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Vivir bajo el control de las pandillas

En los últimos tres años, la violencia de las pandillas ha acabado con la vida de casi 20 000 salvadoreños y ha empujado a decenas de miles de personas a huir hacia el norte en busca de mejores condiciones de seguridad. Con ayuda de EE.UU., es esencial que el gobierno de El Salvador enfoque su política de combate a las pandillas no solo desde la persecución del delito, sino también desde la prevención.

Casi 20 000 personas fueron asesinadas en El Salvador entre 2014 y 2017. Durante los mismos años, hubo menos víctimas mortales en países que sí estaban en guerra en aquel momento como Libia, Somalia y Ucrania. La asombrosa tasa de homicidios de 103 por cada 100 000 habitantes en 2015 ha bajado pero sigue siendo astronómica, con 60 muertes violentas por cada 100 000 en 2017. Tras la mayoría de estos asesinatos están las maras y pandillas, poderosos y omnipresentes grupos criminales que operan en el país.

Maras como la infame MS-13 o Mara Salvatrucha están activas en torno al 94 por ciento de los 262 municipios de El Salvador. Además de ser una constante amenaza para la seguridad pública, en muchas de las “zonas rojas” estos grupos se han convertido en la autoridad de facto del vecindario, ejerciendo un enorme control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos que viven en los territorios con amplia presencia criminal.

En numerosos barrios de San Salvador, la capital del país, quienes van de camino al trabajo o a la escuela deben pasar por un puesto de control informal de pandillas donde un chaval de apenas ocho años en su puesto de bandera – que es como se les llama a los jóvenes pandilleros que ejercen de centinelas o recaderos – alarga la mano para pedir un dólar. La mayoría no dudan en darles el billete. Quienes no lo hagan podrían lamentarlo más tarde.  

La extorsión es un mal mayor para los negocios. Al menos una vez por semana, los comerciantes que no pueden permitirse seguridad privada en su local y que venden en zonas controladas por pandillas deben pagar la renta, que es una especie de impuesto de guerra a cambio de “protección”. Una vez más, la mayoría de los comerciantes no duda en pagar, pues desafiar a las pandillas podría costarles la vida.

Las principales pandillas de El Salvador son la MS-13 y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios. Estas tres organizaciones cuentan con unos 65 000 miembros según datos de la policía, aunque se estima que son alrededor de 500 000 entre familiares, simpatizantes y personas relacionadas con pandillas que dependen de sus actividades criminales para subsistir.

El odio entre grupos rivales está profundamente arraigado. Rara vez se escuchará a un miembro de la MS-13 mencionar el número 18. Si en un juicio un miembro de esta mara es preguntado por su edad y tiene 18, contestará: “tengo 17 + 1”. Los límites de los territorios controlados por pandillas rivales son invisibles, aunque para quienes viven en ellas son las fronteras más reales que jamás han visto. Es por eso que pocos se atreven a desafiarlas. Un joven que vive en una zona de la MS-13 solo podrá ver a su abuela, quien reside en territorio de la 18-Revolucionarios, en “terreno neutral” o allí donde sus nombres y sus rostros se vuelvan anónimos.

Las muertes por violencia de pandillas ya son parte de las conversaciones del día a día en los hogares salvadoreños, en las escuelas o en los bares. Prácticamente todos los salvadoreños tienen una historia de un pandillero conocido o de un padre, una madre o un amigo asesinado por estos grupos.

Muchos se mantienen alejados de los lugares públicos e incluso evitan caminar por la calle. Los más adinerados suelen permanecer encerrados en sus barrios privados. Después del ocaso, muchas calles en San Salvador quedan desiertas. La noche es para las pandillas, pues es cuando cometen la mayoría de sus asesinatos. También es del ejército y la policía, que aprovechan la noche para buscar a criminales sospechosos casa por casa. Los policías suelen llevar un gorro navarone o pasamontañas que cubre su rostro por miedo de que los pandilleros les identifiquen o vayan tras ellos y sus familias.

En este clima de temor, decenas de miles de personas han abandonado sus hogares para dirigirse rumbo al norte hacia la frontera con EE.UU.

Reina*, de 30 años, se fue de su casa en el centro de El Salvador con su hermana y sus tres hijos después de que las pandillas llegaran a su vecindario. Un marero había lanzado una bomba casera contra la casa de su vecino, asesinando a cuatro personas. Otro había disparado contra su hermano, que era un ex soldado y por lo tanto un enemigo a ojos de la pandilla. Les advirtieron que a menos que quisieran acabar como él, toda la familia debía irse.

A menudo, las pandillas confiscan casas situadas en lugares que consideran estratégicos amenazando a las familias que se resisten a irse para convertirlas en casas locas. Estos lugares se convierten en un refugio para sus miembros, un lugar seguro donde juntarse a platicar, tomar o llevar a cabo rituales de iniciación con nuevos reclutas. A veces, mujeres y niñas del vecindario son llevadas a estas casas locas para ser abusadas sexualmente.

A pesar de la extrema violencia, una de las razones por las que las pandillas se han arraigado con tanta fuerza en El Salvador es por la profunda sensación de pertenencia e identidad que brindan a sus miembros, la mayoría jóvenes que provienen de familias pobres y desestructuradas. “Las maras son importantes cuando no tienes nada, cuando naces muerto”, asegura el antropólogo salvadoreño Juan José Martínez D’Aubuisson.

Las pandillas aseguran que realizan un servicio comunitario en las zonas en las que están presentes porque protegen a los ciudadanos frente a grupos rivales y la policía, cuyos operativos a veces dan lugar a enfrentamientos armados. En entrevistas al periódico El Faro miembros de pandillas reclaman que ellos tomaron los territorios abandonados por el Estado, y que por eso la única fuerza viviente que existe en las comunidades bajo su control son ellas mismas.

En realidad, los salvadoreños que pagan la renta no lo hacen por lealtad o agradecimiento a la pandilla, sino por miedo a las represalias. “No puedes trabajar en ningún lugar sin permiso de la clica [pandilla local]”, dice Alex, un hombre de 46 años que trabajaba en la construcción pero decidió irse de El Salvador cuando se agotaron los empleos en su ciudad. Sus opciones eran huir o someterse al dominio de las pandillas en otro lugar del país.

Mientras tanto, en EE.UU., los políticos invocan el fantasma del control criminal y social de la MS-13 para promover una agenda anti-migración.

El gobierno de Donald Trump deporta a decenas de miles de salvadoreños al año que no tienen nada que ver con las pandillas a la vez que se niega a admitir a otros miles que son víctimas de sus abusos. En enero de 2018, EE.UU. anunció que en septiembre de 2019 pondría fin a la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había permitido a 195 000 salvadoreños trabajar y vivir legalmente en EE.UU. durante casi veinte años. En junio, el entonces fiscal general Jeff Sessions cerró la puerta a otros miles de salvadoreños que huían de situaciones de vida o muerte después de anunciar que haber sido víctima de  violencia de pandillas ya no era motivo suficiente para solicitar asilo en EE.UU.

Estas decisiones parecen irónicas viniendo de EE.UU., sobre todo porque las pandillas salvadoreñas son en parte el resultado de anteriores políticas migratorias de este país.

Maras como la MS-13 se formaron en las calles de Los Ángeles hace treinta años por jóvenes que habían huido de la guerra civil entre 1980-1992.

Tras endurecer las leyes migratorias, Washington deportó a miles de pandilleros a su país de origen a finales de los 90 y principios de la década del 2000. MS-13 y Barrio 18 no tardaron en expandirse por todo El Salvador, Guatemala y Honduras.

En El Salvador, las pandillas encontraron un terreno fértil para el reclutamiento en un país devastado por la guerra y la miseria. Miles de adolescentes marginados y sin empleo encontraron en las pandillas una posibilidad para ser alguien, un sentido de pertenencia que nunca antes habían experimentado.

Desde los doce años, los niños corren el riesgo de ser reclutados por pandillas. Las niñas suelen ser también un blanco desde temprana edad, ya sea para unirse al grupo o para convertirse en sus esclavas sexuales.

Los salvadoreños que viven en “zonas rojas” a veces se ven obligados a tomar precauciones para proteger a sus hijos, ya sea pagando transporte escolar privado o inscribiéndoles en actividades extraescolares para minimizar en contacto con mareros.

La edad media de un pandillero es de 25 años, aunque entran a formar parte del grupo en torno a los 15. A pesar de su corta vida, los años de abusos, muerte y dolor hacen que los pandilleros aparenten más edad. La mayoría viven en la extrema pobreza, ya sea en una cárcel en condiciones inhumanas o en una casa humilde con menos de $250 dólares al mes. Pocos han terminado la escuela secundaria o trabajado alguna vez.

A pesar de que la prensa suele representar a los miembros de pandillas completamente tatuados y empleando jerga criminal, la mayoría de sus miembros no son tan fáciles de identificar. De hecho, hace tiempo que las pandillas de El Salvador dejaron atrás su modo característico de hablar y vestirse para camuflarse entre la sociedad salvadoreña. Primero pasaron de ser grupos de jóvenes que en los 80 se dedicaban a defender sus calles de pandillas rivales a convertirse en organizaciones jerárquicas que coaccionan, amenazan y asesinan. Recientemente, muchos de sus miembros y simpatizantes y en particular dentro de la MS-13 han pasado a ser profesores, abogados, funcionarios del gobierno local e incluso agentes policiales al servicio de la mara. Su influencia ha crecido tanto que todos los principales partidos políticos de El Salvador y Honduras han recurrido en alguna ocasión a las pandillas para ganar las elecciones.

Es por eso que resulta tan difícil combatir a las pandillas o arrestar a sus miembros de alto rango, quienes suelen recibir de antemano el aviso de cuándo va a ser la próxima redada policial.

Los altos funcionarios de El Salvador son conscientes de la magnitud del desafío. No obstante, el gobierno sigue recurriendo casi exclusivamente a la represión por parte de las fuerzas de seguridad para lidiar con las pandillas. En los últimos quince años, varios gobiernos salvadoreños han intentado acabar con estos grupos mediante políticas de “mano dura” que incluyen enormes operativos conjuntos entre policía y ejército de dan lugar a capturas masivas.

A puerta cerrada, las autoridades admiten que están librando una guerra que no pueden ganar.

Las redadas policiales a menudo son indiscriminadas, siendo habitual que los adolescentes que viven en áreas controladas por pandillas sean acosados por las fuerzas de seguridad por considerarlos sospechosos de pertenecer a estos grupos. Los operativos de mano dura también han atrapado a numerosos residentes en el fuego cruzado entre policías y pandilleros. La única excepción a esta política fue la llamada “tregua”, un intento de negociación entre pandillas que se llevó cabo entre marzo de 2012 y mediados de 2013 durante la presidencia de Mauricio Funes que buscaba el cese al fuego entre grupos rivales a cambio de mejorar las condiciones carcelarias.

En las primeras 24 horas del acuerdo la tasa de homicidios cayó en un 50 por ciento.

Pero el experimento de la tregua se vino pronto abajo, principalmente debido a que el Gobierno nunca asumió la autoría del proceso y que el pueblo salvadoreño, en su mayoría a favor de medidas drásticas contra las pandillas, nunca lo apoyó. En una encuesta realizada en 2017, el 40 por ciento de los participantes se mostraba a favor de la tortura y el 34,6 por ciento apoyaba las ejecuciones extrajudiciales de supuestos criminales. Tras el fracaso de la tregua, en 2015 el gobierno volvió a declararle la guerra a las pandillas y la Corte Suprema de El Salvador calificó a la MS-13 y las dos facciones de Barrio 18 como organizaciones “terroristas”. Lo que vino tras la tregua fueron peores condiciones carcelarias y más megaoperativos contra pandilleros. El impacto fue tal que, aunque la MS-13 y las dos facciones de Barrio 18 son enemigos a muerte, ambas acordaron un cese al fuego bilateral para dirigir sus acciones contra el nuevo enemigo común: el Ejército, la policía y sus familias, dando lugar a un ciclo sin fin de venganzas y ajustes de cuentas entre criminales y fuerzas de seguridad.  

La idea de negociar con las pandillas se ha vuelto un tabú desde que fracasó la tregua, hasta el punto en que ningún político en El Salvador se atreve a defenderla en público. Lejos de las cámaras, cada vez son más las voces de autoridades que reconocen que será imposible alcanzar la paz sin pasar por alguna forma de diálogo.

Mientras tanto, hay alternativas a la mano dura que merecen la pena ser exploradas. El gobierno debe seguir implementando su principal política de seguridad llamada El Salvador Seguro que contempla acciones tanto de prevención como de persecución del delito, poniendo más énfasis en la rehabilitación de pandilleros encarcelados y en la atención a víctimas, especialmente a los colectivos más vulnerables como las mujeres que han sufrido abusos o los jóvenes en edad de reclutamiento.

EE.UU. podría ayudar permitiendo a los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) permanecer en EE.UU. o asistiendo al gobierno salvadoreño con la reintegración de los deportados mediante la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos. La formación y apoyo para la policía, el personal penitenciario y los jueces ayudaría a las autoridades a hacer frente a los crímenes más violentos y garantizar que quienes cometan delitos menores tengan una segunda oportunidad fuera de la cárcel.

Por su parte, las pandillas insisten en iniciar un nuevo diálogo para mejorar sus condiciones en las cárceles y bajar el número de redadas policiales en los barrios. “Nosotros estamos abiertos a dialogar con cualquiera que quiera escuchar la voz de la MS-13.”, dijo un portavoz de la pandilla al periódico El Faro. “El temor de los políticos a sentarse con las pandillas es porque ese se convierte en una carta de peso para que el otro partido los ataque”.

Aunque necesaria, las represión policial ha ayudado en parte a afianzar el control de las pandillas en los barrios. Como las cárceles están divididas por pandillas, estas se han convertido en incubadoras del delito en las que las pandillas han fortalecido su liderazgo y estructura, reclutando nuevos miembros o manejando sus redes de extorsión tras las rejas.

La violencia de pandillas es uno de los principales factores que empujan a cientos de miles de salvadoreños a huir de sus hogares. En 2017, se estima que unas 296 000 personas huyeron del país para solicitar asilo en México o EE.UU. o sufrieron desplazamiento interno alojándose en casas de familiares en otras partes del país.

En el camino encuentran a otros centroamericanos de Guatemala y Honduras, países que también padecen amplia presencia de pandillas aunque no hasta los extremos de El Salvador. Hace unos años la gran mayoría de los compañeros de ruta eran hombres jóvenes que emigraban al norte en busca de empleo, pero cada vez son más las mujeres embarazadas, niños o adolescentes que escapan no solo de la pobreza sino también de la violencia criminal.

La historia de Lisa resulta familiar para muchos salvadoreños que a menudo se deciden a salir del país tras una desgracia familiar como la suya.

Las deportaciones de salvadoreños desde EE.UU. no pueden sino empeorar la situación. En un país en el que ellos mismos se sienten extranjeros y donde apenas hay trabajo, los deportados no tardan en ser víctimas de la brutalidad de las pandillas y en acostumbrarse a pagar la renta o a pasar miedo todos los días. Sus hijos, blanco habitual de pandilleros, podrían enfrentar el mayor peligro. Por eso, muchas familias ven volver a EE.UU. como su mejor opción, a pesar de los innumerables peligros de la ruta o la posibilidad de ser deportados de nuevo. Y es así como el ciclo de violencia criminal, migración y deportaciones vuelve a empezar, sin esperanzas de que cambie en el futuro próximo.

* Algunos nombres han sido cambiados

Las ilustraciones de este artículo son de Molly Crabapple, y la principal autora del texto fue Sofía Martínez, analista para Centroamérica de Crisis Group. El editor en la versión en inglés fue Chris Toensing y el diseño de versión impresa fue de Kjell Olsson. Karim Lebhour, jefe de comunicaciones para Norte América, coordinó este proyecto.

Para saber más sobre el trabajo de Crisis Group en Centroamérica vea: https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america