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El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Venezuelan opposition leader Juan Guaido speaks as he attends a rally to commemorate the Day of the Youth and to protest against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela 12 February 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Q&A / Latin America & Caribbean

El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana

La crisis constitucional de Venezuela continúa desarrollándose, con la oposición acumulando alimentos y medicinas en las fronteras y la declarada intención de poner a los militares en contra del presidente Nicolás Maduro, quien se niega a recibir la ayuda. En estas preguntas y respuestas, nuestro analista senior para Venezuela, Phil Gunson, explica el enfrentamiento.

¿Qué pasó?

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, reconocido como el presidente interino del país por docenas de países incluido EE. UU., ha prometido que el 23 de febrero una “avalancha humanitaria”, compuesta por cientos de miles de voluntarios y vehículos de carga pesada, empezará a importar y distribuir la ayuda alimentaria y medica que se está acopiando en varios puntos fuera del país. Un concierto de ayuda, con presentaciones de importantes estrellas de la música latina, está planeado para el 22 de febrero en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, mientras el gobierno anuncia su propio festival rival al otro lado de la frontera. Señalando la vigorosa campaña del gobierno de los EE. UU. para expulsarlo del poder, el presidente Nicolás Maduro calificó el plan de distribución de ayuda como un programa ideado por Washington para proporcionar una excusa para una intervención militar. Él se ha comprometido a detenerlo.

¿De qué se trata el conflicto?​​​​​​​

El presidente Maduro asumió su segundo periodo de seis años el 10 de enero, pero la oposición, que dice que su elección el pasado 20 de mayo de 2018 fue una farsa, lo considera un “usurpador”. Junto con  EE.UU., Canadá, casi todos los estados miembros de la UE y la mayoría de América Latina, argumenta que la constitución nacional requiere que Guaidó, elegido presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición solo cinco días antes, asuma la presidencia interina mientras se llevan a cabo nuevas elecciones presidenciales. Bajo el artículo que ellos invocan, éstas deben llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes, aunque los simpatizantes de Guaidó dicen que este marco temporal no es ni posible ni deseable, y que unas elecciones justas no pueden desarrollarse tan pronto así la constitución lo demande. 

Además de la confrontación por la presidencia, Venezuela encara una crisis social cada vez más severa provocada por una economía colapsada y agravada por las sanciones financieras y comerciales impuestas por EE. UU. En los últimos dos años, dado que América Latina y el Caribe en particular, han comenzado a sentir el impacto de la emigración masiva de venezolanos, la crisis ha adquirido una dimensión regional. Y desde que la administración Trump asumió el liderazgo de la coalición de países presionando por la salida de Maduro, está intrincadamente ligada a la geopolítica global. En un discurso en Miami el 18 de febrero dedicado a Venezuela, el presidente Donald Trump describió esta lucha como una parte clave de un esfuerzo regional, incluso global, para hacer retroceder el socialismo, evocando la Guerra Fría. Omitiendo cualquier referencia a otros países de la coalición, dijo que la oposición venezolana ganaría "porque Estados Unidos, una nación verdaderamente grande, está detrás de ustedes".

¿Necesitan los venezolanos la ayuda?​​​​​​​

Organizaciones humanitarias en Venezuela dicen que el país está sufriendo una “compleja emergencia humanitaria” debido al grave desabastecimiento de alimentos y medicinas y a la negativa del gobierno de adoptar medidas adecuadas para combatir el hambre y las enfermedades. Según algunas estimaciones, el Producto Interno Bruto ha caído a casi la mitad desde que Maduro llegó al poder en 2013, y la inflación anual en 2018 fue de más de un millón por ciento. El gobierno no publica estadísticas, pero según una encuesta regular realizada por tres universidades locales, más de 9 de 10 venezolanos ganan menos de lo necesario para comprar comida suficiente. Les es imposible obtener la mayoría de las medicinas esenciales y el sistema de salud está destrozado. Por ejemplo, en una encuesta a 40 hospitales públicos publicada este mes, el 75 por ciento no tiene morfina y más de la mitad no cuenta con insulina. Los médicos calculan que más de 1 500 pacientes han muerto solo en estos hospitales en los últimos meses debido a la falta de medicinas y equipos. Casi 80 murieron como resultado de los cortes de luz. Enfermedades como la malaria, sarampión y difteria, en algún momento casi erradicadas en Venezuela, se están diseminando sin control y los pacientes con condiciones crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y VIH/Sida en su mayoría son incapaces de conseguir tratamiento.

La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres.

Sin embargo, ni la ayuda humanitaria a gran escala podrá solucionar la crisis, que requiere recuperación económica y la reconstrucción de la infraestructura de los sectores salud, alimentación y agricultura del país. Los expertos reconocen que unos pocos cientos de toneladas de ayuda, aunque sean permitidas, todavía serían insuficientes.

¿El gobierno dejará que entre la ayuda?

No, o al menos ha dicho que no la dejará entrar. El gobierno admite tiene dificultades económicas, que atribuye a una disminución en el precio del petróleo, virtualmente la única fuente de divisas del país, y a las sanciones de EE. UU., que se intensificaron a finales de enero cuando Washington empezó a retener las ganancias de las compras de petróleo de la corporación petrolera estatal PDVSA. Las cifras del gobierno de EE. UU. muestran que las ventas de petróleo al país desde Venezuela a principios de febrero fueron menos de un cuarto de lo que eran en la última semana de enero. Con retraso, el gobierno de Maduro ha comenzado a reconocer la magnitud de la miseria pública en Venezuela, al anunciar que su aliado, Rusia, está enviando 300 toneladas de ayuda de emergencia (una declaración sobre la cual el presidente Putin dijo que no sabía nada), y el 15 de enero firmó un acuerdo con UNICEF y la FAO en ayuda a la nutrición infantil.

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro dice que hablar de una crisis humanitaria y los planes para la provisión de ayuda humanitaria el 23 de febrero son simplemente pretextos para una intervención militar de EE. UU., posiblemente respaldada por otros países sudamericanos como Colombia. En realidad, parece temer que la ayuda que la oposición quiere entrar al país resulte en un desafío a la autoridad de Maduro sobre las fuerzas armadas. La oposición ha sido explicita en este tema, declarando su esperanza, y expectativa, que los militares den la espalda al actual presidente y abran el camino para una transición política, empezando por desacatar la orden de bloquear el ingreso de la ayuda. Cualquier intento de impedir la entrega de la ayuda sería calificada como un crimen contra la humanidad, dicen algunas fuentes de la oposición, sin importar si se hace de manera violenta.

Para el gobierno de Maduro, la entrega de ayuda también tiene un grave significado político,  que es otra razón por la que resistirá a los esfuerzos de la oposición. La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres mientras que sus detractores insisten en que usa la entrega de prestaciones sociales para afianzar su poder en los barrios mas pobres. El gobierno distribuye raciones de comida baratas pero básicas a un estimado de 7,3 millones de hogares venezolanos por medio de un programa conocido como CLAP.

Mientras las tensiones aumentan, ambas partes han optado por la confrontación. El 15 de febrero, Maduro anunció un “plan especial para el despliegue permanente” (de las fuerzas armadas) “para defender nuestra frontera contra las provocaciones colombianas”. Sin embargo, fuentes en Caracas minimizaron las amenazas,  indicando que la prioridad del gobierno es evitar un estallido militar en la frontera mientras controla las protestas opositoras por medio de duras medidas policivas. Mientras tanto, EE. UU. ha rechazado descartar una acción militar, reiterando que “todas las opciones están sobre la mesa”, mientras insiste en que Maduro debe dejar su cargo inmediatamente. En una reunión en Miami el 20 de febrero, el comandante  de las Fuerzas Armadas de Colombia, General, Luis Navarro, y el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Craig Faller, hicieron un llamado conjunto a sus contrapartes venezolanas para “hacer lo correcto” y dejar entrar la ayuda.

¿Se sostiene el argumento del gobierno?​​​​​​​

Bajo la ley internacional, los gobiernos deben dar consentimiento para la distribución de alimentos e insumos médicos cuando la supervivencia de una población está en riesgo, pero solo si la ayuda es de una naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial. Sin embargo, esta operación de ayuda, es principalmente política, ya que busca socavar a Maduro y lograr un cambio de gobierno. “La ayuda que se acumula en la frontera mientras oficiales estadounidenses se burlan del régimen está ahí para un espectáculo político, no para fines humanitarios”, trinó Jeremy Konyndyk, el ex jefe de asistencia a desastres extranjeros de EE. UU. En privado, algunos de los que están detrás de la “avalancha humanitaria” admiten que el alivio del sufrimiento es una consideración secundaria. 

Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera.

Este es un tema de gran preocupación para las organizaciones humanitarias que han estado trabajando dentro de Venezuela en los últimos años para poder entrar y distribuir alimentos y medicinas. Temen que el gobierno señale sus operaciones como resultado de la situación actual. El 15 de febrero, por ejemplo, la policía realizó un allanamiento inusual a las oficinas de la organización de caridad Manos Amigas por la Vida (Fundación MAVID), incautando medicinas y otros insumos dirigidos a pacientes con VIH/Sida en una operación que algunos temen sea una señal de las cosas por venir. También arrestaron a parte del personal. La policía posteriormente anunció que descubrieron que dicha organización brindaba medicamentos vencidos a los clientes.

Dicho esto, la emergencia humanitaria que el gobierno niega es muy real. Es el principal factor que ha forzado a millones de venezolanos a huir del país. De acuerdo con las últimas estimaciones de ACNUR, al menos 3,4 millones de personas, más de una décima parte de la población, ahora vive en el extranjero. La mayoría ha salido en los últimos dos años.

¿Qué puede pasar?

Juan Guaidó ha declarado que la ayuda no puede ser frenada, pero algunos observadores dudan que mucho logre cruzar la frontera este 23 de febrero. La mayoría de la atención se enfoca en la frontera cerca de Cúcuta. Cientos de toneladas de ayuda financiada por EE. UU. se está acopiando allí, lista para ser llevada a Venezuela. Pero el gobierno venezolano ha desplegado tropas y policías para frenarla e incluso a bloqueado un nuevo puente fronterizo aun no inaugurado, con contenedores y partes de un tanque. También hay dudas sobre si la oposición logrará juntar suficiente apoyo de su lado de la frontera para forzar a las autoridades a aceptar los cargamentos de ayuda. Los pueblos fronterizos como San Antonio de Táchira y Ureña son relativamente pequeños, y el acceso por carretera desde el resto del país a la frontera sería fácil de regular para las fuerzas de seguridad venezolanas.

Otros puntos de cruce de mercancias potenciales incluyen el lejano sureste del país en la frontera brasileña, y la costa norte, el posible destino de la ayuda almacenada en las islas de las Antillas Holandesas de Curazao o llegando de Puerto Rico. Sin embargo, en días recientes, Maduro ordenó un cierre temporal de ambas rutas de entrada, e indicó que podría hacer lo mismo con la frontera colombiana. Pese a las maniobras militares de Maduro, al igual que la negativa de la administración Trump a descartar el eventual uso de la fuerza, ambos lados parecen de acuerdo en querer evitar un conflicto militar, por lo menos por ahora. Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera. Pero si la estrategia de ayuda humanitaria no logra que las fuerzas armadas venezolanas retiren su apoyo a Maduro, la oposición espera que las sanciones al petróleo, que están empezando a golpear al país, lo hagan lo suficientemente fuerte para persuadir al presidente de que su tiempo ha terminado.

Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza looks at opposition member Javier Bertucci during the signing of the dialogue agreement between the government and the opposition in Caracas,18 September 2019. AFP/Matias Delacroix
Q&A / Latin America & Caribbean

Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar

Talks to resolve Venezuela’s impasse collapsed on 15 September only for the government to announce a deal – with a different set of opponents. In this Q&A, Crisis Group Senior Andes Analyst Phil Gunson explains what these developments mean for the country’s political and socio-economic crisis.

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¿Qué ocurrió? 

El 15 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, anunció que se retiraba de las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Barbados. El gobierno había suspendido su propia participación hacía más de un mes, luego de que Washington anunciara nuevas sanciones. Según el anuncio de la oposición, "el mecanismo de Barbados se agotó". En cuestión de horas, el gobierno reveló que había estado negociando en paralelo con un grupo de pequeños partidos de oposición que no estaban involucrados en los diálogos de Barbados. Los miembros de este grupo, denominado Mesa Nacional de Diálogo, anunciaron de inmediato un acuerdo para que los legisladores del gobierno vuelvan a ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional, la cual habían boicoteado desde mediados de 2017, solicitando también la liberación de un número indeterminado de presos políticos y una disminución del control del gobierno sobre la autoridad electoral. El acuerdo habla a su vez de un posible programa de intercambio de "petróleo por alimentos" para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.

¿Por qué se rompieron los diálogos de Barbados, y podrían reiniciarse?

Según el Presidente Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de EE. UU. para que aliviara las sanciones. Según Guaidó, a quien los EE. UU., la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos reconocen como presidente interino legítimo, el gobierno tuvo la culpa, porque nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición. Las condiciones claves presentadas por el equipo negociador de Guaidó fueron que tanto él como Maduro se apartaran, para llevar a cabo elecciones libres y justas en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional. Mientras tanto, un Consejo de Gobierno de transición, compuesto por representantes del chavismo (el movimiento creado por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez), y la oposición, así como las fuerzas armadas, manejarían el país. El gobierno noruego, que aún auspiciaba el diálogo después de que se trasladara de Oslo a Barbados, ha indicado que seguirá estando disponible si las partes deciden regresar a la mesa. Maduro ha dicho que el gobierno lo hará si surge la oportunidad. Incluso la oposición parece solamente haber descartado el formato aplicado al diálogo en Barbados, y no las negociaciones en general. Sin embargo, probablemente sea necesario rediseñar el proceso, quizás para abarcar un mayor espectro de actores venezolanos y extranjeros.

¿Quién participa en la Mesa Nacional de Diálogo? 

Hasta el momento, cinco partidos pequeños han firmado el acuerdo con el gobierno. Solo dos tienen representación parlamentaria. Estos son Avanzada Progresista, dirigido por Henri Falcón, anteriormente chavista y gobernador del estado Lara, quien rompió con el gobierno en 2007; y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, exnegociador de la oposición, cercano al expresidente español (y una vez mediador en la crisis venezolana) José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho asientos de los 167 de la Asamblea. La principal alianza opositora expulsó a Falcón y Zambrano en los últimos años, al primero por participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 a pesar de la negativa del gobierno ante las demandas de la oposición por igualdad de condiciones, y al segundo por no estar de acuerdo en 2016 con la decisión del Mercosur de tomar medidas punitivas contra Venezuela. Falcón obtuvo un 21 por ciento frente al 68 por ciento de Maduro en las elecciones del año pasado, pero se negó a aceptar el resultado, diciendo que el gobierno había violado la ley electoral.

Otras figuras destacadas que apoyan el acuerdo son Claudio Fermín, un veterano socialdemócrata y aspirante presidencial de larga data que ahora dirige un partido llamado Soluciones para Venezuela, y Javier Bertucci, un pastor evangélico que también se enfrentó a Maduro en 2018. Las partes involucradas han expresado su apoyo a la aparentemente extinta iniciativa noruega, a la vez que han invitado a otras fuerzas de oposición a unirse a ellos. "Somos la nueva oposición", declaró Fermín.

¿Qué está tratando de lograr el gobierno?

Habiendo fracasado hasta el momento en su intento por lograr un alivio para las sanciones, el gobierno parece enfocado en conseguir estabilidad política interna. Las elecciones parlamentarias del próximo año, que probablemente sean adelantadas a marzo o abril (actualmente previstas para diciembre), son una oportunidad para que el chavismo recupere el control de la única rama del gobierno que sigue siendo independiente. Aunque las encuestas de opinión sugieren que más del 80 por ciento de los venezolanos desaprueban la gestión de Maduro, el gobierno puede recuperar el parlamento disuadiendo a los votantes de la oposición a que se presenten a las urnas y/o provocando que la oposición de Guaidó boicotee las elecciones. Celebrar elecciones, así sean controversiales, también ayuda a mantener el disentimiento dentro de sus propias filas bajo control, tanto entre civiles como militares. Al presentar al menos una fachada de pluralismo y legitimidad, promueve una narrativa para los partidarios nacionales y extranjeros según la cual el gobierno es víctima de una conspiración internacional instigada por traidores nacionales.

¿Ha comenzado la implementación del acuerdo? 

Los parlamentarios del gobierno no retomaron sus escaños el día después de que se anunció el acuerdo, y no está claro cuándo lo harán o qué otro efecto tendrá el acuerdo. Todos los actos de la Asamblea Nacional seguirán siendo oficialmente nulos y sin efecto a menos que la Corte Suprema declare que la legislatura ya no se encuentra en desacato. Un preso político, el vicepresidente de la Asamblea Edgar Zambrano, arrestado por su participación en el fallido levantamiento del 30 de abril contra el gobierno de Maduro, ha sido liberado y se espera que otros también sean liberados próximamente. Pero cerca de 500 permanecen en la cárcel, incluido otro diputado de la oposición y un importante colaborador de Guaidó. En total, una veintena de parlamentarios de oposición están en la cárcel, en el exilio, escondidos o en las instalaciones de misiones extranjeras. El gobierno no tiene la mayoría en el parlamento que le permita designar una nueva autoridad electoral, lo que significa que cualquier reforma quedaría en manos de la Corte Suprema controlada por el gobierno. Y un programa de intercambio de petróleo por alimentos, como ha señalado uno de sus principales defensores, requeriría el consentimiento de la oposición y sus aliados extranjeros.

¿Este desarrollo podría conducir a una resolución de la crisis?

No hay indicios de que el gobierno se esté moviendo hacia la salida de Maduro del poder, seguida de elecciones presidenciales realmente participativas bajo supervisión internacional, las condiciones que Guaidó y sus aliados extranjeros definen como sine qua non para levantar las sanciones. Es probable que el colapso de los diálogos auspiciados por Noruega incremente las sanciones, en lugar de disminuirlas, tanto por parte de la UE como de los vecinos latinoamericanos de Venezuela. A excepción de Panamá, estos últimos han evitado hasta ahora la imposición de sanciones, pero los signatarios del Tratado de Río de 1947 (también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa regional de la era de la Guerra Fría), recientemente acordaron dar el primer paso para activarlo en el caso de Venezuela, lo que podría conducir a una postura más dura en la región. Pero si bien el nuevo acuerdo no aplacará a la oposición en cabeza de Guaidó y sus aliados extranjeros, ni resolverá la colosal crisis socioeconómica del país, este podría permitir que Maduro mantenga bajo control los desafíos internos si el gobierno logra forzar a sus oponentes más férreos al exilio, reemplazándolos con un repertorio de políticos más obedientes y alegando que ha restaurado la normalidad constitucional.