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Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar
Venezuelan national flag. CRISIS GROUP/Sofia Martinez

Venezuela al borde del abismo

El resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que la oposición venezolana obtuvo una victoria aplastante y una mayoría legislativa de dos tercios, sumado a la persistente crisis económica, debería haber alentado una postura más conciliadora por parte del gobierno, y la búsqueda compartida de un acuerdo político básico. Pero no ha sido así, y el país se encuentra muy cerca de la implosión política y económica. A medida que aumenta el riesgo de que alguna de las partes recurra a una respuesta extraconstitucional o un golpe militar, la Organización de Estados Americanos (OEA) debería tratar esta situación con urgencia y preparar una iniciativa política y humanitaria de emergencia para evitar la violencia y un colapso que desestabilizaría la región y profundizaría la miseria de los venezolanos.

La coalición opositora tomó el control de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Las elecciones le habían dado un amplio mandato no solo para legislar, sino también para hacer de contrapeso al poder del Ejecutivo bajo el presidente Nicolás Maduro. Por primera vez desde 1999, el oficialismo había perdido el control de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, desde el principio la Asamblea Nacional ha sido objeto de una campaña de hostigamiento, que ha ido desde agresiones físicas contra legisladores opositores a fallos adversos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el gobierno mediante jueces obedientes, a menudo afiliados políticamente.

El presidente Maduro se ha declarado “en rebelión” contra la Asamblea Nacional y ha anunciado que se negará a firmar, o cumplir, cualquier ley a la que se oponga, como una amnistía para los presos políticos o un proyecto de ley para otorgar derechos de propiedad a los inquilinos de proyectos de vivienda pública. Varios ministros del gobierno han desobedecido mandatos de asistir a audiencias parlamentarias. El TSJ aprobó un decreto presidencial de emergencia después de que fuera vetado por la asamblea.

Ante el riesgo de que el parlamento se vea reducido a un mero espacio de tertulia, la oposición ha anunciado planes para destituir a varios jueces del Tribunal Supremo cuyo nombramiento violó procedimientos legales. Además, ha esbozado diversas alternativas para adelantar el fin del gobierno de Maduro. La Constitución establece varias formas de impulsar una votación popular, incluida la revocatoria presidencial a la mitad de su mandato, la enmienda constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente.

En resumen, está teniendo lugar un serio enfrentamiento constitucional que amenaza con agravar los demás problemas del país y desencadenar la violencia en las calles. Algunos observadores temen que las fuerzas armadas puedan intervenir si no se logra salir del punto muerto.

La crisis podría considerarse puramente política si no fuera por la nefasta situación económica y social de Venezuela. Hay una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros suministros vitales, incluidos los necesarios para hacer frente al virus del Zika, que llegó recientemente a América Latina y el Caribe y se está propagando rápidamente, y supone una grave amenaza, en particular para los bebés nonatos. El 17 de febrero, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Salud solicitó a la Organización Mundial de la Salud que proporcionara ayuda humanitaria y enviara una misión técnica a Venezuela para examinar la situación. Pero si el gobierno no admite la solicitud, la OMS no puede actuar. Y mientras continúe la parálisis política, hay pocas esperanzas de abordar la situación humanitaria de forma eficaz.

Ha llegado el momento de que las organizaciones regionales y la comunidad internacional en general actúen. La Carta Democrática Interamericana autoriza a la OEA a responder en caso de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Lo que se aproxima, y está llegando rápidamente a su punto crítico en Venezuela, es justamente esa situación. El Consejo Permanente de la OEA debería debatir esto urgentemente y encomendar a su secretario general una misión que sirva de plataforma para implementar medidas institucionales que superen la crisis. Mientras tanto, en Venezuela todos los actores deben abstenerse de tomar medidas extraconstitucionales. El gobierno debe reconocer la nueva situación política y actuar en consecuencia, respetando plenamente la autoridad del parlamento. La nueva mayoría parlamentaria y la oposición en general deben ceñirse a los mecanismos legales. Las fuerzas armadas deben abstenerse de tomar partido y acatar los procedimientos legales.

Los países vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general deben actuar ahora, tanto para evitar la violencia como para proporcionar ayuda humanitaria que alivie la grave escasez de alimentos y medicamentos. Hasta el momento, la región no ha logrado impulsar un diálogo funcional en Caracas. Continuar en la inacción menoscabaría las normas y valores que los países latinoamericanos han prometido defender.

Caracas/Bruselas 

Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza looks at opposition member Javier Bertucci during the signing of the dialogue agreement between the government and the opposition in Caracas,18 September 2019. AFP/Matias Delacroix
Q&A / Latin America & Caribbean

Maduro encuentra una "nueva oposición" para negociar

Talks to resolve Venezuela’s impasse collapsed on 15 September only for the government to announce a deal – with a different set of opponents. In this Q&A, Crisis Group Senior Andes Analyst Phil Gunson explains what these developments mean for the country’s political and socio-economic crisis.

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¿Qué ocurrió? 

El 15 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, anunció que se retiraba de las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Barbados. El gobierno había suspendido su propia participación hacía más de un mes, luego de que Washington anunciara nuevas sanciones. Según el anuncio de la oposición, "el mecanismo de Barbados se agotó". En cuestión de horas, el gobierno reveló que había estado negociando en paralelo con un grupo de pequeños partidos de oposición que no estaban involucrados en los diálogos de Barbados. Los miembros de este grupo, denominado Mesa Nacional de Diálogo, anunciaron de inmediato un acuerdo para que los legisladores del gobierno vuelvan a ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional, la cual habían boicoteado desde mediados de 2017, solicitando también la liberación de un número indeterminado de presos políticos y una disminución del control del gobierno sobre la autoridad electoral. El acuerdo habla a su vez de un posible programa de intercambio de "petróleo por alimentos" para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.

¿Por qué se rompieron los diálogos de Barbados, y podrían reiniciarse?

Según el Presidente Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de EE. UU. para que aliviara las sanciones. Según Guaidó, a quien los EE. UU., la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos reconocen como presidente interino legítimo, el gobierno tuvo la culpa, porque nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición. Las condiciones claves presentadas por el equipo negociador de Guaidó fueron que tanto él como Maduro se apartaran, para llevar a cabo elecciones libres y justas en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional. Mientras tanto, un Consejo de Gobierno de transición, compuesto por representantes del chavismo (el movimiento creado por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez), y la oposición, así como las fuerzas armadas, manejarían el país. El gobierno noruego, que aún auspiciaba el diálogo después de que se trasladara de Oslo a Barbados, ha indicado que seguirá estando disponible si las partes deciden regresar a la mesa. Maduro ha dicho que el gobierno lo hará si surge la oportunidad. Incluso la oposición parece solamente haber descartado el formato aplicado al diálogo en Barbados, y no las negociaciones en general. Sin embargo, probablemente sea necesario rediseñar el proceso, quizás para abarcar un mayor espectro de actores venezolanos y extranjeros.

¿Quién participa en la Mesa Nacional de Diálogo? 

Hasta el momento, cinco partidos pequeños han firmado el acuerdo con el gobierno. Solo dos tienen representación parlamentaria. Estos son Avanzada Progresista, dirigido por Henri Falcón, anteriormente chavista y gobernador del estado Lara, quien rompió con el gobierno en 2007; y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, exnegociador de la oposición, cercano al expresidente español (y una vez mediador en la crisis venezolana) José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho asientos de los 167 de la Asamblea. La principal alianza opositora expulsó a Falcón y Zambrano en los últimos años, al primero por participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 a pesar de la negativa del gobierno ante las demandas de la oposición por igualdad de condiciones, y al segundo por no estar de acuerdo en 2016 con la decisión del Mercosur de tomar medidas punitivas contra Venezuela. Falcón obtuvo un 21 por ciento frente al 68 por ciento de Maduro en las elecciones del año pasado, pero se negó a aceptar el resultado, diciendo que el gobierno había violado la ley electoral.

Otras figuras destacadas que apoyan el acuerdo son Claudio Fermín, un veterano socialdemócrata y aspirante presidencial de larga data que ahora dirige un partido llamado Soluciones para Venezuela, y Javier Bertucci, un pastor evangélico que también se enfrentó a Maduro en 2018. Las partes involucradas han expresado su apoyo a la aparentemente extinta iniciativa noruega, a la vez que han invitado a otras fuerzas de oposición a unirse a ellos. "Somos la nueva oposición", declaró Fermín.

¿Qué está tratando de lograr el gobierno?

Habiendo fracasado hasta el momento en su intento por lograr un alivio para las sanciones, el gobierno parece enfocado en conseguir estabilidad política interna. Las elecciones parlamentarias del próximo año, que probablemente sean adelantadas a marzo o abril (actualmente previstas para diciembre), son una oportunidad para que el chavismo recupere el control de la única rama del gobierno que sigue siendo independiente. Aunque las encuestas de opinión sugieren que más del 80 por ciento de los venezolanos desaprueban la gestión de Maduro, el gobierno puede recuperar el parlamento disuadiendo a los votantes de la oposición a que se presenten a las urnas y/o provocando que la oposición de Guaidó boicotee las elecciones. Celebrar elecciones, así sean controversiales, también ayuda a mantener el disentimiento dentro de sus propias filas bajo control, tanto entre civiles como militares. Al presentar al menos una fachada de pluralismo y legitimidad, promueve una narrativa para los partidarios nacionales y extranjeros según la cual el gobierno es víctima de una conspiración internacional instigada por traidores nacionales.

¿Ha comenzado la implementación del acuerdo? 

Los parlamentarios del gobierno no retomaron sus escaños el día después de que se anunció el acuerdo, y no está claro cuándo lo harán o qué otro efecto tendrá el acuerdo. Todos los actos de la Asamblea Nacional seguirán siendo oficialmente nulos y sin efecto a menos que la Corte Suprema declare que la legislatura ya no se encuentra en desacato. Un preso político, el vicepresidente de la Asamblea Edgar Zambrano, arrestado por su participación en el fallido levantamiento del 30 de abril contra el gobierno de Maduro, ha sido liberado y se espera que otros también sean liberados próximamente. Pero cerca de 500 permanecen en la cárcel, incluido otro diputado de la oposición y un importante colaborador de Guaidó. En total, una veintena de parlamentarios de oposición están en la cárcel, en el exilio, escondidos o en las instalaciones de misiones extranjeras. El gobierno no tiene la mayoría en el parlamento que le permita designar una nueva autoridad electoral, lo que significa que cualquier reforma quedaría en manos de la Corte Suprema controlada por el gobierno. Y un programa de intercambio de petróleo por alimentos, como ha señalado uno de sus principales defensores, requeriría el consentimiento de la oposición y sus aliados extranjeros.

¿Este desarrollo podría conducir a una resolución de la crisis?

No hay indicios de que el gobierno se esté moviendo hacia la salida de Maduro del poder, seguida de elecciones presidenciales realmente participativas bajo supervisión internacional, las condiciones que Guaidó y sus aliados extranjeros definen como sine qua non para levantar las sanciones. Es probable que el colapso de los diálogos auspiciados por Noruega incremente las sanciones, en lugar de disminuirlas, tanto por parte de la UE como de los vecinos latinoamericanos de Venezuela. A excepción de Panamá, estos últimos han evitado hasta ahora la imposición de sanciones, pero los signatarios del Tratado de Río de 1947 (también conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa regional de la era de la Guerra Fría), recientemente acordaron dar el primer paso para activarlo en el caso de Venezuela, lo que podría conducir a una postura más dura en la región. Pero si bien el nuevo acuerdo no aplacará a la oposición en cabeza de Guaidó y sus aliados extranjeros, ni resolverá la colosal crisis socioeconómica del país, este podría permitir que Maduro mantenga bajo control los desafíos internos si el gobierno logra forzar a sus oponentes más férreos al exilio, reemplazándolos con un repertorio de políticos más obedientes y alegando que ha restaurado la normalidad constitucional.