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Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho
Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho
An opposition demonstrator waves a Venezuelan national flag during clashes with soldiers loyal to Venezuelan President Nicolas Maduro April 30 2019 Federico PARRA / AFP

Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela

Un alzamiento fallido dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó, ha animado al presidente Nicolás Maduro y profundizado el estancamiento político del país. Por difícil que sea, los actores extranjeros deberían continuar presionando a ambas partes para que formen un gabinete transicional, estabilicen la economía venezolana y lleven a cabo elecciones

Los hechos que sacudieron a Caracas el 30 de abril continúan envueltos en misterio, pero su impacto inmediato parece ser claro: polarizar aún más el pulso político y aumentar la posibilidad de una escalada violenta nacional o internacional. Los hechos empezaron con el dramático anuncio de los líderes de la oposición diciendo que el país entraba a la “fase final” de lo que llaman la “Operación Libertad”, dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posteriormente declararon que el esfuerzo contaba con el apoyo de militares de alto rango. Sin embargo desembocó en una revuelta fácil de someter y pobremente concebida que dejó al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, a sus aliados regionales y a los EE. UU. malparados. Maduro y sus aliados nacionales y extranjeros bien pueden sentirse empoderados y animados, con pocos incentivos para dialogar con una oposición desorganizada e ineficaz.

Ese sería un error de cálculo. Las fuerzas de seguridad sometieron fácilmente el alzamiento, pero el hecho que siguiera a una serie de esfuerzos que se vienen presentando desde principio de año para aislar, desestabilizar y dividir al gobierno resalta no solo la inhabilidad de la oposición de expulsar a Maduro sino también la impotencia del gobierno para sofocar a sus enemigos políticos. Aunque los diálogos entre dos partes profundamente polarizadas y sus respectivos aliados extranjeros parezcan poco probables, el estancamiento en el que se encuentran, el alto costo que sufre el pueblo venezolano y el riesgo de un escalada violenta nacional o internacional hacen que la estabilidad del país siga dependiendo de un acuerdo negociado.

Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron.

La naturaleza caótica del levantamiento tiene varias posibles explicaciones. La oposición adelantó un día los planes (ya había manifestaciones masivas programadas para el 1° de mayo), perjudicando sus posibilidades. Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron. La claridad sobre la razón real tendrá que esperar.

Para Maduro y sus aliados, entre los cuales EE. UU. destacó a Cuba pero también a Rusia, este fue un giro de eventos triunfal. Al final, las manifestaciones fueron pequeñas y fácilmente dispersadas por las fuerzas de seguridad. Además, se hizo evidente casi en seguida que solo algunos soldados de bajo rango se habían separado del gobierno. Al llegar el final del día, el prisionero político más famoso del país, Leopoldo López, quien había salido de su arresto domiciliario para liderar las protestas, fue obligado a buscar refugio en la residencia del Embajador español. Maduro, quien permaneció detrás de bambalinas durante toda la jornada, apareció para declarar la victoria y burlarse de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, quien afirmó que él había estado listo para irse al exilio, siendo disuadido por el gobierno ruso.

Pero los problemas que han plagado el gobierno están lejos de ser resueltos. A pesar de su fracaso, Guaidó continúa siendo el presidente legítimo del país a los ojos de varias docenas de países, incluyendo a EE. UU., la mayoría de los países de América Latina y de los estados miembros de la UE. Su estatura bien puede disminuirse debido al triste resultado, pero ha logrado unir a la fraccionada oposición y galvanizar el apoyo popular. A pesar de su éxito, Maduro aún enfrenta el aislamiento diplomático, una economía colapsada y un régimen de sanciones que ha limitado severamente la habilidad de Venezuela de exportar su menguante producción de petróleo, de la que dependen casi todas sus ganancias en moneda extranjera. Tras años de declive económico, más de un décimo de su población ha huido del país y la ONU estima que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

La clara lección de los eventos del 30 de abril es que no puede haber una solución en la que el “ganador se lleva todo” en Venezuela. El gobierno permanece en control de las fuerzas de seguridad, la autoridad electoral y la corte suprema, pero no puede reparar la economía sin un acuerdo político que permita que las sanciones sean levantadas y que un competente equipo de tecnócratas empiecen a implementar un plan de recuperación. Tampoco puede silenciar el disenso público, excepto a través de la represión. La oposición aún puede contar con los devastadores efectos de las sanciones, la amenaza de la intervención militar de EE. UU. (hecha más expresa que nunca por el secretario Pompeo) y la creencia que las fuerzas armadas finalmente forzarán la salida de Maduro. Pero no hay evidencia de que las sanciones derribarán al gobierno, intentos repetidos de atraer a los militares han fallado, y la intervención armada externa aun es vista como una posibilidad remota que, si se emplea, casi con toda seguridad alimentaría una mayor inestabilidad al desencadenar un conflicto prolongado con grupos armados y milicias progubernamentales.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las negociaciones entre los chavistas y la oposición.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las  negociaciones entre los chavistas y la oposición. Es cierto que las rondas previas de conversaciones han dejado decepcionada a la oposición, muchos de cuyos miembros están convencidos de que el gobierno no tiene intención de comprometerse y que solo utiliza las conversaciones para comprar tiempo, ahondar las divisiones entre sus enemigos y dispersar las protestas masivas. Incluso los líderes opositores que en privado aceptan la necesidad de estos diálogos temen ser tildados de “colaboracionistas” por miembros del ala dura de sus partidos.

En otras palabras, dejados a sus propios medios, es poco probable que ambas partes lleguen a un acuerdo factible. La responsabilidad recae en los actores externos quienes, lamentablemente, han estado tan divididos como los venezolanos. Los países cercanos a Guaidó, aquellos que apoyan a Maduro y los que están en el medio deberían aprovechar este momento para dejar de lado cualquier posición maximalista y empujar a sus respectivos aliados a hacer concesiones. Eso requeriría que EE. UU. y sus aliados de América Latina descarten cualquier sugerencia de intervención militar y abandonen la demanda de que Maduro renuncie inmediatamente. Por otro lado, Rusia, China y Cuba deberían aceptar la necesidad de que Maduro inicie un proceso que lleve a unas elecciones presidenciales creíbles y monitoreadas internacionalmente. Requeriría además que todas las partes presionen por lo siguiente:

  • Formación de un gabinete de transición que incluya representantes del chavismo y la oposición, centrado en la estabilización económica, asistencia humanitaria, seguridad interna y reforma institucional; idealmente, ni Maduro ni Guaidó ocuparían la presidencia durante este periodo, aunque un acuerdo en este punto no puede ser una precondición para que las negociaciones comiencen;
  • Garantías para los militares en la forma de un marco claro para su futuro rol;
  • Elecciones presidenciales bajo una comisión electoral reformada y con observación internacional

El Grupo Internacional de Contacto liderado por la UE podría ayudar a impulsar este proceso a través de su diplomacia discreta.

Lo más probable es que Maduro sienta que ganó esta ronda y crea que tiene poca necesidad de hacer concesiones. La oposición, más débil que hace un par de meses, es posible que sea más cautelosa que nunca con las negociaciones. Si sus aliados externos apoyan estas posturas, nadie debería albergar esperanzas de una solución acordada entre las partes. Pero entonces, todos deberán estar preparados para vivir con un estancamiento más profundo, un costo humanitario creciente y una muy real posibilidad de confrontación armada interna o incluso una intervención militar externa. No debería ser una decisión difícil de tomar.

Members of the Bolivarian militia and supporters of Venezuelan President Nicolas Maduro take part in a demonstration heading to the National Assembly in Caracas on March 10, 2020. CRISTIAN HERNANDEZ / AFP

Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho

Just as Venezuela’s number of COVID-19 cases topped 100, the U.S. indicted President Nicolás Maduro and others on drug trafficking charges. This ill-timed move will likely fail. The only sensible course is sanctions relief and negotiations between government and opposition over a humanitarian truce.

La imputación de cargos del 26 de marzo por parte de Estados Unidos al presidente venezolano Nicolás Maduro y muchos de sus colaboradores más cercanos es la decisión equivocada en el momento equivocado. Al hacer el anuncio, altos funcionarios de la administración Trump expresaron abiertamente la esperanza de que este último giro podría llevar a Maduro a abandonar el poder. Pero en un momento en que los venezolanos se preparan para el impacto potencialmente devastador del COVID-19, con una emergencia humanitaria ya existente, lo que se necesita con urgencia es una pausa en el conflicto político, no una apuesta por el cambio de régimen. Un acuerdo entre el gobierno de Caracas y la oposición, que permitiría la entrega de ayuda y suministros críticos, serviría al pueblo venezolano de manera más efectiva que un intento por obtener una victoria rápida en tiempos de pandemia y recesión global.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la acusación a Maduro y muchos de sus principales asesores, incluyendo el ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, acusados de conspirar con exlíderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para enviar cientos de toneladas de cocaína hacia el norte del hemisferio a través de Venezuela. Los cargos contra el presidente conllevan una sentencia mínima obligatoria de 50 años de prisión; además, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de US$15 millones por información que conduzca a la captura y condena de Maduro.

Venezuela se está preparando para el pleno impacto económico y de salud pública de la pandemia de COVID-19

El anuncio llega en un momento particularmente delicado. Venezuela se está preparando para el pleno impacto económico y de salud pública de la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, se han reportado 107 casos, y el gobierno ordenó una cuarentena a nivel nacional el 16 de marzo. Pero el país no está equipado para lidiar con la enfermedad. El anuncio también coincide con llamamientos de la sociedad civil de Venezuela para negociar una tregua a la amarga disputa entre el gobierno y la oposición, aunado a solicitudes urgentes de la ONU y otras instituciones para el alivio de las sanciones económicas para aquellas naciones especialmente vulnerables a la pandemia y que no están particularmente preparadas para abordarla.

Washington considera a Juan Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional dominada por la oposición, como el legítimo presidente de Venezuela. Así lo consideran también docenas de otros países, incluidos la mayoría de los Estados miembros de la UE y gran parte de América Latina. Pero Guaidó no ha podido traducir este impresionante apoyo externo en acciones contundentes (sea sobre el coronavirus o cualquier otro tema), porque todos los estamentos del poder estatal permanecen en manos de Maduro. Por su parte, Maduro, aunque afirma haber controlado la propagación del virus, necesita desesperadamente ayuda externa. Dos décadas de mala gestión y corrupción han mermado la vital industria petrolera estatal del país. Los efectos de las sanciones estadounidenses unido a un colapso en el precio del petróleo, han resultado en una escasez crítica de fondos para alimentos o combustible, y consecuentemente para hacer frente a la emergencia médica. Recalcando la impotencia de Maduro, el Fondo Monetario Internacional rechazó el 17 de marzo su solicitud de una línea de crédito de emergencia de $5 mil millones de dólares, con el argumento de que no hay consenso entre sus Estados miembros sobre quién gobierna realmente el país.

Un puñado de políticos de la oposición, junto con representantes de ONG locales y asociaciones profesionales, están pidiendo un acuerdo entre las dos partes que permita que los fondos de asistencia y ayuda humanitaria comiencen a fluir en cantidades mucho mayores, ya que  cerca del 90 por ciento de la población no puede cubrir sus necesidades básicas y un tercio sufre de desnutrición. Aunque los detalles varían, la mayoría de estas propuestas prevén un comité de expertos de alto nivel para supervisar la crisis y que los recursos para enfrentar la pandemia sean administrados por agencias especializadas, incluidas las de la ONU, con monitoreo externo que prevenga la malversación de fondos. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el alto representante de la UE, Josep Borrell, han pedido a los países que imponen sanciones que den un alivio a gobiernos como el de Venezuela para que estos puedan enfrentar mejor la emergencia.

Tanto Maduro como Guaidó han indicado en principio su disposición para llegar a un acuerdo. Sin embargo, todavía hay dificultades. Maduro ha nombrado a políticos de oposición específicos con los que está dispuesto a tratar y excluyó a Guaidó con la intención evidente de dividir a la oposición. Guaidó ha pedido a las fuerzas armadas que “eliminen los obstáculos” a la ayuda, diciendo que “no es necesario un diálogo con la dictadura”, sugiriendo una posible repetición del intento fallido de la oposición en 2019 de forzar el cruce de ayuda humanitaria por la frontera en un apuesta abierta para que los militares se volvieran contra Maduro. Pero estos intentos de lograr una distención de hostilidades entre el gobierno y la oposición son críticos, y se debe hacer lo posible para facilitarlos.

Por otro lado, es casi seguro que el anuncio de EE. UU. entorpecerá estos esfuerzos. Pocas horas después de la conferencia de prensa del Departamento de Justicia donde se revelaron los cargos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que estaba abriendo una investigación a Guaidó por supuestamente tramar un golpe de Estado. El anuncio del Saab se produjo luego que el General disidente del ejército Clíver Alcalá, se declarara parte de un movimiento de resistencia armada destinado a derrocar a Maduro. Curiosamente, Alcalá, ahora un opositor declarado del presidente, también estaba entre los acusados por Estados Unidos.

Pero intentar forzar el cambio de régimen justo cuando se empieza a vislumbrar la verdadera magnitud de la emergencia de salud es muy desafortunado.

La motivación detrás de las acusaciones parece clara: en un momento de creciente malestar económico y humanitario en Venezuela, algunos en Washington y entre la oposición venezolana ven la oportunidad de aumentar la presión sobre Maduro y forzar su expulsión. Durante la conferencia de prensa, Barr dijo que el anuncio de las acusaciones en medio de la pandemia era “un buen momento”, porque Maduro tiene que irse para que los venezolanos puedan lidiar con la propagación del virus de manera efectiva. Pero intentar forzar el cambio de régimen justo cuando se empieza a vislumbrar la verdadera magnitud de la emergencia de salud es muy desafortunado.

Más de un año de sanciones draconianas y una continua presión diplomática no han logrado sacar a Maduro del poder, a pesar de las enfáticas garantías extraoficiales de Estados Unidos a principios de 2019 de que este se iría en cuestión de semanas. (El presidente colombiano Iván Duque hizo las mismas predicciones públicamente). Por el contrario, Maduro sigue firmemente arraigado en el poder, mientras que la situación de los ciudadanos venezolanos se ha deteriorado dramáticamente y el flujo de migrantes y refugiados huyendo del país ha alcanzado los cinco millones de personas. Incluso si esta política diera resultados y el gobierno de Maduro colapsara, cualquier administración entrante enfrentaría una calamidad social, económica y humanitaria, un caos administrativo y político, y la posibilidad de una reacción violenta de grupos armados irregulares que han proliferado en Venezuela en los últimos años.

Cualquiera que sea el fondo legal de las acusaciones, Washington los ha presentado en un momento terrible para Venezuela. La prioridad ahora debería ser que las dos partes en disputa lleguen a un acuerdo, uno que pueda salvar decenas de miles de vidas y que potencialmente abra la puerta a un acuerdo político más amplio. La posibilidad de que las partes tomaran este rumbo ya eran escasas, pero ahora, debido a la execrable situación dejada por el anuncio de Estados Unidos, esta parece desvanecerse. Hay muchas razones para temer que el pedido de alivio de sanciones caerá en oídos sordos. Pero también hay muchas razones para difundir el mensaje y presionar a Washington para que reconsidere su postura. No hay nada que ganar, y mucho que perder, al continuar con este enfoque teniendo en cuenta que se puede avecinar una catástrofe.