Guatemala: narcotráfico y violencia
Guatemala: narcotráfico y violencia
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  1. Executive Summary
Report 39 / Latin America & Caribbean

Guatemala: narcotráfico y violencia

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Resumen Ejecutivo

En Guatemala, la sangrienta irrupción de carteles dirigidos por mexicanos constituye el capítulo mas reciente de un círculo vicioso de violencia y fracaso institucional. La geografía ha convertido al país – que está en la mitad del camino entre Colombia y Estados Unidos – en una de las intersecciones más concurridas para las drogas ilícitas. La cocaína (y ahora los ingredientes para las drogas sintéticas) entra por aire, tierra y mar. De ahí sigue a México, camino a Estados Unidos. El altiplano fresco ofrece un clima ideal para el cultivo de amapola. Debido a la laxa normatividad y a una larga historia de contrabando, las armas abundan. Una población empobrecida y subempleada es una buena fuente de reclutas. El ganador de las elecciones presidenciales de noviembre tendrá que enfrentar el problema de las inequidades sociales y económicas al igual que la violencia y la corrupción que asociada con el narcotráfico. Es necesario el apoyo decidido de la comunidad internacional para asegurar que estos retos no abrumen a una democracia que aún no se recupera de las décadas de violencia política y gobiernos militares.

Las pandillas y la delincuencia común florecen bajo las mismas condiciones que les permiten a los narcotraficantes operar con flagrante impunidad: fuerzas policiales desmoralizadas, un sistema judicial que suele ser objeto de intimidaciones y corrupción y una población que desconfía de las entidades encargadas de aplicar la ley, a tal punto que los ricos dependen de fuerzas de seguridad privada en tanto que los pobres se arman para formar grupos de autodefensa. Durante la última década, la tasa de homicidios ha duplicado, pasando de veinte a más de cuarenta por 100.000 habitantes. Mientras que los traficantes contribuyen a la ola de delincuencia en regiones fronterizas y a lo largo de los corredores del narcotráfico, pandillas de jóvenes siembran el terror en los barrios de Ciudad de Guatemala.

Las atrocidades perpetradas por los Zetas, la organización criminal mexicana más violenta, que decapita y descuartiza a sus víctimas para lograr el mayor impacto, generan el mayor número de titulares. Los violentos carteles de la droga, sin embargo, son sólo una manifestación de las bandas y asociaciones clandestinas que llevan mucho tiempo dominando a la sociedad guatemalteca y paralizando sus instituciones. Cómo cambiar esta dinámica será uno de los retos más difíciles para el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre. Tanto Otto Pérez Molina como Manuel Baldizón han prometido una postura fuerte contra la delincuencia. Sin embargo, es muy probable que un enfoque de mano dura que no incluya una estrategia para fomentar el estado de derecho, sólo arroje resultados esporádicos y a corto plazo.

En décadas anteriores, el mismo Estado fue el violador más prolífico de derechos humanos. Durante el conflicto que duró 36 años y que terminó en los acuerdos de paz de 1996, las fuerzas armadas asesinaron a opositores en zonas urbanas y arrasaron con poblaciones ante la sospecha de que éstas servían como escondites para las fuerzas guerrilleras. Justo cuando Guatemala se recuperaba de años de violencia política, el control del narcotráfico sudamericano se desplazaba de Colombia hacia México. El aumento en la interdicción en el Caribe y el arresto de líderes de carteles colombianos les permitió a los traficantes mexicanos comenzar a tomar las riendas de la distribución de estupefacientes a finales de la década de 1990. La ofensiva contra el narcotráfico lanzada por el presidente mexicano Felipe Calderón después de 2006, obligó a los narcotraficantes a importar mayores cantidades de drogas a Centroamérica para luego transportarla hacia el norte por tierra.

El envío de más estupefacientes a través de Centroamérica ha tenido un efecto multiplicador sobre las actividades ilegales. La violencia es especialmente intensa en los departamentos costeros y fronterizos, donde los narcotraficantes y las pandillas han diversificado sus actividades para incluir, entre otras, el microtráfico, la prostitución, la extorsión y el secuestro.

En algunas regiones, los narcotraficantes se han convertido en empresarios prominentes, con negocios lícitos e ilícitos. Ellos participan en eventos comunitarios, distribuyen regalos a los necesitados y financian campañas políticas. Sus secuaces fuertemente armados ofrecen protección contra otras pandillas y la delincuencia común. Aquellos que financian el cultivo de amapola ofrecen a comunidades indígenas empobrecidas ingresos monetarios superiores a cualquiera que hayan conocido antes. Pero estos grupos de narcotráfico a nivel nacional operan también con impunidad a la hora de tomar tierras e intimidar o eliminar a competidores. La policía y las autoridades judiciales locales oponen poca resistencia, al carecer de recursos y ser objeto de una desconfianza generalizada.

Hay indicios de progreso. La fiscal general está reabriendo investigaciones sobre abusos de derechos humanos a la vez que toma medidas severas contra la actual amenaza que presenta el crimen organizado. Una activista veterana de derechos humanos fue nombrada por el gobierno saliente para reformar la policía. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una iniciativa conjunta entre la ONU y Guatemala, está impulsando procesos penales de alto perfil. Los donantes están financiando unidades previamente depuradas, brindando nuevas herramientas de investigación y construyendo nuevas instalaciones judiciales. Además, durante el último año las autoridades centroamericanas, con apoyo internacional, han arrestado a media docena de narcotraficantes guatemaltecos de alto perfil que serán extraditados a Estados Unidos.

No obstante, ponerle fin a la impunidad que ha permitido el florecimiento de redes de narcotráfico y otras organizaciones ilegales implicará un esfuerzo multidimensional a largo plazo. Para sostener los avances recientes y sentar las bases para una reforma sostenible es urgente que:

  • el nuevo Presidente le permita a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, terminar su mandato de cuatro años, le dé su pleno respaldo a la comisionada para la reforma policial, Helen Mack, y respalde los esfuerzos de la CICIG para iniciar procesos penales de alto perfil y fortalecer las capacidades de la justicia penal;
     
  • líderes políticos y empresariales trabajen juntos tanto para aumentar las rentas públicas para la lucha contra la delincuencia y los programas sociales, como para idear iniciativas anticorrupción que obliguen a los funcionarios a responder cuando utilicen fondos públicos;
     
  • los líderes regionales aumenten la cooperación para interceptar cargamentos de narcóticos ilícitos y desmantelar grupos criminales transnacionales a través de entidades como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);
     
  • Estados Unidos y otros países consumidores brinden ayuda financiera acorde con su interés nacional en frenar el narcotráfico y con objeto no sólo de arrestar narcotraficantes, sino también de construir instituciones fuertes, sujetas a mecanismos democráticos de rendición de cuentas; y
     
  • los líderes internacionales abran un debate serio sobre políticas antidrogas, incluyendo estrategias diseñadas para reducir tanto la producción como el consumo. Es tiempo de reevaluar las políticas que no han logrado ni aliviar el sufrimiento causado por la drogadicción ni reducir la corrupción y la violencia vinculadas a la producción y tráfico de estupefacientes.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 11 de octubre de 2011

 

Executive Summary

The bloody eruption of Mexican-led cartels into Guatemala is the latest chapter in a vicious cycle of violence and institutional failure. Geography has placed the country – midway between Colombia and the U.S. – at one of the world’s busiest intersections for illegal drugs. Cocaine (and now ingredients for synthetic drugs) flows in by air, land and sea and from there into Mexico en route to the U.S. Cool highlands are an ideal climate for poppy cultivation. Weapons, given lenient gun laws and a long history of arms smuggling, are plentiful. An impoverished, underemployed population is a ready source of recruits. The winner of November’s presidential election will need to address endemic social and economic inequities while confronting the violence and corruption associated with drug trafficking. Decisive support from the international community is needed to assure these challenges do not overwhelm a democracy still recovering from decades of political violence and military rule.

Gangs and common criminals flourish under the same conditions that allow drug traffickers to operate with brazen impunity: demoralised police forces, an often intimidated or corrupted judicial system and a population so distrustful of law enforcement that the rich depend on private security forces while the poor arm themselves in local vigilante squads. Over the past decade, the homicide rate has doubled, from twenty to more than 40 per 100,000 inhabitants. While traffickers contribute to the crime wave in border regions and along drug corridors, youth gangs terrorise neighbourhoods in Guatemala City.

The outrages perpetrated by the most violent Mexican gang, the Zetas – who decapitate and dismember their victims for maximum impact – generate the most headlines. Violent drug cartels, however, are only one manifestation of the gangs and clandestine associations that have long dominated Guatemalan society and crippled its institutions. How to change this dynamic will be one of the most difficult challenges facing the winner of November’s presidential election. Both Otto Pérez Molina and Manuel Baldizón have promised to get tough on criminals, but a hardline approach that fails to include a strategy to foster rule of law is unlikely to yield anything more than sporadic, short-term gains.

For decades, the state itself was the most prolific violator of human rights. During the 36-year conflict that ended with the peace accords of 1996, the armed forces murdered dissidents in urban areas and razed villages suspected of harbouring guerrilla forces. Just as Guatemala was recovering from years of political violence, control of the South American drug trade was shifting from Colombia to Mexico. Increased interdiction in the Caribbean, plus the arrest of Colombian cartel leaders, allowed Mexican traffickers to begin taking over drug distribution in the late 1990s. Mexican President Felipe Calderón’s crackdown after 2006 forced traffickers to import increasing amounts of contraband into Central America and then move it north over land.

The shipment of more drugs through Central America has had a multiplier effect on illegal activities. Violence is especially intense in coastal and border departments, where traffickers and gangs have diversified into other activities, such as local drug dealing, prostitution, extortion and kidnapping.

In some regions, narcotics traffickers have become prominent entrepreneurs, with both licit and illicit businesses. They participate in community events, distribute gifts to the needy and finance political campaigns. Their well-armed henchmen offer protection from other gangs and common criminals. Those who finance opium poppy cultivation provide impoverished indigenous communities with greater monetary income than they have ever known. But these domestic trafficking groups also operate with impunity to seize land and intimidate or eliminate competitors. Local police and judicial authorities, under-resourced and widely mistrusted, offer little opposition.

There are signs of progress. The attorney general is reviving long-stalled investigations into past human rights abuses while aggressively pursuing the current threat posed by organised crime. A veteran human rights activist was tapped by the outgoing government to reform the police. The International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), a UN-Guatemalan initiative, is pursuing high-profile criminal cases. Donors are financing vetted units, providing new investigative tools and building new judicial facilities. Moreover, over the past year, Central American authorities, with international help, have arrested half a dozen high-level Guatemalan traffickers who are awaiting extradition to the U.S.

But ending the impunity that has allowed trafficking networks and other illegal organisations to flourish will require a long-term, multi-dimensional effort. To shore up recent gains and lay the ground work for sustainable reform it is urgent that:

  • the new president allow Attorney General Claudia Paz y Paz to complete her four-year term, fully support Police Reform Commissioner Helen Mack and encourage CICIG’s efforts to pursue high profile cases and build prosecutorial capacity;
     
  • political and business leaders work together both to increase government revenues for crime-fighting and social programs and to devise anti-corruption initiatives that will hold officials responsible for their use of public funds;
     
  • regional leaders increase cooperation to interdict illegal narcotics shipments and to break up transnational criminal groups through entities such as the Central American Integration System (SICA);
     
  • the U.S. and other consuming countries provide financial aid commensurate with their national interest in stopping the drug trade and aimed not just at arresting traffickers but also at building strong, democratically accountable institutions; and
     
  • international leaders open a serious debate on counter-narcotics policies, including strategies designed to curtail both production and consumption; it is past time to re-evaluate policies that have failed either to alleviate the suffering caused by drug addiction or to reduce the corruption and violence associated with drug production and trafficking.

Guatemala City/Bogotá/Brussels, 11 October 2011

 

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