¿Qué está pasando? Un año después de neutralizar un levantamiento cívico con fuerza letal, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha llegado a un acuerdo con la oposición de Nicaragua en dos temas: la liberación de todos los presos políticos y el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. A pesar del progreso significativo que se ha hecho en estos frentes, las negociaciones sobre reformas electorales y justicia siguen suspendidas.

¿Por qué es importante? La economía de Nicaragua está colapsando y Ortega enfrenta un aislamiento internacional cada vez más profundo. Pero aún puede resolver la crisis a través del diálogo. De lo contrario, podrían reiniciar los enfrentamientos entre la oposición y el Estado, y aumentar las sanciones internacionales.

¿Qué debe hacerse? El presidente Ortega y la oposición deberían implementar los acuerdos existentes a cabalidad y convocar a una tercera ronda de negociaciones para abordar los temas pendientes. Los EE. UU., la OEA y la UE deberían aplaudir los avances alcanzados dejando claro que, si el gobierno incumple sus promesas, le impondrán mayores cargas.

Aún existe la posibilidad de una salida pacífica para la tensa crisis de Nicaragua. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición han sido intermitentes, y están marcadas por el legado de una profunda desconfianza mutua tras la brutal represión de las protestas callejeras el año pasado. Aun así, bajo la creciente presión internacional y ante una grave recesión económica, el presidente Ortega invitó a la oposición a reanudar el diálogo en febrero. Las partes llegaron a un acuerdo sobre dos temas: la liberación de cientos de presos políticos y el compromiso por parte de Managua de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si bien se han logrado grandes avances, es necesario que estos acuerdos se implementen en su totalidad y bajo supervisión internacional, para que se reanuden las negociaciones, actualmente suspendidas. El resultado final debería ser un acuerdo más amplio que satisfaga los intereses esenciales de ambas partes: para los movimientos de oposición, igualdad de condiciones en elecciones anticipadas y justicia para las víctimas de la violencia del año pasado, y, para el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el regreso a la estabilidad, el levantamiento de las sanciones existentes y la reducción de tensiones, tanto a nivel nacional como con sus interlocutores internacionales.

La crisis de Nicaragua estalló en abril de 2018, cuando las impopulares reformas a la seguridad social provocaron manifestaciones masivas que fueron enfrentadas con violencia letal por parte de la policía y unidades parapoliciales. Sin embargo, frágiles canales de comunicación han permanecido abiertos entre las partes y, a diferencia del caso venezolano, estos contactos han resultado relativamente productivos. En marzo, ambas partes acordaron que los detenidos en relación con el levantamiento del año pasado fueran puestos en libertad, que los cargos en su contra se retiraran, y que el gobierno restablecería los derechos de los ciudadanos, incluidos los de reunión pacífica y libertad de expresión, afectados por la represión estatal. Sin embargo, las partes no lograron avanzar más antes del 3 de abril, fecha que habían fijado como límite para esta ronda, y las negociaciones han quedado en el limbo desde entonces. El 20 de mayo, la oposición dijo que se retiraría de las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los presos. Desde entonces, el gobierno ha liberado a casi todos los presos restantes, un acto que la oposición celebró, y ha presentado una ley de amnistía para anular los cargos contra ellos.

Unas nuevas negociaciones que conduzcan hacia un acuerdo global son fundamentales para evitar otra escalada y deberían ocurrir pronto. La oposición y los actores extranjeros deberían aplaudir la liberación de prisioneros por parte del gobierno realizada hasta ahora, al tiempo que deberían pedir aclaraciones sobre el estado de los otros 200 presos políticos reportados y los cargos que aun enfrentan la mayoría de los liberados. Las facciones de la oposición deberían remediar las divisiones internas y desarrollar una estrategia más coordinada, además de hacer demandas más realistas. Deberían a su vez reconocer que la próxima ronda de negociaciones puede prolongarse, que es poco probable que el presidente Ortega renuncie, e incluso, si las elecciones llegaran a celebrarse anticipadamente, estas no ocurrirían en los próximos meses. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los EE. UU., deberían mantener viva la amenaza de nuevas sanciones si el gobierno impide avanzar. Las sanciones, si llegan a ser necesarias, deberían estar bien calibradas: multilaterales en lugar de unilaterales, dirigidas específicamente a funcionarios y empresas clave, y acompañadas de parámetros claros sobre cómo podrían levantarse. Para monitorear el cumplimiento de los acuerdos, organismos regionales y multilaterales, incluidas delegaciones de derechos humanos, deberían poder regresar a Nicaragua.

Las partes, suponiendo que retomen las negociaciones, deberían dirigir sus
esfuerzos hacia lograr acuerdos sobre los siguientes puntos esenciales:

• Elecciones creíbles y posiblemente anticipadas, aunque no anteriores a finales de 2020, a fin de tener suficiente tiempo para llevar a cabo reformas electorales necesarias. Dichas reformas deberían tener como base los acuerdos pasados entre el gobierno y la OEA, e incluir la reforma del Consejo Supremo Electoral.
• El establecimiento de una Comisión de la Verdad compuesta por representantes nombrados por la oposición y el gobierno, y potencialmente con la participación de expertos internacionales. Su mandato debería ir más allá de investigar y garantizar la rendición de cuentas por la violencia del año pasado, al evaluar las causas fundamentales de los ciclos de conflicto armado recurrentes en Nicaragua.

El presidente Ortega probablemente accedió a reanudar las negociaciones para resguardar su gobierno en un momento de gran debilidad económica y política; parte de su estrategia de negociación ha consistido en extender las negociaciones al máximo y agotar a la oposición. Esta estrategia es arriesgada, pues la paciencia de la oposición y las potencias extranjeras se podría agotar, lo que llevaría a un aumento de la presión regional e internacional que Ortega está determinado a reducir. Al liberar los presos políticos, parece que Ortega ha elegido el camino más adecuado. Debería entonces construir sobre este gesto encomiable, implementando a cabalidad los acuerdos existentes y buscando un acuerdo duradero que ayude a su gobierno a evadir la condena internacional, así como nuevas sanciones, evitar el deterioro económico y prevenir futuros disturbios.

Bogotá/Bruselas, 13 de junio de 2019

Hace poco más de un año, Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, se vio envuelto en un levantamiento repentino y masivo, pero en gran medida imprevisible, contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Previamente a la cabeza del gobierno revolucionario que asumió el poder en 1979 después de que la guerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocara al dictador Anastasio Somoza Debayle, Ortega libró una guerra civil de diez años contra una insurgencia patrocinada por los EE. UU. antes de perder las elecciones y entregar el poder en 1990. Sin embargo, incluso tras entregar el poder, mantuvo un fuerte control sobre las instituciones nacionales. Al regresar al poder en 2007, encaminó al país hacia un rápido crecimiento económico y a unas de las tasas de violencia criminal más bajas de Centroamérica, aunque en perjuicio de los controles y equilibrios democráticos. El descontento público surgió en abril de 2018, cuando reformas a la seguridad social provocaron protestas masivas^[fn]Para obtener más información sobre el sistema de gobierno de Ortega y los eventos del año pasado, consulte el Informe de Crisis Group para América Latina N°72, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, 19 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Miles de personas salieron a las calles para exigir un cambio, pero fueron atacadas por la policía y unidades parapoliciales, lo que resultó en cientos de muertos, principalmente del lado de los manifestantes^[fn]Al 15 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó 325 muertes en relación con el levantamiento del año pasado. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, que es cercana al gobierno, ha reportado 253 muertes. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos registró 568, mientras que el gobierno reconoce solo 199 muertes. “Informe anual 2018. Capitulo IV B. Nicaragua”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de marzo de 2019. “III informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz a la Honorable Asamblea Nacional”. Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, 5 de febrero de 2019. “ONG establece en 568 el número de muertos en crisis de Nicaragua”, El Diario, 4 de abril de 2019.Hide Footnote .

El gobierno y los líderes de la protesta han tratado de resolver sus diferencias a través del diálogo en dos ocasiones. La primera ronda comenzó en mayo de 2018 cuando, en el punto más álgido de las protestas, el gobierno pidió un diálogo nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, creada por los líderes de la iglesia católica como un medio para representar a los manifestantes y líderes empresariales descontentos en estas negociaciones, le dio un rostro a lo que fue hasta entonces un movimiento de oposición disperso y en gran parte espontáneo^[fn]La Alianza Cívica se compone por miembros de cuatro organizaciones del sector privado, el movimiento de campesinos, grupos que representan a las regiones de Nicaragua, estudiantes y la sociedad civil.Hide Footnote . El principal interés del presidente Ortega durante estas negociaciones era levantar los tranques, barricadas improvisadas situadas por los manifestantes a lo largo de las principales vías que habían paralizado el país. Pero, ante la continua violencia del Estado y la negativa de los manifestantes a levantar las barricadas, que habían debilitado las negociaciones, Ortega optó por despejar las vías por la fuerza, dispersar a los manifestantes y abandonar las negociaciones en julio de 2018. Durante los meses siguientes, Ortega mostró escaso interés en reanudar las negociaciones, después de haber amedrentado casi todo el malestar social. Sin embargo, una inesperada segunda ronda de negociaciones se inició en febrero de este año, dando como resultado la firma de dos acuerdos que comprometieron al gobierno a liberar a cientos de presos políticos antes del 18 de junio y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos^[fn]Para más información sobre las razones detrás de la reanudación del diálogo nacional, ver Crisis Group, “¿Calma después de la tormenta o trampa? El sorpresivo regreso de Nicaragua a las negociaciones”, 6 de marzo de 2019. “Asimetría y desequilibrio político en la negociación”, Confidencial, 25 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Este informe evalúa los avances alcanzados en el diálogo, explora sus falencias y sugiere pasos concretos que los actores nacionales e internacionales, particularmente la OEA, la UE y los EE. UU., podrían tomar para avanzar hacia una tercera ronda de negociaciones y resolver problemas pendientes. Tiene como base docenas de entrevistas entre enero y junio de 2019 con diplomáticos, líderes religiosos y cívicos, académicos, expertos en seguridad, derechos humanos y justicia transicional, organizaciones de víctimas y grupos de oposición, incluidas organizaciones estudiantiles, organismos del sector privado, políticos en Nicaragua y exiliados nicaragüenses en Costa Rica. No fue posible hablar con ningún funcionario del gobierno, a pesar de varias solicitudes, por lo que el informe recurre a declaraciones oficiales, artículos de medios de comunicación gubernamentales y conversaciones con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz designada por el gobierno^[fn]La Comisión fue creada por la Asamblea Nacional controlada por el FSLN en medio de protestas, el 29 de abril. El nombramiento de sus cinco componentes no fue precedido por consultas previas con la sociedad civil o representantes de las víctimas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entregó algunas recomendaciones al gobierno para garantizar su legitimidad. La oposición lo acusa de ser indulgente con el gobierno. “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de junio de 2018, p. 84.Hide Footnote .

The Commission was created by the FSLN-controlled National Assembly amid protests, on 29 April. The appointment of its five components was not preceded by prior consultations with civil society or victims’ representatives, according to the Inter-American Commission on Human Rights, which handed some recommendations to the government in order to guarantee its legitimacy. The opposition accuses it of being lenient toward the government. “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, Inter-American Commission on Human Rights, 21 June 2018, p. 84.Hide Footnote

Ortega tenía buenas razones para reanudar las negociaciones con la oposición. Aunque mantiene el respaldo de las principales instituciones estatales y las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía, su posición se ha vuelto más débil y algunos ex aliados han comenzado a desertar^[fn]El procurador general Hernán Estrada, un ministro de gobierno y al menos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han renunciado hasta el momento, incluido Rafael Solís, quien fue padrino en la boda de Ortega con Rosario Murillo en 2005. Aunque el primero argumentó razones de salud, el último firmó una carta condenando a la pareja presidencial por su gestión de la crisis. “Nicaragua closer to new civil war than ever before, judge warns”, The Guardian, 11 de enero de 2019.Hide Footnote . Las sombrías perspectivas económicas, su popularidad interna en declive y la creciente presión regional e internacional tanto hacia su gobierno como hacia su aliado clave Venezuela, parecen haber convencido al presidente y a la primera dama y a su vez vicepresidenta Rosario Murillo, de que la mejor opción de supervivencia política radicaba en regresar a la mesa de negociación^[fn]Según la encuesta de Latinobarómetro de 2018, el índice de aprobación del gobierno bajó de 67 a 23 por ciento en el lapso de unos pocos meses del año pasado, mientras que la confianza general en las fuerzas de seguridad y otras instituciones se redujo a la mitad. Una reciente encuesta nacional realizada por Borge y Asociados sugiere que estas bajas calificaciones se han mantenido relativamente estables desde entonces, con el 22 por ciento de los entrevistados diciendo que todavía votaría por Ortega, a pesar de que el 41 por ciento se identificó como sandinistas. “Informe 2018”, Corporación Latinobarómetro, 9 de noviembre de 2018. “El 87 por ciento de los nicaragüenses está a favor del diálogo”, El Nuevo Diario, 21 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Se puede alegar que el pronóstico económico jugó un papel clave, dado que el crecimiento en el país depende en gran medida del sector privado, el cual ha sido un componente decisivo de la oposición desde el estallido de las protestas del año pasado. De hecho, es poco probable que Nicaragua pueda retomar el crecimiento sin un acuerdo negociado que cuente con la confianza de los líderes empresariales. La ola de violencia política del año pasado acabó con la confianza de los mercados financieros internacionales y de las corporaciones multinacionales, ganada con gran esfuerzo por parte de Ortega y sus antecesores. Todas las principales instituciones calificadoras financieras bajaron los indicadores financieros de Nicaragua y su perspectiva económica, mientras que su economía se contrajo en aproximadamente cuatro puntos en 2018, según varias fuentes, incluido el mismo Banco Central de Nicaragua^[fn]“Banco Central de Nicaragua: Economía decreció 3.8% en 2018”, El Nuevo Diario, 31 de marzo de 2019. “Los cambios aplicados por las calificadoras de riesgo en la región en 2018”, Estrategia y Negocios, 19 de febrero de 2019.Hide Footnote . Las reservas de moneda extranjera se redujeron en un tercio y ahora están por debajo de los dos mil millones de dólares^[fn]“Reservas internacionales caen 33.1 por ciento en solo nueve meses en Nicaragua”, La Prensa, 8 de abril de 2019.Hide Footnote .

Las perspectivas para 2019 parecen ser también desalentadoras. El Fondo Monetario Internacional recientemente revisó su pronóstico económico, indicando una caída no del 1, sino del 5 por ciento en el PIB^[fn]Consulte los informes de Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2018 y abril de 2019 del Fondo Monetario Internacional en: https://bit.ly/2VEBZPG.Hide Footnote . Otros predicen una caída mucho más pronunciada^[fn]La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estima que el PIB caerá entre un 7 y un 11 por ciento este año, mientras que el economista Néstor Avendaño teme que caiga en picada en un 20 por ciento. “Without a political agreement, Nicaragua’s economy goes into free fall”, Confidencial, 10 de abril de 2019.Hide Footnote . De hecho, la ausencia de líneas de crédito y los efectos de una controvertida reforma fiscal llevada a cabo en febrero han aumentado los costos de producción entre un 20 y un 28 por ciento, y es probable que afecten al sector de exportaciones, que representa alrededor de la mitad del PIB del país^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica y sector privado, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote . Los préstamos de $100 millones y $200 millones de dólares, ofrecidos respectivamente por Taiwán y el Banco Centroamericano de Integración Económica representan un alivio a corto plazo. Pero evitar un desplome económico dependerá en gran medida de resolver la crisis de una manera que satisfaga algunas de las aspiraciones de la oposición, la sociedad civil y el sector privado^[fn]Los actores destacados de la Alianza Cívica son el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (AmCham), y la Unión de Productores Agropecuarios (UPANIC).Hide Footnote .

La amenaza de nuevas sanciones, particularmente después de las medidas de EE. UU. contra Venezuela, igualmente influyó en el cálculo de Ortega. De manera reveladora, éste anunció las negociaciones apenas dos días antes de la fecha acordada por la oposición venezolana, con el respaldo de numerosos países, para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, lo cual fue ampliamente percibido en su momento (aunque erróneamente) como un punto de quiebre en la crisis venezolana^[fn]Muchos observadores vieron la prevista entrada de ayuda del 23 de febrero como un punto de quiebre potencial en la lucha entre Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El fracaso de ese esfuerzo (por las razones descritas en el comentario de Crisis Group, “¿Derrocará la presión al gobierno venezolano?”, 9 de abril de 2019) podría decirse que animó a Ortega a endurecer su posición negociadora.Hide Footnote . EE. UU. ya impuso tres rondas de sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, incluida su esposa y su hijo mayor, mientras que medidas para congelar los ingresos de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, afectaron a la empresa conjunta nicaragüense Albanisa, y su banco filial BANCORP, el cual solicitó permiso del regulador bancario del país para cesar sus operaciones el 24 de abril^[fn]Las sanciones se impusieron bajo la Ley Global Magnitsky en julio de 2018 a Francisco Díaz, jefe de la policía nacional; Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la alcaldía de Managua; y Francisco López, tesorero del partido gobernante del país. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en noviembre sancionando a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad nacional Néstor Moncada Lau. En un intento por eludir las sanciones de EE. UU. a los negocios relacionados con PDVSA impuestas a fines de enero, el gobierno de Nicaragua nacionalizó Bancorp el 7 de marzo, pero el banco, junto con el hijo del presidente Ortega, Laureano Ortega, posteriormente fueron objeto de sanciones directas del Departamento del Tesoro de EE. UU. el 17 de abril. “Nicaragua’s Bancorp asks to cease operations after U.S. sanctions”, Reuters, 24 de abril de 2019.Hide Footnote . La UE también ha amenazado con imponer sanciones, mientras que en enero la OEA comenzó a discutir, a petición de su Secretario General, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo cual podría resultar en la expulsión del país^[fn]El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana prevé que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”. Tales decisiones pueden incluir encomendar a la institución para que resuelva la crisis haciendo uso de sus buenos oficios, pero si eso no tiene éxito o la situación es urgente, el Consejo Permanente puede convocar a la Asamblea General, que es el único órgano que puede votar para expulsar al país. “Carta Democrática Interamericana”, Organización de los Estados Americanos, 11 de septiembre de 2001.Hide Footnote . Esto, a su vez, aislaría aún más a Nicaragua y posiblemente pondría en peligro su acceso al crédito internacional.

Pero si al recurrir al diálogo, Ortega pretendía aliviar la presión extranjera, solo obtuvo resultados parciales. Aunque por ahora ha logrado evitar las sanciones de la UE, los altos funcionarios de los EE. UU. mantuvieron su posición firme, y prometieron que su gobierno caería^[fn]El asesor de seguridad de EE. UU., John Bolton, tuiteó el 21 de febrero: “Como dijo el presidente Trump el lunes, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre”. También afirmó falsamente en un tweet que el comunicado emitido por el G7 el 9 de abril pedía la restauración de la democracia en Nicaragua, mientras que solo hacía referencia a Venezuela. Ver tweets aquí: https://bit.ly/2Vabgyg; https://bit.ly/2URYLaB.Hide Footnote . Luego, cuando las negociaciones se estancaron, los EE. UU. convocaron al Consejo Permanente de la OEA el 5 de abril para evaluar la situación política del país, un paso adelante hacia la plena aplicación de la Carta Democrática, que podría culminar en la Asamblea General de la OEA el próximo 26 de junio en Medellín, e impusieron nuevas sanciones. El Consejo Permanente se reunió nuevamente el 21 de mayo, aprobando una resolución que solicita al gobierno liberar a los presos políticos, emprender reformas electorales y permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regrese al país. De igual forma se comprometió a debatir la situación de Nicaragua en la Asamblea General^[fn]“Consejo Permanente de la OEA aprobó resolución sobre la situación en Nicaragua”, Organización de los Estados Americanos, 21 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Ortega reaccionó con dureza ante la última ronda de sanciones de EE. UU., calificando como  “miserias humanas” a quienes celebran su imposición en un discurso público el 30 de abril, y condicionando el avance en las negociaciones a que la oposición se uniera a un llamado para levantarlas. Pero su gobierno cambió de tono ante la resolución de la OEA de mayo, publicando un documento en el que reiteraba su compromiso de cumplir con los acuerdos firmados y abordar los asuntos pendientes^[fn]“Gobierno de Nicaragua da a conocer el Programa y Complemento de Trabajo para consolidar Estabilidad y Paz”, El 19 Digital, 23 de mayo de 2019.Hide Footnote . Las reacciones contrarias de Ortega sugieren que está dispuesto a evitar la expulsión de la OEA u otras medidas de los EE. UU., en particular las de la ley conocida como “Nica Act”, incluso cuando expresa su indignación ante lo que él describe como intimidación extranjera^[fn]La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (o Nica Act), aprobada por el presidente Trump en diciembre de 2018, está dirigida a funcionarios nicaragüenses relacionados con violaciones de derechos humanos y limita la capacidad del gobierno nicaragüense para obtener préstamos multilaterales para el desarrollo. También ordena al Secretario de Estado Mike Pompeo que informe al Congreso antes de junio sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y posiblemente sugiera nuevas sanciones. “Nicaragua: Ortega tries to stop sanctions”, Havana Times, 3 de mayo de 2019.Hide Footnote .

The Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 – or Nica Act – signed into law by President Trump in December 2018, targets Nicaraguan officials associated with human rights violations and constrains the Nicaraguan government’s ability to obtain multilateral development loans. It also instructs Secretary of State Mike Pompeo to report to Congress before June on the human rights situation in Nicaragua and possibly suggest new sanctions. “Nicaragua: Ortega tries to stop sanctions”, Havana Times, 3 May 2019.Hide Footnote

Los renovados esfuerzos de diálogo parecen ser populares entre muchos nicaragüenses agotados por la conmoción del año pasado; encuestas recientes sugieren que cerca del 90 por ciento está a favor de una solución negociada^[fn]“El 87 por ciento de los nicaragüenses está a favor del diálogo”, El Nuevo Diario, 21 de marzo de 2019.Hide Footnote . Pero hasta ahora las negociaciones se han visto obstaculizadas por una enorme desconfianza y sospecha mutua, así como por el distanciamiento entre los negociadores y los activistas en ambos lados, el escepticismo en cuanto a la neutralidad de los mediadores y la falta de unión de la oposición.

La narrativa de ambas partes sobre la crisis diverge marcadamente. El gobierno describe los eventos del año pasado como un intento de golpe de Estado por parte de grupos terroristas financiados por los EE. UU.^[fn]El gobierno ha declarado repetidamente que sobrevivió un intento de golpe de Estado, en el que el terrorismo se disfrazó de protesta pacífica. “Nicaraguan Foreign Minister addresses UN General Assembly for Ortega”, Havana Times, 1 de octubre de 2018. “Presidente Daniel Ortega llama a tomar el camino de la paz”, El 19 Digital, 13 de julio de 2018. Para mayor información sobre la crisis consulte el Informe de Crisis Group para América Latina N°72, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, 19 de diciembre de 2018.  Según miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, el levantamiento fue un intento por erradicar el sandinismo, el movimiento que llegó al poder en 1979 tras derrocar al dictador Somoza. Sostienen que los medios de comunicación inventaron historias de represión estatal, mientras que los sandinistas fueron atacados por manifestantes violentos y armados, y afirman que la primera persona en morir fue un oficial de policía. Citan esto como la razón por la cual al gobierno le resulta difícil convencer a su base para que apoye el diálogo^[fn]Estos funcionarios afirman que sandinistas o incluso empleados públicos algunas veces tenían que disfrazarse de manifestantes para no ser atrapados en los tranques, donde podrían ser atacados, secuestrados o incluso torturados. Entrevista de Crisis Group, miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Managua, 2 de abril de 2019. Para más información sobre la versión de los hechos de la Comisión, consulte sus diferentes informes: https://bit.ly/2Wn8Ytb.Hide Footnote . Por su parte, la oposición denuncia los instintos autoritarios del gobierno y violaciones a derechos humanos, principalmente debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y unidades parapoliciales, alegatos ampliamente respaldados por organizaciones internacionales de derechos humanos^[fn]Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, hacen referencia a una represión excesivamente violenta por parte de las fuerzas de seguridad en protestas mayormente pacíficas. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, Managua, enero y abril de 2019. “Nicaragua: Informe de expertos independientes afirma que el gobierno del presidente Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad”, Amnistía Internacional, 21 de diciembre de 2018.Hide Footnote .

Muchos activistas y líderes de la oposición tuvieron reservas sobre la forma en la que se reanudaron las negociaciones y la composición de los equipos negociadores. Temían que una segunda ronda de diálogos no fuera más que una estrategia del gobierno para ganar tiempo, evitar la presión externa, explotar las debilidades de la oposición y exacerbar sus divisiones internas. Muchos líderes de la Alianza Cívica permanecían detenidos o en el exilio, particularmente aquellos de sus ramas estudiantiles, feministas y rurales, quienes encabezaron el levantamiento^[fn]De acuerdo con el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, una organización compuesta principalmente por madres de manifestantes detenidos, al menos 731 personas fueron detenidas por participar en el levantamiento. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó recientemente que unos 62 000 nicaragüenses han sido obligados a abandonar sus hogares, de los cuales 55 500 han buscado refugio en Costa Rica. Es difícil obtener estimaciones confiables de los forzados al exilio, ya que muchos ingresaron ilegalmente a la vecina Costa Rica y no se registraron ante las autoridades nacionales de migración. Entrevista de Crisis Group, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, San José, 5 de febrero de 2019. “Nicaragua crisis: One year in, more than 60,000 have fled, seeking refuge”, UN News, 16 de abril de 2019. “Refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica: problemas y propuestas de solución”, Panóptico, 2019.Hide Footnote . Como resultado, y en parte debido a sus vínculos cercanos con Ortega en el pasado, el sector privado ha asumido un papel de liderazgo, abriendo un canal de comunicación con el gobierno y asegurando la mitad de los escaños en el equipo negociador de la Alianza Cívica^[fn]Ortega mantuvo una relación de “diálogo y consenso” con el sector privado en los últimos años, interrumpida por la crisis del año pasado. Su anuncio de retomar el diálogo fue precedido por una reunión entre él y algunos empresarios prominentes (aunque no miembros de la Alianza Cívica) el 16 de febrero, con la participación del nuncio papal Waldemar Sommertag y el Cardenal Brenes. Esto ocurrió poco después de la visita de una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de mantener negociaciones exploratorias. Entrevista de Crisis Group, académica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote . A algunos miembros de la oposición les preocupa que los vínculos entre el gobierno y los líderes empresariales, y su interés mutuo por detener el declive económico del país, puedan generar un acuerdo elitista que ignore sus aspiraciones, similar al pacto alcanzado entre el entonces líder opositor Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán en el año 2000^[fn]El pacto “Ortega-Alemán” parceló la representación en la Corte Suprema, las autoridades electorales y la Fiscalía General entre el FSLN y el partido de Alemán, el Partido Liberal Constitucionalista. También incluyó una reforma electoral hecha a la medida, que benefició al FSLN al permitir que un candidato pueda ganar las elecciones presidenciales al obtener un 35 por ciento o más de los votos en la primera vuelta y una ventaja del 5 por ciento sobre el siguiente candidato. Esta cifra coincide con la base histórica de votación del partido. “Política nacional sellada por el pacto”, La Prensa, 30 de diciembre de 2001.Hide Footnote .

Sin embargo, el equipo negociador de la Alianza se ha mantenido hasta ahora firme en las demandas de la oposición, incluida la liberación de los presos políticos, elecciones anticipadas y la necesidad de que instituciones internacionales supervisen la implementación de los acuerdos. La propia comunidad empresarial se ha unido a la posición de consenso. Un representante de la Alianza declaró,  “el sector privado ha calculado los costos y beneficios de cada alternativa, incluida una posible realineación con el gobierno, y llegó a la conclusión de que un acuerdo político satisfactorio y una transición ordenada son las únicas opciones viables para resolver la situación”^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019, y otro miembro de la Alianza Cívica, Managua, 31 de enero de 2019.Hide Footnote .

Crisis Group interviews, member of the Civic Alliance, Managua, 5 April 2019, and another member of the Civic Alliance, Managua, 31 January 2019.Hide Footnote

Actores internacionales que desempeñaron un papel prominente en la reanudación del diálogo ahora actúan como acompañantes oficiales del mismo. Estos incluyen al nuncio papal Waldemar Stanislaw Sommertag y al Representante Especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, quienes han ayudado a superar en lo posible la intransigencia de ambas partes e intercedieron en momentos de alta tensión. El nuncio, por ejemplo, participó en los primeros intentos de diálogo el año pasado y, en el momento de mayores hostilidades, intervino junto con obispos nicaragüenses para asegurar la liberación de detenidos y evitar una posible masacre cuando estudiantes manifestantes fueron acorralados en una iglesia de Managua^[fn]“Nicaragua students freed from church after violent night; one killed”, Reuters, 14 de julio de 2018.Hide Footnote . Rosadilla, un ex guerrillero uruguayo, fue miembro de la delegación de la OEA que se acercó al gobierno en febrero y también trabajó junto al gobierno en un plan de reforma electoral en 2017^[fn]Las conversaciones entre el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno comenzaron en octubre de 2016, cuando Almagro envió un informe al gobierno expresando preocupación por las irregularidades en las elecciones que Ortega ganó en noviembre. Las partes finalmente firmaron un memorando de entendimiento el 28 de febrero de 2017, en el que se establecieron dos áreas de cooperación: una de política-electoral, que prevé el despliegue de una misión electoral de la OEA para observar las elecciones locales en noviembre de 2017, y el apoyo técnico para mejorar el registro electoral; y otra área institucional, que incluya el fortalecimiento de las normas constitucionales destinadas a afrontar el transfuguismo político. “Nicaragua y Secretaría General OEA suscriben acuerdos”, El 19 Digital, 28 de febrero de 2017.Hide Footnote . Su presencia es un signo tanto de la importancia de la reforma electoral en un potencial acuerdo como del deseo del gobierno de evitar un mayor deterioro en las relaciones con la OEA.

Dicho esto, las figuras más férreas de oposición ven el papel de ambos hombres con cautela. Acusan al nuncio de ser demasiado cercano al gobierno y cuestionan su imparcialidad. Según varios medios de comunicación, durante una visita a la prisión de La Esperanza el 11 de marzo, el nuncio reprendió a los presos políticos que estaban en huelga de hambre como protesta en contra de que las negociaciones se celebraran antes de su liberación^[fn]“Crónica de una interrogante aNunciada”, Confidencial, 17 de marzo de 2019.Hide Footnote . El 10 de abril, después de que algunos obispos expresaran su desacuerdo con las nuevas negociaciones, el Papa trasladó a Roma al Monseñor Silvio Báez, un crítico gubernamental de larga data. El traslado parece resaltar la disposición del Vaticano para satisfacer algunas de las demandas de Ortega si esto resulta en una mayor disposición para negociar de su parte. El nuncio ha rechazado repetidamente las acusaciones en su contra, defendiendo su imparcialidad y negando su participación en la decisión del Papa^[fn]Entrevistas de Crisis Group, académica y nuncio papal, Managua, 5-6 de abril de 2019.Hide Footnote . Los líderes de la oposición también han criticado a Rosadilla por no haberse manifestado contra el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno^[fn]“Caricatura del día – La reacción de los testigos”, Confidencial, 7 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Las divisiones internas de la oposición han impedido el progreso de las negociaciones y han limitado el respaldo del público hacia sus resultados. Las relaciones de la Alianza Cívica con el más amplio frente de oposición, la Unidad Nacional Azul y Blanco, están marcadas por la desconfianza^[fn]La Unidad Nacional Azul y Blanco es la plataforma de oposición más amplia creada en octubre para complementar la agrupación más estrecha de la Alianza Cívica. Ahora comprende 72 organizaciones, que representan cinco sectores principales: jóvenes y estudiantes; sociedad civil; partidos políticos; organizaciones regionales; y organizaciones de víctimas.Hide Footnote . Esto dificulta la coordinación y ha creado una brecha entre el ritmo y la intensidad de las protestas callejeras por un lado y el progreso en las negociaciones por el otro. La Unidad Nacional a su vez también se encuentra dividida internamente. La presencia dentro de sus filas de líderes de fuerzas políticas tradicionales ha suscitado preocupaciones entre los sectores de base (como la llamada Articulación de Movimientos Sociales) de que la Unión Nacional pueda resultar usada como vehículo electoral, explotando la energía del movimiento cívico al servicio de ambiciones personales o partidistas^[fn]Para algunos de sus miembros, la Unidad Nacional debería ser una plataforma política que compita en futuras elecciones. Para otros, debería mantener su vocación cívica, servir de contrapeso a la Alianza Cívica y exigir mayores concesiones al gobierno, mientras pone a prueba la adhesión del gobierno a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, en particular los relacionados con el respeto al derecho de reunión pacífica, a través de “presión callejera” doméstica. Entrevista de Crisis Group, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Managua, 2 de abril de 2019.Hide Footnote . Las organizaciones que representan a las víctimas de la represión del año pasado se sienten particularmente subrepresentadas^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de una organización de víctimas, Managua, 1 de abril de 2019.Hide Footnote . Además, los miembros de la Unidad en todo el país se quejan de que no saben quién coordina las acciones a nivel nacional y, a menudo, no reciben respuestas de Managua^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, León, 3 de abril de 2019.Hide Footnote .

A su vez, hace falta una línea clara de comunicación entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. Los líderes de la Alianza Cívica se preocupan por lo que consideran un proceso de toma de decisiones caótico de la Unión y argumentan que los puntos de vista más cerrados (que favorecen el derrocamiento del gobierno a través de las protestas callejeras y el establecimiento de una junta de transición) están sobre representados. Esto, dicen, socava las perspectivas de una solución política más realista y negociada. Por su parte, los miembros de la Unidad Nacional se quejan de la supuesta falta de transparencia de la Alianza y temen que ya haya escogido a un candidato para las próximas elecciones presidenciales^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Managua, 2 de abril de 2019, y miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote .

Crisis Group interviews, member of the Blue and White National Unity’s political council, Managua, 2 April 2019, and member of the Civic Alliance, Managua, 5 April 2019.Hide Footnote

El segundo diálogo fue fuertemente criticado por algunos miembros de la oposición, sin embargo, fue descrito por el nuncio papal como “una flor nacida donde durante diez meses había habido un desierto”^[fn]Entrevista de Crisis Group, nuncio papal, Managua, 6 de abril de 2019.Hide Footnote . Los esfuerzos de las autoridades por sofocar a la disidencia, intensificados en la segunda mitad de 2018, fueron reemplazados por un aparente enfriamiento político cuando las dos partes se encontraron cara a cara en el campus de una escuela de negocios en Managua. El gobierno ha liberado progresivamente o trasladado a casi 500 detenidos a arresto domiciliario, lo que les permite regresar a sus hogares después de meses en condiciones de encarcelamiento extremas^[fn]Numerosos testimonios hablan de amenazas y violencia policial, celdas en condiciones inhumanas y las consecuencias médicas y psicológicas del sufrimiento de los presos. Entrevistas de Crisis Group, asesor del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, 30 de enero de 2019; miembro de un movimiento político juvenil, Managua, 5 de abril de 2019. “Reprograman juicio contra Lucía Pineda, Miguel Mora y Edwin Carcache”, El Nuevo Diario, 29 de abril de 2019.Hide Footnote .

La movilización cívica también se reavivó un poco, ya que la presencia de la policía disminuyó ligeramente en Managua después de meses en los que las calles de la capital permanecieron custodiadas por agentes antidisturbios que advertían a los ciudadanos en contra de manifestarse. La Unidad Nacional retomó la organización de protestas regulares aunque en menor escala, a pesar de que las manifestaciones sin permiso previo estaban prohibidas por una orden policial aún vigente^[fn]En septiembre de 2018, la policía nicaragüense emitió un comunicado en el que señalaba que cualquier manifestación requeriría de su permiso, y ha rechazado repetidamente solicitudes desde entonces.Hide Footnote . Estas marchas provocaron respuestas policiales contundentes, pero no tan severas como las del año pasado; en lo que va del año, ningún manifestante ha sido asesinado en el transcurso de las manifestaciones y las detenciones han sido breves. En general, el gobierno no ha respondido tan violentamente como el año pasado a la disidencia, ya sea para limitar la condena internacional o porque las protestas más recientes han sido moderadas.

Estos avances se derivan del progreso en las negociaciones. Las partes acordaron el formato de las negociaciones y una agenda de seis puntos para estas, y firmaron dos acuerdos los días 27 y 29 de marzo respectivamente. El primero comprometía al gobierno a liberar a las personas detenidas en relación con el levantamiento de 2018; el segundo, a respetar los derechos de los ciudadanos, incluida la reforma de leyes existentes cuando resulte necesario. Desde entonces, el gobierno ha hecho grandes avances en la liberación de los presos, mientras que se ha quedado corto en cuanto a los compromisos contraídos en el segundo acuerdo. Aun así, estos acuerdos representan un nuevo parámetro que los actores internacionales pueden utilizar para evaluar el desempeño de Managua y, si se cumplen, una base para iniciar una tercera ronda de negociaciones^[fn]Para más información sobre la hoja de ruta, visite el sitio web de la Alianza Cívica en: https://bit.ly/2P6rl2. Para más información sobre la agenda “Séptimo comunicado del encuentro por el entendimiento y la paz en Nicaragua”, La Voz del Sandinismo, 20 de marzo de 2019.Hide Footnote .El primer acuerdo establece un plazo de 90 días para la liberación de todos los presos mencionados previamente y el fin de los procedimientos legales en su contra. El Comité Internacional de la Cruz Roja debería supervisar el proceso, comenzando por establecer una lista de presos (con base en los nombres proporcionados por el gobierno y la oposición) hasta supervisar su liberación^[fn]“Acuerdo de liberación de personas privadas de libertad”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 30 de marzo de 2019.Hide Footnote . Las primeras listas fueron presentadas por la Cruz Roja el 8 de abril, pero revelaron una brecha significativa entre las estimaciones del gobierno y las de la oposición: solo 232 personas aparecieron en ambas, lejos de las más de 700 que la oposición afirmó que languidecían en la cárcel^[fn]La Alianza Cívica declaró recientemente que sus listas de detenidos y las del gobierno difieren en 89 personas, mientras que el Comité Pro Liberación de Presos Políticos ha pedido al gobierno que aclare la ubicación o el estado legal de otros 102 presos. Entrevista de Crisis Group, asesor del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, abril-mayo de 2019. “Cruz Roja confirma 230 presos listos para ser liberados”, Confidencial, 9 de abril de 2019. “Fueron liberados, no cometieron ningún delito”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 11 de junio de 2019.Hide Footnote . A la fecha, el gobierno ha cumplido parcialmente con sus obligaciones: casi 500 presos han sido liberados hasta el momento, aunque solo la mitad fueron retirados de la cárcel bajo supervisión de la Cruz Roja, según lo previsto en el acuerdo, lo que ha creado confusión respecto al número total de liberados y la integridad del proceso. Además, casi 400 de los presos liberados están todavía bajo arresto domiciliario. En general, el gobierno ha utilizado las liberaciones como muestras de buena voluntad en momentos en que los críticos nacionales y extranjeros cuestionaron su disposición para cumplir las promesas o proseguir con las negociaciones^[fn]El gobierno liberó a 100 presos políticos para marcar el inicio del diálogo el 27 de febrero; 50 el 15 de marzo, mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaba discutiendo una resolución sobre el país; otros 50 el 5 de abril, pocas horas antes de la sesión del Consejo Permanente de la OEA para Nicaragua; 36 el 17 de abril, justo antes del aniversario de las protestas, escondidos en un grupo de otros 600 delincuentes comunes; otros 100 el 20 de mayo, esta vez bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que la Alianza Cívica anunciara su retiro de las negociaciones y el día antes de que la OEA volviera a discutir sobre Nicaragua; 50 el 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua, que en 2018 marcó uno de los picos de violencia de la crisis; y 50 y 56 el 10 y 11 de junio, respectivamente, coincidiendo con las audiencias del Congreso de EE. UU. sobre la situación del país. “Crisis sociopolítica de Nicaragua será abordada nuevamente ante el Congreso de los Estados Unidos”, La Prensa, 4 June 2019Hide Footnote .

Sin embargo, Ortega ha prácticamente cumplido con su promesa. El 8 de junio, el gobierno aprobó una Ley de Amnistía para anular los cargos contra todos aquellos involucrados en los eventos del año pasado, tanto del lado del gobierno como de la oposición. La Alianza Cívica se opuso, argumentando que la ley también proporcionaría inmunidad a las unidades policiales y paramilitares que cometieron delitos en 2018^[fn]“Liberación definitiva e incondicional de todos los presos políticos”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 8 de junio de 2019.Hide Footnote . Aun así, el gobierno procedió a liberar a muchos de los detenidos restantes el 11 de junio en medio de escenas de euforia, incluidos líderes de la Alianza Cívica y periodistas prominentes^[fn]“Liberan a periodistas y líderes sociales de la oposición en Nicaragua”, El País, 11 de junio de 2019.Hide Footnote .

“Liberan a periodistas y líderes sociales de la oposición en Nicaragua”, El País, 11 June 2019.Hide Footnote

A partir de los aportes de la Cruz Roja y las organizaciones de presos, las partes todavía tienen que discutir tres temas conexos. Primero, los equipos de negociación deberían entregar unas listas de presos actualizadas a la Cruz Roja, ya que supuestamente la policía continúa haciendo arrestos. Aunque los arrestos generalmente son por períodos más cortos, algunos presuntamente permanecen en prisión y adicionalmente, las autoridades han acusado a otros de delitos comunes (en vez de terrorismo o conspiración)^[fn]El 22 de mayo, miembros de la Alianza Cívica afirmaron que al menos 42 personas más fueron detenidas en 2019 en relación con el levantamiento del año pasado, y deberían ser consideradas presos políticos. Entrevista de Crisis Group, miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, 1 de abril de 2019. “Régimen orteguista manipula cifras de presos políticos para no liberarlos a todos”, La Prensa, 22 de mayo de 2019.Hide Footnote . Esto también ayudaría a esclarecer la suerte de cientos de presos que no están en la lista del gobierno. En segundo lugar, las partes deberían acordar los casos y crímenes que deberían ser cubiertos por la nueva Ley de Amnistía, y cuáles deberían ser procesados^[fn]La Ley de Amnistía solo se refiere a “delitos políticos” y “delitos comunes conexos" relacionados con los eventos del año pasado. Un fallo judicial de una ley adicional podría proporcionar más detalles. Entrevista telefónica de Crisis Group, experta en justicia transicional, 10 de junio de 2019. Ley 996 publicada en La Gaceta – Diario Oficial n. 108, Gobierno de Nicaragua, 10 de junio de 2019.Hide Footnote . En tercer lugar, las partes deberían considerar la creación de un mecanismo para brindar apoyo médico y psicológico a las personas liberadas con el fin de superar traumas relacionados con la prisión y facilitar su reintegración a la vida civil. Algunos pueden necesitar garantías de seguridad, especialmente si viven fuera de Managua, donde resultan un blanco fácil para los seguidores del gobierno^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, miembro de la Unión de Presos Políticos, 6 de mayo de 2019; funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja, Managua, 2 de abril de 2019; miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, León, 3 de abril de 2019.Hide Footnote . La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido al menos 160 medidas cautelares en nombre de manifestantes encarcelados o liberados^[fn]“La CIDH emitió 143 medidas cautelares en Nicaragua el año pasado”, El Nuevo Diario, 5 de enero de 2019. “Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta medidas provisionales para 17 presos políticos en Nicaragua”, La Prensa, 21 de mayo de 2019.Hide Footnote .

El segundo acuerdo tiene por objeto garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos. El acuerdo de dieciocho puntos aborda cuestiones como el debido proceso legal, derechos políticos y económicos, seguridad, autonomía universitaria, libertad de expresión y el derecho a retornar de los nicaragüenses exiliados. También hace un llamado a las fuerzas de seguridad para desarmar a los grupos armados ilegales y cumplir con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza^[fn]“Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 30 de marzo de 2019.Hide Footnote . Este acuerdo oficialmente entró en vigencia al momento de su firma, pero la implementación de algunos de sus convenios depende de una serie de protocolos que aún deben ser acordados por las partes y podrían incluir cambios a la ley. Aquí también, el desempeño del gobierno parece ser deficiente. Ha cumplido con partes del acuerdo, pero lanzó iniciativas unilaterales que deberían haberse negociado de antemano^[fn]Ha respetado algunas de sus disposiciones, como liberar a nuevos detenidos dentro de un período de 48 horas después de su detención (punto 1) o localizar y confiscar armas ilegales (punto 4).Hide Footnote . Por ejemplo, actuando por cuenta propia, aprobó un “Plan de retorno” para los nicaragüenses exiliados y envió una invitación a la Organización Internacional para las Migraciones para que ayudara con su implementación, a pesar de que la Alianza Cívica se había opuesto a la propuesta^[fn]“Exiliados no tienen garantías de seguridad para volver dice Alianza Cívica”, Diario Metro, 15 de abril de 2019.Hide Footnote .

El tema más apremiante para la oposición concierne el derecho de reunión pacífica. Esto plantea un dilema para Ortega: aprobar todas las solicitudes legalmente admisibles para protestar podría implicar que muchas más personas salgan a las calles, especialmente ahora que se han liberado a los líderes de las protestas del año pasado, pero si limita en exceso este derecho estaría incumpliendo el acuerdo, y probablemente resultaría en un incremento del inconformismo de la opinión pública, así como la crítica internacional. Por ahora, el gobierno parece estar adoptando una posición fuerte contra las protestas, pero evitando la brutalidad extrema del año pasado. De hecho, menos de 24 horas después de lograr el acuerdo en marzo, la policía rodeó una protesta organizada en el centro comercial Metrocentro de Managua y procedió a atacar a la multitud y detener a once personas. La policía argumentó que estaba protegiendo el orden público, y utilizó este mismo argumento para negar a la Unidad Nacional Azul y Blanco el permiso para organizar marchas en abril y mayo. Los oficiales de policía luego disolvieron manifestaciones que, no obstante, tuvieron lugar para conmemorar el primer aniversario de la crisis y otras que se llevaron a cabo durante la semana de Pascua^[fn]Según la Alianza Cívica, al menos 160 personas fueron detenidas temporalmente como resultado. La Alianza denunció esta y otras infracciones del acuerdo a los acompañantes de diálogo el 23 de abril. La Policía Nacional negó los arrestos. “Presentamos carta a testigos, acompañantes y garantes internacionales”, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 23 de abril de 2019. Para la versión de la Policía Nacional, ver “Nota de prensa no.11-2019”, 30 de marzo de 2019; “Resolución no. 02-2019”, 5 de abril de 2019; “Nota de prensa no. 016-2019”, 22 de abril de 2019. https://bit.ly/2WrtKLH.Hide Footnote .

According to the Civic Alliance, at least 160 people were temporarily detained as a result. The Alliance denounced this and other breaches of the agreement to the dialogue companions on 23 April. The National Police denied the arrests. “Presentamos carta a testigos, acompañantes y garantes internacionales”, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 23 April 2019. For the National Police version, see “Nota de prensa no.11-2019”, 30 March 2019; “Resolución no. 02-2019”, 5 April 2019; “Nota de prensa no. 016-2019”, 22 April 2019. https://bit.ly/2WrtKLH.Hide Footnote

Las partes también están en desacuerdo sobre quién supervisará el cumplimiento de este segundo acuerdo. Los líderes de la oposición han solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ambos expulsados por el gobierno de Nicaragua el año pasado) cumplan dicha función, pero permanecen abiertos a la participación de otros organismos extranjeros, como la Secretaría General de la OEA^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote . El ministro de Relaciones Exteriores Moncada justificó la expulsión de dos delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018 argumentando que tanto la OEA como la ONU estaban tratando de “asfixiar al pueblo de Nicaragua” por medio de la “divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”^[fn]Cuando expulsó a la misión del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU el 30 de agosto, Ortega describió a la ONU como “un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia”. “Nicaragua da por concluida la misión de entes de la CIDH y carga contra Almagro”, EFE, 19 de diciembre de 2018. “Nicaragua expels UN human rights mission”, France 24, 31 de agosto de 2018.Hide Footnote .

El gobierno ha propuesto una alternativa para el monitoreo. Está considerando invitar al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuyo presidente, Vinicio Cerezo, es supuestamente cercano a Ortega, como garante, junto con el nuncio papal y la OEA^[fn]Encuentre la propuesta del gobierno en el punto e) en la “Nota de prensa de la Delegación del Gobierno de Nicaragua ante la Mesa de Negociación”, VivaNicaragua, 6 de mayo de 2019.Hide Footnote . El SICA podría desempeñar una función de apoyo, pero tiene poco poder sobre sus estados miembros y una experiencia limitada para enfrentar crisis regionales. Por su parte, el nuncio carece de recursos para supervisar el cumplimiento de un acuerdo tan multifacético. La OEA se está centrando en cuestiones electorales y, con el nuncio, ya actúa como garante del acuerdo sobre los presos políticos. Sin embargo, podría desplegar una delegación en Nicaragua y aprovechar la experiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compensando en parte la ausencia de este último en el país luego de su expulsión el año pasado. Lo ideal sería que el gobierno permitiera que tanto la Comisión como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas regresen, a pesar de las acusaciones que hizo anteriormente en su contra. Como mínimo, debería comprometerse con la ONU y cooperar con ésta previo al informe de la Alta Comisionada que debe presentarse en septiembre^[fn]El informe, precedido por una actualización oral en julio, es solicitado por la resolución A/HRC/40/L.8 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ONU, 9 de abril de 2019.Hide Footnote .

Mientras tanto, a los acompañantes de las negociaciones se les ha dificultado reunir a las partes. Después de que las negociaciones se estancaran en abril, el nuncio y Rosadilla mantuvieron un canal de comunicación abierto con ambas partes y les entregaron una propuesta el 29 de abril para implementar los dos primeros acuerdos. Según la Alianza Cívica, después de llegar a un acuerdo, el gobierno dio marcha atrás y condicionó su aceptación de la propuesta a un llamado conjunto para levantar las sanciones, lo cual ha sido descartado por la Alianza hasta que no se logre llegar a un acuerdo político final^[fn]Las propuestas incluían continuar la liberación de presos políticos en mayo, bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja; la anulación de todos los cargos judiciales contra ellos; y la designación de garantes internacionales para el acuerdo sobre derechos de los ciudadanos. “Dictadura orteguista se burla de los testigos de la mesa de negociación al rechazar propuestas de implementación de los acuerdos”, La Prensa, 29 de abril de 2019.Hide Footnote .

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición actualmente están suspendidas oficialmente, pero existe una fuerte posibilidad de que puedan reanudarse pronto. Desde la suspensión oficial de las negociaciones el 3 de abril, ambas partes se han reunido ocasionalmente para discutir formas de implementar el acuerdo al tiempo que abordan importantes asuntos pendientes. La muerte de Eddy Montes, un preso político con ciudadanía estadounidense, durante un motín en la prisión de La Modelo el 16 de mayo, marcó un punto de quiebre. Durante enfrentamientos en la misma cárcel entre detenidos y guardias resultaron heridos más de 90 presos, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y 21 oficiales, según el Ministerio de Gobernación^[fn]Dado que las versiones policiales y de la oposición de los hechos difieren, la UE y los EE. UU. han pedido a las autoridades nicaragüenses que realicen una investigación exhaustiva e independiente. “U.S. citizen shot dead in Nicaraguan prison was a Navy veteran, critic of President Ortega”, Reuters, 17 de mayo de 2019. “CPDH denuncia que hay más de 90 manifestantes lesionados en La Modelo”, El Nuevo Diario, 20 de mayo de 2019. “Ministerio de Gobernación informa sobre investigaciones abiertas en relación a los sucesos del jueves 16 de mayo”, El 19 Digital, 21 de mayo de 2019.Hide Footnote . Después de reconsiderar su posición, la Alianza Cívica anunció el 20 de mayo que no regresaría a la mesa de negociación hasta que todos los presos políticos fueran liberados^[fn]“Nos retiramos de la mesa hasta la liberación de presos políticos y llamamos a paro nacional”, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 20 de mayo de 2019.Hide Footnote . La Alianza debería exaltar la reciente liberación masiva de presos, y trabajar junto con el gobierno para aclarar el estatus de los detenidos restantes antes de comenzar a una nueva ronda de conversaciones.

La implementación de los acuerdos existentes es crucial para la reanudación de las negociaciones. La Alianza Cívica ha establecido la liberación de todos los presos políticos como su condición para regresar a la mesa de negociación, mientras que la OEA, los EE. UU. y la UE han prometido aumentar la presión si no hay pasos concretos en esa dirección. Si la principal preocupación del gobierno es evitar nuevas sanciones, su siguiente paso debería ser haber cumplido con los acuerdos para el 18 de junio. Las recientes liberaciones de prisioneros son pasos inequívocos en esta dirección, y deberían ser exaltados por las potencias extranjeras y fomentar la buena voluntad de la comunidad internacional hacia Ortega. Una mejor coordinación entre la oposición y una presión constante del exterior podrían persuadir al gobierno para que cumpla sus compromisos, allanando el camino para una tercera ronda de negociaciones centradas en cuestiones electorales y de justicia.

Una combinación de presión interna e internacional podría ayudar a garantizar el cumplimiento continuo del gobierno. Hasta el momento, la disposición de Ortega para comprometerse ha sido proporcional a la presión ejercida por fuerzas internas y externas. Para garantizar que éste continúe siendo el caso antes y después del plazo de junio, las facciones de la oposición deberían tratar de alinear sus estrategias. La Alianza Cívica y el consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco deberían establecer comunicaciones regulares, debatir propuestas y acordar un enfoque para continuar presionando al gobierno y mantener la crisis bajo la lupa internacional. La Unidad Nacional, en particular, tiene la responsabilidad de mantener pacíficas las protestas callejeras. Los esfuerzos conjuntos con la Alianza Cívica a raíz de la huelga nacional del 23 de mayo marcaron un paso adelante, pero el grupo debería considerar ir más allá de los llamados a manifestarse aumentando la coordinación interna y aprovechando su amplio alcance nacional para generar respaldo hacia los esfuerzos de negociación de la Alianza.

Por su parte, los gobiernos extranjeros y los organismos regionales, en especial la OEA, la UE y los EE. UU., deberían alinear sus políticas hacia Nicaragua y advertir conjuntamente al gobierno que tomarán medidas adicionales, incluida la imposición de nuevas sanciones, si Ortega no cumple sus promesas. EE. UU. debería evitar dar pasos unilaterales; en general, debería dejar de sugerir que su objetivo es derrocar al gobierno de Ortega. Las sanciones, de ser necesarias, deberían centrarse en los activos comerciales individuales o estatales en lugar de todo el país. Excluir a Nicaragua de los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los EE. UU. y el Acuerdo de Asociación con la UE, sería imprudente ya que perjudicaría principalmente a los pobres^[fn]Funcionarios estadounidenses han filtrado que el gobierno de Trump está considerando expulsar a Nicaragua del CAFTA. En cuanto a la UE, mientras que su Consejo de Asuntos Exteriores no se refirió a medidas específicas, el Parlamento Europeo lo exhortó a considerar la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación. “After NAFTA fight, Trump threatens another trade battle with Central America”, McClatchy, 9 de enero de 2019. Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua, 14 de marzo de 2019. “Nicaragua: el Consejo adopta Conclusiones”, Consejo de la UE, 21 de enero de 2019.Hide Footnote . Por su parte, la OEA solo debería expulsar a Nicaragua como último recurso, ya que hacerlo podría tener consecuencias no deseadas, incluida la cancelación del plan de reforma electoral que acordó con el gobierno^[fn]La última vez que se aplicó por completo la Carta Democrática Interamericana fue en 2009, cuando Honduras fue expulsada tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya. El objetivo de la medida era revertir el golpe, pero resultó infructuoso, y pasaron dos años antes de que el país se reincorporara a la organización. “Para que los hechos no se repitan”, Comisión de la Verdad y Reconciliación, julio de 2011, p.29.Hide Footnote . Por último, los actores internacionales deberían indicar que la atenuación de las sanciones existentes y la presión diplomática no se derivará de la simple firma de nuevos acuerdos, sino también de su puesta en práctica.

Las potencias externas también deberían dejar claro que levantarán las medidas punitivas si el gobierno respeta los acuerdos. En caso de que el gobierno libere a los presos políticos restantes y levante los cargos contra estos, y demuestre su voluntad de cumplir con el acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos antes del 18 de junio, deberían estar dispuestas a apoyar la tercera ronda de negociaciones y ofrecer respaldo político y financiero para permitir que ambas partes logren un acuerdo duradero. Ese resultado representaría una oportunidad para que Nicaragua salga de su estancamiento actual y evite otro brote de violencia. Los actores internacionales también deberían dejar claro que esperan resultados tangibles de la próxima ronda de negociaciones en un plazo razonable, aunque sin establecer fechas límites estrictas.

Quedan dos temas pendientes para futuras negociaciones: reforma electoral y justicia para las víctimas de la violencia del año pasado^[fn]De acuerdo con la agenda acordada, otros elementos que restan por discutir una vez que estos dos se hayan resuelto, incluyen la consolidación de todos los acuerdos y mecanismos de implementación relacionados en un solo documento, y las acciones que tomarán las partes para obtener respaldo internacional para los acuerdos y levantar las sanciones. “Séptimo comunicado del encuentro por el entendimiento y la paz en Nicaragua”, La Voz del Sandinismo, 20 de marzo de 2019.Hide Footnote . Reducir la brecha entre el gobierno y la oposición sobre el primero parece realista, en especial debido a que el gobierno de Ortega recientemente reafirmó su compromiso con las reformas acordadas con la OEA en febrero de 2017^[fn]Después de que el gobierno invitara a la OEA a reanudar sus actividades en el país el 26 de marzo, Cristóbal Fernández, jefe de la sección de cooperación técnica electoral de la organización, visitó el país el 24 de abril para discutir las reformas electorales. “Nicaragua reitera ante la OEA su compromiso para lograr el entendimiento”, La Voz del Sandinismo, 26 de abril de 2019.Hide Footnote . La Alianza propone actualizar ese acuerdo, agregando nuevas reformas, entre ellas cambiar al Consejo Supremo Electoral, reintroducir límites al mandato presidencial, aumentar los votos necesarios para la victoria absoluta en primera vuelta de elecciones presidenciales (actualmente 35 por ciento) y adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para noviembre de 2021.

El gobierno prefiere ajustarse a los términos del acuerdo de la OEA, pero podría encontrar un punto medio con la oposición. Cambiar la composición del Consejo Supremo Electoral probablemente aumentaría la confianza de la oposición en las elecciones, dada su supuesta participación en fraude electoral en el pasado^[fn]Los EE. UU. impusieron sanciones al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, en diciembre de 2017, por estar “por encima de la ley” y perpetrar fraude electoral. Rivas renunció el 31 de mayo de 2018. “United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe”, Departamento de Hacienda de los EE. UU., 21 de diciembre de 2017.Hide Footnote . Por su parte, la oposición podría desistir de la reintroducción de límites al mandato presidencial y su exigencia de que se cambie el umbral de votación para la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Para un acuerdo más inclusivo sobre la reforma electoral, partidos políticos, como el Partido Liberal Constitucionalista, deberían ser consultados^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote .

El tema fundamental es la fecha de las próximas elecciones. El gobierno ha descartado públicamente la posibilidad de adelantar las elecciones y la pareja presidencial ha dejado claro que pretende permanecer en el poder hasta el final de su mandato. Sin embargo, un compromiso puede ser posible^[fn]Algunos autobuses en Managua han exhibido el eslogan “Ortega-Murillo 2021” en sus parabrisas, mientras que funcionarios del gobierno han transmitido a la OEA su intención de “fortalecer el proceso político electoral hacia 2021”. “Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Nicaragua”, Organización de los Estados Americanos, 15 de febrero de 2019. “Nicaragua government rejects early elections after OAS meeting”, Euronews, 25 de abril de 2019.Hide Footnote . De hecho, los negociadores de la oposición reconocen que las reformas electorales necesarias requieren un período de transición de al menos doce meses. Al enfrentarse a presiones económicas y sociales similares tras perder el apoyo de la Unión Soviética en colapso, el propio Ortega adelantó las elecciones en 1990. Para aliviar la presión interna e internacional, y posiblemente restaurar un cierto grado de estabilidad económica, una solución podría ser llevar a cabo las elecciones en 2021, pero antes del mes de noviembre^[fn]Encuestas recientes sugieren que alrededor del 62 por ciento de los encuestados desearía que se adelantaran las elecciones, ocho puntos más que la misma encuesta realizada en enero, pero otro 32 por ciento desearía que se realizarán en 2021, lo que sugiere que un compromiso para realizarlas a principios de ese año contaría con un buen respaldo. Entrevista de Crisis Group, nuncio papal, 6 de abril de 2019. “Cid Gallup: 62% pide adelanto de elecciones para salir de crisis”, Confidencial, 30 de mayo de 2019.Hide Footnote . La OEA podría aprovechar su papel como acompañante del diálogo y como actor externo para facilitar un debate más amplio sobre las reformas y un cronograma para las elecciones.

Será más difícil llegar a un acuerdo sobre reformas de justicia. Aunque ambas partes afirman buscar una reparación para las víctimas, el gobierno y la oposición están atrincherados en posiciones aparentemente irreconciliables. La Alianza Cívica insiste en el establecimiento de una nueva Comisión de la Verdad independiente como primer paso hacia obtener justicia. Antes de sancionar la Ley de amnistía en Junio, el gobierno había propuesto una forma de justicia restaurativa que asignaría la responsabilidad de las investigaciones y la rendición de cuentas a las mismas instituciones nacionales supuestamente involucradas en la represión original, como los ministerios, la policía y la fiscalía^[fn]Bajo la “justicia restaurativa”, aquellos que cometieron crímenes deben confesar sus acciones y recibir una amnistía a cambio de tomar otras medidas para reconocer su culpabilidad. “Nicaragua aprueba una Ley para atender a las víctimas de la crisis, sin justicia”, EFE, 29 de mayo de 2019.Hide Footnote . El 29 de mayo, también aprobó una ley para “atención a víctimas” de los disturbios del año pasado, que prevé beneficios para las familias afectadas por el “terrorismo golpista”^[fn]La ley determina que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en asociación con los ministerios del gobierno, estaría a cargo de la implementación, “Ortega imposes his own amnesty law”, Confidencial, 31 de mayo de 2019. “Delegación de Gobierno ante la mesa de negociación ratifica compromisos asumidos ante la Patria”, El 19 Digital, 31 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Dada la presunta lealtad de todas las instituciones judiciales y de seguridad al gobierno, la Alianza Cívica considera que todas estas propuestas equivalen a asegurar la impunidad de los responsables de la violencia contra los manifestantes, y las ha rechazado^[fn]La falta de confianza en las instituciones nacionales es tan profunda entre las víctimas miembros de la oposición que algunos sienten que “no puede haber justicia en el gobierno actual”, en palabras de la madre de un preso político. Entrevista de Crisis Group, Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, 1 de abril de 2019.Hide Footnote . A la luz de los cargos formulados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los que se acusa al Estado de cometer crímenes de lesa humanidad, cualquier indicio de amnistía para los funcionarios del gobierno sería extremadamente difícil de tragar para la oposición.^[fn]“Nicaragua: Informe de expertos independientes afirma que el gobierno del presidente Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad”, op cit.Hide Footnote

A pesar de los 50 años de contrainsurgencia, revolución y guerra civil, Nicaragua nunca ha llevado a cabo un esfuerzo genuino de justicia transicional. Antes de analizar las propuestas específicas, las partes deberían considerar las experiencias regionales, aprovechar el testimonio de expertos y considerar las perspectivas y necesidades de las víctimas. Sobre esa base, y ante la probable ausencia de consenso, deberían intentar, como mínimo, acordar los principios rectores para una comisión de la verdad con un mandato amplio. Como tal, no se debe limitar a aclarar los acontecimientos del 2018, también se debe explorar las causas históricas del pasado excepcionalmente turbulento de Nicaragua como un medio para comprender la profunda polarización del país y prevenir la recurrencia de la violencia armada. Dicha comisión podría incluir representantes nombrados por el gobierno y la oposición, así como expertos internacionales^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en justicia transicional, 11 de abril de 2019.Hide Footnote .

Funcionarios del gobierno y líderes de la oposición han negociado dos importantes acuerdos, que podrían acercarlos a resolver el estancamiento del último año. Tras meses de esfuerzos estatales por silenciar a la disidencia, la decisión del presidente Ortega de reanudar las negociaciones, probablemente motivada por la creciente presión internacional y una fuerte desaceleración económica, sorprendió a muchos nicaragüenses, tanto partidarios de la oposición como del gobierno, y a observadores internacionales. Las negociaciones se produjeron en medio de una profunda desconfianza mutua, pero la perspectiva de una solución negociada goza de altos niveles de respaldo popular. Los resultados del segundo diálogo también superaron los del primero, particularmente con la liberación acordada de cientos de presos políticos. Sin embargo, aún existen falencias en los acuerdos, en especial la falta de supervisión internacional para uno de ellos, algo de incertidumbre sobre si el gobierno ha cumplido plenamente y dudas sobre lo que vendrá después.

Si se resolvieran las disputas remanentes sobre la implementación de los acuerdos, ambas partes idealmente volverían pronto a la mesa de negociaciones y llegarían a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes. El principal desafío hasta ahora lo ha constituido el gobierno, ya que el presidente Ortega parece estar más interesado en ganar tiempo y evitar nuevas sanciones que en rescatar a su país (y a su gobierno) de este apuro. Sin embargo, la liberación de la mayoría de los presos políticos antes de la fecha límite del 18 de junio, apunta a que está comprometido con encontrar un camino que los saque de la crisis. Por su parte, los movimientos de oposición deberían ajustar sus demandas antes de la próxima ronda de negociaciones, para así garantizar que sean realistas y tengan en cuenta los aportes de toda la coalición de oposición. Adicionalmente, deberían hacer lo posible para obtener el respaldo público para el diálogo. Las potencias extranjeras y las organizaciones multilaterales deberían continuar ejerciendo presión sobre el gobierno. Deberían estar preparadas para imponer nuevas sanciones si el gobierno no cumple con sus compromisos y si el progreso en las negociaciones se dilata, siempre y cuando las medidas tomadas sean específicas, cuenten con un amplio respaldo internacional y se levanten una vez que el gobierno cumpla con sus compromisos.

El presidente Ortega puede ser implacable, pero sigue siendo uno de los sobrevivientes políticos más importantes de América Latina y un pragmático plenamente consciente de que la campaña para destituir al presidente Maduro en Venezuela es un mal presagio para su propio gobierno. Su retórica antiimperialista sirve para cerrar las filas sandinistas, pero ha demostrado la capacidad y disposición para hacer concesiones. Puede que no esté interesado en realizar cambios institucionales drásticos, pero es consciente de que su capacidad de resiliencia y la economía de Nicaragua dependen del mantenimiento del apoyo interno y la confianza internacional. La estabilidad del país está en el centro de sus intereses, y la mejor ruta para preservarla puede radicar en pasar a una tercera ronda de negociaciones y forjar un acuerdo político duradero con aquellos que buscan removerlo.

Bogotá/Bruselas, 13 de junio de 2019

18 de abril 2018:  El gobierno aprueba una reforma altamente impopular al sistema de seguridad social el 16 de abril, lo que provoca protestas masivas en todo el país.

22 de abril 2018: El gobierno invita a la Iglesia a mediar un diálogo con el sector privado. El 11 de mayo, la Iglesia crea la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.

16 de mayo 2018: El Diálogo Nacional comienza entre el gobierno y la Alianza Cívica.

30 de mayo 2018: Al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas durante una marcha del Día de las Madres encabezada por madres de víctimas asesinadas durante las protestas.

9 de julio 2018: Después de que simpatizantes del gobierno atacaran a figuras prominentes de la Iglesia, el Diálogo Nacional se suspende oficialmente.

23 de septiembre 2018: Max Andrés Romero, de 16 años, es asesinado en una protesta en Managua. El gobierno asegura que es el último de los 199 muertos. Grupos de Derechos Humanos sostienen que el número de víctimas podría ser mayor.

28 de septiembre 2018: La Policía Nacional prohíbe cualquier manifestación sin permiso previo, y ha rechazado solicitudes formales desde entonces.

16 de febrero 2019: Destacados líderes empresariales sostienen conversaciones exploratorias con Ortega en presencia del Nuncio Papal Waldemar Stanisław Sommertag y el Cardenal Leopoldo Brenes.

18 de febrero 2019: El líder campesino y miembro de la Alianza Cívica, Medardo Mairena, es sentenciado a 216 años de cárcel. Es una de las más de 700 personas detenidas desde las protestas del año pasado, según la Alianza Cívica.

27 de febrero 2019:Las conversaciones se reanudan en el campus de la escuela de negocios INCAE, que lleva a la liberación de los primeros 100 prisioneros

27 de marzo 2019: Bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, las partes firman un acuerdo para la liberación de todos los presos políticos en un plazo de 90 días.

29 de marzo 2019: Las partes firman un acuerdo sobre el respeto de los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a retornar para los 62,000 nicaragüenses (según cifras de ACNUR) obligados a huir del país

3 de abril 2019: El plazo acordado por las partes lleva a conversaciones sobre nuevos acuerdos. El Diálogo Nacional se suspende, pero las partes se reúnen ocasionalmente para discutir la implementación de acuerdos anteriores.

20 de mayo 2019: Días después de que el preso político Eddy Montes muriera durante un disturbio en la prisión, La Alianza Cívica anuncia que no volverá a la mesa de negociaciones hasta que todos los presos políticos sean liberados

8 de junio 2019:  Diez días antes vencerse el plazo para liberar a todos los presos políticos, el gobierno aprueba una Ley de Amnistía, dirigida a todos los que han cometido crímenes en relación con los acontecimientos del año pasado.

11 de junio 2019: El gobierno libera a otro grupo de presos políticos, incluyendo a los líderes de la protesta, llegando a casi 500 excarcelaciones en total.