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El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Venezuelan opposition leader Juan Guaido speaks as he attends a rally to commemorate the Day of the Youth and to protest against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela 12 February 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Q&A / Latin America & Caribbean

El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana

La crisis constitucional de Venezuela continúa desarrollándose, con la oposición acumulando alimentos y medicinas en las fronteras y la declarada intención de poner a los militares en contra del presidente Nicolás Maduro, quien se niega a recibir la ayuda. En estas preguntas y respuestas, nuestro analista senior para Venezuela, Phil Gunson, explica el enfrentamiento.

¿Qué pasó?

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, reconocido como el presidente interino del país por docenas de países incluido EE. UU., ha prometido que el 23 de febrero una “avalancha humanitaria”, compuesta por cientos de miles de voluntarios y vehículos de carga pesada, empezará a importar y distribuir la ayuda alimentaria y medica que se está acopiando en varios puntos fuera del país. Un concierto de ayuda, con presentaciones de importantes estrellas de la música latina, está planeado para el 22 de febrero en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, mientras el gobierno anuncia su propio festival rival al otro lado de la frontera. Señalando la vigorosa campaña del gobierno de los EE. UU. para expulsarlo del poder, el presidente Nicolás Maduro calificó el plan de distribución de ayuda como un programa ideado por Washington para proporcionar una excusa para una intervención militar. Él se ha comprometido a detenerlo.

¿De qué se trata el conflicto?​​​​​​​

El presidente Maduro asumió su segundo periodo de seis años el 10 de enero, pero la oposición, que dice que su elección el pasado 20 de mayo de 2018 fue una farsa, lo considera un “usurpador”. Junto con  EE.UU., Canadá, casi todos los estados miembros de la UE y la mayoría de América Latina, argumenta que la constitución nacional requiere que Guaidó, elegido presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición solo cinco días antes, asuma la presidencia interina mientras se llevan a cabo nuevas elecciones presidenciales. Bajo el artículo que ellos invocan, éstas deben llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes, aunque los simpatizantes de Guaidó dicen que este marco temporal no es ni posible ni deseable, y que unas elecciones justas no pueden desarrollarse tan pronto así la constitución lo demande. 

Además de la confrontación por la presidencia, Venezuela encara una crisis social cada vez más severa provocada por una economía colapsada y agravada por las sanciones financieras y comerciales impuestas por EE. UU. En los últimos dos años, dado que América Latina y el Caribe en particular, han comenzado a sentir el impacto de la emigración masiva de venezolanos, la crisis ha adquirido una dimensión regional. Y desde que la administración Trump asumió el liderazgo de la coalición de países presionando por la salida de Maduro, está intrincadamente ligada a la geopolítica global. En un discurso en Miami el 18 de febrero dedicado a Venezuela, el presidente Donald Trump describió esta lucha como una parte clave de un esfuerzo regional, incluso global, para hacer retroceder el socialismo, evocando la Guerra Fría. Omitiendo cualquier referencia a otros países de la coalición, dijo que la oposición venezolana ganaría "porque Estados Unidos, una nación verdaderamente grande, está detrás de ustedes".

¿Necesitan los venezolanos la ayuda?​​​​​​​

Organizaciones humanitarias en Venezuela dicen que el país está sufriendo una “compleja emergencia humanitaria” debido al grave desabastecimiento de alimentos y medicinas y a la negativa del gobierno de adoptar medidas adecuadas para combatir el hambre y las enfermedades. Según algunas estimaciones, el Producto Interno Bruto ha caído a casi la mitad desde que Maduro llegó al poder en 2013, y la inflación anual en 2018 fue de más de un millón por ciento. El gobierno no publica estadísticas, pero según una encuesta regular realizada por tres universidades locales, más de 9 de 10 venezolanos ganan menos de lo necesario para comprar comida suficiente. Les es imposible obtener la mayoría de las medicinas esenciales y el sistema de salud está destrozado. Por ejemplo, en una encuesta a 40 hospitales públicos publicada este mes, el 75 por ciento no tiene morfina y más de la mitad no cuenta con insulina. Los médicos calculan que más de 1 500 pacientes han muerto solo en estos hospitales en los últimos meses debido a la falta de medicinas y equipos. Casi 80 murieron como resultado de los cortes de luz. Enfermedades como la malaria, sarampión y difteria, en algún momento casi erradicadas en Venezuela, se están diseminando sin control y los pacientes con condiciones crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y VIH/Sida en su mayoría son incapaces de conseguir tratamiento.

La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres.

Sin embargo, ni la ayuda humanitaria a gran escala podrá solucionar la crisis, que requiere recuperación económica y la reconstrucción de la infraestructura de los sectores salud, alimentación y agricultura del país. Los expertos reconocen que unos pocos cientos de toneladas de ayuda, aunque sean permitidas, todavía serían insuficientes.

¿El gobierno dejará que entre la ayuda?

No, o al menos ha dicho que no la dejará entrar. El gobierno admite tiene dificultades económicas, que atribuye a una disminución en el precio del petróleo, virtualmente la única fuente de divisas del país, y a las sanciones de EE. UU., que se intensificaron a finales de enero cuando Washington empezó a retener las ganancias de las compras de petróleo de la corporación petrolera estatal PDVSA. Las cifras del gobierno de EE. UU. muestran que las ventas de petróleo al país desde Venezuela a principios de febrero fueron menos de un cuarto de lo que eran en la última semana de enero. Con retraso, el gobierno de Maduro ha comenzado a reconocer la magnitud de la miseria pública en Venezuela, al anunciar que su aliado, Rusia, está enviando 300 toneladas de ayuda de emergencia (una declaración sobre la cual el presidente Putin dijo que no sabía nada), y el 15 de enero firmó un acuerdo con UNICEF y la FAO en ayuda a la nutrición infantil.

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro dice que hablar de una crisis humanitaria y los planes para la provisión de ayuda humanitaria el 23 de febrero son simplemente pretextos para una intervención militar de EE. UU., posiblemente respaldada por otros países sudamericanos como Colombia. En realidad, parece temer que la ayuda que la oposición quiere entrar al país resulte en un desafío a la autoridad de Maduro sobre las fuerzas armadas. La oposición ha sido explicita en este tema, declarando su esperanza, y expectativa, que los militares den la espalda al actual presidente y abran el camino para una transición política, empezando por desacatar la orden de bloquear el ingreso de la ayuda. Cualquier intento de impedir la entrega de la ayuda sería calificada como un crimen contra la humanidad, dicen algunas fuentes de la oposición, sin importar si se hace de manera violenta.

Para el gobierno de Maduro, la entrega de ayuda también tiene un grave significado político,  que es otra razón por la que resistirá a los esfuerzos de la oposición. La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres mientras que sus detractores insisten en que usa la entrega de prestaciones sociales para afianzar su poder en los barrios mas pobres. El gobierno distribuye raciones de comida baratas pero básicas a un estimado de 7,3 millones de hogares venezolanos por medio de un programa conocido como CLAP.

Mientras las tensiones aumentan, ambas partes han optado por la confrontación. El 15 de febrero, Maduro anunció un “plan especial para el despliegue permanente” (de las fuerzas armadas) “para defender nuestra frontera contra las provocaciones colombianas”. Sin embargo, fuentes en Caracas minimizaron las amenazas,  indicando que la prioridad del gobierno es evitar un estallido militar en la frontera mientras controla las protestas opositoras por medio de duras medidas policivas. Mientras tanto, EE. UU. ha rechazado descartar una acción militar, reiterando que “todas las opciones están sobre la mesa”, mientras insiste en que Maduro debe dejar su cargo inmediatamente. En una reunión en Miami el 20 de febrero, el comandante  de las Fuerzas Armadas de Colombia, General, Luis Navarro, y el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Craig Faller, hicieron un llamado conjunto a sus contrapartes venezolanas para “hacer lo correcto” y dejar entrar la ayuda.

¿Se sostiene el argumento del gobierno?​​​​​​​

Bajo la ley internacional, los gobiernos deben dar consentimiento para la distribución de alimentos e insumos médicos cuando la supervivencia de una población está en riesgo, pero solo si la ayuda es de una naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial. Sin embargo, esta operación de ayuda, es principalmente política, ya que busca socavar a Maduro y lograr un cambio de gobierno. “La ayuda que se acumula en la frontera mientras oficiales estadounidenses se burlan del régimen está ahí para un espectáculo político, no para fines humanitarios”, trinó Jeremy Konyndyk, el ex jefe de asistencia a desastres extranjeros de EE. UU. En privado, algunos de los que están detrás de la “avalancha humanitaria” admiten que el alivio del sufrimiento es una consideración secundaria. 

Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera.

Este es un tema de gran preocupación para las organizaciones humanitarias que han estado trabajando dentro de Venezuela en los últimos años para poder entrar y distribuir alimentos y medicinas. Temen que el gobierno señale sus operaciones como resultado de la situación actual. El 15 de febrero, por ejemplo, la policía realizó un allanamiento inusual a las oficinas de la organización de caridad Manos Amigas por la Vida (Fundación MAVID), incautando medicinas y otros insumos dirigidos a pacientes con VIH/Sida en una operación que algunos temen sea una señal de las cosas por venir. También arrestaron a parte del personal. La policía posteriormente anunció que descubrieron que dicha organización brindaba medicamentos vencidos a los clientes.

Dicho esto, la emergencia humanitaria que el gobierno niega es muy real. Es el principal factor que ha forzado a millones de venezolanos a huir del país. De acuerdo con las últimas estimaciones de ACNUR, al menos 3,4 millones de personas, más de una décima parte de la población, ahora vive en el extranjero. La mayoría ha salido en los últimos dos años.

¿Qué puede pasar?

Juan Guaidó ha declarado que la ayuda no puede ser frenada, pero algunos observadores dudan que mucho logre cruzar la frontera este 23 de febrero. La mayoría de la atención se enfoca en la frontera cerca de Cúcuta. Cientos de toneladas de ayuda financiada por EE. UU. se está acopiando allí, lista para ser llevada a Venezuela. Pero el gobierno venezolano ha desplegado tropas y policías para frenarla e incluso a bloqueado un nuevo puente fronterizo aun no inaugurado, con contenedores y partes de un tanque. También hay dudas sobre si la oposición logrará juntar suficiente apoyo de su lado de la frontera para forzar a las autoridades a aceptar los cargamentos de ayuda. Los pueblos fronterizos como San Antonio de Táchira y Ureña son relativamente pequeños, y el acceso por carretera desde el resto del país a la frontera sería fácil de regular para las fuerzas de seguridad venezolanas.

Otros puntos de cruce de mercancias potenciales incluyen el lejano sureste del país en la frontera brasileña, y la costa norte, el posible destino de la ayuda almacenada en las islas de las Antillas Holandesas de Curazao o llegando de Puerto Rico. Sin embargo, en días recientes, Maduro ordenó un cierre temporal de ambas rutas de entrada, e indicó que podría hacer lo mismo con la frontera colombiana. Pese a las maniobras militares de Maduro, al igual que la negativa de la administración Trump a descartar el eventual uso de la fuerza, ambos lados parecen de acuerdo en querer evitar un conflicto militar, por lo menos por ahora. Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera. Pero si la estrategia de ayuda humanitaria no logra que las fuerzas armadas venezolanas retiren su apoyo a Maduro, la oposición espera que las sanciones al petróleo, que están empezando a golpear al país, lo hagan lo suficientemente fuerte para persuadir al presidente de que su tiempo ha terminado.

An opposition demonstrator waves a Venezuelan national flag during clashes with soldiers loyal to Venezuelan President Nicolas Maduro April 30 2019 Federico PARRA / AFP

Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela

 A failed uprising by Venezuelan National Assembly Chair Juan Guaidó has emboldened President Nicolás Maduro and deepened the country's political deadlock. However difficult, outside actors should continue to press the two sides to form a transitional cabinet, stabilise Venezuela’s economy and hold elections.

Los hechos que sacudieron a Caracas el 30 de abril continúan envueltos en misterio, pero su impacto inmediato parece ser claro: polarizar aún más el pulso político y aumentar la posibilidad de una escalada violenta nacional o internacional. Los hechos empezaron con el dramático anuncio de los líderes de la oposición diciendo que el país entraba a la “fase final” de lo que llaman la “Operación Libertad”, dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posteriormente declararon que el esfuerzo contaba con el apoyo de militares de alto rango. Sin embargo desembocó en una revuelta fácil de someter y pobremente concebida que dejó al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, a sus aliados regionales y a los EE. UU. malparados. Maduro y sus aliados nacionales y extranjeros bien pueden sentirse empoderados y animados, con pocos incentivos para dialogar con una oposición desorganizada e ineficaz.

Ese sería un error de cálculo. Las fuerzas de seguridad sometieron fácilmente el alzamiento, pero el hecho que siguiera a una serie de esfuerzos que se vienen presentando desde principio de año para aislar, desestabilizar y dividir al gobierno resalta no solo la inhabilidad de la oposición de expulsar a Maduro sino también la impotencia del gobierno para sofocar a sus enemigos políticos. Aunque los diálogos entre dos partes profundamente polarizadas y sus respectivos aliados extranjeros parezcan poco probables, el estancamiento en el que se encuentran, el alto costo que sufre el pueblo venezolano y el riesgo de un escalada violenta nacional o internacional hacen que la estabilidad del país siga dependiendo de un acuerdo negociado.

Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron.

La naturaleza caótica del levantamiento tiene varias posibles explicaciones. La oposición adelantó un día los planes (ya había manifestaciones masivas programadas para el 1° de mayo), perjudicando sus posibilidades. Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron. La claridad sobre la razón real tendrá que esperar.

Para Maduro y sus aliados, entre los cuales EE. UU. destacó a Cuba pero también a Rusia, este fue un giro de eventos triunfal. Al final, las manifestaciones fueron pequeñas y fácilmente dispersadas por las fuerzas de seguridad. Además, se hizo evidente casi en seguida que solo algunos soldados de bajo rango se habían separado del gobierno. Al llegar el final del día, el prisionero político más famoso del país, Leopoldo López, quien había salido de su arresto domiciliario para liderar las protestas, fue obligado a buscar refugio en la residencia del Embajador español. Maduro, quien permaneció detrás de bambalinas durante toda la jornada, apareció para declarar la victoria y burlarse de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, quien afirmó que él había estado listo para irse al exilio, siendo disuadido por el gobierno ruso.

Pero los problemas que han plagado el gobierno están lejos de ser resueltos. A pesar de su fracaso, Guaidó continúa siendo el presidente legítimo del país a los ojos de varias docenas de países, incluyendo a EE. UU., la mayoría de los países de América Latina y de los estados miembros de la UE. Su estatura bien puede disminuirse debido al triste resultado, pero ha logrado unir a la fraccionada oposición y galvanizar el apoyo popular. A pesar de su éxito, Maduro aún enfrenta el aislamiento diplomático, una economía colapsada y un régimen de sanciones que ha limitado severamente la habilidad de Venezuela de exportar su menguante producción de petróleo, de la que dependen casi todas sus ganancias en moneda extranjera. Tras años de declive económico, más de un décimo de su población ha huido del país y la ONU estima que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

La clara lección de los eventos del 30 de abril es que no puede haber una solución en la que el “ganador se lleva todo” en Venezuela. El gobierno permanece en control de las fuerzas de seguridad, la autoridad electoral y la corte suprema, pero no puede reparar la economía sin un acuerdo político que permita que las sanciones sean levantadas y que un competente equipo de tecnócratas empiecen a implementar un plan de recuperación. Tampoco puede silenciar el disenso público, excepto a través de la represión. La oposición aún puede contar con los devastadores efectos de las sanciones, la amenaza de la intervención militar de EE. UU. (hecha más expresa que nunca por el secretario Pompeo) y la creencia que las fuerzas armadas finalmente forzarán la salida de Maduro. Pero no hay evidencia de que las sanciones derribarán al gobierno, intentos repetidos de atraer a los militares han fallado, y la intervención armada externa aun es vista como una posibilidad remota que, si se emplea, casi con toda seguridad alimentaría una mayor inestabilidad al desencadenar un conflicto prolongado con grupos armados y milicias progubernamentales.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las negociaciones entre los chavistas y la oposición.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las  negociaciones entre los chavistas y la oposición. Es cierto que las rondas previas de conversaciones han dejado decepcionada a la oposición, muchos de cuyos miembros están convencidos de que el gobierno no tiene intención de comprometerse y que solo utiliza las conversaciones para comprar tiempo, ahondar las divisiones entre sus enemigos y dispersar las protestas masivas. Incluso los líderes opositores que en privado aceptan la necesidad de estos diálogos temen ser tildados de “colaboracionistas” por miembros del ala dura de sus partidos.

En otras palabras, dejados a sus propios medios, es poco probable que ambas partes lleguen a un acuerdo factible. La responsabilidad recae en los actores externos quienes, lamentablemente, han estado tan divididos como los venezolanos. Los países cercanos a Guaidó, aquellos que apoyan a Maduro y los que están en el medio deberían aprovechar este momento para dejar de lado cualquier posición maximalista y empujar a sus respectivos aliados a hacer concesiones. Eso requeriría que EE. UU. y sus aliados de América Latina descarten cualquier sugerencia de intervención militar y abandonen la demanda de que Maduro renuncie inmediatamente. Por otro lado, Rusia, China y Cuba deberían aceptar la necesidad de que Maduro inicie un proceso que lleve a unas elecciones presidenciales creíbles y monitoreadas internacionalmente. Requeriría además que todas las partes presionen por lo siguiente:

  • Formación de un gabinete de transición que incluya representantes del chavismo y la oposición, centrado en la estabilización económica, asistencia humanitaria, seguridad interna y reforma institucional; idealmente, ni Maduro ni Guaidó ocuparían la presidencia durante este periodo, aunque un acuerdo en este punto no puede ser una precondición para que las negociaciones comiencen;
  • Garantías para los militares en la forma de un marco claro para su futuro rol;
  • Elecciones presidenciales bajo una comisión electoral reformada y con observación internacional

El Grupo Internacional de Contacto liderado por la UE podría ayudar a impulsar este proceso a través de su diplomacia discreta.

Lo más probable es que Maduro sienta que ganó esta ronda y crea que tiene poca necesidad de hacer concesiones. La oposición, más débil que hace un par de meses, es posible que sea más cautelosa que nunca con las negociaciones. Si sus aliados externos apoyan estas posturas, nadie debería albergar esperanzas de una solución acordada entre las partes. Pero entonces, todos deberán estar preparados para vivir con un estancamiento más profundo, un costo humanitario creciente y una muy real posibilidad de confrontación armada interna o incluso una intervención militar externa. No debería ser una decisión difícil de tomar.