El desborde de violencia en Venezuela
El desborde de violencia en Venezuela

El desborde de violencia en Venezuela

Venezuela no sufre un conflicto armado interno, como su vecina Colombia. Tampoco vive a diario las luchas contra los carteles, como en México. Y no enfrenta una guerra civil o muertes por razones étnicas o religiosas. Sin embargo, el país se ha convertido en uno de los lugares más violentos de la región. Casi 18.000 venezolanos, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados en el 2010. La tasa de homicidios duplica a la de Colombia y es cuatro veces mayor a la de Irak. En el país de la "revolución bolivariana", la violencia está fuera de control.

Cuando el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999 no heredó un paraíso. Ya en ese entonces, Venezuela sufría los efectos negativos e injustos de un crecimiento económico explosivo. Los gobiernos anteriores no usaron las ganancias del petróleo debidamente para enfrentar de manera decidida la exclusión social y la pobreza. Mientras tanto, la criminalidad urbana y la corrupción política crecían día a día.

El régimen de Chávez prometió enfrentar estos problemas. Pero doce años después, la situación ha empeorado visiblemente. Si bien se redistribuyó la riqueza a ritmo acelerado -lo que explica en gran parte el importante apoyo a Chávez en los sectores más pobres-, la "revolución bolivariana" ha sido incapaz de revertir el aumento de la violencia. El discurso oficial responde a las críticas indicando que el crimen es producto de causas estructurales, como la innegable pobreza o que se trata de "percepciones sociales de inseguridad". Así, el Gobierno minimiza la magnitud y el potencial destructivo de la violencia delictiva. Peor aún, algunas de sus actitudes incentivan un ambiente violento.

Ese es el caso cuando el Gobierno se muestra ambiguo frente a varios grupos armados. O cuando es incapaz o no quiere hacer frente a la corrupción y a la complicidad delictiva en sectores de las fuerzas de seguridad. Además, su  política de armar a los civiles "en defensa de la revolución" y la propia retórica incendiaria del presidente han contribuido a menoscabar la capacidad de las instituciones públicas de responder a las amenazas.

Asimismo, hay evidencia de un incremento de la actividad del crimen organizado internacional durante la última década. Esto ha contribuido no solo al aumento de las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones, sino también al crecimiento del  microtráfico de drogas ilícitas. Por consecuencia, los barrios urbanos y pobres se han vuelto más violentos. Venezuela es ahora un corredor principal del narcotráfico. Organizaciones criminales se benefician de la corrupción generalizada y de la complicidad de las fuerzas de seguridad.

La fuerte politización de las fuerzas armadas causa también serios problemas. Su prioridad es defender al régimen y a la revolución primero y solo después responder a sus deberes constitucionales. La policía, a pesar de un intento aún inconcluso de reforma, es responsable de al menos el 20 por ciento de las muertes violentas, según información del propio gobierno. Los ataques a la independencia de jueces y fiscales han terminado capturando buena parte del sistema judicial. La prensa independiente lucha por sobrevivir. En un escenario tan conflictivo, los resortes institucionales para conducir investigaciones creíbles sobre el crimen y la corrupción son extremadamente frágiles.

Por ahora, la violencia política se mantiene más como una amenaza latente que como una realidad. Pero la ya anunciada candidatura de Chávez a un nuevo período presidencial y la agresividad de los altos representantes del régimen contra toda forma de oposición pueden exacerbar los ánimos y tornar violento el proceso electoral.

El gobierno de Venezuela debe responder por sus propias acciones en los últimos nueve años. Tiene que desarmar y desactivar las estructuras criminales, restaurar el Estado de Derecho y erradicar la corrupción en las instituciones públicas. Al mismo tiempo, todos los actores, incluyendo a la oposición, se deben comprometer con los medios constitucionales y pacíficos de resolución de conflictos. Solo así se podrá desactivar esta bomba de tiempo.
 

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