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Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento
Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento
People cook in the streets during a protest due to a lack of cash in El Pinal, Venezuela December 16, 2016. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

Venezuela: la deuda del hambre

La mala gestión económica, la corrupción y la disminución de las reservas han llevado a Venezuela a la ruina y a atrasar los pagos de sus deudas generando un incumplimiento parcial de estas. Negociaciones comprehensivas y supervisadas internacionalmente, que incluyan la restauración de los poderes al parlamento son esenciales para allanar el camino hacia una reestructuración de la deuda y una elecciones presidenciales libres y justas.

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  • ¿Qué sucedió? El 14 de noviembre, las agencias de calificación crediticia declararon el default parcial de la deuda externa de Venezuela tras el impago de $200 millones a los tenedores de bonos.
     
  • ¿Por qué sucedió? La mala gestión económica y la corrupción han reducido las reservas de divisas de Venezuela a menos de $10 mil millones. Sus ganancias en dólares han disminuido drásticamente debido a un fuerte descenso en el precio del petróleo. Altamente dependiente de las importaciones, debe además desembolsar miles de millones al año para pagar enormes deudas adquiridas a tipos de interés muy elevados durante el auge del petróleo.
     
  • ¿Por qué importa? La economía venezolana está en caída libre en medio de una dilatada crisis política que dejó docenas de muertos en las calles a mediados de este año. Se enfrenta a unas probables elecciones presidenciales en 2018. Una abierta cesación de pagos podría sumar una creciente emergencia humanitaria a esta crisis económica y política.
     
  • ¿Qué se debería hacer? El gobierno debería restaurar los poderes al parlamento, liderado por la oposición, y procurar que apruebe un paquete de restructuración. Pero esto debe formar parte de una negociación política integral, con supervisión internacional, que incluya un acuerdo sobre el nombramiento de un Tribunal Supremo y un Consejo Electoral autónomos, así como garantías de unas elecciones presidenciales libres y justas.

I. Resumen

Durante mucho tiempo los mercados financieros consideraron probable que Venezuela entrara en default, y  cobraron al país correspondientemente. Ya para mediados de 2017, el riesgo implícito de un default dentro de los siguientes doce meses era de más del 50 por ciento, mientras que el riesgo a lo largo de los cinco años venideros era de más del 90 por ciento. Ahora, Venezuela ha entrado técnicamente en default de parte de su deuda, planteando la posibilidad de que en cualquier momento los acreedores tomen medidas para recuperar el total del monto debido. Esto sumaría un total de unos $60 mil millones en bonos emitidos por el gobierno y por la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (conocida como PDVSA), aunque por lo general se considera que el total de la deuda externa está en torno a los $150 mil millones, dos terceras partes de los cuales podrían ser exigidos de inmediato.

El último gran default en América Latina fue el de Argentina, que cesó el pago de la mayor parte de su deuda externa de $132 mil millones en 2001, en medio de una grave crisis económica y política. A Argentina le llevó quince años alcanzar un acuerdo final con los acreedores ‘hold-out’ y restaurar su acceso a los mercados financieros. Una crisis de la deuda venezolana probablemente sea aún más compleja y provoque mayores daños políticos y sociales. En primer lugar, una restructuración ordenada de la deuda es prácticamente imposible: el gobierno no solo carece de un plan creíble de recuperación económica y financiera, sino que se enfrenta a sanciones, que exponen a quienes proporcionen nuevos préstamos al país a ser procesados penalmente. Además, es probable que el gobierno mantenga sus rígidos y económicamente dañinos controles de cambio   y al acceso a dólares estadounidenses.

La interrupción de las exportaciones de petróleo podría desencadenar una emergencia humanitaria en un país que ya está sufriendo una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes vitales.

Asimismo, mientras que Argentina es uno de los pocos países autosuficientes en materia de alimentos, Venezuela tiene un sector alimentario y agrícola en declive y la desnutrición está aumentando de manera desenfrenada. Alrededor del 96 por ciento de sus ingresos en divisas provienen de la industria del petróleo, cuyos activos en el extranjero podrían ser vulnerables al embargo por parte de acreedores. La interrupción de las exportaciones de petróleo podría desencadenar una emergencia humanitaria en un país que ya está sufriendo una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes vitales. Políticamente, Venezuela está cada vez más aislada: todos los principales países del hemisferio, así como la UE, se han unido para exigir la restauración de la democracia. Las elecciones presidenciales previstas para el próximo año aumentan la inestabilidad. La cuestión de quién será el candidato oficial aún está por resolverse.

II. Default

El 2 de noviembre, el presidente Maduro anunció su decisión de “decretar el refinanciamiento y restructuración” de la deuda externa de Venezuela. Si bien el gobierno insiste que no tiene intención de entrar en default, posteriormente no realizó varios pagos de la deuda dentro de los plazos previstos por los contratos, lo que llevó a las agencias de calificación a relegar su deuda a la categoría de “default selectivo”. La ISDA – una asociación del mercado de derivados financieros que decide si se debe activar el pago de seguros por deudas incobrables – declaró un default técnico sobre algunos bonos.

El 13 de noviembre, el gobierno celebró una reunión con acreedores en Caracas, supuestamente para poner en marcha el proceso de restructuración/ refinanciamiento. Maduro puso al vicepresidente Tareck el Aissami a cargo, lo que hizo que muchos inversores se abstuvieran de asistir, ya que Aissami y otro miembro de la comisión (el ministro de Finanzas Simón Zerpa) se enfrentan a sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. Si bien el Departamento declaró que simplemente asistir a la reunión no constituía una violación de las leyes estadounidenses, negociar con estos individuos claramente sí lo haría. Asimismo, las sanciones de EE.UU. prohíben la emisión de nueva deuda a Venezuela, a menos que sea aprobada por el parlamento[fn]La Asamblea Nacional, liderada por la oposición, ha sido reemplazada, para todo efecto práctico, por la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en julio, que no cuenta con miembros de la oposición. Véase comentario de Crisis Group “Últimos destellos de democracia en Venezuela”, 3 de agosto de 2017. En agosto, el gobierno de EE.UU. impuso sanciones que restringían los préstamos a Venezuela. Ann Gearan & Anthony Faiola, “Trump tightens Venezuela’s access to U.S. financial system”, Washington Post, 23 de agosto de 2017.Hide Footnote , lo que hace que el proceso sea inútil sin un acuerdo político.

La reunión duró solo media hora. Aissami leyó un comunicado dedicado principalmente a culpar a las sanciones de EE.UU. por los retrasos en los pagos, y aportó pocas pistas acerca de lo que haría el gobierno. Algunos acreedores que asistieron dijeron que se les pidió que presionaran al gobierno de Trump para que levantara las sanciones. Mientras el gobierno siga realizando pagos, aunque sea con retraso, los acreedores probablemente se abstendrán de tomar medidas que pudieran desencadenar en un default a gran escala. No obstante, esto podría cambiar, especialmente si resulta evidente que el gobierno está tomando medidas para salvaguardar activos que podrían ser embargados en caso de un default.

 

III. Caída libre económica

El gobierno de Maduro presume de haber desembolsado más de $71 mil millones en pagos de la deuda a lo largo de los últimos cuatro años. Durante este periodo, las importaciones han caído de más de $45 mil millones en 2012 a menos de $20 mil millones este año. Los servicios de salud del país están cerca del colapso y la mayoría de los medicamentos esenciales han desaparecido de las farmacias. En octubre, por primera vez el aumento mensual de los precios al consumo superó el 50 por ciento, una tasa considerada por muchos economistas como el umbral de la hiperinflación. El precio de los alimentos está aumentando aún más rápidamente, pero los salarios no están indexados a los precios. Millones de hogares dependen al menos parcialmente de un programa del gobierno que distribuye alimentos baratos a los pobres, pero los alimentos han de ser importados con petrodólares. La ONG católica Cáritas declaró una emergencia a comienzos de este año cuando la desnutrición moderada a severa entre los niños menores de cinco años superó el 10 por ciento.

La región vecina ya está sufriendo las consecuencias de la crisis de Venezuela, que van desde la disminución del comercio a la propagación de epidemias y la expansión del crimen organizado.

En 2018, el servicio de la deuda probablemente consuma alrededor de un tercio de los ingresos del petróleo, incluso si continúa la actual recuperación de los precios. Algunos economistas han sostenido que es inmoral pagar a los inversores mientras los venezolanos se mueren de desnutrición y enfermedades prevenibles. No obstante, el default – especialmente si se trata de un simple cese de los pagos, sin un acuerdo sobre restructuración o refinanciamiento – podría dejar al país aún menos capaz de pagar sus cuentas. Esto no es simplemente porque podría reducir aún más el acceso de Venezuela a créditos, sino también porque los acreedores podrían intentar embargar los considerables activos relacionados con la industria del petróleo que poseen en el extranjero, lo que podría paralizar una industria de la que depende toda la economía. Esto incluye no solo activos físicos, como refinerías, sino también pagos pendientes relacionados con el petróleo. Cualquier intento de confiscar estos bienes probablemente resulte en interminables batallas legales en torno a la distinción entre la deuda soberana (que goza de inmunidad frente al embargo de activos) y la de la PDVSA, cuyo único accionista es el Estado venezolano.

La región vecina ya está sufriendo las consecuencias de la crisis de Venezuela, que van desde la disminución del comercio a la propagación de epidemias y la expansión del crimen organizado. Los profesionales de clase media ya nos son los únicos que se están yendo. Solo Colombia ha recibido a al menos 470.000 venezolanos[fn]Más de la mitad de estos inmigrantes son clandestinos, según datos oficiales de Colombia sobre migración. “¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?”, El Colombiano, 27 de octubre de 2017.Hide Footnote , muchos de ellos pobres, lo que ha sobrecargado severamente los servicios sociales, especialmente en las zonas fronterizas.

IV. Colapso democrático

Venezuela lleva años deslizándose hacia la dictadura. La tendencia se aceleró después de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganara el control de la Asamblea Nacional (parlamento) hace dos años. El gobierno usó su control del Tribunal Supremo para bloquear todas las iniciativas parlamentarias y despojar a la Asamblea de sus poderes, incluido el control del presupuesto y la emisión de deuda externa. Ha usado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para bloquear un referéndum contra el presidente Maduro, programar elecciones cuando le convenía al partido gobernante, e inclinar la balanza contra la oposición. Entre abril y julio de este año, la oposición exigió el retorno a la democracia en manifestaciones masivas casi diarias a las que las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Más de 120 personas resultaron muertas.

El 30 de julio el gobierno celebró elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), supuestamente encargada de reformar la Constitución de 1999. La alianza opositora boicoteó la votación, argumentando que las elecciones eran inconstitucionales y violaban el principio de una persona, un voto. Hay pruebas de que el gobierno falsificó las cifras de participación. La asamblea de 545 miembros, compuesta exclusivamente de simpatizantes del gobierno, fue instalada el 4 de agosto. Dos semanas más tarde, después de que el parlamento se negara a reconocer la Asamblea Constituyente, esta asumió poderes legislativos por decreto. Sin embargo, esta nueva legislatura es considerada ilegítima por muchos gobiernos extranjeros, incluidos los miembros del Grupo de Lima, una docena de países provenientes principalmente de América Latina; Estados Unidos y la Unión Europea, que siguen reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional.

Una vez puesta en marcha la Asamblea Constituyente, el gobierno convocó elecciones de gobernadores estatales, que deberían haberse celebrado en diciembre de 2016. Las encuestas mostraban que la alianza Unidad Democrática probablemente ganaría en más de la mitad de los 23 estados, pero el consejo electoral recurrió a medidas claramente dirigidas a debilitar el voto opositor, como cambiar de lugar los centros de votación en el último momento. Finalmente, el gobierno se adjudicó 18 gobernaciones. En un estado – Bolívar – surgieron pruebas de que el recuento de votos había sido fraudulento, pero en general el gobierno parece haber superado tácticamente a la oposición[fn]Anatoly Kurmanaev, “How Hundreds of Mysterious Votes Flipped a Venezuelan Election”, Wall Street Journal, 2 de noviembre de 2017.Hide Footnote . Sigue contando con el apoyo de hasta una cuarta parte del electorado, y también ha refinado un sistema que hace que el acceso a los alimentos y otros servicios estén condicionados a la lealtad política.

Este revés político dejó a la oposición severamente debilitada y más dividida que nunca en torno a la estrategia. El gobierno también es vulnerable a las divisiones, que podrían verse agravadas aún más en caso de un default y las probables presiones para desmantelar el sistema de controles cambiarios. Una parte considerable tanto de los bonos soberanos como de los de PDVSA supuestamente está en poder de los dirigentes y simpatizantes del gobierno[fn]Entrevista de Crisis Group, economista venezolano, 22 de noviembre de 2017.Hide Footnote .Crisis Group interview, Venezuelan economist, 22 November 2017.Hide Footnote

V. Sanciones internacionales

El 26 de agosto, el presidente Trump prohibió a cualquier individuo o corporación en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de EE.UU. (que incluye a la mayoría de los principales acreedores de Venezuela) financiar la empresa petrolera estatal por más de 90 días, o la República Bolivariana de Venezuela por más de 30. Esto permite que se desarrolle el comercio pero excluye la financiación a largo plazo. Asimismo, dado que la deuda es en dólares estadounidenses, cualquier renegociación inevitablemente involucraría al sistema financiero estadounidense. Por lo tanto hay pocas perspectivas de un plan de refinanciamiento viable a menos que se levanten las sanciones. Además, el presidente Maduro y muchas otras importantes autoridades del gobierno están sujetas a sanciones individuales, que hacen que tratar con ellos sea un delito para cualquier persona sujeta a la jurisdicción estadounidense. El vicepresidente Tareck el Aissami ha sido acusado por las autoridades de EE.UU. de mantener vínculos con el narcotráfico[fn]Para detalles sobre lo que las sanciones de EE.UU. significan en la práctica, véase “Frequently Asked Questions on Venezuela-related Sanctions”, Departamento del Tesoro de EE.UU. Para las sanciones canadienses, véase “Canadian Sanctions Related to Venezuela”, Global Affairs Canada. Con respecto a la UE, véase Michael O’Kane, “EU imposes arms embargo and targeted sanctions on Venezuela”, en europeansanctions.com blog, 13 de noviembre de 2017.Hide Footnote . Canadá también ha impuesto sanciones individuales, mientras que la Unión Europea ha aprobado un marco legal para la prohibición de viajar y el embargo de activos.

La exclusión de Venezuela del sistema financiero basado en el dólar está llevando al país a estrechar aún más los lazos con Rusia y China, que han rechazado lo que consideran intervencionismo occidental y han mostrado mucha más flexibilidad a la hora de renegociar su propia deuda bilateral. Se cree que la deuda que mantiene Venezuela con estos dos países asciende a unos $30 mil millones.

VI. Las negociaciones ofrecen una débil esperanza

El 1 de diciembre, el gobierno volverá a sentarse a la mesa de negociaciones con varios líderes opositores en Santo Domingo, en la República Dominicana. Sin embargo, las dos partes tienen agendas diferentes. El gobierno quiere que la oposición reconozca la Asamblea Constituyente, llame al cese de las sanciones y prometa conseguir la aprobación del parlamento para emitir más deuda. La principal demanda de la oposición son unas elecciones libres y justas, las cuales cree que expulsarían al actual gobierno del poder. Anteriores rondas de negociaciones no han llevado a ninguna parte. La principal diferencia en esta ocasión parece ser la presencia de ministros de relaciones exteriores latinoamericanos que actuarán como “garantes” de las negociaciones.

En el pasado las negociaciones fracasaron en parte porque el gobierno las usó para ganar tiempo y dividir y descalificar a la oposición. Esta tarea fue facilitada por políticos opositores que no lograron acordar una estrategia unificada y por facilitadores internacionales que no insistieron en un marco sólido de negociación y garantías de cumplimiento. La oposición permanece dividida y solo siete de sus veinticuatro partidos han aceptado asistir a las negociaciones, aunque esta ronda estará precedida por un proceso de consulta más amplio, que incluirá diálogos con organizaciones de la sociedad civil.

La grave crisis económica, financiera, social y política de Venezuela no se puede resolver de forma fragmentada.

La grave crisis económica, financiera, social y política de Venezuela no se puede resolver de forma fragmentada. El gobierno solo podrá manejar la crisis de la deuda disociando la deuda soberana de la deuda de PDVSA para evitar el embargo de activos y llegando a un acuerdo de refinanciación con los acreedores. Pero no puede hacer esto sin al mismo tiempo hacer importantes concesiones a cambio de la aprobación de nueva deuda por parte de la Asamblea Nacional y un acuerdo para llamar al levantamiento gradual de las sanciones.

Las concesiones del gobierno tendrían que incluir ceder el control monopólico sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Electoral y acordar celebrar elecciones libres bajo supervisión internacional. También tendría que producir un paquete de reformas económicas que incluya el desmantelamiento de los controles cambiarios y de precios disfuncionales y un acuerdo sobre una tasa de cambio unificada[fn]Venezuela introdujo los controles cambiarios en 2003, y los controles de precios se han ido intensificando a lo largo del mismo período. La principal tasa de cambio oficial (para “importaciones esenciales”) es actualmente de 10 bolívares por dólar, mientras que la tasa en el mercado negro superó recientemente los 80.000 bolívares por dólar. En teoría los ciudadanos y el sector privado pueden obtener dólares a una tercera tasa (actualmente 3.345 bolívares), pero el sistema de las llamadas subastas de divisas lleva dos meses suspendido. Varios economistas independientes atribuyen las severas distorsiones de los precios y otros males económicos en Venezuela al sistema bizantino de controles, que también ha ayudado a fomentar la corrupción.Hide Footnote . Tal paquete probablemente solo les resultaría aceptable a los inversores si fuera anunciado por un equipo económico completamente nuevo que incorpore a expertos independientes. Cualquier acuerdo debería incluir un programa social de emergencia, financiado en parte por fondos liberados por el alivio de la deuda, e incorporar ayuda de gobiernos extranjeros y ONG.

Dado que las perspectivas de un acuerdo son escasas, la comunidad internacional también debe prepararse para un deterioro significativo de la crisis humanitaria incrementando la ayuda a los países vecinos para que puedan atender las necesidades de los migrantes desposeídos, y seguir presionando al gobierno venezolano para que permita la entrega de ayuda humanitaria dentro del país. Pero también debería abordar los motivos del reiterado fracaso de las negociaciones a la hora de producir una solución. Esto implica diseñar un procedimiento creíble y viable para las negociaciones, y aplicar suficiente presión a través de los aliados del gobierno venezolano y la oposición para inducir a ambas partes a aceptarlo.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 23 de noviembre de 2017

Opposition supporters confront riot security forces with a sign that reads "No to constituent assembly, yes to food and medicines" while rallying against President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, on 12 May 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento

The Venezuelan government has dissolved the elected, opposition-led parliament and initiated de facto rule. Foreign governments and multilateral organisations should regard all government actions carried out in contravention of the 1999 constitution as invalid and press the government to take urgent steps toward the restoration of democracy.

El 19 de agosto, la autoproclamada Asamblea Constituyente, instalada dos semanas antes por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunció que asumiría las funciones del parlamento del país, liderado por la oposición, elegido en diciembre de 2015. Si bien el gobierno insiste que no ha disuelto la legislatura, esto no es más que un detalle técnico. Desde que asumió la coalición opositora Unidad Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por gobierno, ha impedido al parlamento ejercer sus funciones constitucionales. Ahora ha sido despojado de todos sus poderes.

La medida de la Asamblea Constituyente elimina cualquier pretensión de que Venezuela siga siendo una democracia. Sin un solo escaño en la asamblea, el movimiento opositor no tiene ninguna presencia significativa en las instituciones nacionales y está cada vez más sujeto al asedio judicial y policial. Los 545 miembros de la asamblea parecen estar ahí exclusivamente para aprobar por aclamación cualquier propuesta del gobierno, ya que no ha habido ningún debate.

Un gobierno irrestricto e impopular con toda probabilidad agudice la violencia política y los flujos migratorios de los últimos meses.

La crisis cada vez más grave de Venezuela – cuyos efectos se sienten no solo en la desaparición de las libertades civiles, sino también en el aumento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y la delincuencia – solo puede resolverse mediante una restauración negociada de la democracia. Un gobierno irrestricto e impopular con toda probabilidad agudice la violencia política y los flujos migratorios de los últimos meses. Evitar esto requerirá mediación externa, y casi inevitablemente conllevará el establecimiento de un régimen transicional con garantes internacionales. Ningún escenario en el que el ganador se lo lleve todo, ya sea por medio de un golpe de estado o unas elecciones generales, es factible, y probablemente tampoco sea capaz de producir un resultado estable.

Por ahora, el gobierno chavista ostenta el poder absoluto, sin restricción alguna por parte de los controles y contrapesos judiciales y parlamentarios. El presidente convocó las elecciones del 30 de julio en contravención de un requisito constitucional de que el electorado decida primero si se debería o no convocar tal asamblea. La oposición posteriormente boicoteó la votación en medio de una ola de protestas contra el gobierno por todo el país, que fueron violentamente reprimidas. Si bien el gobierno afirma que más de ocho de los veinte millones de votantes del país participaron en ellas, estimaciones independientes sugieren una cifra en torno a la mitad. La oposición afirmó que más de siete millones rechazaron la propuesta en una encuesta informal que llevó a cabo el 16 de julio.

Una llamada Comisión para la Verdad, Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instalada por la asamblea, está a cargo de investigar la violencia que se cobró más de 120 vidas en los cuatro meses de protestas lideradas por la oposición antes del 30 de julio. Pero el carácter unilateral de la comisión, y las declaraciones del gobierno sobre esta cuestión, dejan claro que el objetivo es culpar a la oposición del derramamiento de sangre e incluso acusar y encarcelar a sus líderes por supuestamente incitar a la violencia.

El gobierno ha afirmado que cualquier político opositor que pretenda presentarse en las próximas elecciones regionales requerirá un certificado de buena conducta de la asamblea que afirme que no participó en la violencia. Junto con otras acciones, como inhabilitar arbitrariamente a los líderes opositores más populares, y encarcelar o forzar a otros al exilio, esto permitirá al gobierno competir solo contra los candidatos que él mismo elija. La autoridad electoral controlada por el gobierno ha violado la ley al programar o suspender elecciones según la conveniencia política del partido gobernante, y – con la ayuda del TSJ – ha cancelado o negado la inscripción de muchos partidos, impidiendo que participen.

Al mismo tiempo, la asamblea se ha ensañado con la principal fuente de disidencia al interior del gobierno: la fiscalía. La fiscal general Luisa Ortega se había convertido en una crítica acérrima del gobierno, y estaba investigando a varias autoridades de alto nivel por corrupción y abusos de los derechos humanos. Ortega y su esposo, un diputado disidente del partido oficialista, huyeron a Colombia el 18 de agosto, después de que la fiscal fuera inconstitucionalmente despojada de su cargo en la primera resolución de la asamblea. Ambos han sido amenazados con ser enjuiciados.

A medida que [el gobierno venezolano] se vuelto más impopular, simplemente ha cancelado las elecciones libres y justas y ha perseguido a quienes se oponen.

El gobierno venezolano lleva muchos años desafiando abiertamente los principios democráticos y de derechos humanos en los que se basa el sistema interamericano. A medida que se vuelto más impopular, simplemente ha cancelado las elecciones libres y justas y ha perseguido a quienes se oponen. La región está sujeta a sus propias reglas y tiene la obligación moral de actuar. Esto no significa intervenir militarmente – una posibilidad planteada por el presidente estadounidense Trump, pero resistida por toda la región – ni tampoco debería involucrar sanciones económicas, por ejemplo contra el petróleo, que infligirían mayor dolor a un población que ya está sufriendo, mientras que permitirían al gobierno mostrarse como víctima. Sí significa insistir en que se respeten las prerrogativas del parlamento y se declare la nulidad de cualquier acción del gobierno que usurpe los poderes constitucionales del parlamento.

Para negociar la restauración de la democracia, será esencial no solo elevar el costo de consolidar la dictadura, sino también reducir el costo de renunciar al poder ofreciendo al gobierno garantías creíbles de que sus miembros no serán sometidos a cazas de brujas y sus derechos serán respetados.

La región debería construir sobre la base de la iniciativa lanzada el 8 de agosto por las doce naciones latinoamericanas que firmaron la Declaración de Lima, que incluyó una propuesta de negar el apoyo a los candidatos venezolanos a organizaciones internacionales y prohibir la venta de armas al país. Debería además apoyar la formación de un “grupo de contacto” cuyo propósito sería sentar a la mesa al gobierno venezolano y la oposición para que entablen negociaciones sustantivas que deriven en una transición democrática. El grupo debería incluir tanto a aliados como a adversarios del gobierno venezolano. Los gobiernos de los aliados claves Cuba, Rusa y China, si bien potencialmente reacios a participar en tal iniciativa, no deberían interponerse. El grupo de contacto debería al menos celebrar negociaciones informales con los tres con miras a abordar sus respectivas inquietudes.

Es probable que la crisis venezolana supere la capacidad de los organismos regionales de contenerla y abordarla. El secretario general de la ONU debería adoptar medidas para prepararse para la posibilidad de que diversos elementos de la ONU sean llamados a asistir. Debería iniciar el proceso de nombrar a un enviado especial para que establezca contacto con quienes buscan una solución, y preparar al Equipo País de Venezuela para un posible papel en la mediación y la puesta en marcha de mecanismos para lidiar con la emergencia humanitaria que ya está tomando forma.

No existe ninguna solución rápida a la crisis venezolana, pero mientras impulsa una solución negociada la comunidad internacional debe además lidiar con su impacto inmediato. Esto significa ayudar a los países vecinos que están intentando hacer frente a un éxodo de refugiados (principalmente Colombia), prestando apoyo y solidaridad a los defensores de los derechos humanos y la democracia sobre el terreno y buscando formas creativas de aliviar el hambre, la desnutrición y las enfermedades que afectan cada vez más a la población. La persistente negativa del gobierno de dialogar con sus detractores, tanto a nivel doméstico como internacional, no debe convertirse en una excusa para la inacción.