La mortal calma brasileña

Uno de los peores brotes de COVID-19 del mundo ha devastado a Brasil, uno de los países latinoamericanos más vorazmente polarizados. El manejo inadecuado de la pandemia ha sido tan severo que a mediados del 2020 parecía probable que provocara una gran conmoción política o una revuelta social. Dos ministros de salud y un ministro de justicia abandonaron sus cargos en la administración del desmedido presidente populista de derecha, Jair Bolsonaro, quien ha menospreciado los peligros del coronavirus y ha manejado de manera terriblemente inadecuada la respuesta de salud pública a la pandemia. Mientras el virus se propagaba prácticamente sin obstáculos por el vasto territorio brasileño, Bolsonaro se enfrentó con el Tribunal Supremo Federal y chocó con los gobernadores, mientras pendían casi diez solicitudes de juicio político en su contra ante el Congreso, al igual que varias investigaciones criminales por las actividades de sus hijos. El número de muertos por COVID-19 superó los 160 000 el 5 de noviembre y sigue aumentando inexorablemente. Sin embargo, a pesar del inminente conflicto entre las instituciones estatales, tanto el presidente como el país parecen haber atracado en aguas más tranquilas.

Al evitar los enfrentamientos con otros actores estatales, Bolsonaro ayudó a la estabilización de un gobierno en declive sin recurrir a medidas extremas. Un programa masivo de entregas de dinero de emergencia evitó que millones de personas cayeran en la pobreza extrema durante la pandemia. Incluso durante el pico de infecciones diarias, el presidente logró mantener el apoyo de al menos el 20 por ciento del electorado, compuesto en gran parte por su base devota: personal de las fuerzas de seguridad, conservadores radicales, cristianos evangélicos y segmentos de la élite adinerada del país. Ahora, según algunas encuestas, su popularidad es más alta que nunca, mientras que se ha reducido el número de quienes dicen que no les agrada. 

Pero ni la calma política ni el programa de asistencia social van a durar mucho más. Bolsonaro encabeza uno de los gobiernos más fanáticos de América Latina, el cual parece estar en el extremo opuesto del presidente electo de EE. UU., Joe Biden, en temas tales como el cambio climático y la contención del COVID-19. Bolsonaro despliega una retórica incendiaria y ofensiva sin filtros y continúa insultando a actores estatales, manifestando que “el tiempo de los sinverguenzas ha terminado” y tratando a la élite política como una manada de corruptos y traidores. Con una contracción económica que según los estimados más recientes será del 5,8 por ciento en 2020, y con elecciones presidenciales previstas para el 2022, las hostilidades políticas podrían reiniciar y resultar tan corrosivas como lo han sido hasta ahora. 

“Una pequeña gripe”

En junio, muchos observadores estaban convencidos de que Bolsonaro no terminaría su mandato, a menos de que tomara medidas excepcionales para mantenerse en el poder. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, había recibido varias solicitudes de juicio político contra Bolsonaro. Desde que inició el brote de COVID-19, el presidente (que contrajo el virus en julio, pero se recuperó poco después) le restó importancia a la amenaza, enfatizando la necesidad de mantener la economía abierta y desestimó la enfermedad como “una pequeña gripe” que los medios de comunicación habían “exagerado”. Su fe obstinada en el uso de hidroxicloroquina como tratamiento para la enfermedad, replicando el consejo de su aliado ideológico más cercano, el presidente de EE. UU., Donald Trump, lo llevó a despedir a un ministro de salud y resultó en la renuncia de otro. El sucesor de estos ministros, el general Eduardo Pazuello, es un alto oficial militar con experiencia limitada en asuntos de salud pública, quien también se contagió de COVID-19 y se ha recuperado recientemente.

La mayoría de los 27 gobernadores estatales brasileños, al igual que la mayoría de los miembros del congreso y los magistrados del Tribunal Supremo Federal estaban alineados en contra del enfoque de laissez faire de Bolsonaro. Varios mandatarios de grandes regiones habían decidido imponer bloqueos en marzo, así como el cierre de aeropuertos y puertos, que son propiedades federales; una decisión que Bolsonaro objetó, argumentando que solo el gobierno central podía imponer tales medidas. Llamado a arbitrar este choque jurisdiccional, el Tribunal Supremo Federal determinó en marzo y abril que los gobernadores y alcaldes deben desempeñar un papel protagónico de la mano con el gobierno federal en el establecimiento de las reglas de cuarentena para sus estados o ciudades. Bolsonaro afirmó que el tribunal le había “atado las manos” y responsabilizó por completo a los gobernadores por el manejo de la pandemia. Se refirió a los cierres locales con desprecio, demeritando su eficacia y haciendo casi imposibles medidas más severas en cualquier localidad. Datos basados ​​en Google Trends muestran que la movilidad solo disminuyó por debajo del 50 por ciento de los niveles prepandémicos durante dos meses y creció rápidamente después de eso. 

Protestas contra los cierres locales y en apoyo a Bolsonaro iniciaron simultáneamente, poniendo en marcha eventos que marcaron un progresivo endurecimiento de la posición del gobierno. Los manifestantes dirigieron su ira no solo contra los esfuerzos para contener el virus, sino también contra el Tribunal Supremo Federal, al que veían como un obstáculo para la agenda conservadora del presidente. Una protesta el 20 de abril frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia exigía el cierre del Tribunal Supremo Federal y el Congreso para permitir el regreso de la dictadura militar (un pequeño pero vociferante grupo del electorado brasileño siente nostalgia por el régimen autoritario que gobernó el país entre 1964 y 1985, y se oponen a lo que ven como la campaña del tribunal contra el presidente). Bolsonaro se dirigió a los manifestantes y aprovechó la ocasión para denunciar al establecimiento político y defender a los “patriotas” que se oponen a las restricciones a sus libertades.

Su presencia en ésta y otras protestas en Brasilia fue recibida como un apoyo tácito a las demandas de algunos manifestantes de instalar un gobierno autoritario y sin restricciones; y de por otra parte, provocó contraprotestas. En la noche del 13 de junio, participantes de una manifestación pro Bolsonaro lanzaron fuegos artificiales contra el edificio del Tribunal Supremo Federal, lo que llevó a los magistrados a iniciar una investigación sobre los movimientos antidemocráticos y a ordenar el arresto de varios de sus líderes. Los partidarios de Bolsonaro estaban enfurecidos. Una investigación simultánea del tribunal sobre la difusión de noticias falsas por parte de un presunto “gabinete de odio” cercano al presidente y a sus hijos indignó aún más a sus partidarios.

Mientras tanto, altos funcionarios gubernamentales y militares expresaron su molestia por lo que percibieron como una intromisión insolente por parte del Tribunal Supremo Federal, y sembraron temor al insinuar que un golpe o acción militar a favor de Bolsonaro podría ser inminente. Desde el comienzo de su mandato, Bolsonaro ha dependido considerablemente del ejército. Casi la mitad de su gabinete está compuesto por oficiales activos y retirados, y más de 6000 están en la nómina del gobierno federal, muchos en puestos clave. El 22 de mayo, el general retirado Augusto Heleno, ministro a cargo de la seguridad del Estado, condenó al tribunal y dijo que nuevos intentos por socavar al presidente podrían tener “consecuencias impredecibles”. El exministro de educación, Abraham Weintraub, manifestó en una reunión de gabinete grabada que si fuera por él “metería a todos esos vagos en la cárcel, comenzando por el Tribunal Supremo Federal”. Y el 12 de junio en una entrevista con la revista brasileña Veja, el jefe de gabinete del gobierno, el general retirado Luiz Eduardo Ramos, dijo que “es ultrajante y ofensivo decir que las fuerzas militares van a dar un golpe … pero el otro lado [la oposición] debe entender lo siguiente: 'não estica a corda'[literalmente, no se estira la cuerda]”.

Un respetado periodista de la revista Piauí pareció confirmar el peligro para la democracia brasileña, revelando en un informe que en mayo Bolsonaro había amenazado con enviar tropas al Supremo Tribunal Federal para deponer a los magistrados actuales e instalar otros más flexibles. Presuntamente la amenaza tuvo lugar después de enterarse de que un magistrado del Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, había consultado con el fiscal general Augusto Aras sobre la posibilidad de incautar el teléfono celular del presidente (y el de su hijo Carlos) como parte de la investigación sobre desinformación emanada de su círculo más íntimo. El gobierno no ha confirmado ni negado las afirmaciones del artículo de Piauí.

Girando hacia el gran centro

Justo cuando Brasil se preparaba para la agitación, el presidente tomó medidas para calmar a sus críticos en lugar de aplastarlos. Temores por las numerosas investigaciones judiciales y el aumento del número de muertes por COVID-19, así como la aversión de ciertas figuras militares de alto rango a hablar sobre golpes militares, parecen haber contribuido a este cambio de opinión. Su primera acción fue bajar su tono agitador y provocador, incluso desalentando las protestas en junio y julio, que fueron más pequeñas que las de marzo y abril. Evitó hablar con la prensa durante varias semanas (con ayuda de su cuarentena mientras estuvo contagiado con COVID-19) y moderó sus declaraciones más controversiales. Incluso dio señales de un acercamiento con el Tribunal Supremo Federal al entablar comunicación directa con el entonces presidente, José Antonio Dias Toffoli. A principios de octubre, Bolsonaro fue a la casa de Dias Toffoli a comer pizza y ver un partido de fútbol junto con Kássio Nunes, candidato a un puesto en el Tribunal Supremo Federal, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. 

Para frenar las crecientes críticas del Congreso y protegerse de un posible juicio político, Bolsonaro también comenzó a cortejar a partes del establecimiento político a las que había criticado anteriormente. Forjó una nueva alianza con un bloque informal conocido como Centrão (el Gran Centro), compuesto por cerca de una docena de partidos políticos sin ideología definida. Estos partidos trabajan a través de clientelismo y su apoyo generalmente está condicionado a recibir contratos estatales y otros recursos.

Al mismo tiempo, el gobierno aprobó un programa de entregas de dinero de emergencia para los brasileños más pobres afectados por la pandemia. El apoyo a esta iniciativa comenzó en marzo en el Congreso, que instó al gobierno a ayudar a las familias en riesgo de perder sus ingresos debido a los cierres. En respuesta, el Ministerio de Economía sugirió una asignación de 200 reales mensuales ($37). Una coalición informal de partidos de izquierda y derecha en el Congreso consideró esta cantidad demasiado baja y la elevó a 500 reales ($92). Justo antes de que se sometiera a votación, el gobierno propuso otro pequeño aumento, buscando así evitar que el Congreso se llevara todo el crédito por la iniciativa.

El programa de asistencia social ha sido un apoyo para la supervivencia de millones de familias en un momento en el que el desempleo ha aumentado al 14,4 por ciento; como era de esperarse, éste goza de una gran popularidad. El programa ha cubierto a un total de 65,3 millones de brasileños, cada uno de los cuales recibió pagos mensuales de 600 reales ($110) entre abril y agosto, y continuará recibiendo 300 reales ($55) durante los cuatro meses posteriores, hasta fin de año. En comparación, el célebre programa de entregas de dinero aprobado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, Bolsa Família, cubrió a 14,2 millones de familias (alcanzando un total de casi 40 millones de personas), con entregas de 188 reales ($35) mensuales en promedio. 

Encuestas de opinión recientes resaltan que la moderación política y los programas de emergencia contra la pobreza, políticas a las que Bolsonaro llegó más por accidente que de manera intencional, han beneficiado al presidente, independientemente de sus fallas en el área de salud pública. El índice de aprobación de Bolsonaro llegó al 37 por ciento según lo revelado en una encuesta realizada por el instituto DataFolha el 13 de agosto, revirtiendo una tendencia constante a la baja desde su posesión. Un mes después, el Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) informó que el presidente había alcanzado un índice de aprobación récord del 40 por ciento. Antes de este incremento, el respaldo a Bolsonaro se había venido diluyendo en casi todos los grupos demográficos, en especial entre las clases medias y altas urbanas; las elecciones locales del 15 de noviembre confirmaron que había perdido gran parte de su atractivo en las grandes ciudades. Pero su programa de entregas de dinero de emergencia, destinado a compensar las cuarentenas a las que él mismo se opone, parece haberlo recompensado con un gran respaldo entre los pobres de Brasil. 

¿La estabilidad es la nueva normalidad? 

El giro hacia el pragmatismo ha puesto a Bolsonaro en una posición más fuerte, tanto que los expertos han comenzado a discutir sus posibilidades en las elecciones del 2022 en lugar de su inminente caída o su participación en un posible golpe. Pero el panorama prometedor pronto podría cambiar. En unos meses, Brasil podría alcanzar la cifra de 200 000 muertes por COVID-19, equivalente a casi uno de cada mil ciudadanos. Incluso si Bolsonaro se ha distanciado de los manifestantes de extrema derecha y de las expresiones más evidentes de autoritarismo, sigue teniendo choques regulares sobre temas relacionados con la pandemia y enfrenta casos legales en contra suya y de su familia que podrían llevarlo a arremeter nuevamente. La polarización se suma a los crecientes niveles de violencia política: más de 80 activistas y candidatos fueron asesinados en los meses previos a las elecciones locales de noviembre, muchos a mano de bandas locales y grupos paramilitares. Mientras tanto, las perspectivas económicas de Brasil siguen siendo inciertas y el gobierno continúa provocando la indignación pública al debilitar a los entes de regulación y supervisión, como los tribunales, la Policía Federal y los organismos de control ambiental.

Lo más controversial es que Bolsonaro ha redoblado su respaldo a un enfoque profundamente anticientífico hacia el COVID-19. A pesar de que Brasil cuenta con un programa de vacunación pública de clase mundial, Bolsonaro ha encontrado un nuevo respaldo en los movimientos antivacunas, por lo que se ha opuesto a la vacunación obligatoria, contradiciendo una ley que él mismo firmó a principios de febrero. Su cambio de opinión coincide con el anuncio de un convenio sobre vacunas con la empresa china Sinovac por parte del gobernador de São Paulo, João Doria, quien probablemente sea uno de los principales rivales de Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Tampoco es probable que disminuyan los riesgos legales que enfrenta la familia Bolsonaro. Tres de los hijos del presidente y varios de sus familiares y amigos cercanos están bajo investigación. El 3 de noviembre, la fiscalía de Río de Janeiro acusó a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, así como a su antiguo colaborador, Fabrício Queiroz, de malversación de fondos, lavado de dinero y participación en un esquema de crimen organizado. Los cargos se relacionan con un esquema conocido como “rachadinhas” (“mordidas”), en el cual los empleados de un diputado del congreso se ven obligados ilegalmente a entregarle parte de sus salarios. 

Ya está claro que el presidente no se toma a la ligera las investigaciones a su familia. En abril, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro, quien en su momento fue el juez que dirigió la innovadora investigación Lava Jato (que a partir de 2014 expuso transacciones en efectivo de carácter ilícito en el seno del antiguo gobierno del Partido de los Trabajadores), renunció por una disputa de este tipo. Moro denunció la intención del mandatario, anunciada en una reunión del gabinete, de reemplazar al director de la Policía Federal en Río de Janeiro encargado de la investigación sobre las actividades de su hijo Flávio, así como al director general de la Policía Federal, quien se había negado a cumplir con la orden del presidente. Tan pronto como Moro dejó el cargo, Bolsonaro logró destituir al director general, pero el Supremo Tribunal Federal bloqueó el nombramiento de quien el presidente sugirió para remplazarlo. 

Una profunda recesión económica también le asegurará grandes dolores de cabeza al gobierno en el 2021. El público brasileño parece haber tolerado la desaceleración como un efecto inevitable de la pandemia. Pero los próximos meses no ofrecen mucho consuelo. El Fondo Monetario Internacional sugiere que la economía podría recuperarse en un 2,8 por ciento en 2021, pero no está claro si muchos de los nuevos desempleados brasileños llegarían a beneficiarse. Al mismo tiempo, la deuda pública aumentó del 76 por ciento del PIB a fines de 2019 al 88 por ciento en agosto de 2020, y se espera que llegue el 95 por ciento en diciembre, una cifra desalentadora para cualquier país latinoamericano (la deuda de Argentina justo antes de la crisis del 2001 era del 55 por ciento). En respuesta, el gobierno ha ido acortando gradualmente el vencimiento de su deuda pública y aumentando sus rendimientos. 

Hasta el momento, el gobierno no ha dicho como apoyará a las personas más afectadas en caso de que el programa de entregas de dinero de emergencia finalice a finales de año, como está previsto. El Ministerio de Economía ha presentado tres propuestas diferentes para reemplazar el programa; las tres implican un recorte de los pagos mensuales, ya que el titular del ministerio, Paulo Guedes, dice estar decidido a reducir el gasto estatal. Pero la oposición, los medios de comunicación e incluso el propio Bolsonaro han rechazado estas ideas. Una recesión severa sin que continúe la entrega de ayudas de emergencia generaría una mayor miseria económica y perjudicaría la recuperada popularidad del presidente. El efecto podría sentirse no solo en las encuestas de opinión, sino también en la alianza con los partidos de Centrão, cuya inconstancia es legendaria. En el pasado estos partidos le han retirado su apoyo a dos presidentes que enfrentaban juicios políticos: Fernando Collor en 1990 y Dilma Rousseff en 2016.

Si su popularidad y su coalición se debilitan, hay motivos para temer que Bolsonaro pueda volver a convertirse en una amenaza para la estabilidad democrática del país. Los temores de una arremetida “a la antigua” contra el orden constitucional (como un golpe de Estado o una toma del Supremo Tribunal Federal o del Congreso por parte del poder ejecutivo) han disminuido desde mayo. Sin embargo, esfuerzos más sutiles para concentrar el poder vaciando varios entes de regulación y control o reestructurándolos para los objetivos partidistas del gobierno se han llevado a cabo.

Activistas ambientales, por ejemplo, han criticado la decisión de Bolsonaro de depender cada vez más del ejército para combatir la deforestación, en lugar de las agencias civiles existentes. En medio de incendios forestales históricos en la Amazonía, los humedales del Pantanal y otros ecosistemas importantes, el gobierno ha desfinanciado sistemáticamente a las principales instituciones de vigilancia ambiental (Ibama, Conama e ICMBio). Según el presupuesto presentado por el gobierno para 2021, ICMBio sufrirá un recorte del 17 por ciento y los programas de vigilancia y control ambiental de un 25,4 por ciento. Los programas destinados a prevenir y controlar incendios forestales perderán el 37,6 por ciento de su presupuesto en comparación con el del 2018, el año anterior a la llegada de Bolsonaro al poder. Las fuerzas armadas han dirigido dos operaciones Brasil Verde desde principios de 2020, recibiendo más del doble de los recursos entregados a las agencias civiles, pero no han logrado evitar que las tasas de deforestación alcancen niveles históricamente altos.

La instrumentalización evidentemente política del poder judicial también parece estar en ascenso. Los fiscales que manejaron el caso Lava Jato en São Paulo renunciaron masivamente, resaltando lo que calificaron como el desmantelamiento de la histórica investigación anticorrupción por parte del fiscal general. Si bien Lava Jato comenzó como una investigación sobre la corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, centrando su atención en el expresidente Luiz Inácio Lula de Silva y otras figuras importantes dentro y alrededor del gobierno del Partido de los Trabajadores, sus objetivos más recientes incluían partidos de centro-derecha y aliados del presidente. Mientras tanto, se descubrió que el Ministerio de Justicia estaba recopilando expedientes sobre 579 empleados públicos y académicos que tenían presuntos vínculos con movimientos antifascistas o habían criticado abiertamente al gobierno. El ministerio también ha presentado solicitudes de hábeas corpus en un intento por detener las redadas en los hogares y oficinas de influyentes partidarios de Bolsonaro como parte de la investigación de noticias falsas.

Bajo una apariencia de estabilidad, Bolsonaro y su gobierno continúan enfrentando enormes desafíos económicos, legales y de salud en un clima político marcado por amenazas recurrentes de disturbios o agitaciones significativas. Si pierde el programa de entrega de dinero de emergencia, o el respaldo de los partidos centristas, o incluso, el apoyo del gobierno estadounidense, Bolsonaro podría verse tentado a actuar según sus instintos más autoritarios. La calma en Brasil aún podría preceder a una tormenta.