Negociando una salida al doloroso estancamiento de Venezuela

Un mes después de que Juan Guaidó reclamara la presidencia interina y Washington impusiera sanciones al petróleo, la estrategia del ala dura de la oposición venezolana para destituir al presidente Nicolás Maduro no ha generado resultados inmediatos. Aunque se encuentra bajo una extrema presión financiera y a pesar de la decisión de docenas de países de transferir el reconocimiento de Maduro al líder de oposición Guaidó, el gobierno se rehúsa a entregar el poder. El enfoque de los opositores férreos, que se desarrolló con la colaboración de la administración de Trump, amenaza con empeorar la crisis de Venezuela en lugar de resolverla.

Cerca de 600 de miembros de las fuerzas de seguridad han desertado en la última semana, incluidas tropas y policías venezolanos que cruzan a diario los puentes hacia Colombia, pero el ejército no ha retirado su apoyo al gobierno de Maduro. La oferta de amnistía para los soldados que estén dispuestos a cambiar de bando no parece haber tenido mucha acogida, lo que no es de extrañar. Muchos militares consideran la amnistía como un insulto, puesto que el término sugiere que todos son criminales. Las fuerzas armadas también están fragmentadas debido a las políticas para blindarse contra golpes de estado iniciadas bajo el mandato del presidente Hugo Chávez y a la cooptación económica de los altos mandos por parte del gobierno. La fuerte represión interna que ejerce la inteligencia militar, junto con el G2 cubano, reduce aún más la probabilidad de que una fracción considerable, como una división o un comando regional, rompa filas con el gobierno.  

El muy publicitado intento de introducir ayuda humanitaria en Venezuela del pasado 23 de febrero tuvo éxito en un aspecto: demostró qué tan lejos puede llegar el gobierno de Maduro para resistir lo que se describió como un caballo de Troya para la intervención militar. Pero el gobierno cree que salió victorioso, puesto que el esfuerzo por introducir las ayudas no fracturó la coalición regente y si se logró introducir algo de ayuda al país, esta no fue mucha. El enfrentamiento por la ayuda también visibilizó la falta de un Plan B confiable por parte de la oposición. El fracaso aparente de este esfuerzo llevó a algunos opositores férreos a pedir con mayor vehemencia una intervención militar externa que, sin embargo, los estados de América Latina rechazaron con firmeza en una reunión del Grupo de Lima —una asociación de estados latinoamericanos más Canadá convocados en 2017 para resolver la crisis venezolana— el 25 de febrero en Bogotá. Por el momento, la amenaza de una intervención se ha desvanecido y las divisiones en la coalición internacional que respalda a Guaidó quedaron expuestas.

Por otra parte, Venezuela pronto sentirá el devastador impacto económico y social de las sanciones al petróleo. Se prevé que el número de personas que huyen del país aumentará de forma drástica, mientras el gobierno lucha por mantenerse a flote; la popularidad de la oposición podría decaer con rapidez, dado que la población no ve una mejoría tangible en su situación. Debido al creciente flujo de refugiados, es probable que se intensifiquen los llamados regionales a la acción que podría tener como resultado dos escenarios poco atractivos: un deterioro estable de la miseria del país, sin un plan para acabarla, o un interés renovado en una peligrosa intervención militar extranjera que podría sembrar caos en Venezuela y sus países vecinos.

Trabajando hacia una solución sin violencia

Ambas partes han planteado la posibilidad de sostener conversaciones para solucionar la crisis, pero, hasta el momento, ninguna está dispuesta a moderar las condiciones previas que la otra parte considera inaceptables. Los aliados de Maduro dicen que están preparados para negociar reformas políticas e institucionales, al igual que unas posibles elecciones anticipadas, pero no una entrega inmediata del poder; por otra parte, tanto para los líderes actuales de la oposición como para los Estados Unidos y las naciones del Grupo de Lima, la salida de Maduro del poder es el primer paso requerido, seguido por un gobierno interino y unas elecciones bajo las nuevas reglas que se redactarían durante la fase de transición. Ambas partes parecen creer que tienen el tiempo de su lado: por un lado, el gobierno, que piensa que si puede resistir dos o tres meses más, superará la peor parte; y por otro, la oposición que cree que al incrementarse la presión, el grupo de Maduro y el ejército se rendirán. Esta es la receta para un estancamiento que perjudica a ambas partes: una encrucijada económica profunda que le dificulta cada vez más gobernar a Maduro, sumado a una perpetuación de su permanencia en el poder que imposibilita que la oposición materialice sus aspiraciones.

Existe una salida potencial, pero requerirá compromisos serios de ambas partes con la ayuda de un tercero mediador. Una posible transición podría suceder en etapas. El gobierno necesitaría tomar medidas que generen confianza y, lo más importante, liberar a los prisioneros políticos; disolver la Asamblea Nacional Constituyente elegida en 2017 (que está atiborrada de aliados de Maduro), si es necesario después de un referendo sobre las propuestas definitivas para su reforma; y restaurar las facultades de la Asamblea Nacional que controla la oposición. La segunda etapa sería llevar cabo unas elecciones libres y justas, bajo un Consejo Electoral reformado de forma integral y con vigilancia internacional a gran escala. Dichas elecciones necesitarían como mínimo nueve meses, pero probablemente más de un año para su preparación.

Entretanto, el gobierno de Maduro podría transferir el poder a un gabinete transicional que incluya representantes del chavismo y de la oposición. Todas las partes tendrían que asegurar la tranquilidad de los altos mandos militares con respecto a su futuro ya que será esencial tenerlos a bordo para una transición exitosa. La efectividad de la oferta de amnistía de la oposición depende de una confianza inexistente en el momento. La única garantía que es probable que atraiga a los militares es una parte del poder, lo que significaría su participación en el gobierno de transición, en combinación con un marco claro de sus funciones en el futuro. Dichas garantías pueden surgir únicamente de negociaciones sustanciales, no de decisiones personales que los altos oficiales tomen en respuesta a las ofertas públicas como la amnistía o el levantamiento de sanciones individuales. Las tareas principales del régimen transicional serían la estabilización económica, ayuda humanitaria, seguridad interna y reforma institucional, que es probable que requieran asistencia externa. 

En otras palabras, Venezuela requerirá un periodo de transición genuino en lugar del abrupto “cambio de régimen” que muchos militares, el movimiento chavista y el gobierno creen que implica el plan actual. Un proceso de vigilancia y verificación internacional, que involucre a países aceptables para ambas partes, podría consolidar las garantías y otros compromisos adquiridos en dichas negociaciones.  

La centralidad del ejército ante una transición indica que los altos mandos tendrán que hacer un primer movimiento significativo en esa dirección. Las fuerzas armadas también tendrán que preservar lo que queda de su cohesión institucional para ocuparse de problemas importantes de seguridad interna durante y después de la fase de transición.

Lo ideal sería que la oposición se haga cargo de las principales carteras económicas en el gobierno de transición, mientras que el chavismo continuaría controlando los ministerios de seguridad y defensa, aunque con un mandato de reforma, en particular poniendo fin a los peores abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.  También, lo ideal sería que ni Maduro ni Guaidó ocuparan la presidencia durante este periodo, aunque un acuerdo en este sentido no debe ser una condición previa para que comiencen las negociaciones. La presencia de Maduro en particular será un punto de fricción tanto para la oposición interna como para la administración de los Estados Unidos. Pero a menos de que lo derroquen en un golpe de estado o por algún otro medio antes de las negociaciones, es improbable que se haga a un lado y mucho menos en favor de Guaidó, cuya presidencia sería percibida por el gobierno y los chavistas como un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos.

Recientemente, voces dentro del gobierno de EE. UU. han dado un mensaje alentador en este sentido, aunque en privado: parecen aceptar que una transición negociada es la forma más deseable de avanzar, reconocen que incorporar a los chavistas sería un paso central, y admiten que los militares venezolanos tendrán que desempeñar un papel central para instar al gobierno de Maduro a lograr ese resultado y que esto no sucederá a través de deserciones individuales u ofertas de amnistía. Pero hay mensajes discordantes, y lamentablemente estos vienen de los niveles más altos: las declaraciones del Asesor de Seguridad Nacional John Bolton en el sentido de que la administración de los Estados Unidos “no tiene miedo de usar la palabra doctrina Monroe” y que su objetivo es poner fin a los experimentos del expresidente Hugo Chávez y de Maduro, probablemente no alivien los temores de los chavistas u otros acerca de las intenciones de Washington.

Abordando la emergencia humanitaria

Las necesidades humanitarias de las personas del común que viven en Venezuela al igual que la creciente diáspora son urgentes y requieren una solución sin condiciones previas. Ninguna parte debe politizar el sufrimiento de los venezolanos, como lo hicieron los Estados Unidos y los opositores férreos el 23 de febrero, ni nadie debe pretender ignorar el sufrimiento del pueblo al negar la existencia de la crisis, como lo sigue proclamando el gobierno con falsedad. Para satisfacer las necesidades de los venezolanos, el gobierno debe aceptar más ayuda humanitaria; a la fecha, las agencias humanitarias que operan en Venezuela han hecho su trabajo de forma discreta y a una escala relativamente pequeña a la luz de la hostilidad del gobierno. Por su parte, y en particular dado que decidieron imponer sanciones al petróleo, los Estados Unidos y la oposición deben acordar medidas para aliviar el sufrimiento de las personas, incluso antes de que se implemente un gobierno transicional. Tanto los aliados de Maduro como los de Guaidó deben encontrar formas de disminuir las tensiones a lo largo de la frontera con Colombia, donde un mal cálculo —o una provocación deliberada— podría ocasionar un conflicto más amplio.

La ayuda sigue entrando a Venezuela por transporte privado, pero se debe expandir a mayor escala para llegar a las personas más vulnerables de manera suficiente.  Una opción sería poner formalmente la entrega y la verificación de la ayuda en manos de partes neutrales como la Cruz Roja o la ONU. Al mismo tiempo, la ONU debe considerar establecer una operación de ayuda transfronteriza protegida por un contingente pequeño en ambos lados, por ejemplo, en el puente de Tienditas cerca de la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. Esta operación requeriría del consentimiento de las autoridades colombianas y venezolanas, al igual que la aceptación informal de la oposición y sus partidarios internacionales. La ONU podría establecer dicho mecanismo mediante un acuerdo entre sus oficinas de país y los gobiernos en ambos Estados. Estos entendimientos serían fundamentales para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para el paso de ayuda por la frontera terrestre y la ONU podría usar dichos canales para acelerar las ayudas a través de los aeropuertos venezolanos. De esta manera, ambas partes podrían guardar las apariencias, mientras se aborda la emergencia humanitaria a una escala mayor que la que ha sido posible hasta ahora.

Una vez la ayuda llegue a Venezuela, la distribución debe quedar bajo el control de un Mecanismo de Coordinación Nacional, que incluya a las principales agencias de ayuda que operan en el país y a representantes del gobierno. Este mecanismo trabajaría junto con la ONU para identificar las poblaciones con mayor necesidad y asegurar que reciban las ayudas, sobre todo en el sur de Venezuela (a la fecha no se ha llevado a cabo una evaluación independiente sobre las necesidades humanitarias en Venezuela). Este mecanismo ayudaría a asegurar que todos los involucrados usen la ayuda de forma apropiada y transparente y que el gobierno no la desvíe con fines políticos.