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El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana
Venezuela’s Mining Arc: A Legal Veneer for Armed Groups to Plunder
Venezuela’s Mining Arc: A Legal Veneer for Armed Groups to Plunder
Venezuelan opposition leader Juan Guaido speaks as he attends a rally to commemorate the Day of the Youth and to protest against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela 12 February 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Q&A / Latin America & Caribbean

El álgido pulso sobre la ayuda humanitaria en la frontera venezolana

La crisis constitucional de Venezuela continúa desarrollándose, con la oposición acumulando alimentos y medicinas en las fronteras y la declarada intención de poner a los militares en contra del presidente Nicolás Maduro, quien se niega a recibir la ayuda. En estas preguntas y respuestas, nuestro analista senior para Venezuela, Phil Gunson, explica el enfrentamiento.

¿Qué pasó?

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, reconocido como el presidente interino del país por docenas de países incluido EE. UU., ha prometido que el 23 de febrero una “avalancha humanitaria”, compuesta por cientos de miles de voluntarios y vehículos de carga pesada, empezará a importar y distribuir la ayuda alimentaria y medica que se está acopiando en varios puntos fuera del país. Un concierto de ayuda, con presentaciones de importantes estrellas de la música latina, está planeado para el 22 de febrero en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, mientras el gobierno anuncia su propio festival rival al otro lado de la frontera. Señalando la vigorosa campaña del gobierno de los EE. UU. para expulsarlo del poder, el presidente Nicolás Maduro calificó el plan de distribución de ayuda como un programa ideado por Washington para proporcionar una excusa para una intervención militar. Él se ha comprometido a detenerlo.

¿De qué se trata el conflicto?​​​​​​​

El presidente Maduro asumió su segundo periodo de seis años el 10 de enero, pero la oposición, que dice que su elección el pasado 20 de mayo de 2018 fue una farsa, lo considera un “usurpador”. Junto con  EE.UU., Canadá, casi todos los estados miembros de la UE y la mayoría de América Latina, argumenta que la constitución nacional requiere que Guaidó, elegido presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición solo cinco días antes, asuma la presidencia interina mientras se llevan a cabo nuevas elecciones presidenciales. Bajo el artículo que ellos invocan, éstas deben llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes, aunque los simpatizantes de Guaidó dicen que este marco temporal no es ni posible ni deseable, y que unas elecciones justas no pueden desarrollarse tan pronto así la constitución lo demande. 

Además de la confrontación por la presidencia, Venezuela encara una crisis social cada vez más severa provocada por una economía colapsada y agravada por las sanciones financieras y comerciales impuestas por EE. UU. En los últimos dos años, dado que América Latina y el Caribe en particular, han comenzado a sentir el impacto de la emigración masiva de venezolanos, la crisis ha adquirido una dimensión regional. Y desde que la administración Trump asumió el liderazgo de la coalición de países presionando por la salida de Maduro, está intrincadamente ligada a la geopolítica global. En un discurso en Miami el 18 de febrero dedicado a Venezuela, el presidente Donald Trump describió esta lucha como una parte clave de un esfuerzo regional, incluso global, para hacer retroceder el socialismo, evocando la Guerra Fría. Omitiendo cualquier referencia a otros países de la coalición, dijo que la oposición venezolana ganaría "porque Estados Unidos, una nación verdaderamente grande, está detrás de ustedes".

¿Necesitan los venezolanos la ayuda?​​​​​​​

Organizaciones humanitarias en Venezuela dicen que el país está sufriendo una “compleja emergencia humanitaria” debido al grave desabastecimiento de alimentos y medicinas y a la negativa del gobierno de adoptar medidas adecuadas para combatir el hambre y las enfermedades. Según algunas estimaciones, el Producto Interno Bruto ha caído a casi la mitad desde que Maduro llegó al poder en 2013, y la inflación anual en 2018 fue de más de un millón por ciento. El gobierno no publica estadísticas, pero según una encuesta regular realizada por tres universidades locales, más de 9 de 10 venezolanos ganan menos de lo necesario para comprar comida suficiente. Les es imposible obtener la mayoría de las medicinas esenciales y el sistema de salud está destrozado. Por ejemplo, en una encuesta a 40 hospitales públicos publicada este mes, el 75 por ciento no tiene morfina y más de la mitad no cuenta con insulina. Los médicos calculan que más de 1 500 pacientes han muerto solo en estos hospitales en los últimos meses debido a la falta de medicinas y equipos. Casi 80 murieron como resultado de los cortes de luz. Enfermedades como la malaria, sarampión y difteria, en algún momento casi erradicadas en Venezuela, se están diseminando sin control y los pacientes con condiciones crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y VIH/Sida en su mayoría son incapaces de conseguir tratamiento.

La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres.

Sin embargo, ni la ayuda humanitaria a gran escala podrá solucionar la crisis, que requiere recuperación económica y la reconstrucción de la infraestructura de los sectores salud, alimentación y agricultura del país. Los expertos reconocen que unos pocos cientos de toneladas de ayuda, aunque sean permitidas, todavía serían insuficientes.

¿El gobierno dejará que entre la ayuda?

No, o al menos ha dicho que no la dejará entrar. El gobierno admite tiene dificultades económicas, que atribuye a una disminución en el precio del petróleo, virtualmente la única fuente de divisas del país, y a las sanciones de EE. UU., que se intensificaron a finales de enero cuando Washington empezó a retener las ganancias de las compras de petróleo de la corporación petrolera estatal PDVSA. Las cifras del gobierno de EE. UU. muestran que las ventas de petróleo al país desde Venezuela a principios de febrero fueron menos de un cuarto de lo que eran en la última semana de enero. Con retraso, el gobierno de Maduro ha comenzado a reconocer la magnitud de la miseria pública en Venezuela, al anunciar que su aliado, Rusia, está enviando 300 toneladas de ayuda de emergencia (una declaración sobre la cual el presidente Putin dijo que no sabía nada), y el 15 de enero firmó un acuerdo con UNICEF y la FAO en ayuda a la nutrición infantil.

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro dice que hablar de una crisis humanitaria y los planes para la provisión de ayuda humanitaria el 23 de febrero son simplemente pretextos para una intervención militar de EE. UU., posiblemente respaldada por otros países sudamericanos como Colombia. En realidad, parece temer que la ayuda que la oposición quiere entrar al país resulte en un desafío a la autoridad de Maduro sobre las fuerzas armadas. La oposición ha sido explicita en este tema, declarando su esperanza, y expectativa, que los militares den la espalda al actual presidente y abran el camino para una transición política, empezando por desacatar la orden de bloquear el ingreso de la ayuda. Cualquier intento de impedir la entrega de la ayuda sería calificada como un crimen contra la humanidad, dicen algunas fuentes de la oposición, sin importar si se hace de manera violenta.

Para el gobierno de Maduro, la entrega de ayuda también tiene un grave significado político,  que es otra razón por la que resistirá a los esfuerzos de la oposición. La ayuda a los necesitados es un símbolo político crítico y una fuente de poder en Venezuela, donde el gobierno de Maduro dice que está llevando a cabo una revolución que beneficia a los pobres mientras que sus detractores insisten en que usa la entrega de prestaciones sociales para afianzar su poder en los barrios mas pobres. El gobierno distribuye raciones de comida baratas pero básicas a un estimado de 7,3 millones de hogares venezolanos por medio de un programa conocido como CLAP.

Mientras las tensiones aumentan, ambas partes han optado por la confrontación. El 15 de febrero, Maduro anunció un “plan especial para el despliegue permanente” (de las fuerzas armadas) “para defender nuestra frontera contra las provocaciones colombianas”. Sin embargo, fuentes en Caracas minimizaron las amenazas,  indicando que la prioridad del gobierno es evitar un estallido militar en la frontera mientras controla las protestas opositoras por medio de duras medidas policivas. Mientras tanto, EE. UU. ha rechazado descartar una acción militar, reiterando que “todas las opciones están sobre la mesa”, mientras insiste en que Maduro debe dejar su cargo inmediatamente. En una reunión en Miami el 20 de febrero, el comandante  de las Fuerzas Armadas de Colombia, General, Luis Navarro, y el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Craig Faller, hicieron un llamado conjunto a sus contrapartes venezolanas para “hacer lo correcto” y dejar entrar la ayuda.

¿Se sostiene el argumento del gobierno?​​​​​​​

Bajo la ley internacional, los gobiernos deben dar consentimiento para la distribución de alimentos e insumos médicos cuando la supervivencia de una población está en riesgo, pero solo si la ayuda es de una naturaleza exclusivamente humanitaria e imparcial. Sin embargo, esta operación de ayuda, es principalmente política, ya que busca socavar a Maduro y lograr un cambio de gobierno. “La ayuda que se acumula en la frontera mientras oficiales estadounidenses se burlan del régimen está ahí para un espectáculo político, no para fines humanitarios”, trinó Jeremy Konyndyk, el ex jefe de asistencia a desastres extranjeros de EE. UU. En privado, algunos de los que están detrás de la “avalancha humanitaria” admiten que el alivio del sufrimiento es una consideración secundaria. 

Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera.

Este es un tema de gran preocupación para las organizaciones humanitarias que han estado trabajando dentro de Venezuela en los últimos años para poder entrar y distribuir alimentos y medicinas. Temen que el gobierno señale sus operaciones como resultado de la situación actual. El 15 de febrero, por ejemplo, la policía realizó un allanamiento inusual a las oficinas de la organización de caridad Manos Amigas por la Vida (Fundación MAVID), incautando medicinas y otros insumos dirigidos a pacientes con VIH/Sida en una operación que algunos temen sea una señal de las cosas por venir. También arrestaron a parte del personal. La policía posteriormente anunció que descubrieron que dicha organización brindaba medicamentos vencidos a los clientes.

Dicho esto, la emergencia humanitaria que el gobierno niega es muy real. Es el principal factor que ha forzado a millones de venezolanos a huir del país. De acuerdo con las últimas estimaciones de ACNUR, al menos 3,4 millones de personas, más de una décima parte de la población, ahora vive en el extranjero. La mayoría ha salido en los últimos dos años.

¿Qué puede pasar?

Juan Guaidó ha declarado que la ayuda no puede ser frenada, pero algunos observadores dudan que mucho logre cruzar la frontera este 23 de febrero. La mayoría de la atención se enfoca en la frontera cerca de Cúcuta. Cientos de toneladas de ayuda financiada por EE. UU. se está acopiando allí, lista para ser llevada a Venezuela. Pero el gobierno venezolano ha desplegado tropas y policías para frenarla e incluso a bloqueado un nuevo puente fronterizo aun no inaugurado, con contenedores y partes de un tanque. También hay dudas sobre si la oposición logrará juntar suficiente apoyo de su lado de la frontera para forzar a las autoridades a aceptar los cargamentos de ayuda. Los pueblos fronterizos como San Antonio de Táchira y Ureña son relativamente pequeños, y el acceso por carretera desde el resto del país a la frontera sería fácil de regular para las fuerzas de seguridad venezolanas.

Otros puntos de cruce de mercancias potenciales incluyen el lejano sureste del país en la frontera brasileña, y la costa norte, el posible destino de la ayuda almacenada en las islas de las Antillas Holandesas de Curazao o llegando de Puerto Rico. Sin embargo, en días recientes, Maduro ordenó un cierre temporal de ambas rutas de entrada, e indicó que podría hacer lo mismo con la frontera colombiana. Pese a las maniobras militares de Maduro, al igual que la negativa de la administración Trump a descartar el eventual uso de la fuerza, ambos lados parecen de acuerdo en querer evitar un conflicto militar, por lo menos por ahora. Un resultado posible sería ver parte de la ayuda entrando a Venezuela al tiempo que Caracas declara que ha resistido exitosamente los intentos de intervención extranjera. Pero si la estrategia de ayuda humanitaria no logra que las fuerzas armadas venezolanas retiren su apoyo a Maduro, la oposición espera que las sanciones al petróleo, que están empezando a golpear al país, lo hagan lo suficientemente fuerte para persuadir al presidente de que su tiempo ha terminado.

Venezuela’s Mining Arc: A Legal Veneer for Armed Groups to Plunder

Originally published in The Guardian

Late 2016, Nicolás Maduro tweeted a photograph of himself with a smile on his face and a gleaming ingot in his hands – but not all that glitters is gold.

Venezuela claims to possess some of the largest untapped gold and coltan reserves in the world, and the country’s gold rush picked up when the president decreed the creation of a massive area of 112,000 sq km destined for mining, known as the Orinoco mining arc. In a recently published development plan Venezuela set the goal to produce more than 80,ooo kilos of gold a year by 2025.

The project, launched in February 2016, was supposed to drive development, but many mining projects announced by the government have failed to materialize, and the mining arc now seems little more than a legal veneer for plunder by an expanding range of armed groups.

Multiple non-state armed groups are spreading their hold over southern Venezuela, adding another unpredictable factor to the country’s current crisis – and complicating any efforts for a peaceful resolution.

Their methods and origins may be different, but their motivation is one which has driven violence in Latin America since colonial times: a hunger for gold and other valuable minerals.

Venezuelan crime syndicates have run informal mines for years. More recently, Colombian guerrillas – dissidents from the now-demobilized Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc) and members of the National Liberation Army (ELN) – have expanded their reach hundreds of miles into Venezuela.

The groups are deeply entrenched in local communities, and often work in volatile alliances with parts of the military who privately profit from illegal mining.

At least 300,000 people work at wildcat mines which have caused huge environmental damage, and sparked a malaria epidemic.

Confrontations between the rival armed groups make southern Venezuela one of the most violent regions in Latin America. “Everybody wants to be boss,” explained a former miner who fled to Colombia to avoid the escalating violence.

Numerous sources confirm the army’s participation in illicit mining and report that military death squads have occasionally entered mines to settle disputes. Most killings go unrecorded, but local media have reported more than a dozen massacres since 2016. Municipalities in the mining region cope with homicide far above that of Caracas, the world’s most violent capital city.

Of these factions, the ELN is one of the most prominent, operating in 13 of Venezuela’s 24 states and extending its reach across the southern mining regions to form a corridor across Venezuela to near its disputed border with Guyana.

The ELN’s tactical and ideological alignment with the Venezuelan government is grist to the mill for those arguing for a military intervention against Maduro.

But any foreign incursion could potentially trigger a disastrous escalation of violence, possibly leading to a low-intensity conflict that would cause tremendous suffering for Venezuela’s most vulnerable populations.

The ELN is now Latin America’s biggest guerrilla army, and has vowed to defend Maduro’s government in the event of a foreign intervention.

Local sources have described how the guerrillas embed themselves in local communities, giving political and military training.

“They make [the locals] fall in love, offer them weapons and they indoctrinate them,” said one indigenous leader from Bolívar state. As in Colombia, the rebels intervene in local disputes and offer a measure of authority in lawless areas – wildcat miners confirm that they prefer the presence of the guerrillas over the brutal and less tolerant Venezuelan crime syndicates.

So what should be done? The freedom with which armed groups operate south of the Orinoco river reflects the weakness of the Venezuelan state. But threats of foreign military intervention will simply embolden the guerrillas and strengthen their ties to Caracas.

Humanitarian aid is essential for the inhabitants of the region, but its safe entry will depend on the Venezuelan government’s consent – and will not be served by the sort of forced entry attempted in February.

The communities facing the most urgent humanitarian needs are remote and indigenous populations in the south, which are already suffering from epidemics and shortages. Food shortages are exacerbated by the dependence on gold as currency in mining towns.

Outside actors should work to clean up Venezuelan mineral supply chains. Foreign states should enforce due diligence frameworks on mineral exporters and commodity exchanges to minimize risks that they buy minerals that finance conflict and human rights abuses.

For now, the extraction of gold, coltan and other minerals funds armed groups and harms indigenous communities. Even the minerals that are sold by Venezuelan state companies and the Venezuelan central bank (BCV) stem in part from the same mines controlled by armed groups and should therefore be classified as conflict minerals.

Forgotten parts of southern Venezuela are of key importance to the political future of the country. Communities abandoned by the state – and the armed groups that prey on them – merit more concern from international actors disputing Venezuela’s future. Peace in Venezuela cannot be achieved without taking the south into account.