icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?
Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar

Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

I. Resumen

La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Este resultado representa el punto final al predominio de 15 años sobre el poder legislativo por parte de los partidos asociados con el Presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro y abre la posibilidad de una solución pacífica y dialogada a la crisis que azota al país. La MUD desafió condiciones electorales altamente desventajosas y superó los pronósticos más optimistas, asegurando 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional (AN). Esto le otorga la mayoría calificada de dos tercios del parlamento, y con ello la posibilidad de ejercer un amplio control sobre la agenda legislativa y también, hasta cierto punto, sobre el Gobierno. A pesar de este giro, las partes necesitarán de toda su creatividad e imaginación, además de voluntad política, para acordar soluciones a los urgentes problemas del país. La comunidad internacional debe apoyar esos esfuerzos.

El Presidente Nicolás Maduro – que había amenazado con ganar “como sea” las elecciones y lanzarse a la calle con sus seguidores si perdía – reconoció el triunfo de la oposición. Lo atribuyó, en un discurso televisivo momentos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera los primeros resultados, a una “guerra económica” dirigida por el sector privado y sus aliados nacionales e internacionales que, según el Gobierno, explicaría los altísimos niveles de inflación y escasez que padece Venezuela. La violencia post-electoral que muchos temían no se produjo. Sin embargo, en los días posteriores tanto Maduro como el presidente saliente de la AN, Diosdado Cabello, hicieron patente la dificultad que tienen para aceptar la nueva realidad política.

Maduro ha asegurado que no firmará una ley de amnistía para los cerca de 80 presos políticos que la MUD ha prometido como su primer acto legislativo. También ha amenazado con vengarse de los que votaron contra el Gobierno asegurando, por ejemplo, que no está dispuesto a construir más casas para votantes desagradecidos. El Gobierno le ha quitado al parlamento el control de su medio televisivo y su estación de radio, transfiriendo la propiedad a sus trabajadores. Diosdado Cabello ha insistido en el nombramiento de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para no dejarlo en manos de la mayoría opositora de la AN que se instalará el 5 de enero. Además, el 15 de diciembre dirigió la instalación de un “Parlamento Comunal” de dudosa legalidad que buscaría hacer contrapeso a la nueva Asamblea.

A pesar de esta renuencia, hay razones para pensar que la nueva realidad política, tarde o temprano, se hará sentir. Cuando esto suceda tendrá que haber negociaciones sobre los temas más urgentes, tanto en lo económico y social como en lo político. Venezuela está sumida en una crisis económica de grandes dimensiones que amenaza con provocar un desastre humanitario. Si las dos partes caen en una estrategia de confrontación olvidando la voluntad popular expresada en las urnas, esta crisis empeorará rápidamente llevándose por delante tanto a los líderes del Gobierno como a los de la oposición.

Entre las razones para ser optimistas está la postura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuyo comportamiento institucional durante, y sobre todo después de las elecciones indica que no van a acompañar una aventura golpista. Por ende, la opción que Maduro había planteado explícitamente antes de las elecciones de apoyarse en los militares para desconocer los resultados y mantener el poder parece descartada.

Sin embargo, la negociación será difícil de lograr y a las dos partes les tomará algo de tiempo acostumbrarse a una realidad política que demanda más acuerdos que confrontaciones. El oficialismo no está acostumbrado a ser minormico. De lo contrario, diciones para evitar un mayor deterioro social y econnte, tienen escasa representacitos nuevos tiemposdicía y, a juzgar por sus declaraciones recientes, apelará a sus partidarios para que confronten a la nueva AN en las calles. Algunos de sus integrantes presionarán por resistirse y desgastar el poder de la AN. La MUD también tiene sus dilemas internos. Es un conglomerado de partidos que individualmente tienen escaso apoyo popular y algunos temas tensionarán esa unidad y someterán a prueba una confianza interna que ha sido tradicionalmente frágil.

En todo caso, el nuevo mapa político ofrece la oportunidad de pactar entre dos poderes del estado igualmente legítimos y, en consecuencia, de estar en mejores condiciones para evitar un mayor deterioro social y económico durante los tres años restantes del mandato de Maduro. De lo contrario, el entrampamiento entre una Asamblea cuyas leyes son vetadas y un Gobierno sometido a censuras y que se siente amenazado podría empujar a Venezuela a una crisis de gobernabilidad profunda de la que será difícil salir sin ayuda de terceros capaces de facilitar un diálogo.

Con la finalidad de garantizar un proceso político estable y exento de violencia y salidas inconstitucionales:

El Gobierno, la MUD, y los futuros miembros de la nueva Asamblea Nacional deberían:

  • facilitar un tránsito pacífico hacia la instalación de la nueva AN el 5 de enero de 2016, respetando el marco previsto por la Constitución de 1999;
     
  • establecer una agenda legislativa compartida, con la finalidad de resolver los problemas urgentes que enfrenta la economía y la sociedad, incluyendo la adopción de mecanismos concertados para la restauración de las libertades civiles; y,
     
  • acordar un mecanismo expedito para la liberación de las personas privadas de libertad en ocasión de los hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2014 u otros similares. Considerar la posibilidad de otorgarles la libertad inmediata a través de una amnistía que respete los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En su defecto, adoptar un mecanismo extraordinario de revisión judicial de sentencias, previa opinión de una comisión especial de estudio de casos.

El Gobierno debería:

  • cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Abstenerse de incitar a sus partidarios a confrontar al Legislativo en las calles o por vías distintas a las previstas en la Constitución;
     
  • restablecer la publicación y difusión de cifras objetivas y confiables sobre información macro-económica, sobre enfermedades transmisibles y sobre indicadores de seguridad ciudadana; y,
     
  • restaurar el estado de derecho en todo el territorio, incluyendo el levantamiento de los estados de emergencia en los municipios fronterizos con Colombia.

La comunidad internacional, en especial la ONU, la Unión Europea (UE),
la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), deberían:

  • reiterar su llamado al Gobierno y los actores políticos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales, así como de abstenerse de incitación a la violencia;
     
  • respaldar y apoyar los esfuerzos nacionales por establecer mecanismos políticos de diálogo y concertación, incluyendo la posibilidad de ampliar la presencia de organismos internacionales, servir de veedores y mediadores y financiar proyectos destinados a mejorar la calidad de la democracia; y,
     
  • apoyar decididamente actividades humanitarias, particularmente en la contención y lucha contra enfermedades transmisibles y en la mejora de los sistemas de distribución de medicinas y alimentos, empezando por las zonas rurales y periféricas a las ciudades.
Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza looks at opposition member Javier Bertucci during the signing of the dialogue agreement between the government and the opposition in Caracas,18 September 2019. AFP/Matias Delacroix
Q&A / Latin America & Caribbean

Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar

Talks to resolve Venezuela’s impasse collapsed on 15 September only for the government to announce a deal – with a different set of opponents. In this Q&A, Crisis Group Senior Andes Analyst Phil Gunson explains what these developments mean for the country’s political and socio-economic crisis.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

¿Qué ocurrió? 

El 15 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, anunció que se retiraba de las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Barbados. El gobierno había suspendido su propia participación hacía más de un mes, luego de que Washington anunciara nuevas sanciones. Según el anuncio de la oposición, "el mecanismo de Barbados se agotó". En cuestión de horas, el gobierno reveló que había estado negociando en paralelo con un grupo de pequeños partidos de oposición que no estaban involucrados en los diálogos de Barbados. Los miembros de este grupo, denominado Mesa Nacional de Diálogo, anunciaron de inmediato un acuerdo para que los legisladores del gobierno vuelvan a ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional, la cual habían boicoteado desde mediados de 2017, solicitando también la liberación de un número indeterminado de presos políticos y una disminución del control del gobierno sobre la autoridad electoral. El acuerdo habla a su vez de un posible programa de intercambio de "petróleo por alimentos" para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.

¿Por qué se rompieron los diálogos de Barbados, y podrían reiniciarse?

Según el Presidente Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de EE. UU. para que aliviara las sanciones. Según Guaidó, a quien los EE. UU., la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos reconocen como presidente interino legítimo, el gobierno tuvo la culpa, porque nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición. Las condiciones claves presentadas por el equipo negociador de Guaidó fueron que tanto él como Maduro se apartaran, para llevar a cabo elecciones libres y justas en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional. Mientras tanto, un Consejo de Gobierno de transición, compuesto por representantes del chavismo (el movimiento creado por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez), y la oposición, así como las fuerzas armadas, manejarían el país. El gobierno noruego, que aún auspiciaba el diálogo después de que se trasladara de Oslo a Barbados, ha indicado que seguirá estando disponible si las partes deciden regresar a la mesa. Maduro ha dicho que el gobierno lo hará si surge la oportunidad. Incluso la oposición parece solamente haber descartado el formato aplicado al diálogo en Barbados, y no las negociaciones en general. Sin embargo, probablemente sea necesario rediseñar el proceso, quizás para abarcar un mayor espectro de actores venezolanos y extranjeros.

¿Quién participa en la Mesa Nacional de Diálogo? 

Hasta el momento, cinco partidos pequeños han firmado el acuerdo con el gobierno. Solo dos tienen representación parlamentaria. Estos son Avanzada Progresista, dirigido por Henri Falcón, anteriormente chavista y gobernador del estado Lara, quien rompió con el gobierno en 2007; y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, exnegociador de la oposición, cercano al expresidente español (y una vez mediador en la crisis venezolana) José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho asientos de los 167 de la Asamblea. La principal alianza opositora expulsó a Falcón y Zambrano en los últimos años, al primero por participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 a pesar de la negativa del gobierno ante las demandas de la oposición por igualdad de condiciones, y al segundo por no estar de acuerdo en 2016 con la decisión del Mercosur de tomar medidas punitivas contra Venezuela. Falcón obtuvo un 21 por ciento frente al 68 por ciento de Maduro en las elecciones del año pasado, pero se negó a aceptar el resultado, diciendo que el gobierno había violado la ley electoral.

Otras figuras destacadas que apoyan el acuerdo son Claudio Fermín, un veterano socialdemócrata y aspirante presidencial de larga data que ahora dirige un partido llamado Soluciones para Venezuela, y Javier Bertucci, un pastor evangélico que también se enfrentó a Maduro en 2018. Las partes involucradas han expresado su apoyo a la aparentemente extinta iniciativa noruega, a la vez que han invitado a otras fuerzas de oposición a unirse a ellos. "Somos la nueva oposición", declaró Fermín.

¿Qué está tratando de lograr el gobierno?

Habiendo fracasado hasta el momento en su intento por lograr un alivio para las sanciones, el gobierno parece enfocado en conseguir estabilidad política interna. Las elecciones parlamentarias del próximo año, que probablemente sean adelantadas a marzo o abril (actualmente previstas para diciembre), son una oportunidad para que el chavismo recupere el control de la única rama del gobierno que sigue siendo independiente. Aunque las encuestas de opinión sugieren que más del 80 por ciento de los venezolanos desaprueban la gestión de Maduro, el gobierno puede recuperar el parlamento disuadiendo a los votantes de la oposición a que se presenten a las urnas y/o provocando que la oposición de Guaidó boicotee las elecciones. Celebrar elecciones, así sean controversiales, también ayuda a mantener el disentimiento dentro de sus propias filas bajo control, tanto entre civiles como militares. Al presentar al menos una fachada de pluralismo y legitimidad, promueve una narrativa para los partidarios nacionales y extranjeros según la cual el gobierno es víctima de una conspiración internacional instigada por traidores nacionales.

¿Ha comenzado la implementación del acuerdo? 

Los parlamentarios del gobierno no retomaron sus escaños el día después de que se anunció el acuerdo, y no está claro cuándo lo harán o qué otro efecto tendrá el acuerdo. Todos los actos de la Asamblea Nacional seguirán siendo oficialmente nulos y sin efecto a menos que la Corte Suprema declare que la legislatura ya no se encuentra en desacato. Un preso político, el vicepresidente de la Asamblea Edgar Zambrano, arrestado por su participación en el fallido levantamiento del 30 de abril contra el gobierno de Maduro, ha sido liberado y se espera que otros también sean liberados próximamente. Pero cerca de 500 permanecen en la cárcel, incluido otro diputado de la oposición y un importante colaborador de Guaidó. En total, una veintena de parlamentarios de oposición están en la cárcel, en el exilio, escondidos o en las instalaciones de misiones extranjeras. El gobierno no tiene la mayoría en el parlamento que le permita designar una nueva autoridad electoral, lo que significa que cualquier reforma quedaría en manos de la Corte Suprema controlada por el gobierno. Y un programa de intercambio de petróleo por alimentos, como ha señalado uno de sus principales defensores, requeriría el consentimiento de la oposición y sus aliados extranjeros.

¿Este desarrollo podría conducir a una resolución de la crisis?

No hay indicios de que el gobierno se esté moviendo hacia la salida de Maduro del poder, seguida de elecciones presidenciales realmente participativas bajo supervisión internacional, las condiciones que Guaidó y sus aliados extranjeros definen como sine qua non para levantar las sanciones. Es probable que el colapso de los diálogos auspiciados por Noruega incremente las sanciones, en lugar de disminuirlas, tanto por parte de la UE como de los vecinos latinoamericanos de Venezuela. A excepción de Panamá, estos últimos han evitado hasta ahora la imposición de sanciones, pero los signatarios del Tratado de Río de 1947 (también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa regional de la era de la Guerra Fría), recientemente acordaron dar el primer paso para activarlo en el caso de Venezuela, lo que podría conducir a una postura más dura en la región. Pero si bien el nuevo acuerdo no aplacará a la oposición en cabeza de Guaidó y sus aliados extranjeros, ni resolverá la colosal crisis socioeconómica del país, este podría permitir que Maduro mantenga bajo control los desafíos internos si el gobierno logra forzar a sus oponentes más férreos al exilio, reemplazándolos con un repertorio de políticos más obedientes y alegando que ha restaurado la normalidad constitucional.