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La crisis de Venezuela se extienden a la frontera colombiana
La crisis de Venezuela se extienden a la frontera colombiana
Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests
Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests
Colombians deported from Venezuela return for their belongings and carry them across the Tachira River, border between the two countries, to Cucuta, in the Colombian North of Santander Department, on August 25, 2015. AFP/Luis Acosta

La crisis de Venezuela se extienden a la frontera colombiana

El 21 de agosto, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia en cinco municipios (más adelante fue ampliado a diez) en la frontera con Colombia, desplegando hasta 5.000 tropas adicionales en la zona y cerrando la frontera por lo que según el presidente Nicolás Maduro sería un periodo “indefinido”. Estas medidas se justificaron como respuesta a un incidente sucedido dos días antes, en el que tres soldados venezolanos resultaron heridos por un hombre armado que, según las autoridades, era un paramilitar colombiano actuando en nombre de contrabandistas. La frontera se ha cerrado en varias ocasiones en los últimos años, la última vez en 2014. Lo que ha causado la alarma a ambos lados de la frontera es la suspensión de las garantías constitucionales y la expulsión sumaria de ciudadanos colombianos, de los cuales más de 1.000 ya han sido deportados, mientras que al menos otros 10.000 han huido por su cuenta.

Los detractores del gobierno de Maduro afirman que el objetivo de las medidas es influir en el resultado de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre. En medio del estancamiento en torno a esta cuestión, ambos gobiernos han llamado a consultas a sus respectivos embajadores. La frontera entre Colombia y Venezuela es un caldo de cultivo de la violencia criminal y política y de oficiales corruptos – tanto civiles como militares, como reveló un informe de Crisis Group en  2011. Su cierre, y la militarización de las comunidades fronterizas, no puede más que agravar las tensiones y hacer el juego a las organizaciones criminales.

En una reunión solicitada por Colombia esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó jugar un papel en la crisis. Colombia también convocó a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), pero se desistió ante la imposibilidad de esta última de reunirse prontamente. Las dos organizaciones deberían estar a la altura de la tarea- no solo de enfriar los ánimos- sino también de ofrecer mecanismos de mediación creíbles para evitar un desenlace violento, incluida una misión de investigación capaz de identificar rápidamente cómo neutralizar los factores que alimentan la crisis. Sin embargo, hasta ahora, han fracasado en hacerlo.

El panorama desde Caracas

Aparentemente, la chispa que hizo estallar la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia el 19 de agosto fue un incidente en el cual un hombre armado no identificado que iba de pasajero en una motocicleta hirió a tres soldados venezolanos y un civil que participaban en un operativo contra el contrabando en el estado de Táchira. El incidente original sigue rodeado de misterio. Algunos informes de prensa lo han atribuido a una guerra territorial entre diferentes elementos de las fuerzas armadas venezolanas, supuestamente por el control del extremadamente lucrativo negocio del contrabando.

Cualquiera que sea la verdad sobre el asunto, la reacción del gobierno parece estar fuera de toda proporción. Esta es la primera vez que se invocan los artículos 337-339 de la Constitución de 1999, referentes a los estados de emergencia, y no es en absoluto evidente que un tiroteo en la frontera constituya el tipo de “grave amenaza a la seguridad nacional” para la cual el gobierno requiere poderes adicionales.

Las tensiones se han visto aún más exacerbadas por el despliegue de 1.500-2.000 tropas adicionales en la frontera, donde ya de por sí hay una fuerte presencia militar, y la expulsión sumaria de cientos de colombianos, muchos de cuyos hogares han sido destruidos desde entonces. El gobierno los acusa de ser contrabandistas y miembros de organizaciones paramilitares. La zona fronteriza ha recibido a un gran número de migrantes colombianos en las décadas recientes, muchos escapando del conflicto armado. Se estima que al menos 3 millones de colombianos viven en el lado venezolano de la frontera, algunos de ellos bajo el estatus de refugiados.

El comercio fronterizo y la vida diaria de los residentes de Táchira se han visto gravemente afectados. El principal aeropuerto de la zona ha sido clausurado, lo que ha agravado aún más el caos de tránsito. Se han suspendido varios derechos constitucionales, incluido el derecho a la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Incluso las protestas pacíficas ahora requieren de un permiso del gobierno, para el cual hay que aplicar con dos semanas de antelación.

Todo esto tiene lugar en medio de una grave crisis social y económica a nivel nacional que la crisis fronteriza no puede más que agravar, tensionando aún más el clima político a medida que avanza la campaña de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, las cuales, según las encuestas, el gobierno tiene pocas probabilidades de ganar. El hombre que más tiene que perder si Maduro no logra retener el control de la Asamblea Nacional (AN) es el número dos del régimen, el presidente de la AN, Diosdado Cabello. Cabello y sus aliados en el parlamento recomiendan ampliar el estado de emergencia a otras partes del país, en especial a las zonas fronterizas, y están listos para renovarlo después de 60 días si el presidente así lo decide.

El gobierno ahora ha anunciado que pretende tomar medidas contra los mineros ilegales, muchos de ellos brasileros, cerca de la frontera sur, lo que abre la perspectiva de un agravamiento de las tensiones internacionales. Ya está involucrado en una agria disputa con su otro principal vecino, Guyana, sobre el Territorio del Esequibo, el cual ambos países reclaman.

Venezuela ahora se enfrenta a la inquietante perspectiva de unas elecciones celebradas en estado de emergencia, durante el cual sería imposible realizar una campaña normal en gran parte del país. En un claro intento de motivar un apoyo patriótico, el gobierno de Maduro ha vuelto un elemento de propaganda básico la supuesta asociación entre los líderes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y paramilitares colombianos –  una acusación que no tiene evidencia sustantiva. Si, a su vez, la oposición de derecha en Colombia obliga al gobierno de Santos a tomar una actitud más beligerante a la crisis fronteriza, esto fortalecerá aún más la postura de los halcones venezolanos.

El estado de Táchira no es en absoluto tan marginal para la política venezolana como podría sugerir su lejanía de Caracas. Siete de los presidentes venezolanos del siglo XX, quienes gobernaron por un total de 60 años, fueron tachirenses, y la capital del estado, San Cristóbal, fue sede de los más violentos enfrentamientos entre el gobierno y facciones de la oposición durante los combates callejeros de 2014, en los que murieron varias docenas de personas por todo el país. El año pasado, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue destituido de su cargo y encarcelado por no retirar las barricadas. Sigue bajo arresto domiciliario.

La ministra colombiana de Asuntos Exteriores María Ángela Holguín (izq.) y su homóloga venezolana Delcy Rodríguez (der.). UN PHOTO UN PHOTO

Las acciones del gobierno de Maduro parecen estar calculadas no solo para molestar al gobierno colombiano – fortaleciendo a la derecha – sino también para avivar aún más el sentimiento antigubernamental en Táchira, lo que podría provocar nuevos brotes de violencia como la del año pasado, o peor. Esto podría incluso servir de pretexto para posponer las elecciones de diciembre. En la reunión que mantuvieron el 26 de agosto las ministras de relaciones exteriores Delcy Rodríguez, de Venezuela, y María Ángela Holguín, de Colombia, no se logró ningún avance, y todo parece indicar que el gobierno de Maduro tiene la intención de seguir adelante con su actual política.

La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela parece estar entrando en una nueva fase, aún más peligrosa. Esto puede obligar a la comunidad internacional – y en particular los países vecinos de Venezuela, que han sido reacios a intervenir –a actuar. Es posible que sea necesaria la mediación de la disputa fronteriza en sí misma. Pero, por encima de todo, se debe persuadir al gobierno de Maduro de que celebre unas elecciones libres y justas en diciembre. De lo contrario, el país podría verse sumido en un conflicto aún más serio, con graves consecuencias tanto domésticas como internacionales.

El panorama desde Bogotá

La frontera de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela lleva mucho tiempo planteando un serio desafío para el gobierno en Bogotá. Los grupos armados ilegales se han impuesto a lo largo de gran parte de su trazado. La incapacidad del Estado de controlar su propio territorio es particularmente evidente en departamentos como La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca. El tráfico de todo tipo, la extorsión y el contrabando están a la orden del día, y las disputas entre grupos rivales por el control de las rutas del tráfico a menudo han conducido a la violencia.

Solo ha habido mínimos avances en materia de seguridad fronteriza y cooperación bilateral, incluso tras el acercamiento entre los presidentes Hugo Chávez (1999-2013) y Juan Manuel Santos (2010- ), que pretendía distender el conflicto político y diplomático provocado por la denuncia del ex presidente Álvaro Uribe de que las guerrillas colombianas mantenían campamentos del lado venezolano de la frontera.

La seguridad fronteriza es un problema real que sólo se verá empeorado por el cierre unilateral de la frontera por parte de Venezuela y la expulsión de ciudadanos colombianos. En el pasado, Bogotá ha usado principalmente una diplomacia prudente para  manejar estos cierres ocasionales de la frontera. En esta ocasión, el impacto social y político en Colombia es de tal magnitud que será difícil de ignorar.

La crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia ha llevado a más de 9.000 colombianos a huir de sus casas en Venezuela. AFP/Luis Acosta.

Según diversas  organizaciones humanitarias, más de 10.000 colombianos ya han sido obligados a cruzar la frontera. Más de 1.000 fueron deportados, mientras que el resto huyó por miedo a las fuerzas de seguridad venezolanas. Este influjo repentino ha afectado principalmente a dos municipios en el departamento de Norte de Santander – Cúcuta y Villa del Rosario – que ya enfrentaban serias dificultades para atender a los miles de desplazados por el conflicto armado de Colombia.

El impacto político también es grave. Las acciones del gobierno venezolano han sido un baldazo de agua fría para la política de apaciguamiento implementada por Colombia a fin de evitar un conflicto potencialmente más grave entre ambas naciones. Asimismo, podría tener consecuencias negativas para la iniciativa insignia del gobierno de Santos – el proceso de paz con las guerrillas de izquierda.

Una emergencia fronteriza es un mal augurio para la fase final de las negociaciones de la Habana con el principal grupo armado del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno venezolano, que tiene una cercana relación con las FARC, ha jugado un papel positivo de “acompañamiento” de los diálogos, aumentando así la confianza de las guerrillas en ellos. Pero el desarme y desmovilización de las guerrillas requiere de un entorno estable. La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, es uno de los bastiones de las FARC y la base principal de su comandante en jefe Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

Las FARC no están solas a lo largo de la frontera. Rivales de las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y remanentes del Ejército Popular de Liberación (EPL, cuyo líder es actualmente objeto de una enorme cacería humana) operan muy cerca de los cruces fronterizos que Venezuela ha cerrado. Las bandas criminales, formadas originalmente por paramilitares de derecha desmovilizados, también mantienen una presencia activa en la zona. Todos estos grupos armados ilegales están vinculados con la extensa economía ilegal a ambos lados de la frontera.

Inicialmente, el gobierno colombiano ha insistido en buscar una solución diplomática y ha evitado la presión política doméstica de escalar la crisis. Pero el presidente Santos se enfrenta a una oposición liderada por su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, cuyo apoyo popular ha aumentado como resultado de la indignación de los ciudadanos por el trato abusivo que han recibido los deportados. El agresivo comportamiento del gobierno de Caracas ha debilitado a Santos y ha fortalecido la postura de quienes reclaman una respuesta más firme.

De ahí la participación personal de Santos en la crisis, el llamado a consultas del embajador de Colombia en Caracas, y la ofensiva diplomática de Colombia en distintos escenarios, medidas que buscaban enviar el mensaje de que estaba decidido a actuar con mayor firmeza. La situación podría además justificar una presencia más activa de las organizaciones humanitarias, que tienen una larga trayectoria trabajando en Colombia, no solo para brindar ayuda inmediata, sino también potencialmente para contribuir a aliviar las tensiones.

Sin embargo los críticos, que buscan utilizar la crisis en la frontera para avergonzar a Santos, no han ofrecido alternativas reales a la estrategia diplomática. Romper las relaciones diplomáticas, cerrar la frontera del lado de Colombia, o imponer sanciones comerciales – o incluso aumentar la ya de por sí importante presencia militar en la zona – simplemente empeoraría las condiciones de los miles de personas de origen colombiano que eligieron hacer de Venezuela su hogar en un periodo más pacífico y próspero, y  que mantienen fuertes vínculos con su patria.

Los beneficios del proceso de distensión iniciado por los presidentes Santos y Chávez (como la participación de Venezuela en el proceso de paz) parecen estar evaporándose, mientras que las medidas concretas implementadas a partir de 2010 – incluido el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la mejora de las condiciones de vida y las medidas bilaterales de fomento de la confianza – no han sido suficientes.

La crisis política y económica de Venezuela está comenzando a sentirse de lleno en Colombia. Vivir al lado de una economía muy controlada, aunque se esté desmoronando, ha fomentado las oportunidades de contrabando y dinero fácil, pero ahora los potenciales peligros de una escalada del conflicto en un clima de creciente patrioterismo superan a estos beneficios a corto plazo.

Contributors

Former Program Director, Latin America
Senior Analyst, Andes
philgunson

Stopping the Violence Devouring Colombia's Forests

Originally published in Newsweek

Government leaders gathering at the United Nations Climate Change Conference (COP26) to discuss climate change signed the "Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use," which commits them to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030. In countries such as Colombia, where both the perpetrators and victims of conflict drive the razing of forests, it will be impossible to fulfill the promises of the declaration without addressing the root causes of violence.

Colombia is the second most biodiverse country in the world, but about 780,000 hectares of primary forest—a territory the size of Haiti—have been cleared since the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) declared a unilateral ceasefire and began to withdraw from their traditional strongholds. Last week, the U.S. National Intelligence Council listed Colombia among the 11 countries most vulnerable to the threat of climate change, and the current rate of tree loss aggravates the potential risks posed by drought and flooding in Colombia.

The country's natural riches have long been vulnerable to man made devastation.

The country's natural riches have long been vulnerable to man made devastation. Throughout Colombia's guerrilla wars and other conflicts, dating from the 1960s, collateral environmental damage has been routine: terrorist attacks against pipelines resulted in oil spills, causing irreversible harm to fragile ecosystems, while as part of the U.S-sponsored war on drugs 1.8 million hectares were fumigated with a poisonous herbicide. At the same time, criminal groups have been plundering natural resources such as coca, timber and illegal gold, the profits from which continue to fuel competitive violence.

But if conflict ran roughshod over the environment, a peace deal signed by the government in 2016 with the largest Colombian guerrilla group, the FARC, has actually made things worse. With the swipe of a pen, former President Juan Manual Santos and FARC's chief negotiator Rodrigo Londoño, alias Timochenko, theoretically ended over half a century of internal strife. The treaty was widely applauded for charting a path to defend the environment, but deforestation rates have skyrocketed since its signing.

Historically, the FARC prohibited commercial logging and punished those who harmed the environment by imposing fines or expelling offenders. Forest conservation was mostly motivated by self-interest: The FARC needed forest cover to secretly move troops and set up camp. Deforestation quickly began to rise soon after the guerrilla—which had operated mostly from rural areas—declared a ceasefire in December 2014, and gained pace after the 2016 accord was signed.

The rebels' demobilization provided an opportunity for other insurgents and organized crime groups. With state authority in the countryside still feeble, those groups cleared land to expand their enterprises, sometimes in partnership with legal businesses. "After we handed in our weapons," a former guerrilla commander said to me, "neither the army nor the police was capable of protecting the environment."

But armed groups are not the only ones driving rising deforestation—so are their victims. In several trips to the Amazon, illegal gold mines in the Andes and cattle ranching regions on the coast, we spoke with some of Colombia's most vulnerable people, the small-hold or landless farmers who are among the millions displaced from their homes by violence over recent decades. They are now frequently the ones wielding the gasoline-fueled chainsaws that bring forests crashing down. "I can clear almost three hectares a day with one of these machines," a farmer told me while walking through a recently razed forest in the Amazon.

Farmers and miners ... forced off their lands by violent groups turn to cutting down forests as a means to survive in Colombia's most remote areas.

These subsistence farmers and miners who have often been forced off their lands by violent groups turn to cutting down forests as a means to survive in Colombia's most remote areas. They are often used as expendable labor and end up doing the bidding for armed groups that build cattle ranches or mine fragile ecosystems for gold. The Colombian government has responded to rampant land clearance by creating a special military and police campaign, Operation Artemisa, but it has taken the easy route, targeting families struggling to survive while white-collar criminal financiers behind large-scale deforestation remain untouched.

The peace accord promised sustainable development to address poverty in Colombia's most conflict-affected areas, but little has so far been done. After the government failed to fulfill its end of the bargain in a voluntary coca eradication scheme, some growers decided to turn back to the illicit crop. Others, tired of the risks of dealing with drug traffickers, opted to chop trees and rear cattle. Cows get thin when they are transported from remote jungle areas to urban buyers, a farmer complains. "But at least ... you know that cow will be sold."

What can be done and why should we care? If Colombia does not design law enforcement strategies that target those behind large-scale forest clearing or implement the parts of the peace agreement that will prevent victims and the rural poor from destroying jungles to make a living, deforestation will simply plough on.

The world can and should help Colombia reach its goal of halting deforestation by 2030. This means scaling up their political and financial support for environmental conservation and rural development, so that core aspects of the peace agreement, like a plan to redistribute existing cleared land that stands idle, are implemented. International buyers of products coming from illegally razed forests should clean up their supply chain. The Amazon Protection Plan proposes import bans on products from illegally deforested areas and suggests debt relief for countries that show progress on environmental protection.

The environment has been often overlooked as a factor that can make or break peace in Colombia. Ending violence and conserving forests are interconnected goals, and the stakes are high. These issues should be pushed to the top of the agendas of the Colombian government, international backers of peace and foreign governments. They should start this week at COP26, by ensuring that any climate finance there pledged to stop deforestation takes account of the conflict conditions that contribute to it.