Cae el telón para la democracia en Venezuela con la disolución del parlamento

El 19 de agosto, la autoproclamada Asamblea Constituyente, instalada dos semanas antes por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunció que asumiría las funciones del parlamento del país, liderado por la oposición, elegido en diciembre de 2015. Si bien el gobierno insiste que no ha disuelto la legislatura, esto no es más que un detalle técnico. Desde que asumió la coalición opositora Unidad Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por gobierno, ha impedido al parlamento ejercer sus funciones constitucionales. Ahora ha sido despojado de todos sus poderes.

La medida de la Asamblea Constituyente elimina cualquier pretensión de que Venezuela siga siendo una democracia. Sin un solo escaño en la asamblea, el movimiento opositor no tiene ninguna presencia significativa en las instituciones nacionales y está cada vez más sujeto al asedio judicial y policial. Los 545 miembros de la asamblea parecen estar ahí exclusivamente para aprobar por aclamación cualquier propuesta del gobierno, ya que no ha habido ningún debate.

La crisis cada vez más grave de Venezuela – cuyos efectos se sienten no solo en la desaparición de las libertades civiles, sino también en el aumento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y la delincuencia – solo puede resolverse mediante una restauración negociada de la democracia. Un gobierno irrestricto e impopular con toda probabilidad agudice la violencia política y los flujos migratorios de los últimos meses. Evitar esto requerirá mediación externa, y casi inevitablemente conllevará el establecimiento de un régimen transicional con garantes internacionales. Ningún escenario en el que el ganador se lo lleve todo, ya sea por medio de un golpe de estado o unas elecciones generales, es factible, y probablemente tampoco sea capaz de producir un resultado estable.

Por ahora, el gobierno chavista ostenta el poder absoluto, sin restricción alguna por parte de los controles y contrapesos judiciales y parlamentarios. El presidente convocó las elecciones del 30 de julio en contravención de un requisito constitucional de que el electorado decida primero si se debería o no convocar tal asamblea. La oposición posteriormente boicoteó la votación en medio de una ola de protestas contra el gobierno por todo el país, que fueron violentamente reprimidas. Si bien el gobierno afirma que más de ocho de los veinte millones de votantes del país participaron en ellas, estimaciones independientes sugieren una cifra en torno a la mitad. La oposición afirmó que más de siete millones rechazaron la propuesta en una encuesta informal que llevó a cabo el 16 de julio.

Una llamada Comisión para la Verdad, Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instalada por la asamblea, está a cargo de investigar la violencia que se cobró más de 120 vidas en los cuatro meses de protestas lideradas por la oposición antes del 30 de julio. Pero el carácter unilateral de la comisión, y las declaraciones del gobierno sobre esta cuestión, dejan claro que el objetivo es culpar a la oposición del derramamiento de sangre e incluso acusar y encarcelar a sus líderes por supuestamente incitar a la violencia.

El gobierno ha afirmado que cualquier político opositor que pretenda presentarse en las próximas elecciones regionales requerirá un certificado de buena conducta de la asamblea que afirme que no participó en la violencia. Junto con otras acciones, como inhabilitar arbitrariamente a los líderes opositores más populares, y encarcelar o forzar a otros al exilio, esto permitirá al gobierno competir solo contra los candidatos que él mismo elija. La autoridad electoral controlada por el gobierno ha violado la ley al programar o suspender elecciones según la conveniencia política del partido gobernante, y – con la ayuda del TSJ – ha cancelado o negado la inscripción de muchos partidos, impidiendo que participen.

Al mismo tiempo, la asamblea se ha ensañado con la principal fuente de disidencia al interior del gobierno: la fiscalía. La fiscal general Luisa Ortega se había convertido en una crítica acérrima del gobierno, y estaba investigando a varias autoridades de alto nivel por corrupción y abusos de los derechos humanos. Ortega y su esposo, un diputado disidente del partido oficialista, huyeron a Colombia el 18 de agosto, después de que la fiscal fuera inconstitucionalmente despojada de su cargo en la primera resolución de la asamblea. Ambos han sido amenazados con ser enjuiciados.

El gobierno venezolano lleva muchos años desafiando abiertamente los principios democráticos y de derechos humanos en los que se basa el sistema interamericano. A medida que se vuelto más impopular, simplemente ha cancelado las elecciones libres y justas y ha perseguido a quienes se oponen. La región está sujeta a sus propias reglas y tiene la obligación moral de actuar. Esto no significa intervenir militarmente – una posibilidad planteada por el presidente estadounidense Trump, pero resistida por toda la región – ni tampoco debería involucrar sanciones económicas, por ejemplo contra el petróleo, que infligirían mayor dolor a un población que ya está sufriendo, mientras que permitirían al gobierno mostrarse como víctima. Sí significa insistir en que se respeten las prerrogativas del parlamento y se declare la nulidad de cualquier acción del gobierno que usurpe los poderes constitucionales del parlamento.

Para negociar la restauración de la democracia, será esencial no solo elevar el costo de consolidar la dictadura, sino también reducir el costo de renunciar al poder ofreciendo al gobierno garantías creíbles de que sus miembros no serán sometidos a cazas de brujas y sus derechos serán respetados.

La región debería construir sobre la base de la iniciativa lanzada el 8 de agosto por las doce naciones latinoamericanas que firmaron la Declaración de Lima, que incluyó una propuesta de negar el apoyo a los candidatos venezolanos a organizaciones internacionales y prohibir la venta de armas al país. Debería además apoyar la formación de un “grupo de contacto” cuyo propósito sería sentar a la mesa al gobierno venezolano y la oposición para que entablen negociaciones sustantivas que deriven en una transición democrática. El grupo debería incluir tanto a aliados como a adversarios del gobierno venezolano. Los gobiernos de los aliados claves Cuba, Rusa y China, si bien potencialmente reacios a participar en tal iniciativa, no deberían interponerse. El grupo de contacto debería al menos celebrar negociaciones informales con los tres con miras a abordar sus respectivas inquietudes.

Es probable que la crisis venezolana supere la capacidad de los organismos regionales de contenerla y abordarla. El secretario general de la ONU debería adoptar medidas para prepararse para la posibilidad de que diversos elementos de la ONU sean llamados a asistir. Debería iniciar el proceso de nombrar a un enviado especial para que establezca contacto con quienes buscan una solución, y preparar al Equipo País de Venezuela para un posible papel en la mediación y la puesta en marcha de mecanismos para lidiar con la emergencia humanitaria que ya está tomando forma.

No existe ninguna solución rápida a la crisis venezolana, pero mientras impulsa una solución negociada la comunidad internacional debe además lidiar con su impacto inmediato. Esto significa ayudar a los países vecinos que están intentando hacer frente a un éxodo de refugiados (principalmente Colombia), prestando apoyo y solidaridad a los defensores de los derechos humanos y la democracia sobre el terreno y buscando formas creativas de aliviar el hambre, la desnutrición y las enfermedades que afectan cada vez más a la población. La persistente negativa del gobierno de dialogar con sus detractores, tanto a nivel doméstico como internacional, no debe convertirse en una excusa para la inacción.