¿Qué hay de nuevo? La oposición venezolana está dividida en facciones aparentemente irreconciliables que no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir para acabar con la crisis de su país. Discrepan sobre si deberían participar en las elecciones y cuándo hacerlo, sobre si deberían negociar con el gobierno, y sobre si deberían apoyar la posible intervención militar planteada implícitamente por potencias extranjeras.

¿Por qué importa? Sin unidad entre al menos las principales facciones opositoras, las perspectivas de resolver la crisis son escasas, ya que esto exige negociaciones genuinas entre la oposición y el gobierno y probablemente algún tipo de autoridad transicional que incluya elementos de ambos. De lo contrario, es probable que haya nuevos actos de violencia – ya sea enfrentamientos civiles o incluso acción militar.

¿Qué se debería hacer? Las facciones opositoras comprometidas con una solución negociada deberían dejar a un lado sus diferencias y forjar una estrategia y un liderazgo común. Los actores externos deberían apoyar la unidad de la oposición y evitar alimentar las divisiones insistiendo en que se celebren negociaciones sin que se den las condiciones adecuadas o sugiriendo que la intervención militar – que podría ser enormemente destructiva – es una opción viable.

La implosión social y económica de Venezuela ha provocado una migración sin precedentes que encabeza la lista de preocupaciones en América Latina. Los países vecinos y otras potencias extranjeras han tomado medidas – incluidas sanciones – para lograr algún tipo de transición negociada, que sigue siendo el mejor camino para salir de la crisis. Pero la presión externa hasta ahora no ha logrado superar la intransigencia del gobierno. Mientras, la escisión de la oposición interna – así como la neutralización de líderes clave mediante el encarcelamiento, el exilio y la inhabilitación para cargos a los que fueron electos – menoscaba la estrategia de presión y reduce aún más las perspectivas de diálogo. Aquellos miembros de la oposición que estén comprometidos con una transición pacífica y negociada deben unirse para apoyar una estrategia coherente que se articule con la de sus aliados internacionales, o se arriesgan a ser meros espectadores de las crecientes amenazas de acción militar externa para derrocar al gobierno, lo que probablemente tendría consecuencias catastróficas si se llevara a cabo.

El éxodo en masa de venezolanos es consecuencia de la hiperinflación, la escasez crónica de productos básicos, la disminución de las oportunidades de empleo y el colapso de la infraestructura – incluido un servicio de salud que ya no puede tratar las enfermedades más comunes, mucho menos frenar epidemias. La magnitud del mal gobierno del país y la urgencia de la difícil situación de su gente ha llevado a algunas figuras de la oposición y líderes extranjeros a sugerir que solo el uso de la fuerza puede asegurar el cambio. Estas personas ven a los miembros de la oposición que están en contra de la intervención militar como un obstáculo. Al mismo tiempo, los intentos esporádicos de provocar una insurrección armada han proporcionado al presidente Nicolás Maduro un pretexto para intensificar la persecución de sus críticos, lo que amenaza con agudizar la hostilidad entre las partes y marginar a los restantes partidarios de las negociaciones con el gobierno entre las filas opositoras.

Las divisiones cada vez más evidentes entre la oposición no son principalmente ideológicas. Si bien las fuerzas opositoras abarcan desde la extrema izquierda hasta la derecha conservadora, sus diferencias en torno a la estrategia trascienden estas categorías. Tres de los cuatro miembros originales del grupo directivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el llamado G4, pertenecen a la Internacional Socialista, por ejemplo, pero esa afinidad común no ha impedido la ruptura de la alianza.

De hecho, muchos partidos están internamente divididos en torno a las tácticas. Los líderes de los partidos por lo general eligen aquella estrategia que parezca ofrecer la mejor oportunidad de obtener ventajas para ellos mismos o para el partido, forjando alianzas por el mismo motivo. Las soluciones electorales a la crisis típicamente son respaldadas por quienes cuentan con el mejor aparato electoral, por ejemplo. Un supuesto historial de traición a menudo dificulta las negociaciones a favor de la unidad. Las redes sociales proporcionan el medio idóneo para desprestigiar a quienes opinan diferente, en particular acusándolos de colaborar con el gobierno. Esto último fomenta los insultos y el uso de las negociaciones y elecciones para sembrar el disenso en las filas opositoras, así como manipular las redes sociales mediante el uso de la desinformación y los “bots”.

La desunión no solo se interpone a una estrategia común opositora. Además, complica los esfuerzos para poner fin a la crisis de Venezuela. Por ahora, las negociaciones sobre una transición parecen improbables, dada la intransigencia del propio gobierno. De hecho, unas nuevas negociaciones podrían ser contraproducentes sin un claro compromiso de Maduro de que se tratarán de reformas genuinas y conllevarán medidas de fomento de la confianza, que podrían incluir la liberación de presos políticos, la relajación de la persecución de figuras de la oposición y la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional. A falta de esto, las negociaciones corren el riesgo de permitir al gobierno parecer conciliador y calmar la ira pública sin hacer concesiones sustanciales, fomentando así una mayor división entre las facciones opositoras.

Pero incluso si el gobierno estuviera dispuesto a negociar de buena fe, sin una oposición unida carece de un interlocutor creíble. Asimismo, la desunión de la oposición imposibilitaría la formación de un futuro gobierno de transición que goce de un amplio apoyo público y político, incluya elementos chavistas y opositores, y sea lo suficientemente estable para pasar la página a la crisis. Dicho gobierno – probablemente la única salida a la actual situación de Venezuela – enfrentará enormes desafíos, entre ellos reactivar la economía, reconstruir la infraestructura, frenar el delito violento y tal vez incluso reprimir la resistencia armada del ala dura de los chavistas.

Superar las actuales divisiones dentro de la oposición, o al menos de aquellas facciones dentro del país que apoyan una transición negociada, es por lo tanto fundamental. La prioridad es elegir un nuevo liderazgo capaz de forjar una nueva estrategia. La oposición podría hacer esto o bien celebrando elecciones primarias o bien convocando a los principales líderes opositores del país a acordar un equipo para liderar la transición que incluya a tecnócratas con evidente probidad y experiencia y sea capaz de inspirar confianza a nivel nacional e internacional.

Por su parte, los actores internacionales deberían apoyar los esfuerzos para unir a la oposición, o al menos evitar las medidas que pudieran dividirla aún más. Deberían presionar para que se implementen las condiciones necesarias para unas negociaciones creíbles con el gobierno, siguiendo las pautas planteadas anteriormente. La UE ha sugerido establecer un grupo de contacto formado por Estados latinoamericanos y de otras regiones que apoyen una solución pacífica a la crisis; por ahora, esta idea ofrece el mejor mecanismo para aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Maduro para que negocie de buena fe. Los actores internacionales también deberían dejar de hablar de intervención militar, ya que al alentar a las facciones opositoras a endurecer su enfoque desalientan su unidad. Asimismo, cualquier intervención militar externa casi seguro sería desastrosa, y más que ayudar a poner fin a la crisis probablemente generaría aún más caos y sufrimiento para los venezolanos. En líneas generales, un plan de transición factible requiere más que simplemente destituir a Maduro. Requiere determinar cómo, por quién y según qué reglas será gobernado el país de ahí en adelante.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 23 de noviembre de 2018

En diciembre de 2015, tras casi dieciséis años de gobierno, primero bajo el fallecido Hugo Chávez y desde 2013 bajo su sucesor Nicolás Maduro, la oposición venezolana unida logró una aplastante victoria en las elecciones legislativas. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), integrada por casi todos los partidos opositores, obtuvo dos terceras partes de los escaños en la Asamblea Nacional. El triunfo electoral reconcilió temporalmente a las dos alas rivales de la oposición, que se habían dividido en 2014 en torno a si se debía o no organizar manifestaciones para obligar a Maduro a renunciar^[fn]El así llamado plan La Salida fue lanzado en febrero de 2014 por Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y María Corina Machado de Vente Venezuela. No logró desplazar a Maduro y llevó al encarcelamiento de López y Ledezma (El primero permanece en arresto domiciliario; el último está en el exilio.) Machado tiene prohibido salir del país. Véase Informe Breve de Crisis Group sobre América Latina N°30, Venezuela: punto de quiebre, 24 de mayo de 2014. Para un diagrama de los partidos opositores de Venezuela, véase el Anexo A.Hide Footnote . Pero en lugar de anunciar el fin de la era chavista, en retrospectiva la victoria parece haber sido un falso amanecer. Hoy, la MUD está hecha añicos, y su reconstrucción parece improbable^[fn]Alonso Moleiro, “La alianza opositora venezolana certifica su fin”, El País, 24 de octubre de 2018.Hide Footnote . Y mientras la oposición continúa dominando el parlamento, el gobierno ha usado su control de otras ramas del Estado, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, para bloquear todas las iniciativas de la Asamblea, despojarla de autoridad y privarla de recursos, incluidos los salarios y costes operativos, dejándola prácticamente impotente^[fn]Véase Informe Breve de Crisis Group sobre América Latina N°36, Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, 19 de junio de 2017.Hide Footnote .

Lo que es aún peor, la oposición se está desgarrando a sí misma: los líderes de las diferentes facciones a menudo parecen gastar más energía en denigrarse unos a otros que en censurar al gobierno o elaborar una estrategia para poner fin a la crisis y estabilizar una economía colapsada. Quienes están en el poder han explotado hábilmente las divisiones y las ambiciones personales de los líderes opositores en una exitosa estrategia de divide y vencerás. Los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales que buscan una solución a la grave crisis política, económica y social del país a menudo se desesperan ante el estado de la oposición. Pero algunos, especialmente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, han contribuido a avivar las disputas entre la oposición tomando partido en ellas^[fn]A lo largo de los últimos dos años, Almagro se ha alineado repetidamente con el ala de la oposición que está en contra del diálogo. El 16 de octubre dijo que quienes participaban en las elecciones regionales eran un “instrumento esencial del…fraude”. Un mes después, al lado de Ledezma, dijo que había “sectores en la MUD que no representan a la oposición venezolana”. Ledezma, cuyo partido ocupa solo un escaño en el parlamento, está a favor de una “intervención humanitaria” por fuerzas externas. “Almagro cree que participación opositora en elecciones avaló el fraude”, El Estímulo, 16 de octubre de 2017; “Almagro dice que hay sectores en la MUD que no representan a la oposición venezolana”, EFE, 28 de noviembre de 2017.Hide Footnote . Los aliados externos de la oposición también están en peligro de fragmentarse de forma similar^[fn]Tras la negativa de Almagro a descartar una intervención militar, el Grupo de Lima – un organismo de catorce Estados miembros del hemisferio occidental formado en agosto de 2017 para buscar una solución a la crisis de Venezuela – emitió una declaración en la que expresaba su “rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o … la amenaza o el uso de la fuerza”. Cuatro de los catorce miembros del grupo se negaron a firmar el comunicado, no obstante, supuestamente por motivos de procedimiento. “Declaración del Grupo de Lima: Comunicado Conjunto 016-18”, 15 de septiembre de 2018. Y mientras el presidente Iván Duque de Colombia ha descartado constantemente una intervención militar, su embajador en Washington dijo el 18 de septiembre que “todas las opciones deberían estar sobre la mesa”. Rodrigo Palau, “Iván Duque and Colombian ambassadors clash over intervention in Venezuela”, Caracas Chronicles, 27 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Este informe examina el atribulado estado de la oposición venezolana entre los juegos de poder del gobierno de Maduro y los persistentes rumores de intervención extranjera para destituir al gobierno y frenar el colapso socioeconómico del país. Además, evalúa las iniciativas – hasta ahora embrionarias – para volver a unir a la oposición en torno a un programa de cambio pacífico. Está basado en entrevistas realizadas en Venezuela con políticos opositores, analistas independientes, diplomáticos radicados en Caracas y otros.

Es un lugar común decir que la sociedad venezolana está polarizada. La crisis que ha consumido al país durante casi dos décadas ha sido protagonizada por dos fuerzas políticas aparentemente irreconciliables, el gobierno y la oposición, enzarzados en un conflicto permanente. Pero referirse a “la oposición” hoy en día plantea la pregunta: ¿qué oposición?

La ruptura de la MUD, que en su día fue una alianza de más de doce partidos, es consecuencia del fracaso de la campaña de protestas callejeras que llevó adelante durante cuatro meses (abril-julio de 2017), cuyo objetivo fue obligar al gobierno a negociar la restauración de la democracia. Más de 160 personas murieron a consecuencia de la represión violenta de las protestas a manos de los escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional, en ocasiones acompañados por civiles armados que trabajaban para el gobierno, en ciudades por todo el país^[fn]Véase Informe Breve de Crisis Group, Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, op. cit.; “Venezuela: 6,729 protestas y 163 fallecidos desde el 1 de abril de 2017”, Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 2 de agosto de 2017. Las cifras oficiales del gobierno aluden a 129 muertes.Hide Footnote .See Crisis Group Briefing, Power without the People: Averting Venezuela’s Breakdown, op. cit.; “Venezuela: 6,729 protestas y 163 fallecidos desde el 1 de abril de 2017”, Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 2 August 2017. Official government figures refer to 129 fatalities.Hide Footnote

En un intento de recobrar la iniciativa, el gobierno convocó comicios para elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), supuestamente para reescribir la Constitución, pero la oposición boicoteó estas elecciones por considerar que habían sido fraudulentas e inconstitucionales. El 16 de julio de 2017 – dos semanas antes de las elecciones a la ANC – la oposición celebró su propio referéndum nacional, apoyado por la Asamblea Nacional pero rechazado por el gobierno, en el cual se invitaba a los votantes a rechazar la ANC, llamar a las fuerzas armadas y los funcionarios públicos a defender la Constitución de 1999 y apoyar las decisiones del parlamento, y finalmente aprobar el establecimiento de un mal definido “gobierno de unidad nacional” para “restaurar el orden constitucional”. Según la MUD, alrededor de 7,5 millones de personas (casi el 40 por ciento del electorado) participaron en el referéndum, de las cuales más del 99 por ciento votaron a favor de cada propuesta. Si bien es difícil determinar los números con precisión, claramente hubo una enorme participación, especialmente dado el carácter no oficial de la votación.

Sin embargo, el éxito del plebiscito fue breve. El gobierno siguió adelante con la elección de la ANC el 30 de julio. Posteriormente, y pese al hecho de que la participación en la votación de la oposición el 30 de julio pareció ser mayor que la participación en las elecciones de la ANC, las protestas callejeras quedaron en nada, y la oposición no logró ponerse de acuerdo sobre cómo aprovechar el apoyo de las masas. El 18 de septiembre el ala más radical de la MUD formó un nuevo movimiento, llamado Soy Venezuela, que exigía que la oposición se negara a reconocer el gobierno de Maduro y llamaba a la formación inmediata de un gobierno de unidad nacional. Los principales miembros del movimiento eran Vente Venezuela, liderado por la ex diputada María Corina Machado, y Alianza Bravo Pueblo, liderada por el exiliado ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Cinco diputados alineados con Soy Venezuela formaron el grupo “16 de julio” para perseguir los objetivos del referéndum.

Pero fue la cuestión de si debían o no participar en futuras elecciones la que dividió más profundamente a la MUD y los partidos que la integraban. La autoridad electoral controlada por el gobierno había celebrado unos comicios para elegir a la Asamblea Constituyente que violaban los principios de una persona, un voto y la representación proporcional^[fn]La autoridad electoral otorgó un voto adicional a los miembros de ciertos grupos, incluidos los jubilados, los concejales comunitarios y los discapacitados, y la composición de la ANC sobrerepresentaba ampliamente a las áreas rurales. Informe Breve de Crisis Group, Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . También parece haber inflado las cifras de participación, supuestamente en hasta un 100 por ciento^[fn]El gobierno de Maduro alegó que más de ocho millones de personas votaron en sus posteriores elecciones a la ANC, pero fuentes independientes sugieren que el total fue considerablemente inferior. Véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°65, Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, 21 de marzo de 2018; “Statement on the recent Constituent Assembly election in Venezuela”, Smartmatic, 2 de agosto de 2017; Girish Gupta, “Venezuelan vote data casts doubt on turnout at Sunday poll”, Reuters, 2 de agosto de 2017.Hide Footnote .

Cuando el gobierno anunció, tras una larga demora, que las elecciones a gobernadores estatales se celebrarían el 15 de octubre, la mayoría de los partidos de la MUD decidieron participar. Pero un gran número de votantes opositores decidieron no acudir a las urnas, y solo hubo cinco candidatos ganadores de la MUD. Cuatro de ellos eran de Acción Democrática, pero posteriormente su partido los expulsó por acceder a la demanda del gobierno de que juraran el cargo ante la ANC^[fn]Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, gobernador electo del estado de Zulia, fue el único que se negó a jurar el cargo ante el CNE. La asamblea estatal controlada por el chavismo declaró las elecciones nulas; el CNE volvió a celebrarlas y declaró ganador a un candidato chavista. Isaac Urrutia y Eyanir Chinea, “Venezuelan anti-Maduro governor sacked, opposition in chaos”, Reuters, 26 de octubre de 2017. Entrevista de Crisis Group, Juan Pablo Guanipa, Caracas, 19 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Por primera vez desde la introducción del actual sistema de votación electrónica en 2004, surgió evidencia física (en el estado de Bolívar, al suroeste del país), de que el gobierno había alterado las actas para modificar el resultado^[fn]Francisco Toro, “PSUV steals Bolívar State governor’s race”, Caracas Chronicles, 19 de octubre de 2017.Hide Footnote .

El anuncio por parte del gobierno de unas elecciones presidenciales tempranas – adelantando a mayo una votación prevista para diciembre de 2018 – llevó a otra división debilitadora. El anuncio torpedeó las negociaciones entre el gobierno y la oposición en la República Dominicana, en las cuales la fecha de las futuras elecciones había sido objeto de acalorada disputa^[fn]Una delegación de la MUD celebró negociaciones en Santo Domingo entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, principalmente sobre las condiciones para las elecciones presidenciales de 2018. Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y México, Estados miembros del Grupo de Lima, así como los de Nicaragua y Bolivia actuaron como facilitadores, y el ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero intentó mediar. Cuando el gobierno anunció unas elecciones programadas para abril, Chile y México se retiraron, y las negociaciones colapsaron poco después. Alexandra Ulmer y Corina Pons, “Venezuela sets presidential vote for April 22 after talks crumble”, Reuters, 7 de febrero de 2018.Hide Footnote . No obstante, Henri Falcón, dirigente de Avanzada Progresista, decidió presentarse, desafiando el boicot de la MUD, y si bien en última instancia se negó a reconocer la victoria de Maduro, el daño ya estaba hecho^[fn]El resultado oficial dio el 68 por ciento de los votos a Maduro, el 21 por ciento a Falcón y el 11 por ciento al tercer candidato, Javier Bertucci, un pastor evangélico. La participación fue la más baja desde el establecimiento de la democracia en 1958: oficialmente participó el 46 por ciento del electorado, pero varios cálculos independientes sugirieron que la cifra habría sido inferior al 30 por ciento. Falcón acusó a la campaña de Maduro de violar las leyes electorales mediante la compra de votos y la coacción y exigió unas nuevas elecciones. Alonso Moleiro, “Falcón rechaza el resultado que proclama a Maduro y llama a organizar nuevas elecciones”, El País, 21 de mayo de 2018.Hide Footnote . El 5 de julio Henry Ramos, líder de Acción Democrática, anunció que el partido se retiraba de lo que quedaba de la MUD, dejando a su junta directiva de cuatro partidos (el G4) con solo tres miembros. Ramos se refirió a la incapacidad del grupo de llegar a un acuerdo sobre quién lideraría la coalición, o sobre cómo implementar el resultado del referéndum del 16 de julio.

Bajo Maduro, al igual que bajo su predecesor Chávez, el gobierno ha trabajado diligentemente para debilitar y dividir a la oposición, para intimidar o cooptar a sus dirigentes, y para prevenir cualquier iniciativa que pudiera amenazar su control del poder. Estos esfuerzos se han intensificado de forma notable desde que Maduro tomó posesión. Las dos figuras consistentemente más populares de la oposición– el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y Leopoldo López, líder de Voluntad Popular – han sido inhabilitados para desempeñar cargos públicos, y López, quien permanece bajo arresto domiciliario, está cumpliendo una condena de casi catorce años por supuesta incitación a la violencia.

Los cuatro partidos opositores principales están inhabilitados para participar en las elecciones, y de los partidos que eran miembros de la MUD en el momento de su victoria parlamentaria en 2015, tan solo uno – Avanzada Progresista – es actualmente reconocido por la autoridad electoral^[fn]Eugenio Martínez, “Only one party from 2015’s MUD survives the government’s purge”, Caracas Chronicles, 18 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Sin embargo a tres partidos opositores recién formados sí se les ha permitido registrarse. Otra técnica empleada por las autoridades es hacer que el Tribunal Supremo “intervenga” los partidos y otorgue el control de estos a facciones internas que posteriormente se suelen alinear con el gobierno^[fn]Griselda Colina, “El Nuevo Ecosistema de Partidos Políticos en Venezuela”, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, septiembre de 2018.Hide Footnote .

Griselda Colina, “El Nuevo Ecosistema de Partidos Políticos en Venezuela”, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, September 2018.Hide Footnote

La persecución violenta de políticos cruzó un nuevo umbral el 8 de octubre con la muerte de un concejal de Caracas, Fernando Albán de Primero Justicia, en la sede del organismo de seguridad estatal (Sebin). Según la versión oficial de los hechos, Albán – que había sido detenido unos días antes, a su regreso de la Asamblea General de la ONU donde acompañó el líder de su partido Julio Borges – se suicidó lanzándose por una ventana del décimo piso. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en la versión del gobierno, y la oposición ha afirmado que miembros de la Sebin lanzaron su cuerpo después de que muriera bajo tortura^[fn]Ronny Rodríguez Rosas, “Las interrogantes sobre la muerte del concejal Fernando Albán”, Efecto Cocuyo, 9 de octubre de 2018.Hide Footnote . El gobierno acusó a Albán de participar en un supuesto intento de asesinato de Maduro usando un dron cargado con explosivos, de lo que también acusó al legislador opositor Juan Requesens, quien permanece bajo custodia de la Sebin y supuestamente también habría sido torturado (véase a continuación, y la Sección III)^[fn]“Jorge Rodríguez: Borges es el autor intelectual del atentado contra Maduro”, Primicias 24, 19 de octubre de 2018. El gobierno niega haber violado los derechos humanos de Requesens, y el fiscal general Tarek William Saab ha dicho que quienes cuestionan la versión oficial de la muerte de Albán están cometiendo un “delito” que acarreará “consecuencias”. “Gobierno muestra fotos de Requesens en la CIDH pero impide que familiares lo vean”, Tal Cual, 4 de octubre de 2018; Dengrismar Gutiérrez, “A quienes insistan que Albán fue asesinado, estarán cometiendo un delito”, Diário La Verdad, 18 de octubre de 2018.Hide Footnote .

No son solo los políticos opositores quienes tienen motivos para temer la persecución. Al contrario que las dictaduras militares del último siglo, el gobierno de Venezuela no ha recurrido a los asesinatos en masa o las desapariciones. Pero uno de los motivos por los cuales es muy difícil presionar al gobierno mediante manifestaciones callejeras desde las concentraciones masivas de 2017 es el grave riesgo de lesiones, encarcelamiento o muerte. “Yo iba ir a las manifestaciones, pero ahora tengo miedo”, dijo un activista opositor. “Mis cuatro hijos iban, pero ellos también tienen miedo, después de ver lo que le ha pasado a tanta gente que conocían”. En algunos casos, este miedo también ha llevado a los venezolanos a perder la fe en políticos que aún están comprometidos con una solución negociada. El mismo activista dijo: “Yo era de la oposición moderada, pero ahora estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice María Corina [Machado de Soy Venezuela]”^[fn]Entrevista de Crisis Group, profesor universitario, Mérida, 11 de octubre de 2018.Hide Footnote .

Crisis Group interview, university teacher, Mérida, 11 October 2018.Hide Footnote

Más de trece millones de venezolanos (una participación de más del 70 por ciento) votaron en las elecciones parlamentarias de 2015, y a los legisladores que eligieron les quedan más de dos años de mandato. Pero el gobierno ha asfixiado al parlamento controlado por la oposición, prácticamente clausurándolo del todo. El Tribunal Supremo ha revocado todas las leyes aprobadas por el parlamento por considerarlas inconstitucionales o económicamente inviables (el sustento legal de estos últimos fallos es dudoso). Los ministros se niegan a asistir a las audiencias parlamentarias y el Ejecutivo ha pasado por alto el requerimiento constitucional de que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto o los decretos de emergencia del presidente^[fn]Maduro ha gobernado por decreto desde enero de 2016 bajo un estado de emergencia impuesto inmediatamente después de que la oposición tomara el control de la Asamblea Nacional. Ha sido renovado dieciséis veces, en violación del artículo 338 de la Constitución de 1999, que exige que el parlamento apruebe tales medidas. El 10 de septiembre de 2018, los términos del estado de emergencia se ampliaron aún más, permitiendo al presidente, por ejemplo, obtener financiamiento extranjero sin la aprobación de la Asamblea. “Maduro asume más poderes supremos con su decreto de ‘emergencia económica,’” El Estímulo, 12 de septiembre de 2018.Hide Footnote . La debilidad de la legislatura la ha desacreditado ante el público. Según una encuesta reciente, la confianza en la Asamblea Nacional era del 21,6 por ciento, mientras que la MUD registró un 19,9 por ciento. La confianza en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Asamblea Constituyente es del 22,3 y el 24,9 por ciento respectivamente^[fn]Encuesta de Delphos para el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica, octubre- noviembre de 2018. Las cifras representan el número de encuestados con “cierta” o “mucha” confianza.Hide Footnote .

Alguien que visite el centro de Caracas verá a miembros de un escuadrón antidisturbios de la Guardia Nacional descansando a la sombra de un árbol a la entrada del edificio del parlamento. En teoría están allí para proteger a los diputados, pero en tres ocasiones la Guardia ha permitido a los simpatizantes del gobierno invadir el edificio, golpeando y robando a los legisladores^[fn]“Pro-government supporters’ attack on parliament worsens Venezuela’s crisis”, EFE, 6 de julio de 2017.Hide Footnote . “Si nos lanzan piedras cuando entramos”, dice un diputado, “lo más que hace la Guardia es levantar sus escudos para protegernos, pero jamás detienen a quienes nos lanzan piedras”^[fn]Entrevista de Crisis Group, diputado opositor, Caracas, 1 de octubre de 2018.Hide Footnote . En ocasiones los soldados también han obstaculizado el acceso de la prensa a la Asamblea Nacional, que está obligada a compartir el edificio con la ANC chavista. A pocos metros de allí, el gobierno ha convertido un edificio expropiado en un edificio de oficinas de aspecto muy permanente para los miembros de la ANC. Allí cerca, un mensaje estampado en la pared dice, “Ellos tienen la Asamblea [Nacional], pero nosotros tenemos las calles”.

El ejecutivo ahora administra los fondos presupuestarios asignados al parlamento constitucionalmente autónomo, que no recibe ningún dinero para el mantenimiento o suministros. Los diputados tienen que pagar de su bolsillo el material de oficina, el agua de beber y el café^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diputados opositores, Caracas, 19 de septiembre y 1 de octubre de 2018.Hide Footnote . La cantina ha cerrado. Los diputados no reciben salario ni expensas, y ni ellos ni los 3 500 funcionarios parlamentarios (más unos 6 000 jubilados) tienen seguros de salud^[fn]Roberto Barraza, un periodista de 35 años de edad que trabajaba para la Asamblea Nacional, murió el 16 de septiembre de 2018 al no recibir tratamiento médico por no tener seguro de salud. Entrevista de Crisis Group, diputado opositor, Caracas, 1 de octubre de 2018.Hide Footnote . Muchos miembros de la ANC, por el contrario, reciben alojamiento y gastos de desplazamiento a expensas del gobierno. Algunos de ellos se alojan en las principales instalaciones militares de Caracas y se trasladan en aviones militares^[fn]Thiany Rodríguez, “ANC perdió al menos 40 de sus constituyentes”, Panorama, 22 de enero de 2018.Hide Footnote .

Thiany Rodríguez, “ANC perdió al menos 40 de sus constituyentes”, Panorama, 22 January 2018.Hide Footnote

El papel constitucional de la Asamblea Nacional ha sido usurpado, primero por el Tribunal Supremo y después – desde agosto de 2017 – por la Asamblea Nacional Constituyente, que en efecto ha actuado como una legislatura paralela^[fn]La ANC está debatiendo la nueva constitución principalmente a puerta cerrada, y si bien han circulado algunos supuestos borradores, sigue sin estar claro qué contendrá el texto, cuándo estará terminado y si será sometido a referendo. La primera dama, Cilia Flores, es una de las personas involucradas en redactarla, mientras que los medios recientemente revelaron la identidad de otras veinte personas que participan en el proceso. Ibis León, “Estos son los 20 constituyentes que redactarán la nueva Constitución de Venezuela”, Efecto Cocuyo, 19 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Las amenazas de encarcelamiento han obligado a una docena de diputados a abandonar sus escaños; hasta ahora, seis se han exiliado. Uno de ellos, Freddy Guevara de Voluntad Popular, ha pasado el último año en la embajada chilena. Varios han sido encarcelados, en violación de su inmunidad parlamentaria, a media docena se les ha anulado el pasaporte y dos están inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular^[fn]Rafael León, “Arrecia persecución del gobierno: un diputado está preso y 5 en el exilio”, El Nacional, 19 de agosto de 2018. Los servicios de seguridad del Estado capturaron a Requesens, acusándolo de participar en el supuesto intento de asesinato contra Maduro. Se lo ha mantenido incomunicado desde entonces, en violación de las normas del debido proceso y la inmunidad parlamentaria. El gobierno difundió una “confesión” grabada en video.Hide Footnote . El caso de Juan Requesens es uno de los más graves. El 7 de agosto fue detenido arbitrariamente, supuestamente en conexión con el ataque con drones contra Maduro tres días antes, y obligado a “confesar” por video, supuestamente tras haber sido drogado. En otro video (presuntamente filtrado por los servicios de seguridad) aparecía en ropa interior manchada en un baño en la sede del Sebin^[fn]Ibis León, “Diputado Juan Requesens cumple un mes preso y aislado en el Sebin”, Efecto Cocuyo, 7 September 2018; Shari Avendaño, “Video de Requesens semidesnudo fue de un chequeo médico ‘privado’, según Maduro”, Efecto Cocuyo, 11 de agosto de 2018.Hide Footnote .

Los diputados de distritos alejados de Caracas no solo tienen que costear sus propios gastos de desplazamiento, sino que a menudo realizan largos viajes por carretera al interior del país debido a la falta de vuelos internos. Algunos legisladores opositores informan que las autoridades de aviación civil y el Sebin han obligado a las aerolíneas a cancelar sus reservas o han retenido vuelos para obligarlos a desembarcar^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diputados opositores, Caracas, 19 de septiembre y 1 de octubre de 2018.Hide Footnote . Algunos partidos proporcionan ayuda financiera a sus diputados, pero en función de cada caso. La Constitución prohíbe el financiamiento público de partidos políticos. “A veces no hay quórum”, dijo uno de ellos, “no porque [los diputados] no quieran asistir, sino porque no pueden hacerlo”^[fn]Entrevista de Crisis Group, diputado de un distrito electoral provincial, Caracas, 1 de octubre de 2018.Hide Footnote .

Crisis Group interview, MP from a provincial constituency, Caracas, 1 October 2018.Hide Footnote

No todas las amenazas contra la Asamblea Nacional, o contra los dirigentes de la oposición interna, provienen del gobierno. Las facciones opositoras más duras consideran a los moderados una “falsa” oposición dispuesta a “colaborar” con el gobierno a la que solo le interesa negociar las condiciones de su propia supervivencia^[fn]“Muchacho destacó que existen ‘dos oposiciones’: la colaboracionista y la resistencia”, Caraota Digital, 21 de noviembre de 2017.Hide Footnote . Un aliado clave de estas facciones es un organismo autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, cuyos miembros fueron elegidos por el parlamento el 21 de julio de 2017. El objetivo en esa ocasión era remplazar a trece jueces y veinte sustitutos cuyo nombramiento “exprés” en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente, dominada por el gobierno, consideran inconstitucional^[fn]Estos jueces partidarios del gobierno han desempeñado un papel fundamental a la hora de emitir fallos que restringen los poderes del parlamento. Su intento de asumir poderes parlamentarios en marzo de 2017 desencadenó las masivas protestas que siguieron. Sus nombramientos no solo fueron aprobados de forma apresurada, violando los procedimientos legales, sino que al menos diez de los trece no cumplían con los requisitos del cargo. Además, el fiscal general – cuya firma se requiere – no firmó para indicar su apoyo. “¿Qué dice la sentencia no. 454 de la Sala Constitucional del TSJ?”, Acceso a la Justicia, 29 de junio de 2017.Hide Footnote . Obligados a huir del país bajo amenaza de encarcelamiento, estos jueces se proclamaron Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio y comenzaron a dictar sentencias^[fn]La toma de posesión de los jueces tuvo lugar en la sede de la OEA en Washington el 13 de octubre de 2017. Algunas audiencias se han celebrado en Bogotá gracias al Senado colombiano.Hide Footnote . El 15 de agosto de 2018 “condenaron” a Nicolás Maduro por corrupción y lo “sentenciaron” a dieciocho años en una prisión militar.

A pesar de su dudoso estatus constitucional, el “tribunal” ha exigido que se cumpla su sentencia^[fn]Los jueces no fueron nombrados por la Asamblea Nacional en sustitución del Tribunal Supremo y su asunción de ese rol carece de base constitucional. Acceso a la Justicia, “Seis preguntas claves sobre la actuación del TSJ en el exilio”, Tal Cual, 16 de abril de 2018. En una medida sin precedentes, el secretario general de la OEA Almagro respaldó a los jueces enviando una carta al presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza en la que afirmaba que el acatamiento de la sentencia era “un paso esencial para la transición a la democracia” y “el no acatamiento lo transformaría en cómplice de una dictadura que ha destruido al país”.Hide Footnote . El 21 de agosto la Asamblea Nacional cedió a la presión del ala dura y del secretario general de la OEA y ratificó la decisión, pese a no haber recibido una solicitud formal para que lo hiciera^[fn]La controversia surgió cuando se supo que una versión de la sentencia instaba a investigar al ex candidato presidencial de la MUD (y líder moderado) Henrique Capriles por supuestos vínculos con un gran escándalo de sobornos que involucraba al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Ibis León, “TSJ en el exilio aclara que Capriles no fue señalado en juicio contra Maduro por corrupción”, Efecto Cocuyo, 27 de agosto de 2018.Hide Footnote . El 5 de septiembre, los jueces acordaron considerar una solicitud de nombrar a una “junta de gobierno de emergencia”, que en la práctica sería un gobierno en el exilio. Varios de los jueces, no obstante, se han desvinculado de las acciones del “tribunal en el exilio”, que parece estar coordinado por el ala dura de la oposición que desea remplazar el liderazgo interno con figuras más de su agrado^[fn]Sofía Torres, “Se desmoronó el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, El Universal, 1 de octubre de 2018.Hide Footnote .

El 8 de marzo de 2018 la oposición tradicional lanzó un “frente amplio” con el fin no de remplazar a la MUD, sino de incorporar a la sociedad civil a la lucha por unas elecciones libres y justas. Este frente – el Frente Amplio Venezuela Libre – reúne a sindicalistas, trabajadores de ONG y universidades, líderes empresariales y religiosos, así como partidos opositores de dentro y fuera de la MUD, incluidos chavistas disidentes. Su primera campaña fue para rechazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo y la ANC y exigir un nuevo voto presidencial, bajo condiciones acordadas, en enero de 2019. El frente opera no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional e incluso municipal.

Sin embargo, en la práctica el Frente Amplio no ha logrado revivir la suerte de la oposición y ahora parece casi tan moribundo como la propia MUD. Las encuestas muestran que hasta ahora ha sido vista simplemente como una versión ampliada de la MUD, y algunos dirigentes admiten que la relación interna entre los representantes de la sociedad civil y los partidos de la oposición ha sido difícil^[fn]Entrevista de Crisis Group, líderes del Frente Amplio, Caracas, 29 de junio de 2018.Hide Footnote . Ninguno de los dos confía plenamente en el otro. El 24 de septiembre, el Frente celebró una reunión masiva para debatir la estrategia en un intento de relanzar el movimiento. Los delegados acordaron un triple enfoque: la creación de un comité para organizar una huelga general; la redacción de un programa que sería adoptado por un gobierno transicional; y un congreso en octubre para elegir un liderazgo político. Pero el relanzamiento no logró poner fin a la parálisis^[fn]A fecha de publicación de este informe, el Frente Amplio estaba preparando otro congreso, previsto para el 23 de noviembre, en un intento de determinar la forma de proceder.Hide Footnote .

La división entre los políticos y los líderes de la sociedad civil sigue siendo un obstáculo clave. Muchos de estos últimos creen que los políticos consideran que sumar fuerzas con las organizaciones de la sociedad civil es a lo mejor una lamentable necesidad temporal. “Muchos partidos [políticos] consideran que la transición es apenas un ‘momento’, y la unidad es necesaria para destituir al presidente pero no en el mediano plazo”, señaló un participante del Frente Amplio. “Pero deshacerse de Maduro [en sí mismo] no es un objetivo estratégico”^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Mérida, 11 de octubre de 2018.Hide Footnote . Si bien algunos miembros de la sociedad civil se quejan de que los partidos quieren dominar el movimiento opositor, excluyendo a otras organizaciones, también hay quejas cuando los políticos se mantienen al margen^[fn]Entrevista de Crisis Group, ex líder de la MUD, Caracas, 10 de octubre de 2018.Hide Footnote . En general, el Frente Amplio refleja la incapacidad de incluso la oposición moderada de unirse en torno a una única estrategia y liderazgo.

Desde la ruptura de facto de la MUD, los líderes opositores que siguen estando comprometidos con una solución no violenta a la crisis se han reunido “esporádicamente” para mantener negociaciones cuyo objetivo es, en palabras de un observador cercano, una unidad “subóptima”^[fn]Entrevista de Crisis Group, ex asesor de la MUD, Caracas, 31 de agosto de 2018.Hide Footnote . Las principales figuras involucradas son Henri Falcón, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y los líderes de Un Nuevo Tiempo. Capriles, no obstante, no habla en nombre de su partido, Primero Justicia, cuyo líder exiliado Julio Borges ahora se codea con figuras más radicales como Antonio Ledezma. Voluntad Popular también está dividida en torno a la estrategia, aunque su líder Leopoldo López no está a favor de la intervención militar^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de Voluntad Popular, Caracas, 1 de agosto de 2018.Hide Footnote . Voluntad Popular, el partido de Borges Primera Justicia y un partido más pequeño llamado La Causa R, también están intentando desarrollar una estrategia unificada propia, y recientemente emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaban los intentos del gobierno de reiniciar el diálogo^[fn]“Carta abierta de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R al pueblo de Venezuela”, 28 de octubre de 2018.Hide Footnote .

La reunificación se complica aún más por la relación cada vez más difícil entre los líderes opositores que están en Venezuela y los que están en el exilio. Estos últimos tienden hacia posturas más radicales y son propensos a desdeñar a los que se quedan atrás como “colaboracionistas” que buscan algún tipo de coexistencia con el sistema gobernante. La situación se ve agravada por un coro de voces intransigentes en los medios sociales, donde los insultos a menudo pesan más que los argumentos razonados. Los políticos en Venezuela cuestionan si los que están en el exilio verdaderamente representan las demandas públicas y captan la realidad sobre el terreno. El liderazgo desde el exterior en algunos casos parece estar socavando activamente lo que queda de la representación democrática en el país, en particular la Asamblea Nacional^[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político venezolano, Caracas, 23 de septiembre de 2018. “Patricia Poleo: quienes participen en las elecciones son colaboracionistas del régimen”, Venepress, 22 de febrero de 2018. “Muchacho: a la oposición en resistencia solo le espera cárcel y exilio”, El Nacional, 21 de noviembre de 2017. Véase también la sección II.D más arriba.Hide Footnote .

Crisis Group interview, Venezuelan political analyst, Caracas, 23 September 2018. “Patricia Poleo: quienes participen en las elecciones son colaboracionistas del régimen”, Venepress, 22 February 2018. “Muchacho: a la oposición en resistencia solo le espera cárcel y exilio”, El Nacional, 21 November 2017. See also Section II.D above.Hide Footnote

La oposición tradicional siempre ha insistido que su estrategia es “pacífica, democrática y electoral”, y si bien una minoría ha desechado este enfoque por considerarlo ingenuo, la resistencia armada se ha limitado a incidentes aislados. Pero a medida que el gobierno ha avanzado con mayor determinación para bloquear las rutas pacíficas hacia una transición política, la frecuencia de tales incidentes ha aumentado. El piloto de la policía Oscar Pérez robó un helicóptero en junio de 2017 y lanzó lo que podrían haber sido granadas de concusión sobre el Tribunal Supremo antes de pasar a la clandestinidad y formar un pequeño grupo rebelde. En enero del año siguiente, las fuerzas del gobierno lo localizaron y lo ejecutaron, junto con seis camaradas, después de que ofreciera rendirse por medio de una serie de videos publicados en las redes sociales^[fn]Nicholas Casey, “Venezuela’s most-wanted rebel shared his story, just before death”, The New York Times, 21 de enero de 2018.Hide Footnote . En agosto de 2017 un grupo liderado por el ex soldado Juan Carlos Caguaripano asaltó un cuartel del ejército en la ciudad de Valencia y robó armas. Dos miembros del grupo fueron asesinados y siete capturados. Posteriormente las autoridades capturaron al propio Caguaripano en Caracas y publicaron un video donde se lo veía supuestamente sufriendo los efectos de la tortura^[fn]“¿Quién es Juan Caguaripano, el capitán que se rebeló contra Maduro?”, El País, 7 de agosto de 2017; Eukaris Pérez, “Sebin sometió a fuertes torturas al capitán Caguaripano”, Tal Cual, 5 de febrero de 2018.Hide Footnote .

“Quién es Juan Caguaripano, el capitán que se rebeló contra Maduro?”, El País, 7 August 2017; Eukaris Pérez, “Sebin sometió a fuertes torturas al capitán Caguaripano”, Tal Cual, 5 February 2018.Hide Footnote

En marzo de 2018, el gobierno, con ayuda de los servicios de inteligencia cubanos, supuestamente desbarató una conspiración golpista cuyo objetivo era frustrar las elecciones presidenciales de mayo^[fn]Ethan Bronner, Andrew Rosati y Fabiola Zerpa, “Inside the failed plot to overthrow Venezuelan President Nicolás Maduro”, Bloomberg, 27 de junio de 2018; Ernesto Londoño y Nicholas Casey, “Trump administration discussed coup plans with rebel Venezuelan officers”, The New York Times, 8 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Y el 4 de agosto de 2018 dos drones explotaron cerca de un desfile militar en lo que parece haber sido un intento de asesinato contra Maduro. Siete soldados supuestamente resultaron heridos. El gobierno detuvo a varias docenas de personas y culpó a los líderes opositores del atentado^[fn]Brian Ellsworth y Vivian Sequera, “Venezuela arrests six over drone explosions during Maduro’s speech”, Reuters, 5 de agosto de 2018; Kejal Vyas, “Venezuela’s president pushes crackdown in wake of drone attack”, Wall Street Journal, 9 de agosto de 2018.Hide Footnote . A octubre, la organización de derechos humanos Foro Penal estimó el número de oficiales militares detenidos por supuestas conspiraciones en 77^[fn]“Foro Penal cifró en 234 el número de ‘presos políticos’ en el país”, Foro Penal, 26 de octubre de 2018.Hide Footnote .

Sin embargo, desde agosto de 2017, cuando el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba considerando una “opción militar” en Venezuela, la mayor parte de la especulación se ha centrado en la posibilidad de una intervención militar externa o un golpe de estado apoyado por Washington. En un discurso a principios de 2018, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson señaló que los militares “a menudo” desencadenan cambios políticos en América Latina. También dijo que la Doctrina Monroe era “tan válida hoy como en el día que fue escrita”, lo que trajo amargos recuerdos del intervencionismo estadounidense en América Latina^[fn]“U.S. Engagement in the Western Hemisphere: Remarks by Rex W. Tillerson, U.S. Secretary of State, at the University of Texas at Austin”, Departamento de Estado de los EE.UU., 1 de febrero de 2018.Hide Footnote . A finales de agosto Marco Rubio, un senador republicano de Florida con una influencia considerable en las políticas de Washington en América Latina, planteó la posibilidad de una intervención estadounidense, afirmando que Venezuela se había convertido en “una amenaza para la región e incluso para los Estados Unidos”^[fn]Ramsey Touchberry, “Marco Rubio: U.S. military intervention could solve Venezuela crisis”, Newsweek, 1 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

El secretario general de la OEA Luis Almagro posteriormente realizó comentarios aún más explícitos que los de Rubio. Hablando desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, al lado del canciller colombiano Carlos Holmes, Almagro dijo que “en cuanto a una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción"”^[fn]“OAS chief says should not rule out Venezuela ‘military intervention’”, Agence France Presse, 15 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Si bien posteriormente declaró que se estaba refiriendo a acciones “dentro del marco del sistema de derecho interamericano y derecho internacional público”, su postura parecía esencialmente idéntica a la del líder de Soy Venezuela, Antonio Ledezma. Durante meses, Ledezma ha insistido que la única solución a la crisis es una “intervención humanitaria” basada en la doctrina de la “responsabilidad de proteger” (R2P) de la ONU. Sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante, dicha intervención sería ilegal, y probablemente considerada ilegítima por la mayoría de los gobiernos, incluidos los de América Latina. Como mínimo, los miembros permanentes del Consejo y los aliados de Maduro, Rusia y China, sin duda vetarían cualquier propuesta en este sentido; de hecho, no es de esperar que otros miembros del Consejo la apoyen incluso si EE.UU. la propusiera – lo que en sí mismo parece improbable^[fn]“China rejects new U.S. sanctions against Venezuela, calls for internal solutions”, Telesur, 28 de agosto de 2017; “Russia condemns U.S. interference in Venezuela as ‘self-centered’”, Telesur, 3o de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Aparte de las cuestiones de legalidad y legitimidad, lo más probable es que una intervención militar externa desestabilizaría el país y agravaría la crisis mucho más que ayudaría a poner fin a ella. El único liderazgo opositor que reivindica claramente el liderazgo de la transición es la Asamblea Nacional. Pero muchos de los que proponen una intervención militar rechazan este liderazgo. Prefieren el nombramiento previo de un “gobierno en el exilio”, pero este organismo sería igualmente polémico, y si fuera impuesto por una acción militar externa plantearía serios interrogantes en cuanto a su representatividad y legitimidad, lo que repercutiría en su capacidad de gobernar el país eficazmente.

La creencia generalizada es que las fuerzas armadas venezolanas no podrían ofrecer mucha resistencia. Pero esa suposición pasa por alto las enormes cantidades de armamento militar adquiridas tanto por el gobierno de Chávez como el de Maduro^[fn]“Venezuela: Informe sobre Adquisiciones de Sistemas de Armas y Material Militar, Período 2013-2016”, Control Ciudadano, 4 de enero 2017; “Venezuela: Adquisiciones de Sistemas de Armas y Material Militar 2005-2012. Un proceso completamente opaco para el país”, Control Ciudadano, 15 de abril de 2013.Hide Footnote . Ciertas partes de las fuerzas armadas, incluidas las milicias civiles, podrían activar planes para llevar adelante una “guerra popular prolongada”, como reclama la doctrina militar oficial^[fn]Rubén Castillo (Misión Verdad), “Escenarios de intervención militar: las capacidades de Venezuela para defenderse”, Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Es improbable que cualquier potencia interviniente esté dispuesta a ocupar Venezuela a fin de restaurar el orden, que también sería duramente puesto a prueba por una amplia gama de actores armados no estatales, muchos de los cuales tienen un claro interés en mantener el statu quo o fomentar el caos^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°38, Violencia y política en Venezuela, 17 de agosto de 2011.Hide Footnote . Estos incluyen las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que tienen un compromiso explícito con defender el gobierno de Maduro^[fn]En su V Congreso celebrado en diciembre de 2014, el ELN aprobó una resolución que ratificaba su determinación de “defender la revolución Bolivariana de Venezuela en caso de una violenta agresión imperialista”.Hide Footnote . En estas circunstancias es improbable que llegue la inversión extranjera directa y ayuda multilateral que el país necesitará desesperadamente para estabilizar su economía. La intervención militar, en otras palabras, es una receta para aún más caos y sufrimiento para los venezolanos.

El creciente clamor por una intervención militar en Venezuela y las divisiones cada vez más profundas en las filas opositoras son enormes obstáculos en el camino hacia la reanudación de las negociaciones con el gobierno en Caracas sobre una transición política. Tras el amargo colapso de las negociaciones en Santo Domingo a principios de 2018, que siguió al fracaso de las negociaciones en 2014 y 2016, la mayoría de la oposición en cualquier caso tiende a tratar cualquier nuevo intento con cautela. La última vez, los líderes de la MUD pagaron un elevado costo político por su participación.

Maduro ha insistido en su voluntad de retomar el “diálogo” con la oposición. El “mediador” preferido por el gobierno – el ex primer ministro de España José Luis Rodríguez Zapatero - visita Caracas de cuando en cuando, pero los líderes opositores lo rechazan como un cómplice del gobierno^[fn]Xabier Coscojuela, “Borges a Zapatero: Usted es cómplice de Maduro y un enemigo de Venezuela”, Tal Cual, 18 de mayo de 2018. El 6 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una moción de censura contra Zapatero que desencadenó un amargo debate entre facciones opositoras. Alonso Moleiro, “Zapatero divide a la oposición venezolana”, El País, 9 de noviembre de 2018.Hide Footnote . A mediados de octubre, en un almuerzo informal para ministros de Relaciones Exteriores europeos, los gobiernos español y portugués ofrecieron facilitar una nueva ronda de negociaciones. Pero la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que ni la mediación ni el diálogo eran posibles en las actuales circunstancias.

Añadió que “solo una solución política democrática” podría resolver la crisis, y que la UE iba “a explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto” de Estados dispuestos a trabajar por unas futuras negociaciones^[fn]Servicio Europeo de Acción Exterior, declaración de Federica Mogherini, 15 de octubre de 2018.Hide Footnote . La ausencia de “condiciones” que menciona parece referirse no solo a la falta de un interlocutor opositor sino también a la negativa del gobierno – hasta ahora – a comprometerse con unas reformas serias. En un discurso posterior, Mogherini dijo que la UE había instado al gobierno a participar en “medidas de fomento de la confianza”, incluida la liberación de presos políticos, la restauración de los derechos del parlamento y la garantía de los derechos humanos. Además reclamó una investigación imparcial de la muerte en custodia del concejal Fernando Albán.

Las facciones opositoras probablemente no ganarían mucho con unas nuevas negociaciones con el gobierno a no ser que se cumplieran tres condiciones: primero, un claro compromiso de Maduro de que lo que está sobre la mesa son reformas genuinas; segundo, medidas de fomento de la confianza, que podrían incluir la liberación de presos políticos, la relajación de la persecución de figuras opositoras y la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional; y tercero, el acuerdo del gobierno sobre una agenda de negociaciones basada en la restauración de controles y contrapesos, el retorno de la política representativa, y un plan de estabilización y reconstrucción económica. Unas negociaciones sin estas medidas (junto con una facilitación internacional, un procedimiento estructurado y firmes reglas de juego) correrían el riesgo de repetir los errores de las anteriores rondas de diálogo al brindar al gobierno una oportunidad de parecer conciliador y calmar la ira popular sin hacer concesiones sustantivas ni proporcionar ninguna garantía de que cumplirá sus promesas. Si las facciones opositoras iniciaran las negociaciones en ausencia de esas condiciones, esto también exacerbaría las divisiones y generaría aún más desilusión.

Ahora mismo, no obstante, incluso si el gobierno estuviera dispuesto a iniciar reformas genuinas, las divisiones de la oposición no dejan claro quienes estarían sentados al otro lado de la mesa. No existe un claro interlocutor del gobierno y, por sí solo, ninguno de los componentes de la oposición puede ofrecer al gobierno suficientes garantías de que apoyará y cumplirá cualquier acuerdo. Una notable excepción podría ser la Asamblea Nacional, que podría dar el visto bueno a los préstamos internacionales, como lo requiere la Constitución^[fn]El artículo 312 de la Constitución de 1999 exige que el Ejecutivo solicite la aprobación de la Asamblea Nacional antes de emitir deuda.Hide Footnote . No obstante, dadas las sanciones financieras internacionales vigentes, el parlamento por sí solo no puede aliviar la grave escasez de efectivo del gobierno, mientras que las transacciones ad hoc entre el gobierno y los líderes opositores en la Asamblea para mitigar la emergencia financiera del Estado probablemente no sean sostenibles, y sembrarían una mayor discordia interna en la oposición. No obstante, si llegaran a ponerse en marcha unas negociaciones más estructuradas y sustanciales según los lineamientos planteados anteriormente, los representantes de la Asamblea Nacional podrían argumentar en Washington a favor del levantamiento de las sanciones financieras.

Las opiniones sobre cómo reconstruir un liderazgo opositor viable varían ampliamente. Algunos creen que, a falta de una campaña presidencial inminente que exija que la oposición celebre elecciones primarias y seleccione un candidato, la única forma de resolver la cuestión es acordar un liderazgo colectivo^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de Voluntad Popular, Caracas, 1 de agosto de 2018.Hide Footnote . Otros quieren que la Asamblea Nacional apruebe el nombramiento de un “gobierno en el exilio”^[fn]Antonio María Delgado, “Fiscal y magistrados de Venezuela en el exilio podrían ser la puerta a un eventual gobierno paralelo”, El Nuevo Herald, 20 de abril de 2018.Hide Footnote . Una tercera sugerencia es reunir a un grupo de ciudadanos respetados sin ambiciones políticas ocultas cuyo prestigio y percibida neutralidad (entre las diferentes facciones opositoras) pueda servir para unir a la oposición en torno a una estrategia coherente^[fn]Margarita López Maya, “Urge una conducción política de las fuerzas democráticas”, Prodavinci, 20 de agosto de 2018.Hide Footnote . Otro plan propone celebrar primarias abiertas para elegir al liderazgo sin esperar a unas elecciones presidenciales^[fn]Benigno Alarcón Daza, “Cómo producir una transición democrática en Venezuela”, Prodavinci, 23 de septiembre de 2018.Hide Footnote .