El Juicio de Ríos Montt

Un histórico caso está desarrollándose en la justicia guatemalteca: el proceso contra el ex dictador militar José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad. El caso sienta un importante precedente en Guatemala, donde el sistema de justicia apenas ha iniciado investigaciones en contra de los abusos cometidos durante los años del conflicto armado (1960-1996).  También representa un antecedente en la comunidad internacional: esta es la primera vez que un ex jefe de estado enfrenta cargos de genocidio no en una corte internacional sino nacional. Además, es un reto clave para la independencia judicial en una democracia que sigue siendo frágil.

El proyecto de Guatemala de Crisis Group está siguiendo el juicio.  Hablamos con la analista senior Mary Speck sobre el caso y su significado para el sistema de justicia guatemalteco.

¿Cuáles son los cargos precisos en contra de Ríos Montt?

El Ministerio Público (Fiscalía) acusa al General Ríos Montt de haber autorizado operaciones contra-insurgentes que tuvieron como resultado la muerte de por lo menos 1,771 miembros del grupo étnico Maya Ixil en el departamento de Quiché, situado en el noroccidente del país, así como también de violaciones sexuales, torturas y desplazamiento forzado de alrededor de 29,000 personas.  Los fiscales argumentan que Ríos Montt y el ex director de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien enfrenta los mismos cargos, destruyeron aldeas indígenas, quemando casas y cosechas, matando y torturando a hombres, mujeres y niños, dentro de una campaña de arrasamiento en contra de grupos guerrilleros.

¿Cuál fue el rol de Ríos Montt en el conflicto armado?

Ríos Montt participó en una junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1982; después asumió como presidente de facto. Fue derrocado luego de un año y medio.  A pesar de ser breve, su gobierno fue uno de los períodos más brutales durante los 36 años de conflicto. En 1999, la Comisión del Esclarecimiento Histórico, patrocinada por las Naciones Unidas, documentó más de 40,000 casos de asesinatos, desapariciones y violaciones; estimó que las muertes totales superaron las 200,000. Además, encontró que casi la mitad de las matanzas y desapariciones sucedieron en 1982 y que el 93% de ellas fueron perpetradas por fuerzas de seguridad o paramilitares.  Concluyó que actores del Estado “cometieron actos de genocidio” en contra de las comunidades Maya-Ixil.

¿Porque el juicio ocurre ahora, diecisiete años después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto?

Ríos Montt fue miembro del Congreso por casi 20 años, incluyendo varios términos en los que ocupó la presidencia del legislativo.  En tal condición tenía inmunidad judicial.  Guatemala no aceptó una imputación de una corte española en 2005. El ex-presidente fue acusado formalmente en enero de 2012 en Guatemala, doce días después de dejar el Congreso. Debido a su edad (86) y porque no se considera que exista riesgo de fuga, ha estado bajo arresto domiciliario. Rodríguez se encuentra en un hospital militar y asiste al juicio en una silla de ruedas.

Otros dos factores ayudaron a impulsar el juicio. En 2009, el Congreso aprobó reformas legales propuestas por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por la ONU, que incluyó la creación de “tribunales de alto riesgo”, los que proporcionan mayor seguridad a los jueces, fiscales y testigos. Al fines de 2010, Claudia Paz y Paz, una abogada de derechos humanos, se convirtió en Fiscal General. Las acciones de la defensa han dilatado el proceso. La Corte de Constitucionalidad rechazó una petición de la defensa basada en la Ley de Reconciliación Nacional  el 11 de marzo, lo que permitió el comienzo del juicio ocho días después ante un tribunal conformado por tres jueces.

¿Cómo ha reaccionado el Presidente Otto Pérez Molina, él mismo un general retirado, frente al juicio?

El Presidente ha prometido respetar el fallo de la justicia, aunque ha declarado en repetidas ocasiones que él no cree que las fuerzas armadas cometieron genocidio. El juicio también ha resaltado el pasado militar de Pérez Molina: como un joven oficial, él fue enviado a la región Ixil de Quiché. Un ex soldado declaró el 4 de abril que las tropas bajo el mando de Pérez Molina mataron a civiles y quemaron sus casas.

Muchos partidarios del ejército sostienen que ambos lados cometieron masacres; acusan a organizaciones de derechos humanos de un sesgo pro-guerrilla. Sin embargo, tanto la evidencia forense como los testimonios vinculan la mayoría de las masacres a las fuerzas de seguridad. Los investigadores todavía están identificando cadáveres encontrados en fosas comunes, incluyendo cientos de restos descubiertos en una antigua base militar en el departamento de Alta Verapaz.

¿Cuál es la reacción de los guatemaltecos?

Ha habido algunas pequeñas manifestaciones frente al palacio de justicia, donde los activistas de derechos humanos pusieron una manta con los nombres de las víctimas. Simpatizantes del Ejército han protestado por las actuaciones con letreros negando que hubiera genocidio y acusando a la guerrilla de terrorismo. Pero por lo general la reacción no ha sido muy activa. Esto podría cambiar, por supuesto, después de la sentencia, prevista para finales del mes de abril.

¿Cuáles son las implicaciones para la democracia guatemalteca y su sistema de justicia?

Este juicio es de suma importancia, tanto para las víctimas como para un país que todavía no ha llegado a un consenso sobre las causas del conflicto armado y los hechos allí ocurridos. Pero éste no es el único indicio de progreso en Guatemala. El año pasado, cinco soldados fueron condenados por la masacre de 200 personas en el poblado de Dos Erres en el norte de Guatemala (Ríos Montt se enfrenta a un juicio por separado por esa masacre.)

El genocidio es difícil de probar; el tribunal podría concluir que los fiscales no pudieron demostrar que Ríos Montt y Rodríguez planificaron y/o ordenaron el exterminio de las comunidades Maya Ixil. Un resultado distinto es posible respecto a los cargos de crímenes contra la humanidad. Cualquiera que sea el fallo final, es importante que todos respeten el proceso judicial, aunque los resultados no sean satisfactorios para algunos.

La pregunta clave es si los guatemaltecos tienen confianza en los tribunales para decidir imparcialmente sobre las responsabilidades en un conflicto que causó pérdidas tan terribles. Muchos parecen creer que no hay justicia en el país; que la policía, los fiscales y los tribunales en su mayoría están o intimidados o corrompidos. Este caso podría demostrar que están equivocados.