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Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar
Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

Violencia y política en Venezuela

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Resumen Ejecutivo

Cada media hora una persona es asesinada en Venezuela. La presencia del crimen organizado junto con un número exorbitante de armas de fuego en manos de civiles, la impunidad, la corrupción y la fuerza excesiva por parte de la policía han afianzado la violencia en la sociedad. Aunque tales problemas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez, su gobierno tiene que responder por su ambigüedad frente a varios grupos armados; su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar la corrupción y la complicidad delictiva en sectores de las fuerzas de seguridad; su política de armar a civiles “en defensa de la revolución”, y por último, pero no menos importante, por la propia retórica incendiaria del Presidente. Medidas positivas como la interacción constructiva con Colombia al igual que algunas reformas limitadas en materia de seguridad no subsanan estas fallas. Si bien la expectativa en torno a las elecciones presidenciales de 2012 podría aplazar la explosión social, el deterioro del estado de salud del Presidente ha incrementado la incertidumbre. En cualquier caso, el grado de polarización y militarización en la sociedad probablemente minará las posibilidades tanto de una continuación no violenta del régimen actual como de una transición pacífica a una era pos-Chávez.

Una parte significativa del problema es heredada de gobiernos anteriores. En 1999, el entonces nuevo presidente Chávez se encontraba ante un país cuyas tasas de homicidios se habían triplicado en menos de dos décadas, y muchas instituciones estaban en proceso de colapsar, erosionadas por la corrupción y la impunidad. Sin embargo, estos problemas se han agravado sustancialmente durante la “Revolución bolivariana”. Actualmente, más de diez personas son asesinadas en las calles de Caracas diariamente, la mayoría a manos de delincuentes individuales, integrantes de bandas o de la misma policía. De igual manera, las tasas de secuestros y robos se han disparado. Al atribuir el problema a las “percepciones sociales de inseguridad” o a causas estructurales que provienen de administraciones anteriores, tal como el alto índice de pobreza, el Gobierno está minimizando la magnitud y el alcance destructivo de la violencia criminal. Acciones específicas como el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en operativos altamente visibles, la reforma policial y programas de desarme tendrán un impacto mínimo si no forman parte de una estrategia integral para reducir la delincuencia, poner fin a la impunidad y proteger a la ciudadanía.

La presencia en Venezuela de grupos internacionales del crimen organizado tampoco se trata de algo nuevo. Sin embargo, hay pruebas de que éstos han incrementado su actividad durante la década pasada contribuyendo no sólo al aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones, sino también al fortalecimiento del microtráfico de estupefacientes. Este último factor ha hecho que los barrios pobres y urbanos se tornen más violentos. Venezuela se ha convertido en un corredor principal del narcotráfico en el que diversos grupos, como las guerrillas colombianas, los paramilitares y sus sucesores, se han unido a organizaciones mexicanas y de otros lugares para beneficiarse de la corrupción generalizada y de la complicidad por parte de las fuerzas de seguridad. Estas conductas parecieran ser toleradas por parte de individuos en las esferas más altas del Gobierno.

El Gobierno ha demostrado una ambigüedad particular frente a grupos armados no estatales que simpatizan con su proyecto político. Los “colectivos” urbanos combinan actividades políticas con actividades delictivas, incluyendo acciones armadas contra opositores del Gobierno, operan en gran medida sin restricción y gozan de una amplia impunidad. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación han establecido el control sobre zonas fronterizas con Colombia, mientras que las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN han encontrado refugio y apoyo en suelo venezolano durante mucho tiempo. En el contexto de los acercamientos entre los presidentes Chávez y Santos, parece haber cambiado la relación costo-beneficio derivada de la alianza tácita entre las guerrillas colombianas y el Gobierno venezolano. Sin embargo, aún es demasiado temprano para saber si el régimen está dispuesto y es capaz de lograr que los compromisos adquiridos y algunos pasos iniciales se materialicen en acciones eficaces y sostenibles contra tales grupos.

La violencia y la corrupción han sido alimentadas por un proceso continuo de erosión institucional que se ha vuelto particularmente evidente en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad. Mientras que se disparan los niveles de impunidad, una fuerza policial disfuncional y abusiva ha puesto en peligro la seguridad ciudadana. Las fuerzas armadas, fuertemente politizadas, parecen ser cada vez más parte del problema; además de tener relaciones estrechas con el crimen organizado, son presionadas por el Presidente para comprometerse con la defensa partidaria de su “revolución”. La creación, el suministro de armas y entrenamiento de milicias progubernamentales aumentan aún más el peligro de que las diferencias políticas finalmente se resuelvan por fuera del marco constitucional, a través del uso de la fuerza.

En este entorno político candente, la violencia política se ha mantenido más como una amenaza latente que como una realidad. Sin embargo, a medida que el país se dirige hacia lo que promete ser una contienda presidencial extremadamente reñida, donde habrá mucho en juego para ambos bandos, este equilibrio frágil podría desmoronarse. Además, la incertidumbre provocada por la enfermedad del Presidente ha exacerbado las perspectivas a corto y mediano plazo. Probablemente el mayor peligro surgirá después de las elecciones, independientemente de quién gane, pues los niveles persistentes de violencia tienden a minar o bien la continuidad pacífica del régimen, la entrega del poder a un sucesor o cualquier arreglo transicional. Más aún, la amplia presencia de redes del crimen organizado constituirá una grave amenaza a la estabilidad del país en el mediano y en el largo plazo, cualquiera que sea la orientación política de un futuro gobierno. Para evitar dicha inestabilidad, es necesario que todos los sectores se comprometan con los medios constitucionales y pacíficos de resolución de conflictos y que el gobierno implemente medidas eficaces para desarmar y desmantelar estructuras delictivas, reestablecer el Estado de Derecho y erradicar la corrupción de las instituciones del Estado.

Bogotá/Bruselas, 17 de agosto de 2011

 

The president of the National Assembly, Jorge Rodriguez (C-top) swears in the new authorities of the National Electoral Council (CNE), during a special session at the National Assembly, in Caracas. 4 May 2021. Federico PARRA / AFP

Venezuela: una oportunidad que no se puede desaprovechar

A series of gestures from Caracas suggests that President Nicolás Maduro’s government might be more willing to negotiate with rivals and enact partial reforms. Washington should respond in kind with phased sanctions relief and diplomatic gestures that can be reversed if Venezuela backslides.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al ejecutivo, designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual dos de los cinco miembros principales son de la oposición. Éste es quizás el más significativo de una serie de gestos hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las últimas dos semanas. Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecen una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina. Para asegurar que esta oportunidad, aunque pequeña, no sea desaprovechada, son necesarios algunos actos recíprocos por parte de los poderes extranjeros que se oponen a Maduro. Washington está bien posicionado para hacer unos gestos recíprocos comparables, al ofrecer suspender algunas de las fuertes sanciones que ha impuesto e iniciando contactos diplomáticos de bajo perfil para evaluar las posibilidades de un mayor progreso. 

Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU.

El nombramiento de los nuevos rectores del CNE fue precedido de otras acciones. El primero fue el 19 de abril, cuando Venezuela finalmente firmó el muy esperado acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el cual le da acceso para que atienda la grave y creciente crisis de desnutrición infantil del país. El segundo ocurrió el 30 de abril, cuando el gobierno le concedió arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros de la corporación Citgo con sede en Houston, cinco de los cuales tienen ciudadanía estadounidense. Un día después, el fiscal general del país, Tarek William Saab, tomó el tercer paso al anunciar la imputación de cargos a tres oficiales de bajo rango, acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos de alto perfil en los que el gobierno había negado hasta ahora tener cualquier responsabilidad. Estas acciones representan respuestas parciales a las demandas de EE. UU. y otros aliados internacionales del movimiento de oposición liderado por el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien desde 2019 ha reclamado la “presidencia interina” del país. 

Los cambios en el CNE han sido la concesión más importante hasta ahora. La dominación chavista del Consejo ha sido crucial en la campaña gubernamental para eliminar cualquier amenaza electoral. Fue lo que en últimas llevó al enfrentamiento con Guaidó y ocasionó el exilio de muchas otras figuras de la oposición. Los partidos de la oposición en su mayoría boicotearon las elecciones parlamentarias de comienzos de diciembre de 2020, al igual que las elecciones presidenciales de 2018, y el pequeño número de partidos que sí participó (algunos de ellos esencialmente apéndices del gobierno) obtuvieron solo veinte de los 277 escaños en la Asamblea. Aún hoy en día las condiciones para que la oposición participe son prácticamente imposibles. Incluso con la designación de los nuevos rectores, el campo de juego electoral se mantiene fuertemente sesgado a favor de Maduro. A pesar de esto, permitir la designación de una autoridad electoral más equilibrada marca un paso tentativo hacia el restablecimiento de la contienda política. 

Una mayor representación de la oposición en el CNE puede traer beneficios para Maduro. En primer lugar, las elecciones de este año, previstas para diciembre, son locales y regionales, por lo que el presidente tiene menos en juego. También puede presentar el acuerdo del CNE a sus propios partidarios como un reconocimiento de la oposición de las instituciones del gobierno y como estrategia para reducir el aislamiento internacional. 

Las noticias del reformado consejo electoral han dividido las filas de la oposición. Incluso antes de que Maduro anunciara la nueva composición del CNE, la alianza encabezada por Guaidó ya la había rechazado por ilegítima. Su postura no ha cambiado desde entonces, incluso a pesar de las sólidas credenciales de los dos nuevos rectores de la oposición. Uno es un político experimentado y exvicepresidente de la Asamblea, el otro un ingeniero de sistemas cuyo papel como experto en elecciones de la oposición fue tan importante que estuvo encarcelado por seis meses en 2017. La alianza de la oposición sostiene que el parlamento liderado por Guaidó, del cual algunos integrantes continúan reuniéndose, es el único órgano facultado para designar un nuevo CNE. El propio Guaidó, quien es reconocido por Washington como el presidente legítimo del país, condenó la designación en Twitter, diciendo que tendrá como consecuencia “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”. 

Otros tienen una opinión diferente. El más prominente es Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial y quien antes de las elecciones de diciembre adelantó algunos esfuerzos infructuosos, respaldados por la Unión Europea (UE), para negociar condiciones que le permitieran a su partido participar. Junto con otros políticos de la oposición, algunos de los cuales prefieren por ahora permanecer en el anonimato, rechazan el enfoque de “todo o nada” de Guaidó y su partido, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López desde el exilio y que ha promovido sin éxito la salida inmediata de Maduro. El apoyo al nuevo consejo electoral también es fuerte entre los políticos regionales y municipales y los militantes de los partidos, en especial los de estados y municipios controlados por la oposición, que temen caer en el olvido si se mantiene la política de boicotear las elecciones. Es un asunto que amenaza con dividir a varios partidos, e incluso podría llevar a una ruptura formal de la coalición opositora, lo que también favorecería al gobierno.

La sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma.

Otro elemento importante en esta compleja ecuación es la sociedad civil venezolana, que emerge cada vez más como una fuerza significativa y autónoma, comprometida con una solución negociada para la prolongada crisis política del país. Cuatro de los quince miembros del CNE designados el 4 de mayo (los cinco rectores principales más diez miembros reservistas) fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al recientemente inaugurado Foro Cívico, que incluye organizaciones no gubernamentales, sindicatos, la principal cámara empresarial, organizaciones profesionales y religiosas, entre otras. El Foro ha jugado un papel no solo en las negociaciones sobre el CNE sino en impulsar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para importar vacunas para el COVID-19, buscar reformas económicas y establecer mecanismos para atender la crisis humanitaria. En términos generales, los líderes del Foro apoyan un enfoque más conciliatorio, en línea con lo promovido por Capriles y que busca áreas en las que pueda tener una interlocución con el gobierno para aliviar el sufrimiento de los venezolanos de a pie.

Sin embargo, la respuesta de Washington es la más esperada. Durante la administración del presidente Trump, EE. UU. promovió una política de “máxima presión” hacia Venezuela, bajo el supuesto de que la presión externa, particularmente en forma de drásticas sanciones económicas y financieras, y el aislamiento diplomático obligarían al gobierno de Maduro a dimitir y permitir elecciones libres. Ese enfoque falló. El presidente Joe Biden asumió el cargo comprometido con una postura más pragmática, pero por varias razones relacionadas en gran medida con la necesidad de prestar atención a otros asuntos urgentes, en particular la pandemia y la migración en la frontera sur de los EE. UU., poco más allá de la retórica ha cambiado hasta el momento. Washington le ha exigido “medidas concretas” a Maduro para considerar relajar las sanciones, y ahora debe decidir si las medidas recientes ameritan una respuesta recíproca.

Hasta ahora, todos los pasos del gobierno venezolano son tácticas políticas, provisionales y reversibles; y, de nuevo, no crean en sí mismas condiciones para adelantar elecciones creíbles ni amenazan de alguna forma la permanencia de Maduro en el poder. Sobre la cuestión clave de las condiciones electorales, la presencia de la oposición en el nuevo CNE es solo un primer paso, aunque uno prometedor. Se necesita mucho más. Los partidos de oposición, por ejemplo, la mayoría de los cuales tiene prohibido participar en elecciones y algunos de los cuales han visto sus nombres y activos transferidos a facciones minoritarias partidarias del gobierno, deben ser legalizados. Debe realizarse una auditoría exhaustiva del censo electoral. Más importante aún, el gobierno de Maduro tendrá además que reducir su aparato de represión estatal si desea convencer a EE. UU., la UE y a sus vecinos regionales de su buena fe.

Sin embargo, dado el estancamiento de la situación política de Venezuela y el terrible sufrimiento humanitario del país, las potencias extranjeras deberían responder y tratar de alentar cualquier señal de cambio. Crisis Group ha abogado por un levantamiento inmediato e incondicional de las sanciones que generan daños humanitarios, al igual que por un levantamiento progresivo de otras medidas punitivas en respuesta al restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. La necesidad humanitaria más obvia y urgente es la restauración de permisos que le permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, del cual hay una escasez crítica. El diésel es vital, entre otras cosas, para la producción y distribución de alimentos. Además, los EE.UU. pueden considerar renovar las licencias y levantar las sanciones que prohíben hoy en día ciertas actividades por parte de compañías petroleras estadounidenses y de otros países, con el entendimiento que estos pasos serán reversados si Caracas no toma más acciones en ese sentido. 

También es importante que Washington y Caracas establezcan canales de comunicación, ya sea directos o a través de terceros confiables, para que ambas partes puedan interpretar correctamente los movimientos de la otra. Habrá un costo político para la administración de Biden por cualquier medida que relaje la presión sobre Maduro, sin una ganancia inmediata probable. Existe una renuencia natural, y quizás creciente, por parte de los políticos de EE.UU. a provocar la hostilidad del lobby venezolano en su país. El gobierno de Maduro tendrá que entender eso, al igual que Washington tendrá que ser consciente de la dificultad que Maduro puede tener para promover cualquier acercamiento ante su propia coalición. Tener contacto le permitiría a cada parte sondear su camino con más confianza.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte.

Lo peor que EE. UU. podría hacer en este momento es quedarse quieto y esperar más concesiones sin una acción correspondiente de su parte. Eso fortalecería a aquellos en el gobierno venezolano que argumentan que por mucho que concedan, Washington solo está interesado en derrocar a Maduro. Puede que el presidente venezolano no tenga intención de ir más allá, pero la única forma de averiguarlo es involucrarse en un proceso de cambio gradual y recíproco. La pelota está en la cancha de Washington.