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Ecuador: ¿Superando la inestabilidad?

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Resumen Ejecutivo

El presidente Rafael Correa, elegido en noviembre de 2006 y posesionado de su cargo el 15 de enero de 2007, ha prometido realizar un “cambio rápido, radical y profundo” en Ecuador. Es algo que sin duda requiere un país que durante el último decenio ha sido la democracia más inestable de América Latina. Desde 1996 ha tenido ocho presidentes, tres de los cuales fueron derrocados por el Congreso y por las protestas callejeras. El Estado de derecho se ha ido debilitando progresivamente y, pese a los muchos intentos de reforma, como la promulgación de una nueva Constitución en 1998, el sistema político se ha vuelto en gran parte disfuncional. Además, Ecuador sufrió una de las peores crisis económicas del continente, con hiperinflación y el desplome de su sector bancario en 1999.

Este informe examina las raíces de la inestabilidad y las primeras medidas que ha tomado el gobierno con miras a lograr un cambio político y socioeconómico de largo alcance. Correa, un economista joven que durante poco tiempo ocupaba el cargo de ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007) y era prácticamente desconocido en el terreno político, llegó al poder con el apoyo de un movimiento político iniciado por intelectuales de izquierda después de la caída del presidente Lucio Gutiérrez en abril de 2005. Su gobierno se considera como la vanguardia de una “revolución ciudadana” que promete enterrar los males del antiguo sistema. Estos incluyen el poder de veto de los partidos tradicionales en el Congreso que, según indican las encuestas, la mayor parte de los ecuatorianos percibe como corruptos; la politización de instituciones estatales clave, entre ellas el sector judicial y la Corte Electoral; la marcada pobreza y desigualdad social; y la capitulación de las élites frente a intereses extranjeros. La campaña electoral de Correa puso énfasis en su promesa de celebrar una asamblea constituyente (AC) encargada de redactar una nueva Constitución; su propuesta recibió un respaldo abrumador en el referendo del 15 de abril de 2007 y en la actualidad ocupa un lugar central en las políticas gubernamentales.

Los altos índices de aprobación sin precedentes de Correa reflejan confianza en la capacidad de su gobierno para reformar las instituciones estatales y en su posibilidad de satisfacer las demandas populares y calmar la profunda frustración de la gente con la ineptitud, la corrupción y las acciones inconstitucionales de los anteriores gobiernos y del Congreso, sobre todo desde mediados de los noventa. A partir de la elección de Abdalá Bucaram en 1996, la situación no hizo sino empeorar. Bucaram fue destituido por el Congreso y por protestas callejeras cuando ni siquiera llevaba un año en la presidencia. Dos de sus sucesores, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, también fueron derrocados, el primero por un golpe cívico-militar durante una crisis económica y el segundo en medio de protestas callejeras en Quito cuando tomó el control de la Corte Suprema en el 2004. Ecuador intentó incluso desde antes lograr el buen funcionamiento de la democracia, restaurada pacíficamente en 1979. La ausencia de mayorías estables en el Congreso contribuyó a la falta de una planeación de políticas a más largo plazo, al tiempo que la representación insuficiente de la gran minoría indígena promovió una oposición callejera cada vez mayor.

Durante sus primeros seis meses de gobierno, Correa ha enfrentado oposición en el Congreso, el sector judicial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras instituciones estatales. De lado y lado han recurrido a medios cuestionables, pero el presidente y sus partidarios han podido restringir el campo de maniobra de sus opositores, han ampliado el control sobre prácticamente todas las ramas del poder y han avanzado con su plan de convocar la AC. Correa también ha denunciado a medios de comunicación críticos, que pusieron al descubierto acuerdos políticos de carácter dudoso.

El siguiente paso es la elección de 130 delegados a la AC el 30 de septiembre. Si bien la campaña empieza oficialmente a mediados de agosto, Correa ya inició la cruzada para garantizar una mayoría para Alianza País, incluyendo un gasto social generoso aunque insostenible. No obstante, hay indicios de que las elecciones podrían ser más difíciles de lo esperado. La apaleada oposición política se ha reagrupado, y el gobierno no ha enunciado claramente ni los cambios específicos que busca en la nueva Constitución, ni una estrategia política de más largo plazo. Preocupa la posibilidad de que se llegue a un punto muerto en la asamblea, se debilite la gobernabilidad y se genere una nueva ronda de inestabilidad.

Bogotá/Bruselas, 7 de agosto de 2007