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Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela
Venezuelan national flag. CRISIS GROUP/Sofia Martinez

Venezuela al borde del abismo

El resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que la oposición venezolana obtuvo una victoria aplastante y una mayoría legislativa de dos tercios, sumado a la persistente crisis económica, debería haber alentado una postura más conciliadora por parte del gobierno, y la búsqueda compartida de un acuerdo político básico. Pero no ha sido así, y el país se encuentra muy cerca de la implosión política y económica. A medida que aumenta el riesgo de que alguna de las partes recurra a una respuesta extraconstitucional o un golpe militar, la Organización de Estados Americanos (OEA) debería tratar esta situación con urgencia y preparar una iniciativa política y humanitaria de emergencia para evitar la violencia y un colapso que desestabilizaría la región y profundizaría la miseria de los venezolanos.

La coalición opositora tomó el control de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Las elecciones le habían dado un amplio mandato no solo para legislar, sino también para hacer de contrapeso al poder del Ejecutivo bajo el presidente Nicolás Maduro. Por primera vez desde 1999, el oficialismo había perdido el control de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, desde el principio la Asamblea Nacional ha sido objeto de una campaña de hostigamiento, que ha ido desde agresiones físicas contra legisladores opositores a fallos adversos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el gobierno mediante jueces obedientes, a menudo afiliados políticamente.

El presidente Maduro se ha declarado “en rebelión” contra la Asamblea Nacional y ha anunciado que se negará a firmar, o cumplir, cualquier ley a la que se oponga, como una amnistía para los presos políticos o un proyecto de ley para otorgar derechos de propiedad a los inquilinos de proyectos de vivienda pública. Varios ministros del gobierno han desobedecido mandatos de asistir a audiencias parlamentarias. El TSJ aprobó un decreto presidencial de emergencia después de que fuera vetado por la asamblea.

Ante el riesgo de que el parlamento se vea reducido a un mero espacio de tertulia, la oposición ha anunciado planes para destituir a varios jueces del Tribunal Supremo cuyo nombramiento violó procedimientos legales. Además, ha esbozado diversas alternativas para adelantar el fin del gobierno de Maduro. La Constitución establece varias formas de impulsar una votación popular, incluida la revocatoria presidencial a la mitad de su mandato, la enmienda constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente.

En resumen, está teniendo lugar un serio enfrentamiento constitucional que amenaza con agravar los demás problemas del país y desencadenar la violencia en las calles. Algunos observadores temen que las fuerzas armadas puedan intervenir si no se logra salir del punto muerto.

La crisis podría considerarse puramente política si no fuera por la nefasta situación económica y social de Venezuela. Hay una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros suministros vitales, incluidos los necesarios para hacer frente al virus del Zika, que llegó recientemente a América Latina y el Caribe y se está propagando rápidamente, y supone una grave amenaza, en particular para los bebés nonatos. El 17 de febrero, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Salud solicitó a la Organización Mundial de la Salud que proporcionara ayuda humanitaria y enviara una misión técnica a Venezuela para examinar la situación. Pero si el gobierno no admite la solicitud, la OMS no puede actuar. Y mientras continúe la parálisis política, hay pocas esperanzas de abordar la situación humanitaria de forma eficaz.

Ha llegado el momento de que las organizaciones regionales y la comunidad internacional en general actúen. La Carta Democrática Interamericana autoriza a la OEA a responder en caso de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Lo que se aproxima, y está llegando rápidamente a su punto crítico en Venezuela, es justamente esa situación. El Consejo Permanente de la OEA debería debatir esto urgentemente y encomendar a su secretario general una misión que sirva de plataforma para implementar medidas institucionales que superen la crisis. Mientras tanto, en Venezuela todos los actores deben abstenerse de tomar medidas extraconstitucionales. El gobierno debe reconocer la nueva situación política y actuar en consecuencia, respetando plenamente la autoridad del parlamento. La nueva mayoría parlamentaria y la oposición en general deben ceñirse a los mecanismos legales. Las fuerzas armadas deben abstenerse de tomar partido y acatar los procedimientos legales.

Los países vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general deben actuar ahora, tanto para evitar la violencia como para proporcionar ayuda humanitaria que alivie la grave escasez de alimentos y medicamentos. Hasta el momento, la región no ha logrado impulsar un diálogo funcional en Caracas. Continuar en la inacción menoscabaría las normas y valores que los países latinoamericanos han prometido defender.

Caracas/Bruselas 

An opposition demonstrator waves a Venezuelan national flag during clashes with soldiers loyal to Venezuelan President Nicolas Maduro April 30 2019 Federico PARRA / AFP

Recoger los platos rotos luego del frustrado levantamiento en Venezuela

 A failed uprising by Venezuelan National Assembly Chair Juan Guaidó has emboldened President Nicolás Maduro and deepened the country's political deadlock. However difficult, outside actors should continue to press the two sides to form a transitional cabinet, stabilise Venezuela’s economy and hold elections.

Los hechos que sacudieron a Caracas el 30 de abril continúan envueltos en misterio, pero su impacto inmediato parece ser claro: polarizar aún más el pulso político y aumentar la posibilidad de una escalada violenta nacional o internacional. Los hechos empezaron con el dramático anuncio de los líderes de la oposición diciendo que el país entraba a la “fase final” de lo que llaman la “Operación Libertad”, dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Posteriormente declararon que el esfuerzo contaba con el apoyo de militares de alto rango. Sin embargo desembocó en una revuelta fácil de someter y pobremente concebida que dejó al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, a sus aliados regionales y a los EE. UU. malparados. Maduro y sus aliados nacionales y extranjeros bien pueden sentirse empoderados y animados, con pocos incentivos para dialogar con una oposición desorganizada e ineficaz.

Ese sería un error de cálculo. Las fuerzas de seguridad sometieron fácilmente el alzamiento, pero el hecho que siguiera a una serie de esfuerzos que se vienen presentando desde principio de año para aislar, desestabilizar y dividir al gobierno resalta no solo la inhabilidad de la oposición de expulsar a Maduro sino también la impotencia del gobierno para sofocar a sus enemigos políticos. Aunque los diálogos entre dos partes profundamente polarizadas y sus respectivos aliados extranjeros parezcan poco probables, el estancamiento en el que se encuentran, el alto costo que sufre el pueblo venezolano y el riesgo de un escalada violenta nacional o internacional hacen que la estabilidad del país siga dependiendo de un acuerdo negociado.

Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron.

La naturaleza caótica del levantamiento tiene varias posibles explicaciones. La oposición adelantó un día los planes (ya había manifestaciones masivas programadas para el 1° de mayo), perjudicando sus posibilidades. Oficiales norteamericanos también han sugerido, sin ofrecer pruebas, que varios altos oficiales habían prometido desertar, pero no lo hicieron. La claridad sobre la razón real tendrá que esperar.

Para Maduro y sus aliados, entre los cuales EE. UU. destacó a Cuba pero también a Rusia, este fue un giro de eventos triunfal. Al final, las manifestaciones fueron pequeñas y fácilmente dispersadas por las fuerzas de seguridad. Además, se hizo evidente casi en seguida que solo algunos soldados de bajo rango se habían separado del gobierno. Al llegar el final del día, el prisionero político más famoso del país, Leopoldo López, quien había salido de su arresto domiciliario para liderar las protestas, fue obligado a buscar refugio en la residencia del Embajador español. Maduro, quien permaneció detrás de bambalinas durante toda la jornada, apareció para declarar la victoria y burlarse de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, quien afirmó que él había estado listo para irse al exilio, siendo disuadido por el gobierno ruso.

Pero los problemas que han plagado el gobierno están lejos de ser resueltos. A pesar de su fracaso, Guaidó continúa siendo el presidente legítimo del país a los ojos de varias docenas de países, incluyendo a EE. UU., la mayoría de los países de América Latina y de los estados miembros de la UE. Su estatura bien puede disminuirse debido al triste resultado, pero ha logrado unir a la fraccionada oposición y galvanizar el apoyo popular. A pesar de su éxito, Maduro aún enfrenta el aislamiento diplomático, una economía colapsada y un régimen de sanciones que ha limitado severamente la habilidad de Venezuela de exportar su menguante producción de petróleo, de la que dependen casi todas sus ganancias en moneda extranjera. Tras años de declive económico, más de un décimo de su población ha huido del país y la ONU estima que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

La clara lección de los eventos del 30 de abril es que no puede haber una solución en la que el “ganador se lleva todo” en Venezuela. El gobierno permanece en control de las fuerzas de seguridad, la autoridad electoral y la corte suprema, pero no puede reparar la economía sin un acuerdo político que permita que las sanciones sean levantadas y que un competente equipo de tecnócratas empiecen a implementar un plan de recuperación. Tampoco puede silenciar el disenso público, excepto a través de la represión. La oposición aún puede contar con los devastadores efectos de las sanciones, la amenaza de la intervención militar de EE. UU. (hecha más expresa que nunca por el secretario Pompeo) y la creencia que las fuerzas armadas finalmente forzarán la salida de Maduro. Pero no hay evidencia de que las sanciones derribarán al gobierno, intentos repetidos de atraer a los militares han fallado, y la intervención armada externa aun es vista como una posibilidad remota que, si se emplea, casi con toda seguridad alimentaría una mayor inestabilidad al desencadenar un conflicto prolongado con grupos armados y milicias progubernamentales.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las negociaciones entre los chavistas y la oposición.

Como Crisis Group siempre ha argumentado, la mejor manera de avanzar radica en las  negociaciones entre los chavistas y la oposición. Es cierto que las rondas previas de conversaciones han dejado decepcionada a la oposición, muchos de cuyos miembros están convencidos de que el gobierno no tiene intención de comprometerse y que solo utiliza las conversaciones para comprar tiempo, ahondar las divisiones entre sus enemigos y dispersar las protestas masivas. Incluso los líderes opositores que en privado aceptan la necesidad de estos diálogos temen ser tildados de “colaboracionistas” por miembros del ala dura de sus partidos.

En otras palabras, dejados a sus propios medios, es poco probable que ambas partes lleguen a un acuerdo factible. La responsabilidad recae en los actores externos quienes, lamentablemente, han estado tan divididos como los venezolanos. Los países cercanos a Guaidó, aquellos que apoyan a Maduro y los que están en el medio deberían aprovechar este momento para dejar de lado cualquier posición maximalista y empujar a sus respectivos aliados a hacer concesiones. Eso requeriría que EE. UU. y sus aliados de América Latina descarten cualquier sugerencia de intervención militar y abandonen la demanda de que Maduro renuncie inmediatamente. Por otro lado, Rusia, China y Cuba deberían aceptar la necesidad de que Maduro inicie un proceso que lleve a unas elecciones presidenciales creíbles y monitoreadas internacionalmente. Requeriría además que todas las partes presionen por lo siguiente:

  • Formación de un gabinete de transición que incluya representantes del chavismo y la oposición, centrado en la estabilización económica, asistencia humanitaria, seguridad interna y reforma institucional; idealmente, ni Maduro ni Guaidó ocuparían la presidencia durante este periodo, aunque un acuerdo en este punto no puede ser una precondición para que las negociaciones comiencen;
  • Garantías para los militares en la forma de un marco claro para su futuro rol;
  • Elecciones presidenciales bajo una comisión electoral reformada y con observación internacional

El Grupo Internacional de Contacto liderado por la UE podría ayudar a impulsar este proceso a través de su diplomacia discreta.

Lo más probable es que Maduro sienta que ganó esta ronda y crea que tiene poca necesidad de hacer concesiones. La oposición, más débil que hace un par de meses, es posible que sea más cautelosa que nunca con las negociaciones. Si sus aliados externos apoyan estas posturas, nadie debería albergar esperanzas de una solución acordada entre las partes. Pero entonces, todos deberán estar preparados para vivir con un estancamiento más profundo, un costo humanitario creciente y una muy real posibilidad de confrontación armada interna o incluso una intervención militar externa. No debería ser una decisión difícil de tomar.