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¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?
¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Venezuela's President Nicolas Maduro attends a political meeting between government and opposition next to Claudio Maria Celli, Vatican's representative, and UNASUR Secretary General Ernesto Samper, in Caracas, Venezuela, on 30 October 2016. REUTERS/Marco Bello

¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?

El bloqueo de Venezuela de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro ha dificultado lograr una solución pacífica al intrincado conflicto que sufre país. La reciente mediación del Vaticano ofrece una de las pocas esperanzas de progreso.

“Estábamos al borde del abismo”, dice un conocido chiste venezolano. “Pero ahora hemos dado un gran paso adelante”.

Hasta el mes pasado, Venezuela contaba con una vía constitucional clara para resolver la profunda crisis política, económica y social que ha azotado a esta nación de 30 millones de habitantes prácticamente desde la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro en 2013: un referendo revocatorio que allanaría el camino para la celebración de nuevas elecciones.

La oposición había obtenido permiso para llevar a cabo una campaña de recolección de firmas a finales de octubre para convocar el referendo. Pero el 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el Gobierno, suspendió el proceso. El dudoso pretexto fue un conjunto de fallos emitidos simultáneamente por varios tribunales penales regionales que alegaban fraude durante una etapa anterior del proceso. Aparentemente fue una victoria para el ala dura del Gobierno, impresión que fue reforzada por el hecho de que los fallos de los tribunales no fueron anunciados por los jueces que supuestamente los emitieron, sino por un grupo de gobernadores estatales vinculados con el ala más intransigente del partido gobernante. 

Esta jugada dejó a los venezolanos al borde del abismo. La suspensión del referendo debilitó a las voces moderadas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), agravó las tensiones internas de su liderazgo multipartidista e incrementó el riesgo de un desenlace violento, a medida que el Gobierno se preparaba para reprimir las protestas que probablemente se vuelvan cada vez más agresivas.

La misión de rescate del Vaticano

Un rayo de esperanza surgió cuando el Vaticano intervino para reforzar una frágil iniciativa de mediación – denominada “facilitación” por sus organizadores y “acompañamiento” por la Iglesia – que había sido liderada por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. En respuesta a las solicitudes formales de ambas partes emitidas en septiembre, y con un nuevo sentido de urgencia tras la suspensión del proceso de referendo, el Vaticano mandó un enviado especial – Monseñor Emil Paul Tscherrig, Nuncio Apostólico en Argentina – quien anunció que ambas partes se reunirían el 30 de octubre para “el inicio de un diálogo”.

Tscherrig era un substituto temporal, nombrado en el último momento, del mediador designado, Monseñor Claudio Maria Celli, quien entonces se encontraba en China. Los eventos se desarrollaron tan rápidamente que, en una inusual desviación del protocolo, el Papa Francisco aceptó conceder una audiencia de media hora organizada a toda prisa al presidente Maduro, quien había estado de gira por Oriente Medio. Durante la reunión, parece ser que el Papa resaltó la necesidad de una solución electoral en Venezuela y la liberación de los presos políticos. La cita en Roma coincidió con el anuncio de Monseñor Tscherrig el 24 de octubre del inicio del proceso de diálogo.

Una señal de lo tenso que está el ambiente en el país es que, a pesar de haber presionado repetidamente por la mediación del Vaticano, la delegación de la MUD solo haya alcanzado un acuerdo interno para asistir a las negociaciones media hora antes de que comenzaran el 30 de octubre después de lidiar con duros desacuerdos internos. De los miembros del llamado G4 (los cuatro partidos principales de la MUD, que dominan la alianza), solo tres se sentaron a la mesa. Voluntad Popular (VP) dijo que solo se uniría a cambio de mayores concesiones del Gobierno, mientras que los otros tres se comprometieron a abandonar la mesa si no lograban obtenerlas.

El día después de las negociaciones, el Ejecutivo hizo un primer gesto de buena voluntad al liberar a cinco presos políticos, el primer gesto de este tipo desde la liberación de un solo preso el 9 de septiembre. La reacción inmediata de la oposición fue que, si bien este había sido un paso importante, no era suficiente. Según la coalición opositora, más de 100 disidentes permanecen encarcelados o bajo arresto domiciliario a la vez que miles de venezolanos sufren diversos tipos de restricciones como no poder salir del país. Todos los liberados habían sido detenidos en los últimos meses y ninguno de ellos estaba entre las figuras más emblemáticas entre rejas.

La MUD, al igual que el Gobierno, está dividida.

Mucho dependerá del Vaticano y de los otros tres facilitadores que trabajarán bajo los auspicios de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Sus esfuerzos han recibido el respaldo de Washington entre otros, que inmediatamente envió a su Subsecretario Thomas Shannon a Caracas para participar en una ronda de reuniones. Pero si no se logran avances sustantivos rápidamente, el proceso de negociación podría venirse abajo y revivirlo podría suponer una tarea muy complicada. De fracasar, el Vaticano ha indicado que podría retirarse por completo. La fractura de la MUD, que es otra posibilidad, sin duda deleitaría al Gobierno aunque complicaría aún más una posible solución negociada.

El Gobierno y la oposición tienen previsto reunirse de nuevo el 11 de noviembre. Mientras tanto, cuatro grupos de trabajo – cada uno presidido por un facilitador externo – abordarán algunas de las cuestiones más apremiantes. Zapatero se encargará de los puntos de la agenda relacionados con el Estado de derecho; el representante papal Claudio Maria Celli de temas de verdad, justicia y reparación; el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández de la crisis socioeconómica; y Martín Torrijos, expresidente de Panamá, del fomento de la confianza y las elecciones. Pero varios líderes destacados de la oposición han dicho que la MUD abandonará el proceso si no se cumplen sus condiciones antes de la próxima reunión. Estas incluyen un cronograma claro para la celebración de elecciones anticipadas y la liberación de presos, la eliminación de restricciones al Parlamento y una autoridad electoral neutral.

Aún si tienen éxito, las negociaciones no resultarán en un cambio inmediato de gobierno, como exige el ala más combativa de la MUD. Lo máximo que podría esperar la oposición es que se acuerde un mecanismo para adelantar las elecciones presidenciales (previstas, según la Constitución, para diciembre de 2018); el reemplazo de miembros de la junta del CNE por figuras más neutrales; un Parlamento que funcione; la liberación de todos – o casi todos – los presos políticos; y un acuerdo para permitir el ingreso de ayuda alimentaria y médica para aliviar el sufrimiento inmediato de la población.

Calentar las calles

La iniciativa del Vaticano no fue universalmente bienvenida. Desconcertó a la oposición, ya que algunos de sus miembros solo esperaban conversaciones preliminares, y protestaron que la declaración del nuncio apostólico fuese tan prematura. El ala dura de la oposición insistió que era absurdo sentarse a negociar formalmente en el clima actual y sin ninguna indicación por parte del Gobierno de que está preparado para reconsiderar la cuestión del referendo o hacer concesiones significativas.

Inicialmente, la oposición había respondido a la suspensión del proceso de referendo el 20 de octubre con una triple estrategia. 

Primero, comenzó a presionar al Gobierno mediante lo que en el lenguaje popular se conoce como “calentar la calle”.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, liderada por la MUD, comenzó a debatir la destitución del presidente por haber violado la Constitución, por supuesto “abandono del cargo” o incluso por poseer nacionalidad colombiana, y por tanto ser constitucionalmente no apto para el cargo. El problema es que, dado que el poder ejecutivo controla las demás instituciones del Estado, en cualquier caso el proceso probablemente iba a terminar siendo meramente declamatorio.

El tercer elemento del plan de la MUD era internacional. Pretendía reiterar la exigencia de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicara su Carta Democrática Interamericana, lo que podría llevar a la suspensión de Venezuela de la organización. Asimismo, amenazó con tomar medidas contra el Tribunal Supremo y el CNE ante la Corte Penal Internacional, una propuesta que incluso los expertos en derecho internacional que simpatizaban con la MUD consideraron desacertada.

En medio de la confusión que rodeó la suspensión del referendo y el anuncio de la iniciativa del Vaticano, la MUD organizó una mega protesta nacional el 26 de octubre. En más de una docena de ciudades provinciales, los manifestantes fueron dispersados por escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional, a menudo acompañados por matones civiles armados. Observadores de derechos humanos denunciaron 140 arrestos y docenas de heridos que incluían lesiones de bala. En Caracas, decenas de miles obstruyeron la principal autopista que atraviesa la ciudad.

Si bien la protesta en Caracas transcurrió en relativa paz, hubo llamados a marchar de inmediato al palacio Miraflores, sede de la presidencia. Con dificultad, los líderes opositores insistieron en posponer la marcha hasta el 3 de noviembre, y posteriormente – a instancias del Vaticano – la suspendieron. La oposición también aplazó su debate fundamentalmente simbólico en el Parlamento para determinar la responsabilidad política del presidente por la crisis.

Divisiones en la oposición

Tras el anuncio inicial de que la MUD aceptaba las negociaciones mediadas por el Vaticano, su secretario general Jesús “Chúo” Torrealba insistió en que el diálogo y las protestas eran aspectos complementarios de la estrategia de la oposición. De hecho, ambas partes afirman estar comprometidas a bajar la temperatura política. Pero los moderados de la oposición están bajo enorme presión del ala dura para demostrar que vale la pena buscar el diálogo.

La MUD, al igual que el Gobierno, está dividida. Algunos de sus partidos miembros, en especial VP, tienen divisiones internas y las facciones partidarias del diálogo a menudo son tachadas de traidoras en airados intercambios en las redes sociales. El actual enfrentamiento está agravando estas divisiones.

Cualquier posibilidad de transición política representa una amenaza existencial para el ala dura del Gobierno.

No obstante, ahora que está involucrado el Vaticano será difícil para la MUD abandonar las negociaciones, incluso si el nuevo proceso ofrece escasos beneficios inmediatamente tangibles. El otro precio fundamental que ha pagado la oposición por aceptar las negociaciones es que el tercer aspecto de su plan, el elemento internacional, tendrá que ser aplazado por ahora. Como fue evidente en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena, Colombia, a finales de octubre, la promesa de negociaciones alivia la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Todos tienen en mente la experiencia de 2003-2004, cuando las negociaciones con mediación internacional llevaron a un acuerdo para celebrar un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. El gobierno logró posponer el referendo hasta que sus programas sociales, financiados por el alza en los precios del petróleo, mejoraron su imagen en las encuestas y le permitieron evitar ser revocado. El temor de algunos miembros de la oposición es que Washington, el Vaticano y otros Estados extranjeros favorezcan la estabilidad sobre el cambio de régimen si se los obliga a elegir, y que su campaña para destituir a Maduro pierda impulso si aceptan las negociaciones.

Una amenaza existencial

El énfasis del Gobierno en conservar el poder en el corto plazo no significa que se sienta seguro. Podría haber usado su control del Tribunal Supremo y el CNE para bloquear el referendo meses atrás. Ya ha aplazado las elecciones regionales programadas para diciembre. Pero era consciente del riesgo que implicaba cerrar la válvula de escape electoral, y por ello había preferido emplear tácticas para retrasar el proceso. Aparentemente convencido del apoyo de los militares, ahora ha optado por enfrentar el malestar social y el oprobio internacional en vez del veredicto de las urnas. Esto se debe a que cualquier posibilidad de transición política representa una amenaza existencial para el ala dura del Gobierno.    

El Ejecutivo bien podría seguir apuntando a patear la pelota hasta el 10 de enero, cuando Maduro comenzaría los últimos dos años de su presidencia. Después de esa fecha, la partida de Maduro no resultaría en un cambio de gobierno, ya que la Constitución permite que sea reemplazado por un vicepresidente designado. Si esa es su intención, el Gobierno se declarará ganador. Pero ninguno de los problemas subyacentes habrá sido resuelto y las perspectivas para Venezuela serán extremadamente inciertas.

La autoridad moral del Papa es tal, especialmente en un país católico como Venezuela, que abandonar la mediación del Vaticano podría resultar demasiado costoso para ambas partes.

La crisis continuará, no solo para los venezolanos comunes, sino también para el Gobierno, que a pesar de su aparente fortaleza se enfrenta a una grave escasez de fondos, un público hostil y divisiones internas que bien podrían profundizarse una vez pase la amenaza inmediata. A lo largo del próximo año, Venezuela está obligada a desembolsar, tan solo en pagos de deuda, un monto mayor que sus actuales reservas internacionales. Si el ala dura decidida a cerrar las puertas a cualquier posibilidad de transición política o espacios institucionales para sus detractores gana la lucha por el poder, es muy probable que en una disputa similar dentro de la oposición también salgan victoriosos los elementos más radicales.

Si fracasa, la intervención del Vaticano para reiniciar el diálogo será recordada como otra oportunidad perdida en el camino a un conflicto aún mayor. Sin embargo, la autoridad moral del Papa es tal, especialmente en un país católico como Venezuela, que abandonar la mediación del Vaticano podría resultar demasiado costoso para ambas partes, y a la larga podría alcanzarse un acuerdo. En ese caso, los moderados ganarían fuerza, y la mediación podría sentar las bases de una transición negociada. Para muchos venezolanos, la probabilidad de que eso suceda está en manos de un poder superior, y en ese sentido el Papa Francisco cuenta con los mejores contactos. En respuesta a la pregunta de si había algún factor oculto que hiciera que el Vaticano fuera más optimista que muchos simples mortales, una fuente eclesiástica hizo una mueca. “¿Algo oculto?” dijo. “Creemos en los milagros”.

Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza looks at opposition member Javier Bertucci during the signing of the dialogue agreement between the government and the opposition in Caracas,18 September 2019. AFP/Matias Delacroix
Q&A / Latin America & Caribbean

Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar

Talks to resolve Venezuela’s impasse collapsed on 15 September only for the government to announce a deal – with a different set of opponents. In this Q&A, Crisis Group Senior Andes Analyst Phil Gunson explains what these developments mean for the country’s political and socio-economic crisis.

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¿Qué ocurrió? 

El 15 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, anunció que se retiraba de las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Barbados. El gobierno había suspendido su propia participación hacía más de un mes, luego de que Washington anunciara nuevas sanciones. Según el anuncio de la oposición, "el mecanismo de Barbados se agotó". En cuestión de horas, el gobierno reveló que había estado negociando en paralelo con un grupo de pequeños partidos de oposición que no estaban involucrados en los diálogos de Barbados. Los miembros de este grupo, denominado Mesa Nacional de Diálogo, anunciaron de inmediato un acuerdo para que los legisladores del gobierno vuelvan a ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional, la cual habían boicoteado desde mediados de 2017, solicitando también la liberación de un número indeterminado de presos políticos y una disminución del control del gobierno sobre la autoridad electoral. El acuerdo habla a su vez de un posible programa de intercambio de "petróleo por alimentos" para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.

¿Por qué se rompieron los diálogos de Barbados, y podrían reiniciarse?

Según el Presidente Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de EE. UU. para que aliviara las sanciones. Según Guaidó, a quien los EE. UU., la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos reconocen como presidente interino legítimo, el gobierno tuvo la culpa, porque nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición. Las condiciones claves presentadas por el equipo negociador de Guaidó fueron que tanto él como Maduro se apartaran, para llevar a cabo elecciones libres y justas en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional. Mientras tanto, un Consejo de Gobierno de transición, compuesto por representantes del chavismo (el movimiento creado por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez), y la oposición, así como las fuerzas armadas, manejarían el país. El gobierno noruego, que aún auspiciaba el diálogo después de que se trasladara de Oslo a Barbados, ha indicado que seguirá estando disponible si las partes deciden regresar a la mesa. Maduro ha dicho que el gobierno lo hará si surge la oportunidad. Incluso la oposición parece solamente haber descartado el formato aplicado al diálogo en Barbados, y no las negociaciones en general. Sin embargo, probablemente sea necesario rediseñar el proceso, quizás para abarcar un mayor espectro de actores venezolanos y extranjeros.

¿Quién participa en la Mesa Nacional de Diálogo? 

Hasta el momento, cinco partidos pequeños han firmado el acuerdo con el gobierno. Solo dos tienen representación parlamentaria. Estos son Avanzada Progresista, dirigido por Henri Falcón, anteriormente chavista y gobernador del estado Lara, quien rompió con el gobierno en 2007; y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, exnegociador de la oposición, cercano al expresidente español (y una vez mediador en la crisis venezolana) José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho asientos de los 167 de la Asamblea. La principal alianza opositora expulsó a Falcón y Zambrano en los últimos años, al primero por participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 a pesar de la negativa del gobierno ante las demandas de la oposición por igualdad de condiciones, y al segundo por no estar de acuerdo en 2016 con la decisión del Mercosur de tomar medidas punitivas contra Venezuela. Falcón obtuvo un 21 por ciento frente al 68 por ciento de Maduro en las elecciones del año pasado, pero se negó a aceptar el resultado, diciendo que el gobierno había violado la ley electoral.

Otras figuras destacadas que apoyan el acuerdo son Claudio Fermín, un veterano socialdemócrata y aspirante presidencial de larga data que ahora dirige un partido llamado Soluciones para Venezuela, y Javier Bertucci, un pastor evangélico que también se enfrentó a Maduro en 2018. Las partes involucradas han expresado su apoyo a la aparentemente extinta iniciativa noruega, a la vez que han invitado a otras fuerzas de oposición a unirse a ellos. "Somos la nueva oposición", declaró Fermín.

¿Qué está tratando de lograr el gobierno?

Habiendo fracasado hasta el momento en su intento por lograr un alivio para las sanciones, el gobierno parece enfocado en conseguir estabilidad política interna. Las elecciones parlamentarias del próximo año, que probablemente sean adelantadas a marzo o abril (actualmente previstas para diciembre), son una oportunidad para que el chavismo recupere el control de la única rama del gobierno que sigue siendo independiente. Aunque las encuestas de opinión sugieren que más del 80 por ciento de los venezolanos desaprueban la gestión de Maduro, el gobierno puede recuperar el parlamento disuadiendo a los votantes de la oposición a que se presenten a las urnas y/o provocando que la oposición de Guaidó boicotee las elecciones. Celebrar elecciones, así sean controversiales, también ayuda a mantener el disentimiento dentro de sus propias filas bajo control, tanto entre civiles como militares. Al presentar al menos una fachada de pluralismo y legitimidad, promueve una narrativa para los partidarios nacionales y extranjeros según la cual el gobierno es víctima de una conspiración internacional instigada por traidores nacionales.

¿Ha comenzado la implementación del acuerdo? 

Los parlamentarios del gobierno no retomaron sus escaños el día después de que se anunció el acuerdo, y no está claro cuándo lo harán o qué otro efecto tendrá el acuerdo. Todos los actos de la Asamblea Nacional seguirán siendo oficialmente nulos y sin efecto a menos que la Corte Suprema declare que la legislatura ya no se encuentra en desacato. Un preso político, el vicepresidente de la Asamblea Edgar Zambrano, arrestado por su participación en el fallido levantamiento del 30 de abril contra el gobierno de Maduro, ha sido liberado y se espera que otros también sean liberados próximamente. Pero cerca de 500 permanecen en la cárcel, incluido otro diputado de la oposición y un importante colaborador de Guaidó. En total, una veintena de parlamentarios de oposición están en la cárcel, en el exilio, escondidos o en las instalaciones de misiones extranjeras. El gobierno no tiene la mayoría en el parlamento que le permita designar una nueva autoridad electoral, lo que significa que cualquier reforma quedaría en manos de la Corte Suprema controlada por el gobierno. Y un programa de intercambio de petróleo por alimentos, como ha señalado uno de sus principales defensores, requeriría el consentimiento de la oposición y sus aliados extranjeros.

¿Este desarrollo podría conducir a una resolución de la crisis?

No hay indicios de que el gobierno se esté moviendo hacia la salida de Maduro del poder, seguida de elecciones presidenciales realmente participativas bajo supervisión internacional, las condiciones que Guaidó y sus aliados extranjeros definen como sine qua non para levantar las sanciones. Es probable que el colapso de los diálogos auspiciados por Noruega incremente las sanciones, en lugar de disminuirlas, tanto por parte de la UE como de los vecinos latinoamericanos de Venezuela. A excepción de Panamá, estos últimos han evitado hasta ahora la imposición de sanciones, pero los signatarios del Tratado de Río de 1947 (también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa regional de la era de la Guerra Fría), recientemente acordaron dar el primer paso para activarlo en el caso de Venezuela, lo que podría conducir a una postura más dura en la región. Pero si bien el nuevo acuerdo no aplacará a la oposición en cabeza de Guaidó y sus aliados extranjeros, ni resolverá la colosal crisis socioeconómica del país, este podría permitir que Maduro mantenga bajo control los desafíos internos si el gobierno logra forzar a sus oponentes más férreos al exilio, reemplazándolos con un repertorio de políticos más obedientes y alegando que ha restaurado la normalidad constitucional.