El riesgo de una ruptura diplomática con la Venezuela de Maduro

El 10 de enero de 2019, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro asumirá un segundo mandato, pese al rechazo doméstico e internacional a las elecciones presidenciales realizadas el 20 de mayo de este año. El hecho de que permanezca en el poder durante otros seis años representa un gran desafío tanto para los partidos de la oposición como para los gobiernos extranjeros que buscan una resolución a la prolongada política, económica y social del país. Los gobiernos latinoamericanos en especial, desean frenar el hundimiento de Venezuela en el caos y detener el éxodo de migrantes a través de sus fronteras. Pero si estos gobiernos cierran sus embajadas en Caracas o rompen relaciones diplomáticas, como algunos de ellos han sugerido, no harían nada para resolver estas preocupaciones.

Maduro ha estado al frente de un colapso económico sin precedentes, que ha provocado que el producto interno bruto de Venezuela se reduzca en alrededor del 50 por ciento y que una décima parte de la población huya del país. Ante las crecientes críticas al giro autoritario de su gobierno, Maduro le quitó el poder a las instituciones democráticas del país, en particular a la Asamblea Nacional, encarcelando y expulsando a los políticos de la oposición, y prohibiendo a sus partidos participar en las elecciones. Para reemplazar la Asamblea, instaló una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta exclusivamente por partidarios del gobierno, con poderes supra-constitucionales.

Un continente dividido no ha sido capaz de responder coordinadamente a la crisis. Los pocos aliados que aún le quedan a Maduro, junto con unos pocos pequeños países que dependen fuertemente de la menguante generosidad energética de Venezuela, han bloqueado hasta ahora cualquier intento de acción conjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA). En 2017, una docena de estados miembros de la OEA, incluidos aquellos que reciben el grueso de los migrantes, formaron el ad hoc Grupo de Lima, que junto con EE.UU. y la Unión Europea (UE) deben ahora decidir cómo responderán a la posesión de un gobierno que es considerado el resultado de unas elecciones injustas.

Algunos de los miembros del Grupo han indicado que pretenden cerrar sus embajadas en Venezuela en una apuesta por incrementar la presión sobre Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú ha dicho que su gobierno llamará a romper las relaciones diplomáticas. El presidente de Colombia Iván Duque ha hecho declaraciones similares. Sin embargo, tales movidas no solo aislarían más al gobierno de Maduro sino también a la oposición, incluidos sus miembros más pragmáticos y el resto de ciudadanos. Esto probablemente dificultaría alcanzar una transición negociada, que es la mayor esperanza para resolver la crisis.

Cerrar las embajadas o aún peor, romper las relaciones diplomáticas, limitaría profundamente la capacidad de los gobiernos extranjeros de recolectar información de primera mano a través de contactos con el gobierno y la oposición, al igual que con la sociedad civil y expertos en el terreno. Crearía grandes dificultades para atender las necesidades de sus compatriotas que viven en

Venezuela, al igual que para proteger a figuras de la oposición, activistas de derechos humanos o venezolanos vulnerables.

Del lado de la oposición, los líderes de línea dura quieren ver a la Asamblea Nacional nombrar un presidente en reemplazo a Maduro – una medida que Maduro obviamente desestimaría, pero que ellos creen que permitiría a los países extranjeros reconocer un liderazgo venezolano alternativo. Estos actores se verían indudablemente reivindicados si los miembros del Grupo de Lima cierran sus embajadas. Estos incluyen algunos líderes de Voluntad Popular, el partido que asumiría la presidencia de la Asamblea Nacional en enero, y algunas voces influyentes entre los políticos exiliados. Incentivar sus ambiciones incrementaría la probabilidad de un gobierno en el exilio, cambiando el centro de gravedad de la oposición a más allá de las fronteras de Venezuela, animando a quienes promueven la intervención militar externa o la insurrección armada interna. Aunque representan una minoría en la Asamblea y en el país en general, tienen la capacidad de debilitar y dividir el liderazgo interno de la oposición. También tienen importantes aliados; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha negado a descartar la intervención militar y ha acusado a quienes buscan negociar con el gobierno de colaborar con él.

Romper relaciones o cerrar embajadas resultaría contraproducente, por lo que América Latina y otros países extranjeros deberían redoblar los esfuerzos diplomáticos, y en particular:

• Respaldar e implementar la propuesta de la UE de establecer un Grupo de Contacto de naciones interesadas en resolver la crisis venezolana, y establecer una hoja de ruta con la que Venezuela pueda restaurar la buena reputación de su gobierno y obtener el levantamiento gradual de las sanciones;
   
• Especificar que esta hoja de ruta empieza con reestablecer los poderes de la Asamblea Nacional; disolver o restringir los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente; poner fin al hostigamiento, persecución y encarcelamiento de los políticos de la oposición; e iniciar negociaciones de amplio alcance sobre reformas políticas y económicas.
   
• Continuar con los intentos de convencer a los principales aliados del gobierno de Maduro, en particular a China, de la necesidad de una acción concertada para detener el rápido declive social y económico de Venezuela.
   
• Instar al Grupo de Lima, cuyos ministros de asuntos exteriores deben reunirse el 4 de enero, a anunciar, antes del 10 de enero, que sus miembros están dispuestos a unirse a EE.UU., la UE y otros para imponer sanciones a individuos en el gobierno venezolano, con condiciones claras para levantarlos, si Maduro asume el nuevo mandato sin comprometerse a realizar diálogos sustanciales con la oposición.
   
• Evitar cualquier sugerencia de intervención militar, que seguramente provocaría una inestabilidad aun mayor, alienta el faccionalismo y empodera a los partidarios de la línea dura con la oposición.