Briefing / Latin America & Caribbean 30 Julio 2015 4 minutes

Venezuela: Un desastre evitable

Resumen

El deterioro acelerado de la crisis política en Venezuela es motivo de creciente preocupación. El colapso en 2014 del incipiente diálogo entre el gobierno y la oposición abrió la puerta a una inestabilidad que ha ido en aumento. Ante las elecciones legislativas previstas para diciembre, existe el temor de que se reanude la violencia. Pero hay también otro aspecto del drama que no se suele tener tan en cuenta. El descenso pronunciado de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos básicos, medicamentos y otros productos básicos, junto con el colapso de los servicios sanitarios, son elementos de un problema social inminente. Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria, con un impacto sísmico en la política y la sociedad. Esta situación es el resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción, y aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias. No obstante, esto no sucederá a no ser que se logre salir del estancamiento político y se forjen nuevos consensos, lo cual a su vez requiere la sólida participación de los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.

Como importante país productor que recientemente gozó de una de las alzas en el precio del petróleo más sostenidas de la historia, Venezuela debería estar bien posicionada para sobrellevar el repentino colapso de los precios del sector. El auge generó una importante reducción de la pobreza bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), combinado, al menos en los primeros años, con las políticas de redistribución del gobierno Sin embargo, la economía ya daba muestras de sobrecarga mucho antes del descenso del 50 por ciento en los precios hacia fines de 2014, un año en el que el PIB se redujo en más del 4 por ciento. La expropiación de tierras y empresas privadas, los duros controles de precios y de cambios, y las empresas estatales, ineficientes y a menudo gestionadas de forma corrupta, son algunos de los factores que afectan a la producción de bienes y servicios. Tras haber contraído enormes deudas, prácticamente agotado sus reservas internacionales y vaciado el fondo de estabilización constituido para afrontar tales eventualidades, el gobierno enfrenta una grave escasez de divisas y ya no puede permitirse compensar las carencias de la producción nacional mediante importaciones.

Naturalmente, quienes más han sufrido las consecuencias han sido los pobres, que dependen de los cada vez más escasos bienes subsidiados, para los cuales a menudo han de hacer cola durante horas sin ninguna garantía de obtenerlos. Las personas que sufren enfermedades como el cáncer, VIH-SIDA, o enfermedades cardiovasculares pueden pasarse meses sin acceder a los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Los hospitales e incluso las clínicas privadas no logran mantener suficientes reservas de medicamentos y otros suministros básicos, entre ellos piezas de repuesto para reparar los equipos médicos. La crisis hospitalaria se ha visto agravada porque el gobierno no ha completado un programa de reconstrucción que comenzó en 2007 y ha incumplido sus promesas de construir nuevas instalaciones. Miles de médicos y otros profesionales sanitarios han renunciado debido a los bajos salarios y las condiciones de trabajo inseguras. Las listas de espera quirúrgica son cada vez más largas, y no se logra cubrir los puestos de trabajo.

Algunos economistas pronostican un súbito colapso del consumo y el hambre generalizada, pero la mayoría de los especialistas dicen que el país no está al borde de la hambruna. Una consecuencia más probable es la desnutrición crónica, cuyos efectos ya se vislumbran en algunas encuestas. El colapso del sistema de salud, no obstante, puede tener efectos perniciosos a corto plazo, incluida la propagación descontrolada de enfermedades contagiosas y miles de muertes evitables.

Más allá de las cuestiones puramente humanitarias, los países vecinos de Venezuela y el resto de la comunidad internacional tienen razones prácticas para actuar. El colapso de la infraestructura de salud y bienestar social probablemente dificulte aún más el manejo del conflicto político, y podría derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política.

Esto a su vez podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela. Los riesgos potenciales incluyen la migración económica y política a gran escala, la propagación de enfermedades y la proliferación del crimen organizado. Sin un cambio de rumbo en la política económica, el país se dirige hacia un caótico default de la deuda externa. Una Venezuela inestable, incapaz de honrar sus compromisos internacionales, podría desestabilizar a otros países de la región, en particular las naciones caribeñas que dependen de la energía que importan de Caracas a precios subsidiados. Asimismo, tendría un impacto directo en Colombia, a lo largo de una frontera que ya de por sí enfrenta múltiples amenazas.

A fin de prevenir las graves consecuencias de una crisis humanitaria en Venezuela:

El gobierno debe admitir el problema. Debe dejar de ocultar las estadísticas reales y de acosar a quienes proporcionan información o exigen acceso a ella.
Cualquier diálogo o acuerdo político debe priorizar las acciones concertadas para garantizar el suministro básico de recursos escasos, incluidos medicamentos, suministros médicos y alimentos básicos, a los más necesitados, y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista, que incorpore a actores no-gubernamentales, por ejemplo la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias, como proveedores.
El actual sistema de control de precios y cambio, que fomenta la corrupción, el contrabando y el mercado negro, al tiempo que alimenta la inflación y la escasez, es inviable y debe ser cuidadosamente desmantelado y reemplazado por mecanismos que proporcionen una red de seguridad para los pobres sin asfixiar la producción.
El gobierno debería buscar un apoyo amplio para un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables de las consecuencias del ajuste necesario, en lugar de culpar a la oposición y a los gobiernos extranjeros de una imaginaria “guerra económica”.
La oposición debería resistir la tentación de sumar puntos políticos, reconocer que no hay ninguna solución indolora, y presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.
Los vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general deben abandonar su renuencia a actuar y presionar explícitamente para que se restaure el Estado de derecho y los contrapesos y equilibrios institucionales, empezando por la estricta supervisión de las elecciones parlamentarias.
Deberían además ayudar a aliviar los gastos sociales de la actual crisis ofreciendo alimento y ayuda médica y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 30 de julio de 2015

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I. Overview

The accelerating deterioration of Venezuela’s political crisis is cause for growing concern. The collapse in 2014 of an incipient dialogue between government and opposition ushered in growing political instability. With legislative elections due in December, there are fears of renewed violence. But there is a less widely appreciated side of the drama. A sharp fall in real incomes, major shortages of essential foods, medicines and other basic goods and breakdown of the health service are elements of a looming social crisis. If not tackled decisively and soon, it will become a humanitarian disaster with a seismic impact on domestic politics and society, and on Venezuela’s neighbours. This situation results from poor policy choices, incompetence and corruption; however, its gravest consequences can still be avoided. This will not happen unless the political deadlock is overcome and a fresh consensus forged, which in turn requires strong engagement of foreign governments and multilateral bodies.

As the 12th largest oil producer in the world, with the largest reserves, and a beneficiary of the most sustained oil price boom in history, Venezuela ought to be well placed to ride out the recent collapse of the international price of crude. The oil boom, combined in the early years at least with the government’s redistribution policies, produced a significant decrease in poverty under the administration (1999-2013) of the late Hugo Chávez. The economy was showing signs of strain, however, well before the 50 per cent fall in prices at the end of 2014, a year in which GDP shrank by more than 4 per cent and inflation rose to 62 per cent. Expropriations of private land and businesses, stringent price and exchange controls and inefficient, often corruptly-run state enterprises undermined the nation’s production of basic goods and services. Having incurred massive debts, spent most of its international reserves and emptied a stabilisation fund set up for such contingencies, the government faces a critical shortage of hard currency and the prospect of triple-digit inflation this year and can no longer afford to make up domestic shortfalls of consumer goods with imports.

The impact has naturally been felt most keenly by the poor, who rely on increasingly scarce supplies of price-controlled food, medicines and other basic goods for which they must often queue for hours, with no guarantee of success. Those with ailments such as cancer, HIV-AIDS or cardiovascular disease can go months without medicines they require to survive. Hospitals and even private clinics cannot maintain stocks of medicines and other basic supplies, including spare parts to repair equipment. The hospital crisis is exacerbated by government failure to complete a rebuilding program begun in 2007 or fulfil promises to construct new facilities. Thousands of doctors and other medical personnel have resigned due to low wages and unsafe working conditions. Surgery waiting lists are growing, and staff vacancies go unfilled.

Some economists predict a sudden collapse in food consumption and widespread hunger, and public health specialists already say that some surveys are showing chronic malnutrition, although the country is not yet on the verge of famine. The collapse of the health service, however, can have pernicious short-term effects, including uncontrolled spread of communicable diseases and thousands of preventable deaths.

Aside from purely humanitarian concerns, Venezuela’s neighbours and the wider international community have pragmatic reasons for acting. If a solid institutional and social welfare framework can be restored through a negotiated settlement, and economic measures taken to deal with inflation and scarcity, a humanitarian crisis can be averted. If not, the collapse of the health and welfare infrastructure is likely to make political conflict harder to manage and could lead to a further erosion of democracy and an increasing likelihood of violence.

This in turn would have an impact beyond Venezuela’s borders. Potential risks include large-scale migration, the spread of disease and a wider foothold for organised crime. Without a change of economic policy, the country is heading for a chaotic foreign debt default, probably in 2016. An unstable Venezuela unable to meet its international commitments could destabilise other countries in the region, particularly Caribbean nations that have come to rely on subsidised energy from Caracas. It would also have a direct impact in Colombia, along a border already under multiple threats.

This briefing is the product of research conducted between April and July 2015, which included field trips to Zulia state and the greater Caracas area. Among a wide variety of sources consulted were many grassroots sympathisers of the government and several mid-ranking officials. Unfortunately, the ministers of food and health did not answer requests for interviews.

To forestall the severe consequences of a humanitarian crisis in Venezuela:

The government must acknowledge the problem. Concealing true statistics and harassing those who publish or demand access to data must cease.
Any political dialogue or agreement must prioritise concerted action to guarantee supplies of scarce goods, including medicines, medical supplies and basic foodstuffs, for the neediest, and a social safety net without partisan intervention or manipulation that incorporates as providers non-governmental actors, including the Catholic Church and humanitarian organisations.
The current unworkable system of price and exchange controls that fosters corruption, smuggling and the black market and fuels inflation and scarcity needs to be carefully dismantled and replaced with mechanisms that provide a safety net for the poor without stifling production.
The government should seek broad support for an emergency program that restores economic equilibrium and protects the most vulnerable from the consequences of the necessary adjustment, rather than blaming the opposition and foreign governments for an imaginary “economic war”.
The opposition should resist the temptation to score political points, acknowledge there is no painless solution and present a clear economic and social reform agenda.
Venezuela’s neighbours and the broader international community must abandon their reluctance to act, and explicitly press for restoration of the rule of law and of institutional checks and balances, beginning with close oversight of the December parliamentary elections.
They should also help alleviate the social costs of the current crisis by offering food and medical aid and helping Venezuela cope with and control existing epidemics and prevent future ones.