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¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?
¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela's President Nicolas Maduro attends a political meeting between government and opposition next to Claudio Maria Celli, Vatican's representative, and UNASUR Secretary General Ernesto Samper, in Caracas, Venezuela, on 30 October 2016. REUTERS/Marco Bello

¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?

El bloqueo de Venezuela de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro ha dificultado lograr una solución pacífica al intrincado conflicto que sufre país. La reciente mediación del Vaticano ofrece una de las pocas esperanzas de progreso.

“Estábamos al borde del abismo”, dice un conocido chiste venezolano. “Pero ahora hemos dado un gran paso adelante”.

Hasta el mes pasado, Venezuela contaba con una vía constitucional clara para resolver la profunda crisis política, económica y social que ha azotado a esta nación de 30 millones de habitantes prácticamente desde la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro en 2013: un referendo revocatorio que allanaría el camino para la celebración de nuevas elecciones.

La oposición había obtenido permiso para llevar a cabo una campaña de recolección de firmas a finales de octubre para convocar el referendo. Pero el 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el Gobierno, suspendió el proceso. El dudoso pretexto fue un conjunto de fallos emitidos simultáneamente por varios tribunales penales regionales que alegaban fraude durante una etapa anterior del proceso. Aparentemente fue una victoria para el ala dura del Gobierno, impresión que fue reforzada por el hecho de que los fallos de los tribunales no fueron anunciados por los jueces que supuestamente los emitieron, sino por un grupo de gobernadores estatales vinculados con el ala más intransigente del partido gobernante. 

Esta jugada dejó a los venezolanos al borde del abismo. La suspensión del referendo debilitó a las voces moderadas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), agravó las tensiones internas de su liderazgo multipartidista e incrementó el riesgo de un desenlace violento, a medida que el Gobierno se preparaba para reprimir las protestas que probablemente se vuelvan cada vez más agresivas.

La misión de rescate del Vaticano

Un rayo de esperanza surgió cuando el Vaticano intervino para reforzar una frágil iniciativa de mediación – denominada “facilitación” por sus organizadores y “acompañamiento” por la Iglesia – que había sido liderada por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. En respuesta a las solicitudes formales de ambas partes emitidas en septiembre, y con un nuevo sentido de urgencia tras la suspensión del proceso de referendo, el Vaticano mandó un enviado especial – Monseñor Emil Paul Tscherrig, Nuncio Apostólico en Argentina – quien anunció que ambas partes se reunirían el 30 de octubre para “el inicio de un diálogo”.

Tscherrig era un substituto temporal, nombrado en el último momento, del mediador designado, Monseñor Claudio Maria Celli, quien entonces se encontraba en China. Los eventos se desarrollaron tan rápidamente que, en una inusual desviación del protocolo, el Papa Francisco aceptó conceder una audiencia de media hora organizada a toda prisa al presidente Maduro, quien había estado de gira por Oriente Medio. Durante la reunión, parece ser que el Papa resaltó la necesidad de una solución electoral en Venezuela y la liberación de los presos políticos. La cita en Roma coincidió con el anuncio de Monseñor Tscherrig el 24 de octubre del inicio del proceso de diálogo.

Una señal de lo tenso que está el ambiente en el país es que, a pesar de haber presionado repetidamente por la mediación del Vaticano, la delegación de la MUD solo haya alcanzado un acuerdo interno para asistir a las negociaciones media hora antes de que comenzaran el 30 de octubre después de lidiar con duros desacuerdos internos. De los miembros del llamado G4 (los cuatro partidos principales de la MUD, que dominan la alianza), solo tres se sentaron a la mesa. Voluntad Popular (VP) dijo que solo se uniría a cambio de mayores concesiones del Gobierno, mientras que los otros tres se comprometieron a abandonar la mesa si no lograban obtenerlas.

El día después de las negociaciones, el Ejecutivo hizo un primer gesto de buena voluntad al liberar a cinco presos políticos, el primer gesto de este tipo desde la liberación de un solo preso el 9 de septiembre. La reacción inmediata de la oposición fue que, si bien este había sido un paso importante, no era suficiente. Según la coalición opositora, más de 100 disidentes permanecen encarcelados o bajo arresto domiciliario a la vez que miles de venezolanos sufren diversos tipos de restricciones como no poder salir del país. Todos los liberados habían sido detenidos en los últimos meses y ninguno de ellos estaba entre las figuras más emblemáticas entre rejas.

La MUD, al igual que el Gobierno, está dividida.

Mucho dependerá del Vaticano y de los otros tres facilitadores que trabajarán bajo los auspicios de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Sus esfuerzos han recibido el respaldo de Washington entre otros, que inmediatamente envió a su Subsecretario Thomas Shannon a Caracas para participar en una ronda de reuniones. Pero si no se logran avances sustantivos rápidamente, el proceso de negociación podría venirse abajo y revivirlo podría suponer una tarea muy complicada. De fracasar, el Vaticano ha indicado que podría retirarse por completo. La fractura de la MUD, que es otra posibilidad, sin duda deleitaría al Gobierno aunque complicaría aún más una posible solución negociada.

El Gobierno y la oposición tienen previsto reunirse de nuevo el 11 de noviembre. Mientras tanto, cuatro grupos de trabajo – cada uno presidido por un facilitador externo – abordarán algunas de las cuestiones más apremiantes. Zapatero se encargará de los puntos de la agenda relacionados con el Estado de derecho; el representante papal Claudio Maria Celli de temas de verdad, justicia y reparación; el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández de la crisis socioeconómica; y Martín Torrijos, expresidente de Panamá, del fomento de la confianza y las elecciones. Pero varios líderes destacados de la oposición han dicho que la MUD abandonará el proceso si no se cumplen sus condiciones antes de la próxima reunión. Estas incluyen un cronograma claro para la celebración de elecciones anticipadas y la liberación de presos, la eliminación de restricciones al Parlamento y una autoridad electoral neutral.

Aún si tienen éxito, las negociaciones no resultarán en un cambio inmediato de gobierno, como exige el ala más combativa de la MUD. Lo máximo que podría esperar la oposición es que se acuerde un mecanismo para adelantar las elecciones presidenciales (previstas, según la Constitución, para diciembre de 2018); el reemplazo de miembros de la junta del CNE por figuras más neutrales; un Parlamento que funcione; la liberación de todos – o casi todos – los presos políticos; y un acuerdo para permitir el ingreso de ayuda alimentaria y médica para aliviar el sufrimiento inmediato de la población.

Calentar las calles

La iniciativa del Vaticano no fue universalmente bienvenida. Desconcertó a la oposición, ya que algunos de sus miembros solo esperaban conversaciones preliminares, y protestaron que la declaración del nuncio apostólico fuese tan prematura. El ala dura de la oposición insistió que era absurdo sentarse a negociar formalmente en el clima actual y sin ninguna indicación por parte del Gobierno de que está preparado para reconsiderar la cuestión del referendo o hacer concesiones significativas.

Inicialmente, la oposición había respondido a la suspensión del proceso de referendo el 20 de octubre con una triple estrategia. 

Primero, comenzó a presionar al Gobierno mediante lo que en el lenguaje popular se conoce como “calentar la calle”.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, liderada por la MUD, comenzó a debatir la destitución del presidente por haber violado la Constitución, por supuesto “abandono del cargo” o incluso por poseer nacionalidad colombiana, y por tanto ser constitucionalmente no apto para el cargo. El problema es que, dado que el poder ejecutivo controla las demás instituciones del Estado, en cualquier caso el proceso probablemente iba a terminar siendo meramente declamatorio.

El tercer elemento del plan de la MUD era internacional. Pretendía reiterar la exigencia de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicara su Carta Democrática Interamericana, lo que podría llevar a la suspensión de Venezuela de la organización. Asimismo, amenazó con tomar medidas contra el Tribunal Supremo y el CNE ante la Corte Penal Internacional, una propuesta que incluso los expertos en derecho internacional que simpatizaban con la MUD consideraron desacertada.

En medio de la confusión que rodeó la suspensión del referendo y el anuncio de la iniciativa del Vaticano, la MUD organizó una mega protesta nacional el 26 de octubre. En más de una docena de ciudades provinciales, los manifestantes fueron dispersados por escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional, a menudo acompañados por matones civiles armados. Observadores de derechos humanos denunciaron 140 arrestos y docenas de heridos que incluían lesiones de bala. En Caracas, decenas de miles obstruyeron la principal autopista que atraviesa la ciudad.

Si bien la protesta en Caracas transcurrió en relativa paz, hubo llamados a marchar de inmediato al palacio Miraflores, sede de la presidencia. Con dificultad, los líderes opositores insistieron en posponer la marcha hasta el 3 de noviembre, y posteriormente – a instancias del Vaticano – la suspendieron. La oposición también aplazó su debate fundamentalmente simbólico en el Parlamento para determinar la responsabilidad política del presidente por la crisis.

Divisiones en la oposición

Tras el anuncio inicial de que la MUD aceptaba las negociaciones mediadas por el Vaticano, su secretario general Jesús “Chúo” Torrealba insistió en que el diálogo y las protestas eran aspectos complementarios de la estrategia de la oposición. De hecho, ambas partes afirman estar comprometidas a bajar la temperatura política. Pero los moderados de la oposición están bajo enorme presión del ala dura para demostrar que vale la pena buscar el diálogo.

La MUD, al igual que el Gobierno, está dividida. Algunos de sus partidos miembros, en especial VP, tienen divisiones internas y las facciones partidarias del diálogo a menudo son tachadas de traidoras en airados intercambios en las redes sociales. El actual enfrentamiento está agravando estas divisiones.

Cualquier posibilidad de transición política representa una amenaza existencial para el ala dura del Gobierno.

No obstante, ahora que está involucrado el Vaticano será difícil para la MUD abandonar las negociaciones, incluso si el nuevo proceso ofrece escasos beneficios inmediatamente tangibles. El otro precio fundamental que ha pagado la oposición por aceptar las negociaciones es que el tercer aspecto de su plan, el elemento internacional, tendrá que ser aplazado por ahora. Como fue evidente en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena, Colombia, a finales de octubre, la promesa de negociaciones alivia la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Todos tienen en mente la experiencia de 2003-2004, cuando las negociaciones con mediación internacional llevaron a un acuerdo para celebrar un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. El gobierno logró posponer el referendo hasta que sus programas sociales, financiados por el alza en los precios del petróleo, mejoraron su imagen en las encuestas y le permitieron evitar ser revocado. El temor de algunos miembros de la oposición es que Washington, el Vaticano y otros Estados extranjeros favorezcan la estabilidad sobre el cambio de régimen si se los obliga a elegir, y que su campaña para destituir a Maduro pierda impulso si aceptan las negociaciones.

Una amenaza existencial

El énfasis del Gobierno en conservar el poder en el corto plazo no significa que se sienta seguro. Podría haber usado su control del Tribunal Supremo y el CNE para bloquear el referendo meses atrás. Ya ha aplazado las elecciones regionales programadas para diciembre. Pero era consciente del riesgo que implicaba cerrar la válvula de escape electoral, y por ello había preferido emplear tácticas para retrasar el proceso. Aparentemente convencido del apoyo de los militares, ahora ha optado por enfrentar el malestar social y el oprobio internacional en vez del veredicto de las urnas. Esto se debe a que cualquier posibilidad de transición política representa una amenaza existencial para el ala dura del Gobierno.    

El Ejecutivo bien podría seguir apuntando a patear la pelota hasta el 10 de enero, cuando Maduro comenzaría los últimos dos años de su presidencia. Después de esa fecha, la partida de Maduro no resultaría en un cambio de gobierno, ya que la Constitución permite que sea reemplazado por un vicepresidente designado. Si esa es su intención, el Gobierno se declarará ganador. Pero ninguno de los problemas subyacentes habrá sido resuelto y las perspectivas para Venezuela serán extremadamente inciertas.

La autoridad moral del Papa es tal, especialmente en un país católico como Venezuela, que abandonar la mediación del Vaticano podría resultar demasiado costoso para ambas partes.

La crisis continuará, no solo para los venezolanos comunes, sino también para el Gobierno, que a pesar de su aparente fortaleza se enfrenta a una grave escasez de fondos, un público hostil y divisiones internas que bien podrían profundizarse una vez pase la amenaza inmediata. A lo largo del próximo año, Venezuela está obligada a desembolsar, tan solo en pagos de deuda, un monto mayor que sus actuales reservas internacionales. Si el ala dura decidida a cerrar las puertas a cualquier posibilidad de transición política o espacios institucionales para sus detractores gana la lucha por el poder, es muy probable que en una disputa similar dentro de la oposición también salgan victoriosos los elementos más radicales.

Si fracasa, la intervención del Vaticano para reiniciar el diálogo será recordada como otra oportunidad perdida en el camino a un conflicto aún mayor. Sin embargo, la autoridad moral del Papa es tal, especialmente en un país católico como Venezuela, que abandonar la mediación del Vaticano podría resultar demasiado costoso para ambas partes, y a la larga podría alcanzarse un acuerdo. En ese caso, los moderados ganarían fuerza, y la mediación podría sentar las bases de una transición negociada. Para muchos venezolanos, la probabilidad de que eso suceda está en manos de un poder superior, y en ese sentido el Papa Francisco cuenta con los mejores contactos. En respuesta a la pregunta de si había algún factor oculto que hiciera que el Vaticano fuera más optimista que muchos simples mortales, una fuente eclesiástica hizo una mueca. “¿Algo oculto?” dijo. “Creemos en los milagros”.

The president of the National Assembly, Jorge Rodriguez (C-top) swears in the new authorities of the National Electoral Council (CNE), during a special session at the National Assembly, in Caracas. 4 May 2021. Federico PARRA / AFP

Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

A series of gestures from Caracas suggests that President Nicolás Maduro’s government might be more willing to negotiate with rivals and enact partial reforms. Washington should respond in kind with phased sanctions relief and diplomatic gestures that can be reversed if Venezuela backslides.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso. 

Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU.

El nombramiento de los nuevos rectores del CNE fue precedido de otras acciones. El primero fue el 19 de abril, cuando Venezuela finalmente firmó el muy esperado acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el cual le da acceso para que atienda la grave y creciente crisis de desnutrición infantil del país. El segundo ocurrió el 30 de abril, cuando el gobierno le concedió arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros de la corporación Citgo con sede en Houston, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense. Un día después, el fiscal general del país, Tarek William Saab, tomó el tercer paso al anunciar la imputación de cargos a tres oficiales de bajo rango, acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos de alto perfil en los que el gobierno había negado hasta ahora tener cualquier responsabilidad. Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU. y otros aliados internacionales del movimiento de oposición liderado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde 2019 ha reclamado la “presidencia interina” del país. 

Los cambios en el CNE han sido la concesión más importante hasta ahora. La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral. Fue lo que en últimas llevó al enfrentamiento con Guaidó y ocasionó el exilio de muchas otras figuras de la oposición. Los partidos de la oposición en su mayoría boicotearon las elecciones parlamentarias de comienzos de diciembre de 2020, al igual que las elecciones presidenciales de 2018, y el pequeño número de partidos que sí participó (algunos de ellos esencialmente apéndices del gobierno) obtuvieron solo veinte de los 277 escaños en la Asamblea. Aún hoy en día las condiciones para que la oposición participe son prácticamente imposibles. Incluso con la designación de los nuevos rectores, el campo de juego electoral se mantiene fuertemente sesgado a favor de Maduro. A pesar de esto, permitir la designación de una autoridad electoral más equilibrada marca un paso tentativo hacia el restablecimiento de la contienda política. 

Una mayor representación de la oposición en el CNE puede traer beneficios para Maduro. En primer lugar, las elecciones de este año, previstas para diciembre, son locales y regionales, por lo que el presidente tiene menos en juego. También puede presentar el acuerdo del CNE a sus propios partidarios como un reconocimiento de la oposición de las instituciones del gobierno y como estrategia para reducir el aislamiento internacional. 

Las noticias del reformado consejo electoral han dividido las filas de la oposición. Incluso antes de que Maduro anunciara la nueva composición del CNE, la alianza encabezada por Guaidó ya la había rechazado por ilegítima. Su postura no ha cambiado desde entonces, incluso a pesar de las sólidas credenciales de los dos nuevos rectores de la oposición. Uno es un político experimentado y exvicepresidente de la Asamblea, el otro un ingeniero de sistemas cuyo papel como experto en elecciones de la oposición fue tan importante que estuvo encarcelado por seis meses en 2017. La alianza de la oposición sostiene que el parlamento liderado por Guaidó, del cual algunos integrantes continúan reuniéndose, es el único órgano facultado para designar un nuevo CNE. El propio Guaidó, quien es reconocido por Washington como el presidente legítimo del país, condenó la designación en Twitter, diciendo que tendrá como consecuencia “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. 

Otros tienen una opinión diferente. El más prominente es Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial y quien antes de las elecciones de diciembre adelantó algunos esfuerzos infructuosos, respaldados por la Unión Europea (UE), para negociar condiciones que le permitieran a su partido participar. Junto con otros políticos de la oposición, algunos de los cuales prefieren por ahora permanecer en el anonimato, rechazan el enfoque de “todo o nada” de Guaidó y su partido, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López desde el exilio y que ha promovido sin éxito la salida inmediata de Maduro. El apoyo al nuevo consejo electoral también es fuerte entre los políticos regionales y municipales y los militantes de los partidos, en especial los de estados y municipios controlados por la oposición, que temen caer en el olvido si se mantiene la política de boicotear las elecciones. Es un asunto que amenaza con dividir a varios partidos, e incluso podría llevar a una ruptura formal de la coalición opositora, lo que también favorecería al gobierno.

La sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma.

Otro elemento importante en esta compleja ecuación es la sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma, comprometida con una solución negociada para la prolongada crisis política del país. Cuatro de los quince miembros del CNE designados el 4 de mayo (los cinco rectores principales más diez miembros reservistas) fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al recientemente inaugurado Foro Cívico, que incluye organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la principal cámara empresarial, organizaciones profesionales y religiosas, entre otras. El Foro ha jugado un papel no solo en las negociaciones sobre el CNE sino en impulsar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para importar vacunas para el COVID-19, buscar reformas económicas y establecer mecanismos para atender la crisis humanitaria. En términos generales, los líderes del Foro apoyan un enfoque más conciliatorio, en línea con lo promovido por Capriles y que busca áreas en las que pueda tener una interlocución con el gobierno para aliviar el sufrimiento de los venezolanos de a pie.

Sin embargo, la respuesta de Washington es la más esperada. Durante la administración del presidente Trump, EE. UU. promovió una política de “máxima presión” hacia Venezuela, bajo el supuesto de que la presión externa, particularmente en forma de drásticas sanciones económicas y financieras, y el aislamiento diplomático obligarían al gobierno de Maduro a dimitir y permitir elecciones libres. Ese enfoque falló. El presidente Joe Biden asumió el cargo comprometido con una postura más pragmática, pero por varias razones relacionadas en gran medida con la necesidad de prestar atención a otros asuntos urgentes, en particular la pandemia y la migración en la frontera sur de los EE. UU., poco más allá de la retórica ha cambiado hasta el momento. Washington le ha exigido “medidas concretas” a Maduro para considerar relajar las sanciones, y ahora debe decidir si las medidas recientes ameritan una respuesta recíproca.

Hasta ahora, todos los pasos del gobierno venezolano son tácticas políticas, provisionales y reversibles; y, de nuevo, no crean en sí mismas condiciones para adelantar elecciones creíbles ni amenazan de alguna forma la permanencia de Maduro en el poder. Sobre la cuestión clave de las condiciones electorales, la presencia de la oposición en el nuevo CNE es solo un primer paso, aunque uno prometedor. Se necesita mucho más. Los partidos de oposición, por ejemplo, la mayoría de los cuales tiene prohibido participar en elecciones y algunos de los cuales han visto sus nombres y activos transferidos a facciones minoritarias partidarias del gobierno, deben ser legalizados. Debe realizarse una auditoría exhaustiva del censo electoral. Más importante aún, el gobierno de Maduro tendrá además que reducir su aparato de represión estatal si desea convencer a EE. UU., la UE y a sus vecinos regionales de su buena fe.

Sin embargo, dado el estancamiento de la situación política de Venezuela y el terrible sufrimiento humanitario del país, las potencias extranjeras deberían responder y tratar de alentar cualquier señal de cambio. Crisis Group ha abogado por un levantamiento inmediato e incondicional de las sanciones que generan daños humanitarios, al igual que por un levantamiento progresivo de otras medidas punitivas en respuesta al restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. La necesidad humanitaria más obvia y urgente es la restauración de permisos que le permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, del cual hay una escasez crítica. El diésel es vital, entre otras cosas, para la producción y distribución de alimentos. Además, los EE.UU. pueden considerar renovar las licencias y levantar las sanciones que prohíben hoy en día ciertas actividades por parte de compañías petroleras estadounidenses y de otros países, con el entendimiento que estos pasos serán reversados si Caracas no toma más acciones en ese sentido. 

También es importante que Washington y Caracas establezcan canales de comunicación, ya sea directos o a través de terceros confiables, para que ambas partes puedan interpretar correctamente los movimientos de la otra. Habrá un costo político para la administración de Biden por cualquier medida que relaje la presión sobre Maduro, sin una ganancia inmediata probable. Existe una renuencia natural, y quizás creciente, por parte de los políticos de EE.UU. a provocar la hostilidad del lobby venezolano en su país. El gobierno de Maduro tendrá que entender eso, al igual que Washington tendrá que ser consciente de la dificultad que Maduro puede tener para promover cualquier acercamiento ante su propia coalición. Tener contacto le permitiría a cada parte sondear su camino con más confianza.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.