Report / Latin America & Caribbean 22 Febrero 2007 3 minutes

Venezuela: La revolución de Hugo Chávez

Resumen Ejecutivo

Tras ocho años en el poder, el presidente Hugo Chávez fue reelegido por una votación abrumadora en diciembre de 2006. Provisto de abundantes recursos petroleros, reafirmado por los altos índices de popularidad y en el inicio de un período de seis años, Chávez manifiesta su confianza con respecto al avance de lo que denomina su Revolución Bolivariana –por Simón Bolívar, el héroe de la independencia nacional– y a la instauración de su “socialismo del siglo XXI”, cuyo significado aún no ha definido con precisión. Sin embargo, tanto en Venezuela como en gran parte del hemisferio existe la preocupación de que, para lograr esto, el ex coronel y ex líder golpista podría estar dispuesto a sacrificar los principios democráticos. Todavía no se le puede llamar dictador y en términos generales no ha tratado de actuar de manera dictatorial, pero manifiesta una marcada tendencia hacia la autocracia. Si sigue reforzando su poder personal a expensas de otras instituciones y militarizando gran parte del gobierno y la vida política, correrá el serio riesgo de propiciar un conflicto interno, sobre todo si la bonanza petrolera que apuntala la economía pierde fuerza.

Crisis Group examinará en un próximo documento el significado del fenómeno Chávez para la política regional y hemisférica. El presente informe se concentra en los cambios ocurridos en el panorama institucional, político y económico de Venezuela. Chávez ha venido reestructurando el país desde que fue elegido por primera vez en 1998. Un año después de su triunfo, impulsó la promulgación de una nueva Constitución que desmanteló el concierto de los dos partidos tradicionales que dominó al país durante casi dos generaciones, y lo reemplazó por una democracia “participativa“ basada en la relación directa del presidente con el pueblo. El Congreso dejó de ser bicameral y se convirtió en una Asamblea Nacional unicameral, cuya composición es exclusivamente chavista desde que la muy fragmentada oposición boicoteó imprudentemente las elecciones legislativas de diciembre de 2005. Los frenos y equilibrios tradicionales sobre el poder ejecutivo prácticamente han desaparecido en la medida en que instituciones estatales claves como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas han ido cayendo progresivamente bajo el control del presidente y sus más leales seguidores, con oficiales militares, tanto en servicio activo como reservistas, desempeñando muchos cargos normalmente ocupados por civiles. En los barrios pobres se han lanzado ambiciosos programas de servicio social denominados “misiones”, lo cual ha ayudado a granjearle al gobierno apoyo popular. El control estatal de la economía, y no sólo del crucial sector petrolero, ha aumentado, al igual que la presión sobre las ONG y los medios de comunicación de la oposición.

La polarización política ha alcanzado proporciones históricas, con las élites tradicionales y buena parte de la clase media oponiéndose a estos cambios profundos en varias elecciones y en protestas callejeras. Durante sus primeros cinco años en el poder Chávez afrontó varios intentos de deponerlo, tanto por la vía constitucional como por la inconstitucional. En abril de 2002 y a finales de 2003, capoteó primero un golpe de Estado y luego un prolongado paro nacional, y en agosto de 2004 emergió victorioso de un referéndum revocatorio. Apuntalado por su triunfo en el referéndum y por los altos precios del petróleo, desde entonces ha estado a la ofensiva. En enero de 2007, la Asamblea Nacional promulgó sin mucho debate una ley habilitante que le otorga al presidente poderes legislativos de amplio alcance durante dieciocho meses.

La oposición política está marginada por el momento, no sólo por los intentos de Chávez de restringir su capacidad de operación sino también por sus propias rencillas internas. No obstante, el futuro plantea serios retos. El excesivo gasto gubernamental ha incrementado la deuda, y la inflación es la más alta del hemisferio. Si los precios del petróleo bajan más y la producción de la empresa petrolera estatal –PDVSA– disminuye, habrá que recortar algunos programas sociales generosos impulsados por intereses ideológicos. Ha aumentado el descontento por la corrupción en el sector público y por los altos índices de criminalidad y narcotráfico. La incertidumbre que genera la inflación se ve agravada por la reciente escasez de algunos alimentos en las tiendas y los mercados.

La proliferación de grupos armados también podría tornarse problemática. Muchos grupos chavistas, sobre todo en Caracas, tienen acceso a armamento, en tanto que otros grupos establecidos por el gobierno como el Frente Francisco Miranda, una organización civil compuesta por jóvenes que fueron enviados a Cuba para recibir capacitación ideológica, pronto también recibirán armas. La Guardia Territorial y la Reserva Nacional, creadas durante el gobierno de Chávez, funcionan por fuera de la cadena de mando militar usual y le responden directamente al presidente. Existe la preocupación de que algunos de los grupos armados terminen transformándose en mafias criminales. Chávez también tendrá que enfrentar las fisuras cada vez mayores surgidas en sus propias filas respecto a la dirección que debe tomar su revolución.

La probabilidad de que la polarización social y las tensiones en aumento se traduzcan en violencia dependerá en buena medida de la prudencia con que actúe Chávez en un momento de triunfo, sobre todo para:

limitar el uso de los poderes de amplio alcance que le otorgó la Asamblea Nacional con el fin de evitar mayores daños a los frenos y equilibrios institucionales, y respetar las obligaciones contraídas por Venezuela con la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos; sobre derechos humanos;
garantizar el funcionamiento pleno de una Fiscalía General, una Contraloría General y una Defensoría del Pueblo independientes del ejecutivo, como contempla la Constitución de 1999;
redoblar los esfuerzos por mejorar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de programas sociales y de infraestructura, combatiendo la inflación y los déficits fiscales y evitando un control estatal excesivo de la economía; y
detener la proliferación en el país de grupos armados ajenos al control de las fuerzas militares regulares y de las fuerzas profesionales de policía.

Bogotá/Bruselas, 22 de febrero de 2007

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Executive Summary

After eight years in power, President Hugo Chávez won an overwhelming re-election in December 2006. Flush with oil revenues, bolstered by high approval ratings and at the start of a six-year term, he expresses confidence about advancing what he calls his Bolivarian Revolution, named after Simón Bolívar, the country’s independence hero, and installing his still only vaguely defined “Socialism of the 21st Century”. There are concerns in Venezuela and much of the hemisphere, however, that to do so the ex-colonel and one-time coup leader may be willing to sacrifice democratic principles. He is not yet a dictator and for the most part has not tried to act in a dictatorial manner, but the trend toward autocracy is strong. If he continues to build personal power at the expense of other institutions and militarise much of the government and political life, there will be serious risks for internal conflict, especially if the oil boom that cushions the economy falters.

Crisis Group will examine subsequently what the Chávez phenomenon means for regional and hemispheric politics. This report concentrates on what has changed in the country’s institutional landscape, politics and economics. Chávez has been reconstructing Venezuela since his first election in 1998. A year after that success he pushed through a new constitution that dismantled the condominium of traditional parties that had dominated the country for most of two generations, replacing it with a “participatory” democracy founded on the notion of the president’s direct relationship with the people. The two-chamber Congress became a unicameral National Assembly, which, since the badly fragmented opposition unwisely boycotted the December 2005 legislative elections, has had only pro-Chávez members.

Traditional checks and balances on executive power have all but disappeared as key state institutions, such as the attorney general’s office, the Supreme Justice Tribunal, the electoral council and the armed forces, have progressively come under the control of the president and his loyalists, with military officers, active duty and reserve alike, filling many normally civilian offices. Large social service programs, termed “missions”, have been launched in poor neighbourhoods and helped gain popular support for the government. State control of the economy, not just the vital oil sector, has increased, as has pressure on opposition media and NGOs.

Polarisation in the body politic has reached historic proportions, with traditional elites and many among the middle class opposing these profound changes in a series of elections and in the streets. During his first five years of power, Chávez faced several attempts to unseat him, both constitutionally and unconstitutionally. In April 2002 and late 2003, he weathered first a coup then a prolonged national strike, while in August 2004 he emerged victorious from a recall referendum. Boosted by the referendum victory and high oil prices, he has been on the offensive ever since. In January 2007, the National Assembly passed with little debate an enabling law granting the president far-reaching legislative powers for eighteen months.

The political opposition is marginalised for now, as much by its own feuds as anything Chávez has done to restrict its ability to operate. Nevertheless, serious challenges are ahead. Excessive government spending has built up the debt, and inflation is the highest in the hemisphere. If oil prices fall further and production of the state-owned oil company, PDVSA, goes down, generous, ideologically-driven social programs will need to be cut. Discontent is rising over public sector corruption and skyrocketing crime and drug trafficking. Inflation-driven uncertainty is aggravated by the appearance of some food shortages in stores and markets.

The proliferation of armed groups also could become troublesome. Many Chavista groups, particularly in Caracas, have access to weapons, while additional government-established groups like the Frente Francisco Miranda, a civilian organisation made up of young people sent to Cuba for ideological training, are due to receive them. The National Reserve and Territorial Guard, created under Chávez, are outside the normal military chain of command, answerable directly to the president. There is concern that some of the armed groups could transform into criminal mafias. Chávez will also need to bridge widening fissures within his own camp about the direction in which his revolution should go.

Whether the social polarisation and accumulating tensions turn eventually into violence depends primarily on whether at a moment of triumph Chávez acts with restraint, in particular to:

limit use of the far-reaching powers granted him by the National Assembly so as to avoid further damage to institutional checks and balances, and respect Venezuela’s obligations under the Inter-American Democratic Charter, the American Convention of Human Rights and other international human rights treaties;
guarantee the full functioning of an attorney general, comptroller general and ombudsman independent of the executive, as designed in the 1999 constitution;
increase efforts to improve the medium to long-term sustainability of social and infrastructure programs by attacking inflation and fiscal deficits and avoiding excessive state control of the economy; and
halt the proliferation across the country of armed groups beyond control of the regular military and the professional police forces.

Bogotá/Brussels, 22 February 2007