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Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento
Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento
Últimos destellos de democracia en Venezuela
Últimos destellos de democracia en Venezuela
Opposition supporters confront riot security forces with a sign that reads "No to constituent assembly, yes to food and medicines" while rallying against President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, on 12 May 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento

El gobierno venezolano ha disuelto el parlamento electo, liderado por la oposición, y ha iniciado un régimen de poder de facto. Los gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales deberían considerar nulas todas las acciones llevadas a cabo en contravención de la Constitución de 1999 y presionar al gobierno para que tome medidas urgentes para restaurar la democracia.

El 19 de agosto, la autoproclamada Asamblea Constituyente, instalada dos semanas antes por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunció que asumiría las funciones del parlamento del país, liderado por la oposición, elegido en diciembre de 2015. Si bien el gobierno insiste que no ha disuelto la legislatura, esto no es más que un detalle técnico. Desde que asumió la coalición opositora Unidad Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por gobierno, ha impedido al parlamento ejercer sus funciones constitucionales. Ahora ha sido despojado de todos sus poderes.

La medida de la Asamblea Constituyente elimina cualquier pretensión de que Venezuela siga siendo una democracia. Sin un solo escaño en la asamblea, el movimiento opositor no tiene ninguna presencia significativa en las instituciones nacionales y está cada vez más sujeto al asedio judicial y policial. Los 545 miembros de la asamblea parecen estar ahí exclusivamente para aprobar por aclamación cualquier propuesta del gobierno, ya que no ha habido ningún debate.

Un gobierno irrestricto e impopular con toda probabilidad agudice la violencia política y los flujos migratorios de los últimos meses.

La crisis cada vez más grave de Venezuela – cuyos efectos se sienten no solo en la desaparición de las libertades civiles, sino también en el aumento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y la delincuencia – solo puede resolverse mediante una restauración negociada de la democracia. Un gobierno irrestricto e impopular con toda probabilidad agudice la violencia política y los flujos migratorios de los últimos meses. Evitar esto requerirá mediación externa, y casi inevitablemente conllevará el establecimiento de un régimen transicional con garantes internacionales. Ningún escenario en el que el ganador se lo lleve todo, ya sea por medio de un golpe de estado o unas elecciones generales, es factible, y probablemente tampoco sea capaz de producir un resultado estable.

Por ahora, el gobierno chavista ostenta el poder absoluto, sin restricción alguna por parte de los controles y contrapesos judiciales y parlamentarios. El presidente convocó las elecciones del 30 de julio en contravención de un requisito constitucional de que el electorado decida primero si se debería o no convocar tal asamblea. La oposición posteriormente boicoteó la votación en medio de una ola de protestas contra el gobierno por todo el país, que fueron violentamente reprimidas. Si bien el gobierno afirma que más de ocho de los veinte millones de votantes del país participaron en ellas, estimaciones independientes sugieren una cifra en torno a la mitad. La oposición afirmó que más de siete millones rechazaron la propuesta en una encuesta informal que llevó a cabo el 16 de julio.

Una llamada Comisión para la Verdad, Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instalada por la asamblea, está a cargo de investigar la violencia que se cobró más de 120 vidas en los cuatro meses de protestas lideradas por la oposición antes del 30 de julio. Pero el carácter unilateral de la comisión, y las declaraciones del gobierno sobre esta cuestión, dejan claro que el objetivo es culpar a la oposición del derramamiento de sangre e incluso acusar y encarcelar a sus líderes por supuestamente incitar a la violencia.

El gobierno ha afirmado que cualquier político opositor que pretenda presentarse en las próximas elecciones regionales requerirá un certificado de buena conducta de la asamblea que afirme que no participó en la violencia. Junto con otras acciones, como inhabilitar arbitrariamente a los líderes opositores más populares, y encarcelar o forzar a otros al exilio, esto permitirá al gobierno competir solo contra los candidatos que él mismo elija. La autoridad electoral controlada por el gobierno ha violado la ley al programar o suspender elecciones según la conveniencia política del partido gobernante, y – con la ayuda del TSJ – ha cancelado o negado la inscripción de muchos partidos, impidiendo que participen.

Al mismo tiempo, la asamblea se ha ensañado con la principal fuente de disidencia al interior del gobierno: la fiscalía. La fiscal general Luisa Ortega se había convertido en una crítica acérrima del gobierno, y estaba investigando a varias autoridades de alto nivel por corrupción y abusos de los derechos humanos. Ortega y su esposo, un diputado disidente del partido oficialista, huyeron a Colombia el 18 de agosto, después de que la fiscal fuera inconstitucionalmente despojada de su cargo en la primera resolución de la asamblea. Ambos han sido amenazados con ser enjuiciados.

A medida que [el gobierno venezolano] se vuelto más impopular, simplemente ha cancelado las elecciones libres y justas y ha perseguido a quienes se oponen.

El gobierno venezolano lleva muchos años desafiando abiertamente los principios democráticos y de derechos humanos en los que se basa el sistema interamericano. A medida que se vuelto más impopular, simplemente ha cancelado las elecciones libres y justas y ha perseguido a quienes se oponen. La región está sujeta a sus propias reglas y tiene la obligación moral de actuar. Esto no significa intervenir militarmente – una posibilidad planteada por el presidente estadounidense Trump, pero resistida por toda la región – ni tampoco debería involucrar sanciones económicas, por ejemplo contra el petróleo, que infligirían mayor dolor a un población que ya está sufriendo, mientras que permitirían al gobierno mostrarse como víctima. Sí significa insistir en que se respeten las prerrogativas del parlamento y se declare la nulidad de cualquier acción del gobierno que usurpe los poderes constitucionales del parlamento.

Para negociar la restauración de la democracia, será esencial no solo elevar el costo de consolidar la dictadura, sino también reducir el costo de renunciar al poder ofreciendo al gobierno garantías creíbles de que sus miembros no serán sometidos a cazas de brujas y sus derechos serán respetados.

La región debería construir sobre la base de la iniciativa lanzada el 8 de agosto por las doce naciones latinoamericanas que firmaron la Declaración de Lima, que incluyó una propuesta de negar el apoyo a los candidatos venezolanos a organizaciones internacionales y prohibir la venta de armas al país. Debería además apoyar la formación de un “grupo de contacto” cuyo propósito sería sentar a la mesa al gobierno venezolano y la oposición para que entablen negociaciones sustantivas que deriven en una transición democrática. El grupo debería incluir tanto a aliados como a adversarios del gobierno venezolano. Los gobiernos de los aliados claves Cuba, Rusa y China, si bien potencialmente reacios a participar en tal iniciativa, no deberían interponerse. El grupo de contacto debería al menos celebrar negociaciones informales con los tres con miras a abordar sus respectivas inquietudes.

Es probable que la crisis venezolana supere la capacidad de los organismos regionales de contenerla y abordarla. El secretario general de la ONU debería adoptar medidas para prepararse para la posibilidad de que diversos elementos de la ONU sean llamados a asistir. Debería iniciar el proceso de nombrar a un enviado especial para que establezca contacto con quienes buscan una solución, y preparar al Equipo País de Venezuela para un posible papel en la mediación y la puesta en marcha de mecanismos para lidiar con la emergencia humanitaria que ya está tomando forma.

No existe ninguna solución rápida a la crisis venezolana, pero mientras impulsa una solución negociada la comunidad internacional debe además lidiar con su impacto inmediato. Esto significa ayudar a los países vecinos que están intentando hacer frente a un éxodo de refugiados (principalmente Colombia), prestando apoyo y solidaridad a los defensores de los derechos humanos y la democracia sobre el terreno y buscando formas creativas de aliviar el hambre, la desnutrición y las enfermedades que afectan cada vez más a la población. La persistente negativa del gobierno de dialogar con sus detractores, tanto a nivel doméstico como internacional, no debe convertirse en una excusa para la inacción.

Opposition supporters stand behind a barricade as the Constituent Assembly election was being carried out in Caracas, Venezuela, on 30 July 2017. REUTERS/Christian Veron

Últimos destellos de democracia en Venezuela

Venezuela’s political crisis took another fateful turn on Sunday 30 July with the rigged election of an all-powerful assembly mandated to rewrite the constitution. In this Q&A, Senior Analyst for the Andes Phil Gunson says Sunday’s vote represents the end of what little democratic space still existed and takes the country on the path to dictatorship.

¿Puede explicar cuál era el fin de la votación del domingo 30 de julio?

El gobierno chavista liderado por el presidente Nicolás Maduro llevó a cabo una “elección” unilateral para una Asamblea Constituyente – una institución todopoderosa de 545 miembros con poder para revisar, e incluso acabar con, la constitución nacional. Con Venezuela tambaleándose por una devastadora crisis social y económica, y por cuatro meses de protestas diarias lideradas por la oposición, el gobierno está jugando la carta de la Asamblea Constituyente en un intento por cimentar su control del poder.

¿Puede la elección ser descrita como libre, justa y democrática?

En el sentido convencional, la votación del 30 de julio no fue una elección. Fue un intento del gobierno de eliminar la disidencia del sistema político venezolano de un plumazo mas que enfrentar una elección libre y justa que seguramente hubiese perdido. Ésta es la culminación del largo descenso de Venezuela a una dictadura total, algo que el país no había vivido desde los años 50.

Bajo la constitución de 1999 – inspirada y promovida por Hugo Chávez, el antecesor y mentor de Maduro – el electorado debía decidir si convocaba una asamblea constituyente. Pero el gobierno de Maduro eludió esta consulta popular previa y, en su lugar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceleró la elección, violando la ley y sus propios reglamentos.

El gobierno también amañó el sistema de votación para asegurar que, aunque la oposición participara, la victoria estuviera garantizada. Esto se contrasta con elecciones anteriores en donde – aun cuando las condiciones estaban fuertemente inclinadas a favor del gobierno – el resultado general reflejaba la intención de los votantes. El sistema en este voto estaba sesgado en contra de zonas urbanas densamente pobladas donde la oposición es más fuerte. Las reglas también estipulaban que 173 miembros de la asamblea fueran elegidos por ocho “sectores” de la población seleccionados arbitrariamente (tales como trabajadores o pensionados). Esto significaba que cerca del 40 por ciento del electorado tenía solo un voto, mientras que la mayoría podría votar a un representante “territorial” y a uno “sectorial”, socavando así el principio de “una persona – un voto”. No existen registros auditados de votantes para estos "sectores", que son propensos a la manipulación del gobierno.

[Sunday's vote] was a bid by the government to eliminate dissent from Venezuela’s political system at the stroke of a pen rather than face a free and fair election

El Consejo Nacional Electoral ha sido cómplice de los intentos del gobierno de subvertir la constitución. Desde 2015, tanto un referendo revocatorio con mandato legal – que habría dado al electorado la oportunidad de remover al presidente Maduro – y las elecciones locales y de gobernadores deberían haberse llevado a cabo. Pero la dilación por parte del consejo ha impedido que estas tres elecciones se realicen. En contraste, el consejo fue capaz de organizar la jornada electoral del domingo en tiempo récord. 

 La participación electoral es un tema acaloradamente disputado. El consejo afirma que más de ocho millones de personas votaron el domingo, pero fuentes independientes sugieren que fueron menos de la mitad de ese número. La agencia de prensa Reuters obtuvo cifras internas del consejo que indican que media hora antes que los puestos de votación cerraran, solo 3,7 millones – menos del 20 por ciento del electorado– se habían presentado. La compañía que suministra las máquinas de votación, Smartmatic,  anunció que la participación real era al menos un millón de votos menor que el resultado oficial. Por otro lado, debido a que el consejo permitió que muchos votantes eligieran su punto de votación, y debido a que los votantes no fueron marcados con la tradicional tinta indeleble, hay razones para sospechar que algunos votaron más de una vez.

¿Qué poderes tiene la Asamblea Constituyente y cómo va a ser utilizada?

While the Constituent Assembly inevitably will alter relations between the government and opposition, it could also bring to light splits within the government camp itself.

Como un cuerpo supra-constitucional, la asamblea tiene el poder de anular instituciones existentes, reestructurar el estado e incluso remover al presidente de sus funciones. No hay control de sus acciones o límite a la duración de sus deliberaciones.

El presidente Maduro ha indicado su intención de transformar a Venezuela en un estado comunal similar a Cuba. Esto significaría disolver el parlamento nacional, conocido como la Asamblea Nacional, que es controlado por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) desde inicios de 2016. Bajo la constitución de 1999, la rama legislativa del gobierno es independiente y actúa de forma autónoma. Pero la Asamblea Constituyente podría cerrarla y despojar a los parlamentarios de su inmunidad ante la persecución penal. En su discurso de celebración la noche del domingo, Maduro dejó en claro que esas eran sus intenciones.

En teoría, la Asamblea Constituyente puede remover al presidente. ¿Permanecerá leal al presidente Maduro?  

Aunque la Asamblea Constituyente inevitablemente alterará la relación entre el gobierno y la oposición, también podría sacar a relucir tensiones dentro del partido de gobierno. La pregunta más importante que la Asamblea deberá enfrentar una vez este instalada es quién será su presidente. El resultado dependerá de cuál facción del partido gobernante se considera ha ganado más puestos. Si el principal rival del Maduro, Diosdado Cabello – vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) – prevaleciera, esto representaría al menos un cambio de estilo, y podría presagiar una división en el gobierno. Maduro, un ex dirigente sindical que recibió entrenamiento ideológico en Cuba, representa el ala izquierda civil radical del movimiento. Cabello, un capitán del ejército que participó en el golpe del Chávez de 1992, pertenece al ala militar, y tiende a ser aún más extremista en sus declaraciones públicas que Maduro. Sus camaradas de la academia militar son ahora generales bien posicionados. Las tensiones entre los dos bandos, cada uno de los cuales controla diferentes instituciones y fuentes de ingresos, han emergido ocasionalmente pese a los exitosos esfuerzos, hasta la fecha, de mantener un frente unificado contra la oposición. Cabello es visto por algunos como hostil a la influencia de Cuba en Venezuela, pero cuál de los dos es más propenso a la negociación es un tema de especulación.

¿Qué opciones quedan abiertas para la oposición?

La oposición ha organizado protestas casi diarias en los pasados cuatro meses. Choques con las fuerzas de seguridad gubernamentales han dejado más de 100 muertos, de los cuales al menos una docena fallecieron el día del voto, volviéndose la jornada más violenta desde el inicio de las protestas en abril. Las demandas originales eran elecciones libres y justas; permitir la entrada de ayuda alimentaria y médica para aliviar la crisis humanitaria; la liberación de los presos políticos (en la actualidad hay más de 400); y respeto por la separación de poderes, incluida la autoridad parlamentaria. Luego de cuatro meses, ninguna de las demandas de la oposición ha sido cumplida. Peor aún, el país ha dado varios pasos hacia atrás, especialmente con la creación de la Asamblea Constituyente y el re-encarcelamiento el lunes 31 de julio de dos importantes líderes opositores – Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas[fn]Ledezma fue devuelto al arresto domiciliario el viernes 4 de agosto, y López el sabado 5 de agosto.

 Hide Footnote
– en una redada nocturna realizada por la policía secreta.

Even as many [opposition] supporters grow disenchanted, others could become radicalised and opt for a more violent approach.

Por su parte, la coalición opositora enfrenta el desafío de explicar a sus seguidores por qué ha fracasado a la fecha y más crucialmente, necesita una nueva estrategia. Si el presidente Maduro lleva a cabo su amenaza de clausurar la Asamblea Nacional, la oposición perderá la única institución nacional que controla.  En los próximos días, mantener a sus simpatizantes en las calles será cada vez más difícil, tanto por el incremento de la represión y como por la posible desilusión popular. Ya está mostrando signos de severas tensiones internas sobre temas como la formación de un gobierno paralelo, y si participar o no en las elecciones regionales, ahora programadas para diciembre.

Sin una estrategia clara, y enfrentados a una intensa persecución, muchos líderes y parlamentarios opositores pueden verse forzados al exilio o a la clandestinidad. Como resultado, el liderazgo formal de la oposición – parlamentarios, alcaldes, gobernadores estatales, y líderes de los partidos -  corren el riesgo de perder el control del movimiento. Aun cuando muchos partidarios se han desencantado, otros pueden radicalizarse y optar por un enfoque más violento. El domingo, un artefacto explosivo hirió a media docena de policías en el este de Caracas, un sector dominado por la oposición. En caso de que se repitan estos acontecimientos, el conflicto político de Venezuela podría transformarse en una guerra civil de baja intensidad.[fn]En un episodio todavía confuso, un grupo de hombres armados que se identificaron como militares rebeldes atacó la base militar Fuerte Paramacay, en la cuidad de Valencia, el domingo 6 de agosto.Hide Footnote
En un episodio todavía confuso, un grupo de hombres armados que se identificaron como militares rebeldes atacó la base militar Fuerte Paramacay, en la cuidad de Valencia, el domingo 6 de agosto. Hide Footnote

Es esencial que la MUD tome distancia de la minoría violenta y permanezca unida alrededor de una estrategia de desobediencia civil. La formación de un gobierno paralelo con la esperanza de obtener reconocimiento internacional seguramente sería una distracción. Aunque muchos gobiernos han dicho que no reconocerán a la Asamblea Constituyente, y continuarán considerando a la Asamblea Nacional como la legislatura legítima, no van a retirar su reconocimiento al gobierno de Maduro en favor de un órgano que no tenga poder real. La decisión sobre si participar en las elecciones regionales es más difícil y polémica especialmente ahora que el Consejo Nacional Electoral ha demostrado su voluntad de cometer fraude directo. Pero si la campaña para las gobernaciones estatales se combina con una demanda de elecciones transparentes y observadores electorales calificados, podría servir a un propósito.

¿Cuál ha sido la reacción de los poderes regionales e internacionales a la votación del domingo?

La comunidad internacional ha despertado – aunque tardíamente – a la idea que sin ayuda externa Venezuela continuará implosionando; también se ha dado cuenta que tal desenlace tendría consecuencias negativas tanto para el país como para la región y el mundo en general. Docenas de países, incluida la Unión Europea (UE) y sus países miembros y la mayoría de las naciones más grandes de las Américas, han dicho que no reconocerán los resultados de la votación del domingo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) hasta ahora ha sido incapaz de tomar medidas sustantivas. Los aliados latinoamericanos de Venezuela – es decir Ecuador, Bolivia y Nicaragua - al igual que estados caribeños que reciben petróleo venezolano subsidiado, han bloqueado cualquier iniciativa que se pueda percibir como desfavorable al gobierno de Maduro. Pueden haber visto en la elección del domingo un estímulo para seguir por ese camino. Otros miembros de la OEA han empezado a buscar foros alternativos: el 8 de agosto, el canciller de Perú sostendrá una reunión con otros cancilleres regionales que podría resultar en la creación de un “grupo de contacto” con el fin de presionar a Caracas para que vuelva a la democracia.

Much will depend on the posture taken by Venezuela’s key international backers, Russia and China.

En respuesta a la jornada electoral del domingo, EE.UU. impuso sanciones al presidente Maduro, congelando todos sus bienes “sujetos a jurisdicción de EE.UU”. Por ahora se ha abstenido de aplicar sanciones más amplias, como restringir las exportaciones de Venezuela de componentes del crudo ligero o gasolina que son esenciales para su industria de refinería. Sin embargo, el gobierno de Trump ha dejado en claro que puede apretar los tornillos en una fecha posterior. Pero tales sanciones pueden empeorar la crisis humanitaria y proporcionar así al gobierno una excusa conveniente para la grave situación económica del país.

El talón de Aquiles del régimen es su crisis económica y financiera, y en particular su aplastante deuda externa. Alrededor de US$5 mil millones deben desembolsarse antes de fin de año en pagos del servicio de la deuda. Un default caótico transformaría el paisaje económico del país y debilitaría aún más la posición internacional y domestica del gobierno. Mucho dependerá de la postura que adopten los principales aliados internacionales de Venezuela, Rusia y China. Como importante productor de petróleo, Rusia podría intervenir para minimizar el impacto de futuras sanciones de EE.UU. al petróleo, mientras que China podría incrementar su apoyo financiero a Caracas ampliando el período de amortización de la deuda, permitiendo un respiro al régimen de Maduro. Hasta ahora Moscú ha reiterado su postura de condena a lo que considera “injerencia externa” mientras Pekín se ha mantenido en silencio.

¿Qué podemos esperar ver en los próximos días y semanas?

El gobierno ya ha dicho que avanzará en la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, una feroz crítica de las acciones recientes, y clausurará el parlamento liderado por la oposición.[fn]La Asamblea Constituyente votó por unanimidad a favor de la destitución de Luisa Ortega el sábado 5 de agosto, un día después de su inauguración.Hide Footnote Los líderes de la oposición, incluyendo a parlamentarios que perderán su inmunidad ante la persecución penal, pueden ser encarcelados o terminar en el exilio o en la clandestinidad. El régimen seguramente busca realizar estas acciones rápidamente para evitar que la oposición tenga tiempo de reagruparse y revisar su estrategia.

The government has shown no interest in negotiations, but that should not be an excuse for inaction.

Pero el gobierno también enfrenta un periodo difícil. Debe ser consiente de cuanta gente realmente votó el 30 de julio y, como se ha dicho, deberá afrontar luchas internas de poder sobre el control de la Asamblea Constituyente. El régimen podría fracturarse, pero la forma en que lo haga marcaría una diferencia significativa. En un escenario, una facción más pragmática, dispuesta a negociar genuinamente con la oposición tomaría el poder. Alternativamente, el ejército podría fragmentarse y dividirse entre simpatizantes y opositores del gobierno, hundiendo profundamente al país en el caos y la violencia.  En otras palabras, si los actores externos apuestan a una fractura   del régimen para resolver esta crisis, enfrentarán riesgos que son grandes. El mejor resultado sería que la comunidad internacional ofrezca a los miembros del régimen una salida segura para ellos y para el país en su conjunto, a cambio de un proceso de negociación creíble que revierta las recientes decisiones gubernamentales.

En este contexto, ¿qué se puede hacer?

Como Crisis Group ha venido argumentando, lo que Venezuela necesita son negociaciones creíbles y estructuradas entre el gobierno y la oposición para resolver el impase político y la grave crisis económica de Venezuela.  Lograr que ambas partes se sienten juntas es más difícil que nunca. Requerirá acuerdos en algunos principios básicos, tales como el respeto a la constitución de 1999, y algún estímulo (o al menos consentimiento tácito) de parte de los aliados internacionales más importantes del gobierno – sobre todo Cuba, Rusia y China – al igual que de los poderes regionales. En el mejor de los casos, la creciente presión domestica e internacional persuadiría al gobierno de la necesidad de llegar a un acuerdo transicional, incluyendo un calendario de elecciones bajo estricta supervisión internacional, precedido por el nombramiento de un consejo electoral neutral y ampliamente aceptado.

El gobierno no ha dado muestras de interés en una negociación así, pero esto no debe ser una excusa para la inacción. Aun cuando el régimen siga siendo intransigente, se pueden tomar medidas importantes: establecer un grupo de contacto internacional que incluya aliados del gobierno de Maduro; planificar la ayuda de emergencia, en particular para ayudar al creciente número de refugiados y, cuando sea posible, llevarla a cabo; imponer contra figuras claves del régimen sanciones cuidadosamente seleccionadas y coordinadas entre varios países, centrándose en las que impedirán que los funcionarios gubernamentales y sus aliados roben dinero de las arcas nacionales; y convencer a los países que todavía están dispuestos a respetar la Asamblea Constituyente para unirse al creciente número que la ha repudiado. Al mismo tiempo, se deben generar garantías creíbles al núcleo que lidera el gobierno de que una salida negociada puede incluir garantías para su seguridad personal, y para funcionarios de rango medio que un sistema de justicia transicional puede ser implementado para prevenir una caza de brujas.

Por supuesto, esas garantías sólo serán persuasivas para el régimen si son garantizadas por los principales aliados internacionales de Caracas y si están plenamente respaldadas por la oposición. La responsabilidad de este último es grande con respecto a esto aspecto:  tendrá que entender que un repentino cambio de régimen o un escenario de juego suma-cero no producirá una solución pacífica. La situación actual es grave. Pero todavía existe la posibilidad de evitar una violencia más generalizada si los que intentan hacerlo actúan de forma coordinada y de buena fe.