlo provocaron la indignación entre las antiguas filas de las FARC, así como una amplia gama de simpatizantes del acuerdo de paz en Colombia y el extranjero, a quienes les preocupaba que estuviera poniendo en jaque todo el acuerdo^[fn]“Colombian Duque's bid to change peace deal rattles sabers, but war unlikely”, Reuters, 17 de marzo de 2019Hide Footnote .

El video del 29 de agosto retoma esta cuestión. Jesús Santrich, otro ex comandante de las FARC desaparecido de una zona de reincorporación desde junio, así como otros dieciocho excomandantes de alto y mediano rango, aparecen junto a Márquez^[fn]“El historial de los guerrilleros que aparecen junto a Márquez y Santrich en el video”, Semana, 29 de agosto de 2019. Santrich ocupa uno de los diez lugares en el congreso asignados a las FARC bajo el acuerdo de paz. “The disappearance of Jesús Santrich threatens Colombia’s peace deal”, The Economist, 6 de julio de 2019.Hide Footnote . Vestidos con uniformes inscritos con las siglas de las FARC-EP, y portando armas de grueso calibre, los hombres declararon que habían vuelto a alzarse en armas contra el gobierno porque éste había violado el acuerdo de 2016, en concreto al no distribuir tierras a las comunidades rurales ni cumplir sus promesas en cuanto a la sustitución de la coca^[fn]Las siglas se refieren a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, el nombre que las guerrillas se autoasignaron en su Séptima Conferencia en 1982. Conservaron este nombre hasta agosto de 2017, cuando formaron su partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.Hide Footnote . Márquez también pareció referirse al intento de alterar la Jurisdicción Especial para la Paz, afirmando que el gobierno había realizado una “modificación unilateral del texto” del acuerdo, y refiriéndose a la “inseguridad jurídica” a la que están sujetos los exguerrilleros^[fn]“Former Farc commanders say they are returning to war despite 2016 peace deal”, The Guardian, 29 de agosto de 2019. “Los Judas de la paz”, Semana, 1 de septiembre de 2019. La versión completa del primer video-anuncio se puede consultar en línea aquí. Desde entonces, se han publicado otros tres videos: el 1 de septiembre, el 4 de septiembre y, por último, el 8 de septiembre. Hide Footnote .

La inseguridad física también es una grave preocupación entre los exmiembros desmovilizados de las FARC. La Defensoría del Pueblo informa que unos 149 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, principalmente a manos de diversos grupos criminales, entre ellos facciones guerrilleras disidentes^[fn]“Defensoría: Partido FARC tiene altos riesgos de sufrir actos violentos”, Caracol, 5 de septiembre de 2019. Se estima que el 80 por ciento de los asesinatos de excombatientes de las FARC han ocurrido en áreas con una gran concentración de negocios ilegales y grupos criminales. “Las trayectorias de la reincorporación y la seguridad de los excombatientes de las FARC”, Fundación Ideas para la Paz, agosto de 2019.Hide Footnote . Los disidentes también han señalado el asesinato de líderes de la sociedad civil y activistas comunitarios, que según la Defensoría del Pueblo suman 462 en los tres años previos a febrero de 2019, para justificar su desconfianza del Estado colombiano y las élites terratenientes, a quienes culpan de estas muertes^[fn]“Asesinan a Yunier Moreno, líder social de Cartagena del Chairá, Caquetá”, El Espectador, 9 de septiembre de 2019. . Refiriéndose al número de víctimas y los otros supuestos fracasos del Estado, Márquez insistió en su declaración filmada que él y sus camaradas se veían obligados a “retomar las armas”.

Al mismo tiempo, indudablemente hay intereses criminales en juego. Los grupos disidentes a lo largo de la costa del Pacífico están íntimamente involucrados en el narcotráfico, desde la producción de coca al transporte de cocaína^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°76, Tranquilizar el Pacífico tormentoso: violencia y gobernanza en la costa de Colombia, 8 de agosto de 2019.Hide Footnote . Santrich fue encarcelado durante un año después de que EE. UU. reclamara su extradición acusado de conspirar para transportar diez toneladas de cocaína. Finalmente fue liberado en mayo, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz denegara el pedido de extradición^[fn]“La JEP niega la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos y ordena su libertad”, Semana, 15 de mayo de 2019.Hide Footnote . El propio Márquez pasó a la clandestinidad hace más de un año después de que su sobrino se convirtiera en testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos^[fn]“Marlon Marín, el testigo protegido de EE UU”, BBC Mundo, 3 de junio de 2019.Hide Footnote . Según Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, jefe del reinventado partido político FARC, esta “motivación personal” posiblemente ligada a intereses en el narcotráfico y el miedo a la persecución penal, basta para explicar la formación de la nueva facción^[fn]“FARC y el proceso de paz en Colombia: “No sé si narcotráfico o qué, pero veo una motivación personal”, dice Timochenko, líder del partido FARC, sobre la rebelión de exguerrilleros”, BBC Mundo, 4 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Los disidentes de las FARC y otras bandas armadas han planteado una amenaza a la seguridad en varias regiones periféricas de Colombia desde 2016. Pero el alto rango de las figuras involucradas en el video del 29 de agosto representa un mayor peligro para el proceso de paz, como también lo hace su deseo de aliarse con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra gran insurgencia de Colombia, que no forma parte del acuerdo de paz de las FARC^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018.Hide Footnote .

Un grave motivo de preocupación es que un grupo armado liderado por altos mandos de las FARC pudiera atraer a las 24 facciones disidentes existentes – aunque hasta ahora nada sugiere que estos grupos estén buscando nuevos líderes – y a aquellas que no están plenamente comprometidas con la desmovilización o están reconsiderando su elección^[fn]“Proteger a los excombatientes”, Semana, 1 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Si bien el gobierno ha dedicado recursos a ayudar a los excombatientes a unirse a la vida civil, estos esfuerzos siguen siendo precarios. Por ejemplo, unos 3000 excombatientes han recibido apoyo en los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – que son esencialmente campamentos donde se les ofrece capacitación profesional y apoyo para llevar a cabo futuros proyectos empresariales con ayuda de fondos públicos^[fn]“United Nations Verification Mission in Colombia, Report of the Secretary-General”, Consejo de Seguridad de la ONU, 27 de junio de 2019.Hide Footnote . Pero el gobierno está eliminando progresivamente los campamentos. A mediados de agosto, perdieron su estatus legal de zonas de reincorporación, y está previsto que trece de ellos se conviertan en asentamientos permanentes, lo que significa que corren el riesgo de terminar perdiendo su acceso privilegiado a la seguridad perimetral, alimentos y servicios sociales^[fn]Ibid.Hide Footnote . Otros once serán trasladados porque se consideran inaccesibles o inseguros^[fn]Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno de Colombia, Bogotá, 21 de agosto de 2019. “Viaje a entrañas de unos de los territorios de reincorporación”, El Tiempo, 11 de agosto de 2019. “Las trayectorias de la reincorporación y la seguridad de los excombatientes de las FARC”, op. cit.Hide Footnote . Tampoco se sabe hasta cuándo los excombatientes dentro y fuera de los campamentos van a recibir estipendios mensuales^[fn]Las actuales promesas del gobierno indican que estos estipendios por valor del 90 por ciento del salario mínimo, así como otras disposiciones estatales como el acceso a los servicios sanitarios, o el futuro apoyo a los medios de subsistencia, se mantendrán otro año y medio. “¿Qué pasará con los excombatientes de las Farc que siguen en el proceso?”, El Tiempo, 30 de agosto de 2019.Hide Footnote .

Pese a estos acontecimientos, Londoño ha insistido en que más del 90 por ciento de los 13 000 exmiembros de las FARC registrados oficialmente siguen estando comprometidos con el proceso de paz^[fn]“Más del 90 por ciento de los ex guerrilleros de las FARC siguen comprometidos con el proceso de paz", El Mundo, 29 de agosto de 2019.Hide Footnote . Asimismo, manifestó su preocupación de que al anunciar el retorno a la guerra y aparentemente confirmar las sospechas de los críticos del acuerdo de paz de que no se puede confiar en las guerrillas, los disidentes estaban “sirviendo en bandeja de plata a los enemigos de la paz la posibilidad de hacerle daño al proceso” ^[fn]“Esto es lo que más le dolió a ‘Timochenko’ del anuncio de sus excamaradas de Farc”, Pulzo, 29 de agosto de 2019.Hide Footnote .

La promesa de Márquez de que el nuevo grupo disidente buscaría una mayor coordinación con el ELN también genera el temor de que ambos grupos unidos pudieran plantear una gran amenaza insurgente integrada^[fn]Uno de los primeros puntos mencionados en el discurso de Márquez es una posible alianza con el ELN. Jaime Arias, alias “Uriel,” comandante del Frente de Guerra Occidental, celebró el compromiso renovado de Márquez con la guerra de guerrillas, afirmando que era “mejor tarde que nunca”. “Alias ‘Uriel’ del ELN celebra que ‘Iván Márquez’ y ‘Santrich’ retomen las armas”, BLU Radio, 29 de agosto de 2019.Hide Footnote . En el pasado, tal coordinación parecía improbable, ya que, si bien ambos grupos profesan la misma ideología marxista, tenían un historial de conflicto interno. Pero la cooperación entre ellos ha mejorado a lo largo de los últimos diez años^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°51, ¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia, 26 de febrero de 2014.Hide Footnote . Asimismo, el ELN no está participando en negociaciones de paz con el gobierno colombiano desde su atentado con carro bomba contra una escuela de policía en Bogotá, que se cobró 22 vidas^[fn]Kyle Johnson, “La bomba de Bogotá quiebra los diálogos de paz con la última de las guerrillas en Colombia”, Comentario de Crisis Group, 22 de enero de 2019.Hide Footnote . Ya parece haber alianzas locales entre disidentes del ELN y las FARC en Venezuela, entre otros motivos para coordinar el narcotráfico entre los estados fronterizos de Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela), así como para ejercer el control de la minería ilegal en el venezolano estado Amazonas^[fn]“El ELN y las disidencias están coordinadas”, La Silla Vacía, 3 de diciembre de 2018; Informe de Crisis Group sobre América Latina N°73, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 de febrero de 2019.Hide Footnote .

Si bien en el video del 29 de agosto, Márquez y sus camaradas afirman estar filmando su declaración en la región de Inírida, al este de Colombia, según algunos altos funcionarios es muy probable que estuvieran en Venezuela^[fn]El Alto Comisionado para la Paz de Colombia Miguel Ceballos alertó que la mención en el primer video de una supuesta alianza con el ELN sugiere que se filmó en territorio venezolano, dado que se supone que el 46 por ciento de los combatientes del ELN están ubicados en dicho país. “Video de Iván Márquez y Santrich habría sido grabado en territorio venezolano: alto comisionado para la Paz”, El Heraldo, 29 de agosto de 2019.Hide Footnote . Sea cual sea la realidad, no hay duda de que los disidentes de las FARC, así como las guerrillas del ELN, han ampliado su presencia y sus intereses en  negocios ilegales en Venezuela en los últimos años^[fn]Las guerrillas del ELN y los disidentes de las FARC están fuertemente involucrados en la minería ilegal de oro y otros valiosos minerales en los estados Bolívar y Amazonas, en el sur de Venezuela. Véase Informe de Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . Su creciente dependencia de Venezuela como fuente de recursos y como territorio seguro tal vez represente el aspecto más alarmante del anuncio para la paz regional.

No está claro cuáles son los vínculos, si es que hay alguno, de estos grupos con el gobierno de Maduro o las fuerzas armadas venezolanas, pero el asunto es objeto de intensa especulación^[fn]Semana, una importante revista colombiana, publicó un informe que citaba información de inteligencia venezolana y memorandos internos supuestamente filtrados que indicaban que el gobierno de Maduro cobijaba a rebeldes colombianos en Venezuela. El informe afirmaba que un alto mando militar bajo instrucciones de Maduro había ordenado a los generales que proporcionaran apoyo al Grupo Rojo, en referencia a guerrillas del ELN y disidentes de las FARC, en “zonas de entrenamiento” dentro de Venezuela, y que juntos identificaran objetivos para futuros ataques en Colombia. Semana no explicó cómo había obtenido los documentos, y tan solo publicó extractos muy editados. “Manguala contra Colombia”, Semana, 8 de septiembre de 2019. El líder del partido de las FARC Londoño dijo que “dudaba mucho” que Maduro apoyara a disidentes de las FARC. “La alianza de la disidencia con el Eln la veo complicada’: Londoño”, El Tiempo, 10 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Maduro alimentó esta especulación cuando a finales de julio invitó a los exlíderes de las FARC, incluidos Márquez y Santrich (a los que se refirió como “líderes de la paz”) a asistir a una conferencia de activistas de izquierda en Caracas^[fn]“Maduro says missing FARC leaders are ‘welcome in Venezuela’”, Reuters, 28 de julio de 2019.Hide Footnote . Numerosos testigos locales – comerciantes de minerales y residentes comunes – han afirmado que las guerrillas colombianas participan en negocios ilegales con las fuerzas de seguridad y los políticos venezolanos, sobre todo en las regiones mineras del sur de Venezuela^[fn]Informe de Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit.Hide Footnote .

Al mismo tiempo, la hostilidad entre los gobiernos de Colombia y Venezuela ha generado un clima de extrema desconfianza que se ha visto agravado por el video de Márquez. Las relaciones diplomáticas sufrieron enormemente en enero, cuando Colombia, junto con EE.UU. y numerosos otros estados latinoamericanos y europeos, se negó a reconocer a Maduro como presidente venezolano, reconociendo en su lugar al presidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder opositor Juan Guaidó. Ambos países cortaron sus vínculos en febrero, después de que Colombia apoyara el intento fallido de Guaidó de enviar ayuda humanitaria a través de la frontera a Venezuela^[fn]“Maduro se atrinchera y rompe relaciones con Colombia”, El País, 24 de febrero de 2019.Hide Footnote .

En este contexto, el Presidente Duque ha acusado al gobierno de Maduro de brindar un refugio seguro a los disidentes de las FARC, y ha solicitado el apoyo de Guaidó para capturar a los miembros del recién anunciado grupo guerrillero en Venezuela, pese a que Guaidó no controla el territorio venezolano ni sus fuerzas armadas^[fn].

Bogotá también ha pedido ayuda a sus aliados internacionales. Tras el anuncio de Márquez, Colombia denunció las supuestas conexiones entre el gobierno venezolano, las guerrillas de las FARC y los disidentes del ELN ante la Organización de Estados Americanos en Washington^[fn]“Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, Cancillería de Colombia, 11 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Además – junto con EE. UU. y otras diez naciones partes del tratado – invocó el Tratado de Río de 1947, un pacto de defensa mutua que crea un marco para las medidas coercitivas, desde sanciones hasta el uso de la fuerza^[fn]“Venezuela: por primera vez en 18 años, la OEA activa pacto de defensa”, El Tiempo, 12 de septiembre de 2019. Doce de las diecinueve partes al tratado votaron a favor de iniciar la activación del Tratado de Río, también conocido como Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).Hide Footnote . Duque ha declarado que, en septiembre, Colombia piensa reclamar ante la ONU que se obligue al gobierno de Maduro a rendir cuentas por brindar apoyo al terrorismo en contravención de la regulación 1373 (aunque es probable que Rusia y China, que apoyan a Maduro, bloqueen cualquier medida del Consejo de Seguridad que pueda perjudicarlo)^[fn]Duque afirmó que denunciará a la dictadura venezolana ante la Asamblea General por proteger y patrocinar a terroristas colombianos en su territorio, en violación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, piedra angular de la arquitectura antiterrorista de la ONU desde el periodo posterior al 9/11. “¿Cuáles serán los temas de Colombia en la Asamblea General de las Naciones Unidas?”, Radio Nacional de Colombia, 12 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Venezuela, por su parte, ha tomado sus propias medidas. La invocación de Colombia del Tratado de Río ocurrió tan solo unos días después del supuesto despliegue de 150 000 tropas venezolanas – junto con tanques y sistemas de misiles – a lo largo de la frontera, en una serie de ejercicios que comenzaron el 10 de septiembre y se prevé que continúen hasta el 28 de septiembre^[fn]“Tensión entre Venezuela y Colombia: el régimen de Nicolás Maduro desplegará 150.000 militares en la frontera”, Infobae, 10 de septiembre de 2019. La cifra oficial de tropas activas en las fuerzas armadas de Venezuela no supera las 150 000. “Fuerza Armada”, Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela.Hide Footnote . El Ministro de Defensa Vladimir Padrino López también ha advertido que habrá una respuesta militar si Colombia viola la soberanía de Venezuela^[fn]“Vladimir Padrino dice que el régimen de Venezuela responderá militarmente contra Colombia”, Diario Las Americas, 31 de agosto de 2019. Maduro también ha afirmado que hay diez planes para asesinarlo desde Colombia. “Maduro dice que hay 10 planes para asesinarlo desde Colombia: ¿cuántas veces ha denunciado que atentan contra su vida?”, CNN Español, 12 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

En este contexto, el riesgo es ahora tan elevado que Bogotá atribuirá cualquier incidente transfronterizo que involucre a disidentes de las FARC o el ELN – incluidos los ataques reales, inminentes o supuestos contra objetivos colombianos desde bases en territorio venezolano – a lo que considera un gobierno ilegítimo y agresivo en Caracas. Bogotá podría además creer que tiene vía libre para actuar con o sin la bendición del Consejo de Seguridad.

Para empezar, el hecho de que Colombia haya reconocido a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela significa que podría pensar que tiene derecho a contar con él para obtener permiso para llevar a cabo operaciones militares en territorio venezolano – lo cual Guaidó podría estar dispuesto a otorgar. El 3 de septiembre, en un discurso dirigido a la Asamblea Nacional, Guaidó dijo que se “uniría al mundo democrático” en la defensa contra la “amenaza para los venezolanos” que plantean las FARC, el ELN y otras organizaciones que la legislatura controlada por la oposición ha tildado de “grupos terroristas” ^[fn]“Guaidó: Declaramos al ELN, Hezb0llah, ISIS y disidentes de las FARC como ‘grupos terroristas’”, El Universal, 4 de septiembre de 2019. Guaidó dijo que permitiría el uso de tecnología satelital para detectar la ubicación de grupos armados colombianos. “Guaidó permite uso de satélites para ubicar grupos armados”, El Tiempo, 3 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

Asimismo, si Venezuela no pudiera o no quisiera impedir un ataque del ELN o disidentes de las FARC contra Colombia que provenga de su territorio, según algunas interpretaciones del derecho internacional (entre ellas la de Washington) Bogotá podría emprender una acción militar necesaria y proporcional para abordar la amenaza en el interior de Venezuela, y acudir a EE. UU. y otras naciones partes al Tratado de Río para solicitar apoyo de acuerdo con sus obligaciones bajo el artículo 3(1) del tratado^[fn]EE. UU. fue uno de los doce firmantes que votaron para invocar el tratado el 11 de septiembre. El artículo 3(1) del Tratado de Río se refiere a la obligación de asistencia mutua de la siguiente manera: “Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”. El formato de dicha ayuda, no obstante, no está estrictamente establecido. El artículo 3(2) afirma que, “A solicitud del Estado o Estados directamente atacados, y hasta la decisión del Órgano de Consulta del Sistema Interamericano, cada una de las Partes Contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental”.Hide Footnote .

No está claro hasta qué punto Duque está buscando pelea. Ha optado por clasificar a los nuevos disidentes como una “banda” o grupo criminal, un lenguaje que sugiere que son un problema que debe ser abordado mediante la aplicación de la ley y no la acción militar^[fn]En un artículo en el Washington Post, Duque dijo del nuevo grupo disidente de las FARC que “se trata de una banda que ha sido envalentonada, cobijada y apoyada en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro”. Iván Duque, “Colombia wants peace and will not be intimidated by ex-FARC criminals sheltered in Venezuela”, The Washington Post, 3 de septiembre de 2019.Hide Footnote . Aún así, a falta de canales de comunicación binacionales para establecer la verdad detrás de cualquier incidente fronterizo o evitar los malentendidos, la violencia por parte de cualquiera de los numerosos grupos armados y criminales que operan a lo largo de la frontera podría provocar una rápida y peligrosa escalada militar^[fn]Por ejemplo, funcionarios del gobierno venezolano afirmaron que paramilitares colombianos podrían estar siendo empleados para llevar a cabo ataques en territorio venezolano. En este sentido, han señalado una foto que muestra a Guaidó con dos líderes del grupo criminal Rastrojos, establecido tras la desmovilización paramilitar de 2006. “El oscuro prontuario de los delincuentes de la foto con Guaidó”, El Tiempo, 13 de septiembre de 2019.Hide Footnote .

El anuncio de los nuevos disidentes consolidará aún más la visión de las guerrillas que desde hace mucho tiempo tienen los críticos del acuerdo de paz de 2016: que son unos reincidentes empedernidos en los que no se puede confiar y no merecen los beneficios que han obtenido con la firma del acuerdo.

Ahora bien, los avances que ha logrado Colombia sugieren lo contrario. Pese a todos los desafíos que ha enfrentado el proceso de paz, la gran mayoría de los excomandantes y miembros de la guerrilla han logrado importantes avances en materia de participación política y reincorporación a la vida civil, mientras que la gran mayoría de los 13 000 guerrilleros desmovilizados aspiran a convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley. La mejor manera de poner freno a la proliferación de facciones disidentes de las FARC y prevenir futuras insurgencias en Colombia será ayudar a los excombatientes a seguir en el camino hacia la vida civil y redoblar esfuerzos por implementar las reformas rurales y políticas de largo plazo establecidas en el acuerdo de paz en lugar de socavarlas. Los donantes, otros gobiernos e instituciones multilaterales deberían insistir en su apoyo hacia el proceso de paz e instar al gobierno colombiano a que lo respete. Al mismo tiempo, el Estado colombiano debería complementar las ofensivas militares contra los grupos disidentes de las FARC con una presencia policial estable en los territorios afectados por estos grupos, además de ofrecer a sus miembros un camino hacia la desmovilización y la reintegración.

En la frontera, pese a la evidente desconfianza entre Bogotá y Caracas, a ambos gobiernos les conviene establecer canales de comunicación para resolver los estallidos de violencia, así se trate de intrusiones fronterizas, o de ataques por parte de grupos armados, o de desplazamientos forzosos provocados por la presencia de estas mismas organizaciones. Idealmente, ambos gobiernos comenzarían por reducir los ejercicios militares y dar un paso atrás en la invocación de tratados de mutua defensa. Dada la existencia de numerosas facciones armadas y criminales a lo largo de la frontera, es fundamental que ambas partes eviten precipitarse en suponer qué grupo estaría involucrado, y por qué motivo. Si el restablecimiento de las relaciones diplomáticas está descartado a corto plazo, Bogotá y Caracas deberían considerar urgentemente la creación de un mecanismo multilateral para monitorear los incidentes fronterizos y colaborar entre ambas partes para desincentivar la escalada militar.