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El hambre acecha a Venezuela en medio del enfrentamiento político
El hambre acecha a Venezuela en medio del enfrentamiento político

El hambre acecha a Venezuela en medio del enfrentamiento político

Hasta el momento, Venezuela parece haberse salvado de lo peor de la pandemia del COVID-19.  Sin embargo, la crisis económica mundial provocada por el coronavirus, aunada a la emergencia humanitaria existente y el impacto de las sanciones de EE. UU., amenazan con producir una catástrofe. En este fragmento de la edición de primavera de nuestra Watch List 2020 para políticos europeos, Crisis Group insta a la UE a apoyar una resolución de la crisis política y tomar medidas para aliviar la emergencia humanitaria.

Este comentario forma parte de la edición de primavera de nuestra Watch List 2020.

Hasta el momento, Venezuela parece haberse salvado de lo peor de la pandemia de COVID-19, según informes del gobierno de mediados de mayo en los que reportan solo unos cientos de casos y un puñado de muertes. Pero la crisis económica mundial provocada por el coronavirus, sumada a la emergencia humanitaria existente y al impacto de las sanciones de los EE. UU., amenaza con producir una catástrofe, incluso si el precario sistema de salud del país logra palear la pandemia. El petróleo es el pilar de la economía venezolana y su precio ha caído por debajo del costo promedio de producción. Una economía que desde el 2013 se ha reducido en más del 60 por ciento, ahora se enfrenta a los efectos de una cuarentena nacional y a una escasez crítica de combustible. Los cultivos que deberían sembrarse por estas fechas para coincidir con el inicio de la temporada de lluvias, no se plantarán en su mayoría, y sin dinero para importar alimentos y compensar el déficit, la hambruna es una posibilidad real.

Las perspectivas de una solución a la prolongada crisis política del país parecen remotas. Aunque las relaciones entre el gobierno y la oposición llevan mucho tiempo marcadas por una extrema desconfianza, antes de la pandemia había alguna esperanza de que las partes pudieran volver a la mesa de negociaciones, que cesaron a mediados de 2019. Venezuela se estaba preparando para unas elecciones legislativas hacia finales del 2020, e incluso hubo  acercamientos entre fuerzas políticas rivales en el Parlamento para negociar el nombramiento de una autoridad electoral más equilibrada.

Sin embargo, el gobierno había dado pocas señales de estar preparado para tolerar unas elecciones competitivas. A principios de enero tomó medidas para ejercer control de facto sobre la Asamblea Nacional, dominada desde el 2016 por una mayoría opositora, dirigida por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino el año pasado. Mientras tanto, en mayo la oposición se vio envuelta en un inusitado intento fallido por derrocar al presidente Nicolás Maduro con una fuerza militar improvisada. Si bien Guaidó negó haber participado, el gobierno señaló conexiones entre los conspiradores y personas cercanas al líder de la oposición y destacó el ataque fácilmente frustrado como otro ejemplo más de la falsedad e incompetencia de sus adversarios.

A pesar de estos percances, la solución sigue siendo la misma: una reducción en las hostilidades políticas, el retorno a elecciones competitivas mediante un acuerdo negociado y el restablecimiento de las instituciones estatales, son las condiciones que podrían restaurar la paz y el bienestar de los venezolanos. Por ahora, los esfuerzos deben ir dirigidos a lograr un acuerdo interino que permita la entrada de ayuda humanitaria a una escala suficientemente grande, sin la cual existe un grave riesgo de pérdidas considerables de vidas tanto por hambre como, potencialmente, por enfermedades.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la UE y sus Estados miembros deberían:

  • Instar a ambas partes y a sus principales aliados internacionales a hacer un alto temporal en su disputa por el poder, lo que permitiría desbloquear fondos actualmente en poder del "gobierno interino" de Guaidó, así como fondos de ayuda bilateral y préstamos de organismos multilaterales, para atender la emergencia humanitaria bajo supervisión de la ONU y con la cooperación del gobierno de Maduro en el terreno.
  • Continuar haciendo énfasis en que las sanciones estadounidenses eximen al comercio de alimentos, medicinas y suministros médicos, y buscar formas de reducir el impacto humanitario de las restricciones a la venta de combustible para el transporte a Venezuela.
  • Reactivar el Grupo de Contacto Internacional, inicialmente a través de reuniones virtuales, con el objetivo no solo de llevar a cabo una mayor diplomacia humanitaria, sino también de forjar un consenso internacional sobre los pasos necesarios para restaurar las conversaciones, impulsada por la participación de potencias extranjeras claves.
  • Explorar las perspectivas para un rol más amplio de la ONU (particularmente en el Consejo de Seguridad) en la facilitación y supervisión de acuerdos electorales, comenzando con la reanudación de las conversaciones sobre una autoridad electoral profesional y equilibrada que determine una fecha factible y apropiada para las elecciones parlamentarias y, si es posible, elecciones presidenciales en el 2021.

Un comienzo de año problemático

El año comenzó con un sinsabor entre las partes y ha ido empeorado precipitadamente desde entonces. El 5 de enero, el gobierno recurrió a la fuerza para tomarse la Asamblea Nacional, controlada por una coalición opositora desde su abrumadora victoria en las elecciones de diciembre de 2015. Como resultado de lo que la facción de Guaidó llamó una mezcla de sobornos y amenazas, dieciocho miembros de la oposición fueron persuadidos a cambiar de bando y votar por uno de ellos, Luis Parra, para reemplazar a Guaidó como presidente del Parlamento. A pesar de esta estratagema, no alcanzaron la mayoría, por lo que el gobierno desplegó tropas de la Guardia Nacional y colectivos (grupos civiles para-policiales) alrededor del edificio del Parlamento para impedir la entrada de los miembros de la oposición. Posteriormente, la Asamblea (que de cualquier forma había sido despojada de sus poderes por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno en una serie de fallos posteriores al 2015), se dividió en dos, con la facción de Guaidó obligada a celebrar sesiones improvisadas fuera del edificio principal del Parlamento. La denominada Asamblea Nacional Constituyente, formalmente encargada de redactar una nueva Constitución, ha estado actuando desde el 2017 como el ente legislativo de bolsillo del Gobierno.

Aunque la popularidad de Guaidó había disminuido desde mediados de 2019 (cuando registró niveles de respaldo cercanos al 60 por ciento en el pico de su ofensiva para derrocar a Maduro), tuvo un nuevo aire con una gira internacional de tres semanas que inició en enero. Fue recibido por varios jefes de gobierno europeos, así como por el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y recibió una gran ovación como invitado en el discurso del Estado de la Unión de este último. A su regreso el 11 de febrero, trató de reavivar las manifestaciones callejeras de 2019, pero la pandemia y el consiguiente aislamiento nacional lo han frenado; desde entonces, la oposición ha luchado por mantenerse visible y relevante. Insiste en que la única salida a los problemas del país, incluida la pandemia, es que Maduro renuncie y entregue el poder a un Gobierno nacional interpartidario de emergencia antes de una nueva elección presidencial, lo cual no será aceptado por el Gobierno.

Un arreglo pacífico cada vez más remoto

Un plan de transición presentado por Washington en marzo, el cual incluía un marco de acción claro para el levantamiento de las sanciones económicas y financieras, seguía la línea de la propuesta de Guaidó, pero  fue rechazado de inmediato por el Gobierno de Maduro. Las ya bajas posibilidades de ser recibido favorablemente por los partidarios de Maduro, disminuyeron aún más al ser precedido por la inoportuna imputación de cargos a altos funcionarios del Gobierno por el Departamento de Justicia de los EE. UU., seguida por un masivo despliegue naval en el sur del Caribe, que la Casa Blanca vinculó explícitamente al supuesto tráfico de drogas de Maduro. Sin embargo, al reconocer la necesidad de una transición negociada e inclusiva, con un papel central de las fuerzas armadas venezolanas, el plan de transición marcó un enfoque más prudente por parte del gobierno de los EE. UU.

A pesar de los crecientes llamados de la sociedad civil, así como de miembros más moderados de la alianza de oposición, para implementar una estrategia de negociación más realista, Washington y el equipo de Guaidó continúan insistiendo en lo que llaman "máxima presión".

Las perspectivas de un acuerdo negociado, ya algo remoto, empeoraron después de que varios grupos de hombres armados (en su mayoría desertores de las fuerzas armadas venezolanas, acompañados por dos exmiembros de las fuerzas especiales de EE. UU.) desembarcaran en una playa cercana a Caracas en la primera semana de mayo y fueran rápidamente detenidos o dados de baja. Se supo que habían sido organizados por un boina verde estadounidense retirado, a petición de representantesde Guaidó. No está claro por qué se llevó a cabo la operación, ya que la oposición se había retirado del acuerdo. Sin embargo, no hay duda de que el episodio ha empañado aún más la imagen de la oposición.

A pesar de los crecientes llamados de la sociedad civil, así como de miembros más moderados de la alianza de oposición, para implementar una estrategia de negociación más realista, Washington y el equipo de Guaidó continúan insistiendo en lo que llaman "máxima presión". Se supone que esta presión conducirá al colapso del gobierno de Maduro y a una transición liderada por la oposición, aunque no hay garantía de que un presunto y potencialmente violento colapso del Gobierno conduzca efectivamente a una transición democrática.

Prevenir un desastre humanitario

La crisis económica, social y humanitaria, por su parte, amenaza con empeorar enormemente. Con los  ingresos del Gobierno aun más limitados y grandes sectores de la economía cerrados, la pobreza y el hambre han alcanzado niveles cada vez más alarmantes, mientras que la crítica escasez de gasolina y diésel, junto con restricciones a la movilidad, han paralizado los mecanismos existentes de respuesta humanitaria y podrían desatar una crisis alimentaria mayor. No se trata únicamente de los problemas para transportar alimentos y otros suministros esenciales a través del país, que resultan en cosechas pudriéndose en los campos, sino que adicionalmente los agricultores dicen que la siembra será poca o nula. La recesión mundial también afecta la economía local, principalmente al reducir drásticamente la cantidad de remesas de las que dependen muchas familias. En muchos aspectos, las mujeres sufrirán desproporcionalmente los impactos de la intersección de estas crisis humanitarias y políticas: desde el deterioro de la salud sexual y reproductiva hasta un mayor riesgo de trata de personas y explotación sexual para quienes huyen del país.

La UE y los Estados miembros pueden jugar un papel importante en la búsqueda de una solución a la crisis política, así como en la implementación de medidas para aliviar la emergencia humanitaria. El Grupo de Contacto Internacional, copresidido por la UE y Costa Rica, tiene un rol por desempeñar en ambos casos, pero la prioridad en esta etapa es promover una tregua humanitaria mediante la cual la Asamblea Nacional (bajo un liderazgo libremente elegido por los diputados) libere los recursos externos para atender necesidades humanitarias, y que el Gobierno de Maduro abra las puertas a la ayuda internacional y ponga sus redes de distribución a disposición de agencias de la ONU y ONG internacionales asociadas. Si bien las sanciones estadounidenses no son aplicables a las ayudas humanitarias, el cumplimiento excesivo de estas medidas dificulta el comercio de alimentos y suministros médicos, un riesgo que el alto representante de la UE, Josep Borrell destacó en una conferencia de prensa el 23 de marzo. La UE debería continuar reforzando este mensaje y comprometerse con Washington para intentar reducir el impacto de las sanciones en la población, y continuar presionando para que se minimicen las restricciones de EE. UU. a la importación de combustible para el transporte, un elemento esencial en las operaciones humanitarias. La UE también debe continuar trabajando con agencias de la ONU para abordar las necesidades humanitarias de los venezolanos desplazados en la región. La conferencia de donantes organizada conjuntamente por la UE y España el 26 de mayo es un paso positivo en esa dirección.

Sumado a estas iniciativas, la UE y sus Estados miembros deberían utilizar su influencia diplomática, tanto dentro de Venezuela como entre los principales países interesados, a modo de obtener un acuerdo para reabrir las negociaciones iniciadas el año pasado, auspiciadas por Noruega, y reforzarlas con un "círculo exterior" de participantes que sirvan como garantes del proceso. Idealmente, este círculo incluiría a los principales aliados estratégicos de ambas partes: EE. UU. y Colombia con la oposición, Rusia y Cuba con el Gobierno. La ONU también podría desempeñar un papel, inicialmente mediante el nombramiento de un representante especial y, posteriormente, mediante una misión política, que soporte una elección presidencial libre y justa bajo supervisión internacional, que a su vez la UE debería estar preparada para apoyar con asistencia técnica y una misión de observación.