El día después de CICIG

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha obtenido importantes logros en cumplimiento del mandato que le fue conferido hace más de cuatro años. Su principal éxito radica en haber propiciado un radical cambio de percepción respecto a la posibilidad de la justicia guatemalteca de investigar y procesar a cualquier persona que tenga vínculos con organizaciones ilegales, sin importar su ubicación social o poder político. Sin embargo, las redes ilícitas están muy lejos de ser desmanteladas y la violencia reciente, que puede agravarse en las próximas elecciones, demuestra que las tareas por delante son enormes. Guatemala debe prepararse a transitar ese camino sin la CICIG.

No cabe duda que, tanto en tiempos del comisionado Carlos Castresana como en los más recientes de Francisco Dall’Anese, la CICIG produjo importantes cambios. Ha propiciado la captura y procesamiento de personas acusadas de ser parte de estas organizaciones ilegales. Presionó duramente al Gobierno para impedir que personas no idóneas se hicieran cargo del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Contribuyó a profesionalizar a fiscales y policías, identificando a quienes debían abandonar su institución por tener compromisos oscuros. Finalmente, impulsó importantes reformas legales que fortalecen la capacidad del sistema penal nacional.

No ha sido casual que la resistencia a la CICIG haya aumentado cada vez que sus investigadores impulsaban casos específicos que afectaban intereses ocultos. Pero el mayor resultado esperado de su labor está aún pendiente, pues las redes ilícitas a las que ha combatido son muy resistentes y otras aparecen en el rentable negocio de la droga. Su mayor impacto, por el que finalmente será evaluada, tiene que ver con que los fiscales, policías y jueces de Guatemala asuman su legado. Es decir, que la justicia nacional pueda caminar sin muletas, como lo dice el más reciente informe de International Crisis Group sobre Guatemala.

Hay signos esperanzadores. La nueva gestión del Ministerio Público está muy comprometida con asumir esa tarea y el comisionado Dall’Anese ha expresado que su prioridad será el fortalecimiento de las instituciones nacionales. Pero hace falta mucho más. Es necesario que la CICIG diseñe un proceso de transferencia de su información y recursos. Para eso, el Ministerio Público deberá fortalecer aún más el rol de la unidad especial a cargo de los casos de la CICIG y expandir lo ganado allí a otras dependencias. También es preciso que el Congreso avance con la aprobación de las leyes pendientes en la agenda propuesta por Castresana y Dall’Anese. Todo ello requiere coraje, voluntad política y recursos.

En el actual contexto electoral, es crucial que los candidatos se comprometan públicamente en apoyar a la CICIG en lo que quede de su mandato, a ratificar a la actual Fiscal General en su cargo y a enmarcar sus acciones dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, que espera ser tomado en serio por todos. Le corresponde a la comunidad internacional garantizar de inmediato los recursos que la CICIG requiera, así como apoyar este proceso de transferencia.

Las amenazas que se ciernen sobre Guatemala son muy grandes. El éxito de la CICIG se refleja no solo en lo que ella pueda hacer por las instituciones de Guatemala, sino en la que estas puedan hacer para asegurar un legado que perdure.