La oleada de violencia del narcotráfico en Ecuador

Acontecimientos recientes en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, han dado un giro oscuro y letal. Ampliamente conocida con el evocador nombre de la “perla del Pacífico”, la ciudad portuaria se ha convertido en la capital del crimen en el país, un lugar donde la violencia es casi rutinaria. En un episodio particularmente sangriento, el 14 de agosto, un atentado con armas de fuego y explosivos, descrito por las autoridades como una “declaración de guerra contra el Estado” por parte del crimen organizado, dejó a cinco personas muertas y veinte más heridas. Según la prensa local, en Ecuador se han registrado al menos 145 atentados con explosivos entre enero y mediados de agosto de 2022; la mitad de ellos ocurrieron en Guayaquil.

En una carta abierta dirigida al presidente Guillermo Lasso, la alcaldesa de Guayaquil escribió que “las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno”. Según medios locales, la explosión del 14 de agosto está relacionada con un embate que tuvo lugar en la ciudad a principios de ese mes, con una serie de asesinatos por venganza, en una batalla aparentemente interminable por la supremacía entre varias organizaciones criminales.

Aunque Ecuador ha sido testigo de oleadas de asesinatos en el pasado, no tenía antecedentes significativos de actividades de guerrillas o carteles; es más, en los últimos años ha sido considerado como uno de los países más seguros de América Latina. Eso, sin embargo, parece haber cambiado. Actualmente, Ecuador se ha convertido en el más reciente país en sufrir un grave incremento en los delitos violentos. Los homicidios han aumentado a un ritmo alarmante, con una escalada del 180 por ciento entre 2020 y 2021, y han alcanzado un total de 3538 a finales de octubre de este año, el conteo más alto jamás registrado en el país. La policía atribuye el 80 por ciento de estos asesinatos a enfrentamientos entre grupos criminales que compiten por el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína. A medida que la guerra entre organizaciones se ha agravado, los actos de violencia han inundado los titulares: no sólo ha habido carros bomba, también decapitaciones, cadáveres colgados de puentes y drones arrojando explosivos sobre cárceles. La violencia carcelaria de todo tipo se ha disparado. Los datos más recientes revelan que los asesinatos en prisión aumentaron de 46 en 2020 a más de 300 en 2021.

Vida y muerte en el Guasmo

El Guasmo, un barrio de clase trabajadora del sur de Guayaquil, se encuentra cerca del puerto marítimo que maneja el 85 por ciento de las exportaciones no petroleras del país. Dividido por fronteras invisibles trazadas por el crimen organizado, es objeto de una violencia incesante. Los grupos criminales se disputan el territorio cercano al puerto, que presuntamente usan para ocultar cocaína en contenedores de carga que parten hacia Europa y EE. UU. El 3 de agosto, la policía encontró una fosa común en el barrio con los restos de seis personas. Hasta septiembre se habían registrado 1000 homicidios en Guayaquil y los cantones vecinos de Durán y Samborondón (todos pertenecientes a la provincia del Guayas), eclipsando el total de todo el año anterior, y muy por encima de los 384 registrados en 2020. “Así nos vamos a morir, todo está corrompido”, le dijo un residente del Guasmo a Crisis Group. 

Para muchos, la vida en el Guasmo es agobiante. Laura (no es su nombre real), una madre de cuatro que vive en la zona, dijo con tristeza en una entrevista que ha se ha visto obligada a prohibirle a sus hijos menores jugar en el parque y salir de casa después de las 6pm por miedo a las balas perdidas. Sus hijos mayores, que se graduaron de secundaria, no logran conseguir trabajo y corren el riesgo de ser reclutados por las bandas criminales que controlan su barrio. Entre lágrimas, habló de su preocupación por la posibilidad de que sus hijos se vuelvan adictos a las drogas. Son baratas y fáciles de conseguir, dijo. Sin embargo, no son necesariamente de buena calidad: otro residente se quejó de que las drogas disponibles en Ecuador son “sobras… lo mejor va a la yoni (EE. UU.) o a Europa”.

Los residentes del vecindario tienen poco acceso a la educación y carecen de instalaciones de atención médica o un suministro continuo de agua. Padres de familia del Guasmo le dijeron a Crisis Group que las escuelas públicas piden “contribuciones voluntarias” para útiles escolares, incluso papel higiénico. Cuando llevan a sus hijos al hospital, no hay medicamentos; si deben ser operados, la familia tiene que comprar los artículos necesarios para la cirugía.

Los empleos también son escasos. Uno de los hijos de Laura, David (no es su nombre real), acababa de cumplir 19 años cuando Crisis Group habló con él. Contó que sus amigos estaban muertos o en la cárcel, aunque algunos habían sido liberados recientemente. David ha trabajado como jornalero, pintando o recogiendo basura, pero admite que es difícil evitar la tentación de usar y traficar narcóticos que abundan en la zona. Un periodista que investiga el aumento de la violencia en Guayaquil y que lleva cinco años haciéndole seguimiento a los delitos violentos en la ciudad, confirmó que el impacto social del narcotráfico es devastador. La pobreza y la adicción se nutren mutuamente, ya que los traficantes reciben su pago en cocaína, mientras que el estrés y el aburrimiento del desempleo estimulan el abuso de sustancias. David explicó que por $2 dólares se puede comprar una bolsita de cocaína; en un parque del Guasmo se pueden ver jóvenes consumiendo el polvo abiertamente. Cerca de allí, los traficantes venden 25 gramos de cocaína por $60 dólares y una libra (aproximadamente medio kilo) de “crispy” (marihuana mezclada con cocaína) por $360 dólares. Los amigos de David que salieron recientemente de la cárcel siguen robando o vendiendo drogas porque, en sus propias palabras, “no tenemos otra, o hacemos esto o nos morimos de hambre o nos matan”.

El sustento de muchas familias en este y otros barrios depende del negocio de la droga. La mayoría de los vendedores de drogas son hombres. Pero detrás del telón, las mujeres también están involucradas, empacando cocaína en bolsas plásticas e incluso vendiendo pequeñas cantidades. Los residentes dicen que la policía está demasiado asustada para patrullar o está vendida. Afirman que la pandilla que controla una parte particularmente peligrosa del Guasmo, conocida como Los Lagartos, ha sobornado al personal de seguridad y agregan que algunos oficiales han llegado a unirse a ella. La policía niega estas acusaciones.

Quizás nada ha demostrado con mayor claridad la débil presencia de las autoridades estatales en las zonas pobres de Guayaquil como los primeros días de la pandemia de COVID-19. A medida que el virus arrasaba la ciudad en marzo y abril de 2020, el mundo vio imágenes aterradoras de cadáveres en mortajas improvisadas, ​​en casas o abandonados en las calles, mientras la oleada de muertes desbordaba el sistema local de salud, las líneas telefónicas de emergencia y las funerarias. Abrumado por la gran cantidad de muertos, el gobierno nacional contrató a un empresario para que se encargara de retirar los cadáveres. Según una encuesta de la Universidad Central del Ecuador, el impacto económico de la pandemia fue devastador en todo el país: en cerca del 30 por ciento de los hogares un integrante quedó desempleado en la primera mitad de 2020.

Para Laura y su familia, la pandemia fue devastadora y los sumió aún más en la pobreza. David intentó encontrar trabajo como conductor, pero no consiguió nada y lamentó que lo discriminaran por su origen social, tatuajes e historial de abuso de drogas. Trágicamente, solo dos meses después de que Crisis Group lo conociera, David recibió tres disparos en su vecindario y murió. Según un conocido, en el momento de su entrevista con Crisis Group operaba como miembro de una banda y fue atacado por asesinar a un miembro de un grupo rival.

Un nuevo centro de distribución de drogas

Hace solo unos años, el gobierno ecuatoriano declaró algo parecido a una victoria en su lucha por frenar la delincuencia violenta. El presidente de entonces, el populista de izquierda Rafael Correa, al igual que funcionarios de su gobierno, se atribuyeron haber disminuido la violencia, gracias a una serie de reformas: la creación de un Ministerio de Justicia, la expansión de la policía comunitaria y la duplicación del presupuesto para seguridad pública y prevención del delito. Al mismo tiempo, las autoridades hicieron esfuerzos para legalizar (es decir, tratarlas como si fueran “asociaciones culturales” y no grupos criminales) a las pandillas más grandes del país, como los Latin Kings. Proporcionaron recursos para apoyar a los pandilleros adultos jóvenes que buscaban alternativas para “cambiar de vida”, una política que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, ayudó a reducir la violencia y “transformar el capital social de las pandillas”. La tasa de homicidios en Ecuador se redujo de alrededor de quince asesinatos por cada 100 000 habitantes en 2011, tasa cercana a la de Brasil, a alrededor de cinco en 2017.

A pesar del éxito de estas políticas, las organizaciones criminales también se fortalecieron alrededor del mismo período. La población carcelaria del país aumentó de 11 000 en 2009 a casi 40 000 en 2021 debido a que el narcotráfico en particular experimentó un dramático crecimiento. Según un medio de comunicación local, el 27 por ciento del total de reclusos y el 50 por ciento de las mujeres están condenados por posesión o venta de drogas. Muchos de los que han sido arrestados por delitos no violentos relacionados con drogas resultaron ser blancos fáciles para el reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado. En julio, Human Rights Watch informó que “muchos detenidos, incluso aquellos en prisión preventiva o condenados por delitos menores, son obligados a trabajar con organizaciones criminales para preservar su integridad física o acceder a artículos de primera necesidad, como colchones, ropa de cama e insumos de salud”.

En este contexto, luego de años de una reducción sostenida de la violencia, los homicidios volvieron a aumentar en 2018, cuando en el lapso de varios meses explotó un carro bomba frente a una comisaría en la frontera con Colombia dejando a más de diez agentes heridos; las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera fueron emboscadas con morteros y armas automáticas; una bomba mató a cuatro infantes de marina, y dos periodistas locales y su conductor fueron secuestrados y asesinados. El gobierno afirmó que los ataques habían sido perpetrados por disidentes de las FARC, es decir, personas anteriormente afiliadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que se desmovilizó en 2017. Desde entonces, miembros de las disidencias han admitido su responsabilidad por el asesinado de los periodistas.

Mientras los disidentes de las FARC causaban caos a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia, otras redes criminales mostraban su fuerza en otros lugares. Ecuador ha sido durante mucho tiempo un centro de tránsito de drogas ilícitas, lo que explica en gran medida el aumento de la población carcelaria a pesar de las reformas de Correa. Pero los cambios en los patrones de la actividad delictiva, así como el auge de la producción de coca y cocaína en Colombia, le han dado al país un papel mucho más destacado en la cadena de suministro de narcóticos, profundizando su participación en la producción, refinación, almacenamiento y transporte. La dolarización de la economía ecuatoriana (el país adoptó el dólar estadounidense como moneda nacional en el año 2000 en un intento por detener una fuerte devaluación del sucre), sumado a débiles controles financieros lo convirtieron en un lugar óptimo para el lavado de ganancias ilícitas. Un expolítico de alto nivel en Guayaquil le dijo a Crisis Group que la relación entre los negocios legales e ilegales, arraigada en lo que él llamó “permisividad lucrativa”, comenzó hace más de una década. Para subrayar este punto, señaló numerosas empresas legítimas que, según él, están sostenidas por el dinero de las drogas.

Detrás del ascenso del Ecuador en el mercado mundial de la cocaína se esconde el crimen organizado mexicano, que suele subcontratar partes de la cadena de suministro. Según un analista político con sede en Quito, los grupos criminales mexicanos negocian cargamentos de droga con grupos colombianos, tales como el Frente Oliver Sinisterra (el grupo disidente de las FARC detrás de los asesinatos de los periodistas en 2018) o la Columna Móvil Urías Rondón, que envía pasta de coca al sur hasta Ecuador. Los grupos criminales locales refinan la pasta en laboratorios y la envían en contenedores que transportan alimentos desde Guayaquil a EE. UU. y Europa. En agosto, las autoridades incautaron 3,5 toneladas de cocaína valoradas en $127 millones de dólares escondidas en un cargamento de bananos con destino a Gran Bretaña y Países Bajos. Ciudadanos ecuatorianos y colombianos también han sido detenidos por transportar cocaína en barcos pesqueros y otras embarcaciones. Un ecuatoriano se encontraba entre los capturados a bordo de un “narcosubmarino” que transportaba 2,2 toneladas de cocaína, valoradas en $55 millones de dólares, en aguas cercanas a El Salvador.

A pesar de las señales de advertencia, Quito tardó en enfrentar la creciente ola de violencia y, en ocasiones, tomó medidas que limitaron su capacidad de respuesta. En parte, sin duda, por razones económicas: el Estado está agobiado por persistentes déficits fiscales y al enfrentar el constante escrutinio del Fondo Monetario Internacional, su presupuesto está bajo una presión permanente. Expertos en seguridad le dijeron a Crisis Group que la violencia en la frontera colombo-ecuatoriana en 2018 debería haber motivado reformas para abordar el aumento del tráfico ilícito. En cambio, el expresidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia y redujo el presupuesto penitenciario en un 30 por ciento, todo como parte de un plan del gobierno para reducir el gasto público. 

Durante el mismo período, la violencia que tradicionalmente se había limitado a los centros de tráfico ha experimentado una especie de intensificación en escala e impacto como la que se ha visto anteriormente en Colombia, Brasil, México o Guatemala, y similar a la que se está presentando en Paraguay. Funcionarios de alto nivel ahora están en la mira, al igual que civiles presuntamente involucrados en el tráfico de drogas o el lavado de dinero para grupos rivales. La fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado fue asesinada a tiros en su automóvil en mayo, presuntamente por sicarios venezolanos y colombianos. Cuatro años antes, Delgado había emitido una orden de captura contra la esposa de Washington “Gerald” Prado Álava, apodado en ocasiones “el Pablo Escobar ecuatoriano”. Muchos observadores relacionan los dos eventos, aunque no se han presentado cargos. Prado fue el primer ecuatoriano en ser extraditado de Colombia a EE. UU. acusado de traficar 250 toneladas de cocaína y se le relaciona con intentos de sobornos y asesinatos de fiscales e investigadores. Desde mayo, dos fiscales más han sido asesinados.

El dilema de la prisión

Si el narcotráfico ha sacudido la vida de las personas en lugares como el Guasmo, las cárceles se han convertido en los escenarios donde el crimen organizado trama sus batallas por el control del narcotráfico en Ecuador. Según las autoridades locales, alrededor de 11 000 de los 32 000 reclusos actuales (un ligero descenso con respecto a 2021 debido a un programa de liberación anticipada destinado a reducir el hacinamiento) pertenecen a un grupo delictivo.

Las cárceles se han convertido en el centro de operaciones de estos grupos, con ayuda de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió en 2022 como “niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, [que responden] al abandono estatal del sistema penitenciario”. Una prisión en Guayaquil, conocida como La Peni, tiene doce pabellones, cada uno presuntamente bajo el control de una organización criminal diferente. Un abogado cercano a un reconocido grupo criminal explicó que las cárceles sirven de refugio para los jefes de la mafia que se rodean de sus subalternos y se sienten protegidos de las guerras territoriales que se libran fuera de los muros de la prisión. Sin embargo, estos mismos lugares están llenos de riesgos, y las bandas parecen tratarlos como escenarios de macabros actos de violencia destinados a enviar mensajes a una amplia audiencia.

El primer caso de este tipo se produjo en 2019, cuando, William Humberto “Cubano” Poveda, líder de la pandilla Los Cubanos, fue decapitado e incinerado; su cabeza fue exhibida en la cárcel y circularon videos de presos jugando al fútbol con ella. Así comenzó una serie de atrocidades similares, generalmente acompañadas de un ciclo de asesinatos por venganza, mientras la situación al interior de las cárceles ecuatorianas se volvía cada vez más volátil. El 28 de septiembre de 2021 se produjo el motín carcelario más sangriento del país, en el que al menos 119 reclusos fueron asesinados, seis de ellos decapitados, mientras bandas rivales armadas con pistolas y granadas se enfrentaron por el control de una cárcel de Guayaquil. Desde febrero de 2021 han muerto cerca de 400 reclusos.

El dominio de los grupos criminales sobre las cárceles y la violencia extrema que estalla en su interior se relacionan de muchas formas. Un abogado que trabajó en el pasado en una prisión de Guayaquil le dijo a Crisis Group que los reclusos ingresan armas, drogas, teléfonos celulares y otro tipo de contrabando oculto en comida y otras entregas con la complicidad de la policía y guardias de la prisión. Informes de medios locales han indicado que los directores de algunas cárceles le advierten a los líderes de las bandas antes de llevar a cabo requisas “aleatorias”. En ocasiones, los reclusos entregan machetes, cuchillos y pistolas para evitar una inspección más minuciosa que podría exponer un arsenal más intimidante de ametralladoras, armas de alto calibre y granadas. Según la comisión especial creada en 2021 por el gobierno de Lasso para evaluar la situación de las cárceles del país, los grupos criminales han gastado $1 millón de dólares para ingresar armas a las cárceles y han sobornado a policías para comprar armas. El informe concluyó que al menos el 10 por ciento de los funcionarios del sistema penitenciario reciben pagos mensuales por parte del crimen organizado.

El poder de los líderes de grupos criminales encarcelados se extiende mucho más allá de los muros de la prisión. Según un exfuncionario del gobierno, tan pronto como nuevos directores asumen sus cargos, son citados por los capos para “besar la mano”. Los líderes de bandas también deciden desde sus celdas cómo deben desarrollarse las batallas en el Guasmo y otros barrios de Guayaquil. Un joven que nació y creció en el Guasmo, y que tiene familiares y amigos en una de las cárceles más conocidas de Guayaquil, dijo que estos líderes deciden quién debe morir, cuándo y dónde distribuir drogas y cómo delimitar el territorio para mantenerlo fuera del alcance de competidores. Los grupos criminales incluso suministran agua y alimentos a las cárceles, de lo cual, según un miembro de la Asamblea Nacional, el gobierno está al tanto.

Para quienes no cuentan con protección ni recursos, las cárceles son un infierno. Un abogado penalista discutió con Crisis Group el caso de Erick, de 31 años, quien, tras cumplir su condena por posesión de drogas, tuvo que permanecer en la cárcel porque su familia no podía permitirse faltar al trabajo para iniciar su liberación y carecía de recursos financieros para contratar a un abogado que lo hiciera. Erick fue asesinado en 2021 en medio de un motín, a la espera de su libertad. Varios abogados coincidieron en que es común que los reclusos más pobres permanezcan detenidos después de cumplir una sentencia. Si el recluso no cuenta con los fondos necesarios para sobornar a los funcionarios, el proceso de liberación puede durar entre tres y seis meses. Un abogado que ha defendido a varios pandilleros comentó que los jueces tienden a buscar una compensación monetaria de los reclusos que piden clemencia en los tribunales. “Si tienes plata, puede que salgas vivo de la cárcel”, observó con desprecio un exrecluso, detenido por no pagar pensión alimenticia.

Los reclusos LGBTQ+ son particularmente vulnerables. En 2021, Helen Maldonado fue asesinada durante uno de los motines más sangrientos en la historia de Ecuador. Helen, una mujer trans que cumplía una sentencia de 30 meses por posesión no violenta de drogas, fue recluida en un centro para hombres, a pesar de que su documento de identidad reflejaba su elección de género femenino. Helen y otros reclusos fueron torturados y asesinados por asaltantes desconocidos, según la ONG Vivir Libre. Siete meses después, el gobierno le entregó a su familia una bolsa plástica negra con sus restos.

Según Vivir Libre, hay alrededor de 280 reclusos LGBTQ+, quienes son objeto de grave violencia y acoso de manera regular tanto por parte de los guardias de la prisión como de los reclusos. Odalys, una mujer trans que cumplió una sentencia de cinco años en una prisión para hombres manifestó que las mujeres trans con frecuencia no tienen más remedio que intercambiar sexo por protección, comida, acceso a atención médica, teléfonos celulares y otras necesidades. Describió cómo la supervivencia de los grupos minoritarios dentro de la prisión a menudo depende de su capacidad para ganarse la protección de los líderes criminales, a los que se le suele llamar “tíos”.

La respuesta del Estado 

Algunos residentes del Guasmo con quienes habló Crisis Group coincidieron casi unánimemente en lo que consideraban la respuesta ideal al tormento de los crímenes violentos en Ecuador: quieren que un hombre fuerte tome el control. “Necesitamos a un presidente como el de Centroamérica” era un comentario común. En este caso se referían al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha emprendido una incesante campaña de “mano dura” con detenciones masivas de presuntos pandilleros, parte de su desprecio general por las normas democráticas.

Pero hay pocos indicios de que esta estrategia pueda tener éxito, en parte porque el país no es ajeno a las tácticas de mano dura. Tras la explosión del 14 de agosto, el presidente Lasso declaró el sexto estado de excepción desde que asumió el cargo en 2021, con el fin de aumentar el despliegue militar en Guayaquil. Tuvo un impacto mínimo o nulo: la tasa de homicidios se ha mantenido igual desde entonces y Ecuador va camino a superar el promedio regional de muertes violentas para fines de 2022.

En este contexto, analistas destacan las deficiencias de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la ola delictiva. Además del ejército, las capacidades de investigación de la policía están, según informes, por debajo de la media, y un elenco rotatorio de altos mandos policiales ha afectado la continuidad de las políticas de seguridad. También es probable que las acusaciones de corrupción en las fuerzas de seguridad socaven los esfuerzos de Lasso por obtener fondos adicionales de EE. UU. para poner en marcha su Plan Ecuador, una iniciativa destinada a atraer fondos de EE. UU. y la UE y ayuda para la aplicación de la ley con el fin de reforzar la policía y el ejército del país. La embajada estadounidense en Quito continúa revocando las visas de agentes de seguridad pública y funcionarios del sistema judicial, incluidos jueces, por presuntos actos de corrupción, soborno y narcotráfico. La reconfiguración de las cadenas transfronterizas de suministro de drogas y una serie de fallas institucionales, en particular en el sistema penitenciario, han convertido a Ecuador en un destino predilecto para el tráfico de drogas y el lavado de activos por parte de grupos criminales.

Pero esto no implica que el recrudecimiento de la violencia sea irreversible. Por una parte, la escena criminal en Ecuador hasta ahora no es tan enorme como en algunos países de la región. Los grupos criminales locales aún carecen de jerarquías claras, mecanismos de lealtad y el tipo de visión empresarial que exhiben sus contrapartes en la región, especialmente en Colombia y México, donde los grupos ilegales se han diversificado en numerosas líneas de negocios.

Adicionalmente, el gobierno parece estar haciendo esfuerzos reales por responder al desafío. La Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, creada en agosto, está ahora a cargo de diseñar un plan para abordar las fallas institucionales descritas anteriormente. Podría ser favorable tener en cuenta las experiencias de los vecinos latinoamericanos que han tenido que librar batallas similares con distintos grados de éxito, y darle prioridad a conseguir un mayor estándar de investigación criminal. Por otra parte, lo ideal sería que impulsara el tipo de reformas integrales del sistema penal que se llevaron a cabo con apoyo internacional en Guatemala antes de 2019, en lugar de buscar resultados a corto plazo mediante el uso de personal y técnicas militares en la aplicación de la ley. Un área que sin duda debe fortalecer es el acceso a medios de rehabilitación para los reclusos más jóvenes.

Al mismo tiempo, el Estado, de la mano con el sector privado y los donantes, debe ofrecer una vía para que los jóvenes de barrios como el Guasmo no caigan en el camino del crimen y el consumo de drogas duras. La creación de oportunidades de empleo legal y un camino para salir de la desesperanza, basándose en parte, en lo que hizo el Estado hace una década con una generación anterior de pandillas, será esencial para que Guayaquil y otras comunidades de todo el país puedan poner fin a la ola de delincuencia y violencia que ha perturbado su paz.