Venezuela: los riesgos de una casa dividida
Venezuela: los riesgos de una casa dividida
Op-Ed / Latin America & Caribbean 4 minutes

Venezuela: los riesgos de una casa dividida

La muerte del Presidente Chávez abrió un capítulo nuevo en la evolución política de Venezuela, signado por la incertidumbre y la extrema polarización respecto al futuro de la revolución bolivariana y también sobre la manera en que sus gobernantes y su sociedad enfrentarán los graves retos que enfrenta el país. La confusa legitimidad de las elecciones, aún no superada, agrava un escenario en donde todas las partes necesitan ajustarse a una solución pacífica. La comunidad internacional, especialmente del vecindario latinoamericano, no puede seguir mirando a otro lado.

Los hechos recientes confirman esa incertidumbre. A pesar de los anuncios gubernamentales, se siente la carestía de productos de primera necesidad en el país y se especula sobre una nueva devaluación del bolívar. Venezuela tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, cercana al 40%, y los rendimientos decrecientes de su principal producto, el petróleo, así como los compromisos financieros que el régimen de Chávez adquirió en el exterior, implican una presión muy grande sobre las arcas fiscales.

La incertidumbre no es solo económica. La violencia organizada y cotidiana hacen de Venezuela uno de los países con las más altas tasas de homicidios en toda América Latina, superando por ejemplo largamente a su vecina Colombia, que aún sufre de un conflicto armado interno. La inseguridad es el principal talón de Aquiles del Gobierno.

Estos problemas, acumulados a lo largo de los últimos años, deben ser enfrentados ahora por un gobierno elegido con una diferencia de 1.5% en las elecciones del pasado 14 de abril, proceso electoral que ha sido impugnado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). El desconocimiento del resultado electoral por parte de la oposición  no es solo un dato aritmético, sino que implica enormes dificultades para generar consensos a nivel legislativo sobre las medidas que la economía y la sociedad venezolana requieren.

Debido a la captura sistemática de los poderes del estado por parte del Poder Ejecutivo y el vaciamiento de la independencia y la autonomía de las instituciones públicas, no se puede esperar que una decisión de la Corte Suprema de Venezuela –órgano que ha sido controlado rutinariamente por el Gobierno– vaya a despejar las dudas sobre el resultado electoral. Ya ocurrió con la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre dicha impugnación: la oposición consideró que la auditoría hecha sobre los votos fue ilegítima.

La falta de credibilidad de las instituciones más importantes, que supuestamente deberían producir decisiones aceptadas por todas las partes, refleja las dificultades en Venezuela para producir un acuerdo nacional entre oposición y Ejecutivo para impulsar una transición política y enfrentar los retos que cualquier gobierno deberá abordar de inmediato. Venezuela está pagando un alto precio por la continua polarización y la descalificación del contrario en las disputas políticas. Para la oposición, el Gobierno es ilegítimo y no tardará en caer. Para el Gobierno, la oposición es golpista. En este ambiente, es difícil imaginar una salida política pacífica.

Los riesgos son reales y de corto plazo. La coalición de grupos políticos e intereses que se aglutinan alrededor del denominado chavismo fue siempre heterogénea, pero Chávez contaba con suficiente carisma y autoridad para mantenerlos unidos en tono a su propia persona. La extrema personalización del Gobierno venezolano lleva ahora a preguntarse sobre la solidez y permanencia de esta coalición. Nicolás Maduro fue ungido por Chávez como su sucesor y por él votaron la mayor parte de las personas que apoyan la revolución bolivariana, pero ese endose puede resultar de corto plazo y agotarse conforme los problemas cotidianos se agraven y los intereses particulares demanden al Presidente atender sus respectivas agendas.

Las fuerzas armadas pasaron en estos años por un agudo proceso de politización, demostrado con las vehementes declaraciones de apoyo y defensa del régimen por parte de los altos mandos. Las milicias bolivarianas, supuestamente con 125.000 personas potencialmente en armas, agrega un componente de inestabilidad sobre el monopolio del uso de la fuerza. No está claro si la adhesión a Maduro será igual de firme que a Chávez y si la oficialidad estará dispuesta a ir al final con el Gobierno. Esta partidarización podría tener graves consecuencias.

La coalición que sostiene a Henrique Capriles ha demostrado mayor solidez y algunos analistas señalan que influye como nunca antes en la agenda doméstica e internacional de Venezuela. Una prueba fue la reunión de Capriles con el Presidente Santos de Colombia, el primer encuentro del líder de la oposición venezolana con un jefe de Estado latinoamericano. Pero si bien la MUD ha ganado posiciones y se mantiene sólida, no debe olvidarse que esta coalición también incluye intereses y posiciones muy diversas entre sí, unidas singularmente por su lucha contra el régimen chavista. Su unidad programática e ideológica es más dudosa y las fuerzas centrífugas pueden reactivarse.

Es difícil que la crisis venezolana se vaya a resolver en el plano interno únicamente. El rol de la comunidad internacional será cada vez más determinante. Lamentablemente, los países que tienen influencia e incidencia sobre la política venezolana se acostumbraron a mirar a otro lado frente al deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en este país. Esto debe cambiar. Los países vecinos, especialmente Brasil y Colombia, deben dejar más en claro que no verán con buenos ojos una profundización de la polarización. El llamado al diálogo por parte de UNASUR fue pertinente, pero persisten las complejas relaciones e intereses que impiden una actuación más decidida. Igual pasa con la OEA, convertida por inercia propia en un convidado de piedra en el drama venezolano.

Un deterioro de la situación venezolana afectará a toda la región. Es imperativo y urgente que los países vecinos y las organizaciones regionales recuperen protagonismo haciendo un fuerte llamado al diálogo y la solución de las diferencias. Internamente, las partes deben renovar su compromiso por soluciones pacíficas y el Ejecutivo debe entender que no puede gobernar en el largo plazo sobre la base de la represión o la indiferencia respecto a la mitad del país que no votó por él.
 

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