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El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuelan opposition leader Juan Guaido speaks as he attends a rally to commemorate the Day of the Youth and to protest against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela 12 February 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Q&A / Latin America & Caribbean

El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana

La crisis constitucional de Venezuela continúa desarrollándose, con la oposición acumulando alimentos y medicinas en las fronteras y la declarada intención de poner a los militares en contra del presidente Nicolás Maduro, quien se niega a recibir la ayuda. En estas preguntas y respuestas, nuestro analista senior para Venezuela, Phil Gunson, explica el enfrentamiento.

¿Qué pasó?

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, reconocido como el presidente interino del país por docenas de países incluido EE. UU., ha prometido que el 23 de febrero una “avalancha humanitaria”, compuesta por cientos de miles de voluntarios y vehículos de carga pesada, empezará a importar y distribuir la ayuda alimentaria y medica que se está acopiando en varios puntos fuera del país. Un concierto de ayuda, con presentaciones de importantes estrellas de la música latina, está planeado para el 22 de febrero en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, mientras el gobierno anuncia su propio festival rival al otro lado de la frontera. Señalando la vigorosa campaña del gobierno de los EE. UU. para expulsarlo del poder, el presidente Nicolás Maduro calificó el plan de distribución de ayuda como un programa ideado por Washington para proporcionar una excusa para una intervención militar. Él se ha comprometido a detenerlo.

¿De qué se trata el conflicto?​​​​​​​

El presidente Maduro asumió su segundo periodo de seis años el 10 de enero, pero la oposición, que dice que su elección el pasado 20 de mayo de 2018 fue una farsa, lo considera un “usurpador”. Junto con  EE.UU., Canadá, casi todos los estados miembros de la UE y la mayoría de América Latina, argumenta que la constitución nacional requiere que Guaidó, elegido presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición solo cinco días antes, asuma la presidencia interina mientras se llevan a cabo nuevas elecciones presidenciales. Bajo el artículo que ellos invocan, éstas deben llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes, aunque los simpatizantes de Guaidó dicen que este marco temporal no es ni posible ni deseable, y que unas elecciones justas no pueden desarrollarse tan pronto así la constitución lo demande. 

Además de la confrontación por la presidencia, Venezuela encara una crisis social cada vez más severa provocada por una economía colapsada y agravada por las sanciones financieras y comerciales impuestas por EE. UU. En los últimos dos años, dado que América Latina y el Caribe en particular, han comenzado a sentir el impacto de la emigración masiva de venezolanos, la crisis ha adquirido una dimensión regional. Y desde que la administración Trump asumió el liderazgo de la coalición de países presionando por la salida de Maduro, está intrincadamente ligada a la geopolítica global. En un discurso en Miami el 18 de febrero dedicado a Venezuela, el presidente Donald Trump describió esta lucha como una parte clave de un esfuerzo regional, incluso global, para hacer retroceder el socialismo, evocando la Guerra Fría. Omitiendo cualquier referencia a otros países de la coalición, dijo que la oposición venezolana ganaría "porque Estados Unidos, una nación verdaderamente grande, está detrás de ustedes".

¿Necesitan los venezolanos la ayuda?​​​​​​​

Organizaciones humanitarias en Venezuela dicen que el país está sufriendo una “compleja emergencia humanitaria” debido al grave desabastecimiento de alimentos y medicinas y a la negativa del gobierno de adoptar medidas adecuadas para combatir el hambre y las enfermedades. Según algunas estimaciones, el Producto Interno Bruto ha caído a casi la mitad desde que Maduro llegó al poder en 2013, y la inflación anual en 2018 fue de más de un millón por ciento. El gobierno no publica estadísticas, pero según una encuesta regular realizada por tres universidades locales, más de 9 de 10 venezolanos ganan menos de lo necesario para comprar comida suficiente. Les es imposible obtener la mayoría de las medicinas esenciales y el sistema de salud está destrozado. Por ejemplo, en una encuesta a 40 hospitales públicos publicada este mes, el 75 por ciento no tiene morfina y más de la mitad no cuenta con insulina. Los médicos calculan que más de 1 500 pacientes han muerto solo en estos hospitales en los últimos meses debido a la falta de medicinas y equipos. Casi 80 murieron como resultado de los cortes de luz. Enfermedades como la malaria, sarampión y difteria, en algún momento casi erradicadas en Venezuela, se están diseminando sin control y los pacientes con condiciones crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y VIH/Sida en su mayoría son incapaces de conseguir tratamiento.

La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres.

Sin embargo, ni la ayuda humanitaria a gran escala podrá solucionar la crisis, que requiere recuperación económica y la reconstrucción de la infraestructura de los sectores salud, alimentación y agricultura del país. Los expertos reconocen que unos pocos cientos de toneladas de ayuda, aunque sean permitidas, todavía serían insuficientes.

¿El gobierno dejará que entre la ayuda?

No, o al menos ha dicho que no la dejará entrar. El gobierno admite tiene dificultades económicas, que atribuye a una disminución en el precio del petróleo, virtualmente la única fuente de divisas del país, y a las sanciones de EE. UU., que se intensificaron a finales de enero cuando Washington empezó a retener las ganancias de las compras de petróleo de la corporación petrolera estatal PDVSA. Las cifras del gobierno de EE. UU. muestran que las ventas de petróleo al país desde Venezuela a principios de febrero fueron menos de un cuarto de lo que eran en la última semana de enero. Con retraso, el gobierno de Maduro ha comenzado a reconocer la magnitud de la miseria pública en Venezuela, al anunciar que su aliado, Rusia, está enviando 300 toneladas de ayuda de emergencia (una declaración sobre la cual el presidente Putin dijo que no sabía nada), y el 15 de enero firmó un acuerdo con UNICEF y la FAO en ayuda a la nutrición infantil.

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro dice que hablar de una crisis humanitaria y los planes para la provisión de ayuda humanitaria el 23 de febrero son simplemente pretextos para una intervención militar de EE. UU., posiblemente respaldada por otros países sudamericanos como Colombia. En realidad, parece temer que la ayuda que la oposición quiere entrar al país resulte en un desafío a la autoridad de Maduro sobre las fuerzas armadas. La oposición ha sido explicita en este tema, declarando su esperanza, y expectativa, que los militares den la espalda al actual presidente y abran el camino para una transición política, empezando por desacatar la orden de bloquear el ingreso de la ayuda. Cualquier intento de impedir la entrega de la ayuda sería calificada como un crimen contra la humanidad, dicen algunas fuentes de la oposición, sin importar si se hace de manera violenta.

Para el gobierno de Maduro, la entrega de ayuda también tiene un grave significado político,  que es otra razón por la que resistirá a los esfuerzos de la oposición. La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres mientras que sus detractores insisten en que usa la entrega de prestaciones sociales para afianzar su poder en los barrios mas pobres. El gobierno distribuye raciones de comida baratas pero básicas a un estimado de 7,3 millones de hogares venezolanos por medio de un programa conocido como CLAP.

Mientras las tensiones aumentan, ambas partes han optado por la confrontación. El 15 de febrero, Maduro anunció un “plan especial para el despliegue permanente” (de las fuerzas armadas) “para defender nuestra frontera contra las provocaciones colombianas”. Sin embargo, fuentes en Caracas minimizaron las amenazas,  indicando que la prioridad del gobierno es evitar un estallido militar en la frontera mientras controla las protestas opositoras por medio de duras medidas policivas. Mientras tanto, EE. UU. ha rechazado descartar una acción militar, reiterando que “todas las opciones están sobre la mesa”, mientras insiste en que Maduro debe dejar su cargo inmediatamente. En una reunión en Miami el 20 de febrero, el comandante  de las Fuerzas Armadas de Colombia, General, Luis Navarro, y el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Craig Faller, hicieron un llamado conjunto a sus contrapartes venezolanas para “hacer lo correcto” y dejar entrar la ayuda.

¿Se sostiene el argumento del gobierno?​​​​​​​

Bajo la ley internacional, los gobiernos deben dar consentimiento para la distribución de alimentos e insumos médicos cuando la supervivencia de una población está en riesgo, pero solo si la ayuda es de una naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial. Sin embargo, esta operación de ayuda, es principalmente política, ya que busca socavar a Maduro y lograr un cambio de gobierno. “La ayuda que se acumula en la frontera mientras oficiales estadounidenses se burlan del régimen está ahí para un espectáculo político, no para fines humanitarios”, trinó Jeremy Konyndyk, el ex jefe de asistencia a desastres extranjeros de EE. UU. En privado, algunos de los que están detrás de la “avalancha humanitaria” admiten que el alivio del sufrimiento es una consideración secundaria. 

Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera.

Este es un tema de gran preocupación para las organizaciones humanitarias que han estado trabajando dentro de Venezuela en los últimos años para poder entrar y distribuir alimentos y medicinas. Temen que el gobierno señale sus operaciones como resultado de la situación actual. El 15 de febrero, por ejemplo, la policía realizó un allanamiento inusual a las oficinas de la organización de caridad Manos Amigas por la Vida (Fundación MAVID), incautando medicinas y otros insumos dirigidos a pacientes con VIH/Sida en una operación que algunos temen sea una señal de las cosas por venir. También arrestaron a parte del personal. La policía posteriormente anunció que descubrieron que dicha organización brindaba medicamentos vencidos a los clientes.

Dicho esto, la emergencia humanitaria que el gobierno niega es muy real. Es el principal factor que ha forzado a millones de venezolanos a huir del país. De acuerdo con las últimas estimaciones de ACNUR, al menos 3,4 millones de personas, más de una décima parte de la población, ahora vive en el extranjero. La mayoría ha salido en los últimos dos años.

¿Qué puede pasar?

Juan Guaidó ha declarado que la ayuda no puede ser frenada, pero algunos observadores dudan que mucho logre cruzar la frontera este 23 de febrero. La mayoría de la atención se enfoca en la frontera cerca de Cúcuta. Cientos de toneladas de ayuda financiada por EE. UU. se está acopiando allí, lista para ser llevada a Venezuela. Pero el gobierno venezolano ha desplegado tropas y policías para frenarla e incluso a bloqueado un nuevo puente fronterizo aun no inaugurado, con contenedores y partes de un tanque. También hay dudas sobre si la oposición logrará juntar suficiente apoyo de su lado de la frontera para forzar a las autoridades a aceptar los cargamentos de ayuda. Los pueblos fronterizos como San Antonio de Táchira y Ureña son relativamente pequeños, y el acceso por carretera desde el resto del país a la frontera sería fácil de regular para las fuerzas de seguridad venezolanas.

Otros puntos de cruce de mercancias potenciales incluyen el lejano sureste del país en la frontera brasileña, y la costa norte, el posible destino de la ayuda almacenada en las islas de las Antillas Holandesas de Curazao o llegando de Puerto Rico. Sin embargo, en días recientes, Maduro ordenó un cierre temporal de ambas rutas de entrada, e indicó que podría hacer lo mismo con la frontera colombiana. Pese a las maniobras militares de Maduro, al igual que la negativa de la administración Trump a descartar el eventual uso de la fuerza, ambos lados parecen de acuerdo en querer evitar un conflicto militar, por lo menos por ahora. Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera. Pero si la estrategia de ayuda humanitaria no logra que las fuerzas armadas venezolanas retiren su apoyo a Maduro, la oposición espera que las sanciones al petróleo, que están empezando a golpear al país, lo hagan lo suficientemente fuerte para persuadir al presidente de que su tiempo ha terminado.

The president of the National Assembly, Jorge Rodriguez (C-top) swears in the new authorities of the National Electoral Council (CNE), during a special session at the National Assembly, in Caracas. 4 May 2021. Federico PARRA / AFP

Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

A series of gestures from Caracas suggests that President Nicolás Maduro’s government might be more willing to negotiate with rivals and enact partial reforms. Washington should respond in kind with phased sanctions relief and diplomatic gestures that can be reversed if Venezuela backslides.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso. 

Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU.

El nombramiento de los nuevos rectores del CNE fue precedido de otras acciones. El primero fue el 19 de abril, cuando Venezuela finalmente firmó el muy esperado acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el cual le da acceso para que atienda la grave y creciente crisis de desnutrición infantil del país. El segundo ocurrió el 30 de abril, cuando el gobierno le concedió arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros de la corporación Citgo con sede en Houston, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense. Un día después, el fiscal general del país, Tarek William Saab, tomó el tercer paso al anunciar la imputación de cargos a tres oficiales de bajo rango, acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos de alto perfil en los que el gobierno había negado hasta ahora tener cualquier responsabilidad. Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU. y otros aliados internacionales del movimiento de oposición liderado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde 2019 ha reclamado la “presidencia interina” del país. 

Los cambios en el CNE han sido la concesión más importante hasta ahora. La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral. Fue lo que en últimas llevó al enfrentamiento con Guaidó y ocasionó el exilio de muchas otras figuras de la oposición. Los partidos de la oposición en su mayoría boicotearon las elecciones parlamentarias de comienzos de diciembre de 2020, al igual que las elecciones presidenciales de 2018, y el pequeño número de partidos que sí participó (algunos de ellos esencialmente apéndices del gobierno) obtuvieron solo veinte de los 277 escaños en la Asamblea. Aún hoy en día las condiciones para que la oposición participe son prácticamente imposibles. Incluso con la designación de los nuevos rectores, el campo de juego electoral se mantiene fuertemente sesgado a favor de Maduro. A pesar de esto, permitir la designación de una autoridad electoral más equilibrada marca un paso tentativo hacia el restablecimiento de la contienda política. 

Una mayor representación de la oposición en el CNE puede traer beneficios para Maduro. En primer lugar, las elecciones de este año, previstas para diciembre, son locales y regionales, por lo que el presidente tiene menos en juego. También puede presentar el acuerdo del CNE a sus propios partidarios como un reconocimiento de la oposición de las instituciones del gobierno y como estrategia para reducir el aislamiento internacional. 

Las noticias del reformado consejo electoral han dividido las filas de la oposición. Incluso antes de que Maduro anunciara la nueva composición del CNE, la alianza encabezada por Guaidó ya la había rechazado por ilegítima. Su postura no ha cambiado desde entonces, incluso a pesar de las sólidas credenciales de los dos nuevos rectores de la oposición. Uno es un político experimentado y exvicepresidente de la Asamblea, el otro un ingeniero de sistemas cuyo papel como experto en elecciones de la oposición fue tan importante que estuvo encarcelado por seis meses en 2017. La alianza de la oposición sostiene que el parlamento liderado por Guaidó, del cual algunos integrantes continúan reuniéndose, es el único órgano facultado para designar un nuevo CNE. El propio Guaidó, quien es reconocido por Washington como el presidente legítimo del país, condenó la designación en Twitter, diciendo que tendrá como consecuencia “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. 

Otros tienen una opinión diferente. El más prominente es Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial y quien antes de las elecciones de diciembre adelantó algunos esfuerzos infructuosos, respaldados por la Unión Europea (UE), para negociar condiciones que le permitieran a su partido participar. Junto con otros políticos de la oposición, algunos de los cuales prefieren por ahora permanecer en el anonimato, rechazan el enfoque de “todo o nada” de Guaidó y su partido, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López desde el exilio y que ha promovido sin éxito la salida inmediata de Maduro. El apoyo al nuevo consejo electoral también es fuerte entre los políticos regionales y municipales y los militantes de los partidos, en especial los de estados y municipios controlados por la oposición, que temen caer en el olvido si se mantiene la política de boicotear las elecciones. Es un asunto que amenaza con dividir a varios partidos, e incluso podría llevar a una ruptura formal de la coalición opositora, lo que también favorecería al gobierno.

La sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma.

Otro elemento importante en esta compleja ecuación es la sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma, comprometida con una solución negociada para la prolongada crisis política del país. Cuatro de los quince miembros del CNE designados el 4 de mayo (los cinco rectores principales más diez miembros reservistas) fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al recientemente inaugurado Foro Cívico, que incluye organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la principal cámara empresarial, organizaciones profesionales y religiosas, entre otras. El Foro ha jugado un papel no solo en las negociaciones sobre el CNE sino en impulsar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para importar vacunas para el COVID-19, buscar reformas económicas y establecer mecanismos para atender la crisis humanitaria. En términos generales, los líderes del Foro apoyan un enfoque más conciliatorio, en línea con lo promovido por Capriles y que busca áreas en las que pueda tener una interlocución con el gobierno para aliviar el sufrimiento de los venezolanos de a pie.

Sin embargo, la respuesta de Washington es la más esperada. Durante la administración del presidente Trump, EE. UU. promovió una política de “máxima presión” hacia Venezuela, bajo el supuesto de que la presión externa, particularmente en forma de drásticas sanciones económicas y financieras, y el aislamiento diplomático obligarían al gobierno de Maduro a dimitir y permitir elecciones libres. Ese enfoque falló. El presidente Joe Biden asumió el cargo comprometido con una postura más pragmática, pero por varias razones relacionadas en gran medida con la necesidad de prestar atención a otros asuntos urgentes, en particular la pandemia y la migración en la frontera sur de los EE. UU., poco más allá de la retórica ha cambiado hasta el momento. Washington le ha exigido “medidas concretas” a Maduro para considerar relajar las sanciones, y ahora debe decidir si las medidas recientes ameritan una respuesta recíproca.

Hasta ahora, todos los pasos del gobierno venezolano son tácticas políticas, provisionales y reversibles; y, de nuevo, no crean en sí mismas condiciones para adelantar elecciones creíbles ni amenazan de alguna forma la permanencia de Maduro en el poder. Sobre la cuestión clave de las condiciones electorales, la presencia de la oposición en el nuevo CNE es solo un primer paso, aunque uno prometedor. Se necesita mucho más. Los partidos de oposición, por ejemplo, la mayoría de los cuales tiene prohibido participar en elecciones y algunos de los cuales han visto sus nombres y activos transferidos a facciones minoritarias partidarias del gobierno, deben ser legalizados. Debe realizarse una auditoría exhaustiva del censo electoral. Más importante aún, el gobierno de Maduro tendrá además que reducir su aparato de represión estatal si desea convencer a EE. UU., la UE y a sus vecinos regionales de su buena fe.

Sin embargo, dado el estancamiento de la situación política de Venezuela y el terrible sufrimiento humanitario del país, las potencias extranjeras deberían responder y tratar de alentar cualquier señal de cambio. Crisis Group ha abogado por un levantamiento inmediato e incondicional de las sanciones que generan daños humanitarios, al igual que por un levantamiento progresivo de otras medidas punitivas en respuesta al restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. La necesidad humanitaria más obvia y urgente es la restauración de permisos que le permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, del cual hay una escasez crítica. El diésel es vital, entre otras cosas, para la producción y distribución de alimentos. Además, los EE.UU. pueden considerar renovar las licencias y levantar las sanciones que prohíben hoy en día ciertas actividades por parte de compañías petroleras estadounidenses y de otros países, con el entendimiento que estos pasos serán reversados si Caracas no toma más acciones en ese sentido. 

También es importante que Washington y Caracas establezcan canales de comunicación, ya sea directos o a través de terceros confiables, para que ambas partes puedan interpretar correctamente los movimientos de la otra. Habrá un costo político para la administración de Biden por cualquier medida que relaje la presión sobre Maduro, sin una ganancia inmediata probable. Existe una renuencia natural, y quizás creciente, por parte de los políticos de EE.UU. a provocar la hostilidad del lobby venezolano en su país. El gobierno de Maduro tendrá que entender eso, al igual que Washington tendrá que ser consciente de la dificultad que Maduro puede tener para promover cualquier acercamiento ante su propia coalición. Tener contacto le permitiría a cada parte sondear su camino con más confianza.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.