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Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Venezuela’s Mining Arc: A Legal Veneer for Armed Groups to Plunder
Venezuela’s Mining Arc: A Legal Veneer for Armed Groups to Plunder
An opposition demonstrator waves a Venezuelan national flag during clashes with soldiers loyal to Venezuelan President Nicolas Maduro April 30 2019 Federico PARRA / AFP

Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela

Un alzamiento fallido dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó, ha animado al presidente Nicolás Maduro y profundizado el estancamiento político del país. Por difícil que sea, los actores extranjeros deberían continuar presionando a ambas partes para que formen un gabinete transicional, estabilicen la economía venezolana y lleven a cabo elecciones

Los hechos que sacudieron a Caracas el 30 de abril continúan envueltos en misterio, pero su impacto inmediato parece ser claro: polarizar aún más el pulso político y aumentar la posibilidad de una escalada violenta nacional o internacional. Los hechos empezaron con el dramático anuncio de los líderes de la oposición diciendo que el país entraba a la “fase final” de lo que llaman la “Operación Libertad”, dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posteriormente declararon que el esfuerzo contaba con el apoyo de militares de alto rango. Sin embargo desembocó en una revuelta fácil de someter y pobremente concebida que dejó al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, a sus aliados regionales y a los EE. UU. malparados. Maduro y sus aliados nacionales y extranjeros bien pueden sentirse empoderados y animados, con pocos incentivos para dialogar con una oposición desorganizada e ineficaz.

Ese sería un error de cálculo. Las fuerzas de seguridad sometieron fácilmente el alzamiento, pero el hecho que siguiera a una serie de esfuerzos que se vienen presentando desde principio de año para aislar, desestabilizar y dividir al gobierno resalta no solo la inhabilidad de la oposición de expulsar a Maduro sino también la impotencia del gobierno para sofocar a sus enemigos políticos. Aunque los diálogos entre dos partes profundamente polarizadas y sus respectivos aliados extranjeros parezcan poco probables, el estancamiento en el que se encuentran, el alto costo que sufre el pueblo venezolano y el riesgo de un escalada violenta nacional o internacional hacen que la estabilidad del país siga dependiendo de un acuerdo negociado.

Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron.

La naturaleza caótica del levantamiento tiene varias posibles explicaciones. La oposición adelantó un día los planes (ya había manifestaciones masivas programadas para el 1° de mayo), perjudicando sus posibilidades. Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron. La claridad sobre la razón real tendrá que esperar.

Para Maduro y sus aliados, entre los cuales EE. UU. destacó a Cuba pero también a Rusia, este fue un giro de eventos triunfal. Al final, las manifestaciones fueron pequeñas y fácilmente dispersadas por las fuerzas de seguridad. Además, se hizo evidente casi en seguida que solo algunos soldados de bajo rango se habían separado del gobierno. Al llegar el final del día, el prisionero político más famoso del país, Leopoldo López, quien había salido de su arresto domiciliario para liderar las protestas, fue obligado a buscar refugio en la residencia del Embajador español. Maduro, quien permaneció detrás de bambalinas durante toda la jornada, apareció para declarar la victoria y burlarse de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, quien afirmó que él había estado listo para irse al exilio, siendo disuadido por el gobierno ruso.

Pero los problemas que han plagado el gobierno están lejos de ser resueltos. A pesar de su fracaso, Guaidó continúa siendo el presidente legítimo del país a los ojos de varias docenas de países, incluyendo a EE. UU., la mayoría de los países de América Latina y de los estados miembros de la UE. Su estatura bien puede disminuirse debido al triste resultado, pero ha logrado unir a la fraccionada oposición y galvanizar el apoyo popular. A pesar de su éxito, Maduro aún enfrenta el aislamiento diplomático, una economía colapsada y un régimen de sanciones que ha limitado severamente la habilidad de Venezuela de exportar su menguante producción de petróleo, de la que dependen casi todas sus ganancias en moneda extranjera. Tras años de declive económico, más de un décimo de su población ha huido del país y la ONU estima que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

La clara lección de los eventos del 30 de abril es que no puede haber una solución en la que el “ganador se lleva todo” en Venezuela. El gobierno permanece en control de las fuerzas de seguridad, la autoridad electoral y la corte suprema, pero no puede reparar la economía sin un acuerdo político que permita que las sanciones sean levantadas y que un competente equipo de tecnócratas empiecen a implementar un plan de recuperación. Tampoco puede silenciar el disenso público, excepto a través de la represión. La oposición aún puede contar con los devastadores efectos de las sanciones, la amenaza de la intervención militar de EE. UU. (hecha más expresa que nunca por el secretario Pompeo) y la creencia que las fuerzas armadas finalmente forzarán la salida de Maduro. Pero no hay evidencia de que las sanciones derribarán al gobierno, intentos repetidos de atraer a los militares han fallado, y la intervención armada externa aun es vista como una posibilidad remota que, si se emplea, casi con toda seguridad alimentaría una mayor inestabilidad al desencadenar un conflicto prolongado con grupos armados y milicias progubernamentales.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las negociaciones entre los chavistas y la oposición.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las  negociaciones entre los chavistas y la oposición. Es cierto que las rondas previas de conversaciones han dejado decepcionada a la oposición, muchos de cuyos miembros están convencidos de que el gobierno no tiene intención de comprometerse y que solo utiliza las conversaciones para comprar tiempo, ahondar las divisiones entre sus enemigos y dispersar las protestas masivas. Incluso los líderes opositores que en privado aceptan la necesidad de estos diálogos temen ser tildados de “colaboracionistas” por miembros del ala dura de sus partidos.

En otras palabras, dejados a sus propios medios, es poco probable que ambas partes lleguen a un acuerdo factible. La responsabilidad recae en los actores externos quienes, lamentablemente, han estado tan divididos como los venezolanos. Los países cercanos a Guaidó, aquellos que apoyan a Maduro y los que están en el medio deberían aprovechar este momento para dejar de lado cualquier posición maximalista y empujar a sus respectivos aliados a hacer concesiones. Eso requeriría que EE. UU. y sus aliados de América Latina descarten cualquier sugerencia de intervención militar y abandonen la demanda de que Maduro renuncie inmediatamente. Por otro lado, Rusia, China y Cuba deberían aceptar la necesidad de que Maduro inicie un proceso que lleve a unas elecciones presidenciales creíbles y monitoreadas internacionalmente. Requeriría además que todas las partes presionen por lo siguiente:

  • Formación de un gabinete de transición que incluya representantes del chavismo y la oposición, centrado en la estabilización económica, asistencia humanitaria, seguridad interna y reforma institucional; idealmente, ni Maduro ni Guaidó ocuparían la presidencia durante este periodo, aunque un acuerdo en este punto no puede ser una precondición para que las negociaciones comiencen;
  • Garantías para los militares en la forma de un marco claro para su futuro rol;
  • Elecciones presidenciales bajo una comisión electoral reformada y con observación internacional

El Grupo Internacional de Contacto liderado por la UE podría ayudar a impulsar este proceso a través de su diplomacia discreta.

Lo más probable es que Maduro sienta que ganó esta ronda y crea que tiene poca necesidad de hacer concesiones. La oposición, más débil que hace un par de meses, es posible que sea más cautelosa que nunca con las negociaciones. Si sus aliados externos apoyan estas posturas, nadie debería albergar esperanzas de una solución acordada entre las partes. Pero entonces, todos deberán estar preparados para vivir con un estancamiento más profundo, un costo humanitario creciente y una muy real posibilidad de confrontación armada interna o incluso una intervención militar externa. No debería ser una decisión difícil de tomar.

Venezuela’s Mining Arc: A Legal Veneer for Armed Groups to Plunder

Originally published in The Guardian

Late 2016, Nicolás Maduro tweeted a photograph of himself with a smile on his face and a gleaming ingot in his hands – but not all that glitters is gold.

Venezuela claims to possess some of the largest untapped gold and coltan reserves in the world, and the country’s gold rush picked up when the president decreed the creation of a massive area of 112,000 sq km destined for mining, known as the Orinoco mining arc. In a recently published development plan Venezuela set the goal to produce more than 80,ooo kilos of gold a year by 2025.

The project, launched in February 2016, was supposed to drive development, but many mining projects announced by the government have failed to materialize, and the mining arc now seems little more than a legal veneer for plunder by an expanding range of armed groups.

Multiple non-state armed groups are spreading their hold over southern Venezuela, adding another unpredictable factor to the country’s current crisis – and complicating any efforts for a peaceful resolution.

Their methods and origins may be different, but their motivation is one which has driven violence in Latin America since colonial times: a hunger for gold and other valuable minerals.

Venezuelan crime syndicates have run informal mines for years. More recently, Colombian guerrillas – dissidents from the now-demobilized Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc) and members of the National Liberation Army (ELN) – have expanded their reach hundreds of miles into Venezuela.

The groups are deeply entrenched in local communities, and often work in volatile alliances with parts of the military who privately profit from illegal mining.

At least 300,000 people work at wildcat mines which have caused huge environmental damage, and sparked a malaria epidemic.

Confrontations between the rival armed groups make southern Venezuela one of the most violent regions in Latin America. “Everybody wants to be boss,” explained a former miner who fled to Colombia to avoid the escalating violence.

Numerous sources confirm the army’s participation in illicit mining and report that military death squads have occasionally entered mines to settle disputes. Most killings go unrecorded, but local media have reported more than a dozen massacres since 2016. Municipalities in the mining region cope with homicide far above that of Caracas, the world’s most violent capital city.

Of these factions, the ELN is one of the most prominent, operating in 13 of Venezuela’s 24 states and extending its reach across the southern mining regions to form a corridor across Venezuela to near its disputed border with Guyana.

The ELN’s tactical and ideological alignment with the Venezuelan government is grist to the mill for those arguing for a military intervention against Maduro.

But any foreign incursion could potentially trigger a disastrous escalation of violence, possibly leading to a low-intensity conflict that would cause tremendous suffering for Venezuela’s most vulnerable populations.

The ELN is now Latin America’s biggest guerrilla army, and has vowed to defend Maduro’s government in the event of a foreign intervention.

Local sources have described how the guerrillas embed themselves in local communities, giving political and military training.

“They make [the locals] fall in love, offer them weapons and they indoctrinate them,” said one indigenous leader from Bolívar state. As in Colombia, the rebels intervene in local disputes and offer a measure of authority in lawless areas – wildcat miners confirm that they prefer the presence of the guerrillas over the brutal and less tolerant Venezuelan crime syndicates.

So what should be done? The freedom with which armed groups operate south of the Orinoco river reflects the weakness of the Venezuelan state. But threats of foreign military intervention will simply embolden the guerrillas and strengthen their ties to Caracas.

Humanitarian aid is essential for the inhabitants of the region, but its safe entry will depend on the Venezuelan government’s consent – and will not be served by the sort of forced entry attempted in February.

The communities facing the most urgent humanitarian needs are remote and indigenous populations in the south, which are already suffering from epidemics and shortages. Food shortages are exacerbated by the dependence on gold as currency in mining towns.

Outside actors should work to clean up Venezuelan mineral supply chains. Foreign states should enforce due diligence frameworks on mineral exporters and commodity exchanges to minimize risks that they buy minerals that finance conflict and human rights abuses.

For now, the extraction of gold, coltan and other minerals funds armed groups and harms indigenous communities. Even the minerals that are sold by Venezuelan state companies and the Venezuelan central bank (BCV) stem in part from the same mines controlled by armed groups and should therefore be classified as conflict minerals.

Forgotten parts of southern Venezuela are of key importance to the political future of the country. Communities abandoned by the state – and the armed groups that prey on them – merit more concern from international actors disputing Venezuela’s future. Peace in Venezuela cannot be achieved without taking the south into account.