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Venezuela: ¿Reforma política o colapso del régimen?

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Resumen Ejecutivo

El presidente Hugo Chávez afronta dificultades cada vez mayores tanto en su país como en el exterior. La derrota de las reformas constitucionales en un referendo celebrado en diciembre de 2007, un año después de la reelección, fue su peor revés desde que ganó las elecciones presidenciales en 1998. No fue en primera instancia la oposición dividida, que carece de una base social amplia, la que propinó este golpe, sino la abstención de tres millones de venezolanos, incluidos muchos antiguos partidarios del gobierno. Existe un desencanto creciente por causa de la escasez de alimentos, la inflación creciente, la inseguridad pública y la corrupción, así como resistencia al intento de Chávez de fusionar los partidos de su coalición para formar un nuevo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y preocupación por la mayor concentración de poder en manos del presidente y por su política exterior, incluidas las disputas con Colombia. Sólo si renuncia a sus intentos de alterar drásticamente la Constitución de 1999 podrá Chávez restablecer la estabilidad democrática en Venezuela. Si no llega a un acuerdo y no gobierna con mayor transparencia e inclusión, las elecciones municipales y regionales de noviembre podrían convertirse en un nuevo y dramático revés para su cada vez más autocrática “revolución bolivariana”.

Después de su segunda reelección por una votación abrumadora en diciembre de 2006, Chávez intentó acelerar la implementación de su “socialismo del siglo XXI”. La Asamblea Nacional (AN), controlada por el gobierno, aprobó una Ley Habilitante que le otorga poderes legislativos plenos al presidente hasta finales de julio de 2008, y Chávez propuso una reforma radical de la Constitución de 1999. Si se hubiera aprobado por referendo, la Constitución habría eliminado las limitaciones de la reelección presidencial, además de allanar el camino para una educación centralizada, una mayor politización del estamento militar, la recentralización del gobierno mediante un nuevo orden territorial y político, y el fortalecimiento de los consejos comunales encargados de administrar los programas de bienestar social (“misiones”) liderados por el ejecutivo. Los intentos de imponer decretos sin una previa discusión amplia en el primer semestre de 2008 provocaron un fuerte disenso que forzó su retiro.

El movimiento chavista está perdiendo impulso. Se ha vuelto burocrático, la corrupción se está extendiendo y el manejo del gobierno es deficiente. Los programas sociales del presidente no están cumpliendo las expectativas y no han empoderado a los ciudadanos. En las ciudades e incluso en las áreas rurales, en donde ha sido más fuerte la base social de Chávez, está aumentando el descontento debido a la escasez de alimentos básicos y el incremento en las tasas de inflación y de criminalidad. Es poco probable que el PSUV, creado a comienzos de 2007, le ayude a Chávez a recuperar el apoyo perdido. Por el contrario, en los niveles comunitarios, regional (estados) y local (municipios), se lo percibe como una estructura de toma de decisiones jerárquica que reduce cualquier espacio para la participación política no aprobada por el presidente.

Las elecciones de noviembre constituirán una prueba crítica para el gobierno de Chávez y para los procesos democráticos en el hemisferio. Para que la oposición política gane terreno significativamente y conquiste algunos feudos chavistas, debe insuflarle vida al pacto de unidad suscrito a comienzos de 2008, llegar a un consenso sobre candidatos únicos fuertes, atraer a los sectores menos favorecidos del electorado y diseñar una estrategia nacional convincente capaz de contrarrestar el carisma de Chávez.

Bogotá/Bruselas, 23 de julio de 2008

Executive Summary

President Hugo Chávez faces mounting difficulties at home and abroad. The defeat of constitutional reforms in a December 2007 referendum, a year after re-election, was his worst setback since winning the presidency in 1998. It was not primarily the divided opposition, which lacks a broad social base, that dealt this blow but the abstention of three million Venezuelans, including many former government supporters. There is growing disenchantment over food shortages, rising inflation, public insecurity and corruption, as well as resistance to Chávez’s push to merge his coalition’s parties into a new United Socialist Party of Venezuela (PSUV), and concern about further concentration of power in the president’s hands and his foreign policy, including disputes with Colombia. Only by ending attempts to drastically alter the 1999 constitution is Chávez likely to return Venezuela to democratic stability. If he fails to compromise and govern more transparently and inclusively, November municipal and regional elections could produce a dramatic new setback for his increasingly autocratic “Bolivarian revolution”.

Following his landslide second re-election in December 2006, Chávez sought to accelerate implementation of his “socialism of the XXIst century”. The government-controlled National Assembly (NA) passed an “Enabling Law” (Ley Habilitante), which grants him full legislative powers until the end of July 2008, and he proposed sweeping reform of the 1999 constitution. If approved in the referendum, the latter would have removed limitations on presidential re-election as well as paved the way for centralised education; further politicisation of the military; recentralisation of government through a new territorial and political order; and strengthening of communal councils charged with administering the executive-led social welfare programs (misiones). Attempts to impose decrees without broad discussion in the first half of 2008 sparked strong dissent that forced their withdrawal.

The chavista movement is losing momentum. It has become bureaucratic, corruption is spreading and the government’s management is poor. The president’s social programs are not meeting expectations and have not empowered citizens. In the cities and even in rural areas, where Chávez’s social base has been strongest, dissatisfaction is spreading due to shortages of basic foodstuffs and rising inflation and crime. The PSUV, established in early 2007, is unlikely to help Chávez regain lost support. On the contrary, at the grassroots and regional (state) and local (municipalities) levels, it is perceived as a top-down decision-making structure that reduces any space for political participation not blessed by the president.

The November elections will be a critical test for the Chávez administration and democratic processes in the hemisphere. If the political opposition is to make broad gains and capture several chavista fiefdoms, it must breathe life into the unity pact signed in early 2008, reach consensus on strong single candidates, attract the under-privileged sectors of the electorate and design a convincing national strategy capable of offsetting Chávez’s charisma.

Bogotá/Brussels, 23 July 2008

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