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A demonstrator carries a Venezuelan flag as he runs next to a list of the victims of the violence during protests against Venezuela's president Nicolas Maduro government in Caracas, Venezuela, June 12, 2017. REUTERS/Ivan Alvarado

Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela

La violencia va en aumento en Venezuela y ha costado la vida de 70 personas en más de dos meses de cada vez más enérgicas protestas contra un gobierno que está abandonando la democracia representativa. Los países de la región deben evitar una catástrofe humanitaria presionando al régimen de Maduro para que retire sus planes de elegir una asamblea constituyente fraudulenta el 30 de julio.

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I. Introducción

Venezuela está sumida en el caos tras más de dos meses de protestas masivas casi diarias, organizadas en todo el país por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Casi 70 personas han sido asesinadas; los grupos de derechos humanos atribuyen al menos un tercio de estas muertes al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional (PNB) y los escuadrones antidisturbios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en ocasiones acompañados por grupos de hombres armados en motocicletas (los llamados colectivos). Miles de personas han sido detenidas – algunas en violentas redadas efectuadas en viviendas residenciales sin orden judicial – y cientos han sido enjuiciados ante tribunales militares, contraviniendo la constitución. El saqueo sistemático en varias ciudades se suma a la miseria de la vida cotidiana en un país que sufre una escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos. Matones armados, afiliados a o tolerados por el gobierno, ostentan el poder de facto en muchas áreas.

Venezuela ha dejado de ser una democracia.

Venezuela ha dejado de ser una democracia. Los presidentes Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro han erosionado sistemáticamente los controles y contrapesos a lo largo de casi dos décadas. El gobierno ha suspendido elecciones democráticas y ha despojado a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, de prácticamente todos sus poderes. Pretende reescribir la Constitución de 1999 con la elección, el próximo mes, de una asamblea constitucional de 545 miembros bajo un sistema especialmente diseñado que prácticamente garantiza una mayoría oficialista, a pesar de los bajos índices de aprobación del gobierno que reflejan las encuestas. La asamblea estará facultada para redactar una nueva constitución que acabaría con las instituciones existentes e instalaría un “Estado comunal”. Portavoces del gobierno han amenazado con clausurar la Asamblea Nacional, eliminando la inmunidad parlamentaria de los legisladores, y con “voltear patas arriba” la Fiscalía General, cuya jefa – la ex oficialista Luisa Ortega Díaz – ahora desafía públicamente al presidente.

La caída de Venezuela hacia la anarquía violenta amenaza no solo a sus 31 millones de habitantes, sino también a la región en general, cuyos líderes no logran ponerse de acuerdo sobre cómo ayudar al vecino país a restaurar la democracia, el Estado de derecho y la estabilidad. Una solución negociada sigue siendo la mejor esperanza para evitar un derramamiento de sangre aún mayor, pero esto no significa retomar el inútil y dilatado “diálogo” de 2016. Las negociaciones deberían estructurarse rigurosamente, con un cronograma y programa previamente acordados, y ser mediadas por actores externos capaces de actuar como garantes. El compromiso activo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) será esencial.

Las negociaciones deberían estructurarse rigurosamente [...] y ser mediadas por actores externos capaces de actuar como garantes. El compromiso activo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) será esencial.

Ya que el actual gobierno ha rechazado tales negociaciones, hay pocas esperanzas de que se logren avances sin que surjan importantes fracturas entre los pragmáticos y los extremistas dentro de los liderazgos tanto militares como civiles. Para alcanzar este propósito, se necesitan zanahorias además de palos. Entre las primeras, la más importante es un plan creíble para restaurar la paz democrática que ofrezca garantías a ambas partes, incluido un régimen de justicia de transición Pero antes el gobierno debe abandonar su proyecto de crear una asamblea constitucional, que solo lograría intensificar el conflicto y hacer que sea aún más difícil encontrar una solución.

II. ¿Qué fue lo que provocó las últimas protestas?

A principios de 2017, el gobierno de Maduro se sentía optimista. Ya no se enfrentaba a la amenaza de unas elecciones presidenciales anticipadas, tras haber utilizado su dominio de las instituciones para bloquear un referendo revocatorio del mandato presidencial en 2016[fn]De acuerdo con los términos del artículo 233 de la Constitución, la remoción del presidente durante los dos últimos años de su mandato de seis años no conduce a nuevas elecciones. Por el contrario, el vicepresidente (un cargo nombrado) completa el mandato. Enero de 2017 marcó el inicio de los dos últimos años. Para más detalles sobre el proceso de referendo revocatorio, véase informe sobre América Latina No. 59, “Venezuela: diálogo a duras penas, 16 de diciembre de 2016.Hide Footnote . El nombramiento del gobernador del estado Aragua Tareck el Aissami como vicepresidente fortaleció al ala dura[fn]Maduro nombró a Aissami vicepresidente el 4 de enero, y en pocos días también lo nombró jefe de un nuevo “comando antigolpe” cívico-militar, que comenzó a efectuar detenciones de inmediato. El 13 de febrero el Departamento del Tesoro de EE.UU. calificó a Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”, congelando cualquier activo que pudiera tener en los Estados Unidos y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug-Trafficker Tareck el Aissami and His Primary Frontman Samark López Bello”, Departamento del Tesoro, comunicado de prensa 13 de febrero de 2017.Hide Footnote . La MUD estaba desorganizada, internamente dividida y aparentemente no estaba segura de qué hacer a continuación. Un diálogo frustrado facilitado por el Vaticano, que comenzó a finales de octubre, se desmoronó en diciembre, habiendo logrado tan solo desmovilizar las protestas callejeras y menoscabar la credibilidad de los líderes opositores[fn]El diálogo también fue facilitado por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y dos ex presidentes latinoamericanos, así como el entonces secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) Ernesto Samper.Hide Footnote . La MUD se reorganizó, destituyendo a su secretario general Jesús ‘Chuo’ Torrealba, y adoptando un engorroso sistema de órganos de coordinación, aparentemente diseñado para tapar las divisiones entre los partidos miembros[fn]“Nueva estructura de la Unidad Democrática inició formalmente sus funciones”, Mesa de la Unidad Democrática, 23 de febrero de 2017.Hide Footnote .

A finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos resoluciones que dispararían un nuevo conflicto, uniendo y fortaleciendo a la oposición. La más polémica de éstas, la Resolución 156, transfería poderes legislativos de la Asamblea Nacional al Tribunal, una medida que la MUD condenó como un “golpe de Estado”. Las resoluciones también acusaban a los parlamentarios de traición, prácticamente eliminaban su inmunidad parlamentaria y amenazaban con enjuiciarlos ante tribunales militares. El 31 de marzo, la fiscal general Luisa Ortega, anteriormente considerada parte del ala dura del oficialismo, declaró que estas decisiones marcaban una “ruptura del hilo constitucional”[fn]Los comentarios de Ortega vinieron al final de una presentación realizada en vivo en la televisión estatal. “Luisa Ortega Díaz ruptura del hilo constitucional en Venezuela”, youtube.com, 31 de marzo de 2017.Hide Footnote . Para limitar los daños, el gobierno convocó al Consejo de Defensa de la Nación, presidido por el vicepresidente Aissami, el cual exhortó al Tribunal Supremo a reconsiderar las resoluciones – una orden que los jueces obedecieron de inmediato, rescindiéndolas parcialmente[fn]El giro del propio Tribunal se consideró inconstitucional por muchos expertos legales independientes. Véase José Ignacio Hernández, “Sobre el inconstitucional exhorto del Consejo de Defensa Nacional al TSJ”, Prodavinci.com, 1 de abril de 2017.Hide Footnote .

Al día siguiente, los legisladores opositores convocaron la primera de una serie de protestas para exigir elecciones anticipadas y la destitución de los jueces responsables de los fallos. El Consejo Permanente de la OEA, que tan solo unos días antes había mantenido una reunión sobre Venezuela en la que no se había llegado a ninguna conclusión, se volvió a reunir el 3 de abril y aprobó una resolución que declaraba que los fallos del Tribunal eran “incompatibles con la práctica democrática” y constituían “una violación del orden constitucional”[fn]A mediados de mayo, Estados Unidos anunció sanciones selectivas contra el presidente del Tribunal Supremo y los siete miembros de la sala constitucional del Tribunal por su papel en la emisión de las resoluciones. “Venezuela Supreme Court judges hit with U.S. sanctions”, Reuters, 18 de mayo de 2017.Hide Footnote . La resolución invocaba la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que incluye disposiciones para lidiar con la ruptura del orden constitucional en un Estado miembro. También proponía una reunión consultiva entre los ministros de Asuntos Exteriores de la OEA. En señal de protesta, Venezuela anunció que abandonaría la organización[fn]La carta formal que anunciaba su retirada fue entregada al secretario general Luis Almagro el 28 de abril. Completar el proceso, no obstante, tomará dos años. Mariano de Alba, “Venezuela y su posible retiro de la OEA”, Prodavinci.com, 26 de abril de 2017.Hide Footnote .

Si bien la revocación parcial de las resoluciones del Tribunal Supremo parecía indicar que estaba dando marcha atrás, el gobierno de Maduro pronto dejó en claro que estaba preparado para echar más leña al fuego. El 7 de abril, el contralor general anunció que inhabilitaría a Henrique Capriles, un importante líder opositor, para ejercer cargos públicos durante 15 años[fn]Capriles, el candidato presidencial de la MUD en 2012 y 2013, es el gobernador del estado Miranda, que incluye gran parte de la capital, Caracas. Pertenece al partido Primero Justicia. Un mes después se impuso una inhabilitación similar a otro de los dos gobernadores opositores, Liborio Guarulla de Amazonas.Hide Footnote . La MUD anunció que las protestas callejeras continuarían hasta que el gobierno se echara atrás. Surgió un patrón de al menos tres importantes manifestaciones cada semana, que eran bloqueadas, dispersadas y atacadas violentamente por los escuadrones antidisturbios de la policía y la guardia nacional, apoyados en Caracas por vehículos armados y cañones de agua. En promedio, una persona – un manifestante, un transeúnte o un miembro de las fuerzas de seguridad – fue asesinada cada día. El 1 de mayo Maduro anunció sus planes de crear una asamblea constituyente, afirmando que se trataba de la única manera de restaurar “la paz”. La oposición rechazó la propuesta como un fraude para proporcionar una justificación cuasi jurídica de la dictadura.

III. Adiós a la democracia representativa

Al igual que su predecesor, Hugo Chávez, Maduro llegó al poder a través de unas elecciones, aunque solo ganó la presidencia en abril de 2013 por un estrecho margen y a pesar de las recusaciones legales[fn]Véase informe de Crisis Group sobre América Latina No. 28, “Venezuela: una casa dividida” para un relato de las elecciones de 2013 y las supuestas irregularidades citadas por la MUD.Hide Footnote . Sin embargo, la voluntad del gobierno de volver a enfrentarse al electorado se evaporó tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando la MUD obtuvo dos tercios de los 167 escaños parlamentarios[fn]Véase informe breve de Crisis Group sobre América Latina No. 35, “Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?, 21 de diciembre de 2015.Hide Footnote . Desde entonces, ha maniobrado para evitar las elecciones, evadir sus compromisos en virtud de los tratados internacionales, y finalmente modificar la constitución para abolir por completo la democracia representativa.

A. Eludir al electorado

A través del nominalmente autónomo Tribunal Supremo, Maduro hizo que todas las leyes aprobadas en 2016 por la Asamblea controlada por la oposición fueran declaradas inconstitucionales o inviables desde el punto de vista financiero. La sala constitucional del Tribunal posteriormente despojó al parlamento de sus otras facultades, incluida la supervisión del poder ejecutivo y la autoridad presupuestaria, acusando a la Asamblea de desacato por haber juramentado a diputados de Amazonas acusados de comprar votos[fn]Estas acusaciones nunca han sido ventiladas ante un tribunal, y no ha habido ningún impulso para celebrar nuevas elecciones, dejando a los votantes de Amazonas sin representación parlamentaria. Julett Pineda Sleinan, “Diputados de Amazonas solicitan sentencia definitiva a Sala Electoral del TSJ”, Efecto Cocuyo, 2 de agosto de 2016. El Tribunal está dividido en salas, por ejemplo las salas penal, electoral y constitucional. Esta última se ha convertido en una corte de último recurso de facto.Hide Footnote . El presidente ha gobernado por decreto bajo un estado de emergencia impuesto inicialmente en enero de 2016, y renovado (hasta la fecha) siete veces[fn]Se puede declarar estados de emergencia de hasta 90 días en virtud de los términos de los artículos 337-339 de la Constitución, pero deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Pueden ser renovados solo una vez, por el mismo periodo de tiempo.Hide Footnote . Cuando la MUD respondió convocando a un referendo revocatorio, bajo el artículo 72 de la Constitución, Maduro se valió de su control de la autoridad electoral (CNE) para postergar y finalmente bloquear el esfuerzo[fn]Todos los funcionarios electos en Venezuela están sujetos a un referendo revocatorio a la mitad de su mandato si así lo solicita el 20 por ciento del electorado. Véase informe de Crisis sobre América Latina No. 59, “Venezuela: diálogo a duras penas”, 16 de diciembre de 2016, para detalles sobre cómo se bloqueó el referendo contra Maduro.Hide Footnote .

Las elecciones a gobernadores estatales, originalmente programadas para diciembre de 2016, fueron suspendidas. Las excusas incluyeron la falta de fondos, la controversia en torno al referendo revocatorio y la decisión del Tribunal de poner en marcha un complejo proceso de varios meses para “revalidar” los partidos políticos, que parece haber sido diseñado para eliminar a muchos de ellos[fn]En 2016 el Tribunal ordenó que todos los partidos políticos que no hubieran obtenido el voto de al menos el 1% del electorado en las elecciones legislativas de 2015 debían volver a registrarse con la autoridad electoral, un proceso que implica obtener las firmas de al menos el 3% del electorado en al menos 12 estados. Inicialmente 59 partidos se vieron afectados (aunque no así el grupo de organizaciones opositoras Unidad Democrática ni el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela). La oposición se quejó de que la logística impuesta por el CNE hizo que a la mayoría de los partidos les resultara prácticamente imposible cumplir las condiciones. Alessandro di Stasio, “Claves para conocer el proceso de renovación de partidos políticos anunciado por el CNE”, Efecto Cocuyo, 8 de febrero de 2017.Hide Footnote . El 24 de mayo la autoridad electoral anunció que las postergadas elecciones podrían celebrarse el 10 de diciembre. Sin embargo, también anunció elecciones para una asamblea constituyente (ANC) el 30 de julio[fn]Al contrario que la solicitud del referendo revocatorio de 2016, que al CNE le llevó unos ocho meses procesar, la solicitud de Maduro respecto a la ANC fue concedida inmediatamente. Después de haber demorado 48 días en 2016 en producir los formularios para recolectar firmas, el CNE produjo los formularios equivalentes en 48 horas, y todos los demás aspectos del proceso fueron igualmente acelerados. Eugenio Martínez, “CNE acelera todos los procesos para cumplir con exigencias de Maduro”, Diario de las Américas, 30 de mayo de 2017.Hide Footnote . Una vez elegida, la asamblea tendrá autoridad para cancelar otras elecciones, o incluso eliminar por completo las gobernaciones estatales.

B. El divorcio de Venezuela de la OEA

A Hugo Chávez, quien consideraba que la democracia representativa era una herramienta de control político de las élites, le impacientaban las disposiciones del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos, plasmadas en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana[fn]Chávez afirmaba respetar la “democracia participativa”. Véase Margarita López-Maya, “Democracia Participativa en Venezuela (1999-2010): orígenes, leyes, percepciones y desafíos”, Centro Gumilla, 2011.Hide Footnote . Si bien Chávez firmó la Carta, dejó claro que tenía reservas. Despreciaba igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos dictámenes el Tribunal Supremo venezolano ignoraba o consideraba inaplicables. Chávez negó el acceso de la Comisión a Venezuela, argumentando que sus críticas eran parte de una campaña contra su gobierno inspirada por EE.UU. En septiembre de 2013, Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos[fn]La decisión, que entró en vigor un año después, significa que no se podrán presentar más casos relacionados con Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. José Ignacio Hernández, “Venezuela se sale de la CIDH. ¿Y ahora?”, Prodavinci.com, 10 de septiembre de 2013.Hide Footnote .

Este proceso de retirada del Sistema Interamericano alcanzó su conclusión lógica con la decisión del gobierno de Maduro de renunciar a su membresía en la OEA. La medida sin precedentes deja a Venezuela aislada de los otros 34 miembros de la organización, junto con Cuba, que fue suspendida entre 1962 y 2009 y se niega a volver a unirse a ella. Otros estrechos aliados del gobierno de Maduro, como Bolivia y Nicaragua, no han dado indicio alguno de seguir el ejemplo de Venezuela.

C. La Asamblea Nacional Constituyente

La decisión del gobierno de convocar una asamblea constituyente o ANC ejemplificó su rechazo de las normas democráticas internacionalmente aceptadas. El presidente Maduro dice que su objetivo es promover el diálogo y restaurar la paz. Sin embargo, las declaraciones de otros importantes partidarios sugieren otras intenciones. El ex fiscal general Isaías Rodríguez, miembro de la comisión presidencial encargada de promover la asamblea, ha hablado de usarla para “aniquilar” a la derecha política[fn]“Isaías Rodríguez llama a ‘aniquilar la derecha’ con la nueva constitución”, Agencia Efe, 3 de junio de 2017. Rodríguez prometió que el gobierno iba a “arrasar con” lo que denominó “la derecha, a acabarla, a aniquilarla definitivamente”.Hide Footnote . Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la ANC clausuraría la Asamblea Nacional y eliminaría la inmunidad parlamentaria de la que gozan actualmente los legisladores, mientras que otro miembro de la comisión presidencial, el abogado constitucional Hermann Escarrá, dijo que incluso asumiría funciones en materia de justicia penal.

Si bien el artículo 348 de la Constitución dispone que el presidente es una de las personas que pueden poner en marcha la redacción de una nueva constitución, el artículo 347 establece claramente que solo “el pueblo” puede convocar una asamblea constituyente. La mayoría de los especialistas argumentan que esto requiere un referendo previo, pero el gobierno se ha negado a celebrar uno[fn]José I. Hernández, “Sobre el extraño caso de la firma del decreto de la ‘constituyente ciudadana’,” Prodavinci.com, 3 de mayo de 2017.Hide Footnote . Tampoco está claro si el electorado tendrá oportunidad de aprobar cualquier texto constitucional que resulte del proceso. Bajo presión tanto de la oposición como de chavistas disidentes, el gobierno modificó los reglamentos de la ANC para incluir un referendo. Sin embargo, la decisión final estará en manos de la propia asamblea constitucional[fn]Entre las muchas voces que rechazan la propuesta de la ANC está la de la Iglesia Católica, que la ha declarado innecesaria e inadecuada. “Palabras de Mons. Diego Padrón Sánchez al Presidente de la Comisión Organizadora de la Asamblea Nacional Constituyente”, 21 de mayo de 2005.Hide Footnote .

Aún más graves son los problemas en torno a cómo será elegida la ANC. El método propuesto por el gobierno (y aceptado por el Tribunal Supremo y la autoridad electoral) está sesgado en contra de las áreas urbanas densamente pobladas en las cuales la oposición es más fuerte[fn] . Cada uno de los 335 municipios del país elegirá un miembro de la asamblea, independientemente del tamaño de la población. Los municipios que sean también capitales de estado elegirán dos. Esto significa, por ejemplo, que la ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia), con casi un millón de votantes, elegirá dos miembros, mientras que el estado Táchira, con 29 municipios, pero con solo 826.000 votantes, elegirá 30. Diminutos pueblos en el remoto estado Amazonas tendrán el mismo peso que municipios en la zona metropolitana de Caracas con cientos de miles de votantes. El sistema también haría que sea casi imposible para la oposición ocupar ambos escaños en las capitales de estado, prácticamente garantizando al gobierno el 50 por ciento de estos (es decir, 23 escaños).

Los reglamentos también disponen que 173 miembros de la asamblea serán elegidos por ocho “sectores” escogidos arbitrariamente: estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, discapacitados, jubilados, trabajadores, indígenas, miembros de los consejos comunales y miembros de las comunas. No existen registros electorales publicados para estos sectores; tan solo el gobierno tiene acceso a las bases de datos pertinentes. Algunos – en particular las comunas y los consejos comunales – son vulnerables a la manipulación por parte del Estado[fn]El gobierno creó consejos comunales en 2006 como organizaciones de ciudadanos de base política y económicamente dependientes del gobierno central. Bajo una reforma constitucional propuesta por Chávez en 2007 y rechazada en un referendo, la “comuna” se habría convertido en la unidad básica de organización social y política. A pesar de la derrota, el plan ha sido parcialmente implementado. Aquellos votantes considerados parte de estos u otros de los “sectores” también votarán para elegir a su representante municipal. Pero es el gobierno el que decidirá quién pertenece a cada bloque de votación, y no todo el mundo tendrá un voto “sectorial”.Hide Footnote .

The government created communal councils in 2006 as grassroots citizens’ organisations politically and economically dependent on the central government. Under a constitutional reform proposed by Chávez in 2007 and rejected in a referendum, the “commune” would have become the basic unit of social and political organisation. Despite the defeat, the plan has been partially implemented. Voters deemed to belong to these or any other of the “sectors” will also vote for their municipal representative. But it is the government that will decide who belongs to which voting bloc, and not everyone will have a “sectoral” vote.Hide Footnote

IV. Los riesgos de una escalada

El gobierno de Maduro ha demostrado que está dispuesto a usar la violencia patrocinada por el Estado para mantenerse en el poder antes que acceder a las demandas de la oposición de que se celebren elecciones libres y justas. Las protestas de la oposición por lo general no han sido violentas, pero sus actuales líderes podrían no ser capaces de mantener el control del movimiento contra Maduro, que incluye a sectores de la población que no se identifican con ellos[fn]Una encuesta realizada entre el 2 y el 5 de mayo de 2017 por More Consulting, por ejemplo, halló que el 70 por ciento de los encuestados estaba a favor de que Maduro dejara el cargo este año, comparado con el 55 por ciento que apoyaba a la oposición.Hide Footnote . Y si bien una escisión en las fuerzas armadas podría provocar que el conflicto llegue rápidamente a su fin, también es posible que pueda llevar a prolongados enfrentamientos violentos en las calles, en los que facciones rivales, tanto civiles como militares, luchen por el control.

A. ¿Devolverá los disparos la oposición?

La Mesa de la Unidad Democrática, que representa a la mayoría de los partidos políticos opositores, dice estar comprometida con encontrar una solución electoral, no violenta, al conflicto. Muchos de sus líderes, incluidos miembros del parlamento, han resultado heridos mientras marchaban a la cabeza de manifestaciones sin máscaras de gas, cascos u otras formas de protección[fn]Tan solo el 3 de mayo, al menos 5 diputados resultaron heridos. “Varios diputados resultaron heridos tras represión en la marcha opositora”, Tal Cual, 3 de mayo de 2017. El gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles fue atacado por la Guardia Nacional el 29 de mayo. “GNB agredió a Capriles y robó a su equipo en Las Mercedes”, El Nacional, 29 de mayo de 2017.Hide Footnote . A pesar de que los líderes de las protestas han rechazado la violencia, el gobierno de Maduro los ha pintado como terroristas[fn]“Presidente Maduro: Pese a algunos focos terroristas, Venezuela sigue en paz trabajando”, VTV, 16 de mayo de 2017. Disponible en www.youtube.com.Hide Footnote .

“Presidente Maduro: Pese a algunos focos terroristas, Venezuela sigue en paz trabajando”, VTV (available on www.YouTube.com), 16 May 2017.Hide Footnote

Grupos de jóvenes conocidos como La Resistencia se han enfrentado durante horas con las fuerzas de seguridad, usando piedras, cócteles molotov y otros proyectiles, incluidos morteros de fabricación casera.

Las manifestaciones, no obstante, no han sido totalmente pacíficas. Grupos de jóvenes conocidos como La Resistencia se han enfrentado durante horas con las fuerzas de seguridad, usando piedras, cócteles molotov y otros proyectiles, incluidos morteros de fabricación casera. Se han secuestrado camiones y autobuses y se les ha prendido fuego; en algunos casos supuestamente se ha linchado a “infiltrados”[fn]Las circunstancias que rodean a algunos de los incidentes de quema de autobuses (incluida la no intervención por parte de las fuerzas de seguridad y la aparente presencia de colectivos) sugieren que podrían haber sido llevados a cabo por partidarios del gobierno. La falta de respuesta de las fuerzas de seguridad y la mencionada presencia de colectivos parece sospechosa. El linchamiento más notorio tuvo lugar en el distrito de Altamira en Caracas durante una manifestación el 20 de mayo, cuando Orlando Figuera, de 22 años, fue quemado. El gobierno ha insistido que la víctima, que más adelante falleció, fue linchada por supuestamente ser chavista. La fiscalía, no obstante, concluyó que había sido acusado de robo.Hide Footnote . Las comunidades y algunos forasteros levantan barricadas con regularidad en partes de la capital, mientras que en otros lugares han prendido fuego a edificios del gobierno, sedes del partido gobernante e incluso instalaciones policiales y militares, particularmente en los estados occidentales de Táchira y Barinas, pero también en Aragua, en la costa centro-norte y Sucre, al este. En los estados de Zulia y Anzoátegui, los manifestantes han destruido o dañado estatuas de Chávez. También han estallado protestas en comunidades al oeste y suroeste de Caracas que hasta hace poco eran bastiones del chavismo[fn]Especialmente llamativas fueron las protestas masivas en el barrio de La Vega, cerca del palacio presidencial, a partir del 2 de junio, en las cuales los lugareños se quejaron de la falta de alimentos y medicamentos y se toparon con gases lacrimógenos y los escuadrones antidisturbios de la GNB. “La Vega amaneció entre protestas y represión”, El Nacional, 2 de junio de 2017.Hide Footnote .

El liderazgo de la oposición podría perder aún más control si el conflicto no se resuelve rápidamente. Hay grandes cantidades de armas de fuego ilegales disponibles, y numerosas personas – en particular ex miembros de la policía y las fuerzas armadas – que poseen las habilidades y experiencia necesarias para hacer uso de ellas[fn]Un político opositor dijo a Crisis Group que ex miembros de las fuerzas de seguridad habían ofrecido crear un brazo armado del movimiento. El político rechazó la propuesta. Entrevista de Crisis Group, Caracas, 8 de mayo de 2017.Hide Footnote .

An opposition politician told Crisis Group that ex-security forces members had offered to create an armed wing of the movement. The politician rejected the proposal. Crisis Group interview, Caracas, 8 May 2017.Hide Footnote

B. ¿Se dividirá el ejército?

El 10 de abril, tres tenientes del ejército venezolano solicitaron asilo político en Colombia tras cruzar la frontera en Cúcuta. La canciller Delcy Rodríguez solicitó su extradición, acusándolos de planear un golpe de Estado. Los tenientes, que grabaron un video en el que instaban a las Fuerzas Armadas a “darle la espalda al tirano”, pertenecen a un grupo aparentemente numeroso de oficiales disidentes, muchos de los cuales se graduaron de la academia militar en 2012. Varios analistas atribuyen su descontento a la presencia de oficiales cubanos y la corrupción generalizada en las altas esferas militares[fn]Javier Ignacio Mayorca, “Alzados en el Ejercito contra la cubanización”, Revista Clímax, 22 de mayo de 2017.Hide Footnote . Muchos oficiales de distintas ramas de las fuerzas armadas, supuestamente se encuentran detenidos, o bien en cárceles militares o en instalaciones del servicio de inteligencia (DGCIM)[fn]Girish Gupta & Andrew Cawthorne, “Fourteen Venezuelan army officers jailed in first week of protests – documents”, Reuters, 6 de junio de 2017.Hide Footnote . Algunos parecen ser oficiales de la Guardia Nacional, detenidos por ignorar órdenes de reprimir a los manifestantes por la fuerza, aunque la información es escasa[fn]El 6 de mayo, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López dijo a los oficiales de la Guardia Nacional, “no quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”, lo que algunos analistas interpretaron como prueba del malestar del ejército en torno al comportamiento de los escuadrones militares antidisturbios. Sin embargo, no se observó posteriormente ningún cambio en su comportamiento. “Afirman que declaración de Padrino López es un quiebre público con Reverol”, El Nacional, 7 de junio de 2017.Hide Footnote .

No obstante, las fuerzas armadas por lo general parecen seguir unificadas. Esta cohesión podría ser puesta a prueba si el gobierno usa al ejército para reforzar los escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional. Ya han desplegado varias unidades en el interior, enviando 600 tropas de las Fuerzas Especiales al estado Táchira, al suroeste del país, el 17 de mayo, junto con 2.000 guardias nacionales adicionales. Supuestamente, su rol es “neutralizar” a los grupos “paramilitares” o “mercenarios” supuestamente empleados por la oposición para “derrocar al gobierno” [fn]Hernán Lugo Galicia, “Uso de fuerzas especiales y tres anillos forman parte del Plan Zamora (1)”, Crónica Uno, 23 de mayo de 2017. Véase sección C (abajo) para más sobre el Plan Zamora.Hide Footnote .

Hernán Lugo Galicia, “Uso de fuerzas especiales y tres anillos forman parte del Plan Zamora (1)”, Crónica Uno, 23 May 2017. See Section C (below) for more on Plan Zamora.Hide Footnote

C. Rienda suelta a los “colectivos”

El 17 de abril, el presidente Maduro anunció planes para ampliar la Milicia Bolivariana a 500.000 (y con el tiempo a 1 millón) miembros, cada uno equipado con un rifle[fn]La Milicia fue creada por Hugo Chávez como una quinta rama de las fuerzas armadas venezolanas (la Constitución solo reconoce cuatro) en 2008. Es leal al movimiento chavista, no a la nación. Edecio Brito, “Control Ciudadano: la milicia se consolida como un cuerpo armado al servicio del Gobierno”, El Pitazo, 17 de junio de 2016.Hide Footnote . La milicia, dijo, defendería al país contra una “feroz ofensiva” armada por los “traidores” opositores. Diosdado Cabello dijo que había además 60.000 motorizados dispuestos a proteger el centro de Caracas. Estos civiles armados en motocicletas, también conocidos como colectivos, actúan como grupos parapoliciales, imponiendo la lealtad política en los barrios y en ocasiones ayudando a la policía y la Guardia Nacional a disolver las manifestaciones opositoras[fn]La fiscal general Luisa Ortega dijo a la prensa el 24 de mayo que los fiscales habían iniciado investigaciones penales contra 165 grupos civiles armados. “Fiscal Ortega Díaz: ‘A Pernalete lo impactó una bomba lacrimógena’,” El Pitazo, 24 de mayo de 2017.Hide Footnote . El gobierno niega estar involucrado con los colectivos, pese a que aparentemente existen fotografías y videos que muestran a civiles en motocicletas operando en coordinación con las fuerzas de seguridad uniformadas[fn]En las últimas semanas, civiles armados actuando en conjunto con la Guardia Nacional han invadido y causado daños a propiedades privadas, en ocasiones en pleno día. Sabrina D’Amore, “Paramilitares y GNB reprimieron, robaron y amedrentaron a vecinos de La Urbina”, Runrunes, 4 de mayo de 2017.Hide Footnote .

Un día después, el presidente autorizó la implementación de la primera fase del Plan Zamora, un plan cívico-militar para combatir amenazas al orden interno de quienes supuestamente estarían planeando un “golpe”. Incluye el despliegue de civiles junto con las fuerzas de seguridad y el uso de tribunales militares para juzgar a los opositores al gobierno[fn]La incorporación sistemática de grupos parapoliciales a funciones de orden público estaba prefigurada en el inconstitucional decreto que declaró el Estado de Excepción el 13 de mayo de 2016. “Decreto No. 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas (sic) que afectan gravemente la Economía Nacional”, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.227.Hide Footnote . El pretexto para lanzar el plan fue un brote de saqueos en la tercera ciudad del país, Valencia. Unas 780 personas fueron arrestadas, incluidas 251 que comparecieron ante tribunales militares acusadas entre otras cosas de rebelión[fn]Según el grupo de asistencia jurídica Foro Penal Venezolano, se celebraron audiencias colectivas en las que participaron hasta 40 acusados. “Porqué militares procesan a civiles?”, BBC Mundo, 9 de mayo de 2017.Hide Footnote .

According to the legal aid group Foro Penal Venezolano, collective hearings involving up to 40 defendants took place. “¿Por qué militares procesan a civiles?”, BBC Mundo, 9 May 2017.Hide Footnote

D. ¿Un estado que está fallando?

El gobierno de Venezuela es incapaz de desempeñar algunas de las funciones más básicas de un Estado moderno. El país no solo está sufriendo una aguda inseguridad alimentaria y el colapso del sistema de salud (véase a continuación), sino también de una delincuencia violenta desenfrenada y en gran medida sin castigo: más del 90 por ciento de los más de 20.000 homicidios cometidos cada año quedan impunes[fn]Según la fiscal general, hubo 21.752 homicidios en Venezuela en 2016, una tasa de más de 70 por cada 100.000 habitantes. Activistas de derechos humanos y seguridad estimaron la tasa de impunidad por homicidio entre el 94 y el 98 por ciento, similar a las tasas registradas en el violento Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).Hide Footnote . Las bandas manejan muchas de las cárceles del país, y las usan para organizar secuestros, extorsiones y asaltos de carretera. Los colectivos cometen delitos además de amenazar y acosar a la oposición. En la frontera con Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado de izquierda que está participando en negociaciones de paz tentativas con el gobierno colombiano, o los paramilitares venezolanos de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que manejan negocios de contrabando, secuestro y extorsión y se declaran leales al gobierno, a menudo desempeñan un papel similar. Ambos grupos han amenazado a activistas opositores en zonas fronterizas[fn]Entrevista de Crisis Group con un corresponsal extranjero que informaba desde la región fronteriza, 6 de junio de 2017.Hide Footnote .

Crisis Group interview, foreign journalist reporting on border region, 6 June 2017.Hide Footnote

Las fuerzas de seguridad estatales son cada vez más propensas a abusar descara-damente de los civiles.

El control sobre ciertos territorios está pasando a grupos armados cuasi estatales. En las áreas de extracción de oro y diamantes, los llamados sindicatos (nominalmente sindicatos mineros, pero en la práctica bandas criminales armadas, supuestamente vinculadas a oficiales militares de alto rango y el gobierno estatal) ejercen un control de facto, sacando de contrabando enormes cantidades de minerales preciosos del país. “Vienen y nos piden comida”, dijo un agricultor en el estado Bolívar. “Si dices que no tienes nada, matan a tu ganado en frente de ti”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group con un agricultor en El Callao, Bolívar, 22 de mayo de 2017.Hide Footnote . Las fuerzas de seguridad estatales son cada vez más propensas a abusar descaradamente de los civiles. Los funcionarios de la Guardia Nacional en las alcabalas (retenes militares en la carretera) extorsionan tanto a los contrabandistas como a las empresas legítimas de transporte, y no son los únicos. Los vendedores de frutas y verduras en la zona central de Venezuela dicen que sus costos han aumentado debido a las llamadas vacunas (sobornos) que los camioneros tienen que pagar en la ruta. En ocasiones surgen alcabalas informales incluso en las autopistas principales en pleno día[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group con un analista de seguridad en Maracaibo, 31 de mayo de 2017. Las tropas de la GNB, además de la policía, también han sido acusadas en los últimos días de robar sistemáticamente a manifestantes en Caracas, en especial sus teléfonos celulares y otros objetos de valor. El líder opositor Henrique Capriles dijo el 29 de mayo que él y su personal habían sido golpeados y robados por la GNB. “GNB agredió y robó a su equipo en Las Mercedes”, El Nacional, 29 de mayo de 2017.Hide Footnote .

Crisis Group telephone interview, security analyst in Maracaibo, 31 May 2017. GNB troops, as well as police, have also been accused in recent days of systematically robbing demonstrators in Caracas, particularly of their mobile phones and other valuables. Opposition leader Henrique Capriles said on 29 May that he and his staff had been beaten and robbed by the GNB. “GNB agredió y robó a su equipo en Las Mercedes”, El Nacional, 29 May 2017.Hide Footnote

V. Cómo evitar una catástrofe

Venezuela está inmersa en una profunda crisis que no es solo política, sino también económica (véase gráficos abajo). El PIB per cápita ha disminuido en más de un tercio desde 2012, el segundo peor colapso económico de la historia reciente de América Latina[fn]Francisco Rodríguez, “Don’t let Venezuela become the next Libya”, Financial Times, 31 de mayo de 2017. El peor fue Nicaragua durante la guerra de 1977-79.Hide Footnote . El diez por ciento (unos 1,5 millones de personas) de la población que vive en condiciones de extrema pobreza admite haber obtenido comida de la basura[fn]Encuesta Condiciones de Vida (Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello & Universidad Simón Bolívar), febrero de 2017. “Encovi: 82% de los hogares está en pobreza”, Agencia Efe, 17 de febrero de 2017.Hide Footnote . La mortalidad infantil aumentó en más del 30 por ciento entre 2015 y 2016, y más del 11 por ciento de los niños sufre desnutrición aguda[fn]La ministra de Salud Antonieta Caporale fue destituida el 10 de mayo, tan solo días después de publicar los boletines epidemiológicos para 2016, que revelaron un aumento del 30% en la mortalidad infantil y un aumento del 76% en la mortalidad maternal, así como el resurgimiento de la difteria después de 24 años y un aumento del 76% en los casos de malaria. “Lo que revelan las cifras de salud oficiales de Venezuela”, BBC Mundo, 10 de mayo de 2017. El boletín no se publicaba desde fines de 2014.Hide Footnote . La mayoría de los medicamentos esenciales son imposibles de obtener. La producción doméstica ha caído en picada, con las empresas manufactureras funcionando al 20-30 por ciento de la capacidad instalada. Las importaciones cayeron en un 72 por ciento entre 2012 y 2016, y han seguido desplomándose en 2017.

Para pagar sus deudas más urgentes, (en especial la deuda externa financiera) el gobierno está vendiendo activos con enormes descuentos[fn]En mayo, el gobierno vendió $2.8 millones en bonos de la estatal petrolera al banco de inversión Goldman Sachs por tan solo 31 centavos por cada dólar. Kejal Vyas & Anatoly Kurmanaev, “Goldman Sachs Bought Venezuela’s State Oil Company’s Bonds Last Week”, Wall Street Journal, 28 de mayo de 2017.Hide Footnote . La falta de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, junto con el colapso del poder adquisitivo de los salarios, están obligando a decenas de miles de personas a salir del país, en especial hacia los países vecinos Colombia y Brasil, lo que supone una carga adicional para aquellos países[fn]Colombia recientemente envió una delegación a Turquía para aprender cómo responder a una repentina migración masiva. “Preparan un plan de contingencia por llegada masiva de venezolanos”, El Tiempo (Colombia), 17 de mayo de 2017. Se informa que se está preparando para recibir a hasta un millón de desplazados, muchos de ellos de origen colombiano.Hide Footnote . La respuesta del gobierno es culpar a sus enemigos y radicalizar sus bases – una receta para una mayor polarización, violencia y pobreza. No hay indicios de que el grupo que rodea a Maduro, que incluye a líderes civiles y militares, tenga intención alguna de negociar un retorno a la democracia. Tal restauración solo tendrá lugar si ganan terreno los pragmáticos en el gobierno y el sistema judicial, o si el gobierno se desmorona, o bien porque se queda sin fondos o porque las fuerzas armadas retiran su apoyo.

La oposición no ve otra alternativa que mantener su campaña de manifestaciones no violentas en un intento de persuadir a las fuerzas armadas y/o civiles en puestos clave (en especial en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la autoridad electoral y la Defensoría del Pueblo) de que rompan filas. Ofrecer amnistía a los miembros del gobierno a través de un proyecto de ley de justicia transicional aprobada por el parlamento podría resultar útil en este sentido. A la larga podría ser necesario ofrecer al ala dura del gobierno un traslado seguro al exilio, ya que lo más probable es que ningún sistema de justicia de transición viable les ofrezca inmunidad frente al enjuiciamiento por violaciones de los derechos humanos o participación en la delincuencia organizada grave.

Ni los vecinos de Venezuela ni la comunidad internacional en general deberían mantenerse al margen. La región debería establecer un “grupo de contacto”, compuesto idealmente por entre cuatro y seis países, incluidos al menos dos aliados del gobierno venezolano, para impulsar una solución negociada. Esta iniciativa tendrá que lograr un amplio apoyo internacional, incluido el de importantes poderes partidarios del régimen chavista, como China o Rusia. Esta medida ya ha sido contemplada por un bloque mayoritario dentro de la OEA. Pero en una reunión consultiva de ministros de Relaciones Exteriores celebrada el 31 de mayo no se logró alcanzar un consenso, con el bloque de catorce Estados caribeños miembros CARICOM instando a la “no intervención”. La reunión se reanudará en el marco de la Asamblea General de la OEA que se celebrará en Cancún, México (19-21 de junio). Si la OEA no logra establecer un grupo de contacto, un grupo ad hoc de países debería intervenir para promover una solución negociada[fn]Existen precedentes de esto, de los cuales el Grupo Contadora, formado en 1983 por Colombia, México, Panamá y Venezuela, y que sentó las bases de la paz en Centroamérica, es el más destacado.Hide Footnote . La tarea más urgente del grupo de contacto o ad hoc sería presionar al gobierno de Maduro para que abandone sus planes de crear una asamblea constituyente, se comprometa a celebrar unas elecciones libres y justas, y comience a cumplir los cuatro compromisos clave que asumió durante el diálogo de 2016, pero que nunca implementó[fn]Los cuatro (concisamente enumerados en una carta del 2 de diciembre de 2016 del secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin a Maduro) son: libertad para los presos políticos, restauración de los poderes de la Asamblea Nacional, autonomía para el CNE y el TSJ y un corredor humanitario.Hide Footnote . Se deberían restaurar los poderes a la Asamblea Nacional, liberar a los presos políticos, lanzar un programa de ayuda humanitaria, y tomar medidas para reemplazar a los partidarios del gobierno en el Tribunal Supremo y la autoridad electoral por profesionales independientes y respetados, de acuerdo con los requerimientos constitucionales.

En caso de que ni la persuasión ni la protesta logren forzar al gobierno a cambiar de rumbo, la comunidad internacional debería estar preparada para lidiar con las con-secuencias humanitarias de un conflicto aún más intenso.

Como se indicó anteriormente, es probable que no se logren grandes avances hasta que el gobierno de Maduro agote todas las alternativas, o sea reemplazado por un liderazgo más pragmático. En caso de que ni la persuasión ni la protesta logren forzar al gobierno a cambiar de rumbo, la comunidad internacional debería estar preparada para lidiar con las consecuencias humanitarias de un conflicto aún más intenso, incluida la migración masiva, el hambre extrema y un derramamiento de sangre aún mayor.

Si el gobierno demostrara estar dispuesto a negociar de buena fe, no obstante, la restauración del orden político probablemente requerirá la formación de un gobierno transicional de unidad nacional bajo un presidente interino que resulte aceptable para ambas partes, a la espera de elecciones regionales (actualmente programadas para diciembre de 2017) y presidenciales en diciembre de 2018, tal y como exige la Constitución de 1999. La Constitución podría tener que ser modificada para restablecer los debidos controles sobre el poder ejecutivo y dar seguridad a los chavistas de que no habrá cazas de brujas bajo una futura presidencia de la oposición. Dada la enorme deuda externa y la grave escasez de reservas, también urge aliviar la deuda e inyectar capital prontamente para restaurar la viabilidad financiera. Un programa económico de emergencia también debería incluir amplios programas de bienestar para los grupos más vulnerables de la sociedad.

Aún se está a tiempo de evitar un brote de violencia a gran escala, pero solo si el gobierno actúa con moderación, la oposición muestra clemencia, y la comunidad internacional presiona a ambas partes para que cooperen mientras ofrece la promesa de alivio humanitario inmediato y ayuda económica a largo plazo.

Caracas/Bruselas, 19 de junio de 2017

Anexo A: Mapa de Venezuela

Protesters clash with riot police during a rally to demand a referendum to remove Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, 1 September 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Report 59 / Latin America & Caribbean

Venezuela: diálogo a duras penas

With a collapsing health care system, sky-rocketing inflation and crippling state controls, Venezuela is beset by unprecedented social and economic crises. To end the root problem of political paralysis, the Chavista government and opposition must use outside-mediated negotiation to restore democratic and responsible economic governance.

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Resumen ejecutivo

Venezuela está sumida en un profundo conflicto político complicado en gran medida por una crisis económica y social de proporciones casi sin precedentes. A punto de comenzar su decimoctavo año en el poder, el gobierno chavista, ahora liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha visto cómo se desplomaba su popularidad bajo los efectos de una economía que se ha estado contrayendo desde el 2014, con una tasa de inflación anual cercana al 1.000 por ciento. Los alimentos y otros bienes básicos a menudo son imposibles de obtener o están fuera del alcance de la mayoría. Sin embargo, la disminución de los ingresos derivados del petróleo, de los cuales el país depende, no han generado nuevos rumbos en las políticas públicas, sino una intensificación en los controles estatales, redoblando los ataques contra supuestos saboteadores de negocios y eliminado los canales constitucionales mediante los cuales una oposición política en ascenso podría disputarle su poder. A medida que se acerca el 2017, la parálisis política y la miseria económica presagian serias confrontaciones a no ser que las recientemente establecidas negociaciones con la oposición produzcan un rápido avance hacia la transición que Venezuela necesita para volver a las normas democráticas.

Tanto la creciente hostilidad política como el comienzo de las negociaciones se remontan al 20 de octubre, cuando el gobierno asestó un golpe mortal a la única vía electoral para salir del conflicto político en el corto plazo: un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tal como dispone la Constitución. En respuesta a fallos dictados por cinco tribunales penales regionales, anunciados no por jueces sino por gobernadores estatales pertenecientes al ala más dura del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió indefinidamente el proceso de referéndum. Esto sucedió a menos de tres meses del 10 de enero de 2017, fecha tras la cual un referéndum ya no desencadenaría elecciones presidenciales, incluso si fuera exitoso. La acción del CNE, controlado por el gobierno, prácticamente pone fin a la iniciativa.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó a esto como un golpe de estado y anunció una ofensiva política en tres frentes. Redobló las acciones callejeras en un intento de forzar al gobierno a cambiar de opinión, mientras que en paralelo inició un procedimiento contra el presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Asimismo, dijo que solicitaría a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplicara la Carta Democrática Interamericana, cuyos términos contemplan la posible suspensión de un Estado miembro.

Mientras las dos partes participan en un combate político, el malestar de la sociedad se ha intensificado. Cada vez cuesta más encontrar medicamentos vitales, y el servicio de salud está colapsando, causando miles de muertes innecesarias. La reacción del gobierno a la delincuencia violenta, que cobra más de 20.000 vidas al año, es de disparar a matar contra los supuestos delincuentes en combinación con redadas en barrios pobres por parte de las fuerzas de seguridad, dando lugar a acusaciones generalizadas de abusos de los derechos humanos. Últimamente, elementos de las fuerzas armadas han estado implicados en masacres, la más reciente de las cuales es el asesinato de más de una docena de jóvenes en la región de Barlovento, en el estado de Miranda.

Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.

Las negociaciones directas entre las dos partes, “acompañadas” por un enviado del Papa Francisco I y “facilitadas” por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y dos expresidentes latinoamericanos, comenzaron a finales de octubre, pero su futuro pende de un hilo. Una serie de cambios de liderazgo a nivel nacional e internacional a principios de 2017, posiblemente incluida la presidencia venezolana, plantean tanto la posibilidad de avances sustanciales como la amenaza de una reacción violenta o autoritaria. El actual estancamiento clama por un enfoque basado en el diálogo, que idealmente lleve a una administración interina, multipartidista, que pueda hacer cumplir las medidas que se necesitan con urgencia. Se requiere un esfuerzo concertado por parte de todas las banderas políticas, pero también la comunidad internacional, en especial los gobiernos latinoamericanos, organizaciones regionales como UNASUR y la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas, para aprovechar este periodo de incertidumbre para restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la gobernanza económica responsable.

Recomendaciones

Para comenzar a restaurar el gobierno democrático, el bienestar económico y social y la estabilidad política

Al Gobierno:

  1. Negociar con la oposición de buena fe para lograr un acuerdo que proporcione un calendario electoral claro, preferiblemente adelantando las elecciones presidenciales de diciembre del 2018; levantar las restricciones sobre la Asamblea Nacional; y disponer el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo y miembros de la junta del CNE verdaderamente independientes y cualificados.
     
  2. Eliminar las restricciones a la ayuda humanitaria por parte de donantes para aliviar el sufrimiento, sin esperar a alcanzar un acuerdo sobre una solución política a la crisis.
     
  3. Fomentar la confianza en las negociaciones liberando a todos los presos políticos y retirando los cargos contra más de 2.000 activistas opositores, la mayoría de los cuales fueron arrestados por participar en manifestaciones contra el gobierno.
     
  4. Aprovechar el acervo de conocimiento nacional e internacional en materia de economía para negociar con la oposición un plan de emergencia para contener la inflación y restaurar el poder adquisitivo de la moneda.
     
  5. Reconsiderar urgentemente la política policial militarizada a la luz de los abusos demostrados y las ejecuciones extrajudiciales.

A la MUD y el liderazgo de la Asamblea Nacional:

  1. Abstenerse de abandonar las negociaciones con el gobierno y hacer todo lo posible por encontrar una solución creativa y viable a la crisis mediante el establecimiento de un calendario electoral y una reforma económica.
     
  2. Mantener el compromiso declarado con la protesta no violenta e intentar evitar el derramamiento de sangre en las manifestaciones.

Al Vaticano y otros facilitadores:

  1. Apoyar y reforzar gradualmente la facilitación, presionando a ambas partes para que negocien de buena fe.
     
  2. Insistir en la prestación de ayuda humanitaria, garantizando que no será usada para menoscabar al gobierno.

Al gobierno y la MUD conjuntamente:

  1. Fortalecer el proceso de negociación aceptando los aportes de la sociedad civil y los procedimientos internacionales de verificación de los acuerdos; y estar abiertos a usar expertos técnicos externos para abordar los temas estancados.
     
  2. Reforzar un plan de reforma económica e institucional acordado mediante arreglos para compartir el poder, incluida la participación de representantes de la oposición en un gobierno de unidad interino hasta que haya nuevas elecciones.

A los gobiernos regionales, EE.UU. y la Unión Europea (UE):

  1. Apoyar el proceso de facilitación en las organizaciones regionales e internacionales, sobre todo la OEA y la ONU, y ofrecer servir de garantes y testigos y financiar la experticia técnica externa que se requiera para las negociaciones.
     
  2. Instar a Venezuela a honrar sus compromisos bajo el derecho internacional y los tratados multilaterales en materia de democracia, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos, entre otras cosas mediante la activación de las disposiciones relevantes de la Carta Democrática y el Protocolo de Ushuaia de Mercosur.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de diciembre de 2016

Introducción

Venezuela, que ya era una democracia imperfecta cuando el actual régimen llegó al poder en 1999 al mando del fallecido presidente Hugo Chávez, ha estado deslizándose progresivamente hacia el autoritarismo. Tras la muerte de Chávez por un cáncer en 2013, la presidencia pasó a su sucesor elegido, Nicolás Maduro, quien logró una estrecha victoria electoral en abril de ese año. Maduro ha intensificado la represión a medida que ha disminuido su popularidad y profundizado la polarización política. La drástica caída del precio del petróleo, del que la economía depende casi por completo, ha expuesto fallas profundas en las políticas sociales y económicas que combinan controles draconianos de precios y tasas de cambio, y expropiaciones con altos niveles de corrupción y subsidios ineficaces a cambio de apoyo político. El resultado ha sido una escasez generalizada, hambre y enfermedad, con un correspondiente aumento del descontento popular y tensión política.[fn]Para un relato del colapso del suministro de alimentos y servicios sanitarios, véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina N°33, Venezuela: un desastre evitable, 30 de julio de 2015. El carácter cada vez más autoritario del régimen se aborda en los Informes Breves N°s 30, Venezuela: punto de quiebre, 21 de mayo de 2014; 31, Venezuela: inercia peligrosa, 23 de septiembre de 2014; y 34, Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?, 21 de diciembre de 2015.Hide Footnote Más de 40 personas murieron en 2014 durante varios meses de enfrentamientos callejeros entre las fuerzas de seguridad, partidarios del gobierno y una facción de la oposición. En el 2015, Caracas registró la tasa de homicidios más elevada de todas las ciudades del mundo.[fn]The world’s most violent cities”, The Economist, 3 de febrero de 2016.Hide Footnote

Tras perder las elecciones parlamentarias en el 2015, el gobierno colmó el nominalmente autónomo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con partidarios incondicionales, y desde entonces lo ha usado para bloquear todas las leyes e iniciativas de la Asamblea Nacional, despojar a dicho organismo de sus facultades constitucionales de supervisión y control y, el 5 de septiembre de 2016, declarar todas sus acciones nulas y sin efecto.[fn]Véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina N°35, Venezuela: al borde del precipicio, 23 de junio de 2016. El TSJ declaró a la Asamblea Nacional “en desacato” por su dictamen que a tres legisladores de la MUD del estado de Amazonas, acusados por el gobierno de fraude en las elecciones de 2015, se les debería impedir ocupar sus escaños mientras se estudian sus casos. Su ausencia priva a la oposición de una mayoría de dos tercios y la obliga a buscar el apoyo del gobierno, por ejemplo para designar a miembros de la junta del CNE.Hide Footnote El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, ha sido usado para postergar y en última instancia suspender un referéndum revocatorio a la presidencia de Maduro y para posponer al menos seis meses las elecciones para gobernadores estatales, que según la Constitución se deberían haber celebrado en diciembre. Las protestas se han confrontado con prohibiciones, retenes y represión policial, así como el despliegue de civiles armados que han golpeado y disparado contra los manifestantes. Los grupos de derechos humanos afirman que el gobierno retiene a más de 100 presos políticos, mientras que miles más están sujetos a diversas restricciones en su libertad.

En el marco de la investigación de este informe Crisis Group llevó a cabo más de 20 entrevistas en Caracas en los meses de octubre y noviembre, con participantes en el diálogo entre el gobierno y la oposición, analistas políticos y de seguridad, diplomáticos residentes en Venezuela, periodistas y representantes de la comunidad empresarial. Se hicieron esfuerzos por contactar a miembros del gobierno en ejercicio para escuchar sus interpretaciones de los eventos recientes, pero estos intentos fueron infructuosos.

La política envenenada Cómo el gobierno abortó el referéndum por la revocatoria

Tras las elecciones parlamentarias y la instalación, el 5 de enero del 2016, de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debatió estrategias para lograr su objetivo prioritario de poner fin a la presidencia de Maduro, la cual de otro modo se prolongaría hasta enero del 2019. Cada estrategia tenía sus propios simpatizantes entre los cuatro principales partidos miembros del MUD;  éstas incluían un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial y la elección de una asamblea para reformar la constitución y renovar todos los poderes del Estado. Pero después de que el TSJ descartara la enmienda constitucional se impuso la opción del referéndum, favorecida por el ex candidato presidencial y gobernador estatal Henrique Capriles del partido Primero Justicia (PJ). La solicitud de referéndum fue presentada formalmente al CNE en marzo, lo que dejó unos nueve meses para que se convocara una votación que podría en principio terminar el mandato del gobierno.[fn]El artículo 72 de la Constitución estipula que cualquier funcionario electo puede ser sometido a un referéndum revocatorio a la mitad de su mandato, siempre y cuando el 20 por ciento de los votantes estén de acuerdo. El artículo 233 estipula que si el mandato del presidente es revocado “durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta complementar dicho periodo”. Maduro, elegido en abril del 2013, debería dejar el cargo en enero del 2019, dado que está completando el mandato de seis años de Chávez, que comenzó tres meses antes. Sin embargo, si un referéndum celebrado antes de enero del 2017 produjera un voto revocatorio, se tendrían que celebrar nuevas elecciones presidenciales antes de 30 días.Hide Footnote

El gobierno sostuvo que no habría tiempo de celebrar el referéndum en el 2016. El CNE aplicó la interpretación más restrictiva y complicada de los reglamentos que gobiernan los referéndums e improvisó, sobre la marcha, nuevas reglas.[fn]No se ha aprobado ninguna ley de referéndums, así que el proceso está regulado por el CNE, controlado por el gobierno, que aplica una serie de reglas establecidas en 2007 (“Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular”, Consejo Nacional Electoral Resolución 070906-2770, 18 de diciembre de 2007). Dichas normas requieren que los impulsores del referéndum primero obtengan firmas del 1 por ciento del electorado, para obtener permiso para recolectar el 20 por ciento. Sin embargo, el CNE añadió varios nuevos procedimientos que demoraron el proceso, incluida la digitalización de los formularios de firmas completados, una “comisión de verificación” dirigida por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la transcripción de los formularios y su consiguiente auditoría. José Ignacio Hernández, “8 violaciones del CNE a la Constitución en el trámite del revocatorio”, Prodavinci, 13 de mayo de 2016.Hide Footnote Se demoró casi dos meses simplemente para emitir los formularios oficiales en los que la MUD, en la etapa inicial, tenía que recolectar las firmas del 1 por ciento del electorado para obtener permiso para conseguir el 20 por ciento necesario para convocar un referéndum. Se recolectaron más de dos millones de firmas (diez veces el número requerido), pero el CNE rechazó, por diversas razones, 600.000 . Páginas enteras de firmas fueron anuladas porque el nombre del presidente o la palabra “presidente” estaban mal escritos. Las firmas de aquellos que firmaron fuera de su propia circunscripción tampoco se contaron.[fn]La lógica de esta regla, promulgada por el CNE después de que comenzara el proceso, es incierta, ya que el circuito electoral afectado por el referéndum corresponde a todo el país.Hide Footnote Aquellos cuyas firmas sí se tuvieron en cuenta tuvieron que “validarlas” en centros designados por el CNE, usando equipos lectores de huellas dactilares.

Las autoridades electorales recurrieron a nuevas demoras y obstáculos.[fn]El proceso de validación se fijó para el 20-24 de junio, pero cientos de miles de votantes fueron incapaces de cumplir con las reglas porque el CNE proporcionó solo 300 equipos lectores de huellas dactilares en todo el país, muchos de ellos en localidades alejadas de los centros de población donde residen la mayoría de los votantes de la oposición. Después el CNE se demoró hasta el 24 de agosto en reconocer que el objetivo del 1 por ciento se había cumplido, tras lo cual debería haber fijado la fecha para recolectar el 20 por ciento estipulado por la Constitución. Ya se había demorado 145 días en llegar a este punto, aunque un cálculo razonable sería solo de 41 días “CNE se tomó 141 días adicionales a los previstos para el análisis del 1% de las firmas”, El Pitazo, 3 de agosto de 2016.Hide Footnote El 22 de septiembre, el CNE anunció un cronograma que descartaba un referéndum revocatorio antes del final del primer trimestre del 2017, lo que impediría un cambio de gobierno. Asimismo, supeditó la convocatoria del referéndum a que la MUD lograra firmas no solo del 20 por ciento del electorado nacional, sino del 20 por ciento en cada uno de los 23 estados del país (más el Distrito Capital). Las fechas para recolectar el 20 por ciento eran del 26 al 28 de octubre.

El gobierno pudo haber calculado que la MUD abandonaría la campaña del referéndum antes de arriesgarse al fracaso de un proceso prolongado. Sin embargo, el gobierno de Maduro también desarrolló una estrategia paralela que involucraba a los tribunales. El presidente había nombrado a un líder político afín al gobierno, Jorge Rodríguez – alcalde de Caracas y antiguo miembro de la junta del CNE – para que encabezara el esfuerzo por impedir el referéndum. Él y otros afirmaron que las firmas rechazadas en la primera etapa eran evidencia de un “fraude masivo” y solicitaron al TSJ que bloqueara la totalidad del proceso y/o despojara a la MUD de su estatus legal. Por motivos que siguen sin estar claros, cinco tribunales penales regionales, y no el TSJ, emitieron la sentencia de “fraude” que llevó a la suspensión del referéndum. Cuando la MUD solicitó al TSJ que le permitiera recolectar firmas del 20 por ciento del electorado, la rama electoral de dicho tribunal rechazó la solicitud.[fn]“Sala electoral rechazó amparo que solicitaba reanudar recolección del 20%”, Efecto Cocuyo, 11 de noviembre del 2016.Hide Footnote

La respuesta de la MUD

A la MUD le llevó varios días de debates y consultas internas responder al anuncio del cronograma del CNE el 22 de septiembre. El 26 de septiembre, declaró que consideraba que las condiciones eran inconstitucionales pero persistiría con su campaña por un referéndum, mientras que en paralelo, movilizaría protestas callejeras, actuaría en el parlamento y buscaría apoyo internacional.[fn]“La respuesta de la MUD a las condiciones del CNE para la recolección del 20%”, Tal Cual, 26 de septiembre de 2016.Hide Footnote Rechazó rotundamente que el requisito del 20 por ciento debiera aplicarse a cada estado, al igual que  la postergación del referéndum hasta el 2017. Asimismo, anunció una protesta nacional para el 12 de octubre, que tomó la forma de un ensayo de los tres días de recolección de firmas previstos para el 26-28 de octubre. No obstante las respuestas de sus simpatizantes fueron tímidas.

El 23 de octubre, tras la suspensión del proceso de referéndum por parte del CNE, la Asamblea Nacional comenzó a debatir lo que la MUD denominó la “restauración de la constitución”. Otro de los temas de la agenda fue lo que se denominó de modo impreciso como un “juicio político” o “impeachment” de Maduro, aunque sin el apoyo de otras instituciones del Estado (todas controladas por el ejecutivo) la legislatura no cuenta con facultades constitucionales para remover al presidente. La MUD propuso declararlo “políticamente responsable” de la crisis, acusarlo de abandonar sus obligaciones e investigar acusaciones de que había nacido en Colombia, y por lo tanto no podía ser elegido presidente.[fn]Los padres de Maduro eran colombianos. Él insiste en que nació en Venezuela, pero nunca ha presentado una partida de nacimiento. Él y otras personalidades del gobierno han dado cuatro versiones diferentes del lugar preciso de su nacimiento, lo que ha alimentado sospechas de que podría haber nacido en Colombia. El 28 de octubre, el TSJ dictaminó que el presidente es venezolano, con ninguna otra nacionalidad, y amenazó con iniciar acciones penales contra cualquiera que lo niegue. “TSJ confirma que Nicolás Maduro es venezolano y nació en La Candelaria”, Efecto Cocuyo, 28 de octubre de 2016. El artículo 227 de la Constitución estipula que un candidato presidencial debe ser venezolano de nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad.Hide Footnote Durante el debate, simpatizantes del gobierno, algunos armados, irrumpieron en el recinto del edificio y con dificultad se les impidió entrar a la cámara legislativa. Algunos periodistas fueron atacados y robados.[fn]“Toma por asalto a la Asamblea Nacional deja 6 violaciones a la libertad de expresión”, Espacio Público, 24 de octubre de 2016.Hide Footnote La multitud solo se retiró cuando así lo ordenó Jorge Rodríguez.[fn]Entrevista de Crisis Group, periodista, 24 de octubre de 2016.Hide Footnote El presidente dijo que le había sorprendido el incidente, pero los intrusos habían entrado “alegres, algunos de ellos bailando”, y su intención había sido asegurarse de que su voz fuera escuchada.[fn]“Maduro: Me sorprendió la gente alegre y bailando que entró al Parlamento”, 2001, 25 de octubre de 2016.Hide Footnote

En este contexto poco prometedor, y para sorpresa de muchos, el enviado del Vaticano Monseñor Emil Paul Tscherrig, nuncio en Argentina, anunció el 24 de octubre que “el diálogo nacional ha comenzado”. Una primera reunión entre el gobierno y la oposición, dijo, se celebraría en la Isla Margarita el 30 de octubre. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, confirmó esto, pero casi inmediatamente fue contradicho por varios líderes políticos de la MUD. Capriles dijo que se enteró del acuerdo “por televisión”, una afirmación que otras fuentes de la oposición han cuestionado fuertemente.[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político, 22 de noviembre de 2016.Hide Footnote  Tanto Capriles como Luis Florido, coordinador político nacional de Voluntad Popular (VP), dijeron que no estaban dadas las condiciones para un diálogo. Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, insistió que habría una reunión solo si la MUD en su conjunto estaba de acuerdo.

La MUD reiteró su llamado a las manifestaciones de protesta el 26 de octubre, pero se encontró claramente desequilibrada y pasó la semana después del anuncio del diálogo intentando recomponer su posición. Primero que todo insistió, en un intento de evitar sospechas de que estaba buscando negociar un acuerdo lejos de la mirada del público, que cualquier reunión se celebraría en Caracas. Las protestas previstas para mediados de la semana siguieron adelante como estaba previsto, aunque la concurrencia, si bien no fue insignificante, reflejó la confusión de los simpatizantes.[fn]La MUD afirmó que cientos de miles se habían presentado en Caracas, pero los informes policiales sugieren que no fueron más de 75.000.Hide Footnote  Las riñas continuaron hasta el último minuto, y los principales partidos de la oposición (los llamados G4) alcanzaron un acuerdo tan solo media hora antes del inicio del diálogo el 30 de octubre. VP se negó a participar, mientras que los otros tres partidos principales acordaron retirarse si no lograban las condiciones que VP exigía.[fn]“Voluntad Popular no asistió al encuentro del diálogo por considerar que no están dadas las condiciones y ratifica convocatoria en Unidad a Miraflores”, comunicado de prensa de VP, 30 de octubre del 2016.Hide Footnote  Quince partidos miembros más pequeños emitieron un comunicado en el que afirmaban que bajo las actuales condiciones el diálogo “no tiene sentido”, y exigían que la oposición estuviera representada no solo por el G4, sino también por otros líderes políticos y la sociedad civil.[fn]“15 partidos de la MUD presentaron propuestas ante eventual diálogo”, El Nacional, 29 de octubre del 2016.Hide Footnote

El dilema del diálogo

La MUD había insistido mucho en la participación del Vaticano en la facilitación liderada por Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro español, cuyos miembros, a ojos de muchos opositores, eran demasiado cercanos al gobierno de Maduro.[fn]Ewald Scharfenberg, “Capriles dice que Zapatero esta ‘descalificado’ para mediar en conflicto de Venezuela”, El País Internacional, 26 de junio del 2016.Hide Footnote El Vaticano había insistido que solo participaría si tanto el gobierno como la oposición lo solicitaban formalmente, y había una clara voluntad de ambos lados de negociar de buena fe.[fn]El secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin respondió en una carta a mediados de septiembre a los pedidos de Ernesto Samper (secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia) y a los facilitadores liderados por Zapatero, en la que decía que el Vaticano participaría si recibía “una invitación directa de las partes interesadas, una vez que hayan tomado la firme decisión de iniciar formalmente el diálogo”.Hide Footnote He ahí la sorpresa cuando, aparentemente en contra de los consejos que estaba recibiendo de Caracas, su enviado anunció el inicio de las negociaciones.[fn]Entrevista de Crisis Group con una fuente de alto nivel de la Iglesia, 4 de noviembre del 2016.Hide Footnote La impresión generalizada era que un papa latinoamericano, cuyo círculo íntimo incluye a personas con amplia experiencia en asuntos venezolanos, estaría en una buena posición para ayudar a dirigir al país hacia una solución negociada, pero el momento parecía desfavorable.[fn]El principal “experto en Venezuela” en el Vaticano es el secretario de Estado Parolin, quien fue nuncio en Caracas (2009-2013) y ha mantenido estrechos contactos con el país. El recientemente elegido general de los jesuitas (la orden a la que pertenece el Papa Francisco) es un venezolano, Arturo Sosa. El mismo Papa tiene una larga amistad con el arzobispo de Mérida, Venezuela, Baltazar Porras, a quien recientemente nombró cardenal. Hay ciertas tensiones, no obstante, entre el Vaticano y la iglesia de Venezuela, a la cual el gobierno desde hace mucho tiempo percibe como “contrarrevolucionaria”. El otro cardenal de Venezuela, Jorge Urosa Sabino, es visto como un crítico del Papa. (Juan Francisco Alonzo, “El Cardenal Urosa Sabino no sigue los pasos del Papa Francisco”, Tal Cual, 9 de enero del 2016). Algunos en la oposición venezolana consideran que el papa es un comunista.Hide Footnote Mientras que la oposición necesitaba resultados inmediatos para mantener unida a su coalición, el gobierno parecía tener todos los incentivos para usar las negociaciones para debilitar la campaña de la MUD para revertir la decisión del referéndum y dilatarla hasta después del 10 de enero, fecha tras la cual un referéndum no produciría nuevas elecciones presidenciales.

Aparentemente frustrados por las vacilaciones de la MUD en torno a la participación, tanto el Vaticano como EE.UU. presionaron a la oposición para que no abandonara su compromiso con el diálogo. La Iglesia Venezolana advirtió que no se podría garantizar la participación del Papa si la oposición se retiraba.[fn]La conferencia de obispos de Venezuela emitió un duro comunicado el 30 de octubre en el que advertía contra abandonar el compromiso con el diálogo. Fuentes políticas y eclesiásticas mencionaron a Crisis Group la amenaza del Vaticano de retirarse, pero la Iglesia hizo hincapié en el compromiso del Papa con el éxito.Hide Footnote Los líderes moderados de la MUD, muchos de los cuales tenían sus propias dudas acerca de la sensatez de negociar en ese momento, se vieron simultáneamente atacados por sus aliados más radicales y arrinconados por los facilitadores.

El 3 de noviembre, tras la primera sesión de diálogo, Maduro declaró públicamente que la oposición “ni con votos ni con balas entrarán más nunca en Miraflores”.[fn]Ibis León, “Maduro: Ni con votos ni con balas entrarán más nunca en Miraflores”, Efecto Cocuyo.com, 3 de noviembre del 2016. La referencia es al palacio presidencial de Miraflores. Más adelante, Maduro añadió que el diálogo debería continuar durante el 2017 y 2018.Hide Footnote Los primeros resultados – en particular el primer acuerdo sustantivo, anunciado tras la segunda sesión plenaria del 11 de noviembre – parecían confirmar los peores temores de los escépticos. Redactado en parte en un lenguaje que a ojos de muchos parecía una capitulación al gobierno, comprometía a la MUD a aceptar nuevas elecciones en las tres circunscripciones de Amazonas que están en el centro del fallo que promulgó el TSJ en septiembre, donde  declaraba a la Asamblea Nacional en desacato y consecuentemente anulaba sus acciones, a cambio de ello el TSJ se comprometía a anular el fallo. Asimismo, se acordó que dos (de cinco) de los miembros de la junta del CNE cuyos mandatos finalizan en diciembre serían reemplazados, supuestamente de tal forma que se garantizara la neutralidad del organismo, y que los presos políticos (“personas detenidas”) serían liberados. Pero no se precisaron los detalles.[fn]“Los cinco acuerdos del gobierno y la oposición tras la II reunión plenaria del Diálogo Nacional”, Noticias24, 12 de noviembre del 2016. Sobre el fallo de desacato y la importancia de los tres escaños en la Asamblea Nacional, véase la nota 3 al pie de página, arriba.Hide Footnote

El problema se vio agravado por el hecho de que ambas partes dieron versiones contradictorias sobre lo que se había acordado. Un motivo de discordia, en particular dentro de la oposición, fue que no se hizo referencia a la cuestión del referéndum revocatorio o cualquier forma de elecciones anticipadas (las próximas elecciones presidenciales están previstas para diciembre del 2018). Para fines de noviembre esto aún no se había discutido formalmente en las negociaciones, a pesar de la afirmación pública de la MUD de que este era su principal objetivo.[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro del equipo de negociación de la MUD, 22 de noviembre del 2016.Hide Footnote El gobierno rechazó públicamente la idea.

¿Por qué no ha estallado el país?

A lo largo de los últimos dos años, los venezolanos han soportado el colapso casi sin precedentes de sus condiciones de vida. Tanto las protestas contra la escasez de alimentos, los deficientes servicios públicos como el agua y la electricidad y la delincuencia violenta, han aumentado drásticamente. En los primeros años del 2016, las protestas contra la escasez de alimentos aumentaron en un 320 por ciento comparado con el año anterior. Junio fue el mes pico, con 728, de las cuales 274 estuvieron relacionadas con alzas en los alimentos. Entre enero y octubre, hubo más de 700 incidentes de saqueo o intento de saqueo. El 14-15 de junio hubo un brote de saqueos particularmente violento y prolongado en la ciudad oriental de Cumaná, en el estado de Sucre. La respuesta de la policía y la Guardia Nacional dejó un saldo de dos muertos, dos docenas de heridos y varios cientos arrestados.[fn]Cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Radar de la Conflictividad); D. Iriarte, “Varios muertos y cuatrocientos detenidos por los saqueos en el nordeste de Venezuela”, El Confidencial, 16 de junio del 2016. El gobernador del estado de Sucre, Luis Acuña, negó que hubiera habido muertes y atribuyó los disturbios al “vandalismo…orquestado por la oposición”.Hide Footnote Hubo mucha especulación acerca de si habría disturbios sociales a nivel nacional comparables al “Caracazo” de 1989, en el cual cientos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, lo que afectó profundamente a la política y sociedad a partir de entonces.[fn]Margarita López Maya, “The Venezuelan ‘Caracazo’ of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies, vol. 35, no. 1, febrero del 2003.Hide Footnote

Sin embargo, los saqueos disminuyeron de un pico de 126 incidentes en junio a 58 en julio, y la tensión social se calmó levemente.[fn]Lorena Meléndez, “Saqueos de agosto de 2016 duplican la cifra de hace un ano”, Runrunes, 18 de septiembre del 2016.Hide Footnote Las protestas en general disminuyeron a 504 en octubre. Varios factores contribuyeron a esto. En el ámbito político, la movilización de la oposición en torno a la demanda de un referéndum revocatorio alivió algo de presión al ofrecer una posible salida a la crisis. Las muertes y lesiones entre los saqueadores pueden haber desincentivado a algunos manifestantes, pero probablemente el mayor impacto lo tuvieron dos iniciativas del gobierno: los controles fronterizos se relajaron - principalmente tras la normalización parcial de los cruces acordada con Colombia en agosto – lo que permitió a los individuos privados, compañías y entidades gubernamentales importar alimentos a precios de mercado,[fn]“Colombia y Venezuela viven nuevos vientos”, Revista Semana, 13 de agosto del 2016. Anatoly Kurmanaev, “Venezuela backs away from price controls as citizens go hungry”, The Wall Street Journal, 14 de octubre del 2016.Hide Footnote y en julio se tomó la decisión de desviar gran parte de la distribución de bienes básicos a precios controlados, de los supermercados (públicos y privados) al sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).[fn]Para un relato oficial de este sistema, véase “¿Que son los CLAP?”, Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 6 de agosto del 2016.Hide Footnote

A través de los CLAP, gestionados por los militares y organizaciones civiles vinculadas al gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), los alimentos básicos son distribuidos directamente a consumidores de bajos ingresos a precios controlados. Si bien el alcance de los CLAP es limitado, son ineficaces y están plagados de corrupción, han tenido el efecto de reducir las filas en supermercados y abastos (un caldo de cultivo para el descontento popular) y de permitir a las autoridades usar los alimentos como una herramienta de control político al amenazar con negárselos a los disidentes.[fn]Franz von Bergen, “La discriminación política opera en los CLAP al repartir alimentos”, El Nacional, 29 de mayo de 2016.Hide Footnote El 4 de octubre, el presidente Maduro decretó que la mitad de los alimentos producidos deberían venderse al gobierno para su distribución por medio de los CLAP.

Las encuestas de opinión indican que estas medidas han hecho poco para restaurar la popularidad del gobierno, que sigue estando en niveles históricamente bajos para el chavismo, mientras que la oposición continúa ganando apoyo, incluso en antiguos bastiones del gobierno.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en encuestas de opinión, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote Sin embargo, el rechazo generalizado del gobierno no parece traducirse en una voluntad colectiva de derrocarlo mediante la movilización en masa. Por el contrario, los esfuerzos públicos han estado dirigidos principalmente a poner comida sobre la mesa. Un estudio reciente concluyó que el 36 por ciento de los venezolanos se han visto obligados a vender sus bienes personales para llegar a fin de mes.[fn]Mariana Zuñiga y Nick Miroff, “In a hungry Venezuela, buying too much food can get you arrested”, The Washington Post, 15 de septiembre del 2016. Blanca Vera Azaf, “Dólar paralelo dispara por alza del gasto público y recorte en entrega de divisas”, El Nacional, 30 de noviembre del 2016.Hide Footnote

Actores clave

Resulta difícil comprender la dinámica de la crisis venezolana sin entender las divisiones internas de ambos lados del espectro político. Ni el gobierno ni la alianza opositora son bloques homogéneos. Aún dentro de algunos de los partidos miembros de la MUD hay diferencias significativas entre facciones que pueden afectar el comportamiento de toda la coalición. Dentro del gobierno, en particular las disputas en torno a la gestión de la economía han provocado una parálisis en la formulación de políticas, mientras que la oposición es tironeada en lo que en ocasiones parecen direcciones diametralmente opuestas por las que a menudo se describen como fuerzas “moderadas” (a favor del diálogo) y “radicales” (más agresivas). Esta sección ofrece una guía tentativa a algunas de las divisiones y facciones que marcan el rumbo de la estrategia del gobierno y la oposición, aunque en lo que respecta al gobierno hay insuficiente información verificable que pudiera permitir un mapeo más preciso de las alianzas.

Facciones políticas

La MUD es una coalición heterogénea, actualmente formada por 21 partidos. Tiene un sólido historial como alianza electoral, pero por otro lado tiene grandes dificultades para mantener la unidad. Ningún partido tiene la fuerza necesaria para imponer su estrategia, y la rivalidad entre líderes con aspiraciones presidenciales complica enormemente su cohesión.[fn]Cuatro potenciales candidatos lideran las encuestas de opinión: Henrique Capriles (PJ), Leopoldo López (VP), Henri Falcón (Avanzada Progresista) y Henry Ramos Allup (AD).Hide Footnote Las decisiones diarias las toma el G4, compuesto por los cuatro principales partidos opositores en el parlamento. En orden de tamaño, estos son Primero Justicia (PJ, 33 escaños), Acción Democrática (AD, 26), Un Nuevo Tiempo (UNT, 20) y Voluntad Popular (VP, 15). De estos, VP – que lideró las protestas callejeras de La Salida en el 2014 y cuyo líder, Leopoldo López, está cumpliendo una sentencia de 14 años de cárcel por instigarlas – es el más inclinado a dirigir la acción y el menos convencido con las actuales negociaciones.[fn]Los otros principales líderes de “La Salida” fueron Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), alcalde de la Gran Caracas (actualmente bajo arresto domiciliario), y María Corina Machado (Vente Venezuela). Para un relato de este periodo, véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina, Venezuela: punto de quiebre, op. cit.Hide Footnote UNT es el que más consistentemente actúa a favor del diálogo, junto con Avanzada Progresista, liderado por el gobernador del estado Lara, Henri Falcón.[fn]Si bien el pequeño partido de Falcón no pertenece al G4, su estatus como personalidad nacional y su firme postura a favor del diálogo le otorgan influencia en las negociaciones.Hide Footnote PJ por lo general está a favor del diálogo, pero Capriles, (dos veces candidato presidencial de la MUD y actual gobernador de PJ del importante estado de Miranda) se ha mostrado impaciente con las negociaciones e incluso ha hablado de una marcha al palacio presidencial.

Los restantes partidos miembro han formado un frente común para exigir mayor participación y criticar el manejo del diálogo. Dentro de éstos, Vente Venezuela, liderado por la ex miembro de la Asamblea Nacional María Corina Machado, es el más vehemente en sus críticas al gobierno. El 11 de noviembre estos partidos publicaron una carta abierta al Vaticano en la que acusaban al gobierno de usar las negociaciones para apaciguar la disidencia y exigían el referéndum. La sociedad civil también ha pedido un papel más prominente y ha criticado el desempeño de la MUD.[fn]“Grupo de 15 partidos de la MUD agradece intercesión del Vaticano en el dialogo”, 2001, 11 de noviembre del 2016. “Una Propuesta Ciudadana”, Pronunciamiento de la Sociedad Civil, 22 de noviembre del 2016.Hide Footnote

El único gran partido del gobierno es el PSUV, fundado por Chávez en el 2008. Varios partidos más pequeños, incluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV), están aliados con el PSUV en el Gran Polo Patriótico (GPP). Al igual que los pequeños partidos de la oposición, se quejan de que no se les tiene en cuenta. El PCV ha hablado del peligro de que el diálogo pueda llevar a un “nuevo pacto” de élites.[fn]“PCV alerta que dialogo puede ser nuevo pacto de las élites”, Tribuna Popular, 11 de noviembre del 2016.Hide Footnote Ex miembros disidentes del PSUV agrupados en el movimiento Marea Socialista asimismo sostienen que el diálogo es una estratagema para restaurar un duopolio bipartidista.[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de Marea Socialista, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote Muchos analistas consideran que el propio PSUV, que en efecto tiene alas civiles y militares (a pesar de la prohibición constitucional de la participación de militares activos en la política), está dividido en facciones, aunque la membresía exacta y opiniones de estas son objeto de disputa. Al menos hasta el 10 de enero del 2017, el apoyo aparente por parte de todas las facciones del chavismo al presidente Maduro es sine qua non, dado que su salida anticipada desencadenaría elecciones presidenciales inmediatas y casi inevitablemente la derrota del partido en su conjunto. Esto ha tendido a oscurecer las diferencias entre las facciones y las ambiciones de sus líderes.

Diosdado Cabello, capitán del ejército, ex presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, mantiene una posición de línea muy dura. Ignorado por Chávez a favor de Maduro como su sucesor, cuenta con el apoyo de algunos elementos de las fuerzas armadas, y tiene un poder considerable.[fn]Para un relato de cómo las diversas facciones del gobierno se dividieron el poder tras la ascensión de Maduro, véase Gloria Bastidas, “El Mapa del Poder de las tribus chavistas”, Konzapata.com, 4 de junio del 2014.Hide Footnote Su hermano, José David, dirige el servicio de impuestos internos, el Seniat.

Varios altos mandos militares han sido incluidos en la lista negra de EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Esto es un factor que complica cualquier potencial transición, dado que, ante la posibilidad de ser encarcelados si perdieran el poder, tienen escasos incentivos para permitir un cambio de gobierno y poseen los medios para frustrarlo.[fn]El general Néstor Reverol, comandante de la Guardia Nacional y exdirector de la agencia antidrogas, cuya candidatura al ministerio de Defensa se vio frustrada unos meses antes en el 2016, cuando el general en jefe Vladimir Padrino López fue designado nuevamente, fue nombrado ministro de Interior inmediatamente después de ser acusado de delitos de narcotráfico por un tribunal estadounidense. “Maduro promotes Venezuelan general indicted on drug charges in US”, The Guardian, 3 de agosto del 2016. “Former top leaders of Venezuela’s anti-narcotics agency indicted for trafficking drugs to the United States”, The United States Attorney’s Office Eastern District of New York, 1 de agosto del 2016.Hide Footnote

Las fuerzas de seguridad y los paramilitares afines al gobierno

Durante la mayor parte de su historia, Venezuela ha estado gobernada por regímenes militares. Ha habido frecuentes golpes de estado e intentos de golpe (los más recientes en el 2002 y en 1992). El presidente Chávez (1999-2013) describió su gobierno como una “alianza cívico-militar” y bajo Maduro, su sucesor escogido, la presencia militar ha ido en aumento. En diciembre del 2015, Maduro dijo que había llegado el momento de que los militares “regresen a los cuarteles”, pero ha ocurrido lo contrario.[fn]Franz von Bergen, “Militares controlan más ministerios con Maduro que con Chávez”, El Nacional, 25 de octubre del 2015. Tras la muerte de Chávez, el “Comando Político-Militar de la Revolución”, que no tiene carácter constitucional y cuya composición exacta sigue siendo incierta, surgió como la aparente encarnación de una nueva autoridad colegiada dentro de la “revolución”. Sofía Nederr, “Ordenan que militares en cargos públicos regresen a los cuarteles”, El Nacional, 12 de diciembre del 2015.Hide Footnote Un decreto presidencial del 10 de febrero creó Camimpeg, una corporación militar con derecho a operar en la minería, el petróleo y el gas. El 9 de julio, Maduro creó la Zona Económica Militar Socialista, sumando seis otras compañías en ámbitos tan diversos como las finanzas y la construcción. Las fuerzas armadas también controlan un banco, cadenas de televisión y radio, empresas agroalimentarias, una compañía de transportes y una planta de ensamblaje de vehículos.

Durante más de dos años, el ministro de Defensa, el general Padrino López, también ha sido comandante operacional de las Fuerzas Armadas (FANB). El 11 de julio, fue nombrado al frente de la recién creada “Gran Misión Abastecimiento Soberano” que otorgó a los militares un control sin precedentes del suministro de alimentos, justo en el momento en que las protestas por los alimentos amenazaban con descontrolarse por completo. El hecho de que lleve tanto tiempo en una posición de poder sugiere que cuenta con el respaldo de la mayoría de los altos cargos, al menos en el ejército, el más importante de los cuatro elementos de las FANB.[fn]Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. El quinto elemento, la Milicia Bolivariana, cuyo comandante general informa directamente al presidente, no tiene carácter constitucional.Hide Footnote Pero debe retirarse del servicio activo en el 2017.[fn]Estaba previsto que se retirara en julio del 2016, pero la fecha fue inesperadamente extendida. Pedro Pablo Peñaloza, “Padrino López el superministro militar del gobierno de Maduro”, Univision, 13 de julio del 2016.Hide Footnote No está claro quién podría reemplazarlo y si los dos cargos seguirán siendo ocupados por la misma persona, o si Padrino López podría permanecer en algún cargo. Es probable que las fuerzas armadas jueguen un papel decisivo a la hora de determinar si Maduro es reemplazado, y si es así por quién. Pero sus opiniones, individual y colectivamente, son casi imposibles de determinar desde afuera.[fn]Entrevista de Crisis Group, especialista en defensa y seguridad, Caracas, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote Lo que está claro es que un grupo de élite en lo más alto de las FANB tiene un gran interés en controlar cualquier transición para preservar sus intereses, incluida su participación en empresas y la integridad de su institución.

Si el malestar popular y/o protestas callejeras lideradas por los políticos opositores amenazaran la supervivencia del régimen, sobrepasando la capacidad de la Guardia Nacional y los escuadrones policiales antimotines para contenerlas, el ejército sería la última línea de defensa. Sus unidades han sido entrenadas en el control de motines, y las normas de combate permiten el uso de fuerza letal contra manifestantes bajo ciertas circunstancias. Supuestamente se ha adquirido abundante material antimotines de China durante este año.[fn]Juan Manuel Rafalli, “5 claves para entender la Resolución No. 008610 del Ministerio de la Defensa”, prodavinci.com, 30 de enero del 2015. Entrevista de Crisis Group, especialista en defensa y seguridad, Caracas, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote Pero muchos expertos en defensa dudan de la voluntad del ejército en su conjunto de disparar contra multitudes desarmadas.

Dicha tarea probablemente correspondería, en primera instancia, a lo que se suelen llamar “colectivos”, civiles armados chavistas, a menudo en motocicletas, cuya subordinación al gobierno no es reconocida y quienes ha demostrado tener pocos escrúpulos.[fn]Para una descripción más detallada de los orígenes y características de los “colectivos”, véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°38, Violencia y política en Venezuela, 17 de agosto del 2011. Hide Footnote Hay media docena de estos grupos, que exhiben abiertamente armamento militar, localizados en las inmediaciones del palacio presidencial. Si bien su despliegue en Caracas por lo general está restringido a los barrios pobres al oeste del palacio, con incursiones ocasionales contra la oposición, a menudo los colectivos han atacado manifestaciones de la oposición en otras partes de Venezuela. El 26 de octubre, cuando transcurría pacíficamente una marcha masiva en la capital, paramilitares del gobierno atacaron manifestaciones similares en al menos cinco ciudades. Según informes, dispararon e hirieron a cuatro manifestantes en Maracaibo. La Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza militar creada en el 2007 que responde al presidente y tiene presencia nacional, también podría ser desplegada para controlar las protestas de la oposición.

Las inquietudes en torno a la represión violenta han aumentado ante los indicios crecientes de masacres y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad, en particular en operaciones conjuntas contra supuestos grupos criminales. Las “Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) comenzaron en el 2015 en respuesta a la proliferación de “megabandas”, con docenas, incluso cientos de delincuentes fuertemente armados controlando extensas áreas del campo o barrios urbanos enteros. Según el gobierno, no son simples manifestaciones del crimen organizado, sino parte de una guerra librada por la oposición y sus aliados extranjeros.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad ciudadana, 25 de noviembre del 2016. “Operación Liberación y Protección del Pueblo: análisis de fondo”, Misión Verdad, 15 de julio del 2015.Hide Footnote Las OLP, afirmó un defensor de los derechos humanos, emplean la “lógica de la guerra”.[fn]Inti Rodríguez, coordinador, PROVEA, 30 de noviembre del 2016 en Unión Radio.Hide Footnote Se valen de unidades conjuntas militares y policiales, fuertemente armadas y con vehículos blindados. Según la organización venezolana de derechos humanos PROVEA, 850 personas han sido asesinadas en las OLP, y 18.000 hogares allanados sin orden judicial. El gobierno también tiene una política de desalojar familias de viviendas públicas cuyos miembros son sospechosos de actividades delictivas. A la fecha se estima que 1.500 familias han sido desalojadas.[fn]Véase “Unchecked Power: police and military raids on poor and immigrant neighbourhoods in Venezuela”, PROVEA y Human Rights Watch, abril del 2016. El 27 de julio del 2015, Maduro dijo, “a los que quieran utilizar las casas de la Gran Misión Vivienda para atracar, bachaquear y para el narcotráfico se los voy a quitar”.Hide Footnote

En noviembre del 2016, once soldados, entre ellos un teniente coronel, fueron acusados de asesinar y descuartizar a más de una docena de jóvenes en la región de Barlovento, en el estado de Miranda, durante una OLP.[fn]“¿Que pasó en Barlovento? La masacre. Las víctimas. Las reacciones,” prodavinci.com, 28 de noviembre del 2016. “Antillano: ‘El gobierno está secuestrado por los cuerpos de seguridad’”, Supuesto Negado, 1 de diciembre del 2016. Para mediados de diciembre, 12 miembros del ejército habían sido acusados por fiscales del estado de participar en la masacre.Hide Footnote Los cuerpos fueron hallados en fosas comunes, y al menos otras cinco posibles víctimas estaban desaparecidas, afirmó el defensor del pueblo. Los asesinatos sucedieron poco después del asesinato de nueve pescadores en Cariaco, en el estado de Sucre, en una masacre atribuida a la Guardia Nacional.[fn]Ronny Rodríguez Rosas, “Van cinco personas detenidas por vinculación con la masacre de Cariaco”, Efecto Cocuyo, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote Los asesinatos a esta escala son en gran medida una consecuencia de la militarización de la policía y la impunidad que acompaña a la identificación entre el gobierno y las fuerzas de seguridad. En septiembre, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue “reestructurada” y se le dio un uniforme de estilo militar, azul, de camuflaje urbano, con una boina roja (un emblema del chavismo). El director de la PNB y el ministro de Interior a quien responde son oficiales militares. Maduro dijo que la tarea de esta policía “socialista” es “combatir los antivalores que el capitalismo ha incubado”. Los mecanismos legales para ejercer un control civil y democrático sobre las fuerzas de seguridad han sido desmantelados.[fn]

Marcos Tarre Briceño, “Corrupción policial en Venezuela”, El Nacional, 1 May 2016.Hide Footnote

El sector privado

Cuando Chávez fue brevemente derrocado en abril del 2002, la principal confederación de empleadores, Fedecámaras, jugó un papel importante. Su entonces presidente, Pedro Carmona, se autoproclamó presidente de facto, con el respaldo de algunos generales. Las relaciones entre el gobierno y el sector privado, que ya eran extremadamente tensas, han sido abiertamente hostiles desde entonces, a pesar del diálogo ocasional. El gobierno insiste que sus problemas económicos se deben a una “guerra económica” librada por el capital privado en alianza con la MUD y aliados extranjeros, en especial EE.UU. Pero hoy en día Fedecámaras evita involucrarse en la política en la medida de lo posible. Los líderes empresariales evitan hacer comentarios públicos sobre cuestiones políticas. La mayor corporación privada, Empresas Polar, que produce muchos alimentos básicos, ha sufrido acoso. A su presidente, Lorenzo Mendoza, recientemente se le impidió salir del país, fue amenazado de cárcel y tuvo a la agencia de inteligencia, Sebin, en la puerta de su casa durante varios días. Maduro afirmó, sin presentar pruebas, que Mendoza quiere ser presidente.[fn]“Maduro arremetió contra Lorenzo Mendoza”, El Nacional, 11 de agosto del 2015.Hide Footnote

Una de las armas más eficaces del gobierno han sido los controles cambiarios en vigor desde el 2003. Si bien fueron originalmente introducidos para contener la fuga de capitales tras una caída en las reservas internacionales causada por el lockout de la industria petrolera por parte de la oposición, se han mantenido por motivos políticos, como ha reconocido el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. “Si quitamos el control de cambio nos tumban”, dijo.[fn]“Aristóbulo Istúriz: El control de cambio en Venezuela es una medida política, no económica”, El Nacional, 11 de octubre del 2016.Hide Footnote El gobierno tiene el monopolio casi total de las divisas extranjeras, las cuales dispensa con una absoluta falta de transparencia.[fn]Esto ha redundado en una grave corrupción. La presidenta del Banco Central Edmée Betancourt dijo en el 2013 que unos $20 mil millones habían sido malversados en un fraude cambiario en el 2012. Fue destituida casi inmediatamente después de su declaración; no hubo ninguna investigación pública. “Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín’”, aporrea.org, 24 de mayo del 2013.Hide Footnote Existen dos tipos de cambio oficial: la tasa Dipro para alimentos medicamentos y otros bienes esenciales (Bs 10:$1) y una tasa variable conocida como Dicom o Simadi (Bs 665:$1 a mediados de diciembre) para todo lo demás. No hay información pública acerca de quienes reciben divisas o los criterios según los cuales se asignan. Las empresas privadas dicen que se ven obligadas a lidiar con intermediarios con acceso a las tasas subvencionadas para comprar cualquier artículo importado. Los intermediarios cobran la tasa paralela, que actualmente oscila en torno a los Bs 4,000:$1.[fn]Entrevista de Crisis Group, representante de empresa manufacturera, Caracas, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote

El número de empresas privadas se ha reducido drásticamente desde que Chávez llegó al poder en 1999. La federación de empleadores industriales, Conindustria, estima que unas 8.000 empresas manufactureras, alrededor de dos tercios del total, han cerrado desde entonces.[fn]Luis Oberto, “Conindustria: 8,000 empresas han bajado sus santamarías”, El Nacional, 16 de mayo del 2016.Hide Footnote El gobierno expropió alrededor de cuatro millones de hectáreas de tierras agrícolas, así como alrededor de 500 empresas agroalimentarias, la mayoría de las cuales producen una fracción de lo que solían producir. Gracias a los controles en los precios de los alimentos y otros artículos básicos, muchas empresas se ven obligadas a vender su producción a precios inferiores a los de costo, y el sector minorista también ha sido duramente golpeado. Durante unos meses en el 2016, las empresas podían importar alimentos y venderlos a precios de mercado, pero el súbito aumento en la tasa del dólar “paralelo” en noviembre frenó ese comercio, puesto que las empresas ya no podían calcular el precio de remplazar los bienes que vendían.[fn]Blanca Vera Azaf, “Dólar paralelo se dispara por alza del gasto público y recorte en entrega de divisas”, El Nacional, 30 de noviembre del 2016.Hide Footnote Sin la ayuda del sector privado, al gobierno le resultará imposible resolver la escasez y la inflación. A pesar de una plétora de iniciativas bajo Maduro destinadas a alcanzar un acuerdo con los líderes empresariales, no ha surgido nada concreto, y los problemas subyacentes se mantienen intactos.

La comunidad internacional: facilitadores y críticos

En el apogeo de los enfrentamientos callejeros del 2014, el gobierno y la oposición mantuvieron breves negociaciones fomentadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y facilitadas por los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador, así como el nuncio papal en Caracas, Monseñor Aldo Giordano. Si bien las negociaciones no dieron fruto, establecieron a UNASUR y su secretario general, Ernesto Samper, como potenciales facilitadores en futuros conflictos venezolanos, a pesar de los reparos de la MUD, que veía a la organización como una aliada del gobierno. El gobierno consideraba a la Organización de Estados Americanos (OEA) como una reliquia del colonialismo dominada por EE.UU. Si bien su secretario general, Luis Almagro, había recibido el apoyo de Venezuela a su candidatura, se convirtió en un crítico vehemente y locuaz de Caracas, lo que hizo que su participación en cualquier facilitación fuera muy improbable.

UNASUR fue una de las pocas organizaciones internacionales que aceptaron las restrictivas condiciones del gobierno para observar (“acompañar” fue el término oficial) las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Incapaz de lograr un consenso para elegir a un jefe de delegación suramericano, optó por Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Entre los observadores internacionales también estaban el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente panameño Martín Torrijos. A medida que el conflicto subía de tono tras la victoria de la MUD, estos tres – liderados por el español - comenzaron a intentar acercar a las partes. El 19 de mayo, la MUD se reunió con Zapatero en Caracas, y más adelante ese mes los tres facilitadores se reunieron con ambas partes en la República Dominicana. Después de que el gobierno divulgara esta información, la MUD se vio obligada a negar que hubiera habido negociaciones cara a cara. Emitió una declaración en la que esbozaba tres principales demandas: la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución política; el fin de la prohibición de la ayuda internacional humanitaria; y el respeto de la separación de poderes.[fn]“MUD emite comunicado sobre reunión en República Dominicana para impulsar diálogo nacional”, Noticia al Día, 28 de mayo del 2016. El comunicado de la MUD insistió que no había contradicción alguna entre buscar el diálogo y buscar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA, afirmando que el diálogo sería imposible sin presión internacional. Sin embargo, los principales partidarios del diálogo dentro de la MUD (quienes contactaron a Zapatero en primer lugar) se oponían a la aplicación de la Carta; sus más fervientes partidarios eran los más escépticos del diálogo. Entrevista de Crisis Group, líderes opositores y analistas políticos, noviembre del 2016.Hide Footnote

Si bien se mantuvo el contacto durante los meses posteriores, y Zapatero se desplazó frecuentemente entre Madrid y Caracas, no se lograron avances sustanciales. No obstante, la iniciativa de Zapatero fue respaldada por la mayoría de los principales actores internacionales, incluido el Departamento de Estado de EE.UU., el Consejo Permanente de la OEA, la Unión Europea (UE) y el Vaticano. Los intentos de Almagro, secretario general de la OEA, de insistir en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no prosperaron, pero había claros indicios de que la reputación del gobierno de Maduro en la región había caído drásticamente. El bloque comercial de Mercosur se negó a permitir que Venezuela asumiera la presidencia rotativa de la organización en junio del 2016, y en diciembre su membresía fue suspendida por no adaptar sus reglamentos a las normas del Mercosur.[fn]“El Mercosur suspende a Venezuela por incumplir los acuerdos de adhesión”, Agence France-Presse, 1 de diciembre del 2016. Uruguay se ha resistido a las iniciativas de los otros tres miembros (Argentina, Brasil y Paraguay) de pedir cuentas a Venezuela bajo los términos del protocolo de Ushuaia, el cual exige que los miembros de Mercosur se adhieran a las normas democráticas. El resultado bastante insatisfactorio ha sido una suspensión de la membresía de Venezuela que en sí misma parece violar las normas de la organización.Hide Footnote En agosto, quince Estados miembros de la OEA firmaron una declaración en la que no solo llamaban al diálogo, sino que también instaban al CNE a completar “sin demora” las etapas restantes del proceso de referéndum revocatorio.[fn]“Este es el comunicado firmado por 15 países miembros de la OEA sobre Venezuela y el revocatorio”, prodavinci.com, 11 de agosto del 2016.Hide Footnote

Tres aliados claves de Venezuela, dos de ellos con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, podrían potencialmente desempeñar un papel positivo, pero se han negado, al menos en público, a dar un paso al frente. La Rusia de Vladimir Putin, que ha sido uno de los principales proveedores de armas a Venezuela, ha expresado su apoyo por el diálogo, pero ha advertido contra la “interferencia” de EE.UU. A principios de diciembre, Maduro anunció que en el 2017 Rusia suministraría “toda la harina” que Venezuela necesitara para superar el “sabotaje” económico, así como equipamiento militar, incluido un sistema de defensa antimisiles. A los chinos les preocupan principalmente los $20 mil millones que les debe el gobierno, y probablemente actúen de forma pragmática. Cuba ha mantenido la retórica de la “solidaridad revolucionaria” pero a medida que disminuye la capacidad de Venezuela de subsidiar su consumo energético y proporcionar dinero en efectivo, hay por lo menos una posibilidad de que contribuya a una solución creativa.

Perspectivas para 2017

Venezuela comenzó el 2016 con esperanzas de que la aplastante victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre del 2015 pudiera traer consigo negociaciones constructivas entre el gobierno y la oposición, que llevaran a una solución pacífica y democrática de la profunda crisis económica y social. Pero la decisión del gobierno de usar su control de los tribunales y la autoridad electoral para dejar al parlamento impotente y bloquear la campaña de la MUD por un referéndum revocatorio ha agravado las tendencias autoritarias del gobierno y la indignación de la oposición.

Es difícil prever con precisión cómo se desarrollará esto en el 2017, aunque algunas cosas ya están claras. La economía va camino a la hiperinflación y a niveles de escasez que eclipsarán los del 2016. No se puede descartar un caótico default de la deuda externa. En el ámbito político, la posición de Maduro será más débil después del 10 de enero, ya que su salida, por el motivo que fuera, podría suceder sin provocar la caída del gobierno. Esto podría dar lugar a luchas faccionales a medida que grupos dentro del régimen compitan por sucederlo. La nueva administración de Trump en EE.UU. es una incógnita. La crucial relación simbiótica entre La Habana y Caracas podría sufrir cambios tras la muerte de Fidel Castro. Tanto la ONU como UNASUR tendrán un nuevo liderazgo.[fn]Samper perdió apoyo entre los Estados miembros como resultado de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil en particular. A mediados del 2016, anunció que no se presentaría para un segundo mandato como secretario general, pero permanecería en el cargo hasta principios del 2017, mientras se buscaba su reemplazo.Hide Footnote Si prevalece el ala más dura, las negociaciones entre el gobierno y la oposición se vendrán abajo, y la violencia y/o un gobierno abiertamente dictatorial serán más probables. La moderación mutua es esencial, aun cuando la polarización y los problemas económicos de Venezuela hacen que parezca improbable.

La economía

Tan solo en el mes de noviembre, el bolívar perdió alrededor de dos tercios de su valor en el libre mercado, cayendo de Bs 1.501,17:$1 a más de Bs 4.500:$1.[fn]Datos obtenidos de la página web DolarToday, cuyas cifras son ampliamente utilizadas para negociar en el mercado negro. La tasa oficial más elevada es Bs 10:$1, la más baja Bs 665:$1.Hide Footnote El gobierno no ha publicado las cifras de la inflación desde diciembre del 2015, pero la mayoría de los economistas coinciden en que el país va camino a la hiperinflación.[fn]Roberto Deniz, “5 síntomas de que Venezuela tiene híper-inflación”, Runrunes, 10 de agosto del 2016.Hide Footnote Los billetes nuevos, prometidos para mediados de diciembre, incluyen un billete de Bs 20.000: el anterior billete de más alta denominación en circulación – Bs 100 – fue retirado de la circulación con 72 horas de aviso. La medida, supuestamente dirigida a combatir las “mafias” del cambio, provocó el caos en una economía que ya sufría una grave falta de liquidez.[fn]“Rechazo e incertidumbre produce anuncio de sacar de circulación billetes de 100 bolívares”, Runrunes, 11 de diciembre del 2016.Hide Footnote

La economía venezolana se ha estado contrayendo durante los últimos diez trimestres, y según el Fondo Monetario Internacional es probable que se contraiga en otro 4,5 por ciento en el 2017.[fn]World Economic Outlook, International Monetary Fund, octubre del 2016.Hide Footnote Con la incapacidad de la producción doméstica de casi todos los bienes básicos de satisfacer incluso la demanda reducida por una profunda inflación, hay una necesidad urgente de importaciones para cubrir el déficit, en especial de bienes vitales como alimentos y medicamentos. Pero Venezuela depende en aproximadamente un 96 por ciento de los ingresos del petróleo para producir las divisas necesarias; el precio internacional del crudo es un 60 por ciento inferior al promedio de 2012 de $103,42/barril, y en consecuencia las importaciones han disminuido. En mayo, el ministro de Economía Miguel Pérez Abad dijo que habría $15 mil millones disponibles para las importaciones en el 2016, comparado con más de $50 mil en el 2012.[fn]A. Vargas, “Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas $15 millardos”, elcambur.com, 12 de marzo del 2016.Hide Footnote

A partir del 2004, Chávez comenzó a saquear las reservas del Banco Central para financiar el déficit del sector público, lo que violaba la Constitución. En el 2005, el gobierno determinó que podía disponer de las reservas que superaran lo que consideraba el “nivel óptimo” de $26,8 mil millones. Para fines de octubre del 2016, las reservas estaban en menos de $11 mil millones, tras haber caído en alrededor de $5,5 mil millones desde el comienzo del año. Además de financiar importaciones esenciales, el gobierno necesita más de $9 mil millones en el 2017 para hacer frente a los pagos de la deuda externa. Un canje de bonos realizado en octubre para aliviar la presión ampliando los plazos solo tuvo un éxito limitado a expensas de aumentar la deuda total. El rendimiento de los bonos, dicen los analistas financieros, indica que el mercado estima en un 90 por ciento la probabilidad de un default dentro de los próximos cinco años.[fn]Sebastian Boyd y Nathan Crooks, “Venezuela’s PDVSA Sows Payment Doubts While Extending Swap”, Bloomberg, 17 de octubre del 2016.Hide Footnote

Quizás el mayor problema del gobierno en el 2017 sea su necesidad de divisas. Incluso China, que ha aportado unos $60 mil millones desde el 2007, es reacia a seguir rescatando a un gobierno que no muestra indicio alguno de implementar las urgentes reformas económicas que se necesitan, y cuya viabilidad política está en duda.[fn]Kejal Vyas, “China Rethinks Its Alliance With Reeling Venezuela”, The Wall Street Journal, 11 de septiembre del 2016.Hide Footnote Asimismo, la Constitución no permite al gobierno endeudarse sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Si bien el TSJ dictaminó la legalidad del presupuesto del 2017 sin autoridad parlamentaria, es improbable que los tribunales internacionales estimen los reclamos de los acreedores por el pago de deuda no autorizada, lo que reduce el atractivo de las ofertas de bonos venezolanos.[fn]José Ignacio Hernández, “Que significa que la Sala Constitucional y no la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto 2017?”, prodavinci.com, 12 de octubre del 2016.Hide Footnote Este es un poderoso factor a favor de algún tipo de acuerdo político en el 2017.

La emergencia social

Al contrario de muchos de los países de la región que han experimentado hiperinflación, Venezuela no cuenta con un sistema de indexación salarial. Muchos empleados ganan el salario mínimo, pero según un grupo de investigación independiente, en octubre se necesitaban catorce salarios mínimos para comprar alimentos básicos para una familia de cinco en Caracas. El costo había aumentado en un 632 por ciento en un año. Con base a la tasa de cambio del mercado negro, el salario mínimo mensual apenas supera los $6.[fn]“Reporte Mensual ‘Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios’ Oct 2016”, Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), 30 de noviembre del 2016. El último aumento en el salario mensual, a Bs 27.091, ($6,37 a la tasa del mercado negro el 10 de diciembre) fue decretado por el presidente Maduro el 27 de octubre. Se entregan cupones de alimentos adicionales por valor de Bs 63.720 ($14,98 a la tasa del mercado negro el 10 de diciembre) a los adultos en edad de trabajar.Hide Footnote  En la capital y alrededor del país, es común ver a personas rebuscando la basura en busca de alimentos. El hambre ha aumentado drásticamente. Las muertes por desnutrición, no reconocidas por el gobierno, están aumentando tanto en niños como en adultos. Entre enero y mayo del 2016, el número de personas que sufrían desnutrición aumentó del 13,4 por ciento al 23 por ciento de la población, según un experto en nutrición de la Fundación Bengoa.[fn]Según el profesor Luis Pedro España del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica (UCAB) de Caracas, el 8% de los venezolanos admiten haber rebuscado la basura en busca de alimentos. Daniel Pardo, “Cuánta hambre hay realmente en la Venezuela de la ‘crisis alimentaria’?”, BBC Mundo, 21 de abril del 2016. Mariel Lozada, “Victimas del hambre: desnutrición infantil ha cobrado tres vidas” y “Desnutrición, escasez y fallas de estructura amenazan a la niñez”, Efecto Cocuyo, 26 de agosto y 29 de noviembre del 2016. Sabrina D’Amore, “Desnutrición aumentó 12% en cinco meses a causa de la inflación y la escasez”, Runrunes, 30 de junio del 2016.Hide Footnote

Pero la emergencia social no es en absoluto una simple cuestión de hambre y penurias físicas. Un número desconocido de personas han muerto debido a la falta de medicamentos esenciales, equipamiento o servicios médicos. El sistema de salud pública está próximo al colapso.[fn]En junio del 2016, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana dijo que el 85 por ciento de los medicamentos que deberían estar disponibles en las farmacias estaban en falta o eran difíciles de conseguir. Una encuesta de doctores halló que a más de tres cuartas partes de los hospitales públicos les faltaban medicamentos básicos. Nicholas Casey, “Dying Infants and No Medicines: Inside Venezuela’s Failing Hospitals”, The New York Times, 15 de mayo del 2016.Hide Footnote Enfermedades que habían sido erradicadas o controladas están volviendo en forma de epidemias. El gobierno, sin embargo, niega que haya una crisis y amenaza o castiga a quienes protestan. Un informe de Human Rights Watch halló que la mortalidad materna en los primeros cinco meses del 2016 fue un 79 por ciento más elevada que en el mismo periodo en el 2009, el último para el cual se dispone de cifras oficiales. La mortalidad infantil aumentó en un 45 por ciento en el 2013. El personal médico supuestamente fue amenazado con el despido si alzaban la voz, mientras que los ciudadanos comunes que protestaban se exponían a ser golpeados, arrestados e incluso juzgados por tribunales militares.[fn]Una de las últimas enfermedades en reaparecer es la difteria: José Poito, “Brote de difteria se ha expandido por seis estados en dos meses”, Notiminuto, 30 de noviembre del 2016. El gobierno no ha publicado un boletín epidemiológico mensual desde fines del 2014. La ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez dijo al Consejo Permanente de la OEA en junio que no había “ninguna crisis humanitaria [en Venezuela]”. El gobierno ha dicho que las afirmaciones acerca de una crisis humanitaria y los pedidos de ayuda humanitaria son una pantalla para la intervención extranjera. Maira Ferreira, “Delcy Rodríguez: En Venezuela no hay crisis humanitaria”, El Universal, 23 de junio del 2016. “Humanitarian crisis in Venezuela: severe medical and food shortages, inadequate and repressive government response”, Human Rights Watch, 24 de octubre del 2016.Hide Footnote

Quienes han intentado traer ayuda médica del extranjero la han visto bloqueada por el gobierno. En noviembre las autoridades confiscaron un cargamento de medicamentos y suplementos nutricionales perteneciente a la ONG católica Cáritas que había llegado en agosto desde Chile. La aduana dijo que Cáritas no había presentado la documentación pertinente. Cáritas y la Iglesia Católica negaron esto, e instaron a que se abordara la ayuda humanitaria en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El 30 de noviembre, un médico y un trabajador del hospital de Magallanes de Catia en Caracas fueron arrestados por agentes del Sebin después de que aceptaran una donación de suministros médicos de una organización liderada por la esposa del preso político Leopoldo López.[fn]Comunicado, Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela y Caritas Venezuela, 25 de noviembre del 2016. Diego A Torrealba, “Sebin detuvo a médico y sindicalista en Hospital de los Magallanes de Catia por recibir donación de insumos médicos”, El Pitazo, 1 de diciembre del 2016.Hide Footnote

El chavismo después del 10 de enero

particularmente atractivo para los políticos ambiciosos al comienzo del quinto año de un mandato presidencial. Al contrario que muchos países con un sistema presidencial, Venezuela no elige a sus vicepresidentes: son designados como miembros ordinarios del gabinete. Si el presidente muere, renuncia o es destituido durante los dos últimos años del mandato de seis años, el vicepresidente lo reemplaza por el resto del mandato y está bien situado para buscar ser elegido presidente por derecho propio.

Ya ha habido muestras apenas encubiertas de interés en el cargo por parte de algunos líderes. El 29 de septiembre, el gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, sugirió que Maduro podría nombrar a Diosdado Cabello para el cargo, aunque lo dijo con la intención aparente de desalentar a la oposición de buscar un referéndum revocatorio más allá del 10 de enero.[fn]“Maduro nombraría a Diosdado Cabello vicepresidente”, El Nacional, 4 de octubre del 2016.Hide Footnote Al día siguiente, el miembro de la Asamblea Nacional y ex vicepresidente Elías Jaua, uno de los miembros del círculo íntimo de Maduro, dijo a una agencia de noticias ecuatoriana que el liderazgo apoyaba la reelección del presidente, una declaración que se entendió como una respuesta a Cabello y Ameliach.[fn]Eligio Damas, “Elías Jaua vuelve a confrontar a Diosdado, esta vez por la candidatura”, aporrea.org, 30 de septiembre del 2016. Jaua pertenece a la izquierda radical civil del movimiento chavista, la cual a menudo choca con el ala militar. Tiene estrechos lazos con el Frente Francisco de Miranda, una organización armada, entrenada por Cuba, que se dice cuenta con 20.000 militantes por todo el país.Hide Footnote Unos días después, Maduro usó su programa televisivo semanal (“Contacto con Maduro”) para respaldar al actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, otro civil de izquierda. En términos algo ambiguos, habló de entregar a Istúriz la responsabilidad que Chávez le había otorgado antes de su muerte.[fn]“Nicolás Maduro pone su confianza en Aristóbulo Istúriz”, Notitarde, 5 de octubre del 2016.Hide Footnote

Cabello se embarcó en una gira intensiva a mediados del 2016 que lo llevó a casi todos los estados (y cuarteles militares), lo que llevó a algunos comentaristas a sugerir que estaba haciendo campaña presidencial. Pero las encuestas indican que su mensaje de línea dura y personalidad abrasiva no son populares.[fn]El programa televisivo semanal de Cabello se llama “Con el mazo dando”.Hide Footnote Tanto Maduro como Jaua, así como el gobernador del estado de Aragua, Tareck el Aissami – otra figura que, según se rumorea, tendría ambiciones presidenciales – cuentan con mejores números.[fn]Véase, por ejemplo, la encuesta Venebarómetro de julio del 2016, en la que tres cuartas partes de los encuestados dijeron que no confiaban en Cabello: Luz Mely Reyes, “Cinco datos de la encuesta de Venebarómetro para tomar en cuenta”, Efecto Cocuyo, 24 de julio del 2016.Hide Footnote El hecho de que todos los potenciales sucesores dentro del PSUV sean tanto o más impopulares que Maduro podría desalentar a aquellos que pudieran buscar reemplazarlo. Cualquiera que aspire al cargo además requerirá, como mínimo, la aquiescencia de las fuerzas armadas. Muchos oficiales que se graduaron con Cabello y participaron con él en el fallido intento de golpe de Chávez en 1992 son ahora generales de alto rango, pero no se puede dar por hecho el apoyo de la mayoría en los cuarteles. Al contrario que Chávez, Maduro no ha logrado ejercer plenamente su autoridad sobre las facciones de las FANB, aunque, con la posible excepción del actual ministro de Defensa, tampoco lo ha hecho nadie más.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad y defensa, Caracas, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote

Perspectivas de una salida negociada

Parece improbable que la forma actual de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, auspiciadas por el Vaticano y UNASUR, prospere. La próxima reunión plenaria está prevista para el 13 de enero, pero la MUD no asistió a la última, el 6 de diciembre, y ha dicho que no participará en negociaciones hasta que el gobierno cumpla los compromisos que ya ha adquirido.[fn]“Si el régimen no cumple, MUD no asistirá al diálogo el 6D”, comunicado de la MUD, 2 de diciembre del 2016.Hide Footnote Su postura se vio fortalecida por la divulgación de una carta a Maduro, con fecha del 2 de diciembre, del Cardenal Parolin, en la que el Vaticano expresaba “dolor y preocupación” acerca de la falta de avances en las negociaciones y exigía el cumplimiento de cuatro acuerdos. Estos eran: medidas para abordar la crisis humanitaria; el establecimiento de un cronograma electoral; la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional, y la liberación de los presos políticos.[fn]Emiliana Duarte, “Parolin’s Letter”, Caracas Chronicles, 7 de diciembre del 2016.Hide Footnote El gobierno respondió con una carta pública de Jorge Rodríguez en la que rechazaba de pleno las demandas del Vaticano y acusaba a Parolin de violar los términos de la misión de facilitación. Rodríguez descarta cualquier cambio en el calendario electoral.[fn]Christhian Colina, “Guerra de cartas: Rodríguez arremetió contra la iglesia por críticas al diálogo”, Caraota Digital, 9 de diciembre del 2016.Hide Footnote Hay elementos dentro de la MUD que estarían dispuestos a esperar hasta las elecciones programadas para diciembre del 2018 antes que reemplazar a Maduro en los dos últimos años de su mandato y después enfrentarse a un electorado que bien podría estar frustrado por la lentitud del cambio.[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote Pero es políticamente imposible decir esto públicamente, dada la desesperación que sienten muchos simpatizantes por un cambio de gobierno inmediato.

No obstante ninguna de las dos partes ha abandonado formalmente las negociaciones y la que primero lo hiciera pagaría un costo político, en particular dada la presencia del Vaticano, con su considerable autoridad moral. En especial la MUD, que dio tanta importancia a la intervención del Papa Francisco, podría tomarse en serio la amenaza de que si las negociaciones se derrumban y el Vaticano abandona, no será fácil convencerlo de que vuelva. El problema de la MUD, sin embargo, es cómo defender su participación en negociaciones que prácticamente no han producido resultados tangibles, más allá de la liberación de siete presos opositores, contra las voces de su coalición que expresan públicamente su resistencia. Si el diálogo puede de algún modo mantenerse, o reanudarse si se derrumba, el factor más decisivo probablemente será la crisis económica y financiera, para la cual no hay perspectivas de hallar una solución sin un acuerdo. El tener presente las probables consecuencias – un default caótico, una explosión social, un golpe militar o una combinación de las tres – podría finalmente afilar las mentes de los negociadores.

Conclusión

Venezuela necesita urgentemente una solución a una crisis que ha exacerbado la polarización política y ha perjudicado los medios de sustento y el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos. El gobierno de Maduro ha proporcionado poco más que paliativos: millones no tienen suficiente para comer, mientras que miles están muriendo innecesariamente debido a la escasez de medicamentos y asistencia sanitaria básica. La profunda impopularidad del gobierno resultó en una victoria aplastante para la coalición opositora en las elecciones parlamentarias hace un año, pero en cambio de escuchar la voz del electorado, el gobierno se negó a buscar una posición moderada. Eligió anular el resultado erigiendo barreras institucionales, en ocasiones físicas, en torno a la Asamblea Nacional, endureció su discurso revolucionario y pisoteó las normas legales y constitucionales en un intento de recuperar la hegemonía perdida.

La oposición respondió buscando un referéndum revocatorio contra el presidente y un cambio de gobierno anticipado. Una vez más, Maduro hizo uso de su control institucional, postergando, bloqueando y finalmente suspendiendo la campaña del referéndum, a pesar de que había claros indicios de que representaba la voluntad de la mayoría. El referéndum revocatorio distaba de ser una solución ideal: una elección presidencial anticipada que resultara en un repentino cambio de gobierno hubiera conllevado un grave riesgo de inestabilidad dado el control del chavismo sobre la industria petrolera, el aparato estatal, la economía y las fuerzas armadas. Pero era constitucional, democrático y potencialmente la opción menos mala.

Muchos ahora tienen las esperanzas puestas en las elecciones presidenciales del 2018. Con dos años de su mandato aún restantes, sin embargo, el presidente Maduro y sus ministros parecen incapaces de evitar el colapso económico y una crisis humanitaria aún más profunda. Si bien un golpe militar en el sentido clásico parece poco probable, hay una fuerte posibilidad de que las fuerzas armadas ejercerán progresivamente más control. Para restaurar el Estado de derecho y evitar mayor sufrimiento, un acuerdo con la oposición es esencial y solo puede lograrse con ayuda internacional. Idealmente, un gobierno interino que represente a ambas partes implementaría urgentes reformas económicas y restauraría la independencia y profesionalismo del poder judicial y la autoridad electoral para así garantizar unas elecciones libres y justas en el 2018. El proceso de facilitación liderado por el Vaticano y UNASUR es un comienzo, pero para lograr el éxito se necesitará una estructura más robusta que cuente con procedimientos de verificación internacional de los acuerdos, así como aportes de la sociedad civil y expertos técnicos externos.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de diciembre del 2016

Anexo A: Mapa de Venezuela
Mapa de Venezuela. CRISIS GROUP