Elecciones en Venezuela 2015: sin lugar para una observación creíble

El próximo 6 de diciembre, Venezuela se enfrentará a las elecciones más reñidas en lo que va de siglo. En estas se determinará si la grave crisis política, social y económica que atraviesa el país se puede resolver por medios no violentos. Por primera vez desde 2003, las encuestas dan una ventaja de alrededor de 20 puntos a la oposición, perfilándola para tomar el control de la mayoría de los 167 escaños de Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro está tan preocupado ante esta perspectiva que ha amenazado con lanzarse las calles para “defender la revolución” si la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtiene una mayoría.

El peligro es evidente. La observación electoral internacional fiable podría ayudar a minimizar el riesgo de que se impugnen los resultados pero, una vez más, el gobierno se ha negado a aceptar las misiones de observación, rechazándolas como una forma de interferencia externa en sus asuntos internos. En su lugar, solo permitirá el “acompañamiento” – una forma de observación muy restringida, que en el pasado lo que ha hecho es un poco más que avalar incondicionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En julio, Crisis Group publicó un informe breve en el que expresaba su preocupación ante el deterioro de la situación política en Venezuela. El marcado descenso de los ingresos, la grave escasez de alimentos esenciales, medicamentos y otros bienes básicos, y el deterioro de los servicios de salud son elementos de una crisis social en desarrollo.

En agosto, el gobierno declaró el estado de emergencia en zonas a lo largo de su frontera occidental con Colombia, suspendiendo algunos derechos civiles, cerrando pasos fronterizos y deportando a más de 1.000 colombianos. Maduro afirmó que estas medidas eran necesarias para combatir a los contrabandistas y “paramilitares”. La oposición teme que la suspensión de las garantías constitucionales, que desde entonces se ha ampliado a otras zonas fronterizas, afecte las elecciones.

Varios candidatos opositores han sido inhabilitados, el sistema electoral ha sido modificado de nuevo para favorecer al oficialismo, y el 10 de septiembre el líder opositor Leopoldo López fue condenado a cerca de 14 años de cárcel por su rol en las protestas callejeras del año pasado, en las cuales murieron docenas de personas.

Estos acontecimientos apuntan a la probabilidad de una campaña electoral extremadamente enconada e injusta. En 2013, la MUD y su candidato presidencial Henrique Capriles rechazaron la victoria de Maduro, pero el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negaron siquiera a considerar sus reclamos de anulación parcial o total del resultado. Ambos organismos siguen estando bajo el control del Ejecutivo que el año pasado rechazó los llamados a aprovechar la oportunidad que ofrecían las numerosas vacantes en puestos clave para restaurar la neutralidad política que exige la Constitución.

Estas decisiones, junto con la negativa del CNE, hasta el último momento, de fijar una fecha para las elecciones parlamentarias, contribuyeron al pronunciado deterioro de su credibilidad. En una encuesta realizada a mediados de 2015, el 50% de los encuestados respondió que no tenía “ninguna confianza” en la autoridad electoral. Para que las elecciones de diciembre logren canalizar la frustración del electorado por el camino del cambio pacífico, la presencia de equipos de observación internacional competentes y respetables será de vital importancia.

Observación vs. “acompañamiento”

El gobierno ha rechazado repetidamente estas solicitudes. El mismo Maduro, dirigiéndose a periodistas en la ONU en Nueva York, dijo a finales de julio que Venezuela “no será monitoreada por nadie”. Un mes más tarde, en respuesta a los insistentes llamados del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, nuevamente rechazó la idea, afirmando que la OEA como organización debería “morir en paz”. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, insiste en que el papel de los extranjeros debería limitarse al “acompañamiento”, bajo esta figura cualquier cuestionamiento está sujeto al veto de la CNE.

Las misiones acreditadas para el acompañamiento están obligadas a “evitar las valoraciones subjetivas de las etapas del proceso electoral” antes de entregar sus informes al CNE. Posteriormente, se les permite publicar solo un “resumen objetivo” de sus conclusiones. En la práctica, las “valoraciones subjetivas” se permiten siempre y cuando sean uniformemente positivas.

Estas condiciones resultan inaceptables para los organismos de observación electoral, cuyas últimas misiones a Venezuela se remontan a 2006. La “Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones”, por ejemplo – aprobada por la Secretaría de la ONU, la OEA y la Comisión Europea, entre otros – establece que “se espera que las misiones de observación internacional de elecciones formulen declaraciones oportunas, exactas e imparciales dirigidas al público”. Deben exigir garantías de que podrán “emitir sin interferencia alguna declaraciones públicas e informes”.

Sin embargo, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), establecida en 2007, prioriza la “no-interferencia” en los asuntos de los estados miembros por encima del rigor y la transparencia. Su Consejo Electoral, formado por las autoridades electorales de cada uno de los 12 miembros de la unión, ha “acompañado” varios procesos electorales, entre ellos las elecciones presidenciales de 2012 y 2013 en Venezuela.

A principios de octubre, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, anunció que en la primera mitad del mes llegaría a Venezuela una misión de “acompañamiento” de 50 miembros integrada por expertos técnicos. Al parecer, será presidida por el expresidente de la Corte Suprema y exministro de Brasil, Nelson Jobim. A pesar de sus excelentes credenciales para el trabajo, Jobim enfrentará una tarea extremadamente difícil si quiere conciliar los términos de la misión con la necesidad de evitar una ruptura de la gobernabilidad.

Una de las funciones clave de la observación electoral internacional es mejorar la credibilidad del proceso, particularmente en circunstancias en las que gran parte del electorado desconfía del gobierno y de la autoridad electoral. UNASUR no está en una buena posición para ejercer este rol, ya que la oposición venezolana la ve como una organización parcializada que siempre se pone del lado de las autoridades.

El jefe de las dos misiones anteriores de UNASUR en Venezuela fue el expresidente argentino Carlos “Chacho” Álvarez. En 2012, Álvarez opinó que cualquier cuestionamiento al CNE era fruto de la “desinformación o prejuicios”. En 2013, antes de las elecciones anunció que “no hay margen para ningún tipo de fraude”. A pesar de que la MUD inmediatamente impugnó el resultado, Álvarez describió el proceso como “totalmente democrático”. Posteriormente, UNASUR celebró una cumbre de emergencia, en la cual el gobierno venezolano se comprometió a autorizar la “auditoría del 100% de los votos”. Cuando la oposición protestó que esto no se había llevado a cabo, UNASUR no dio seguimiento al asunto. Las relaciones de UNASUR con la MUD sufrieron otro golpe en mayo de 2015, cuando, de forma unilateral, la autoridad electoral invitó a la unión a observar las primarias internas de la oposición.

Otro de los principios de la observación electoral es que esta debería ser “completa” y “a largo plazo”. En Venezuela es imposible evaluar cuán libres y justas serán las elecciones parlamentarias sin tener en cuenta cuestiones como el limitado acceso de la oposición a los medios, el uso de recursos del Estado en la campaña, la prohibición de que se presenten ciertos candidatos clave de la oposición y la sobre-representación de la población rural, que tiende a apoyar al gobierno.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha solicitado en repetidas ocasiones al gobierno venezolano que invite a una misión de observación, pero su petición siempre ha sido rechazada tajantemente. La OEA ha llevado a cabo 70 misiones de observación desde 2007 – incluidos países cuyos gobiernos son estrechos aliados de Venezuela, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

En una carta abierta a Almagro publicada en septiembre, el ministro de Comunas de Venezuela (y exministro de Relaciones Exteriores), Elías Jaua, tachó a la OEA de “organización colonialista” y al mismo Almagro de “procónsul de Washington”. Jaua se mostró particularmente ofendido por la reunión de Almagro con el excandidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles, actual gobernador del estado Miranda. Jaua dijo que el Secretario General se “auto propuso” como observador de las elecciones de diciembre.

En su respuesta, Almagro dijo que “no hay democracia sin garantías para las minorías” y señaló que la oposición estaba pidiendo a la OEA una garantía electoral. “Si yo no la ofrezco, estoy en falta”, dijo, añadiendo que si el gobierno se estaba negando a permitir una misión electoral de la OEA por motivos políticos, “eso es además injusto”.

Organizaciones observadoras nacionales

El día de las elecciones habrá observadores sobre el terreno pertenecientes a organizaciones venezolanas, quienes además están presentes en cada una de las 18 auditorías preelectorales del sistema. Los dos grupos más importantes son el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. Ambos cuentan con muchos años de experiencia en este ámbito y pretenden desplegar a más de 1.000 observadores entre ellos. Si bien la labor que realizan es muy importante, puede no ser suficiente en un entorno político tan polarizado como el de Venezuela.

En circunstancias como estas, la presencia de misiones de observación internacionales con experiencia y prestigio puede mejorar de forma significativa la confianza ciudadana en el proceso electoral y funcionar como un elemento disuasorio contra posibles prácticas injustas o incluso fraude. La estatura y visibilidad de misiones internacionales como las de la OEA o la Unión Europea hace que sean más difíciles de intimidar.

Los grupos de observación nacionales se quejan de que el CNE dificulta su trabajo de diferentes formas, por ejemplo, restringiendo el número de centros de votación que pueden cubrir a alrededor del 5% del total en cada estado. Este año, el CNE insistió en que solo dos representantes de estos grupos pueden estar presentes en las diversas auditorías – y que deben ser los mismos dos individuos. Ello a pesar de que muchas auditorías requieren conocimientos especializados de diversa índole y que algunas duran varios días.

Imparcialidad cuestionada

El CNE ha tomado otras decisiones que plantean dudas acerca de su voluntad de llevar a cabo el proceso electoral de forma imparcial. En abril anunció una redistribución de la representación parlamentaria que, en efecto, redujo el número de escaños en distritos electorales tradicionalmente considerados bastiones de la oposición. Algunos escaños fueron reasignados a distritos que votaron a legisladores oficialistas en 2010, cuando se celebraron las últimas elecciones parlamentarias.

La autoridad electoral ha anunciado, además, la creación de más de 1.000 nuevos pequeños centros de votación en lugares cuyos nombres despiertan sospechas. Muchos hacen referencia explícita al expresidente Hugo Chávez: uno se llama “Con Chávez y Maduro”, otro “Chávez Vive, la lucha continúa”. En pequeños centros de votación como estos, algunos con poco más de 200 votantes registrados y a menudo ubicados en edificios de los “consejos comunales” ocupados por el partido gobernante, el margen de victoria para los candidatos del gobierno es tradicionalmente muy superior al promedio. Asimismo, los observadores y testigos de las partes denuncian que hay más intimidación.

Debido al estado de emergencia en zonas fronterizas, en grandes áreas del país la campaña electoral se desarrollará sin derechos de reunión o libre circulación. Bajo la constitución, las campañas formales están exentas de dichas medidas. Pero el CNE ha restringido la campaña formal a solo tres semanas. Mientras los candidatos del gobierno, con el respaldo de todos los recursos del Estado, ya están celebrando eventos de campaña, los políticos de la MUD temen que si hacen lo mismo se les podría prohibir participar en las elecciones por violar el estado de emergencia.

Venezuela nunca ha necesitado tanto una misión electoral internacional profesional e imparcial como ahora. Pero nunca antes ha sido tan improbable la presencia de una misión de estas características. Si las elecciones de diciembre producen resultados controvertidos, o disparan nuevos brotes de violencia en las calles, no habrá mediadores que puedan intervenir y calmar los ánimos. Durante mucho tiempo, los vecinos de Venezuela se han mostrado renuentes a involucrarse en lo que decían ver como asuntos “internos”. Pero como deja en claro la situación en Colombia, a menudo las disputas “internas” pueden escalar. La región podría pagar el precio de no actuar a tiempo.