Venezuela al borde del abismo

El resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que la oposición venezolana obtuvo una victoria aplastante y una mayoría legislativa de dos tercios, sumado a la persistente crisis económica, debería haber alentado una postura más conciliadora por parte del gobierno, y la búsqueda compartida de un acuerdo político básico. Pero no ha sido así, y el país se encuentra muy cerca de la implosión política y económica. A medida que aumenta el riesgo de que alguna de las partes recurra a una respuesta extraconstitucional o un golpe militar, la Organización de Estados Americanos (OEA) debería tratar esta situación con urgencia y preparar una iniciativa política y humanitaria de emergencia para evitar la violencia y un colapso que desestabilizaría la región y profundizaría la miseria de los venezolanos.

La coalición opositora tomó el control de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Las elecciones le habían dado un amplio mandato no solo para legislar, sino también para hacer de contrapeso al poder del Ejecutivo bajo el presidente Nicolás Maduro. Por primera vez desde 1999, el oficialismo había perdido el control de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, desde el principio la Asamblea Nacional ha sido objeto de una campaña de hostigamiento, que ha ido desde agresiones físicas contra legisladores opositores a fallos adversos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el gobierno mediante jueces obedientes, a menudo afiliados políticamente.

El presidente Maduro se ha declarado “en rebelión” contra la Asamblea Nacional y ha anunciado que se negará a firmar, o cumplir, cualquier ley a la que se oponga, como una amnistía para los presos políticos o un proyecto de ley para otorgar derechos de propiedad a los inquilinos de proyectos de vivienda pública. Varios ministros del gobierno han desobedecido mandatos de asistir a audiencias parlamentarias. El TSJ aprobó un decreto presidencial de emergencia después de que fuera vetado por la asamblea.

Ante el riesgo de que el parlamento se vea reducido a un mero espacio de tertulia, la oposición ha anunciado planes para destituir a varios jueces del Tribunal Supremo cuyo nombramiento violó procedimientos legales. Además, ha esbozado diversas alternativas para adelantar el fin del gobierno de Maduro. La Constitución establece varias formas de impulsar una votación popular, incluida la revocatoria presidencial a la mitad de su mandato, la enmienda constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente.

En resumen, está teniendo lugar un serio enfrentamiento constitucional que amenaza con agravar los demás problemas del país y desencadenar la violencia en las calles. Algunos observadores temen que las fuerzas armadas puedan intervenir si no se logra salir del punto muerto.

La crisis podría considerarse puramente política si no fuera por la nefasta situación económica y social de Venezuela. Hay una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros suministros vitales, incluidos los necesarios para hacer frente al virus del Zika, que llegó recientemente a América Latina y el Caribe y se está propagando rápidamente, y supone una grave amenaza, en particular para los bebés nonatos. El 17 de febrero, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Salud solicitó a la Organización Mundial de la Salud que proporcionara ayuda humanitaria y enviara una misión técnica a Venezuela para examinar la situación. Pero si el gobierno no admite la solicitud, la OMS no puede actuar. Y mientras continúe la parálisis política, hay pocas esperanzas de abordar la situación humanitaria de forma eficaz.

Ha llegado el momento de que las organizaciones regionales y la comunidad internacional en general actúen. La Carta Democrática Interamericana autoriza a la OEA a responder en caso de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Lo que se aproxima, y está llegando rápidamente a su punto crítico en Venezuela, es justamente esa situación. El Consejo Permanente de la OEA debería debatir esto urgentemente y encomendar a su secretario general una misión que sirva de plataforma para implementar medidas institucionales que superen la crisis. Mientras tanto, en Venezuela todos los actores deben abstenerse de tomar medidas extraconstitucionales. El gobierno debe reconocer la nueva situación política y actuar en consecuencia, respetando plenamente la autoridad del parlamento. La nueva mayoría parlamentaria y la oposición en general deben ceñirse a los mecanismos legales. Las fuerzas armadas deben abstenerse de tomar partido y acatar los procedimientos legales.

Los países vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general deben actuar ahora, tanto para evitar la violencia como para proporcionar ayuda humanitaria que alivie la grave escasez de alimentos y medicamentos. Hasta el momento, la región no ha logrado impulsar un diálogo funcional en Caracas. Continuar en la inacción menoscabaría las normas y valores que los países latinoamericanos han prometido defender.

Caracas/Bruselas