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Protesters clash with riot police during a rally to demand a referendum to remove Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, 1 September 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Report 59 / Latin America & Caribbean

Venezuela: diálogo a duras penas

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Resumen ejecutivo

Venezuela está sumida en un profundo conflicto político complicado en gran medida por una crisis económica y social de proporciones casi sin precedentes. A punto de comenzar su decimoctavo año en el poder, el gobierno chavista, ahora liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha visto cómo se desplomaba su popularidad bajo los efectos de una economía que se ha estado contrayendo desde el 2014, con una tasa de inflación anual cercana al 1.000 por ciento. Los alimentos y otros bienes básicos a menudo son imposibles de obtener o están fuera del alcance de la mayoría. Sin embargo, la disminución de los ingresos derivados del petróleo, de los cuales el país depende, no han generado nuevos rumbos en las políticas públicas, sino una intensificación en los controles estatales, redoblando los ataques contra supuestos saboteadores de negocios y eliminado los canales constitucionales mediante los cuales una oposición política en ascenso podría disputarle su poder. A medida que se acerca el 2017, la parálisis política y la miseria económica presagian serias confrontaciones a no ser que las recientemente establecidas negociaciones con la oposición produzcan un rápido avance hacia la transición que Venezuela necesita para volver a las normas democráticas.

Tanto la creciente hostilidad política como el comienzo de las negociaciones se remontan al 20 de octubre, cuando el gobierno asestó un golpe mortal a la única vía electoral para salir del conflicto político en el corto plazo: un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tal como dispone la Constitución. En respuesta a fallos dictados por cinco tribunales penales regionales, anunciados no por jueces sino por gobernadores estatales pertenecientes al ala más dura del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió indefinidamente el proceso de referéndum. Esto sucedió a menos de tres meses del 10 de enero de 2017, fecha tras la cual un referéndum ya no desencadenaría elecciones presidenciales, incluso si fuera exitoso. La acción del CNE, controlado por el gobierno, prácticamente pone fin a la iniciativa.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó a esto como un golpe de estado y anunció una ofensiva política en tres frentes. Redobló las acciones callejeras en un intento de forzar al gobierno a cambiar de opinión, mientras que en paralelo inició un procedimiento contra el presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Asimismo, dijo que solicitaría a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplicara la Carta Democrática Interamericana, cuyos términos contemplan la posible suspensión de un Estado miembro.

Mientras las dos partes participan en un combate político, el malestar de la sociedad se ha intensificado. Cada vez cuesta más encontrar medicamentos vitales, y el servicio de salud está colapsando, causando miles de muertes innecesarias. La reacción del gobierno a la delincuencia violenta, que cobra más de 20.000 vidas al año, es de disparar a matar contra los supuestos delincuentes en combinación con redadas en barrios pobres por parte de las fuerzas de seguridad, dando lugar a acusaciones generalizadas de abusos de los derechos humanos. Últimamente, elementos de las fuerzas armadas han estado implicados en masacres, la más reciente de las cuales es el asesinato de más de una docena de jóvenes en la región de Barlovento, en el estado de Miranda.

Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.

Las negociaciones directas entre las dos partes, “acompañadas” por un enviado del Papa Francisco I y “facilitadas” por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y dos expresidentes latinoamericanos, comenzaron a finales de octubre, pero su futuro pende de un hilo. Una serie de cambios de liderazgo a nivel nacional e internacional a principios de 2017, posiblemente incluida la presidencia venezolana, plantean tanto la posibilidad de avances sustanciales como la amenaza de una reacción violenta o autoritaria. El actual estancamiento clama por un enfoque basado en el diálogo, que idealmente lleve a una administración interina, multipartidista, que pueda hacer cumplir las medidas que se necesitan con urgencia. Se requiere un esfuerzo concertado por parte de todas las banderas políticas, pero también la comunidad internacional, en especial los gobiernos latinoamericanos, organizaciones regionales como UNASUR y la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas, para aprovechar este periodo de incertidumbre para restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la gobernanza económica responsable.

Recomendaciones

Para comenzar a restaurar el gobierno democrático, el bienestar económico y social y la estabilidad política

Al Gobierno:

  1. Negociar con la oposición de buena fe para lograr un acuerdo que proporcione un calendario electoral claro, preferiblemente adelantando las elecciones presidenciales de diciembre del 2018; levantar las restricciones sobre la Asamblea Nacional; y disponer el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo y miembros de la junta del CNE verdaderamente independientes y cualificados.
     
  2. Eliminar las restricciones a la ayuda humanitaria por parte de donantes para aliviar el sufrimiento, sin esperar a alcanzar un acuerdo sobre una solución política a la crisis.
     
  3. Fomentar la confianza en las negociaciones liberando a todos los presos políticos y retirando los cargos contra más de 2.000 activistas opositores, la mayoría de los cuales fueron arrestados por participar en manifestaciones contra el gobierno.
     
  4. Aprovechar el acervo de conocimiento nacional e internacional en materia de economía para negociar con la oposición un plan de emergencia para contener la inflación y restaurar el poder adquisitivo de la moneda.
     
  5. Reconsiderar urgentemente la política policial militarizada a la luz de los abusos demostrados y las ejecuciones extrajudiciales.

A la MUD y el liderazgo de la Asamblea Nacional:

  1. Abstenerse de abandonar las negociaciones con el gobierno y hacer todo lo posible por encontrar una solución creativa y viable a la crisis mediante el establecimiento de un calendario electoral y una reforma económica.
     
  2. Mantener el compromiso declarado con la protesta no violenta e intentar evitar el derramamiento de sangre en las manifestaciones.

Al Vaticano y otros facilitadores:

  1. Apoyar y reforzar gradualmente la facilitación, presionando a ambas partes para que negocien de buena fe.
     
  2. Insistir en la prestación de ayuda humanitaria, garantizando que no será usada para menoscabar al gobierno.

Al gobierno y la MUD conjuntamente:

  1. Fortalecer el proceso de negociación aceptando los aportes de la sociedad civil y los procedimientos internacionales de verificación de los acuerdos; y estar abiertos a usar expertos técnicos externos para abordar los temas estancados.
     
  2. Reforzar un plan de reforma económica e institucional acordado mediante arreglos para compartir el poder, incluida la participación de representantes de la oposición en un gobierno de unidad interino hasta que haya nuevas elecciones.

A los gobiernos regionales, EE.UU. y la Unión Europea (UE):

  1. Apoyar el proceso de facilitación en las organizaciones regionales e internacionales, sobre todo la OEA y la ONU, y ofrecer servir de garantes y testigos y financiar la experticia técnica externa que se requiera para las negociaciones.
     
  2. Instar a Venezuela a honrar sus compromisos bajo el derecho internacional y los tratados multilaterales en materia de democracia, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos, entre otras cosas mediante la activación de las disposiciones relevantes de la Carta Democrática y el Protocolo de Ushuaia de Mercosur.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de diciembre de 2016

I. Introducción

Venezuela, que ya era una democracia imperfecta cuando el actual régimen llegó al poder en 1999 al mando del fallecido presidente Hugo Chávez, ha estado deslizándose progresivamente hacia el autoritarismo. Tras la muerte de Chávez por un cáncer en 2013, la presidencia pasó a su sucesor elegido, Nicolás Maduro, quien logró una estrecha victoria electoral en abril de ese año. Maduro ha intensificado la represión a medida que ha disminuido su popularidad y profundizado la polarización política. La drástica caída del precio del petróleo, del que la economía depende casi por completo, ha expuesto fallas profundas en las políticas sociales y económicas que combinan controles draconianos de precios y tasas de cambio, y expropiaciones con altos niveles de corrupción y subsidios ineficaces a cambio de apoyo político. El resultado ha sido una escasez generalizada, hambre y enfermedad, con un correspondiente aumento del descontento popular y tensión política.[fn]Para un relato del colapso del suministro de alimentos y servicios sanitarios, véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina N°33, Venezuela: un desastre evitable, 30 de julio de 2015. El carácter cada vez más autoritario del régimen se aborda en los Informes Breves N°s 30, Venezuela: punto de quiebre, 21 de mayo de 2014; 31, Venezuela: inercia peligrosa, 23 de septiembre de 2014; y 34, Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?, 21 de diciembre de 2015.Hide Footnote Más de 40 personas murieron en 2014 durante varios meses de enfrentamientos callejeros entre las fuerzas de seguridad, partidarios del gobierno y una facción de la oposición. En el 2015, Caracas registró la tasa de homicidios más elevada de todas las ciudades del mundo.[fn]The world’s most violent cities”, The Economist, 3 de febrero de 2016.Hide Footnote

Tras perder las elecciones parlamentarias en el 2015, el gobierno colmó el nominalmente autónomo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con partidarios incondicionales, y desde entonces lo ha usado para bloquear todas las leyes e iniciativas de la Asamblea Nacional, despojar a dicho organismo de sus facultades constitucionales de supervisión y control y, el 5 de septiembre de 2016, declarar todas sus acciones nulas y sin efecto.[fn]Véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina N°35, Venezuela: al borde del precipicio, 23 de junio de 2016. El TSJ declaró a la Asamblea Nacional “en desacato” por su dictamen que a tres legisladores de la MUD del estado de Amazonas, acusados por el gobierno de fraude en las elecciones de 2015, se les debería impedir ocupar sus escaños mientras se estudian sus casos. Su ausencia priva a la oposición de una mayoría de dos tercios y la obliga a buscar el apoyo del gobierno, por ejemplo para designar a miembros de la junta del CNE.Hide Footnote El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, ha sido usado para postergar y en última instancia suspender un referéndum revocatorio a la presidencia de Maduro y para posponer al menos seis meses las elecciones para gobernadores estatales, que según la Constitución se deberían haber celebrado en diciembre. Las protestas se han confrontado con prohibiciones, retenes y represión policial, así como el despliegue de civiles armados que han golpeado y disparado contra los manifestantes. Los grupos de derechos humanos afirman que el gobierno retiene a más de 100 presos políticos, mientras que miles más están sujetos a diversas restricciones en su libertad.

En el marco de la investigación de este informe Crisis Group llevó a cabo más de 20 entrevistas en Caracas en los meses de octubre y noviembre, con participantes en el diálogo entre el gobierno y la oposición, analistas políticos y de seguridad, diplomáticos residentes en Venezuela, periodistas y representantes de la comunidad empresarial. Se hicieron esfuerzos por contactar a miembros del gobierno en ejercicio para escuchar sus interpretaciones de los eventos recientes, pero estos intentos fueron infructuosos.

II. La política envenenada

A. Cómo el gobierno abortó el referéndum por la revocatoria

Tras las elecciones parlamentarias y la instalación, el 5 de enero del 2016, de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debatió estrategias para lograr su objetivo prioritario de poner fin a la presidencia de Maduro, la cual de otro modo se prolongaría hasta enero del 2019. Cada estrategia tenía sus propios simpatizantes entre los cuatro principales partidos miembros del MUD;  éstas incluían un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial y la elección de una asamblea para reformar la constitución y renovar todos los poderes del Estado. Pero después de que el TSJ descartara la enmienda constitucional se impuso la opción del referéndum, favorecida por el ex candidato presidencial y gobernador estatal Henrique Capriles del partido Primero Justicia (PJ). La solicitud de referéndum fue presentada formalmente al CNE en marzo, lo que dejó unos nueve meses para que se convocara una votación que podría en principio terminar el mandato del gobierno.[fn]El artículo 72 de la Constitución estipula que cualquier funcionario electo puede ser sometido a un referéndum revocatorio a la mitad de su mandato, siempre y cuando el 20 por ciento de los votantes estén de acuerdo. El artículo 233 estipula que si el mandato del presidente es revocado “durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta complementar dicho periodo”. Maduro, elegido en abril del 2013, debería dejar el cargo en enero del 2019, dado que está completando el mandato de seis años de Chávez, que comenzó tres meses antes. Sin embargo, si un referéndum celebrado antes de enero del 2017 produjera un voto revocatorio, se tendrían que celebrar nuevas elecciones presidenciales antes de 30 días.Hide Footnote

El gobierno sostuvo que no habría tiempo de celebrar el referéndum en el 2016. El CNE aplicó la interpretación más restrictiva y complicada de los reglamentos que gobiernan los referéndums e improvisó, sobre la marcha, nuevas reglas.[fn]No se ha aprobado ninguna ley de referéndums, así que el proceso está regulado por el CNE, controlado por el gobierno, que aplica una serie de reglas establecidas en 2007 (“Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular”, Consejo Nacional Electoral Resolución 070906-2770, 18 de diciembre de 2007). Dichas normas requieren que los impulsores del referéndum primero obtengan firmas del 1 por ciento del electorado, para obtener permiso para recolectar el 20 por ciento. Sin embargo, el CNE añadió varios nuevos procedimientos que demoraron el proceso, incluida la digitalización de los formularios de firmas completados, una “comisión de verificación” dirigida por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la transcripción de los formularios y su consiguiente auditoría. José Ignacio Hernández, “8 violaciones del CNE a la Constitución en el trámite del revocatorio”, Prodavinci, 13 de mayo de 2016.Hide Footnote Se demoró casi dos meses simplemente para emitir los formularios oficiales en los que la MUD, en la etapa inicial, tenía que recolectar las firmas del 1 por ciento del electorado para obtener permiso para conseguir el 20 por ciento necesario para convocar un referéndum. Se recolectaron más de dos millones de firmas (diez veces el número requerido), pero el CNE rechazó, por diversas razones, 600.000 . Páginas enteras de firmas fueron anuladas porque el nombre del presidente o la palabra “presidente” estaban mal escritos. Las firmas de aquellos que firmaron fuera de su propia circunscripción tampoco se contaron.[fn]La lógica de esta regla, promulgada por el CNE después de que comenzara el proceso, es incierta, ya que el circuito electoral afectado por el referéndum corresponde a todo el país.Hide Footnote Aquellos cuyas firmas sí se tuvieron en cuenta tuvieron que “validarlas” en centros designados por el CNE, usando equipos lectores de huellas dactilares.

Las autoridades electorales recurrieron a nuevas demoras y obstáculos.[fn]El proceso de validación se fijó para el 20-24 de junio, pero cientos de miles de votantes fueron incapaces de cumplir con las reglas porque el CNE proporcionó solo 300 equipos lectores de huellas dactilares en todo el país, muchos de ellos en localidades alejadas de los centros de población donde residen la mayoría de los votantes de la oposición. Después el CNE se demoró hasta el 24 de agosto en reconocer que el objetivo del 1 por ciento se había cumplido, tras lo cual debería haber fijado la fecha para recolectar el 20 por ciento estipulado por la Constitución. Ya se había demorado 145 días en llegar a este punto, aunque un cálculo razonable sería solo de 41 días “CNE se tomó 141 días adicionales a los previstos para el análisis del 1% de las firmas”, El Pitazo, 3 de agosto de 2016.Hide Footnote El 22 de septiembre, el CNE anunció un cronograma que descartaba un referéndum revocatorio antes del final del primer trimestre del 2017, lo que impediría un cambio de gobierno. Asimismo, supeditó la convocatoria del referéndum a que la MUD lograra firmas no solo del 20 por ciento del electorado nacional, sino del 20 por ciento en cada uno de los 23 estados del país (más el Distrito Capital). Las fechas para recolectar el 20 por ciento eran del 26 al 28 de octubre.

El gobierno pudo haber calculado que la MUD abandonaría la campaña del referéndum antes de arriesgarse al fracaso de un proceso prolongado. Sin embargo, el gobierno de Maduro también desarrolló una estrategia paralela que involucraba a los tribunales. El presidente había nombrado a un líder político afín al gobierno, Jorge Rodríguez – alcalde de Caracas y antiguo miembro de la junta del CNE – para que encabezara el esfuerzo por impedir el referéndum. Él y otros afirmaron que las firmas rechazadas en la primera etapa eran evidencia de un “fraude masivo” y solicitaron al TSJ que bloqueara la totalidad del proceso y/o despojara a la MUD de su estatus legal. Por motivos que siguen sin estar claros, cinco tribunales penales regionales, y no el TSJ, emitieron la sentencia de “fraude” que llevó a la suspensión del referéndum. Cuando la MUD solicitó al TSJ que le permitiera recolectar firmas del 20 por ciento del electorado, la rama electoral de dicho tribunal rechazó la solicitud.[fn]“Sala electoral rechazó amparo que solicitaba reanudar recolección del 20%”, Efecto Cocuyo, 11 de noviembre del 2016.Hide Footnote

B. La respuesta de la MUD

A la MUD le llevó varios días de debates y consultas internas responder al anuncio del cronograma del CNE el 22 de septiembre. El 26 de septiembre, declaró que consideraba que las condiciones eran inconstitucionales pero persistiría con su campaña por un referéndum, mientras que en paralelo, movilizaría protestas callejeras, actuaría en el parlamento y buscaría apoyo internacional.[fn]“La respuesta de la MUD a las condiciones del CNE para la recolección del 20%”, Tal Cual, 26 de septiembre de 2016.Hide Footnote Rechazó rotundamente que el requisito del 20 por ciento debiera aplicarse a cada estado, al igual que  la postergación del referéndum hasta el 2017. Asimismo, anunció una protesta nacional para el 12 de octubre, que tomó la forma de un ensayo de los tres días de recolección de firmas previstos para el 26-28 de octubre. No obstante las respuestas de sus simpatizantes fueron tímidas.

El 23 de octubre, tras la suspensión del proceso de referéndum por parte del CNE, la Asamblea Nacional comenzó a debatir lo que la MUD denominó la “restauración de la constitución”. Otro de los temas de la agenda fue lo que se denominó de modo impreciso como un “juicio político” o “impeachment” de Maduro, aunque sin el apoyo de otras instituciones del Estado (todas controladas por el ejecutivo) la legislatura no cuenta con facultades constitucionales para remover al presidente. La MUD propuso declararlo “políticamente responsable” de la crisis, acusarlo de abandonar sus obligaciones e investigar acusaciones de que había nacido en Colombia, y por lo tanto no podía ser elegido presidente.[fn]Los padres de Maduro eran colombianos. Él insiste en que nació en Venezuela, pero nunca ha presentado una partida de nacimiento. Él y otras personalidades del gobierno han dado cuatro versiones diferentes del lugar preciso de su nacimiento, lo que ha alimentado sospechas de que podría haber nacido en Colombia. El 28 de octubre, el TSJ dictaminó que el presidente es venezolano, con ninguna otra nacionalidad, y amenazó con iniciar acciones penales contra cualquiera que lo niegue. “TSJ confirma que Nicolás Maduro es venezolano y nació en La Candelaria”, Efecto Cocuyo, 28 de octubre de 2016. El artículo 227 de la Constitución estipula que un candidato presidencial debe ser venezolano de nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad.Hide Footnote Durante el debate, simpatizantes del gobierno, algunos armados, irrumpieron en el recinto del edificio y con dificultad se les impidió entrar a la cámara legislativa. Algunos periodistas fueron atacados y robados.[fn]“Toma por asalto a la Asamblea Nacional deja 6 violaciones a la libertad de expresión”, Espacio Público, 24 de octubre de 2016.Hide Footnote La multitud solo se retiró cuando así lo ordenó Jorge Rodríguez.[fn]Entrevista de Crisis Group, periodista, 24 de octubre de 2016.Hide Footnote El presidente dijo que le había sorprendido el incidente, pero los intrusos habían entrado “alegres, algunos de ellos bailando”, y su intención había sido asegurarse de que su voz fuera escuchada.[fn]“Maduro: Me sorprendió la gente alegre y bailando que entró al Parlamento”, 2001, 25 de octubre de 2016.Hide Footnote

En este contexto poco prometedor, y para sorpresa de muchos, el enviado del Vaticano Monseñor Emil Paul Tscherrig, nuncio en Argentina, anunció el 24 de octubre que “el diálogo nacional ha comenzado”. Una primera reunión entre el gobierno y la oposición, dijo, se celebraría en la Isla Margarita el 30 de octubre. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, confirmó esto, pero casi inmediatamente fue contradicho por varios líderes políticos de la MUD. Capriles dijo que se enteró del acuerdo “por televisión”, una afirmación que otras fuentes de la oposición han cuestionado fuertemente.[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político, 22 de noviembre de 2016.Hide Footnote  Tanto Capriles como Luis Florido, coordinador político nacional de Voluntad Popular (VP), dijeron que no estaban dadas las condiciones para un diálogo. Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, insistió que habría una reunión solo si la MUD en su conjunto estaba de acuerdo.

La MUD reiteró su llamado a las manifestaciones de protesta el 26 de octubre, pero se encontró claramente desequilibrada y pasó la semana después del anuncio del diálogo intentando recomponer su posición. Primero que todo insistió, en un intento de evitar sospechas de que estaba buscando negociar un acuerdo lejos de la mirada del público, que cualquier reunión se celebraría en Caracas. Las protestas previstas para mediados de la semana siguieron adelante como estaba previsto, aunque la concurrencia, si bien no fue insignificante, reflejó la confusión de los simpatizantes.[fn]La MUD afirmó que cientos de miles se habían presentado en Caracas, pero los informes policiales sugieren que no fueron más de 75.000.Hide Footnote  Las riñas continuaron hasta el último minuto, y los principales partidos de la oposición (los llamados G4) alcanzaron un acuerdo tan solo media hora antes del inicio del diálogo el 30 de octubre. VP se negó a participar, mientras que los otros tres partidos principales acordaron retirarse si no lograban las condiciones que VP exigía.[fn]“Voluntad Popular no asistió al encuentro del diálogo por considerar que no están dadas las condiciones y ratifica convocatoria en Unidad a Miraflores”, comunicado de prensa de VP, 30 de octubre del 2016.Hide Footnote  Quince partidos miembros más pequeños emitieron un comunicado en el que afirmaban que bajo las actuales condiciones el diálogo “no tiene sentido”, y exigían que la oposición estuviera representada no solo por el G4, sino también por otros líderes políticos y la sociedad civil.[fn]“15 partidos de la MUD presentaron propuestas ante eventual diálogo”, El Nacional, 29 de octubre del 2016.Hide Footnote

C. El dilema del diálogo

La MUD había insistido mucho en la participación del Vaticano en la facilitación liderada por Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro español, cuyos miembros, a ojos de muchos opositores, eran demasiado cercanos al gobierno de Maduro.[fn]Ewald Scharfenberg, “Capriles dice que Zapatero esta ‘descalificado’ para mediar en conflicto de Venezuela”, El País Internacional, 26 de junio del 2016.Hide Footnote El Vaticano había insistido que solo participaría si tanto el gobierno como la oposición lo solicitaban formalmente, y había una clara voluntad de ambos lados de negociar de buena fe.[fn]El secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin respondió en una carta a mediados de septiembre a los pedidos de Ernesto Samper (secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia) y a los facilitadores liderados por Zapatero, en la que decía que el Vaticano participaría si recibía “una invitación directa de las partes interesadas, una vez que hayan tomado la firme decisión de iniciar formalmente el diálogo”.Hide Footnote He ahí la sorpresa cuando, aparentemente en contra de los consejos que estaba recibiendo de Caracas, su enviado anunció el inicio de las negociaciones.[fn]Entrevista de Crisis Group con una fuente de alto nivel de la Iglesia, 4 de noviembre del 2016.Hide Footnote La impresión generalizada era que un papa latinoamericano, cuyo círculo íntimo incluye a personas con amplia experiencia en asuntos venezolanos, estaría en una buena posición para ayudar a dirigir al país hacia una solución negociada, pero el momento parecía desfavorable.[fn]El principal “experto en Venezuela” en el Vaticano es el secretario de Estado Parolin, quien fue nuncio en Caracas (2009-2013) y ha mantenido estrechos contactos con el país. El recientemente elegido general de los jesuitas (la orden a la que pertenece el Papa Francisco) es un venezolano, Arturo Sosa. El mismo Papa tiene una larga amistad con el arzobispo de Mérida, Venezuela, Baltazar Porras, a quien recientemente nombró cardenal. Hay ciertas tensiones, no obstante, entre el Vaticano y la iglesia de Venezuela, a la cual el gobierno desde hace mucho tiempo percibe como “contrarrevolucionaria”. El otro cardenal de Venezuela, Jorge Urosa Sabino, es visto como un crítico del Papa. (Juan Francisco Alonzo, “El Cardenal Urosa Sabino no sigue los pasos del Papa Francisco”, Tal Cual, 9 de enero del 2016). Algunos en la oposición venezolana consideran que el papa es un comunista.Hide Footnote Mientras que la oposición necesitaba resultados inmediatos para mantener unida a su coalición, el gobierno parecía tener todos los incentivos para usar las negociaciones para debilitar la campaña de la MUD para revertir la decisión del referéndum y dilatarla hasta después del 10 de enero, fecha tras la cual un referéndum no produciría nuevas elecciones presidenciales.

Aparentemente frustrados por las vacilaciones de la MUD en torno a la participación, tanto el Vaticano como EE.UU. presionaron a la oposición para que no abandonara su compromiso con el diálogo. La Iglesia Venezolana advirtió que no se podría garantizar la participación del Papa si la oposición se retiraba.[fn]La conferencia de obispos de Venezuela emitió un duro comunicado el 30 de octubre en el que advertía contra abandonar el compromiso con el diálogo. Fuentes políticas y eclesiásticas mencionaron a Crisis Group la amenaza del Vaticano de retirarse, pero la Iglesia hizo hincapié en el compromiso del Papa con el éxito.Hide Footnote Los líderes moderados de la MUD, muchos de los cuales tenían sus propias dudas acerca de la sensatez de negociar en ese momento, se vieron simultáneamente atacados por sus aliados más radicales y arrinconados por los facilitadores.

El 3 de noviembre, tras la primera sesión de diálogo, Maduro declaró públicamente que la oposición “ni con votos ni con balas entrarán más nunca en Miraflores”.[fn]Ibis León, “Maduro: Ni con votos ni con balas entrarán más nunca en Miraflores”, Efecto Cocuyo.com, 3 de noviembre del 2016. La referencia es al palacio presidencial de Miraflores. Más adelante, Maduro añadió que el diálogo debería continuar durante el 2017 y 2018.Hide Footnote Los primeros resultados – en particular el primer acuerdo sustantivo, anunciado tras la segunda sesión plenaria del 11 de noviembre – parecían confirmar los peores temores de los escépticos. Redactado en parte en un lenguaje que a ojos de muchos parecía una capitulación al gobierno, comprometía a la MUD a aceptar nuevas elecciones en las tres circunscripciones de Amazonas que están en el centro del fallo que promulgó el TSJ en septiembre, donde  declaraba a la Asamblea Nacional en desacato y consecuentemente anulaba sus acciones, a cambio de ello el TSJ se comprometía a anular el fallo. Asimismo, se acordó que dos (de cinco) de los miembros de la junta del CNE cuyos mandatos finalizan en diciembre serían reemplazados, supuestamente de tal forma que se garantizara la neutralidad del organismo, y que los presos políticos (“personas detenidas”) serían liberados. Pero no se precisaron los detalles.[fn]“Los cinco acuerdos del gobierno y la oposición tras la II reunión plenaria del Diálogo Nacional”, Noticias24, 12 de noviembre del 2016. Sobre el fallo de desacato y la importancia de los tres escaños en la Asamblea Nacional, véase la nota 3 al pie de página, arriba.Hide Footnote

El problema se vio agravado por el hecho de que ambas partes dieron versiones contradictorias sobre lo que se había acordado. Un motivo de discordia, en particular dentro de la oposición, fue que no se hizo referencia a la cuestión del referéndum revocatorio o cualquier forma de elecciones anticipadas (las próximas elecciones presidenciales están previstas para diciembre del 2018). Para fines de noviembre esto aún no se había discutido formalmente en las negociaciones, a pesar de la afirmación pública de la MUD de que este era su principal objetivo.[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro del equipo de negociación de la MUD, 22 de noviembre del 2016.Hide Footnote El gobierno rechazó públicamente la idea.

D. ¿Por qué no ha estallado el país?

A lo largo de los últimos dos años, los venezolanos han soportado el colapso casi sin precedentes de sus condiciones de vida. Tanto las protestas contra la escasez de alimentos, los deficientes servicios públicos como el agua y la electricidad y la delincuencia violenta, han aumentado drásticamente. En los primeros años del 2016, las protestas contra la escasez de alimentos aumentaron en un 320 por ciento comparado con el año anterior. Junio fue el mes pico, con 728, de las cuales 274 estuvieron relacionadas con alzas en los alimentos. Entre enero y octubre, hubo más de 700 incidentes de saqueo o intento de saqueo. El 14-15 de junio hubo un brote de saqueos particularmente violento y prolongado en la ciudad oriental de Cumaná, en el estado de Sucre. La respuesta de la policía y la Guardia Nacional dejó un saldo de dos muertos, dos docenas de heridos y varios cientos arrestados.[fn]Cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Radar de la Conflictividad); D. Iriarte, “Varios muertos y cuatrocientos detenidos por los saqueos en el nordeste de Venezuela”, El Confidencial, 16 de junio del 2016. El gobernador del estado de Sucre, Luis Acuña, negó que hubiera habido muertes y atribuyó los disturbios al “vandalismo…orquestado por la oposición”.Hide Footnote Hubo mucha especulación acerca de si habría disturbios sociales a nivel nacional comparables al “Caracazo” de 1989, en el cual cientos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, lo que afectó profundamente a la política y sociedad a partir de entonces.[fn]Margarita López Maya, “The Venezuelan ‘Caracazo’ of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies, vol. 35, no. 1, febrero del 2003.Hide Footnote

Sin embargo, los saqueos disminuyeron de un pico de 126 incidentes en junio a 58 en julio, y la tensión social se calmó levemente.[fn]Lorena Meléndez, “Saqueos de agosto de 2016 duplican la cifra de hace un ano”, Runrunes, 18 de septiembre del 2016.Hide Footnote Las protestas en general disminuyeron a 504 en octubre. Varios factores contribuyeron a esto. En el ámbito político, la movilización de la oposición en torno a la demanda de un referéndum revocatorio alivió algo de presión al ofrecer una posible salida a la crisis. Las muertes y lesiones entre los saqueadores pueden haber desincentivado a algunos manifestantes, pero probablemente el mayor impacto lo tuvieron dos iniciativas del gobierno: los controles fronterizos se relajaron - principalmente tras la normalización parcial de los cruces acordada con Colombia en agosto – lo que permitió a los individuos privados, compañías y entidades gubernamentales importar alimentos a precios de mercado,[fn]“Colombia y Venezuela viven nuevos vientos”, Revista Semana, 13 de agosto del 2016. Anatoly Kurmanaev, “Venezuela backs away from price controls as citizens go hungry”, The Wall Street Journal, 14 de octubre del 2016.Hide Footnote y en julio se tomó la decisión de desviar gran parte de la distribución de bienes básicos a precios controlados, de los supermercados (públicos y privados) al sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).[fn]Para un relato oficial de este sistema, véase “¿Que son los CLAP?”, Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 6 de agosto del 2016.Hide Footnote

A través de los CLAP, gestionados por los militares y organizaciones civiles vinculadas al gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), los alimentos básicos son distribuidos directamente a consumidores de bajos ingresos a precios controlados. Si bien el alcance de los CLAP es limitado, son ineficaces y están plagados de corrupción, han tenido el efecto de reducir las filas en supermercados y abastos (un caldo de cultivo para el descontento popular) y de permitir a las autoridades usar los alimentos como una herramienta de control político al amenazar con negárselos a los disidentes.[fn]Franz von Bergen, “La discriminación política opera en los CLAP al repartir alimentos”, El Nacional, 29 de mayo de 2016.Hide Footnote El 4 de octubre, el presidente Maduro decretó que la mitad de los alimentos producidos deberían venderse al gobierno para su distribución por medio de los CLAP.

Las encuestas de opinión indican que estas medidas han hecho poco para restaurar la popularidad del gobierno, que sigue estando en niveles históricamente bajos para el chavismo, mientras que la oposición continúa ganando apoyo, incluso en antiguos bastiones del gobierno.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en encuestas de opinión, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote Sin embargo, el rechazo generalizado del gobierno no parece traducirse en una voluntad colectiva de derrocarlo mediante la movilización en masa. Por el contrario, los esfuerzos públicos han estado dirigidos principalmente a poner comida sobre la mesa. Un estudio reciente concluyó que el 36 por ciento de los venezolanos se han visto obligados a vender sus bienes personales para llegar a fin de mes.[fn]Mariana Zuñiga y Nick Miroff, “In a hungry Venezuela, buying too much food can get you arrested”, The Washington Post, 15 de septiembre del 2016. Blanca Vera Azaf, “Dólar paralelo dispara por alza del gasto público y recorte en entrega de divisas”, El Nacional, 30 de noviembre del 2016.Hide Footnote

III. Actores clave

Resulta difícil comprender la dinámica de la crisis venezolana sin entender las divisiones internas de ambos lados del espectro político. Ni el gobierno ni la alianza opositora son bloques homogéneos. Aún dentro de algunos de los partidos miembros de la MUD hay diferencias significativas entre facciones que pueden afectar el comportamiento de toda la coalición. Dentro del gobierno, en particular las disputas en torno a la gestión de la economía han provocado una parálisis en la formulación de políticas, mientras que la oposición es tironeada en lo que en ocasiones parecen direcciones diametralmente opuestas por las que a menudo se describen como fuerzas “moderadas” (a favor del diálogo) y “radicales” (más agresivas). Esta sección ofrece una guía tentativa a algunas de las divisiones y facciones que marcan el rumbo de la estrategia del gobierno y la oposición, aunque en lo que respecta al gobierno hay insuficiente información verificable que pudiera permitir un mapeo más preciso de las alianzas.

A. Facciones políticas

La MUD es una coalición heterogénea, actualmente formada por 21 partidos. Tiene un sólido historial como alianza electoral, pero por otro lado tiene grandes dificultades para mantener la unidad. Ningún partido tiene la fuerza necesaria para imponer su estrategia, y la rivalidad entre líderes con aspiraciones presidenciales complica enormemente su cohesión.[fn]Cuatro potenciales candidatos lideran las encuestas de opinión: Henrique Capriles (PJ), Leopoldo López (VP), Henri Falcón (Avanzada Progresista) y Henry Ramos Allup (AD).Hide Footnote Las decisiones diarias las toma el G4, compuesto por los cuatro principales partidos opositores en el parlamento. En orden de tamaño, estos son Primero Justicia (PJ, 33 escaños), Acción Democrática (AD, 26), Un Nuevo Tiempo (UNT, 20) y Voluntad Popular (VP, 15). De estos, VP – que lideró las protestas callejeras de La Salida en el 2014 y cuyo líder, Leopoldo López, está cumpliendo una sentencia de 14 años de cárcel por instigarlas – es el más inclinado a dirigir la acción y el menos convencido con las actuales negociaciones.[fn]Los otros principales líderes de “La Salida” fueron Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), alcalde de la Gran Caracas (actualmente bajo arresto domiciliario), y María Corina Machado (Vente Venezuela). Para un relato de este periodo, véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina, Venezuela: punto de quiebre, op. cit.Hide Footnote UNT es el que más consistentemente actúa a favor del diálogo, junto con Avanzada Progresista, liderado por el gobernador del estado Lara, Henri Falcón.[fn]Si bien el pequeño partido de Falcón no pertenece al G4, su estatus como personalidad nacional y su firme postura a favor del diálogo le otorgan influencia en las negociaciones.Hide Footnote PJ por lo general está a favor del diálogo, pero Capriles, (dos veces candidato presidencial de la MUD y actual gobernador de PJ del importante estado de Miranda) se ha mostrado impaciente con las negociaciones e incluso ha hablado de una marcha al palacio presidencial.

Los restantes partidos miembro han formado un frente común para exigir mayor participación y criticar el manejo del diálogo. Dentro de éstos, Vente Venezuela, liderado por la ex miembro de la Asamblea Nacional María Corina Machado, es el más vehemente en sus críticas al gobierno. El 11 de noviembre estos partidos publicaron una carta abierta al Vaticano en la que acusaban al gobierno de usar las negociaciones para apaciguar la disidencia y exigían el referéndum. La sociedad civil también ha pedido un papel más prominente y ha criticado el desempeño de la MUD.[fn]“Grupo de 15 partidos de la MUD agradece intercesión del Vaticano en el dialogo”, 2001, 11 de noviembre del 2016. “Una Propuesta Ciudadana”, Pronunciamiento de la Sociedad Civil, 22 de noviembre del 2016.Hide Footnote

El único gran partido del gobierno es el PSUV, fundado por Chávez en el 2008. Varios partidos más pequeños, incluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV), están aliados con el PSUV en el Gran Polo Patriótico (GPP). Al igual que los pequeños partidos de la oposición, se quejan de que no se les tiene en cuenta. El PCV ha hablado del peligro de que el diálogo pueda llevar a un “nuevo pacto” de élites.[fn]“PCV alerta que dialogo puede ser nuevo pacto de las élites”, Tribuna Popular, 11 de noviembre del 2016.Hide Footnote Ex miembros disidentes del PSUV agrupados en el movimiento Marea Socialista asimismo sostienen que el diálogo es una estratagema para restaurar un duopolio bipartidista.[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de Marea Socialista, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote Muchos analistas consideran que el propio PSUV, que en efecto tiene alas civiles y militares (a pesar de la prohibición constitucional de la participación de militares activos en la política), está dividido en facciones, aunque la membresía exacta y opiniones de estas son objeto de disputa. Al menos hasta el 10 de enero del 2017, el apoyo aparente por parte de todas las facciones del chavismo al presidente Maduro es sine qua non, dado que su salida anticipada desencadenaría elecciones presidenciales inmediatas y casi inevitablemente la derrota del partido en su conjunto. Esto ha tendido a oscurecer las diferencias entre las facciones y las ambiciones de sus líderes.

Diosdado Cabello, capitán del ejército, ex presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, mantiene una posición de línea muy dura. Ignorado por Chávez a favor de Maduro como su sucesor, cuenta con el apoyo de algunos elementos de las fuerzas armadas, y tiene un poder considerable.[fn]Para un relato de cómo las diversas facciones del gobierno se dividieron el poder tras la ascensión de Maduro, véase Gloria Bastidas, “El Mapa del Poder de las tribus chavistas”, Konzapata.com, 4 de junio del 2014.Hide Footnote Su hermano, José David, dirige el servicio de impuestos internos, el Seniat.

Varios altos mandos militares han sido incluidos en la lista negra de EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Esto es un factor que complica cualquier potencial transición, dado que, ante la posibilidad de ser encarcelados si perdieran el poder, tienen escasos incentivos para permitir un cambio de gobierno y poseen los medios para frustrarlo.[fn]El general Néstor Reverol, comandante de la Guardia Nacional y exdirector de la agencia antidrogas, cuya candidatura al ministerio de Defensa se vio frustrada unos meses antes en el 2016, cuando el general en jefe Vladimir Padrino López fue designado nuevamente, fue nombrado ministro de Interior inmediatamente después de ser acusado de delitos de narcotráfico por un tribunal estadounidense. “Maduro promotes Venezuelan general indicted on drug charges in US”, The Guardian, 3 de agosto del 2016. “Former top leaders of Venezuela’s anti-narcotics agency indicted for trafficking drugs to the United States”, The United States Attorney’s Office Eastern District of New York, 1 de agosto del 2016.Hide Footnote

B. Las fuerzas de seguridad y los paramilitares afines al gobierno

Durante la mayor parte de su historia, Venezuela ha estado gobernada por regímenes militares. Ha habido frecuentes golpes de estado e intentos de golpe (los más recientes en el 2002 y en 1992). El presidente Chávez (1999-2013) describió su gobierno como una “alianza cívico-militar” y bajo Maduro, su sucesor escogido, la presencia militar ha ido en aumento. En diciembre del 2015, Maduro dijo que había llegado el momento de que los militares “regresen a los cuarteles”, pero ha ocurrido lo contrario.[fn]Franz von Bergen, “Militares controlan más ministerios con Maduro que con Chávez”, El Nacional, 25 de octubre del 2015. Tras la muerte de Chávez, el “Comando Político-Militar de la Revolución”, que no tiene carácter constitucional y cuya composición exacta sigue siendo incierta, surgió como la aparente encarnación de una nueva autoridad colegiada dentro de la “revolución”. Sofía Nederr, “Ordenan que militares en cargos públicos regresen a los cuarteles”, El Nacional, 12 de diciembre del 2015.Hide Footnote Un decreto presidencial del 10 de febrero creó Camimpeg, una corporación militar con derecho a operar en la minería, el petróleo y el gas. El 9 de julio, Maduro creó la Zona Económica Militar Socialista, sumando seis otras compañías en ámbitos tan diversos como las finanzas y la construcción. Las fuerzas armadas también controlan un banco, cadenas de televisión y radio, empresas agroalimentarias, una compañía de transportes y una planta de ensamblaje de vehículos.

Durante más de dos años, el ministro de Defensa, el general Padrino López, también ha sido comandante operacional de las Fuerzas Armadas (FANB). El 11 de julio, fue nombrado al frente de la recién creada “Gran Misión Abastecimiento Soberano” que otorgó a los militares un control sin precedentes del suministro de alimentos, justo en el momento en que las protestas por los alimentos amenazaban con descontrolarse por completo. El hecho de que lleve tanto tiempo en una posición de poder sugiere que cuenta con el respaldo de la mayoría de los altos cargos, al menos en el ejército, el más importante de los cuatro elementos de las FANB.[fn]Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. El quinto elemento, la Milicia Bolivariana, cuyo comandante general informa directamente al presidente, no tiene carácter constitucional.Hide Footnote Pero debe retirarse del servicio activo en el 2017.[fn]Estaba previsto que se retirara en julio del 2016, pero la fecha fue inesperadamente extendida. Pedro Pablo Peñaloza, “Padrino López el superministro militar del gobierno de Maduro”, Univision, 13 de julio del 2016.Hide Footnote No está claro quién podría reemplazarlo y si los dos cargos seguirán siendo ocupados por la misma persona, o si Padrino López podría permanecer en algún cargo. Es probable que las fuerzas armadas jueguen un papel decisivo a la hora de determinar si Maduro es reemplazado, y si es así por quién. Pero sus opiniones, individual y colectivamente, son casi imposibles de determinar desde afuera.[fn]Entrevista de Crisis Group, especialista en defensa y seguridad, Caracas, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote Lo que está claro es que un grupo de élite en lo más alto de las FANB tiene un gran interés en controlar cualquier transición para preservar sus intereses, incluida su participación en empresas y la integridad de su institución.

Si el malestar popular y/o protestas callejeras lideradas por los políticos opositores amenazaran la supervivencia del régimen, sobrepasando la capacidad de la Guardia Nacional y los escuadrones policiales antimotines para contenerlas, el ejército sería la última línea de defensa. Sus unidades han sido entrenadas en el control de motines, y las normas de combate permiten el uso de fuerza letal contra manifestantes bajo ciertas circunstancias. Supuestamente se ha adquirido abundante material antimotines de China durante este año.[fn]Juan Manuel Rafalli, “5 claves para entender la Resolución No. 008610 del Ministerio de la Defensa”, prodavinci.com, 30 de enero del 2015. Entrevista de Crisis Group, especialista en defensa y seguridad, Caracas, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote Pero muchos expertos en defensa dudan de la voluntad del ejército en su conjunto de disparar contra multitudes desarmadas.

Dicha tarea probablemente correspondería, en primera instancia, a lo que se suelen llamar “colectivos”, civiles armados chavistas, a menudo en motocicletas, cuya subordinación al gobierno no es reconocida y quienes ha demostrado tener pocos escrúpulos.[fn]Para una descripción más detallada de los orígenes y características de los “colectivos”, véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°38, Violencia y política en Venezuela, 17 de agosto del 2011. Hide Footnote Hay media docena de estos grupos, que exhiben abiertamente armamento militar, localizados en las inmediaciones del palacio presidencial. Si bien su despliegue en Caracas por lo general está restringido a los barrios pobres al oeste del palacio, con incursiones ocasionales contra la oposición, a menudo los colectivos han atacado manifestaciones de la oposición en otras partes de Venezuela. El 26 de octubre, cuando transcurría pacíficamente una marcha masiva en la capital, paramilitares del gobierno atacaron manifestaciones similares en al menos cinco ciudades. Según informes, dispararon e hirieron a cuatro manifestantes en Maracaibo. La Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza militar creada en el 2007 que responde al presidente y tiene presencia nacional, también podría ser desplegada para controlar las protestas de la oposición.

Las inquietudes en torno a la represión violenta han aumentado ante los indicios crecientes de masacres y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad, en particular en operaciones conjuntas contra supuestos grupos criminales. Las “Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) comenzaron en el 2015 en respuesta a la proliferación de “megabandas”, con docenas, incluso cientos de delincuentes fuertemente armados controlando extensas áreas del campo o barrios urbanos enteros. Según el gobierno, no son simples manifestaciones del crimen organizado, sino parte de una guerra librada por la oposición y sus aliados extranjeros.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad ciudadana, 25 de noviembre del 2016. “Operación Liberación y Protección del Pueblo: análisis de fondo”, Misión Verdad, 15 de julio del 2015.Hide Footnote Las OLP, afirmó un defensor de los derechos humanos, emplean la “lógica de la guerra”.[fn]Inti Rodríguez, coordinador, PROVEA, 30 de noviembre del 2016 en Unión Radio.Hide Footnote Se valen de unidades conjuntas militares y policiales, fuertemente armadas y con vehículos blindados. Según la organización venezolana de derechos humanos PROVEA, 850 personas han sido asesinadas en las OLP, y 18.000 hogares allanados sin orden judicial. El gobierno también tiene una política de desalojar familias de viviendas públicas cuyos miembros son sospechosos de actividades delictivas. A la fecha se estima que 1.500 familias han sido desalojadas.[fn]Véase “Unchecked Power: police and military raids on poor and immigrant neighbourhoods in Venezuela”, PROVEA y Human Rights Watch, abril del 2016. El 27 de julio del 2015, Maduro dijo, “a los que quieran utilizar las casas de la Gran Misión Vivienda para atracar, bachaquear y para el narcotráfico se los voy a quitar”.Hide Footnote

En noviembre del 2016, once soldados, entre ellos un teniente coronel, fueron acusados de asesinar y descuartizar a más de una docena de jóvenes en la región de Barlovento, en el estado de Miranda, durante una OLP.[fn]“¿Que pasó en Barlovento? La masacre. Las víctimas. Las reacciones,” prodavinci.com, 28 de noviembre del 2016. “Antillano: ‘El gobierno está secuestrado por los cuerpos de seguridad’”, Supuesto Negado, 1 de diciembre del 2016. Para mediados de diciembre, 12 miembros del ejército habían sido acusados por fiscales del estado de participar en la masacre.Hide Footnote Los cuerpos fueron hallados en fosas comunes, y al menos otras cinco posibles víctimas estaban desaparecidas, afirmó el defensor del pueblo. Los asesinatos sucedieron poco después del asesinato de nueve pescadores en Cariaco, en el estado de Sucre, en una masacre atribuida a la Guardia Nacional.[fn]Ronny Rodríguez Rosas, “Van cinco personas detenidas por vinculación con la masacre de Cariaco”, Efecto Cocuyo, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote Los asesinatos a esta escala son en gran medida una consecuencia de la militarización de la policía y la impunidad que acompaña a la identificación entre el gobierno y las fuerzas de seguridad. En septiembre, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue “reestructurada” y se le dio un uniforme de estilo militar, azul, de camuflaje urbano, con una boina roja (un emblema del chavismo). El director de la PNB y el ministro de Interior a quien responde son oficiales militares. Maduro dijo que la tarea de esta policía “socialista” es “combatir los antivalores que el capitalismo ha incubado”. Los mecanismos legales para ejercer un control civil y democrático sobre las fuerzas de seguridad han sido desmantelados.[fn]

Marcos Tarre Briceño, “Corrupción policial en Venezuela”, El Nacional, 1 May 2016.Hide Footnote

C. El sector privado

Cuando Chávez fue brevemente derrocado en abril del 2002, la principal confederación de empleadores, Fedecámaras, jugó un papel importante. Su entonces presidente, Pedro Carmona, se autoproclamó presidente de facto, con el respaldo de algunos generales. Las relaciones entre el gobierno y el sector privado, que ya eran extremadamente tensas, han sido abiertamente hostiles desde entonces, a pesar del diálogo ocasional. El gobierno insiste que sus problemas económicos se deben a una “guerra económica” librada por el capital privado en alianza con la MUD y aliados extranjeros, en especial EE.UU. Pero hoy en día Fedecámaras evita involucrarse en la política en la medida de lo posible. Los líderes empresariales evitan hacer comentarios públicos sobre cuestiones políticas. La mayor corporación privada, Empresas Polar, que produce muchos alimentos básicos, ha sufrido acoso. A su presidente, Lorenzo Mendoza, recientemente se le impidió salir del país, fue amenazado de cárcel y tuvo a la agencia de inteligencia, Sebin, en la puerta de su casa durante varios días. Maduro afirmó, sin presentar pruebas, que Mendoza quiere ser presidente.[fn]“Maduro arremetió contra Lorenzo Mendoza”, El Nacional, 11 de agosto del 2015.Hide Footnote

Una de las armas más eficaces del gobierno han sido los controles cambiarios en vigor desde el 2003. Si bien fueron originalmente introducidos para contener la fuga de capitales tras una caída en las reservas internacionales causada por el lockout de la industria petrolera por parte de la oposición, se han mantenido por motivos políticos, como ha reconocido el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. “Si quitamos el control de cambio nos tumban”, dijo.[fn]“Aristóbulo Istúriz: El control de cambio en Venezuela es una medida política, no económica”, El Nacional, 11 de octubre del 2016.Hide Footnote El gobierno tiene el monopolio casi total de las divisas extranjeras, las cuales dispensa con una absoluta falta de transparencia.[fn]Esto ha redundado en una grave corrupción. La presidenta del Banco Central Edmée Betancourt dijo en el 2013 que unos $20 mil millones habían sido malversados en un fraude cambiario en el 2012. Fue destituida casi inmediatamente después de su declaración; no hubo ninguna investigación pública. “Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín’”, aporrea.org, 24 de mayo del 2013.Hide Footnote Existen dos tipos de cambio oficial: la tasa Dipro para alimentos medicamentos y otros bienes esenciales (Bs 10:$1) y una tasa variable conocida como Dicom o Simadi (Bs 665:$1 a mediados de diciembre) para todo lo demás. No hay información pública acerca de quienes reciben divisas o los criterios según los cuales se asignan. Las empresas privadas dicen que se ven obligadas a lidiar con intermediarios con acceso a las tasas subvencionadas para comprar cualquier artículo importado. Los intermediarios cobran la tasa paralela, que actualmente oscila en torno a los Bs 4,000:$1.[fn]Entrevista de Crisis Group, representante de empresa manufacturera, Caracas, 24 de noviembre del 2016.Hide Footnote

El número de empresas privadas se ha reducido drásticamente desde que Chávez llegó al poder en 1999. La federación de empleadores industriales, Conindustria, estima que unas 8.000 empresas manufactureras, alrededor de dos tercios del total, han cerrado desde entonces.[fn]Luis Oberto, “Conindustria: 8,000 empresas han bajado sus santamarías”, El Nacional, 16 de mayo del 2016.Hide Footnote El gobierno expropió alrededor de cuatro millones de hectáreas de tierras agrícolas, así como alrededor de 500 empresas agroalimentarias, la mayoría de las cuales producen una fracción de lo que solían producir. Gracias a los controles en los precios de los alimentos y otros artículos básicos, muchas empresas se ven obligadas a vender su producción a precios inferiores a los de costo, y el sector minorista también ha sido duramente golpeado. Durante unos meses en el 2016, las empresas podían importar alimentos y venderlos a precios de mercado, pero el súbito aumento en la tasa del dólar “paralelo” en noviembre frenó ese comercio, puesto que las empresas ya no podían calcular el precio de remplazar los bienes que vendían.[fn]Blanca Vera Azaf, “Dólar paralelo se dispara por alza del gasto público y recorte en entrega de divisas”, El Nacional, 30 de noviembre del 2016.Hide Footnote Sin la ayuda del sector privado, al gobierno le resultará imposible resolver la escasez y la inflación. A pesar de una plétora de iniciativas bajo Maduro destinadas a alcanzar un acuerdo con los líderes empresariales, no ha surgido nada concreto, y los problemas subyacentes se mantienen intactos.

D. La comunidad internacional: facilitadores y críticos

En el apogeo de los enfrentamientos callejeros del 2014, el gobierno y la oposición mantuvieron breves negociaciones fomentadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y facilitadas por los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador, así como el nuncio papal en Caracas, Monseñor Aldo Giordano. Si bien las negociaciones no dieron fruto, establecieron a UNASUR y su secretario general, Ernesto Samper, como potenciales facilitadores en futuros conflictos venezolanos, a pesar de los reparos de la MUD, que veía a la organización como una aliada del gobierno. El gobierno consideraba a la Organización de Estados Americanos (OEA) como una reliquia del colonialismo dominada por EE.UU. Si bien su secretario general, Luis Almagro, había recibido el apoyo de Venezuela a su candidatura, se convirtió en un crítico vehemente y locuaz de Caracas, lo que hizo que su participación en cualquier facilitación fuera muy improbable.

UNASUR fue una de las pocas organizaciones internacionales que aceptaron las restrictivas condiciones del gobierno para observar (“acompañar” fue el término oficial) las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Incapaz de lograr un consenso para elegir a un jefe de delegación suramericano, optó por Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Entre los observadores internacionales también estaban el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente panameño Martín Torrijos. A medida que el conflicto subía de tono tras la victoria de la MUD, estos tres – liderados por el español - comenzaron a intentar acercar a las partes. El 19 de mayo, la MUD se reunió con Zapatero en Caracas, y más adelante ese mes los tres facilitadores se reunieron con ambas partes en la República Dominicana. Después de que el gobierno divulgara esta información, la MUD se vio obligada a negar que hubiera habido negociaciones cara a cara. Emitió una declaración en la que esbozaba tres principales demandas: la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución política; el fin de la prohibición de la ayuda internacional humanitaria; y el respeto de la separación de poderes.[fn]“MUD emite comunicado sobre reunión en República Dominicana para impulsar diálogo nacional”, Noticia al Día, 28 de mayo del 2016. El comunicado de la MUD insistió que no había contradicción alguna entre buscar el diálogo y buscar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA, afirmando que el diálogo sería imposible sin presión internacional. Sin embargo, los principales partidarios del diálogo dentro de la MUD (quienes contactaron a Zapatero en primer lugar) se oponían a la aplicación de la Carta; sus más fervientes partidarios eran los más escépticos del diálogo. Entrevista de Crisis Group, líderes opositores y analistas políticos, noviembre del 2016.Hide Footnote

Si bien se mantuvo el contacto durante los meses posteriores, y Zapatero se desplazó frecuentemente entre Madrid y Caracas, no se lograron avances sustanciales. No obstante, la iniciativa de Zapatero fue respaldada por la mayoría de los principales actores internacionales, incluido el Departamento de Estado de EE.UU., el Consejo Permanente de la OEA, la Unión Europea (UE) y el Vaticano. Los intentos de Almagro, secretario general de la OEA, de insistir en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no prosperaron, pero había claros indicios de que la reputación del gobierno de Maduro en la región había caído drásticamente. El bloque comercial de Mercosur se negó a permitir que Venezuela asumiera la presidencia rotativa de la organización en junio del 2016, y en diciembre su membresía fue suspendida por no adaptar sus reglamentos a las normas del Mercosur.[fn]“El Mercosur suspende a Venezuela por incumplir los acuerdos de adhesión”, Agence France-Presse, 1 de diciembre del 2016. Uruguay se ha resistido a las iniciativas de los otros tres miembros (Argentina, Brasil y Paraguay) de pedir cuentas a Venezuela bajo los términos del protocolo de Ushuaia, el cual exige que los miembros de Mercosur se adhieran a las normas democráticas. El resultado bastante insatisfactorio ha sido una suspensión de la membresía de Venezuela que en sí misma parece violar las normas de la organización.Hide Footnote En agosto, quince Estados miembros de la OEA firmaron una declaración en la que no solo llamaban al diálogo, sino que también instaban al CNE a completar “sin demora” las etapas restantes del proceso de referéndum revocatorio.[fn]“Este es el comunicado firmado por 15 países miembros de la OEA sobre Venezuela y el revocatorio”, prodavinci.com, 11 de agosto del 2016.Hide Footnote

Tres aliados claves de Venezuela, dos de ellos con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, podrían potencialmente desempeñar un papel positivo, pero se han negado, al menos en público, a dar un paso al frente. La Rusia de Vladimir Putin, que ha sido uno de los principales proveedores de armas a Venezuela, ha expresado su apoyo por el diálogo, pero ha advertido contra la “interferencia” de EE.UU. A principios de diciembre, Maduro anunció que en el 2017 Rusia suministraría “toda la harina” que Venezuela necesitara para superar el “sabotaje” económico, así como equipamiento militar, incluido un sistema de defensa antimisiles. A los chinos les preocupan principalmente los $20 mil millones que les debe el gobierno, y probablemente actúen de forma pragmática. Cuba ha mantenido la retórica de la “solidaridad revolucionaria” pero a medida que disminuye la capacidad de Venezuela de subsidiar su consumo energético y proporcionar dinero en efectivo, hay por lo menos una posibilidad de que contribuya a una solución creativa.

IV. Perspectivas para 2017

Venezuela comenzó el 2016 con esperanzas de que la aplastante victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre del 2015 pudiera traer consigo negociaciones constructivas entre el gobierno y la oposición, que llevaran a una solución pacífica y democrática de la profunda crisis económica y social. Pero la decisión del gobierno de usar su control de los tribunales y la autoridad electoral para dejar al parlamento impotente y bloquear la campaña de la MUD por un referéndum revocatorio ha agravado las tendencias autoritarias del gobierno y la indignación de la oposición.

Es difícil prever con precisión cómo se desarrollará esto en el 2017, aunque algunas cosas ya están claras. La economía va camino a la hiperinflación y a niveles de escasez que eclipsarán los del 2016. No se puede descartar un caótico default de la deuda externa. En el ámbito político, la posición de Maduro será más débil después del 10 de enero, ya que su salida, por el motivo que fuera, podría suceder sin provocar la caída del gobierno. Esto podría dar lugar a luchas faccionales a medida que grupos dentro del régimen compitan por sucederlo. La nueva administración de Trump en EE.UU. es una incógnita. La crucial relación simbiótica entre La Habana y Caracas podría sufrir cambios tras la muerte de Fidel Castro. Tanto la ONU como UNASUR tendrán un nuevo liderazgo.[fn]Samper perdió apoyo entre los Estados miembros como resultado de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil en particular. A mediados del 2016, anunció que no se presentaría para un segundo mandato como secretario general, pero permanecería en el cargo hasta principios del 2017, mientras se buscaba su reemplazo.Hide Footnote Si prevalece el ala más dura, las negociaciones entre el gobierno y la oposición se vendrán abajo, y la violencia y/o un gobierno abiertamente dictatorial serán más probables. La moderación mutua es esencial, aun cuando la polarización y los problemas económicos de Venezuela hacen que parezca improbable.

A. La economía

Tan solo en el mes de noviembre, el bolívar perdió alrededor de dos tercios de su valor en el libre mercado, cayendo de Bs 1.501,17:$1 a más de Bs 4.500:$1.[fn]Datos obtenidos de la página web DolarToday, cuyas cifras son ampliamente utilizadas para negociar en el mercado negro. La tasa oficial más elevada es Bs 10:$1, la más baja Bs 665:$1.Hide Footnote El gobierno no ha publicado las cifras de la inflación desde diciembre del 2015, pero la mayoría de los economistas coinciden en que el país va camino a la hiperinflación.[fn]Roberto Deniz, “5 síntomas de que Venezuela tiene híper-inflación”, Runrunes, 10 de agosto del 2016.Hide Footnote Los billetes nuevos, prometidos para mediados de diciembre, incluyen un billete de Bs 20.000: el anterior billete de más alta denominación en circulación – Bs 100 – fue retirado de la circulación con 72 horas de aviso. La medida, supuestamente dirigida a combatir las “mafias” del cambio, provocó el caos en una economía que ya sufría una grave falta de liquidez.[fn]“Rechazo e incertidumbre produce anuncio de sacar de circulación billetes de 100 bolívares”, Runrunes, 11 de diciembre del 2016.Hide Footnote

La economía venezolana se ha estado contrayendo durante los últimos diez trimestres, y según el Fondo Monetario Internacional es probable que se contraiga en otro 4,5 por ciento en el 2017.[fn]World Economic Outlook, International Monetary Fund, octubre del 2016.Hide Footnote Con la incapacidad de la producción doméstica de casi todos los bienes básicos de satisfacer incluso la demanda reducida por una profunda inflación, hay una necesidad urgente de importaciones para cubrir el déficit, en especial de bienes vitales como alimentos y medicamentos. Pero Venezuela depende en aproximadamente un 96 por ciento de los ingresos del petróleo para producir las divisas necesarias; el precio internacional del crudo es un 60 por ciento inferior al promedio de 2012 de $103,42/barril, y en consecuencia las importaciones han disminuido. En mayo, el ministro de Economía Miguel Pérez Abad dijo que habría $15 mil millones disponibles para las importaciones en el 2016, comparado con más de $50 mil en el 2012.[fn]A. Vargas, “Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas $15 millardos”, elcambur.com, 12 de marzo del 2016.Hide Footnote

A partir del 2004, Chávez comenzó a saquear las reservas del Banco Central para financiar el déficit del sector público, lo que violaba la Constitución. En el 2005, el gobierno determinó que podía disponer de las reservas que superaran lo que consideraba el “nivel óptimo” de $26,8 mil millones. Para fines de octubre del 2016, las reservas estaban en menos de $11 mil millones, tras haber caído en alrededor de $5,5 mil millones desde el comienzo del año. Además de financiar importaciones esenciales, el gobierno necesita más de $9 mil millones en el 2017 para hacer frente a los pagos de la deuda externa. Un canje de bonos realizado en octubre para aliviar la presión ampliando los plazos solo tuvo un éxito limitado a expensas de aumentar la deuda total. El rendimiento de los bonos, dicen los analistas financieros, indica que el mercado estima en un 90 por ciento la probabilidad de un default dentro de los próximos cinco años.[fn]Sebastian Boyd y Nathan Crooks, “Venezuela’s PDVSA Sows Payment Doubts While Extending Swap”, Bloomberg, 17 de octubre del 2016.Hide Footnote

Quizás el mayor problema del gobierno en el 2017 sea su necesidad de divisas. Incluso China, que ha aportado unos $60 mil millones desde el 2007, es reacia a seguir rescatando a un gobierno que no muestra indicio alguno de implementar las urgentes reformas económicas que se necesitan, y cuya viabilidad política está en duda.[fn]Kejal Vyas, “China Rethinks Its Alliance With Reeling Venezuela”, The Wall Street Journal, 11 de septiembre del 2016.Hide Footnote Asimismo, la Constitución no permite al gobierno endeudarse sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Si bien el TSJ dictaminó la legalidad del presupuesto del 2017 sin autoridad parlamentaria, es improbable que los tribunales internacionales estimen los reclamos de los acreedores por el pago de deuda no autorizada, lo que reduce el atractivo de las ofertas de bonos venezolanos.[fn]José Ignacio Hernández, “Que significa que la Sala Constitucional y no la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto 2017?”, prodavinci.com, 12 de octubre del 2016.Hide Footnote Este es un poderoso factor a favor de algún tipo de acuerdo político en el 2017.

B. La emergencia social

Al contrario de muchos de los países de la región que han experimentado hiperinflación, Venezuela no cuenta con un sistema de indexación salarial. Muchos empleados ganan el salario mínimo, pero según un grupo de investigación independiente, en octubre se necesitaban catorce salarios mínimos para comprar alimentos básicos para una familia de cinco en Caracas. El costo había aumentado en un 632 por ciento en un año. Con base a la tasa de cambio del mercado negro, el salario mínimo mensual apenas supera los $6.[fn]“Reporte Mensual ‘Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios’ Oct 2016”, Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), 30 de noviembre del 2016. El último aumento en el salario mensual, a Bs 27.091, ($6,37 a la tasa del mercado negro el 10 de diciembre) fue decretado por el presidente Maduro el 27 de octubre. Se entregan cupones de alimentos adicionales por valor de Bs 63.720 ($14,98 a la tasa del mercado negro el 10 de diciembre) a los adultos en edad de trabajar.Hide Footnote  En la capital y alrededor del país, es común ver a personas rebuscando la basura en busca de alimentos. El hambre ha aumentado drásticamente. Las muertes por desnutrición, no reconocidas por el gobierno, están aumentando tanto en niños como en adultos. Entre enero y mayo del 2016, el número de personas que sufrían desnutrición aumentó del 13,4 por ciento al 23 por ciento de la población, según un experto en nutrición de la Fundación Bengoa.[fn]Según el profesor Luis Pedro España del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica (UCAB) de Caracas, el 8% de los venezolanos admiten haber rebuscado la basura en busca de alimentos. Daniel Pardo, “Cuánta hambre hay realmente en la Venezuela de la ‘crisis alimentaria’?”, BBC Mundo, 21 de abril del 2016. Mariel Lozada, “Victimas del hambre: desnutrición infantil ha cobrado tres vidas” y “Desnutrición, escasez y fallas de estructura amenazan a la niñez”, Efecto Cocuyo, 26 de agosto y 29 de noviembre del 2016. Sabrina D’Amore, “Desnutrición aumentó 12% en cinco meses a causa de la inflación y la escasez”, Runrunes, 30 de junio del 2016.Hide Footnote

Pero la emergencia social no es en absoluto una simple cuestión de hambre y penurias físicas. Un número desconocido de personas han muerto debido a la falta de medicamentos esenciales, equipamiento o servicios médicos. El sistema de salud pública está próximo al colapso.[fn]En junio del 2016, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana dijo que el 85 por ciento de los medicamentos que deberían estar disponibles en las farmacias estaban en falta o eran difíciles de conseguir. Una encuesta de doctores halló que a más de tres cuartas partes de los hospitales públicos les faltaban medicamentos básicos. Nicholas Casey, “Dying Infants and No Medicines: Inside Venezuela’s Failing Hospitals”, The New York Times, 15 de mayo del 2016.Hide Footnote Enfermedades que habían sido erradicadas o controladas están volviendo en forma de epidemias. El gobierno, sin embargo, niega que haya una crisis y amenaza o castiga a quienes protestan. Un informe de Human Rights Watch halló que la mortalidad materna en los primeros cinco meses del 2016 fue un 79 por ciento más elevada que en el mismo periodo en el 2009, el último para el cual se dispone de cifras oficiales. La mortalidad infantil aumentó en un 45 por ciento en el 2013. El personal médico supuestamente fue amenazado con el despido si alzaban la voz, mientras que los ciudadanos comunes que protestaban se exponían a ser golpeados, arrestados e incluso juzgados por tribunales militares.[fn]Una de las últimas enfermedades en reaparecer es la difteria: José Poito, “Brote de difteria se ha expandido por seis estados en dos meses”, Notiminuto, 30 de noviembre del 2016. El gobierno no ha publicado un boletín epidemiológico mensual desde fines del 2014. La ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez dijo al Consejo Permanente de la OEA en junio que no había “ninguna crisis humanitaria [en Venezuela]”. El gobierno ha dicho que las afirmaciones acerca de una crisis humanitaria y los pedidos de ayuda humanitaria son una pantalla para la intervención extranjera. Maira Ferreira, “Delcy Rodríguez: En Venezuela no hay crisis humanitaria”, El Universal, 23 de junio del 2016. “Humanitarian crisis in Venezuela: severe medical and food shortages, inadequate and repressive government response”, Human Rights Watch, 24 de octubre del 2016.Hide Footnote

Quienes han intentado traer ayuda médica del extranjero la han visto bloqueada por el gobierno. En noviembre las autoridades confiscaron un cargamento de medicamentos y suplementos nutricionales perteneciente a la ONG católica Cáritas que había llegado en agosto desde Chile. La aduana dijo que Cáritas no había presentado la documentación pertinente. Cáritas y la Iglesia Católica negaron esto, e instaron a que se abordara la ayuda humanitaria en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El 30 de noviembre, un médico y un trabajador del hospital de Magallanes de Catia en Caracas fueron arrestados por agentes del Sebin después de que aceptaran una donación de suministros médicos de una organización liderada por la esposa del preso político Leopoldo López.[fn]Comunicado, Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela y Caritas Venezuela, 25 de noviembre del 2016. Diego A Torrealba, “Sebin detuvo a médico y sindicalista en Hospital de los Magallanes de Catia por recibir donación de insumos médicos”, El Pitazo, 1 de diciembre del 2016.Hide Footnote

C. El chavismo después del 10 de enero

particularmente atractivo para los políticos ambiciosos al comienzo del quinto año de un mandato presidencial. Al contrario que muchos países con un sistema presidencial, Venezuela no elige a sus vicepresidentes: son designados como miembros ordinarios del gabinete. Si el presidente muere, renuncia o es destituido durante los dos últimos años del mandato de seis años, el vicepresidente lo reemplaza por el resto del mandato y está bien situado para buscar ser elegido presidente por derecho propio.

Ya ha habido muestras apenas encubiertas de interés en el cargo por parte de algunos líderes. El 29 de septiembre, el gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, sugirió que Maduro podría nombrar a Diosdado Cabello para el cargo, aunque lo dijo con la intención aparente de desalentar a la oposición de buscar un referéndum revocatorio más allá del 10 de enero.[fn]“Maduro nombraría a Diosdado Cabello vicepresidente”, El Nacional, 4 de octubre del 2016.Hide Footnote Al día siguiente, el miembro de la Asamblea Nacional y ex vicepresidente Elías Jaua, uno de los miembros del círculo íntimo de Maduro, dijo a una agencia de noticias ecuatoriana que el liderazgo apoyaba la reelección del presidente, una declaración que se entendió como una respuesta a Cabello y Ameliach.[fn]Eligio Damas, “Elías Jaua vuelve a confrontar a Diosdado, esta vez por la candidatura”, aporrea.org, 30 de septiembre del 2016. Jaua pertenece a la izquierda radical civil del movimiento chavista, la cual a menudo choca con el ala militar. Tiene estrechos lazos con el Frente Francisco de Miranda, una organización armada, entrenada por Cuba, que se dice cuenta con 20.000 militantes por todo el país.Hide Footnote Unos días después, Maduro usó su programa televisivo semanal (“Contacto con Maduro”) para respaldar al actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, otro civil de izquierda. En términos algo ambiguos, habló de entregar a Istúriz la responsabilidad que Chávez le había otorgado antes de su muerte.[fn]“Nicolás Maduro pone su confianza en Aristóbulo Istúriz”, Notitarde, 5 de octubre del 2016.Hide Footnote

Cabello se embarcó en una gira intensiva a mediados del 2016 que lo llevó a casi todos los estados (y cuarteles militares), lo que llevó a algunos comentaristas a sugerir que estaba haciendo campaña presidencial. Pero las encuestas indican que su mensaje de línea dura y personalidad abrasiva no son populares.[fn]El programa televisivo semanal de Cabello se llama “Con el mazo dando”.Hide Footnote Tanto Maduro como Jaua, así como el gobernador del estado de Aragua, Tareck el Aissami – otra figura que, según se rumorea, tendría ambiciones presidenciales – cuentan con mejores números.[fn]Véase, por ejemplo, la encuesta Venebarómetro de julio del 2016, en la que tres cuartas partes de los encuestados dijeron que no confiaban en Cabello: Luz Mely Reyes, “Cinco datos de la encuesta de Venebarómetro para tomar en cuenta”, Efecto Cocuyo, 24 de julio del 2016.Hide Footnote El hecho de que todos los potenciales sucesores dentro del PSUV sean tanto o más impopulares que Maduro podría desalentar a aquellos que pudieran buscar reemplazarlo. Cualquiera que aspire al cargo además requerirá, como mínimo, la aquiescencia de las fuerzas armadas. Muchos oficiales que se graduaron con Cabello y participaron con él en el fallido intento de golpe de Chávez en 1992 son ahora generales de alto rango, pero no se puede dar por hecho el apoyo de la mayoría en los cuarteles. Al contrario que Chávez, Maduro no ha logrado ejercer plenamente su autoridad sobre las facciones de las FANB, aunque, con la posible excepción del actual ministro de Defensa, tampoco lo ha hecho nadie más.[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad y defensa, Caracas, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote

D. Perspectivas de una salida negociada

Parece improbable que la forma actual de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, auspiciadas por el Vaticano y UNASUR, prospere. La próxima reunión plenaria está prevista para el 13 de enero, pero la MUD no asistió a la última, el 6 de diciembre, y ha dicho que no participará en negociaciones hasta que el gobierno cumpla los compromisos que ya ha adquirido.[fn]“Si el régimen no cumple, MUD no asistirá al diálogo el 6D”, comunicado de la MUD, 2 de diciembre del 2016.Hide Footnote Su postura se vio fortalecida por la divulgación de una carta a Maduro, con fecha del 2 de diciembre, del Cardenal Parolin, en la que el Vaticano expresaba “dolor y preocupación” acerca de la falta de avances en las negociaciones y exigía el cumplimiento de cuatro acuerdos. Estos eran: medidas para abordar la crisis humanitaria; el establecimiento de un cronograma electoral; la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional, y la liberación de los presos políticos.[fn]Emiliana Duarte, “Parolin’s Letter”, Caracas Chronicles, 7 de diciembre del 2016.Hide Footnote El gobierno respondió con una carta pública de Jorge Rodríguez en la que rechazaba de pleno las demandas del Vaticano y acusaba a Parolin de violar los términos de la misión de facilitación. Rodríguez descarta cualquier cambio en el calendario electoral.[fn]Christhian Colina, “Guerra de cartas: Rodríguez arremetió contra la iglesia por críticas al diálogo”, Caraota Digital, 9 de diciembre del 2016.Hide Footnote Hay elementos dentro de la MUD que estarían dispuestos a esperar hasta las elecciones programadas para diciembre del 2018 antes que reemplazar a Maduro en los dos últimos años de su mandato y después enfrentarse a un electorado que bien podría estar frustrado por la lentitud del cambio.[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político, 21 de noviembre del 2016.Hide Footnote Pero es políticamente imposible decir esto públicamente, dada la desesperación que sienten muchos simpatizantes por un cambio de gobierno inmediato.

No obstante ninguna de las dos partes ha abandonado formalmente las negociaciones y la que primero lo hiciera pagaría un costo político, en particular dada la presencia del Vaticano, con su considerable autoridad moral. En especial la MUD, que dio tanta importancia a la intervención del Papa Francisco, podría tomarse en serio la amenaza de que si las negociaciones se derrumban y el Vaticano abandona, no será fácil convencerlo de que vuelva. El problema de la MUD, sin embargo, es cómo defender su participación en negociaciones que prácticamente no han producido resultados tangibles, más allá de la liberación de siete presos opositores, contra las voces de su coalición que expresan públicamente su resistencia. Si el diálogo puede de algún modo mantenerse, o reanudarse si se derrumba, el factor más decisivo probablemente será la crisis económica y financiera, para la cual no hay perspectivas de hallar una solución sin un acuerdo. El tener presente las probables consecuencias – un default caótico, una explosión social, un golpe militar o una combinación de las tres – podría finalmente afilar las mentes de los negociadores.

V. Conclusión

Venezuela necesita urgentemente una solución a una crisis que ha exacerbado la polarización política y ha perjudicado los medios de sustento y el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos. El gobierno de Maduro ha proporcionado poco más que paliativos: millones no tienen suficiente para comer, mientras que miles están muriendo innecesariamente debido a la escasez de medicamentos y asistencia sanitaria básica. La profunda impopularidad del gobierno resultó en una victoria aplastante para la coalición opositora en las elecciones parlamentarias hace un año, pero en cambio de escuchar la voz del electorado, el gobierno se negó a buscar una posición moderada. Eligió anular el resultado erigiendo barreras institucionales, en ocasiones físicas, en torno a la Asamblea Nacional, endureció su discurso revolucionario y pisoteó las normas legales y constitucionales en un intento de recuperar la hegemonía perdida.

La oposición respondió buscando un referéndum revocatorio contra el presidente y un cambio de gobierno anticipado. Una vez más, Maduro hizo uso de su control institucional, postergando, bloqueando y finalmente suspendiendo la campaña del referéndum, a pesar de que había claros indicios de que representaba la voluntad de la mayoría. El referéndum revocatorio distaba de ser una solución ideal: una elección presidencial anticipada que resultara en un repentino cambio de gobierno hubiera conllevado un grave riesgo de inestabilidad dado el control del chavismo sobre la industria petrolera, el aparato estatal, la economía y las fuerzas armadas. Pero era constitucional, democrático y potencialmente la opción menos mala.

Muchos ahora tienen las esperanzas puestas en las elecciones presidenciales del 2018. Con dos años de su mandato aún restantes, sin embargo, el presidente Maduro y sus ministros parecen incapaces de evitar el colapso económico y una crisis humanitaria aún más profunda. Si bien un golpe militar en el sentido clásico parece poco probable, hay una fuerte posibilidad de que las fuerzas armadas ejercerán progresivamente más control. Para restaurar el Estado de derecho y evitar mayor sufrimiento, un acuerdo con la oposición es esencial y solo puede lograrse con ayuda internacional. Idealmente, un gobierno interino que represente a ambas partes implementaría urgentes reformas económicas y restauraría la independencia y profesionalismo del poder judicial y la autoridad electoral para así garantizar unas elecciones libres y justas en el 2018. El proceso de facilitación liderado por el Vaticano y UNASUR es un comienzo, pero para lograr el éxito se necesitará una estructura más robusta que cuente con procedimientos de verificación internacional de los acuerdos, así como aportes de la sociedad civil y expertos técnicos externos.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de diciembre del 2016

Anexo A: Mapa de Venezuela

Mapa de Venezuela. CRISIS GROUP
People line up to buy toilet paper at a supermarket in downtown Caracas, on 19 January 2015. REUTERS/Jorge Silva

Venezuela: Un desastre evitable

Alongside Venezuela’s growing political tension, the collapse of the country’s economy and health care system are leading to an equally dangerous social crisis. To stave off a humanitarian disaster that could well turn today’s polarisation violent, Venezuela needs an emergency program, careful reform of price controls, political consensus, and international support.

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I. Overview

The accelerating deterioration of Venezuela’s political crisis is cause for growing concern. The collapse in 2014 of an incipient dialogue between government and opposition ushered in growing political instability. With legislative elections due in December, there are fears of renewed violence. But there is a less widely appreciated side of the drama. A sharp fall in real incomes, major shortages of essential foods, medicines and other basic goods and breakdown of the health service are elements of a looming social crisis. If not tackled decisively and soon, it will become a humanitarian disaster with a seismic impact on domestic politics and society, and on Venezuela’s neighbours. This situation results from poor policy choices, incompetence and corruption; however, its gravest consequences can still be avoided. This will not happen unless the political deadlock is overcome and a fresh consensus forged, which in turn requires strong engagement of foreign governments and multilateral bodies.

As the 12th largest oil producer in the world, with the largest reserves, and a beneficiary of the most sustained oil price boom in history, Venezuela ought to be well placed to ride out the recent collapse of the international price of crude. The oil boom, combined in the early years at least with the government’s redistribution policies, produced a significant decrease in poverty under the administration (1999-2013) of the late Hugo Chávez. The economy was showing signs of strain, however, well before the 50 per cent fall in prices at the end of 2014, a year in which GDP shrank by more than 4 per cent and inflation rose to 62 per cent. Expropriations of private land and businesses, stringent price and exchange controls and inefficient, often corruptly-run state enterprises undermined the nation’s production of basic goods and services. Having incurred massive debts, spent most of its international reserves and emptied a stabilisation fund set up for such contingencies, the government faces a critical shortage of hard currency and the prospect of triple-digit inflation this year and can no longer afford to make up domestic shortfalls of consumer goods with imports.

The impact has naturally been felt most keenly by the poor, who rely on increasingly scarce supplies of price-controlled food, medicines and other basic goods for which they must often queue for hours, with no guarantee of success. Those with ailments such as cancer, HIV-AIDS or cardiovascular disease can go months without medicines they require to survive. Hospitals and even private clinics cannot maintain stocks of medicines and other basic supplies, including spare parts to repair equipment. The hospital crisis is exacerbated by government failure to complete a rebuilding program begun in 2007 or fulfil promises to construct new facilities. Thousands of doctors and other medical personnel have resigned due to low wages and unsafe working conditions. Surgery waiting lists are growing, and staff vacancies go unfilled.

Some economists predict a sudden collapse in food consumption and widespread hunger, and public health specialists already say that some surveys are showing chronic malnutrition, although the country is not yet on the verge of famine. The collapse of the health service, however, can have pernicious short-term effects, including uncontrolled spread of communicable diseases and thousands of preventable deaths.

Aside from purely humanitarian concerns, Venezuela’s neighbours and the wider international community have pragmatic reasons for acting. If a solid institutional and social welfare framework can be restored through a negotiated settlement, and economic measures taken to deal with inflation and scarcity, a humanitarian crisis can be averted. If not, the collapse of the health and welfare infrastructure is likely to make political conflict harder to manage and could lead to a further erosion of democracy and an increasing likelihood of violence.

This in turn would have an impact beyond Venezuela’s borders. Potential risks include large-scale migration, the spread of disease and a wider foothold for organised crime. Without a change of economic policy, the country is heading for a chaotic foreign debt default, probably in 2016. An unstable Venezuela unable to meet its international commitments could destabilise other countries in the region, particularly Caribbean nations that have come to rely on subsidised energy from Caracas. It would also have a direct impact in Colombia, along a border already under multiple threats.

This briefing is the product of research conducted between April and July 2015, which included field trips to Zulia state and the greater Caracas area. Among a wide variety of sources consulted were many grassroots sympathisers of the government and several mid-ranking officials. Unfortunately, the ministers of food and health did not answer requests for interviews.

To forestall the severe consequences of a humanitarian crisis in Venezuela:

  • The government must acknowledge the problem. Concealing true statistics and harassing those who publish or demand access to data must cease.
     
  • Any political dialogue or agreement must prioritise concerted action to guarantee supplies of scarce goods, including medicines, medical supplies and basic foodstuffs, for the neediest, and a social safety net without partisan intervention or manipulation that incorporates as providers non-governmental actors, including the Catholic Church and humanitarian organisations.
     
  • The current unworkable system of price and exchange controls that fosters corruption, smuggling and the black market and fuels inflation and scarcity needs to be carefully dismantled and replaced with mechanisms that provide a safety net for the poor without stifling production.
     
  • The government should seek broad support for an emergency program that restores economic equilibrium and protects the most vulnerable from the consequences of the necessary adjustment, rather than blaming the opposition and foreign governments for an imaginary “economic war”.
     
  • The opposition should resist the temptation to score political points, acknowledge there is no painless solution and present a clear economic and social reform agenda.
     
  • Venezuela’s neighbours and the broader international community must abandon their reluctance to act, and explicitly press for restoration of the rule of law and of institutional checks and balances, beginning with close oversight of the December parliamentary elections.
     
  • They should also help alleviate the social costs of the current crisis by offering food and medical aid and helping Venezuela cope with and control existing epidemics and prevent future ones.

Caracas/Bogotá/Brussels, 30 July 2015