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¿Golpe a cámara lenta en Venezuela?
¿Golpe a cámara lenta en Venezuela?
Venezuela's President Nicolas Maduro talks to Venezuela's Defense Minister Vladimir Padrino López during a ceremony commemorating the 200th death anniversary of independence hero Francisco de Miranda in Caracas, on 14 July 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

¿Golpe a cámara lenta en Venezuela?

Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela en abril de 2013 por un estrecho margen. Su mandato concluye en enero de 2019, a menos que la alianza opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática) pueda hacer valer un referendo revocatorio en los términos que dicta la Constitución. ¿Pero es el presidente quien realmente manda en el país?

Recientemente, a la figura de Nicolás Maduro le ha hecho sombra el general Vladimir Padrino López, que ostenta a la vez el cargo de ministro de Defensa y comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El 11 de abril Maduro anunció la creación de un “Comando Presidencial Cívico-Militar” bajo su mando  y el del general Padrino. Su tarea principal es resolver la crítica escasez de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad. Todos los ministerios y otras instituciones del Estado están subordinados a este nuevo órgano, cuyas funciones incluyen no solamente la producción, importación, comercialización y el sistema de precios de los productos básicos, sino también la seguridad y defensa de la nación.

Un ejemplo más del papel de los militares en los juegos de poder de Caracas es el nombramiento el pasado miércoles 3 de agosto de Néstor Reverol como ministro del Interior. A diferencia de Padrino, quien ha hecho carrera en el ejército, Reverol viene de la Guardia Nacional. Su nombramiento se produjo el día después de que un tribunal estadounidense le acusara por tráfico de drogas. Sus supuestas conexiones con el crimen organizado sugieren que diferentes facciones de las Fuerzas Arnadas pueden estar disputándose poder e influencia dentro del Estado.

Pero lo que le sobra a esta crónica son precedentes. Durante la mayor parte de su historia, Venezuela ha sido gobernada por hombres uniformados. El último dictador militar, el general Marcos Pérez Jiménez, huyó en 1958. Aunque ninguno de los intentos de golpe  posteriores prosperaron, el líder de una intentona en febrero de 1992, el comandante Hugo Chávez, fue electo presidente seis años después e inauguró un régimen declarado abiertamente “cívico-militar”. La FANB ha adoptado así la defensa de la revolución, por encima de la de la nación, como su razón de ser.

Justo antes de su muerte prematura de cáncer en el 2013, Chávez nombró a su entonces canciller, Nicolás Maduro, como su sucesor. En medio de una profunda crisis económica y una creciente crisis humanitaria, la MUD logró una victoria holgada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Sin embargo, el Gobierno ha utilizado su control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para neutralizar a la Asamblea Nacional desde que se inauguró el nuevo Parlamento. Maduro gobierna por decreto, amparado por un estado de emergencia rechazado en dos ocasiones por el Parlamento pero ratificado por el TSJ. Después de cinco meses de espera, El Consejo Nacional Electoral (CNE), también en manos del Gobierno, finalmente autorizó esta semana a la MUD el derecho de pedir la recolección de las firmas requeridas para organizar el referendo revocatorio, tal y como se contempla en la constitución, aunque todavía no ha puesto fecha para el próximo paso del proceso.

Según una reciente encuesta de Datanálisis, más del 80 por ciento del electorado quiere que Maduro salga de la presidencia de forma constitucional antes de que termine el año. El control de la FANB, por lo tanto, podría significar la diferencia entre mantener el poder y perderlo. Hasta ahora, los equipos antimotines de la Policía y la Guardia Nacional han mantenido a raya los manifestantes. Pero las protestas y saqueos por falta de comida han venido repitiéndose, poniendo a prueba sus recursos.

Nadie sabe cómo reaccionaría el Ejército si el Gobierno quisiera sacarlo a la calle. Algunos expertos afirman que los oficiales estarían renuentes a ordenar a sus tropas disparar contra manifestantes. Sin embargo, una resolución promovida por el propio Padrino permitiría, en teoría, el uso de fuerza letal en ciertas circunstancias. La resolución del Ministerio de Defensa data de enero del 2015 y fue ratificada por el TSJ en julio. Las ONG de derechos humanos y la ONU la califican de anticonstitucional y critican la vaguedad de su redacción.

El mismo Padrino ha sido objeto de mucha especulación. Ascendió gracias a su lealtad a Chávez, siendo uno de los oficiales que se negaron a unirse a un golpe fallido en su contra en abril del 2002. Sin embargo, circulan fuertes rumores de que habría parado un intento por parte de seguidores del gobierno de Maduro de robar las elecciones de diciembre del 2015, ganándose la enemistad del entonces número dos del régimen, Diosdado Cabello, también oficial del Ejército. Ambos rechazan la veracidad de esta versión. En dos ocasiones se le ha aplazado el retiro, lo cual indicaría que cuenta con apoyo mayoritario entre los oficiales, al menos del Ejército.

Para Maduro, que proviene del ala izquierdista civil del movimiento chavista, las Fuerzas Armadas representan un arma de doble filo. Actualmente hay más militares en el gabinete que cuando Chávez estaba en el poder, y casi la mitad de los 20 gobernadores estatales con los que cuenta el régimen son ex oficiales de la FANB. En diciembre, Maduro anunció un “plan muy detallado, muy bien pensado” para que los militares regresaran a los cuarteles. Pero su plan bien pensado quedó en nada, y prácticamente ninguno se movió. Ahora parece que se ha visto obligado a entregarle a la FANB la tarea más apremiante a la que se enfrenta el Gobierno: evitar que la ira popular por la escasez de comida y medicinas lo tumbe. La expansión gradual del poder de los militares en respuesta a la pérdida de legitimidad del régimen de Maduro empieza a parecerse a un golpe de Estado en cámara lenta.

No cabe duda que la situación es grave. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del PIB este año del 8 por ciento, encima del 5,7 del 2015. Cifras filtradas por el Banco Central (que publica pocos datos útiles sobre la economía venezolana) indican que la tasa de inflación anualizada estaría cerca del mil por ciento. Muchos bienes básicos son casi imposibles de conseguir excepto en el mercado negro. Un informe publicado recientemente por el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud revela que, ya para el 2015, más de una quinta parte de la población comía menos de tres veces al día. El consumo de calorías estaba muy por debajo del nivel recomendado.

Lo que sí está en duda es la capacidad del Ejército para mejorar la situación. El aparato estatal agroalimentario ha sido dominado durante mucho tiempo por los generales, y se maneja de acuerdo a los principios de una economía centralizada. La inflación y la escasez se combaten con cada vez más control sobre precios, inventarios y transporte de los productos. El resultado ha sido el colapso de la producción nacional, corrupción galopante y contrabando masivo. Después de que legisladores de la MUD denunciaron que dos cuñados del exministro de alimentación Carlos Osorio se hicieron millonarios con contratos para importar alimentos, los tribunales pretendieron silenciarlos. Ni la fiscalía ni la contraloría se han mostrado interesados en investigar la denuncia.

El general Padrino ha dicho que no le interesa “militarizar” la administración, sino “poner un poco de disciplina” y corregir una “falta de gobernanza”. Una afirmación interesante, teniendo en cuenta que en caso de que la administración fracasara el responsable sería su comandante en jefe, Maduro. Pero él tampoco ha dado indicios de que le interese tomar acciones contra aquellos compañeros de armas acusados de robar miles de millones de dólares de los fondos públicos.

Sus afirmaciones reiteran más bien la versión gubernamental de una supuesta “guerra económica” por parte de la oposición y sus aliados internacionales, entre ellos los Estados Unidos. Siguiendo esta lógica, el Gobierno ha sacado un decreto (Resolución 9855 del 22 de julio) que le permite obligar a las compañías a enviar contingentes de trabajadores para mejorar la producción en el sector agroalimentario estatal. Los sindicatos independientes, que aseguran no haber sido consultados, se han declarado en desacato frente a una medida que, dicen, busca convertir a los trabajadores en soldados. Desde entonces el Gobierno ha asegurado que los trabajadores enviados por las empresas solo pueden trasladarse de forma voluntaria. Sin embargo, el despido esta semana del ministro de Industria Miguel Pérez Abad, considerado alguien relativamente cercano al mundo empresarial, y su reemplazo por el burócrata Carlos Faría confirma una confianza general en la economía planificada.

Es evidente que Padrino se ha convertido en el segundo hombre más poderoso del país, si no el primero. El Vicepresidente Aristóbulo Istúriz se mantiene en su puesto pero – al menos por ahora – su poder se ve disminuido. Cuando se celebró el mes pasado el aniversario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, el padre de la patria venezolana, quien sustituyó a un Maduro ausente fue Padrino, no Istúriz.

Con tanta concentración de poder en manos de los militares, la forma en que entiendan sus objetivos  es absolutamente clave. Más que dar soporte a un presidente impopular, su objetivo podría ser el de controlar los términos de la transición para asegurar que sus propios intereses se protejan. Es esperable que el ejército se muestre especialmente receptivo a lo que concierne a sus fuentes de ingresos, algunas de ellas ilícitas, a sus poderes políticos, y a su reputación como guardianes de la paz y la soberanía en Venezuela. Las prioridades serán tan diversas como distintas son también las facciones dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

El nuevo papel del ministro de Defensa implica que “el diálogo de la transición será con los militares”, según un experto en seguridad y defensa. En el pasado, Padrino ha cuestionado la legitimidad del referendo revocatorio. Pero fuentes cercanas al ministro aseguran que no es tan chavista como sus declaraciones públicas indicarían, y podría hasta apoyar un referendo si cree que es por el bien de los militares.

Si la MUD no logra que el referendo se celebre en el 2016, la Constitución establece que la salida del presidente antes del fin de su mandato no lleva automáticamente a elecciones presidenciales. En cambio, durante los últimos dos años del mandato presidencial, su puesto sería ocupado por el vicepresidente, una figura de libre nombramiento y remoción, dando así una oportunidad para las facciones militares y civiles de reacomodarse bajo el paraguas del régimen actual. Pero si los generales no logran parar el descenso del país hacia el caos económico y social, la crisis podría llevarse hasta a ellos mismos. Por ahora, no se percibe ningún plan viable en ese sentido.

Staffers from the Secretary of Health take the temperature of Venezuelans returning to the country from Colombia, as a preventive measure against the spread of the coronavirus at the Simon Boliviar International Bridge in Cucuta. Schneyder MENDOZA / AFP

Lazos rotos, fronteras cerradas: Colombia y Venezuela se enfrentan al COVID-19

Geography, economics and migration patterns dictate that Colombia and Venezuela, which severed diplomatic ties in 2019, will confront the coronavirus pandemic together. The two countries should temporarily mend their relations, and the Venezuelan factions should pause their duel, to allow for a coordinated humanitarian response.

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¿Qué hay de nuevo? Bajo la amenaza de la pandemia del COVID-19, Colombia y Venezuela han decretado confinamientos obligatorios y han cerrado su frontera común. Ambos países ahora se enfrentan a una parálisis económica prolongada y a una crisis de salud pública que expondrá a millones de migrantes venezolanos a un gran riesgo, en un momento en el que los lazos bilaterales continúan rotos.

¿Por qué importa? Aunque los casos de infección reportados continúan siendo relativamente bajos en ambos países, la disputa por el poder político y el colapso de la economía en Venezuela hacen que esta sea especialmente vulnerable a un brote masivo. El impacto del COVID-19 también podría reavivar una profunda inconformidad por los altos niveles de desigualdad, los servicios públicos deficientes y la corrupción en Colombia.

¿Qué se debería hacer? Con al menos 1,8 millones de venezolanos en Colombia y una gran frontera compartida, los dos países deberían restablecer la cooperación oficial durante la pandemia. Los aliados del gobierno y la oposición en Venezuela deberían apoyar medidas urgentes para hacer un alto en el conflicto y permitir que el país reciba la ayuda internacional necesaria para salvar vidas.

Panorama general

La pandemia del COVID-19 pudo haber llegado tarde a América Latina, pero sus efectos desde ya ponen al descubierto las tensiones que enfrentan los Estados y las sociedades al tratar de frenar el contagio, mientras intentan mantener a flote las economías y el orden público intacto. A medida que la mayoría de gobiernos de la región cierran fronteras, detienen el tráfico aéreo, imponen un distanciamiento social riguroso y envían policías y militares a patrullar las calles, las pugnas latentes y los conflictos violentos se ven sometidos a nuevas presiones. La crisis más tóxica de la región, la competencia por el poder político de Venezuela, ya había llevado a millones a cruzar las fronteras con Brasil y Colombia en busca de un futuro mejor. Ahora que el temor al virus ha cerrado las fronteras nuevamente y forzado a Venezuela y Colombia a imponer confinamientos nacionales, se hace más evidente el peligro de presionar aún más a los más pobres y paralizar economías ya débiles en un momento lleno de hostilidades políticas. El imperativo humanitario debe ser prioridad de todos: para los rivales políticos en Venezuela, esto significa hacer un alto en el conflicto para permitir la entrada de mucha más ayuda externa; para los gobiernos de Colombia y Venezuela, significa encontrar formas de cooperar para combatir los riesgos para la salud pública a los que ambos países se enfrentan en este momento.

Tanto Venezuela como Colombia ya se han visto afectadas por disturbios y brotes de violencia a medida que entran en vigor directivas de salud pública, incluyendo disturbios penitenciarios donde hubo muertes, episodios de saqueo y protestas espontáneas de los más necesitados. Pero el destino de Venezuela es lo que despierta mayor preocupación en toda la región. Muchos países, incluidos algunos que no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, argumentan que sería imprudente obstaculizar la ayuda humanitaria de emergencia. Temen que un sistema de atención médica que ha colapsado, tasas de desnutrición en aumento y epidemias preexistentes como la de malaria hacen que Venezuela sea excepcionalmente vulnerable al contagio. Sin embargo, otros parecen creer que este puede ser el momento justo para darle el golpe final a un gobierno que consideran corrupto y dictatorial. Esta línea de pensamiento parece haber llevado a algunos a aplaudir la decisión de EE. UU. de presentar cargos por narcoterrorismo y otros crímenes contra Maduro y otras figuras destacadas del gobierno el pasado 26 de marzo.

Un niño venezolano jugando con su perro debajo de un puente a las afueras de Bogotá. Keoma Zec

Lo cierto es que los migrantes y refugiados venezolanos que han salido del país se encuentran entre los más vulnerables a la enfermedad, dadas las condiciones en las que viven y trabajan. Al menos 4,9 millones de venezolanos han huido de tasas de pobreza de alrededor del 90 por ciento en su país de origen, solo para continuar luchando por sobrevivir en nuevas tierras; estos migrantes y refugiados enfrentan los mayores riesgos debido a la falta de acceso a atención médica y, a menudo, de enfermedades preexistentes. Miles de ellos están ahora volviendo a pie a su país de origen luego de sufrir las consecuencias económicas de la cuarentena en Colombia, donde vive la mayor población de refugiados venezolanos, estimada en 1,8 millones. A pesar de este flujo de retornados, existe la posibilidad de que el número de migrantes que escapan de Venezuela aumente en los próximos meses a medida que el virus en ese país se propague.

Colombia ha hecho grandes esfuerzos para garantizar que los migrantes y refugiados venezolanos tengan residencia legal y acceso a servicios públicos, pero un millón de ellos aún no tiene permiso formal de permanencia en dicho país. Además, Colombia no puede garantizar empleo estable o formal para todos, y menos aún bajo condiciones de distanciamiento social y cuarentena. Colombia también enfrenta otra serie de dificultades mientras se esfuerza por equilibrar la implementación de medidas de control de infecciones, con el peligro de volver a avivar las protestas de 2019 contra la desigualdad, los servicios públicos deficientes y la corrupción. Es probable que crezcan pequeños focos de descontento en la medida que las políticas diseñadas para frenar la propagación del COVID-19 afecten las perspectivas económicas. El Estado tiene recursos limitados para apoyar a los ciudadanos más vulnerables, lo que significa que muchos gobiernos locales están recolectando donaciones para cubrir un déficit en los programas de ayuda para aquellos afectados por las medidas de confinamiento.

Los lazos económicos informales, los movimientos migratorios en ambas direcciones y la geografía determinan que el destino de los esfuerzos de Colombia y Venezuela para combatir al COVID-19 estén entrelazados, al menos en un grado considerable, independientemente de que a los respectivos gobiernos les guste o no. Entre más rápido las fuerzas en conflicto en Venezuela declaren una tregua, y Bogotá y Caracas puedan dejar de lado sus desacuerdos para cooperar en la lucha contra la amenaza de la enfermedad, mejor será para los colombianos y venezolanos, particularmente para los más desfavorecidos.

La propagación del COVID-19 y las respuestas estatales

Colombia was one of the first countries in Latin America to announce obligatory self-isolation for incoming travellers, declare a mandatory nationwide preventative “quarantine” and ban all passenger air traffic, generating support for these measures from across a normally polarised political spectrum.[fn]On 20 March, President Iván Duque announced a nationwide preventative “quarantine” between 24 March and at least 13 April (since extended to at least 27 April). The quarantine, which requires all non-essential workers to stay home except to seek medical care, buy groceries or visit pharmacies, won immediate public praise, including from both sides of the political spectrum, the president’s conservative Democratic Center party and former left-leaning presidential candidate, Gustavo Petro. See, for example, tweet by Gustavo Petro, @petrogustavo, 11:26pm, 20 March 2020. In other countries, measures like the Colombian government’s have been called a “stay-at-home order” or something similar, but for simplicity’s sake this briefing will use the term quarantine.Hide Footnote  The steps it has taken, however, raised serious questions in certain quarters, above all the imprisoned and others who see themselves as highly vulnerable to an epidemic, those who fear a sudden termination of their livelihoods and those who worry that armed groups, including criminal outfits and guerrillas, will take advantage of quarantine to consolidate their influence.

Concerns about the virus’s capacity to spread in chronically overcrowded jails sparked clashes in thirteen prisons throughout the country on 20 and 21 March, with 23 killed in Bogotá’s La Modelo facility. Despite an obligatory city-wide quarantine, family members protested for hours in front of La Modelo the following day.[fn]Crisis Group telephone interviews, NGO officer with access to prisons, adviser to Colombian senator, March 2020.Hide Footnote  Indicating how perilous the situation remains, the government declared a state of emergency in Colombia’s jails that will allow greater military involvement and give the National Penitentiary and Prison Institute more leeway in disciplining and moving detainees.[fn]Resolution 001144, INPEC, 22 March 2020.Hide Footnote  In the first week of April, two inmates died in the city of Villavicencio as a result of COVID-19 infection.[fn]“Dos presos de la cárcel de Villavicencio murieron por coronavirus”, El Tiempo, 11 April 2020. A group of prisoners sent a letter to President Duque threatening a hunger strike after the deaths in Villavicencio jail, demanding the liberation of vulnerable prison populations in Colombia’s 134 jails, including adults over 60 years old, as well as pregnant and sick women. “Presos amenazan con huelga de hambre por demora en decreto de emergencia”, Semana, 11 April 2020.

Elsewhere, hundreds of low-income workers and Venezuelan migrants protested on 23 March ahead of the expected national quarantine. Holding placards pronouncing that they feared hunger more than infection, they demonstrated in front of the mayor’s offices in Bogotá and in its sprawling southern suburb, Soacha.[fn]Crisis Group telephone interview, residents of Soacha, March 2020. See also, for example, tweet by Gustavo Gómez Córdoba, Colombian journalist, 4:28pm, 24 March 2020.  Two dozen supermarkets throughout the country were reportedly looted the same week.[fn]Tweet by Paz y Reconciliación, @parescolombia, think-tank, 1:01pm, 2 April 2020.Hide Footnote  Farther afield, along the Pacific coast, communities that have borne the brunt of fighting between guerrillas and drug traffickers expressed their frustration that COVID-19 has galvanised a speedy reaction when top government officials did not bat an eye at the “epidemic of violence” they have lately endured.[fn]According to their statement, “the worst pandemic that the municipality of Alto Baudó is witnessing is called VIOLENCE, fueled by the dispute among armed groups over illegal territorial control”. “Una Vez Mas la Sub Región del Baudó, Registra una Grave Situación de Orden Público y Crisis Humanitaria”, statement issued by community organisations of Alto Baudó, 19 March 2020.

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina en anunciar el aislamiento obligatorio para los viajeros entrantes, en declarar una cuarentena preventiva obligatoria a nivel nacional y en prohibir todo el tráfico aéreo de pasajeros, medidas que recibieron apoyo por parte de fuerzas a lo largo del espectro político, que normalmente está altamente polarizado[fn]El 20 de marzo, el presidente Iván Duque anunció una cuarentena preventiva a nivel nacional entre el 24 de marzo y al menos el 13 de abril. Esta requiere que todos los trabajadores no esenciales se queden en casa, excepto para buscar atención médica, comprar alimentos o ir a farmacias. La cuarentena recibió elogios públicos inmediatos, incluidos los dos extremos del espectro político, del Centro Democrático (el partido de corriente conservadora del presidente) y del excandidato presidencial de tendencia de izquierda Gustavo Petro. Ver, por ejemplo, tweet de Gustavo Petro, @petro
gustavo, 11:26pm, 20 de marzo de 2020. En otros países, medidas como las del gobierno colombiano se han denominado “orden de quedarse en casa” o algo similar, pero para simplificar, este informe breve utilizará el término cuarentena.Hide Footnote
. Sin embargo, estos pasos generaron preocupación en ciertos sectores, sobre todo en el carcelario y otros que se consideran altamente vulnerables a una epidemia, que temen una interrupción repentina de sus medios de subsistencia y donde existe la posibilidad de que grupos armados, incluyendo grupos criminales y guerrillas, aprovechen la cuarentena para consolidar su influencia.

Preocupaciones por la capacidad de propagación del virus en cárceles con hacinamiento crónico provocaron enfrentamientos en trece cárceles en todo el país los días 20 y 21 de marzo, que resultaron en 23 muertos en la cárcel La Modelo en Bogotá. A pesar de la cuarentena obligatoria ordenada en toda la ciudad, familiares de los reclusos protestaron durante horas frente a La Modelo al día siguiente[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, funcionario de una ONG con acceso a las cárceles, asesor de senador colombiano, marzo de 2020.Hide Footnote . Un indicio del nivel de peligro de la situación es que el gobierno declaró estado de emergencia en las cárceles de Colombia, lo cual le permite mayor participación militar y da un mayor margen de maniobra al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para disciplinar y trasladar a los detenidos[fn]Resolución 001144, INPEC, 22 de marzo de 2020.Hide Footnote . En la primera semana de abril, dos internos murieron en la ciudad de Villavicencio como resultado de una infección por COVID-19[fn].

En otras partes del país, cientos de trabajadores de bajos ingresos y migrantes venezolanos protestaron el 23 de marzo, anticipando la cuarentena nacional. Portando carteles en los que decían temerle más al hambre que a la infección, se manifestaron frente a las oficinas de las alcaldías de Bogotá y Soacha, un extenso municipio al sur de la capital[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, residentes de Soacha, marzo de 2020. Ver también, por ejemplo, tweet de Gustavo Gómez Córdoba, periodista colombiano, 4:28pm, 24 de marzo de 2020.Hide Footnote . Según informes, una veintena de supermercados en todo el país fueron saqueados esa misma semana[fn]Tweet de Paz y Reconciliación, @parescolombia, centro de pensamiento, 1:01pm, 2 de abril de 2020.Hide Footnote . Además, a lo largo de la costa del Pacífico, comunidades que han estado en la línea de fuego por los enfrentamientos entre guerrillas y narcotraficantes expresaron su frustración ante la rápida reacción estatal provocada por el COVID-19 en contraste con la inactividad de los altos funcionarios del gobierno ante la “epidemia de violencia” que vienen sufriendo[fn]Según su declaración, “la peor pandemia que está viviendo el Municipio del Alto Baudó se llama la VIOLENCIA, impulsada por la disputa del control ilegal del territorio ejercido por parte de grupos armados ilegales”. “Una Vez Más la Sub Región del Baudó, Registra una Grave Situación de Orden Público y Crisis Humanitaria”, declaración emitida por organizaciones comunitarias del Alto Baudó, 19 de marzo de 2020.Hide Footnote .

La frontera de 2219 km con Venezuela también fue un objetivo inmediato de los esfuerzos del gobierno colombiano por detener el virus. El 14 de marzo, el presidente Iván Duque cerró los siete cruces fronterizos oficiales, que desde entonces han permanecido herméticamente cerrados con apoyo policial y militar adicional. Más de 5000 oficiales uniformados también fueron enviados a vigilar los numerosos cruces fronterizos ilegales de Colombia, conocidos como trochas, mientras que cientos de venezolanos han sido deportados de toda Colombia desde el cierre[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, trabajador humanitario, abril de 2020. El asesor especial sobre asuntos fronterizos del presidente colombiano, Felipe Muñoz, le dijo a un periodista que el gobierno colombiano tomó la decisión de cerrar la frontera, entre otras razones, debido a la falta de información sobre la crisis del coronavirus en Venezuela. Reconoció que el gobierno era consciente de que es imposible detener el flujo de personas por los cruces informales, pero que sus medidas evitarían la congregación de multitudes en los cruces fronterizos oficiales y sus alrededores. Teresa Welsh, “To stop COVID-19 spread, Colombia halves Venezuela response services”, Devex, 17 de marzo de 2020.Hide Footnote . En el lado venezolano, Freddy Bernal, miembro principal del gobernante partido PSUV y a quien el presidente Maduro ha designado como “protector” del estado fronterizo de Táchira, publicó un video en el que aparecía rodeado de soldados fuertemente armados y anunciaba que sus fuerzas estarían vigilando las trochas y arrestando a aquellos que intentaran cruzar desde Colombia[fn]Ver tweet de Freddy Bernal, @FreddyBernal, político chavista de alto rango, 3:27pm, 23 de marzo de 2020.Hide Footnote . En la zona fronteriza, Bernal es conocido por controlar colectivos, grupos parapoliciales violentos leales al chavismo, el movimiento gobernante creado por el difunto presidente Hugo Chávez[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°78, Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela, 20 de febrero de 2020. Días después de su anuncio, circuló un video en WhatsApp en el que personas armadas desconocidas matan y desmiembran a presuntos traficantes de migrantes que cruzaban personas a través de las trochas por tarifas mayores durante el cierre cerca de San Antonio, estado Táchira.Hide Footnote .

Venezuela ordenó el cierre de escuelas inmediatamente después de reportar sus primeros casos de coronavirus el 13 de marzo. Dos días después, Maduro anunció una “cuarentena social colectiva” para Caracas y seis estados considerados particularmente vulnerables. Allí, todas las actividades fueron suspendidas, excepto las esenciales, y se requirió que los pasajeros de transporte público usen tapabocas. En 24 horas, la cuarentena se había extendido a todo el país[fn]“Nicolás Maduro ordena cuarentena y suspende actividades laborales en Caracas y seis estados”, Prodavinci.com, 15 de marzo de 2020.Hide Footnote . El gobierno ya había suspendido todos los vuelos hacia y desde Europa y Colombia durante 30 días a partir del 12 de marzo y prohibió las reuniones masivas, medidas que se han extendido por un mes adicional. Maduro designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a cargo de los esfuerzos para enfrentar la pandemia, y el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, tuvo un papel protagónico en la respuesta al desplegar a la Guardia Nacional, la Milicia Bolivariana y a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, conocidas por su política de disparar a matar) para hacer cumplir la cuarentena[fn]Sobre las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y su uso excesivo de la violencia, ver el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, ACNUDH, 5 de julio de 2019.Hide Footnote . Al ministro de Salud, Carlos Alvarado, que había tratado de minimizar la amenaza, le fue asignado un rol menor[fn]César Heredia Terán, “De la ‘gripe común’ a la cuarentena social: discurso oficial ante el COVID-19”, Cotejo, 19 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Incluso entre los políticos de oposición se reconoce que las acciones rápidas del gobierno fueron apropiadas para las circunstancias[fn]Reuniones virtuales de Crisis Group, diputados opositores y otros, 31 de marzo-3 de abril de 2020.Hide Footnote . Pero también llegaron en un momento conveniente para el gobierno, que se enfrentaba a un intento de la oposición por revivir las manifestaciones en las calles. El líder de la oposición, Juan Guaidó, suspendió de inmediato la campaña prevista ante la emergencia[fn]“Guaidó replantea sus protestas de calle contra Maduro por el coronavirus”, Agencia EFE, 13 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Dejando de lado las motivaciones políticas, estas contundentes medidas también reflejan la necesidad de proteger el sistema de salud venezolano, que después de años de mal manejo del gasto público y de declive económico está extremadamente deteriorado y mal equipado para manejar una epidemia. Venezuela no ha publicado regularmente informes epidemiológicos semanales desde el 2014, y la única información disponible públicamente sobre el brote proviene de actualizaciones diarias de la vicepresidenta Rodríguez o de su hermano Jorge, el ministro de Comunicación e Información.

Si la pandemia llegara a golpear fuertemente a Venezuela, el sistema de atención médica podría verse afectado rápidamente, con consecuencias no solo para los pacientes del coronavirus sino para innumerables personas que necesitan atención.

El gobierno designó 46 hospitales en todo el país para recibir casos de COVID-19, pero solo hay 206 camas de unidades de cuidados intensivos en las instalaciones públicas. El número de hospitales con respiradores, un equipo esencial para salvar las vidas de las personas más gravemente afectadas por el virus, es motivo de controversia. A pesar de que el gobierno insiste en que hay miles de respiradores, según una encuesta de hospitales nacionales realizada en el 2019 por la ONG venezolana Médicos por la Salud, la cifra real es de 84[fn]Venezuela cuenta con solo 84 camas para enfermos del coronavirus en sus UCI”, ABC, 18 de marzo de 2020. Otros han estimado una cifra aún más baja, en 73. “Coronavirus: ¿cuántas camas en las UCI de los hospitales para atender la emergencia?”, El Nacional, 15 de marzo de 2020.Hide Footnote . La misma encuesta encontró que solo el 9 por ciento de los hospitales tienen servicio de agua “regular y continuo”[fn]“Encuesta Nacional de Hospitales, Balance Final 2019”, Médicos por la Salud, diciembre de 2019.Hide Footnote . Muchos carecen incluso de jabón, guantes quirúrgicos y otros suministros esenciales. Si la pandemia llegara a golpear fuertemente a Venezuela, el sistema de atención médica podría verse afectado rápidamente, con consecuencias no solo para los pacientes del coronavirus sino para innumerables personas que necesitan atención.

Efectos en la frontera y la migración

Numerosos grupos armados irregulares operan a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela[fn]Guerrillas colombianas han operado en y a través de la frontera venezolana durante décadas, al igual que organizaciones paramilitares y sus herederos criminales, sindicatos delictivos venezolanos y colectivos leales a sectores del gobierno de Maduro. Estos grupos trabajan juntos en alianzas volátiles o luchan entre sí por el control territorial. Las fuerzas de seguridad del Estado venezolano también participan en estas economías ilícitas y disputas territoriales. Informe de Crisis Group, Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela, op. cit. Informe de Crisis Group sobre América Latina N°73, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 de febrero de 2019.Hide Footnote . Su control sobre las trochas, que ha aumentado en los últimos años después del cierre esporádico de las fronteras, les proporciona una fuente estable de ingresos ilícitos y un canal para el tráfico de numerosos productos, como combustible de contrabando, minerales y drogas[fn]La frontera entre Colombia y Venezuela se ha cerrado anteriormente, lo que resulta en un mayor movimiento por cruces informales y genera mayores ingresos para las organizaciones criminales que los controlan. El gobierno de Maduro cerró la frontera en 2015, pero la reabrió un año después tras un acuerdo con el gobierno colombiano. Volvió a cerrar durante varios meses después del esfuerzo fallido de los opositores nacionales e internacionales de Maduro para llevar ayuda humanitaria a Venezuela el 23 de febrero de 2019.Hide Footnote . Desde que ha venido empeorando la crisis económica y política venezolana en el 2013, el control de las trochas se ha convertido en una fuente de ingresos para grupos armados y sindicatos del crimen que imponen un “peaje” a cada persona que desea cruzar y a los bienes que llevan con ellos, generalmente entre $1 y $25 dólares. Migrantes y refugiados venezolanos, así como los pobladores de la zona fronteriza, usan regularmente estos cruces informales durante los períodos en que las fronteras están oficialmente cerradas o incluso al estar abiertas, para eludir a las autoridades cuando transportan contrabando o viajan sin los documentos necesarios.

Antes del cierre de la frontera más reciente, más de 50 000 venezolanos en promedio utilizaban los cruces oficiales diariamente; la mayoría de ellos pasaban a Colombia para asistir a la escuela, ir a centros de salud o comprar alimentos o medicinas, y regresaban en la tarde antes de que la frontera cerrara durante la noche. Se estima que 1,28 millones de familias en las regiones fronterizas venezolanas dependen de los productos que pueden comprar al cruzar la frontera, según cálculos de la Cámara Colombo Venezolana, una plataforma de negocios binacional[fn]El cálculo se basa en el número de tarjetas de movilidad fronterizas, que permiten el movimiento transfronterizo para los residentes locales, y en el número de cruces diarios oficiales e informales.Hide Footnote . En contraste, las fuentes del gobierno colombiano estiman que en la actualidad entre 3000 y 3500 personas están cruzando las trochas cada día, y que un número no especificado de estas se queda en Colombia[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, alto funcionario colombiano, 25 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Hasta ahora, sin embargo, no ha habido un aumento significativo en el uso de las trochas, en contraste con las predicciones iniciales de algunos medios de comunicación[fn]“‘Si paramos, no comemos’: el drama de los venezolanos en medio de la cuarentena”, Infobae, 24 de marzo de 2020.Hide Footnote . Expertos en seguridad en los estados de Zulia y Táchira explican que una de las razones es la escasez de combustible en Venezuela, que le impide a los posibles migrantes conseguir transporte a la frontera[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad en Venezuela, 24 de marzo de 2020.Hide Footnote . El precio de 20-25 litros de combustible en el mercado negro de San Cristóbal, capital de Táchira, ha aumentado de $12 a $36 dólares debido a la falta general de combustible y a que las medidas de cuarentena restringen severamente la distribución[fn]. El combustible es tan escaso en el lado venezolano que funcionarios estatales y oficiales de seguridad que anteriormente estaban involucrados en el contrabando de gasolina reservan el poco combustible disponible para actividades consideradas esenciales, tales como el transporte de alimentos y vigilancia. Mientras tanto, hombres armados posicionados en la trocha entre los pueblos de Ureña y San Antonio de Táchira, en el lado venezolano de los cruces oficiales más concurridos, cobran el triple del precio normal por su uso después del cierre. Testigos informan que los hombres ahora toman la precaución de usar tapabocas[fn].

Migrantes venezolanos caminando por la autopista norte en Bogotá hacia la frontera venezolana. Keoma Zec

Al mismo tiempo, miles de venezolanos que viven en Colombia han regresado a su país de origen, muchos de ellos impulsados por las dificultades económicas producto de la cuarentena[fn]“Cientos de venezolanos regresan a casa en medio de la pandemia”, El Tiempo, 4 de abril de 2020. El presidente Maduro ha dicho que los migrantes huyen de la xenofobia.Hide Footnote . Durante los primeros tres días después del cierre de la frontera, 27 000 venezolanos que viven cerca de la frontera colombiana y estaban en el país vecino regresaron a sus hogares.  Además, unos 8000 retornados, incluidos miles de venezolanos que viven en Colombia pero también otros que viajan desde Perú y Ecuador, han cruzado la frontera en las últimas semanas[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, alto funcionario de ACNUR, 9 de abril de 2020. Funcionario de Migración Colombia, 15 de abril de 2020.Hide Footnote . Muchos han viajado en las últimas semanas desde Bogotá y otras ciudades colombianas o han tomado servicios especiales de autobuses para emprender el viaje de 550 km desde la capital, a través de la cordillera de los Andes hasta el Puente Simón Bolívar, el principal cruce fronterizo cerca de la ciudad de Cúcuta[fn]“¿Qué está pasando con los venezolanos que regresan a su país?”, El Tiempo, 9 de abril de 2020.
 Hide Footnote
. Mientras caminaban por la autopista al norte de Bogotá, una joven pareja del estado venezolano de Aragua relató que habían dejado su vivienda en la capital colombiana ya que la cuarentena les impide trabajar. “Pagamos $6 dólares por noche por nuestra habitación”, dijeron. “En Venezuela, al menos no tenemos que pagar el alquiler. Tenemos un lugar para quedarnos”. En el camino dependen de donaciones de los lugareños y transeúntes. Venezolanos que residen en un asentamiento informal en las afueras de Bogotá comentaron que dependen casi por completo de donaciones de alimentos y otros actos de solidaridad[fn].

Las autoridades de ambos lados han tratado de garantizar que los retornados puedan hacer uso del principal cruce fronterizo oficial[fn]En algunos casos, se ha permitido el cruce del Puente Simón Bolívar a mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas que requieren tratamiento.Hide Footnote . El alcalde de Cúcuta, Jairo Yánez, anunció el 4 de abril que se abriría un “canal humanitario” con el apoyo de las autoridades de ambas partes y organizaciones internacionales, lo que permitiría que un primer contingente de 600 venezolanos regresara a su país de origen después de una serie de controles de salud y un período de cuarentena obligatoria[fn]Milagros Palomares, “Abren canal humanitario en Cúcuta y Arauca para el retorno de casi 600 venezolanos”, Proyecto Migración, 4 de abril de 2020. “Cientos de venezolanos regresan a casa en medio de la pandemia”, El Tiempo, 4 de abril de 2020.Hide Footnote . Las autoridades colombianas se están preparando para nuevas repatriaciones coordinadas, mientras que las organizaciones humanitarias internacionales con sede en Venezuela estarían en capacidad de recibir 200 retornados diariamente[fn]Sobre la política estatal colombiana hacia los migrantes y refugiados venezolanos, ver “Colombia incluye en su respuesta frente a COVID-19 pero necesita más apoyo internacional”, Presidencia de Colombia, 6 de abril de 2020. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario humanitario, 13 de abril de 2020.Hide Footnote .

Sin embargo, la desconfianza entre los dos países alrededor de estos flujos de migrantes sigue siendo palpable.

Sin embargo, la desconfianza entre los dos países alrededor de estos flujos de migrantes sigue siendo palpable. El gobierno de Venezuela ha acusado a Colombia de utilizar a los retornados para filtrar a paramilitares y mercenarios al país con el objetivo de fomentar la inestabilidad[fn]“Venezuela denuncia intento de ingreso de paramilitares al país”, TeleSur, 6 de abril de 2020.Hide Footnote . Mientras tanto, reportes indican que los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno colombiano han tratado de desalentar cualquier flujo incontrolado de migrantes debido a los riesgos para la salud que esto representa para los migrantes, y sus posibles efectos en los mal equipados centros de salud en las regiones fronterizas. Según un alto funcionario del ACNUR, no se cumplen las condiciones básicas para el regreso seguro a Venezuela[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, alto funcionario de ACNUR, 9 de abril de 2020.Hide Footnote . Después de cruzar la frontera, los retornados venezolanos son puestos en cuarentena obligatoria, donde las condiciones son insalubres[fn]Zulma López, “Venezolanos migrantes cumplen cuarentena en cuatro planteles educativos en San Antonio del Táchira”, Efecto Cocuyo, 11 de abril de 2020.Hide Footnote .

Las fuerzas de seguridad colombianas y venezolanas también han detenido a varios migrantes que se dirigían a la frontera, incluidos unos 130 venezolanos que intentaron regresar a su tierra natal a través del estado fronterizo de Apure, pero fueron retenidos por las autoridades venezolanas y sometidos a cuarentena[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad en Venezuela, 24 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Un venezolano saliendo de Bogotá camino a su país natal. Caminan por La Autopista Norte hacia Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela que se encuentra a más de 500 kilómetros de Bogotá. Keoma Zec

Aunque la decisión de cerrar la frontera con Venezuela fue comprensible ante la importancia de detener la propagación del coronavirus, ha tenido varias consecuencias infortunadas. Las autoridades colombianas han suspendido todos los servicios de migración, incluidas las solicitudes y permisos de residencia y visas. A los migrantes y refugiados que encuentran una manera de atravesar los cruces informales no se les verifica su estado de salud, y la mayor parte de la frontera ribereña que separa a Venezuela y Colombia en el Amazonas no cuenta con vigilancia de autoridades[fn]Migración Colombia suspende vigencia de sus trámites por cuarentena”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 26 de marzo de 2020. Organizaciones humanitarias tampoco pueden vigilar el cruce como lo hacían anteriormente. Grupos de ayuda han tenido que cesar todas las actividades de monitoreo como parte de las medidas nacionales de cuarentena. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario humanitario, abril de 2020.Hide Footnote . “No hay control epidemiológico en ninguna de las fronteras, en ninguno de los cruces … Entonces, todas las personas tienen paso libre”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario humanitario, abril 2020.Hide Footnote . Adicionalmente, según informes, varias trochas nuevas fueron abiertas en los días inmediatamente posteriores al cierre de la frontera oficial[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad en el Norte de Santander, 19 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Los efectos nocivos afectan también a las personas que viven en ambos lados de la frontera colombo-venezolana, que comparten profundos lazos culturales, económicos y étnicos. En el pasado, su subsistencia se ha visto en peligro debido a los cierres de la frontera y las restricciones al comercio asociadas a estos. Como se podría esperar, la desesperación de las personas en el lado venezolano, así como entre los residentes locales, migrantes y refugiados en el lado colombiano, se ha vuelto evidente. En Paraguachón, la ciudad fronteriza en el departamento colombiano de La Guajira, residentes originarios en la zona y migrantes saquearon un camión que transportaba alimentos hacia Venezuela[fn]En Paraguachón, antes del cierre, la frontera terrestre con Venezuela se abría todas las noches para el paso de carga y camiones. Comerciantes transportaban alimentos, entre otros productos, a compradores privados en Venezuela. Según informes, los saqueos fueron llevados a cabo por colombianos que “debido al auge económico que se rumora en la frontera han venido a establecerse aquí con sus familias”, y por migrantes y refugiados venezolanos. Entrevista telefónica de Crisis Group, residente de Paraguachón, 29 de marzo de 2020.Hide Footnote . “Las personas hambrientas son más irracionales de lo normal y se sienten bajo una presión real”, dijo un residente, y agregó que las personas en ambos lados de la frontera están particularmente ansiosas ya que dependen del comercio informal y el contrabando en la frontera[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, residente de Paraguachón, 29 de marzo de 2020.Hide Footnote .

La amenaza de la violencia armada

A lo largo y ancho de Colombia, los grupos armados han reaccionado al COVID-19 con una mezcla de miedo, desprecio y oportunismo. El 29 de marzo, el grupo guerrillero de izquierda más grande, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), declaró un cese al fuego unilateral de un mes con el gobierno como un gesto humanitario[fn]El ELN Frente a la pandemia por el coronavirus COVID-19”, Declaración de ELN, 29 de marzo de 2020.Hide Footnote . Aunque el cese al fuego es bienvenido, no está claro cómo este afectará la lucha del ELN por el control territorial, particularmente contra el cartel Autodefensas Gaitanistas de Colombia a lo largo de la costa del Pacífico y con otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Popular, en el noreste de Colombia[fn]En una declaración emitida a principios de abril, el Frente Occidental del ELN dijo que la presencia continua de grupos paramilitares obligó a la guerrilla a continuar luchando en ciertas áreas. “Aclaraciones desde el frente de guerra occidental del ELN”, declaración del ELN, abril de 2020.Hide Footnote . Residentes de los departamentos del Chocó y Nariño en el Pacífico informaron que durante marzo hubo fuertes enfrentamientos entre el ELN y los Gaitanistas, los cuales aún continúan, y que ha llevado a nuevos desplazamientos masivos y confinamiento[fn]“Desplazamientos masivos en el municipio de Roberto Payán (Nariño)”, Flash Update No. 1 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 23 de marzo de 2020; y “Confinamiento y desplazamiento masivo en el municipio de Alto Baudó (Chocó)”, Flash Update No. 1 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote . Las áreas en disputa carecen en gran medida de una presencia estatal permanente o sistemas de atención médica capaces de combatir una pandemia.

El ELN parece apoyar medidas similares a la cuarentena y podría estar imponiendo sus propias restricciones de movimiento en un intento por evitar que sus combatientes se infecten[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, residentes de los departamentos de Cauca y Córdoba, marzo de 2020.Hide Footnote . Lo mismo ocurre con grupos armados que surgieron de unidades paramilitares ahora extintas y con algunas facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos principales líderes firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en el 2016. Al menos un grupo disidente de las FARC en el norte del Cauca, otro departamento del Pacífico, ha aprovechado el cambio de enfoque de los militares hacia el control fronterizo y el orden público para hacer una demostración de fuerza. En los primeros días de la cuarentena nacional, el Frente Dagoberto Ramos atacó un puñado de estaciones de policía en todo el departamento y aumentó el hostigamiento a la guardia indígena autónoma de la comunidad Nasa[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, marzo de 2020.Hide Footnote .

Durante mucho tiempo, varios de estos grupos armados han codiciado las oportunidades de negocios a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, mientras que el ELN y disidentes de las FARC se han aprovechado de los problemas políticos y económicos del país vecino para expandirse allí en los últimos años[fn]Informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°40, Reducir las secuelas de la nueva facción guerrillera en la frontera de Colombia, 20 de septiembre de 2019.Hide Footnote . A lo largo de ambos lados de la frontera, continuos tiroteos entre grupos rivales y con las fuerzas estatales han expuesto a los civiles a una inseguridad extrema. En la segunda semana de marzo, se encontraron ocho cuerpos con heridas de bala y quemaduras cerca de Cúcuta, la ciudad más importante del lado colombiano de la frontera, mientras que en el lado venezolano se descubrieron cinco cadáveres el mismo día en Ureña, en el estado Táchira. Ninguno de los grupos armados que operan a lo largo de la frontera, con la excepción del ELN, ha declarado un cese al fuego, pero tampoco hay indicios claros de que la violencia haya aumentado desde el cierre de la frontera[fn]No obstante, trabajadores humanitarios informan que varios grupos armados están aprovechando las condiciones de cuarentena para extender su control territorial, incluso a través de amenazas contra líderes sociales locales. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario humanitario, 1 de abril de 2020. .

Una de las poblaciones fronterizas más violentas de Táchira, Boca de Grita, pareciera estar en calma, solo semanas después de que tiroteos entre el grupo criminal Los Rastrojos, miembros del ELN y las fuerzas de seguridad venezolanas conmocionaran a la población a mediados de febrero del 2020, causando que muchos residentes huyeran hacia Colombia[fn]“Familias huyen hacia Venezuela por enfrentamientos entre el ELN y Los Rastrojos en la frontera”, El Nacional, 16 de febrero de 2020.Hide Footnote . Personas del sector informaron en los últimos días que miembros de Los Rastrojos todavía se mueven en los alrededores de la población, pero no impiden las actividades de los trabajadores de la salud. “Médicos acompañados por enfermeras y personal de la Guardia Nacional van de casa en casa y recorren todas las calles con un megáfono para informar sobre las medidas necesarias para detener la propagación del virus”, dijo un residente[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, residente de Boca de Grita, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Salud y subsistencia en la frontera

Informes de testigos presenciales indican que la respuesta al virus en ambos lados de la frontera ha estado lejos de ser adecuadamente sólida. Un médico de Maicao (una ciudad colombiana, en el departamento de La Guajira) se queja de que los médicos carecen de equipo de protección, y cada doctor solo tiene una mascarilla para usar durante tres semanas consecutivas. Hasta la declaración de cuarentena nacional en Colombia, la gente en Maicao continuaba reuniéndose masivamente. “Aquí, en realidad, las discotecas están abiertas; hay fiestas; todo está normal”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, médico en La Guajira, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote . Al mismo tiempo, aunque los números totales han disminuido, continúan llegando nuevos migrantes y refugiados venezolanos a pesar del cierre oficial de la frontera. “Vienen por las trochas”, agregó el médico. “No hay control” [fn]Ibid.Hide Footnote .

La demanda de atención médica en La Guajira tanto por parte de los migrantes venezolanos como de los locales colombianos, ya considerable desde antes de la pandemia, continúa siendo alta[fn]Bram Ebus, “Bajo un sol inclemente: Venezolanos en vilo en la frontera colombiana”, Comentario de Crisis Group, 25 de febrero de 2020.Hide Footnote . Pero los hospitales locales y las ONG que proveen asistencia han decidido atender a menos personas para reducir el riesgo de hacinamiento, restringir el número de pacientes en las salas de espera y reducir el horario de atención. Actualmente hay cuatro respiradores reservados para colombianos sin seguro médico y para venezolanos en Maicao, aunque la cifra de estos últimos supera los 160 000 en La Guajira, aproximadamente el 20 por ciento de la población del departamento (hay muchos más respiradores disponibles para colombianos que cuentan con seguro médico). “Lo único con lo que podemos trabajar en este momento es con la bendición de Dios. Porque todos los respiradores disponibles ya están vendidos. No hay otra forma de atención. No puedes controlarlo con antibióticos. No puedes controlarlo con medicamentos. Nada”, agregó el médico consultado en Maicao[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, médico en La Guajira, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Un joven caminando junto a uno de los negocios cerrados en un asentamiento irregular en Engativa, Bogotá. Keoma Zec

En otras partes de la frontera y al interior de Colombia, las dificultades para responder a las necesidades de migrantes y refugiados venezolanos sin hogar, así como las de los locales en condiciones de cuarentena obligatoria, se están haciendo evidentes[fn]Se estima que tan solo el 44 por ciento de la población de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia tiene residencia legal. El 56 por ciento restante (más de un millón) está indocumentado y no tiene acceso formal a servicios públicos. “Más de 1 millón 825 mil venezolanos estarían radicados en Colombia”, Migración Colombia, 3 de abril de 2020.Hide Footnote . Las mujeres venezolanas en particular se encuentran en riesgo extremo y están cada vez más expuestas a violencia sexual y de género[fn]El cierre de albergues para refugiados significa que las mujeres deben dormir en las calles, expuestas a todo tipo de riesgos. Los cierres de fronteras significan que las mujeres dependen de cruces informales donde la violencia sexual o de género ocurre con frecuencia. Julia Zulver et al., “Covid-19, VBG y la respuesta humanitaria en Cúcuta”, La Silla Vacía, 27 de marzo de 2020.Hide Footnote . Algunos albergues para refugiados han cerrado sus puertas a los recién llegados y varias cocinas han cerrado por completo[fn]En el departamento de Norte de Santander, se ordenó cerrar dos cocinas que sirven más de 4000 comidas al día. “Migrantes venezolanos no tienen protección ante el coronavirus en Norte de Santander”, El Espectador, 21 de marzo de 2020. Hasta el 30 de mayo estará cerrado un refugio en la ruta que toman los venezolanos para cruzar a Colombia a pie en Pamplona. Milagros Palomares, “Refugio de caminantes en páramo de Berlín estará cerrado hasta el 30 de mayo”, Proyecto Migración, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote . Organizaciones de ayuda humanitaria informan que las medidas de cuarentena están restringiendo severamente el movimiento de trabajadores humanitarios, incluidos aquellos que desean monitorear los niveles de violencia, aunque las provisiones de materiales continúan llegando a partes de la frontera[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, funcionario humanitario, 1 de abril de 2020; funcionario humanitario, Norte de Santander, 31 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Mientras tanto, la cuestión de quién cubre los gastos de las ayudas, alojamiento y alimentación de los venezolanos durante la cuarentena nacional se ha convertido en un tema de controversia política en Colombia. Si bien algunas autoridades locales han incluido a los venezolanos en sus programas de asistencia a nivel local, otras grandes ciudades, como Bogotá y el vecino municipio de Soacha, han dicho que esta tarea les compete a las autoridades de migración nacional, las cuales posteriormente negaron tener dicha responsabilidad[fn]Barranquilla está permitiendo que los venezolanos se registren para recibir ayuda, según informes de la comunidad. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Coalición para Venezuela Barranquilla, marzo de 2020. A principios de abril, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que la ciudad no tenía la obligación de ayudar a los venezolanos durante la cuarentena. Ella dijo que esta responsabilidad debería recaer en las autoridades migratorias de Colombia. “Dura respuesta de C. López a críticas por pedir ayuda para venezolanos”, El Tiempo, 2 de abril de 2020. El alcalde de Soacha dijo el 3 de abril que su municipio no aceptaría la presencia de un refugio para migrantes que había sido planeado con la asistencia del Ministerio del Interior. Ver tweet de Juan Carlos Saldarriaga, @juancsaldarriag, Alcalde de Soacha, 1:41pm, 3 de abril de 2020. Los planes para el refugio fueron posteriormente cancelados. El mismo día, sin embargo, las autoridades de migración anunciaron que no tenían la responsabilidad de brindar apoyo material a los venezolanos. Migración Colombia, “Mas de 1 millón 825 mil venezolanos estarían radicados en Colombia”, 3 de abril de 2020.Hide Footnote . Solo una pequeña parte de los venezolanos, aquellos que han logrado sortear la burocracia para anotarse no solo como residentes sino también en el registro nacional de pobreza, tienen derecho a recibir asistencia del gobierno. Algunos también se beneficiarán de la decisión de permitir a las familias más pobres pagar tardíamente las facturas de agua y electricidad, mientras que el gobierno también planea entregar aproximadamente 200 000 mercados[fn]Pagos de servicios públicos en época de coronavirus”, Noticias Caracol, 2 de abril de 2020. “Colombia incluye en su respuesta frente a COVID-19 pero necesita más apoyo internacional”, Presidencia de Colombia, 6 de abril de 2020.Hide Footnote . Por su parte, las organizaciones de ayuda están priorizando cada vez más las transferencias de efectivo a los refugiados y migrantes venezolanos, lo que consideran fácil de entregar masivamente y con un mínimo de contacto físico[fn]Múltiples ONG y organizaciones de ayuda tienen como objetivo llegar a 50 000 personas, sabiendo que la mayoría usará el dinero para refugio y comida. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, altos representantes de ONG y ACNUR en Colombia, 9 de abril de 2020.Hide Footnote .

Una familia de recicladores, de la ciudad de Barcelona en Venezuela. Llevan siete meses en Colombia y huyeron de Venezuela porque tenían hambre y no podían llegar a fin de mes. Keoma Zec

Es probable que regiones remotas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela sean las más afectadas porque carecen de productos alimenticios básicos y combustible. En el municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada, en el sureste de Colombia, las dificultades de Venezuela ya se han hecho sentir del otro lado de la frontera. Los productos alimenticios y combustible tradicionalmente se compraban en la vecina Venezuela y se llevaban a Colombia, pero esta línea de suministro fue disminuyendo a medida que los productos escaseaban cada vez más en el sur de Venezuela[fn]Grupo focal de Crisis Group, representantes indígenas en Cumaribo, 24 de noviembre de 2019.Hide Footnote . Los productos locales colombianos siguen siendo exorbitantemente caros ya que el transporte a la ciudad más cercana, Villavicencio, demora dos días por carreteras sin pavimentar que son intransitables en temporada de lluvias.

La frustración en estas áreas por las amenazas adicionales planteadas por el virus y sus efectos económicos colaterales ya se ha hecho sentir. Grupos indígenas, al sentirse abandonados por el Estado, bloquearon la carretera principal en Casuarito, en el departamento del Vichada (también en la frontera venezolana) y exigieron entre $12 y $75 dólares por cada vehículo que intentaba pasar, amenazando a los conductores que se negaban a pagar[fn]“Indígenas realizan retén ilegal en la vía a Casuarito”, El Morichal, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote . El obispo del departamento de Guainía en la región amazónica de Colombia, Joselito Carreño, hizo eco a esta preocupación por las condiciones de salud en su región y en el vecino estado venezolano de Amazonas. “Entendemos que en Venezuela la situación de salud, el abastecimiento de alimentos, todo, está completamente descuidado en esta región fronteriza. Hay personas desesperadas y quieren cruzar la frontera para venir a Colombia”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, obispo de Guainía, 22 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Actualmente, la capital de Guainía, Puerto Inírida, tiene tres grandes barrios informales, donde viven entre 350 y 400 familias de migrantes y refugiados venezolanos. Estos asentamientos no tienen sistema de alcantarillado, acceso a agua o electricidad. La mayoría de los habitantes dependen de actividades económicas informales y del contrabando a través de la frontera, y tienen pocas posibilidades para mantener a sus familias ahora que la frontera está cerrada y están sometidos a la cuarentena. El único hospital en Puerto Inírida tiene un solo respirador.

Las condiciones de salud también son terribles en las minas de oro en el lado venezolano de la frontera, las cuales sufren de un brote de malaria y están rodeadas de grupos armados, en particular unidades del ELN y disidentes de las FARC[fn]Informe de Crisis Group,  El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, op. cit.Hide Footnote . Según el obispo Carreño, “algunos de los mineros salen de las minas para llevar combustible y comida a sus familias, y si llegan a haber casos de coronavirus en [Puerto] Inírida, podrían infectarse al venir y luego llevarlo de regreso a la mina, donde los servicios médicos apenas existen”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, obispo de Guainía, 22 de marzo de 2020.Hide Footnote .

La posibilidad de un acuerdo humanitario

La propagación del coronavirus en América Latina y su impacto en personas vulnerables, tanto en Colombia como en Venezuela, especialmente a lo largo de la frontera compartida, hacen de suma importancia una respuesta salud y humanitaria coordinada que pueda enfrentar, atender y aislar brotes locales. Sin embargo, después de que Venezuela expulsara a todos los diplomáticos colombianos en febrero del año pasado, la comunicación oficial de alto nivel entre los dos países cesó[fn]Las expulsiones se produjeron después de que la oposición venezolana, con el respaldo de EE. UU. y Colombia, intentaran forzar la entrada de ayuda humanitaria a través de la frontera el 23 de febrero de 2019, en un intento abierto por causar una división entre las fuerzas armadas venezolanas y Maduro. “As Venezuela aid standoff turns deadly, Maduro severs ties with Colombia”, The New York Times, 23 de febrero de 2019. Hasta ahora la única excepción de nivel relativamente bajo al congelamiento de las relaciones ha sido la comunicación entre funcionarios de migración de ambos países sobre deportaciones. Entrevista de Crisis Group, funcionario colombiano de alto nivel, Bogotá, 31 de enero de 2020.Hide Footnote . Desde entonces, se ha reanudado un mínimo de coordinación entre los dos gobiernos sobre cuestiones de salud en respuesta a la epidemia[fn]“Colombia, Venezuela cooperating to deal with coronavirus”, Prensa Latina, 17 de marzo de 2020.Hide Footnote . Pero el gobierno colombiano, así como los EE. UU. y muchos otros estados de América Latina y Europa, continúan negándose a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela, considerando su reelección en mayo de 2018 como fraudulenta y tratando a su rival Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como el gobernante legítimo del país.

Necesidades humanitarias y conflicto político en Venezuela

En la actualidad, 59 países exigen que Venezuela celebre nuevas elecciones presidenciales anticipadas. El anuncio del 26 de marzo por parte de las autoridades judiciales estadounidenses de haber acusado al presidente Maduro y a catorce funcionarios venezolanos actuales y anteriores por cargos de “narcoterrorismo” y otros crímenes aumentó la presión sobre el gobierno venezolano, probablemente socavando las posibilidades de retomar las negociaciones entre las partes[fn]Sobre la historia de las negociaciones entre las partes, ver informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°41, Venezuela: ¿Hay esperanza después de las negociaciones de Barbados?, 11 de diciembre de 2019.Hide Footnote . Independientemente de si esa era su intención o no, el fiscal general de los EE. UU. William Barr reforzó esta percepción cuando dijo que la coincidencia de las acusaciones con la emergencia del COVID-19 era “un buen momento”, en tanto que aumentaba las posibilidades de un nuevo gobierno en Caracas que pudiera dar una respuesta más efectiva a la pandemia[fn]Ver declaración de Crisis Group, “Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho”, 27 de marzo de 2020. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug-trafficking and Other Criminal Charges”, Departamento de Justicia de EE. UU., 26 de marzo de 2020. William K. Rashbaum, Benjamin Weiser y Katie Brenner, “Venezuelan leader is charged in the U.S. with drug trafficking”, The New York Times, 26 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Las acusaciones también llegaron unos días antes de que EE. UU. presentara su primera propuesta formal para una resolución pacífica de la disputa política del país. Prometió revocar las sanciones petroleras y aquellas contra el gobierno y la empresa petrolera estatal PDVSA a cambio de la formación de un Consejo de Estado interpartidista que asumiría el control del ejecutivo, en espera de elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de seis a doce meses[fn]U.S. offers to lift Venezuela sanctions for power-sharing deal, shifting policy”, Reuters, 31 de marzo de 2020. Los detalles de la propuesta de EE. UU. se pueden encontrar en “Democratic Transition Framework for Venezuela”, Departamento de Estado de EE. UU. , 31 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Las acusaciones posiblemente endurecieron aún más la postura del gobierno al señalar que no hay un futuro seguro para el presidente venezolano y muchos de sus colegas.

Era poco probable que Maduro y sus aliados acogieran la iniciativa, independientemente de las circunstancias, ya que supone que Maduro deje el poder tras la formación del Consejo. En esencia, la propuesta de EE. UU. plantea la restauración a gran escala de las instituciones democráticas, mientras le ofrece a Maduro únicamente el derecho a presentarse en las elecciones presidenciales anticipadas. Pero las acusaciones posiblemente endurecieron aún más la postura del gobierno al señalar que no hay un futuro seguro para el presidente venezolano y muchos de sus colegas[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, científico social, 2 de abril de 2020.Hide Footnote . El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, desestimó el plan a las pocas horas de su presentación[fn]Antonia Laborde, “EE.UU. propone un plan de transición política en Venezuela sin Maduro ni Guaidó”, El País, 31 de marzo de 2020.Hide Footnote . Más tarde, esa misma semana, el inicio de maniobras navales de EE. UU. cerca de Venezuela, anunciadas como parte de una operación antinarcóticos, hizo sonar las alarmas en las filas chavistas sobre la posibilidad de que Washington estuviera preparado para recurrir a la acción militar para derrocar a Maduro, lo que refuerza la desconfianza extrema del gobierno hacia las intenciones de los EE. UU[fn]Sobre la naturaleza de las operaciones estadounidenses, ver Adam Isacson, Geoff Ramsey y David Smilde, “Q & A: Putting U.S. Counterdrug Operations in the Caribbean in Context”, Washington Office on Latin America, 3 de abril de 2020. Simpatizantes y funcionarios del gobierno han dicho a Crisis Group que la aparente presión militar ha reforzado la cohesión y el espíritu de resistencia en las filas gubernamentales. Entrevistas virtuales de Crisis Group, funcionarios chavista y simpatizantes, 2 y 3 de abril de 2020.Hide Footnote .

Como Crisis Group ha señalado, la decisión de presentar los cargos en ese momento, cualquiera que sea la razón de fondo, fue especialmente dañina dada la situación política en Venezuela[fn]Declaración de Crisis Group, “Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho”, op. cit.Hide Footnote . Antes del anuncio de los cargos, señales provenientes de las dos partes en Venezuela sugerían la posibilidad de lograr un consenso en torno a permitir una mayor ayuda humanitaria para el país. Tanto Maduro como Guaidó se habían referido a posibles acuerdos, aunque cada uno en términos que parecían poco atractivos para el otro. Mientras Maduro ha pedido un “diálogo nacional” para enfrentar el virus, que incluiría a “todos los sectores de la oposición” y la Iglesia Católica, su rival Guaidó ha buscado la instalación de un Gobierno Nacional de Emergencia a gran escala, con representantes de ambas partes, pero sin Maduro a la cabeza[fn]Con respecto a la propuesta de Maduro, ver “Maduro llama al diálogo nacional con participación del episcopado”, El Universal, 26 de marzo de 2020. Si bien la propuesta de Guaidó no es idéntica a la de EE. UU., la oposición ha insistido en que las dos son complementarias. Ronny Rodríguez Rojas, “Guaidó propone gobierno de emergencia nacional ante la crisis por COVID-19”, Efecto Cocuyo, 28 de marzo de 2020.Hide Footnote . Mientras tanto, la sociedad civil ejerce una presión creciente para al menos concretar una tregua temporal para abordar la emergencia de salud[fn]Véase, por ejemplo, el comunicado de un grupo de activistas venezolanos: “Frente a la epidemia del Covid-19 exigimos un acuerdo humanitario. ¡La vida está en juego, el país lo reclama!”, Aquí Cabemos Todos, 29 de marzo de 2020. El 4 de abril, bajo la bandera de Diálogo Social, decenas de ONG y personalidades venezolanas lanzaron una campaña para un “acuerdo pluralista e inclusivo entre todos los sectores” de la sociedad para hacer frente a la pandemia. Llamaron específicamente a la cooperación entre los grupos de expertos interdisciplinarios ya establecidos por el gobierno y la oposición, y un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil por conformar, junto con organizaciones de ayuda multilateral. Pidieron a los gobiernos extranjeros, incluidos los EE. UU., Noruega, Canadá, la UE, los Estados de América Latina y el Caribe, junto con Rusia, China y Cuba, que respalden la idea.
 
. A pesar de los acuerdos del gobierno y la oposición en el 2019 con la Cruz Roja y la ONU para permitir los envíos de ayuda, los receptores de estas se quejan de que sigue siendo una gota en el océano en comparación con las necesidades nacionales[fn].

Los donantes internacionales deben poner a disposición urgentemente más fondos para esfuerzos a corto plazo con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 en Venezuela, especialmente para ayudar al país a adquirir o desarrollar respiradores. Pero los fondos solo se pueden ampliar si Maduro y Guaidó llegan a algún tipo de acuerdo. El Fondo Monetario Internacional rechazó una primera solicitud de ayuda de $5 mil millones de dólares de Caracas, alegando falta de claridad sobre quién es el líder reconocido por la comunidad internacional[fn]“IMF rejects Maduro’s bid for emergency loan to fight virus”, Associated Press, 17 de marzo de 2020.Hide Footnote . El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce a Guaidó, mientras que otro banco de desarrollo regional, la Corporación Andina de Fomento, reconoce a Maduro. Guaidó ha pedido $1200 millones de dólares en ayuda de emergencia de distintas fuentes, pero reconoce que un acuerdo político interno es indispensable para que el dinero se desembolse adecuadamente[fn]Plan José María Vargas de Emergencia Nacional, Despacho de la Presidencia [Interina], República Bolivariana de Venezuela, 28 de marzo de 2020.Hide Footnote . Sin embargo, hay resistencia en los círculos de oposición para llegar a cualquier tipo de acuerdo mientras Maduro permanezca en el poder, con el argumento de que la ayuda sería malversada y no llegaría a los beneficiarios previstos[fn]Un miembro destacado del partido Voluntad Popular de Guaidó, Freddy Guevara (que ha estado bajo la protección de la embajada de Chile desde noviembre de 2017), comentó en su cuenta de Twitter: “No hay acuerdo con Maduro que pueda mitigar el desastre. Las medidas reales sólo pueden tomarse sin él. Las sanciones a Pdvsa, Conviasa, etc. son por narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Eso no se resuelve con un acuerdo, son temas de ley”.Hide Footnote .

Los últimos movimientos de Washington solo han reforzado esta posición, y un cambio de opinión por parte del aliado externo más importante de la oposición parece poco probable. Organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, han indicado su voluntad de formar un grupo interdisciplinario de especialistas que podría coordinar la respuesta al COVID-19 en colaboración con los paneles ya formados por el gobierno y la oposición y con los proveedores de ayuda multilateral. En caso de lograr un acuerdo, sería necesaria la supervisión y asistencia práctica de la ONU en el terreno para disipar temores de que se desvíe la ayuda[fn]Feliciano Reyna Ganteaume, “Venezuela Urgently Needs a Humanitarian Accord that Prioritizes Life and Dignity”, Washington Office on Latin America, 27 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Cooperación entre Colombia y Venezuela

Un entendimiento entre Venezuela y Colombia sería vital para desbloquear el estancamiento entre el gobierno y la oposición en Caracas, así como para sentar las bases para abordar los riesgos de salud compartidos por estos países. Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez han pedido reiteradamente a Colombia que se involucre en un enfoque conjunto hacia la crisis. Pero se quejan de que nadie contesta el teléfono, y no hay dudas sobre la desconfianza que despiertan las palabras del líder venezolano en Bogotá[fn]“Maduro dice que Colombia no contesta llamadas para frenar juntos el COVID-19”, Agencia EFE, 13 de marzo de 2020. “Duque descalifica el diálogo como salida al problema venezolano”, Revista Semana, 8 de julio de 2019.Hide Footnote .

No obstante, se han logrado algunos avances en cooperación bilateral ante la emergencia. Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y su filial regional, la Organización Panamericana de la Salud, los ministros de salud de Colombia y Venezuela participaron en una teleconferencia el 16 de marzo para compartir información epidemiológica[fn]“A través de OPS, Colombia intercambia información sanitaria con Venezuela”, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 17 de marzo de 2020. “OMS y OPS mediarán en comunicación entre Colombia y Venezuela por coronavirus”, El Espectador, 16 de marzo de 2020.Hide Footnote . La intención de ambos gobiernos es mantener un contacto permanente, con miras a medidas adicionales no especificadas para controlar el virus y monitorear las condiciones de salud a lo largo de la frontera. Además, los defensores del pueblo colombianos y venezolanos (agencias estatales independientes encargadas de proteger los derechos civiles y humanos en cada país) publicaron una declaración conjunta comprometiéndose a promover el acceso a servicios de salud, independientemente de dónde se encuentren los civiles, y a activar un canal de comunicación. La declaración hizo un llamado a “los conciudadanos para unirse como pueblos hermanos al hacer frente a este desafío y a cuidarse mutuamente para superar esta contingencia sanitaria”[fn]“Defensorías del Pueblo de Colombia y Venezuela velan por atención médica ante coronavirus”, Defensoría del Pueblo de Colombia, 17 de marzo de 2020.Hide Footnote .

Aparte de la inminente crisis de salud, ambos países también deben acordar medidas para contener la xenofobia hacia los migrantes venezolanos en Colombia y controlar sus posibles efectos sobre las tensiones bilaterales. Encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los colombianos estaban alarmados por la inmigración venezolana incluso antes de la pandemia, aunque hasta ahora ha habido pocos incidentes graves de violencia contra los migrantes[fn]El rechazo a los venezolanos que muestra la encuesta de Invamer”, El Espectador, 5 de diciembre de 2019.Hide Footnote .

Aun así, en un número creciente de municipios colombianos, tanto cerca como lejos de la frontera, se están presentando niveles crecientes de resentimiento contra los migrantes. Pamplona fue el primer municipio de Colombia en prohibir la entrada de migrantes indocumentados como medida para evitar el coronavirus, aunque a principios de abril las autoridades no habían revelado ningún caso de migrantes venezolanos infectados[fn]“Migrantes venezolanos no tienen protección ante el coronavirus en Norte de Santander”, El Espectador, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote . El gobierno nacional tuvo que intervenir para buscar un refugio alterno para los venezolanos que llegaron a Pamplona después de una caminata de dos días desde la frontera. En Soacha, un municipio empobrecido al sur de Bogotá, se informó que docenas de venezolanos han desaparecido en los últimos meses, posiblemente a manos de pandillas armadas practicando “limpieza social” o intentando reducir la competencia por oportunidades limitadas de empleo[fn]“Hay un enorme odio hacia los venezolanos. Son los pobres contra los pobres, y una gran tensión social. Esto permite que los venezolanos sean asesinados y desaparecidos sin que se informe”, entrevistas de Crisis Group, investigador, Bogotá, enero de 2020; Defensores de derechos humanos, Soacha, marzo de 2020.Hide Footnote . Grupos comunitarios en Soacha que anteriormente acogieron y defendieron a los venezolanos ahora dicen que los servicios de salud no pueden satisfacer sus necesidades en medio de la crisis[fn]“Tenga en cuenta el sistema de salud. No es suficiente ni para nosotros y mucho menos para ellos … Tenemos que poner nuestra casa en orden antes de ayudar a otros”. Entrevista de Crisis Group, defensor de derechos humanos, Soacha, marzo de 2020.Hide Footnote .

Estos sentimientos no se comparten en todas partes. Un médico en La Guajira explicó que sus colegas estaban más preocupados por el riesgo viral presentado por mochileros europeos en las playas del norte que por los venezolanos que llegaban a los hospitales locales[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, médico en La Guajira, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote . Pero la percepción sobre los migrantes y refugiados venezolanos en las zonas fronterizas podría cambiar rápidamente si se incrementa el número de contagiados de coronavirus en esta población.

Conclusión

La pandemia del coronavirus llega en un momento excepcionalmente delicado para Colombia y Venezuela después de que sus gobiernos se dieran la espalda durante la disputa política de 2019 en Caracas. Los peligros para la salud pública y la parálisis de la actividad económica inevitablemente se sentirán en ambos países en las próximas semanas, exponiendo a las poblaciones pobres, tanto urbanas como rurales a un inmenso estrés. Los migrantes y refugiados venezolanos, que tienen la menor protección de todos y a menudo no pueden ponerse en cuarentena, corren un riesgo particular de contraer la enfermedad, perder sus medios de subsistencia y ser estigmatizados. Mientras tanto, grupos armados podrían aprovechar la oportunidad para extender su dominio sobre áreas fronterizas a través del control de los cruces ilegales.

Dos conjuntos de acuerdos humanitarios serán esenciales para evitar que la propagación del virus se convierta en una amenaza aún mayor. Dentro de Venezuela, las partes en disputa política deberían hacer una pausa para permitir un aumento considerable de flujos de ayuda al país, posiblemente a través de la creación de un grupo especializado de expertos humanitarios respaldado por la ONU. Por su parte, Venezuela y Colombia deberían poner un alto a sus diferencias políticas y construir canales de comunicación para garantizar que puedan manejar eficazmente los brotes de la enfermedad y los riesgos de seguridad que se extienden en sus fronteras. Es probable que ni Bogotá ni Caracas cambien sus respectivas posiciones políticas. Pero dado que ninguno de los gobiernos desea ver un deterioro abrupto en la salud y el bienestar de sus habitantes, sería prudente dejar de lado, aunque solo sea temporalmente, las causas de su distanciamiento.

Bogotá/Bruselas, 16 de abril de 2020