Las inconvenientes sanciones de Estados Unidos a Venezuela

La decisión del comité de relaciones exteriores del senado de los Estados Unidos de buscar la imposición de sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en hechos de violencia o de violación de los derechos humanos, es problemática y puede ser contraproducente. Las sanciones solo reforzarán los reclamos del gobierno de presidente Maduro de que es víctima de un complot imperialista. A las sanciones se oponen no solo los dos senadores que votaron en contra, sino también la Mesa de Unidad Democrática (MUD), así como personalidades independientes en Venezuela.

La crisis venezolana es real y se requiere de una fuerte participación internacional para enfrentarla, como lo destaca un reciente informe de International Crisis Group. El diálogo iniciado el 10 de abril entre el gobierno y la oposición, con la facilitación de UNASUR y El Vaticano, sufre aún de serios problemas de credibilidad, especialmente para la oposición, que ha señalado el virtual congelamiento de las conversaciones.  Se requiere por tanto de un mayor impulso desde afuera, pero éste debe estar basado en objetivos claros y estrategias consistentes.

Las sanciones económicas o políticas deberían ser herramientas de una diplomacia más amplia. En el caso de Venezuela, se debe tener en cuenta que el gobierno fue democráticamente elegido (aún cuando hubo dudas sobre la validez del resultado electoral) y representa políticamente a un sector importante de venezolanos. La MUD ha sido consistente al señalar que la salida política a la crisis debe darse en el marco de la Constitución y ser parte de un cambio interno profundo. En este contexto, las sanciones de los Estados Unidos – que están condicionadas a la mediación de UNASUR y que difícilmente gozaran de apoyo en la región – no parecen diseñadas para impulsar un acuerdo en Venezuela, sino para responder a la opinión pública en Estados Unidos.

A pesar de todas las limitaciones existentes, hay que darle una oportunidad a UNASUR y otros actores, como El Vaticano, para que puedan facilitar un diálogo constructivo. Sin embargo, hay que ser claros que el tiempo no es muy largo y que paciencia no es infinita. Hasta ahora, el gobierno no ha dado señales claras y consistentes de apaciguar la polarización y desautorizar a los partidarios de la línea dura que siguen descalificando a la oposición como golpista. Tampoco parece querer tomar en serio el hecho de que un diálogo no es una simple conversación amigable, sino que debería ser la base para una negociación en donde las dos partes tendrán que ceder posiciones.

Pero hay también partidarios de línea dura en el otro extremo que consideran que la única manera de mejorar la situación es derrocando por vías de hecho al régimen y que llaman con insistencia a todas las sanciones posibles. Aún cuando esta no es la posición de la mayoría de la oposición ni de destacadas personalidades  venezolanas, el extremismo de algunos puede terminar por darle la razón al gobierno y cerrar toda posibilidad al cambio.

Venezuela requiere urgentemente de consensos políticos para enfrentar una gravísima situación económica y una ola de criminalidad de las más agudas de la región. Se necesita restaurar la independencia de los poderes con medidas tan directas como el nombramiento de personas independientes para la Corte Suprema, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, cuyos mandatos han expirado vencidos o están próximos a expirar. Se requiere desarmar a los colectivos y todo otro grupo presuntamente armado. No será un proceso fácil, y para lograrlo, ambas partes deben tener claro que no debe haber medidas de retaliación de un lado u otro.

Por supuesto que sería ingenuo pensar que el gobierno venezolano ofrecerá concesiones a punta de buena fe y libre albedrío. La comunidad internacional debe presionar consistentemente para que estos acuerdos se hagan no para fortalecer uno u otro sector, sino para restaurar el estado de derecho y proteger los derechos humanos. UNASUR debe hacer mucho más y de mejor manera, pues sin una estructura y sin métodos el diálogo probablemente dependerá del capricho de cada día. Entidades multilaterales como la las Naciones Unidas no deben ignorar la crisis y deberían, al menos, contribuir con su experiencia a asistir técnicamente el diálogo, y, si el diálogo se estanca, deberían también considerar el nombramiento de un facilitador internacional de alto prestigio que lo pueda destrabar o supervisar que los acuerdos se cumplan.

Nada de esto se logrará con las sanciones unilaterales de los Estados Unidos. Por el contrario, la región latinoamericana probablemente se verá arrastrada al argumento anti-imperialista y paralizada, una vez más, en sus indispensables reacciones hacia la crisis más importante del hemisferio occidental.