Venezuela permanece inmersa en una compleja crisis humanitaria que tiene como ingrediente principal el estancamiento político entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y una oposición cada vez más fragmentada. EE. UU. y un puñado de sus aliados cercanos continúan reconociendo a Juan Guaidó, el expresidente de la Asamblea Nacional, como el legítimo jefe de Estado interino del país. Pero la autoridad de Guaidó sobre la alianza multipartidista, Plataforma Unitaria, que nominalmente lidera, se ha debilitado desde que las polémicas elecciones legislativas de diciembre de 2020 (boicoteadas por los principales partidos de la oposición) le devolvieron el control del parlamento a Maduro. El fracaso de la estrategia con la que Guaidó pretendía sacar a Maduro del poder a través de presiones externas (principalmente estadounidenses) ha hecho que él sea tan poco popular como el presidente. La decisión de la Plataforma de participar en las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre de 2021, a pesar de las objeciones de Guaidó, aumentó su aislamiento, especialmente después de que se negara a hacer campaña por los candidatos de esta alianza. Acusaciones de corrupción en el manejo de los activos de Venezuela en el extranjero por parte de su “gobierno interino” han deteriorado aún más la unidad de la oposición.

Durante el último año, el gobierno autoritario de Maduro ha propiciado una mínima apertura política y económica, lo que ha generado un campo de juego electoral ligeramente más equilibrado (en particular, al haber nombrado a dos personas de la oposición como funcionarios en la autoridad electoral) y una liberalización de la política económica al relajar los controles estatales, al permitir discretamente la privatización de facto de varias empresas estatales y la dolarización a gran escala. En agosto de 2021, regresó a las negociaciones facilitadas por Noruega que ambas partes habían abandonado en 2019, y suscribió un memorando de entendimiento en Ciudad de México con una delegación de la Plataforma Unitaria. Pero no lograron acordar mucho en las conversaciones, y el gobierno de Maduro suspendió su participación en octubre, luego de que el empresario Alex Saab, un aliado clave del presidente, fuera extraditado de Cabo Verde a EE. UU. para enfrentar cargos por lavado de dinero.

En este contexto, la UE y sus Estados miembros deben:

• Mantener contacto con todos los grupos de oposición genuinos y sus aliados externos; exhortarlos a unirse en torno a una estrategia enfocada en lograr elecciones presidenciales libres y justas en 2024 a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones, y garantías mutuas de no persecución para el eventual perdedor de dichas elecciones, incluido un sistema de justicia transicional para esclarecer la responsabilidad por actos de violencia.
   
• Mantener el contacto con funcionarios del gobierno de Maduro a distintos niveles, así como con sus principales aliados extranjeros, para determinar qué incentivos podrían inducirlos a aceptar la restauración gradual de un sistema político representativo y el Estado de Derecho.
   
• Trabajar con aliados y organismos multilaterales, incluida la ONU, para apoyar y fortalecer las negociaciones respaldadas internacionalmente, en caso de que se reanuden, y para ayudar a idear soluciones creativas para la disputa por el control de los activos externos de Venezuela.
   
• Aumentar sustancialmente la ayuda económica, tanto para aliviar las condiciones de los migrantes venezolanos en la región como para atender la emergencia humanitaria dentro del país, con especial énfasis en mitigar los riesgos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas.

La economía venezolana se ha contraído en un 80 por ciento desde que el presidente Maduro asumió el cargo en 2013, provocando un éxodo masivo de más de seis millones de venezolanos. La combinación de corrupción, mala gestión y colapso económico ha acabado con la infraestructura del país, lo que provoca frecuentes apagones a gran escala, problemas crónicos en el suministro de agua y energía, el colapso del transporte público y privado, y una deficiencia crítica de servicios médicos. Las sanciones económicas de EE. UU., particularmente las dirigidas a la industria petrolera, han exacerbado la situación. Bajo la administración de Maduro, las estadísticas que el Estado venezolano publica son esporádicas e inverificables, lo que dificulta los esfuerzos para determinar el verdadero alcance en todos los aspectos, desde los daños económicos hasta la delincuencia y el impacto de la pandemia de COVID-19. Una encuesta anual realizada por las principales universidades del país estima que el nivel de pobreza es del 94 por ciento.

En los últimos años, el gobierno ha empezado a permitir la entrada de ayuda humanitaria extranjera, en particular a través de un acuerdo de 2021 con el Programa Mundial de Alimentos. Pero el hambre, las enfermedades y la desnutrición aún prevalecen y los programas de asistencia social disponibles, ya sean administrados por el Estado, por ONG locales y extranjeras o por agencias multilaterales, están lejos de poder satisfacer todas las necesidades. La pobreza ha dejado a grandes segmentos de la población, en particular a las mujeres y las niñas, sumamente vulnerables a la trata de personas, especialmente para el comercio sexual en países vecinos.

Un acuerdo de último momento entre los principales partidos de la oposición le permitió a Guaidó renovar su controversial mandato como “presidente interino” justo antes de que expirara el 5 de enero. Su argumento se basa en que la Asamblea Nacional elegida democráticamente para el periodo 2016 - 2021 sigue siendo el verdadero parlamento del país, a pesar de la elección de una nueva legislatura en diciembre de 2020 en unas elecciones que la principal corriente de oposición boicoteó y desestimó como una farsa. Pero la oposición se encuentra profundamente dividida y es poco funcional. Su liderazgo, incluido Guaidó, ha sido objeto de severas críticas internas por denuncias de corrupción e incompetencia en la gestión de los activos de Venezuela en el extranjero.

Sin embargo, la principal discrepancia es sobre estrategia. El fracaso de la campaña de “máxima presión” liderada por EE. UU. para derrocar a Maduro, centrada en el respaldo extranjero (en especial el de Washington) a la “presidencia” de Guaidó, sanciones económicas e individuales y el boicot electoral, convenció a la Plataforma Unitaria de participar en las elecciones locales y regionales en noviembre de 2021. Sin embargo, Guaidó y sus aliados más radicales se negaron a participar en la campaña. El resultado es una paradoja: unos líderes que no comparten las ideas de su movimiento sobre cómo proceder. El desacuerdo se debe, en parte, a los incentivos perversos creados por el reconocimiento externo al gobierno interino, que han dificultado las iniciativas para renovar el liderazgo político de la oposición basadas en su apoyo popular en Venezuela. Además, los partidos de oposición que no forman parte de la Plataforma ahora representan un número significativo de votantes.

Obligado a adaptarse al colapso económico y a las sanciones de EE. UU., el gobierno de Maduro ha emprendido reformas económicas un tanto caóticas, dolarizando parcialmente la economía y devolviendo muchas empresas estatales al sector privado en transacciones poco transparentes. También ha logrado un modesto incremento en la producción de petróleo. Aunque no han resuelto la grave crisis económica del país, estos cambios han frenado la caída del PIB y le han facilitado la vida a una minoría de la población, en particular a quienes pueden ganar en dólares.

Las reformas también han permitido un mínimo de democracia al interior del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que aumenta la posibilidad de que el cambio político y económico provenga primero del interior del partido de gobierno y no de la actividad externa de sus adversarios. A su vez, este desarrollo fortalece la posición de aquellos en la principal corriente de oposición que abogan por una postura menos conflictiva hacia el gobierno de Maduro.

Aun así, los líderes de la oposición rechazaron las propuestas hechas por el excandidato presidencial de la oposición Henrique Capriles y otros en 2020 de negociar acuerdos ad hoc parciales con Maduro, insistiendo en que solo un acuerdo integral, de todo o nada, que incluyera elecciones presidenciales libres y justas sería aceptable. Las conversaciones en Ciudad de México facilitadas por Noruega sobre un acuerdo de ese tipo comenzaron en agosto de 2021, pero no lograron avanzar mucho en sus escasos dos meses antes de que el gobierno de Maduro suspendiera su participación, luego de que Cabo Verde extraditara a su aliado Alex Saab a EE.UU. Al momento de esta publicación, las conversaciones continúan suspendidas.

No es probable que haya una solución a la crisis política y económica venezolana en el corto o mediano plazo, y cuando finalmente ocurra, probablemente sea a través de un proceso y no por un evento. Junto con las fuerzas armadas, el gobierno de Maduro, o al menos una facción de éste, desempeñará un papel importante (y probablemente orientador) en cualquier avance hacia un acuerdo. El progreso requerirá negociaciones complejas y prolongadas, preferiblemente sobre la base del proceso facilitado por Noruega que ahora está suspendido, pero reforzadas por apoyos externos adicionales. Sin embargo, para que las conversaciones puedan tener éxito, la coalición de oposición debe resolver sus disputas sobre la toma de decisiones y estrategias; restaurar su credibilidad con el electorado, fundamentalmente (pero no exclusivamente) asegurando que las decisiones tomadas por los líderes respeten las preferencias democráticas internas, y ampliar su base llegando a acuerdos con aquellos sectores de la oposición ajenos a la Plataforma que no son meros apéndices del gobierno.

La primera tarea de la UE y sus Estados miembros, junto con otros actores externos que buscan poner fin a la crisis de Venezuela, es exhortar a las distintas facciones de la oposición a tomar esta ruta, haciendo énfasis en un cambio gradual y un diálogo con el gobierno de Maduro y sus aliados extranjeros. En la medida de lo posible, deben promover avances hacia una mayor unidad de la oposición y evitar insistir en el apoyo al “gobierno interino”, cuya autoridad sobre el grueso de la oposición y su papel como agente movilizador de lealtad política probablemente continúe disminuyendo. También deben procurar mayor alineación política entre los principales aliados externos de la oposición, especialmente instando a Washington a que respalde unas negociaciones renovadas con una hoja de ruta explícita que establezca un camino para primero, aliviar las sanciones y posteriormente levantarlas a cambio de avances hacia un acuerdo que incluya elecciones libres y justas, y la restauración del orden constitucional. Los planes para una reforma electoral deben basarse en los hallazgos de la misión de observación de la UE para las elecciones locales y regionales de noviembre de 2021, mientras que un acuerdo debe incluir garantías de que quien resulte derrotado en unas elecciones futuras no será objeto de persecución. Un acuerdo ideal también incluiría la creación de un sistema de justicia transicional para abordar la predominante impunidad por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el conflicto político, que cuente con el aval de la Corte Penal Internacional y el consentimiento del gobierno.

Una segunda tarea es mantener un estrecho contacto con el gobierno de Maduro, al igual que con las fuerzas armadas venezolanas. La UE y sus Estados miembros deben presionar a estos actores para que indiquen qué incentivos específicos podrían aceptar a cambio de permitir la reactivación de la competencia política pacífica como parte de un acuerdo como el descrito anteriormente. Al mismo tiempo, los diplomáticos europeos también deben instar a los socios externos del gobierno de Maduro, incluidos China y Rusia, a apoyar la búsqueda de una solución negociada que restablezca el crecimiento económico y la estabilidad del país, y que a su vez aborde tanto sus propias preocupaciones como las del gobierno. 

Si las negociaciones para resolver la crisis venezolana se reanudan una vez más, una tercera tarea para la UE y sus Estados miembros será ofrecer incentivos y apoyo material concreto para motivar a ambas partes a acordar las difíciles concesiones necesarias para restaurar la paz, la democracia y la seguridad. Mientras tanto, la UE debe instar a la oposición a establecer un modelo no partidista para la gestión de los activos externos que están en su poder, al igual que para ofrecer orientación acerca de cómo podría resolverse la disputa sobre estos activos en un acuerdo final.

Paralelamente a estos esfuerzos diplomáticos, la UE debe aumentar significativamente su apoyo financiero (a un nivel similar al que destina a los países más cercanos a sus fronteras) para atender tanto la crisis migratoria venezolana en la región como, a través de negociaciones con funcionarios gubernamentales a varios niveles, los problemas de desnutrición y enfermedades al interior del país. Es preocupante el impacto desproporcionado de la pobreza y la migración sobre mujeres y niñas, que resultan especialmente vulnerables al fenómeno cada vez más frecuente de la trata de personas. La UE y sus Estados miembros deben usar su influencia sobre los gobiernos regionales para que apliquen plenamente las disposiciones de las numerosas leyes y tratados internacionales que prohíben la trata de personas y la esclavitud sexual, en particular el Protocolo de Palermo de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.