¿Golpe a cámara lenta en Venezuela?

Recientemente, a la figura de Nicolás Maduro le ha hecho sombra el general Vladimir Padrino López, que ostenta a la vez el cargo de ministro de Defensa y comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El 11 de abril Maduro anunció la creación de un “Comando Presidencial Cívico-Militar” bajo su mando  y el del general Padrino. Su tarea principal es resolver la crítica escasez de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad. Todos los ministerios y otras instituciones del Estado están subordinados a este nuevo órgano, cuyas funciones incluyen no solamente la producción, importación, comercialización y el sistema de precios de los productos básicos, sino también la seguridad y defensa de la nación.

Un ejemplo más del papel de los militares en los juegos de poder de Caracas es el nombramiento el pasado miércoles 3 de agosto de Néstor Reverol como ministro del Interior. A diferencia de Padrino, quien ha hecho carrera en el ejército, Reverol viene de la Guardia Nacional. Su nombramiento se produjo el día después de que un tribunal estadounidense le acusara por tráfico de drogas. Sus supuestas conexiones con el crimen organizado sugieren que diferentes facciones de las Fuerzas Arnadas pueden estar disputándose poder e influencia dentro del Estado.

Pero lo que le sobra a esta crónica son precedentes. Durante la mayor parte de su historia, Venezuela ha sido gobernada por hombres uniformados. El último dictador militar, el general Marcos Pérez Jiménez, huyó en 1958. Aunque ninguno de los intentos de golpe  posteriores prosperaron, el líder de una intentona en febrero de 1992, el comandante Hugo Chávez, fue electo presidente seis años después e inauguró un régimen declarado abiertamente “cívico-militar”. La FANB ha adoptado así la defensa de la revolución, por encima de la de la nación, como su razón de ser.

Justo antes de su muerte prematura de cáncer en el 2013, Chávez nombró a su entonces canciller, Nicolás Maduro, como su sucesor. En medio de una profunda crisis económica y una creciente crisis humanitaria, la MUD logró una victoria holgada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Sin embargo, el Gobierno ha utilizado su control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para neutralizar a la Asamblea Nacional desde que se inauguró el nuevo Parlamento. Maduro gobierna por decreto, amparado por un estado de emergencia rechazado en dos ocasiones por el Parlamento pero ratificado por el TSJ. Después de cinco meses de espera, El Consejo Nacional Electoral (CNE), también en manos del Gobierno, finalmente autorizó esta semana a la MUD el derecho de pedir la recolección de las firmas requeridas para organizar el referendo revocatorio, tal y como se contempla en la constitución, aunque todavía no ha puesto fecha para el próximo paso del proceso.

Según una reciente encuesta de Datanálisis, más del 80 por ciento del electorado quiere que Maduro salga de la presidencia de forma constitucional antes de que termine el año. El control de la FANB, por lo tanto, podría significar la diferencia entre mantener el poder y perderlo. Hasta ahora, los equipos antimotines de la Policía y la Guardia Nacional han mantenido a raya los manifestantes. Pero las protestas y saqueos por falta de comida han venido repitiéndose, poniendo a prueba sus recursos.

Nadie sabe cómo reaccionaría el Ejército si el Gobierno quisiera sacarlo a la calle. Algunos expertos afirman que los oficiales estarían renuentes a ordenar a sus tropas disparar contra manifestantes. Sin embargo, una resolución promovida por el propio Padrino permitiría, en teoría, el uso de fuerza letal en ciertas circunstancias. La resolución del Ministerio de Defensa data de enero del 2015 y fue ratificada por el TSJ en julio. Las ONG de derechos humanos y la ONU la califican de anticonstitucional y critican la vaguedad de su redacción.

El mismo Padrino ha sido objeto de mucha especulación. Ascendió gracias a su lealtad a Chávez, siendo uno de los oficiales que se negaron a unirse a un golpe fallido en su contra en abril del 2002. Sin embargo, circulan fuertes rumores de que habría parado un intento por parte de seguidores del gobierno de Maduro de robar las elecciones de diciembre del 2015, ganándose la enemistad del entonces número dos del régimen, Diosdado Cabello, también oficial del Ejército. Ambos rechazan la veracidad de esta versión. En dos ocasiones se le ha aplazado el retiro, lo cual indicaría que cuenta con apoyo mayoritario entre los oficiales, al menos del Ejército.

Para Maduro, que proviene del ala izquierdista civil del movimiento chavista, las Fuerzas Armadas representan un arma de doble filo. Actualmente hay más militares en el gabinete que cuando Chávez estaba en el poder, y casi la mitad de los 20 gobernadores estatales con los que cuenta el régimen son ex oficiales de la FANB. En diciembre, Maduro anunció un “plan muy detallado, muy bien pensado” para que los militares regresaran a los cuarteles. Pero su plan bien pensado quedó en nada, y prácticamente ninguno se movió. Ahora parece que se ha visto obligado a entregarle a la FANB la tarea más apremiante a la que se enfrenta el Gobierno: evitar que la ira popular por la escasez de comida y medicinas lo tumbe. La expansión gradual del poder de los militares en respuesta a la pérdida de legitimidad del régimen de Maduro empieza a parecerse a un golpe de Estado en cámara lenta.

No cabe duda que la situación es grave. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del PIB este año del 8 por ciento, encima del 5,7 del 2015. Cifras filtradas por el Banco Central (que publica pocos datos útiles sobre la economía venezolana) indican que la tasa de inflación anualizada estaría cerca del mil por ciento. Muchos bienes básicos son casi imposibles de conseguir excepto en el mercado negro. Un informe publicado recientemente por el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud revela que, ya para el 2015, más de una quinta parte de la población comía menos de tres veces al día. El consumo de calorías estaba muy por debajo del nivel recomendado.

Lo que sí está en duda es la capacidad del Ejército para mejorar la situación. El aparato estatal agroalimentario ha sido dominado durante mucho tiempo por los generales, y se maneja de acuerdo a los principios de una economía centralizada. La inflación y la escasez se combaten con cada vez más control sobre precios, inventarios y transporte de los productos. El resultado ha sido el colapso de la producción nacional, corrupción galopante y contrabando masivo. Después de que legisladores de la MUD denunciaron que dos cuñados del exministro de alimentación Carlos Osorio se hicieron millonarios con contratos para importar alimentos, los tribunales pretendieron silenciarlos. Ni la fiscalía ni la contraloría se han mostrado interesados en investigar la denuncia.

El general Padrino ha dicho que no le interesa “militarizar” la administración, sino “poner un poco de disciplina” y corregir una “falta de gobernanza”. Una afirmación interesante, teniendo en cuenta que en caso de que la administración fracasara el responsable sería su comandante en jefe, Maduro. Pero él tampoco ha dado indicios de que le interese tomar acciones contra aquellos compañeros de armas acusados de robar miles de millones de dólares de los fondos públicos.

Sus afirmaciones reiteran más bien la versión gubernamental de una supuesta “guerra económica” por parte de la oposición y sus aliados internacionales, entre ellos los Estados Unidos. Siguiendo esta lógica, el Gobierno ha sacado un decreto (Resolución 9855 del 22 de julio) que le permite obligar a las compañías a enviar contingentes de trabajadores para mejorar la producción en el sector agroalimentario estatal. Los sindicatos independientes, que aseguran no haber sido consultados, se han declarado en desacato frente a una medida que, dicen, busca convertir a los trabajadores en soldados. Desde entonces el Gobierno ha asegurado que los trabajadores enviados por las empresas solo pueden trasladarse de forma voluntaria. Sin embargo, el despido esta semana del ministro de Industria Miguel Pérez Abad, considerado alguien relativamente cercano al mundo empresarial, y su reemplazo por el burócrata Carlos Faría confirma una confianza general en la economía planificada.

Es evidente que Padrino se ha convertido en el segundo hombre más poderoso del país, si no el primero. El Vicepresidente Aristóbulo Istúriz se mantiene en su puesto pero – al menos por ahora – su poder se ve disminuido. Cuando se celebró el mes pasado el aniversario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, el padre de la patria venezolana, quien sustituyó a un Maduro ausente fue Padrino, no Istúriz.

Con tanta concentración de poder en manos de los militares, la forma en que entiendan sus objetivos  es absolutamente clave. Más que dar soporte a un presidente impopular, su objetivo podría ser el de controlar los términos de la transición para asegurar que sus propios intereses se protejan. Es esperable que el ejército se muestre especialmente receptivo a lo que concierne a sus fuentes de ingresos, algunas de ellas ilícitas, a sus poderes políticos, y a su reputación como guardianes de la paz y la soberanía en Venezuela. Las prioridades serán tan diversas como distintas son también las facciones dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

El nuevo papel del ministro de Defensa implica que “el diálogo de la transición será con los militares”, según un experto en seguridad y defensa. En el pasado, Padrino ha cuestionado la legitimidad del referendo revocatorio. Pero fuentes cercanas al ministro aseguran que no es tan chavista como sus declaraciones públicas indicarían, y podría hasta apoyar un referendo si cree que es por el bien de los militares.

Si la MUD no logra que el referendo se celebre en el 2016, la Constitución establece que la salida del presidente antes del fin de su mandato no lleva automáticamente a elecciones presidenciales. En cambio, durante los últimos dos años del mandato presidencial, su puesto sería ocupado por el vicepresidente, una figura de libre nombramiento y remoción, dando así una oportunidad para las facciones militares y civiles de reacomodarse bajo el paraguas del régimen actual. Pero si los generales no logran parar el descenso del país hacia el caos económico y social, la crisis podría llevarse hasta a ellos mismos. Por ahora, no se percibe ningún plan viable en ese sentido.