Los dramas electorales de Guatemala

En el marco de un drama político sin precedentes, los guatemaltecos votaron el pasado 6 de septiembre por un cambio sustancial en la primera ronda de las elecciones presidenciales. Le otorgaron la victoria – por ahora – a un actor cómico. Pero no queda claro si esto implicará una renovación política, o por el contrario hará borrón y cuenta nueva sobre las acusaciones de corrupción que hicieron caer al anterior presidente y vicepresidenta.

La votación estuvo acompañada de una extraordinaria movilización ciudadana e investigaciones judiciales sobre supuestos hechos de corrupción que resultaron, tan solo tres días antes de la votación, en la dimisión y posterior arresto del presidente del país. Un número record de guatemaltecos acudieron a las urnas, otorgando la mayoría a Jimmy Morales – un comediante con muy poca experiencia política. El segundo puesto fue para la ex primera dama Sandra Torres, quien superó por un estrecho margen al favorito, el empresario Manuel Baldizón. Ambos dirimirán la presidencia el 25 de octubre.

En las calles, en las conversaciones que se escuchan en los cafés y en las llamadas a los programas de televisión, los ciudadanos siguen exigiendo mayor transparencia, tanto en el gobierno como sobre los gastos de campaña. Saben que las investigaciones penales han debilitado, aunque no eliminado, el nexo entre la política y los negocios ilícitos. Sin embargo, para que los extraordinarios eventos de 2015 den paso a un proceso de reforma política más profunda, los reformistas deben transformar su movilización callejera en participación cívica organizada.

El Ministerio Público ha llevado a cabo una amplia campaña anticorrupción con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo híbrido creado en 2006 con la ayuda de Naciones Unidas para investigar y desmantelar los grupos ilícitos que operan dentro de las instituciones del Estado. Como señaló Crisis Group en abril, el escándalo estalló cuando quedó al descubierto una trama de corrupción conocida como “La Línea”, a través de la cual se habría producido un fraude al estado sobre aranceles aduaneros impagos a cambio de sobornos.

El caso implicó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien dimitió en mayo, y más tarde al propio presidente Otto Pérez Molina, después que el Congreso votara unánimemente a favor de retirarle la inmunidad presidencial el 1 de septiembre. En un acontecimiento sin precedentes en la historia de Guatemala, el presidente y la vicepresidenta se encuentran detenidos y acusados de corrupción. El nuevo presidente provisional, Alejandro Maldonado, un veterano jurista nombrado para suceder a Baldetti, accedió al poder mediante los procedimientos legales establecidos, tal como exhortó Crisis Group, y presidió los comicios.

Morales, el ganador de la primera ronda, se benefició de su popularidad y del hecho de no pertenecer a la clase política que ha sido objeto de las protestas. Es un protestante evangélico conservador cuya campaña se basó en la de no ser “ni corrupto, ni un ladrón”. A sus detractores les preocupa su falta de experiencia, y el hecho que cuenta con el apoyo de grupos de veteranos militares decididos a impedir que se lleven a cabo nuevos juicios por abusos a los derechos humanos cometidos a lo largo de los 36 años del conflicto armado interno del país.

Sandra Torres es conocida por implementar programas sociales en zonas rurales durante el gobierno de su ex esposo Álvaro Colom (2008 – 2012). Sus detractores la tachan de radical, aunque Torres ha intentado acercarse al centro con el nombramiento como su compañero de fórmula de un empresario que mantiene estrechos lazos con los principales grupos empresariales del país. Cuenta con la ventaja de una sólida estructura partidaria a nivel nacional, aunque las autoridades electorales y la CICIG la han acusado de prácticas de campaña injustas y sus detractores señalan otras graves acusaciones.

El ganador de la segunda vuelta el 25 de octubre tendrá que gobernar con un congreso dividido. Si bien Baldizón quedó fuera de la segunda ronda, su partido “Líder” cuenta con el mayor número de miembros de la legislatura nacional, con 37 escaños. El partido de Torres, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo 28 en la asamblea, lo que podría permitirle forjar alianzas con grupos potencialmente afines, como “Todos”, el partido del ex presidente Alfonso Portillo y otras agrupaciones menores.

Esto podría ayudar a la UNE a impulsar un programa de reformas, lo que según Torres es su objetivo. En respuesta a sus detractores y escépticos sobre el compromiso de la UNE con el cambio, Torres ha llamado al Congreso a aprobar las reformas antes de la nueva legislatura, aunque esto podría tratarse de una táctica de campaña para obtener el apoyo de la clase media urbana, que fue su punto débil en las elecciones . La segunda vuelta podría ser muy disputada. Se espera que Morales obtenga gran parte del voto urbano, mientras que Torres podría conseguir votos de ex partidarios de Baldizón en municipios predominantemente rurales. El ganador asumirá el poder el 14 de enero de 2016.

El presidente Maldonado se ha comprometido a responder a los reclamos de reforma política de los manifestantes instando al actual Congreso a que apruebe reformas a la ley electoral antes de la segunda vuelta. Su gobierno provisional enfrenta además una difícil situación fiscal, que requerirá una cuidadosa distribución de fondos entre instituciones públicas clave, especialmente hospitales, cárceles y la policía.

El presidente presentó una lista de tres candidatos a la vicepresidencia, de entre los cuales el Congreso eligió a Alfonso Fuentes Soria, un ex rector de la universidad nacional y director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos durante el gobierno de Alfonso Portillo. No está claro si Maldonado, Soria y su recién nombrado gabinete cuentan con la destreza y peso político necesarios en el Congreso para impulsar las reformas.

Grupos de ciudadanos, asociaciones empresariales y activistas se han unido durante la crisis y han alcanzado un consenso básico sobre una agenda mínima de reformas que plantea la regulación más estricta de los partidos políticos y el financiamiento de campañas, el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas para supervisar las transacciones públicas y brindar mayor transparencia en las contrataciones , el fomento de una administración pública basada en el mérito, el refuerzo de la independencia de los jueces y magistrados, y el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Público para investigar la corrupción.

Lamentablemente, la probabilidad que la mayoría de legisladores apoyen las reformas ha disminuido significativamente después de las elecciones pues ya no existe el incentivo de responder a las demandas electorales. No obstante, desatender la voluntad popular podría resultar imprudente. La sociedad guatemalteca ha madurado mucho más rápido que su sistema político, la ciudadanía se ha movilizado y se ha intensificado su capacidad de plantear demandas de cambio político.

Aún queda mucho por hacer para cumplir las promesas de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, cuando se ofreció no solo poner fin a la guerra civil, sino también establecer en Guatemala una democracia mejor, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho. Las manifestaciones pacíficas y la participación ciudadana, combinadas con un mayor control judicial, ya han demostrado ser un buen medio para obligar a los políticos a representar mejor el interés público.

Si estos mecanismos no resultan suficientes como para impulsar las reformas democráticas, aumentará la probabilidad de radicalización, prolongando la crisis y aumentando el riesgo de violencia. Los extraordinarios avances alcanzados durante 2015 son una oportunidad que Guatemala no debe perder.