La política exterior de Brasil y su relación con América Latina: ¿Un nuevo capítulo?
La política exterior de Brasil y su relación con América Latina: ¿Un nuevo capítulo?
The Might and the Right: How Far Will Brazil’s Military Back Bolsonaro?
The Might and the Right: How Far Will Brazil’s Military Back Bolsonaro?

La política exterior de Brasil y su relación con América Latina: ¿Un nuevo capítulo?

La política exterior  nunca ha tenido un impacto sustancial en las campañas electorales en Brasil. Desde el retorno de la democracia en 1985, las relaciones internacionales han sido principalmente el terreno de diplomáticos competentes, en lugar de un asunto de debate público. No sorprende, entonces, que las recientes elecciones presidenciales y legislativas hayan girado en torno a asuntos internos, y no sobre la agenda internacional. No obstante, el debate intenso durante la campaña sobre el lugar de Brasil en el mundo tendrá consecuencias para su vecindario más cercano: América Latina.

Las relaciones brasileras con América Latina han seguido los principios generales de su política exterior. Primero, el énfasis ha sido puesto en el “poder suave” y el multilateralismo, entendido principalmente como un creciente involucramiento del país en operaciones humanitarias y otras formas directas o indirectas de influencia, ejemplificadas en la fuerte presencia de tropas brasileras en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Segundo, ha cumplido el papel de balanza en la influencia de otras potencias en América Latina, particularmente a través de una relación ambivalente con los Estados Unidos.

A esta aproximación clásica, el ex presidente Lula da Silva (2003-2011) agregó dos dimensiones personales: incrementar las conexiones sur-sur e intensficar el componente presidencial en la diplomacia. La búsqueda de un lugar más prominente en  los asuntos internacionales – uno que tradujera los logros impresionantes de Brasil en el terreno social y económico, en un rol global creciente – condujo al establecimiento de los BRICs como una asociación internacional, la expansión de la presencia del país en África y el Medio Oriente y, en América Latina, al apoyo activo de nuevas redes y organizaciones regionales y sub-regionales.

Desde el retorno de la democracia en 1985, las relaciones internacionales han sido principalmente el terreno de diplomáticos competentes, en lugar de un asunto de debate público

Las políticas de Lula en la región se expresaron en el fortalecimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 1994) como el bloque comercial primario, y en el lanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR, 2008) como el paraguas político. Este último ha jugado un rol creciente en crisis políticas, reemplazando virtualmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, Lula mantuvo relaciones razonablemente buenas con el resto del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. En la región, Brasil desempeñó un rol decisivo en la condena (y la búsqueda de reversión) de un golpe de estado en Honduras en 2009, permaneció comprometido con el multilateralismo y expandió su ayuda financiera a países como Cuba y Haití.

Al nivel de la retórica, los intereses ideológicos, económicos y políticos han sido razonablemente compatibles. Los defensores de este conjunto de ideas argumentan que los cambios fueron positivos en tanto hicieron evidente la debilidad del sistema político global actual, el fracaso de otras regiones para construir una paz internacional creíble y el “carácter único” de la contribución latinoamericana a la participación social y a un nuevo concepto de democracia. Sin embargo, las contradicciones han surgido en algunos casos cuando se trata de traducir la teoría en la práctica. La relación con Venezuela es probablemente la más significativo de ellas.

El ex Presidente Lula y la Presidenta Dilma Rousseff no han ocultado sus simpatías por la Revolución Bolivariana liderada por el ex presidente Hugo Chávez y por su sucesor, Nicolás Maduro. Brasil ha presionado fuertemente para admitir a Venezuela como un miembro del MERCOSUR, en una maniobra que tuvo poco que ver con cálculos económicos. Después de la muerte de Chávez y de la aún irresuelta crisis desatada el pasado febrero en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas, Brasil – aun cuando fue reacio a ello – desempeñó un rol facilitador (conjuntamente con Colombia y Ecuador) en un intento de UNASUR por ofrecer una forma de mediación. Pero se negó a emitir llamados más convincentes para la solución de la crisis, que aún amenaza la estabilidad de este aliado importante. El diálogo incipiente se rompió rápidamente y la inercia ha dominado la escena desde ese momento en Venezuela.

Brasil ha apoyado misiones humanitarias en Colombia, enviando personal militar desarmado y helicópteros para cooperar en el rescate de rehenes en manos de las FARC. La Presidenta Rousseff ha apoyado las conversaciones de paz en La Habana y Brasil es uno de los cinco países facilitadores de las conversaciones preliminares con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, su rol en este histórico proceso de paz podría ser mucho más activo y central. Una posible razón para su falta de entusiasmo fue la desconfianza entre los presidentes Uribe y Lula, quién sospechaba abiertamente del despliegue de instalaciones militares de los Estados Unidos en Colombia.

El multilateralismo está presente en el discurso de Brasil en las Naciones Unidas y en su importante papel en la MINUSTAH. Sin embargo, hay debate sobre la importancia de la democracia y los derechos humanos en la formación de la política exterior brasilera. La posición de Brasil sobre el sistema interamericano de derechos humanos varía de la sospecha a la hostilidad abierta y la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Brasil en 2001, es apenas mencionada.

Algunos críticos cuestionan abiertamente la influencia del Partido de los Trabajadores sobre ciertas áreas de política exterior, especialmente en las relaciones con Cuba y Venezuela. Estos críticos argumentan que las consideraciones políticas dañan las oportunidades comerciales en tiempos de desaceleración económica. Por ejemplo, dicen que Brasil no ha sido capaz de negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea debido a las restricciones impuestas por su membrecía al MERCOSUR y la abierta hostilidad de sus socios hacia los acuerdos de libre comercio. También mencionan las tensas relaciones con los Estados Unidos, después de las revelaciones sobre espionaje político realizado por agencias de inteligencia directamente orientadas a la Presidenta Rousseff. Desde este punto de vista, la supuesta falta de liderazgo de Brasil en la crisis venezolana solo serviría para confirmar el efecto tóxico de las consideraciones políticas e ideológicas sobre opciones más racionales.

(…) la aspiración de Brasil a un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su deseo de incrementar el comercio y la inversión, así como la probable necesidad de medidas de austeridad pueden provocar una revisión detallada de su actual rol en América Latina

No obstante, se podría argumentar que la diplomacia sutil ha prevalecido a menudo sobre intervenciones más ruidosas. De hecho, Brasil está preocupada por Venezuela y con buenas razones. Ha maniobrado detrás de las cortinas para presionar a Maduro a que abra conversaciones con la oposición, aún cuando se ha resistido activamente a cualquier involucramiento de la OEA y de otros actores externos en el drama venezolano. Las señales han sido contradictorias, hasta ahora, sobre la voluntad de Brasil de intervenir en la prevención de una crisis más grande en su región circundante.

La estrecha victoria de Dilma Rousseff sobre Aecio Neves puede reducir aún más el margen de maniobra para el tipo de diplomacia activa que Lula favorecía. Si eso ocurre, esto representaría meramente la restauración de las corrientes principales de la política exterior de Brasil. Las restricciones internas, mayormente económicas, podrían sin embargo empujar al gobierno a ser más pragmático y abrir conversaciones comerciales con otros socios, con prescidendencia de la resistencia de sus socios en MERCOSUR y UNASUR. Esto podría también llevar a una revisión de la posición de Brasil sobre Venezuela y a un recalculo de los riesgos asociados con la dejación de pagos y el colapso económico del vecino país. Esta evaluación podría llevar al gobierno a una mediación más directa en esa crisis política. Esto también podría provocar cierto tipo de acercamiento con los Estados Unidos y las instituciones hemisféricas, además de una participación más activa en el proceso de paz en Colombia.

No deberían ocurrir cambios radicales en una política exterior que ha permanecido vinculada a guías básicas por largo tiempo, independientemente del inquilino temporal de Planalto. Sin embargo, la aspiración de Brasil a un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su deseo de incrementar el comercio y la inversión, así como la probable necesidad de medidas de austeridad pueden provocar una revisión detallada de su actual rol en América Latina. El proceso de toma de decisiones será indudablemente más complejo en los próximos años, pero hay una expectativa razonable de que el aspecto positivo de la política exterior de Brasil prevalecerá, brindando oportunidades a la región para reforzar la paz, la democracia y los derechos humanos, así como impulsar la inclusión popular y social en la política, antes que sacrificar los valores en el altar de la ideología.

Members of the Brazilian Armed Forces take part in a military exercise as part of the Agata operation, on the Oiapoque River in Oiapoque, Amapa state, Brazil, on the border with French Guiana, on 31 October 2020. NELSON ALMEIDA / AFP

La fuerza y la derecha: ¿Hasta qué punto respaldará el ejército brasileño a Bolsonaro?

A medida que gana impulso un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, éste confía en el respaldo de las fuerzas armadas. ¿Mantendrán el rumbo los generales? ¿Podrían desligarse del presidente, arriesgando sus intereses institucionales? Estas preguntas, cruciales para la política brasileña, no tienen una respuesta obvia.

Jair Bolsonaro está en una situación difícil. Asediado por una pandemia cuya gravedad no reconoce y enfrentando rivales políticos cada vez más fuertes, el presidente brasileño parece, sin embargo, tener un aliado con el que puede contar. Bolsonaro, un excapitán del ejército, ha llenado su gobierno de derecha con personal militar, ha otorgado poderes adicionales a las fuerzas armadas y ha hecho todo lo posible por limpiar el nombre de la dictadura militar que gobernó el país por dos décadas hasta 1985. Su retórica invoca valores que son populares en los cuarteles: orden, nacionalismo y autoridad. Pero a medida que aumenta la presión sobre su gobierno, con la cifra de muertos por COVID-19 superando el medio millón y elecciones presidenciales a finales de 2022, el futuro de esta alianza es incierto. Por mucho que los generales se hayan beneficiado con Bolsonaro, y por mucho que simpaticen con su ideología, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar en su nombre?

Los opositores del presidente se preocupan de que Bolsonaro intente perpetuarse en el poder, sea resistiéndose a un posible juicio político o a reconocer una eventual derrota en las urnas, y que los militares lo respalden o no lo detengan. Hace tan solo unas semanas, el expresidente brasileño Michel Temer señaló en una entrevista que Bolsonaro podría inclinarse a tomar el poder por la fuerza en 2022 si sus perspectivas electorales se debilitan. Algunas figuras militares de alto rango han sugerido que el presidente tendría justificación para hacerlo: el 28 de abril, el presidente del Club Militar de Brasil, una asociación de militares retirados, emitió una declaración condenando a algunos senadores y jueces del Tribunal Supremo acusados de corrupción e insistió en que el presidente llamara a las fuerzas armadas para “restablecer la ley y el orden”. Sin embargo, la solidez de las instituciones brasileñas hace que un golpe de Estado y el regreso a la dictadura aún sea poco probable. Sentencias recientes del Tribunal Supremo y decisiones de los gobernadores estatales han contradicho a Bolsonaro. El presidente también carece del apoyo de actores clave tales como la mayoría de los medios de comunicación, mientras que el propio ejército ha afirmado su compromiso de acatar su rol constitucional.

En lugar de defender a Bolsonaro hasta las últimas consecuencias, los oficiales de alto rango podrían estar más interesados en protegerse de los efectos más nocivos de su gobierno.

Además, las relaciones entre Bolsonaro y los altos mandos militares son complicadas. Una disputa política reciente entre el presidente y el ejército sugiere que, en lugar de defender a Bolsonaro hasta las últimas consecuencias, los oficiales de alto rango podrían estar más interesados en protegerse de los efectos más nocivos de su gobierno. Durante el pico de la pandemia en Brasil a fines de marzo, con alrededor de 4000 muertes registradas por día, Bolsonaro despidió al ministro de Defensa Fernando Azevedo e Silva, aparentemente frustrado por no poder obtener la lealtad incondicional del general retirado. El despido desencadenó una serie de renuncias por parte de comandantes del ejército, la marina y la fuerza aérea. Desde entonces, las relaciones entre las ramas militar y civil del gobierno brasileño parecen haberse estabilizado. Pero el aparente temor de las fuerzas armadas de estar atadas a una bomba de tiempo política puede que aún no se haya disipado.


Girando en contra de la izquierda

A los ojos de los generales, el atractivo de Bolsonaro como defensor de los intereses militares nunca ha eclipsado sus altercados previos con las fuerzas armadas. Bolsonaro fue capitán del ejército entre 1974 y 1988, y se vio envuelto en una controversia hacia el final de su carrera militar, en gran parte debido a sus quejas públicas sobre los bajos salarios de las tropas. En 1988, fiscales del ejército lo acusaron de planear poner bombas en unidades militares y en otros sitios estratégicos para protestar en contra de los bajos salarios y recortes presupuestarios. El Tribunal Supremo Militar lo absolvió de los cargos.

Después del juicio, Bolsonaro renunció a su cargo en el ejército y se dedicó a la política. En 1988, fue electo como concejal de la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro, y en 1990 ganó un escaño representando al estado de Río de Janeiro en la Cámara de Diputados federal (la cámara baja del Congreso), cargo que logró mantener hasta su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Durante sus siete periodos consecutivos como diputado, Bolsonaro estuvo afiliado a ocho partidos políticos diferentes y se convirtió en un reconocido defensor de las causas militares. Según el experto militar João Roberto Martins Filho, Bolsonaro se desempeñó en la práctica como un “líder sindical”, defendiendo los intereses de los oficiales de menor rango desde su posición en la legislatura.

Después de una carrera política en general poco destacada, salpicada de arrebatos obscenos y ataques contra mujeres y personas LGBT, Bolsonaro saltó a la fama nacional en 2016. Durante el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro criticó duramente a la base política del Partido de los Trabajadores. Se convirtió en un imán para aquellos profundamente insatisfechos con su gobierno: la extrema derecha, evangélicos conservadores, agroindustriales, la policía y el ejército, entre otros.

La significativa inversión estatal en armamento y el prestigio ganado a través de la participación en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU ... avivaron el orgullo institucional de los militares.

El apoyo a Bolsonaro por parte de las fuerzas armadas no fue nada nuevo, pero se disparó en 2016, lo que refleja el fuerte deterioro de la relación de los militares con el Partido de los Trabajadores. Luiz Inácio Lula da Silva, conocido popularmente como Lula, había sido presidente en nombre de ese partido antes que Rousseff. Durante los dos periodos presidenciales de Lula, a partir de 2003, la relación entre el gobierno de izquierda y el ejército fue cordial. La significativa inversión estatal en armamento y el prestigio ganado a través de la participación en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, en particular la misión a Haití, avivaron el orgullo institucional de los militares. Múltiples oficiales y expertos militares proclamaron el éxito en la estabilización de Haití y la reducción del crimen violento es ese país, a menudo atribuyendo estos logros a características particulares de los militares brasileños, en especial su participación histórica en desarrollo comunitario y económico y el contexto social de sus tropas, muchas de las cuales vienen de familias pobres. Estas mismas características ayudan a explicar la popularidad de los militares en el propio Brasil, donde los gobiernos son tradicionalmente propensos a recurrir a las tropas cuando se enfrentan a graves dolores de cabeza logísticos, como la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos, o problemas sociales persistentes como la delincuencia. Esto último impulsó la ocupación militar de las favelas de Río de Janeiro durante la implementación del Programa de Unidades de Policía Pacificadora en la década de 2000.

Rousseff, en contraste, vio cómo la lealtad de los militares a su presidencia se desvanecía. Al comienzo de su primer mandato (2011-2015), generó resentimiento entre los militares al despedir al ministro de Defensa Nelson Jobim, quien era popular entre los altos mandos, pero quien presuntamente había disgustado a la presidenta al criticar a dos ministras. La remoción del estatus ministerial a la Oficina de Seguridad Institucional, un departamento que tradicionalmente estaba ocupado por militares, empeoró las relaciones.

Pero la estocada final para la reputación de la presidenta ante las fuerzas armadas fue la creación de la Comisión de la Verdad, inaugurada por Rousseff en 2011 con la tarea de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura militar de 1964-1985, entre otros abusos de los derechos humanos. Los militares consideraron que la Comisión era una maniobra vengativa de la izquierda, creada por una exguerrillera (Rousseff fue torturada por el régimen militar, y encarcelada durante dos años y medio entre 1970 y 1972) y dedicada únicamente a las supuestas transgresiones de los militares, mientras ignoraba los crímenes cometidos por los insurgentes a los que las fuerzas armadas calificaban de “terroristas”. A los ojos de los militares y del gobierno estadounidense de la época, la expulsión del presidente João Goulart en 1964 se produjo en el momento indicado, ante el riesgo inminente de una revolución comunista. Las políticas de Goulart habían incluido una reforma agraria y la nacionalización de empresas, aunque el detonante del golpe fue una protesta de marineros que el alto mando naval percibió como un motín.

El encuentro con Bolsonaro

A medida que la confianza de los militares en el Partido de los Trabajadores se evaporaba y se acercaban las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro emergió como un defensor acérrimo de los intereses y la ideología militar. Los altos mandos, y varios comandantes en particular, compartían su convicción de que el régimen militar había derrotado heroicamente al comunismo y salvado a la democracia brasileña. A pesar de sus buenas relaciones con Lula, sospechaban que lo que ellos describen como un dogma de extrema izquierda seguía estando presente en las filas del Partido de los Trabajadores y entre las fuerzas políticas aliadas. También estuvieron de acuerdo con Bolsonaro en que era imperativo restaurar los valores conservadores para reemplazar el “marxismo cultural” e intensificar los esfuerzos para frenar los delitos violentos.

El apoyo militar a la campaña presidencial de Bolsonaro fue desde discreto apoyo tras bambalinas ... hasta demostraciones abiertas de solidaridad por parte de oficiales retirados o próximos a retirarse.

El apoyo militar a la campaña presidencial de Bolsonaro fue desde discreto apoyo tras bambalinas (el activismo político está prohibido para el personal en servicio) hasta demostraciones abiertas de solidaridad por parte de oficiales retirados o próximos a retirarse. Varios generales retirados, incluidos Hamilton Mourão (actual vicepresidente), Carlos Alberto Santos Cruz (exministro del Interior) y Augusto Heleno (ahora jefe de la Oficina de Seguridad Institucional) desempeñaron un papel activo en la campaña, tanto al respaldar públicamente a Bolsonaro como al promover en privado ante los altos mandos a un candidato del que muchos generales seguían desconfiando debido a los cargos de 1988 en su contra. El ejército en su conjunto mostró su apoyo al invitar repetidamente a Bolsonaro a las ceremonias de graduación de cadetes.

Otra plataforma clave para la campaña electoral de los militares fueron las redes sociales. Según una investigación reciente, un número significativo de oficiales de alto rango abrieron cuentas en Twitter en los seis meses previos a las elecciones presidenciales de 2018, con la mayoría de ellos expresando su apoyo a Bolsonaro o arremetiendo contra su oponente del Partido de los Trabajadores. Quizás el tuit más revelador fue el del general Villas Boas el 3 de abril de 2018, en la víspera del juicio al expresidente Lula en Tribunal Supremo, el cual que abrió las puertas para su arresto y fue el fin de su candidatura. El general publicó que “el Ejército brasileño cree compartir el anhelo de todos los ciudadanos de repudio a la impunidad y respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, y permanece atento a sus misiones institucionales”, un comentario que fue ampliamente interpretado como un intento velado de presionar al Tribunal Supremo para sacar a Lula de la carrera electoral. Dos años después, Villas Boas reconoció en una entrevista para un libro que el alto mando del ejército había redactado sus tweets.

Los militares en el poder

Desde su elección, el presidente Bolsonaro se ha apoyado fuertemente en el ejército para ocupar puestos gubernamentales. Personal militar retirado o activo ha ocupado constantemente diez de los 23 puestos del gabinete desde 2019. Un informe de 2020 señaló, además, que 6157 oficiales militares ocupaban puestos del gobierno federal, un número mayor al de oficiales empleados bajo el régimen militar. Quizás de forma contra intuitiva, para los críticos del presidente la presencia militar en el Estado no parecía, inicialmente, ser algo negativo; consideraban que la competencia, integridad y moderación de los oficiales serviría para proteger al país de las consecuencias del comportamiento errático de Bolsonaro. Las primeras fricciones entre el presidente y varios de sus ministros militares confirmaron esta percepción: a mediados de 2019, seis generales del ejército ya habían renunciado al gobierno, mientras que algunos oficiales superiores hicieron un llamado por políticas gubernamentales sensatas cuando la pandemia golpeó a Brasil a mediados de 2020. Este enfoque contrasta con los propios intentos de Bolsonaro y de sus aliados cercanos por restarle importancia al virus, evitar restricciones a la movilidad y culpar de la pandemia al Partido Comunista Chino.

Sin embargo, estas diferencias fueron en gran parte superadas a medida que los militares aseguraron una serie de beneficios adicionales. Por ejemplo, los oficiales que ocupan puestos en el gobierno pueden recibir salarios tanto de las fuerzas armadas como del Estado (incluso si éste excede tope salarial permitido constitucionalmente) bajo las nuevas regulaciones del Ministerio de Finanzas; están en gran medida exentos de recortes pensionales; y son la única rama del sector público que obtuvo un incremento salarial en el presupuesto federal de 2021. Bolsonaro también se encargó de aumentar significativamente los poderes institucionales de los militares, sobre todo a través de su participación en la vigilancia de la deforestación en la Amazonía.

Todos estos privilegios, poderes y beneficios especiales bajo el amparo de un gobierno de extrema derecha han tenido un alto costo para la reputación de los militares, lo que ha provocado llamados para que rompan con Bolsonaro. Nada ilustra mejor las tensiones que la nefasta gestión contra el COVID-19, liderada en gran parte por el general Eduardo Pazuello, quien se desempeñó como ministro de Salud durante un periodo significativo de la pandemia. Cuando el presidente se opuso a los cierres y a las restricciones de movilidad, y adoptó una postura profundamente anticientífica sobre los peligros que supone el virus y cómo combatirlo, los oficiales militares de alto rango parecieron obedecer con docilidad sus indicaciones. A las fuerzas armadas se les encomendó la producción masiva de hidroxicloroquina, promovida por Bolsonaro como una medida de protección, sin evidencia de su efectividad. Desde entonces, se han producido tres millones de píldoras en laboratorios militares, mientras los medios de comunicación informan que el ejército ha estado comprando materias primas para la droga sin seguir los procedimientos de contratación adecuados y pagando más del triple del precio de mercado.

Pero el papel de los militares en el Ministerio de Salud es lo que ha provocado mayores críticas. Dos ministros de salud civiles se retiraron en los primeros días de la pandemia tras desacuerdos con Bolsonaro. Desde junio de 2020 hasta su renuncia en marzo de 2021, el general Pazuello estuvo a cargo del ministerio, donde procedió a liderar una serie de desaciertos y controversias cada vez peores. Estos incluyeron cambiar la manera como eran publicados los datos diariamente por el ministerio, para destacar las recuperaciones en lugar de los contagios o las muertes (un plan que se abandonó ante las críticas); el nombramiento de más de veinte militares para puestos estratégicos en el ministerio, desplazando a personal técnico; la decisión de no comprar decenas de millones de dosis de vacunas de Pfizer a finales de 2020 y las acusaciones recientes de corrupción y sobornos en el proceso de adquisición de vacunas; y, lo que es más grave, la incapacidad de responder a la crisis de oxígeno de enero en Manaos cuando una nueva ola de infecciones, aparentemente causada por la variante P1, hizo que se agotaran rápidamente las reservas de oxigeno de los hospitales de la ciudad. Como consecuencia, murieron al menos 50 personas.

Al igual que en el Ministerio de Salud, el papel protagónico de los militares en la Amazonía ha estado asociado con resultados poco convincentes y con la sospecha de que su trabajo se limita a la creación de una fachada para la administración, que no tiene un interés real en la protección ambiental. Cuando en 2019 se le encomendó la protección de la selva tropical, a raíz de los incendios en la Amazonía que provocaron la alarma mundial, el ejército recibió fondos adicionales y la responsabilidad de coordinar a los monitores ambientales federales como parte de la Operación Brasil Verde 1 y 2. Sin embargo, la tasa de deforestación y el número de incendios ha aumentado constantemente, mientras que el número de multas y sanciones impuestas por actividades ilegales en Amazonas ha disminuido. Según el Observatorio del Clima, un grupo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a prevenir el cambio climático, Bolsonaro y el exministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, quien renunció el 23 de junio poco después de que el Supremo Tribunal iniciara una investigación por su presunto rol en la protección de operaciones de tala ilegal de una investigación policial, han pretendido debilitar sistemáticamente las leyes de protección ambiental, recortar presupuestos y desmantelar los organismos de control.

Una relación que pende de un hilo

Días después de la renuncia de Pazuello, la atención se centró en el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo, un ideólogo conservador y enemigo del “globalismo” y la izquierda, quien estaba recibiendo fuertes críticas por su mala gestión en los pedidos de vacunas para el COVID-19. Araújo finalmente se vio obligado a dimitir el 29 de marzo. Su partida fue seguida pocas horas después por un quiebre mucho más significativo: la destitución del ministro de Defensa, el general retirado Fernando Azevedo e Silva. Los comandantes del ejército, la marina y la fuerza aérea renunciaron al día siguiente.

Por lo que se conoce de estos hechos, parece que a Bolsonaro le disgustó la falta de respaldo público a sus políticas más controversiales por parte del comandante del ejército, Edson Pujol, y en menor medida del ministro de Defensa. Según informes de medios, así como entrevistas con expertos en el ejército, el ministro de Defensa protestó por la decisión de Bolsonaro de reemplazar al comandante del ejército, lo que provocó su destitución; en su carta de renuncia, Azevedo e Silva manifestó que se había esforzado por preservar a las Fuerzas Armadas como una institución estatal imparcial. Para reemplazar a Azevedo e Silva, Bolsonaro designó de inmediato al exgeneral Braga Netto, quien en términos de su rango militar estaba por debajo del comandante del ejército. Molestos por el despido de Azevedo e Silva y la elección de quien percibían como un subalterno para la dirección del Ministerio de Defensa, los tres comandantes de las fuerzas también abandonaron el barco.

La ruptura entre el ejército y el presidente que anhelan algunos de los opositores de Bolsonaro puede no ser inminente.

Dos versiones diferentes de estos eventos circulan en los medios de comunicación y en los círculos políticos. Gran parte de los medios informaron que el ministro de Defensa y los comandantes de las fuerzas se habían resistido valientemente a los esfuerzos del presidente por obtener su absoluta lealtad para obedecer sus imposiciones políticas y electorales; que su salida demuestra que no están dispuestos a cumplir todos los caprichos de Bolsonaro; y que los militares en su conjunto podrían llegar a abandonar el gobierno en algún momento. Sin embargo, la ruptura entre el ejército y el presidente que anhelan algunos de los opositores de Bolsonaro puede no ser inminente, según varios analistas políticos. En cambio, ellos argumentan que el pico de la pandemia de finales de marzo y las dificultades políticas del presidente presentaron una oportunidad para que los militares se distanciaran de Bolsonaro y sus catastróficas políticas de salud. Según esta línea de análisis, el objetivo de los altos mandos no era deshacerse por completo del presidente, sino restaurar su propia credibilidad y, al mismo tiempo, conservar el acceso a los considerables beneficios de la burocracia estatal.

Hay algunas pruebas que respaldan esta segunda perspectiva. El nuevo ministro de Defensa, Braga Netto, no solo ha acompañado al presidente en sus actividades extraoficiales, incluidos encuentros de fin de semana con sus seguidores, sino que también pronunció un breve discurso en una manifestación en contra de los cierres convocada por Bolsonaro en Brasilia el 15 de mayo. Durante un mitin días después, el exministro de Salud Pazuello apareció junto al presidente y se dirigió a la multitud, violando las reglas que le prohíben a los militares participar en eventos políticos. Sin embargo, el nuevo comandante del ejército exoneró a Pazuello, lo que le valió la reprobación de destacados exgenerales y del vicepresidente Mourão.

¿Que esperar?

Veintiún años después de tomarse el poder en 1964, al enfrentar grandes disturbios, los militares le devolvieron el poder a los civiles, alegando que habían cumplido su solemne misión de pacificar el país y preservar la democracia. Su regreso al corazón del Estado bajo Bolsonaro sin duda ha despertado temores, pero los críticos del presidente tenían la esperanza de que los militares aseguraran cierto grado de integridad en un gobierno con experiencia limitada y una agenda ultraconservadora. Estas esperanzas parecen haberse desvanecido.

En lugar de moderar las posiciones más absurdas del presidente, varios de los altos mandos las han respaldado, especialmente en lo que respecta a la respuesta a la pandemia. La aptitud técnica de los militares ha sido cuestionada tras los malos resultados obtenidos en la lucha contra la deforestación ilegal y los incendios en la Amazonia. Arrastrado al centro de atención de los medios de comunicación como resultado de sus posiciones de poder en el aparato estatal, el personal militar también ha sido objeto de acusaciones de corrupción y malversación de fondos. Dos de los casos más reveladores son los relacionados con el desvío de fondos destinados a combatir la deforestación y los incendios forestales, y un proyecto con sobrecostos para la reconstrucción de bodegas en Río de Janeiro aprobado, según informes,  por un coronel del Ministerio de Salud. En este último caso se pasaron por alto los procedimientos de contratación y se utilizaron fondos de emergencia del COVID-19 para contratar a una empresa que aparecía en una lista negra por un presunto fraude que involucraba a las fuerzas armadas.

La reciente fricción entre Bolsonaro y el ejército podría jugar a favor de los intereses de las fuerzas armadas al distanciarlas de los fracasos del gobierno.

Por estas razones, la reciente fricción entre Bolsonaro y el ejército podría jugar a favor de los intereses de las fuerzas armadas al distanciarlas de los fracasos del gobierno. Estas medidas también han contribuido a reforzar la percepción en los medios de comunicación y entre políticos de que las fuerzas armadas no respaldarían un intento del presidente para desconocer la constitución brasileña si enfrenta un juicio político o pierde las elecciones de 2022. Un juicio político sigue siendo poco probable: un total de 120 solicitudes de juicio político están pendientes en la Cámara de Diputados, y aunque ha aumentado el respaldo popular para dicho proceso, muchos dudan que el Congreso lo lleve a cabo. Pero es probable que Bolsonaro impugne cualquier derrota en las urnas. Ya ha puesto en duda la confiabilidad del sistema de votación electrónica, afirmando en enero que “si no tenemos una boletas impresas en 2022, una forma de auditar los votos, vamos a tener un problema peor que el de EE. UU.”.

En cuanto a lo que los militares puedan intentar hacer en el desarrollo de la contienda presidencial de 2022, por más de que hayan intentado mantener un delicado equilibrio, sus opciones son limitadas. La presencia militar en las instituciones estatales sigue siendo amplia, ha beneficiado a muchas personas y ha conseguido prerrogativas adicionales para el ejército como institución. Su salida por completo del gobierno dejaría al ejecutivo sin casi la mitad de los ministros de su gabinete y pondría en peligro cientos de puestos clave en casi todos los ministerios y miles de puestos en la administración federal, una gran desarticulación que podría sumir al gobierno en una grave crisis institucional. Por otra parte, si respaldan a Bolsonaro, así sea a medias, mientras la pandemia continúa y la batalla electoral se calienta, los militares corren el riesgo de estar aún más involucrados en asuntos políticos. La situación sería particularmente riesgosa si el presidente les impone responsabilidades incómodas y controversiales a las fuerzas armadas, tales como pedir a las tropas contener manifestaciones públicas o ampliar su apoyo actual en la logística electoral, que tradicionalmente incluye garantizar el acceso de comunidades remotas a las urnas y proveer seguridad. En un almuerzo con oficiales en el Amazonas a finales de mayo, Bolsonaro declaró que los militares eran “seres políticos” y dijo que estaba seguro de que lo apoyarían en 2022.

Una última posibilidad es que los militares opten por una “tercera vía”: buscar una alternativa tanto a Bolsonaro como al Partido de los Trabajadores, alguien a quien los altos mandos puedan respaldar en la contienda presidencial de 2022. Pero las encuestas de opinión sugieren que ningún candidato tiene posibilidad alguna contra Lula o Bolsonaro en esa elección.

Con una política brasileña más polarizada y cáustica que nunca la pregunta candente, ¿cómo se posicionarán las fuerzas armadas?, es poco probable que desaparezca.

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