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An anti-government protester takes part in a protest to demand the release of demonstrators detained during recent protests against Nicaraguan President Daniel Ortega's government in Managua, Nicaragua 11 August, 2018. REUTERS/Oswaldo Rivas
Report 72 / Latin America & Caribbean

Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada

El descontento popular en Nicaragua es alto después de que las protestas callejeras en abril fueron aplastadas en una brutal represión gubernamental. Para evitar más disturbios, el presidente Ortega debe implementar las reformas electorales acordadas, mientras que los actores internacionales mantienen la presión diplomática para crear condiciones para el diálogo.

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¿Qué hay de nuevo? El presidente nicaragüense Daniel Ortega ha sofocado un levantamiento cívico mediante la violencia, la intimidación y el enjuiciamiento de manifestantes sin las debidas garantías procesales. Más de 300 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes, policía y grupos parapoliciales. Desde entonces, la intensidad de las protestas se ha reducido y muchos opositores han huido al exilio. Las negociaciones entre las partes colapsaron tras un fallido intento de diálogo.

¿Por qué es importante? La probabilidad de que surjan nuevos disturbios va en aumento debido al acelerado deterioro económico, el distanciamiento del gobierno de sus antiguos aliados en la Iglesia católica y el sector privado, así como por el descontento social cada vez más amplio debido a la represión gubernamental. Las protestas continuarán, a no ser que el gobierno indique que está preparado para abordar al menos algunas de las demandas de los manifestantes.

¿Qué se debería hacer? El hecho de que Ortega haya recuperado el control de las calles y que la oposición demuestre falta de liderazgo dificultan la reanudación de las negociaciones. No obstante, las presiones diplomáticas sobre Ortega por parte de EE.UU., la UE, el Vaticano y países de América Latina podrían llevar al gobierno a acceder a ciertas reformas electorales, lo cual demostraría su voluntad de compromiso y allanaría el camino para un futuro diálogo.

Resumen ejecutivo

Nicaragua sufrió un inesperado y devastador revés este año, a pesar de que el gobierno llevaba más de una década presentando al país como un “oasis de paz” en medio de una Centroamérica excepcionalmente violenta. En abril de 2018, miles de manifestantes tomaron las calles enfurecidos por el anuncio de reformas a la seguridad social. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por parte de las fuerzas de seguridad y los parapolicías, dejando al menos 300 muertos, la mayoría manifestantes. Tras meses de revueltas, enfrentamientos y detenciones masivas, el presidente Daniel Ortega restableció el control de las calles en julio haciendo uso de su capacidad represora, el control de las instituciones estatales y el apoyo de organizaciones de base. Las penurias económicas, la incesante hostilidad política, así como la desafección de los antiguos aliados del gobierno podrían dar lugar a nuevos disturbios. Para evitar que esto suceda, el presidente Ortega debería acceder a ciertas reformas electorales y garantizar el debido proceso de los manifestantes detenidos. Los países de la región, la UE, EE.UU. y el Vaticano deberían, por el momento, evitar imponer nuevas sanciones y presionar al gobierno para que se comprometa con estas reformas como paso previo a un nuevo diálogo

Ortega y Murillo aún cuentan con el apoyo de casi un tercio de la población.

Ortega culpa al golpismo estadounidense y a células terroristas locales del levantamiento de abril a la vez que resucita la retórica de los 80, cuando los sandinistas enfrentaron un movimiento insurgente financiado por EE.UU. Sus opositores en las universidades, el sector privado, el movimiento campesino y la sociedad civil denuncian la erosión de la democracia desde que Ortega fue reelegido en 2006, un proceso que culminó recientemente en una especie de régimen dinástico unipartidista al instalar a su esposa, Rosario Murillo, como su vicepresidenta y heredera política. Pero Ortega y Murillo, que pese a la represión violenta aún cuentan con el apoyo de casi un tercio de la población, se niegan a hacer concesiones alegando un intento de golpe de Estado por parte de la oposición, formada al calor de las protestas, la cual aún reclama que ambos abandonen el cargo y se vayan al exilio. El intento de negociaciones entre gobierno y manifestantes se fue desmoronando a medida que las fuerzas de seguridad restablecieron el control de las calles en julio, llevando a muchos de los líderes de las marchas a enfrentar detenciones, juicios, o su salida inminente del país.

Aunque muchos se muestran críticos con Ortega, no es tan evidente quién representa realmente la oposición al presidente. El ecléctico movimiento opositor que nació de las manifestaciones no cuenta con liderazgos claros, mientras que los partidos políticos opositores están debilitados tras años de limitación de sus capacidades por parte del partido de gobierno. Incluso si Ortega accediera a retomar el diálogo, lo cual parece poco probable, sigue siendo una incógnita quién sería su contraparte en una eventual negociación. Mientras tanto, el gobierno continúa ampliando sus competencias anti-terroristas para contener el movimiento y anunció la prohibición de las protestas. Recientemente, el sector empresarial también denunció un control estatal invasivo sobre sus negocios.

El gobierno nicaragüense ha pagado un alto coste por la represión. Retomar el control por la fuerza ha erosionado su apoyo popular. Quienes otrora fueron sus dos aliados clave en la última década, el sector privado y la Iglesia católica, le han dado la espalda. El impacto económico a largo plazo de la crisis ha sido devastador tanto para los sandinistas como para los empresarios, con un descenso estimado del 4 por ciento del PIB en 2018. Ortega también ha sufrido el desprestigio internacional después de que la mayoría de los líderes latinoamericanos y occidentales condenaran la represión del gobierno.

Aunque Washington haya impuesto sanciones, es muy poco probable que éstas alteren los cálculos en Managua dado que no van orientadas a que el gobierno haga concesiones concretas ni incluyen condiciones claras sobre qué tendría que ocurrir para que se levantaran. De hecho, Ortega ve estas sanciones como un fantasma de la Guerra Fría que EE.UU. está usando como estratagema para un cambio de régimen. La alusión a Nicaragua junto con Cuba y Venezuela por parte del gobierno estadounidense como la “troika de la tiranía” en América Latina no hace sino reforzar la versión de los sandinistas. Pero incluso si hay un declive económico, Ortega tiene varias opciones. El presidente podría contrarrestar la presión de Occidente apoyándose más en China y Rusia, o fomentar su apoyo por parte de las clases más populares haciéndolas depender más de los subsidios del gobierno en un eventual deterioro de la crisis.

Una diplomacia más silenciosa podría resultar más eficaz. El hecho de que Nicaragua se encuentre aislada en América Latina y que Ortega haya manifestado preocupación por la reputación del país en el extranjero sugiere que la aplicación cautelosa de influencia externa podría empujar al presidente a una posición más conciliadora. A la larga, estas interacciones permitirían crear las condiciones necesarias para un retorno al diálogo. El secretario general de la ONU António Guterres mantiene contactos con Ortega y podría designar un enviado para Nicaragua que facilite los esfuerzos de mediación; Vinicio Cerezo, el jefe del Sistema de la Integración Centroamericana, una organización subregional, también goza de la confianza de Ortega y podría desempeñar un papel de mediador.

Reiniciar el diálogo es fundamental para abordar las principales disputas entre el gobierno y la oposición, entre ellas obligar a rendir cuentas a los responsables de la represión y allanar el camino para reformas democráticas más ambiciosas. Los esfuerzos frustrados de negociación que tuvieron lugar entre mayo y julio son la mejor muestra de que un futuro diálogo no será fácil y que dependerá de una presión continua sobre el gobierno y de que la oposición establezca un liderazgo más firme y adecúe sus expectativas. Por ahora, es improbable que presionar para que haya un diálogo dé resultado, dada la resistencia del gobierno y la falta de cohesión y agenda en la oposición. No obstante, las potencias extranjeras deberían llamar al gobierno nicaragüense a:

  • Volver a comprometerse con reformas electorales e implementarlas. Tanto la UE como la OEA han documentado los pasos necesarios para rehacer el sistema electoral, que incluyen cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral. Hace años, Ortega ya había accedido a este tipo de medidas, que garantizarían que los próximos comicios presidenciales previstos para 2021 se celebren en igualdad de condiciones.
     
  • Garantizar el debido proceso de las personas detenidas en los últimos meses. Si bien el gobierno ha expulsado a los observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue activa y presente en el país.* El gobierno debería proporcionarle un listado completo de los nombres y ubicación de los manifestantes detenidos, cuyo número se estima en hasta 600, y garantizar juicios justos para los detenidos.

Tales medidas, que idealmente irían seguidas de la reanudación del diálogo con la oposición, indicarían un cierto compromiso por parte del presidente Ortega y reducirían el riesgo de nuevas protestas. Además, podrían ayudar a restaurar el prestigio internacional y el legado de los sandinistas. Para los opositores de Ortega, no tiene sentido pedir la salida del presidente o elecciones anticipadas. Tan improbable es que Ortega deje el poder voluntariamente como que la oposición política y los manifestantes estén preparados para hacer campaña política por el momento. Una estrategia más efectiva podría ser prepararse para unas elecciones, en teoría más justas, en 2021. Si surgiera la oportunidad, la oposición podría también reanudar las negociaciones sobre las profundas reformas judiciales que debería implementar la nueva legislatura que se elegirá dentro de tres años.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 19 de diciembre de 2018

* Unas horas tras la publicación de este informe, el gobierno de Nicaragua expulsó a la CIDH del país.

I. Introducción

Si bien Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina, hasta hace poco sus niveles de estabilidad y crecimiento económico sugerían que el país había superado el tumulto revolucionario al final de la Guerra Fría. Tras décadas de ocupación estadounidense seguida del apoyo de Washington al despotismo dinástico de la familia Somoza, en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un grupo guerrillero de izquierda, derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle y estableció un gobierno revolucionario bajo el liderazgo de Daniel Ortega[fn]El FSLN fue fundado en Managua 1961 y consiguió el apoyo de estudiantes, trabajadores rurales, miembros de la Iglesia y opositores de Somoza para formar un movimiento guerrillero cuyo objetivo era derrocar a un régimen dictatorial caracterizado por su brutalidad, corrupción, indiferencia hacia los pobres y el respaldo de EE.UU. Tras unas negociaciones fallidas y varias ofensivas de la guerrilla, el 19 de julio de 1979 el FSLN tomó la capital y el presidente Somoza huyó del país. Baracco, L. Nicaragua, Imagining The Nation: From 19th Century Liberals to 20th Century Sandinistas (Nueva York, 2005), pp. 61-105.Hide Footnote . Tras conquistar el poder, durante una década los sandinistas impulsaron políticas sociales transformadoras, entre ellas una reforma agraria y una campaña de alfabetización masiva.  Del mismo modo, tambien introdujeron el servicio militar obligatorio para luchar contra una insurgencia contrarrevolucionaria – conocida como “la Contra” – financiada y equipada por EE.UU[fn]La administración Reagan financió clandestinamente la insurgencia de la “Contra” con recursos provenientes de la venta de armas a Irán, en el llamado escándalo Irán-Contra. “Report of the congressional committees investigating the Iran-Contra Affair”, Congreso de EE.UU., 1987.Hide Footnote .

 

The Reagan administration secretly funded the “Contra” insurgency using resources from arms sales to Iran, the so-called Iran-Contra affair. “Report of the congressional committees investigating the Iran-Contra Affair”, U.S. Congress, 1987.Hide Footnote

Mediante alianzas estratégicas con el sector privado, la Iglesia católica y los militares, Ortega logró un crecimiento elevado y sostenido a la vez que mantuvo las tasas de de-lincuencia más bajas de Centroamérica

Después de perder las elecciones y ceder el poder en 1990, el presidente Ortega volvió al ejecutivo tras ganar los comicios en 2006. Desde entonces, ha establecido al FSLN como la fuerza política, social y económica dominante de Nicaragua. Mediante alianzas estratégicas con el sector privado, la Iglesia católica y los militares, Ortega logró un crecimiento elevado y sostenido a la vez que mantuvo las tasas de delincuencia más bajas de Centroamérica a pesar de la proximidad de Nicaragua a Honduras y El Salvador, dos de los países más violentos y azotados por el crimen en el hemisferio occidental[fn]Según datos policiales oficiales, la tasa de homicidios de Nicaragua en 2017 fue de 7 muertes violentas por cada 100 000 habitantes; ese mismo año, El Salvador y Honduras registraron tasas de 60 y 42,8 asesinatos por cada 100 000 habitantes respectivamente, la mayoría de ellos atribuidos a la violencia de las pandillas. “InSight Crime’s 2017 Homicide Round-Up”, Insight Crime, 19 de enero de 2017. Véase el anexo D.Hide Footnote . La aparente estabilidad bajo el mando de Ortega –descrita como “un modelo de paz en el cementerio” – llevó a muchos gobiernos extranjeros y ciudadanos nicaragüenses a aceptar el nuevo orden, incluso mientras los sandinistas desmantelaban los controles y contrapesos constitucionales e imponían el control partidista sobre las instituciones públicas[fn]Entrevista de Crisis Group, académico nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Las marchas cívicas y espontáneas que comenzaron el 18 de abril cuando los nicaragüenses tomaron las calles para exigir la salida del presidente Ortega y el retorno de la democracia terminaron abruptamente con diez años de relativa calma social. Un ecléctico movimiento antigobierno formado por estudiantes, el sector privado, intelectuales y la sociedad civil se manifestó y levantó barricadas en un intento de convencer a Ortega de que renunciara y negociara reformas electorales y políticas. El gobierno, inicialmente sorprendido por la velocidad y la magnitud del levantamiento, posteriormente calificó el movimiento de “golpe” liderado por terroristas financiados por EE.UU[fn]“Presidente Daniel Ortega llama a tomar el camino de la paz”, El 19 Digital, 13 de julio de 2018.Hide Footnote . La respuesta oficial fue brutal. Los enfrentamientos entre los manifestantes antigobierno y las fuerzas de seguridad causaron cientos de muertos y miles de heridos. Los esfuerzos liderados por la Iglesia católica para llevar a las partes a la mesa de negociación no dieron fruto, y el gobierno los abandonó una vez que logró sofocar las protestas.

Este primer informe de Crisis Group sobre Nicaragua evalúa las consecuencias de la represión y los posibles caminos hacia una solución negociada, explorando los incentivos de ambas partes para entablar el diálogo y la posible participación de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Está basado en docenas de entrevistas con diplomáticos, líderes religiosos, ex funcionarios, líderes cívicos, y grupos opositores, entre ellos organizaciones de estudiantes, entidades del sector privado, políticos en Nicaragua, Guatemala y EE.UU., y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica, realizadas entre septiembre y octubre de 2018. Pese a numerosas peticiones, ningún funcionario del gobierno nicaragüense o miembro del FSLN accedió a hablar con Crisis Group. La perspectiva del gobierno se deriva del estudio de 31 discursos públicos, artículos y entrevistas con altos funcionarios del FSLN, así como entrevistas con ex funcionarios y figuras cercanas al gobierno.

II. El aparato de poder de Ortega

Durante más de diez años, el gobierno del presidente Ortega logró un crecimiento económico sostenido y bajas tasas de delincuencia. Sin embargo, esta aparente calma vino acompañada de un mayor control por parte del FSLN de los tribunales, de las instituciones electorales y gran parte de la vida pública. Esta mezcla de autoritarismo y desarrollo se debió en gran medida a alianzas estratégicas con el sector privado, la iglesia y los militares.

A. Los cimientos del Sandinismo moderno

La fragmentación de la oposición política en Nicaragua a principios de la década del 2000 allanó el camino para la vuelta al poder de Ortega. En 1999, cuando aún estaba en la oposición, Ortega firmó un pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que desde 1996 había liderado un gobierno plagado de escándalos de corrupción. A cambio de protección política y judicial, Alemán acordó con Ortega una serie de reformas electorales y judiciales destinadas a consolidar un sistema bipartidista dominado por el FSLN y los liberales de Alemán[fn]El pacto “Ortega-Alemán” dividió la representación en la Corte Suprema, las autoridades electorales, y la Fiscalía General del país entre el FSLN y el partido de Alemán, limitando el acceso añ poder de otros partidos. También incluyó una reforma electoral a medida para el beneficio del FSLN, que le permitiría ganar unas elecciones presidenciales si su candidato ganaba con el 35 por ciento o más de los votos en la primera ronda y una ventaja del 5 por ciento sobre el segundo candidato, cifras que coincidían con la base electoral tradicional del partido. “Política nacional sellada por el pacto”, La Prensa, 30 de diciembre de 2001.Hide Footnote . Los escándalos de corrupción y el pacto de 1999 dividieron al PLC en dos campos: los simpatizantes de Alemán, y los disidentes liberales liderados por Eduardo Montealegre. Ninguno de los dos pudo derrotar a Ortega en la primera ronda de las elecciones de 2006, que ganó con el 38 por ciento de los votos gracias a las reformas realizadas en el marco del pacto de 1999. De nuevo en el poder, Ortega y sus aliados en los tribunales maniobraron para bloquear y sabotear a los partidos de la oposición[fn]La Corte Suprema Electoral impidió a los candidatos del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Liberal Conservador (PLC) competir en elecciones de 2011. “Nicaragua: how was institutionality reformed to concentrate power?”, Center for Justice and International Law (CEJIL) report, junio de 2017, pp. 14-19.Hide Footnote .

Tras ganar las elecciones de 2011, la mayoría del FSLN en la Asamblea – a menudo descrita por la oposición como “la aplanadora sandinista” – aprobó un conjunto de leyes que eliminaban los límites a la reelección presidencial en 2014 y finalmente acabaron con la expulsión de 28 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI). Esta última medida otorgó a los sandinistas pleno control de la Asamblea y neutralizó a gran parte de la oposición unos meses antes de las elecciones de 2016 al declarar ilegal la segunda fuerza política del país[fn]En junio de 2016, cinco meses antes de las elecciones, las autoridades electorales de Nicaragua resolvieron una apelación presentada seis años antes en relación a disputas internas del Partido Liberal Independiente, lo que llevó a la destitución de Eduardo Montealegre como representante legal del partido. Sus 28 diputados fueron obligados a renunciar en julio de 2016 tras negarse a reconocer al nuevo líder del partido Pedro Eulogio Reyes Vallejos, considerado un aliado de Ortega. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018. “El Consejo Electoral de Nicaragua destituye a 28 diputados opositores y refuerza el poder de Ortega”, AFP, 29 de julio de 2016. “Reforma que permite reelección presidencial en Nicaragua entrará en vigor el lunes”, El Nuevo Herald, 8 de febrero de 2014.Hide Footnote .

 

In June 2016, five months before elections, Nicaraguan electoral authorities resolved an appeal filed six years earlier relating to internal disputes inside the Independent Liberal Party (PLI), leading to the removal of Eduardo Montealgre as the party’s legal representative. Its 28 lawmakers were forced to resign in July 2016 after refusing to recognise new party leader Pedro Eulogio Reyes Vallejos, considered an Ortega ally. Crisis Group interview, former Nicaraguan diplomat, Guatemala City, 17 August 2018. “El Consejo Electoral de Nicaragua destituye a 28 diputados opositores y refuerza el poder de Ortega”, AFP, 29 July 2016. “Reforma que permite reelección presidencial en Nicaragua entrará en vigor el lunes”, El Nuevo Herald, 8 February 2014.Hide Footnote

Con la oposición sumida en el caos y el control por parte de su partido y aliados en todas las ramas del Estado, Ortega, que en la actualidad tiene 73 años, procedió a consolidar una nueva dinastía política con el nombramiento de su esposa Rosario Murillo como su candidata a la vicepresidencia[fn]Muchos analistas señalan que la creciente influencia de Murillo se debe a un acuerdo tácito al que llegó con su marido después de apoyarlo cuando una de las hijas de un matrimonio anterior de Murillo lo acusara de abusos sexuales en 1998, una acusación que Ortega niega encarecidamente, y por la cual nunca fue juzgado. “Rosario Murillo, primera dama de Nicaragua y ariete de Daniel Ortega”, El Mundo, 23 de julio de 2018.Hide Footnote . Murillo ha ido asumiendo cada vez más control a medida que la salud de Ortega se ha ido deteriorando; cada solicitud o declaración pública del gobierno nicaragüense debe ser enviada supuestamente a su correo electrónico, donde se acumulan miles de mensajes a la espera de su aprobación, según exfuncionarios. “Ella es la que gestiona el país”, dijo un exdiplomático[fn]Entrevista de Crisis Group, ex diplomáticos nicaragüenses, Ciudad de Guatemala y Managua, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

La propaganda del FSLN ha sido uno de los pilares de su influencia política. A excepción de la televisión por cable, la mayoría de los canales de televisión y la mitad de las estaciones de radio están controladas por los Ortega o por personas relacionadas con el FSLN, las cuales elogian los logros del gobierno[fn]La mayoría de los nicaragüenses de zonas rurales no se pueden permitir la televisión por cable, por la que son transmitidos la mayoría de los canales no gubernamentales. Los canales del 2 al 13 en Nicaragua se consideran progubernamentales, excepto los canales 10 y 12, que pertenecen a otros grupos. Entrevista de Crisis Group, periodista, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Los colores partidarios del FSLN, negro y rojo, a menudo se ven junto a la bandera nacional en instituciones como la Asamblea Nacional y el palacio presidencial. “En Nicaragua, hay una estructura híbrida entre [el FSLN] y el Estado”, dijo un experto en derechos humanos[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Los planes de estudio en las escuelas en Nicaragua, cuya tasa de escolaridad está muy por encima del promedio en América Latina, alaban al presidente Ortega y al partido gobernante[fn]Tasas de escolaridad de la base de datos del Banco Mundial, cifras para Nicaragua, América Latina y el Caribe, disponibles en: https://bit.ly/2P0zc0N. Entrevistas de Crisis Group, exiliados nicaragüenses, Ciudad de Guatemala, agosto de 2018.Hide Footnote .

La elevada tasa de pobreza de Nicaragua – la segunda más alta del hemisferio después de Haití – ha permitido a Ortega consolidar lealtades mediante el clientelisme[fn]Tasas de pobreza de la base de datos del Banco Mundial, disponible en: https://bit.ly/2P0zc0N.Hide Footnote . Programas como “Hambre Cero” y la distribución de alimentos y viviendas por parte de activistas del FSLN y funcionarios municipales han garantizado al gobierno una sólida base social por todo el país. Los empleados públicos deben demostrar su fidelidad al partido, bajo amenaza de despido, asistiendo a manifestaciones a favor del gobierno o dando otras señales de apoyo[fn]Después de la revuelta del 18 de abril, el FSLN envió una solicitud obligatoria a los empleados públicos para que proporcionaran información sobre todas sus cuentas en medios sociales. Entrevistas de Crisis Group, académicos y líderes de la sociedad civil nicaragüenses, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. “Empleados públicos de Nicaragua callamos por miedo y necesidad”, EFE, 28 de julio de 2018.Hide Footnote . “Si quieres hacer algo en Nicaragua, necesitas un carnet del FSLN”, dijo un sacerdote[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Cuando lo consideró necesario, el gobierno también silenció a sus opositores mediante la represión. Un movimiento rural que se opuso a un plan para construir un canal financiado por China que competiría con el Canal de Panamá y un grupo de ex milicianos desmovilizados de la guerra de la Contra sufrieron el grueso de la violencia selectiva que llevaron a cabo la policía y unidades especiales del ejército[fn]Durante años, el gobierno ha intentado sofocar las protestas organizadas por el movimiento “anticanal”, que se oponía al proyecto. Además tomó medidas represivas contra antiguos luchadores de la “Contra” en el norte, acusándolos de participar en actividades criminales después de cobrar beneficios post-conflicto otorgados por el gobierno de Chamorro a principios de los 90. Entrevistas de Crisis Group, líderes cívicos y activistas de los derechos humanos, Managua, 4-6 de septiembre. Para antecedentes de la “recontra” y las supuestas violaciones de los derechos humanos ligadas a su desmovilización, véase: “Los recontras: campesinos armados con amplia base social”, Revista Envío, No. 119, septiembre de 1991, y “Ortega vs. the Contras: Nicaragua Endures an ’80s Revival”, The New York Times, 7 de marzo de 2016.Hide Footnote . Las organizaciones no alineadas con el gobierno sufrían un acoso constante: “recibimos facturas de la luz astronómicas, [los miembros del FSLN] boicotearon nuestras actividades (…) recibimos amenazas constantes”, explica una lideresa cívica[fn]Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Managua, 6 de septiembre de 2018. Hide Footnote . Mediante el trabajo de inteligencia a nivel local a través de los Consejos de la Familia, la Comunidad y la Vida – anteriormente conocidos como Consejos de Poder Ciudadano (CPCs) – el gobierno ejercía el control social, a la vez que proporcionaba a las fuerzas de seguridad información de base sobre la delincuencia y monitoreaba a los supuestos opositores[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes cívicos y expertos en derechos humanos, Managua, 3-6 de septiembre.Hide Footnote .

Como resultado, Nicaragua bajo el gobierno de Ortega-Murillo ofrecía estabilidad y prosperidad. Pero esto trajo consigo un endurecimiento del control social y un retroceso democrático. Si bien algunas organizaciones internacionales planteaban inquietudes acerca del deterioro de los derechos humanos, la mayoría de los organismos internacionales celebraban el crecimiento económico del país[fn]La UE, EE.UU. y varios grupos de derechos humanos de Nicaragua han denunciado el deterioro de la situación de la democracia y los derechos humanos. Entrevistas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, Managua, 4-7 de septiembre. Para antecedentes, véase: “Nicaragua 2017 Human Rights Report”, Departamento de Estado de EE.UU., 20 de abril de 2018. Un ejemplo de las reseñas positivas del desempeño económico de Nicaragua es “Nicaragua 2015 Article IV Consultation”, Fondo Monetario Internacional, Informe de país No. 16/34, 4 de febrero de 2016.Hide Footnote , como también lo hacían los nicaragüenses. Según una encuesta realizada en 2017 por Latinobarómetro, el 67 por ciento aprobaba el desempeño del gobierno y el 52 por ciento creía que gobernaba en beneficio del interés público[fn]Latinobarómetro es una fuente clave de datos estadísticos sobre opinión pública en América Latina. “Daniel Ortega, presidente mejor evaluado de Latinoamérica”, Hispan TV, 13 de febrero de 2018. “Informe 2017”, Corporación Latinobarómetro, 12 de enero de 2018.Hide Footnote . Hoy, sin embargo, muchos lamentan que están “pagando el precio de once años de silencio”. “Aquí las necesidades materiales básicas son tan enormes que la gente se volvió tolerante hacia los abusos democráticos. Tenían miedo de perder sus empleos, así que solo se atrevían a hablar de política en los círculos más íntimos”, admitió un representante de la oposición[fn]Entrevistas de Crisis Group con representantes de la oposición, Managua y Ciudad de Guatemala, agosto-septiembre de 2018.Hide Footnote .

 

Crisis Group interviews with opposition representatives, Managua and Guatemala City, August-September 2018.Hide Footnote

B. Alianzas estratégicas

En los años posteriores a su reelección en 2006, Ortega entendió que no sería capaz de mantener su gobierno sin el apoyo de la Iglesia católica y el sector privado[fn]Ortega ha reconocido públicamente que no es un ferviente defensor del sistema democrático. En un programa de televisión de Cuba en 2009 admitió que prefiere el gobierno unipartidario porque “la política multipartidista divide a la nación”. “Montealegre en Sébaco arremete contra Ortega”, El Nuevo Diario, 27 de abril de 2009.Hide Footnote . El cardenal Miguel Obando, que había criticado duramente al gobierno sandinista en los 80, se convirtió en su estrecho aliado. A cambio, unos días antes de la victoria electoral de Ortega en noviembre de 2006, los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional apoyaron la prohibición total del aborto[fn]“El aborto hipoteca a los sandinistas”, El País, 22 de enero de 2007.Hide Footnote . Asimismo, el presidente a menudo hace referencia a una “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” en sus discursos, lo que ayuda a asegurar el apoyo de la mayoría religiosa del país[fn]Obando, que murió en junio de 2018, ordenó el casamiento de Ortega y Murillo en una ceremonia católica. Del 80 por ciento de los nicaragüenses que se consideran cristianos, entre el 20 y el 30 por ciento asisten a iglesias evangélicas, que en los últimos años se han expandido rápidamente por toda Centroamérica. “Muere cardenal Obando, aliado de Daniel Ortega”, EFE, 3 de junio de 2018. “International Religious Freedom Report for 2017”, Departamento de Estado de EE.UU., 29 de mayo de 2018.Hide Footnote .

 

Obando, who died in June 2018, presided over the 2005 marriage of Ortega and Murillo in a Catholic ceremony. Of the 80 per cent of Nicaraguans considered Christians, between 20-30 per cent attend evangelical churches, which have rapidly expanded across Central America in recent decades. “Muere cardenal Obando, aliado de Daniel Ortega”, EFE, 3 June 2018. “International Religious Freedom Report for 2017”, U.S. State Department, 29 May 2018.Hide Footnote

Las organizaciones del sector privado adquirieron una influencia extraordinaria como resultado de su alianza con Ortega.

Por su parte, las organizaciones del sector privado adquirieron una influencia extraordinaria como resultado de su alianza con Ortega, basada en gran medida en la voluntad de obtener beneficios mutuos. La familia Ortega y los miembros del FSLN tienen considerables intereses comerciales, con empresas dedicadas a la distribución de petróleo, estaciones de servicio, transporte, moda y medios de comunicación. Su estrecha relación con los conglomerados nicaragüenses también permitió a Ortega proteger los intereses empresariales de los militares[fn]Según el experto en seguridad Roberto Orozco, los principales intereses económicos de los militares son las finanzas y la propiedad inmobiliaria. Entrevista de Crisis Group, periodista, Managua, 6 de septiembre de 2018. “El clan Ortega, una dictadura dinástica”, El Mundo, 2 de mayo de 2018. Para más sobre cómo la familia Ortega gestiona su imperio empresarial, véase: “Los anillos de poder y los operadores de Ortega y Murillo”, Confidencial, 16 de abril de 2017.Hide Footnote . “Había un entendimiento de que todas las cuestiones económicas tenían que ser acordadas entre el sector privado y el gobierno”, dijo un importante empresario nicaragüense. “El resultado fueron más de 100 leyes aprobadas de común acuerdo, una sextuplicación de la inversión extranjera y la firma de ocho tratados de libre comercio en cuya redacción participó plenamente el sector empresarial”[fn]Entrevista de Crisis Group, líder empresarial nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Los planes del gobierno incluían grandes proyectos de infraestructura, entre los que se destacan el canal transoceánico y las zonas de libre comercio en áreas fronterizas.

Los sandinistas afirman que el sector empresarial abandonó este pacto debido a su creciente resentimiento por la división de las ganancias entre el Estado y el sector privado, que culminó en la disputa sobre la reforma de la seguridad social en abril de 2018, provocada por las demandas del gobierno de que tanto las empresas como los empleados hicieran mayores aportes para financiar el déficit de las pensiones. Los representantes del sector privado, sin embargo, afirman que el razonamiento tras de la decisión de romper el pacto con el presidente fue más gradual[fn]“Ya no estaban interesados en estar con el gobierno porque [el pacto] no estaba generando tanto dinero como al principio”, dijo el destacado político del FSLN Jacinto Suárez. Para una perspectiva sandinista sobre la cuestión de la seguridad social, véase: “Gran victoria obtenida por el sandinismo”, Redvolución, 16 de agosto de 2018; y “Los enmascarados son de los dos bandos”, El Faro, 6 de julio de 2018. Para un análisis crítico de cómo el gobierno manejó la disputa sobre la seguridad social, véase Carlos Chamorro, “Un parteaguas en Nicaragua”, El País, 20 de abril de 2018. Para el silencio del sector privado acerca de las medidas autoritarias del gobierno en los últimos años, véase: “El COSEP también es un actor político”, Confidencial, 12 de septiembre de 2016.Hide Footnote . En particular, dicen, el sector privado se había resistido a las medidas más duras de Ortega, especialmente en relación con el supuesto abuso del sistema electoral y un proyecto de ley en 2015 que habría otorgado al Estado el control de la prestación de servicios de acceso a internet. Según los críticos, el proyecto de ley habría abierto la puerta a la censura en este medio, pero fue suspendido gracias a la presión del sector privado[fn]Para el proyecto de ley sobre internet, véase “El Gobierno de Nicaragua crea una ley para controlar Internet”, El País, 13 de mayo de 2015; “El cerco se estrecha y en la mira, redes sociales”, Revista Envío, No. 433, abril de 2018. Sobre las demandas del sector empresarial de una reforma electoral desde 2016, véase “Líder campesina denunció la represión ante Almagro”, Confidencial, 2 de diciembre de 2016.Hide Footnote . Las inquietudes del sector privado sobre el deterioro de las relaciones con el Estado supuestamente se intensificaron tras la elección de Rosario Murillo como vicepresidenta en 2016[fn]Entrevista de Crisis Group, líder empresarial nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Venezuela fue otro de los aliados fundamentales de la política económica de Ortega. El día después de su investidura en 2007, Ortega firmó un acuerdo con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez que permitía a Nicaragua importar 10 millones de barriles de petróleo cada año. Nicaragua podría pagar la mitad de la factura con préstamos de 25 años a tasas de interés muy bajas mediante un sistema de préstamos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un proyecto fundado por Venezuela en 2004 para la integración social y económica de varios países latinoamericanos[fn]El grupo de distribución del petróleo en Nicaragua es una empresa privada, “Albanisa”, propiedad conjunta de las petroleras estatales de Venezuela y Nicaragua, PDVSA y Petronic respectivamente. Para más información  sobre la distribución del petróleo, véanse las siguientes investigaciones de Confidencial: “Albanisa’s Secret Accounts”, 5 de marzo de 2011; “The Petro-Dollar Booty”, 8 de junio de 2015; y “Albanisa’s Cash Box”, 9 de abril de 2016.Hide Footnote . La disminución de la producción de petróleo en Venezuela y su ayuda financiera a Nicaragua en 2018 fue abrupta. Los datos del Banco Central de Nicaragua indican que entre 2007 y 2017 Venezuela transfirió $4,8 mil millones en fondos y préstamos a Nicaragua, mientras que en la primera mitad de 2018 se recibieron tan solo $9 millones de Venezuela[fn]Según informes oficiales de 2015, el 38 por ciento de estos fondos se invirtieron en programas de bienestar social, mientras que el 62 por ciento fue a parar a empresas comerciales en los sectores de energía, agricultura, turismo y medios, la mayoría de ellos supuestamente vinculados al FSLN. Cálculos de Crisis Group provenientes de: “Informe de cooperación oficial externa”, informe del Banco Central de Nicaragua, octubre de 2018, p. 15. “Informe de cooperación oficial externa”, informe del Banco Central de Nicaragua, abril de 2016, pp. 10-11. “Albanisa’s Secret Accounts”, op. cit.Hide Footnote .

 

According to official reports in 2015, 38 per cent of these funds were spent on social welfare programs, while the remaining 62 per cent was invested in for-profit companies in the energy, agricultural, tourist and media sectors, most of them allegedly linked to the FSLN. Crisis Group calculations from “Informe de cooperación oficial externa”, Nicaragua Central Bank report, October 2018, p. 15. “Informe de cooperación official externa”, Nicaragua Central Bank report, April 2016, pp. 10-11. “Albanisa’s Secret Accounts”, op. cit.Hide Footnote

III. Revuelta, diálogo y repercusiones de la crisis de abril de 2018

Entre abril y julio, una oleada de protestas cívicas desencadenadas por un paquete de reformas a la seguridad social fue sofocada con una brutal represión gubernamental. Los enfrentamientos entre la policía antidisturbios, manifestantes, y grupos progubernamentales, que supuestamente incluían unidades parapoliciales no oficiales, se saldaron con cientos de muertos y numerosas violaciones a los derechos humanos. El intento de diálogo entre el gobierno y representantes de la oposición duró poco debido principalmente a su metodología improvisada, su agenda excesivamente ambiciosa y la falta de compromiso del gobierno sandinista. La conmoción ha causado graves daños a la economía, que se espera siga contrayéndose en 2019.

A. La revuelta del 18 de abril

La chispa que detonó los recientes disturbios fue el plan del gobierno, anunciado el 16 de abril de 2018, para reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reduciendo las pensiones en un 5 por ciento. Además de recortar los beneficios, el paquete de reformas, basado en gran medida en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, habría incrementado los impuestos a las empresas y los empleadores – una propuesta a la que se opuso la comunidad empresarial, afirmando que las medidas se habrían introducido sin un acuerdo previo con el sector privado y que perjudicarían la competitividad nicaragüense[fn]Un informe del Fondo Monetario Internacional publicado en junio de 2017 instaba al gobierno a reformar su sistema de seguridad social antes de que se quede sin reservas en 2019. “Nicaragua Country Report No. 17/174”, Fondo Monetario Internacional, 27 de junio de 2017. El paquete de reformas que finalmente propuso el gobierno nicaragüense no reflejó exactamente las recomendaciones del FMI. Las reformas generaron tensiones con las principales organizaciones del sector privado, que las rechazaron y exigieron que el gobierno diera marcha atrás. “Empresarios y Gobierno negocian en combo una reforma fiscal y al Seguro Social”, 5 de abril de 2018. “INSS rompe modelo de diálogo y consenso”, comunicado delConsejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 17 de abril de 2018.Hide Footnote . El 18 de abril, los estudiantes lideraron una marcha contra las reformas en la capital, Managua, y dos ciudades más pequeñas al oeste del país, León y Matagalpa, que culminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y grupos armados sandinistas supuestamente convocados por el gobierno y coordinados con la policía antidisturbios[fn]Estos grupos, denominados turbas por la oposición, estaban integrados principalmente por ciudadanos apoyados por los programas de patronazgo del FSLN, miembros de las Juventudes Sandinistas y otros civiles progubernamentales no identificados en motocicletas con cascos en un fenómeno similar a los motorizados de Venezuela. Generalmente coordinan sus acciones con la policía antidisturbios de Nicaragua para dispersar marchas antigubernamentales. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018; académico nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, , 22 de junio de 2018, pp. 17-19, 46.Hide Footnote .

Esta violencia desencadenó más protestas que llevaron a nuevos enfrentamientos. Para el 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), había registrado al menos 25 muertos, principalmente jóvenes manifestantes de áreas urbanas, así como varios heridos durante las protestas[fn]Entre las primeras víctimas, la CIDH también registró el asesinato de un periodista y, según los medios estatales, un agente policial. “CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en Nicaragua”, comunicado de la CIDH, 24 de abril de 2018. “Así te contamos la multitudinaria marcha contra la represión del Gobierno sandinista”, La Prensa, 23 de abril de 2018.Hide Footnote . A medida que aumentó el número de víctimas, la premisa inicial de las manifestaciones – que rechazaban las reformas a la seguridad social – perdió fuerza, especialmente una vez que Ortega acordó anular las medidas unos días después de la primera protesta. Pero para fines de abril, miles de nicaragüenses se manifestaban en las calles para exigir su renuncia[fn]“Nicaraguan authorities call for peace after deadly protests”, BBC, 22 de abril de 2018.Hide Footnote .

Inicialmente lideradas por estudiantes, las protestas reunieron a los detractores de Ortega en un ecléctico frente común. Sus principales integrantes eran el movimiento de campesinos que anteriormente se habían opuesto al proyecto del canal interoceánico, activistas de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil y regionales, así como opositores y ex sandinistas que se sentían traicionados por el giro del FSLN hacia un gobierno dinástico unipartidista. Mientras, los antiguos aliados de Ortega, el sector privado y la iglesia, le dieron la espalda y encabezaron muchas de las marchas que reclamaban el fin de la represión. Gran parte del sector privado declaró que su alianza económica con el gobierno había terminado: “después de las reformas [de la seguridad social], ese modelo murió”, dijo un máximo representante del sector privado[fn]El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial de Nicaragua, y la Cámara Americana-Nicaragüense de Comercio (AmCham) emitieron declaraciones en las que condenaban la violencia. Entrevistas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia y la Alianza Cívica, Managua, 2-6 de septiembre de 2018. Comunicados del COSEP y la AmCham, 19 de abril de 2018.Hide Footnote .

 

Crisis Group interviews, members of the Civic Alliance, Managua, 4 September 2018.Hide Footnote

Las muertes de jóvenes y estudiantes alimentaron la furia contra el gobierno en un país donde “el sueño de toda familia pobre es que sus hijos vayan a la universidad al-gún día”, en palabras de una académica.

Las muertes de jóvenes y estudiantes alimentaron la furia contra el gobierno en un país donde “el sueño de toda familia pobre es que sus hijos vayan a la universidad algún día”, en palabras de una académica[fn]Entrevista de Crisis Group, académica nicaraguense, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . El 30 de mayo – el Día de la Madre en Nicaragua – sucedió un episodio particularmente brutal cuando una marcha liderada por madres de víctimas asesinadas durante las protestas terminó con quince muertos[fn]Al menos 15 muertos en la marcha de las madres en Nicaragua”, El País, 31 de mayo de 2018.Hide Footnote . Otros cientos murieron entre mayo y julio en varias ciudades durante choques armados que enfrentaron a manifestantes contra la policía antidisturbios y los grupos progubernamentales[fn]También en julio, la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua estuvo sitiada durante un día cuando más de 100 manifestantes buscaron refugio de los ataques que acabaron con la vida de dos manifestantes. Entrevista de Crisis Group, funcionario humanitario, Managua, 6 de septiembre de 2018. Un reportero estadounidense, presente durante el sitio, describió este desgarrador relato: Joshua Paltrow, “‘They are shooting at a church’: Inside the 15-hour siege by Nicaraguan paramilitaries on university students”, The Washington Post, 14 de julio de 2018.Hide Footnote . Los manifestantes levantaron más de 200 tranques en zonas urbanas por todo el país, una táctica insurgente de finales de los 70 para frenar a las fuerzas de seguridad, cortando las principales calles y forzando al gobierno a aceptar las negociaciones, en este caso con mediación de la Iglesia católica (véase la sección III.C)[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica, Managua, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Incluso mientras estos intentos de diálogo seguían adelante, a mediados de julio Ortega lanzó la “Operación Limpieza” para desmantelar los tranques, iniciando una nueva fase de la crisis en la que gobierno buscaba restaurar el control de las calles y enjuiciar a los manifestantes[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . En ciudades como Masaya, un epicentro de la resistencia opositora, la evidencia física de los enfrentamientos desapareció rápidamente a medida que se desmantelaban las barricadas[fn]Masaya, un lugar emblemático de la revolución sandinista a 30 km al este de Managua, estuvo parcialmente controlado por manifestantes durante casi tres meses. Los enfrentamientos con la policía, sitiada en su jefatura local, eran constantes, y se saldaron con docenas de muertos y más de cien heridos. Entrevista de Crisis Group, trabajador humanitario, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Masaya se atrinchera contra Ortega”, El Faro, 5 de junio de 2018.Hide Footnote . Las paredes cubiertas de grafiti contra el gobierno en azul y blanco – los colores de la bandera nicaragüense que se convirtieron en símbolo de las marchas – fueron pintadas de nuevo y la infraestructura dañada por los ataques fue reparada a los pocos días.

Para fines de agosto, las protestas eran menos frecuentes, y las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales las mantenían bajo control. El 13 de octubre, la policía anunció la prohibición de las protestas que no hubieran sido previamente autorizadas por las autoridades públicas[fn]Policía Nacional de Nicaragua, comunicados del 28 de septiembre y el 13 de octubre.Hide Footnote . Las detenciones masivas para capturar a sospechosos de haber participado en las barricadas obligaron a destacados líderes antigubernamentales a ocultarse o a huir a la vecina Costa Rica para evitar ser procesados por cargos de terrorismo[fn]Entrevistas de Crisis Group a exiliados nicaraguenses, Costa Rica, 10 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Durante todo este tiempo, el gobierno insistió que las revueltas habían sido un “violento esfuerzo para derrocar al gobierno constitucionalmente elegido”[fn]“Our first concern was to avoid a civil war”, The Washington Post, 26 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Fuentes oficiales dijeron que la amenaza a la estabilidad del país y la potencial escalada hacia una “guerra civil” justificaban el uso de la violencia[fn]Ortega y Murillo han declarado repetidamente que su gobierno es un baluarte de paz y estabilidad, a diferencia de la violencia generada por la revuelta. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Managua, 4 de abril de 2018. Para la versión del gobierno, véase: “Bret Baier Confronts Nicaraguan Pres. on Alleged Murders of Citizens”, Fox News, 23 de julio de 2018. “Ortega niega la represión y culpa a EEUU y al narco de la crisis en Nicaragua”, EFE, 4 de septiembre de 2018. “Daniel Ortega: No existe ninguna persecución en Nicaragua”, Deutsche Welle, 7 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Según un sacerdote, “Ortega sintió que se le movía el piso” durante las protestas[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

 

Crisis Group interview, member of the Catholic Church, Managua, 3 September 2018.Hide Footnote

B. Violencia armada y violaciones de los derechos humanos

El gobierno nicaragüense supuestamente usó fuerzas parapoliciales para dispersar a los manifestantes, según grupos de derechos humanos e informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional[fn]El informe de la OACNUDH constató que ya existían indicios previos al 18 de abril del supuesto uso de fuerzas parapoliciales para sofocar protestas relacionadas con las elecciones y el movimiento anticanal. Entrevistas de Crisis Group, expertos en derechos humanos, Managua, 3-6 de septiembre de 2018. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, informe de OACNUDH , 29 de agosto de 2018, pp. 36-38. “Shoot to Kill: Nicaragua’s Strategy to Repress Protests”, Amnesty International, 29 de mayo de 2018, p. 19. “Graves violaciones a los derechos humanos”, op. cit, pp. 17-18.Hide Footnote . “Quiénes son realmente es una incógnita”, observó un funcionario de derechos humanos[fn]Entrevista de Crisis Group, Managua, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Sus miembros típicamente se cubren el rostro para ocultar su identidad. “Lo único que parece claro es que responden a una cadena de mando”[fn]Las teorías en torno a la identidad de los parapolicías van desde ex militares y miembros de la Juventud Sandinista a combatientes extranjeros de Cuba y Venezuela que reciben $6-15 dólares al día por sus servicios. El experto en seguridad nicaragüense Roberto Cajina señala que algunos de ellos son “pandilleros camuflados”. Entrevista de Crisis Group, funcionario de derechos humanos, Managua, 6 de septiembre de 2017. “Cajina: hay un “silencio cómplice” del Ejército”, Confidencial, 2 de agosto de 2018. “La política de terror del régimen coloca al Ejército ante una encrucijada”, Revista Envío, No. 436, julio de 2018.Hide Footnote . Los representantes de la oposición insistían en que los grupos obedecían órdenes de la Vicepresidencia y la Alcaldía de Managua, una acusación que dichos funcionarios niegan[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica y la Iglesia católica, 3-4 de septiembre de 2018. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit. p. 38.Hide Footnote . En una entrevista televisiva, Ortega confirmó que había civiles armados trabajando para el gobierno y también aludió a la participación de “policías voluntarios” no identificados en algunas operaciones[fn]Si bien la policía nicaragüense tiene unidades de reserva voluntarias, los expertos en derechos humanos afirman que el gobierno no hizo uso de estas fuerzas para contener las protestas. Entrevistas de Crisis Group, Managua, 6-7 de septiembre de 2017. “Ortega admite la acción de parapolicías enmascarados en la entrevista con Euronews”, EFE, 31 de julio de 2018.Hide Footnote .

Según la ONU, estas unidades progubernamentales actuaban “de forma conjunta y coordinada” con la policía nicaragüense. Los manifestantes afirman que el gobierno las equipó con armas de alto calibre y desempeñó un papel activo en el acoso, identificación y detención de manifestantes con información recopilada por los Consejos de la Familia, la Comunidad y la Vida, la red de inteligencia comunitaria establecida por el FSLN. El gobierno no ha respondido públicamente a estas acusaciones[fn]Los líderes de las protestas entrevistados señalaron el papel activo de los alcaldes, en su mayoría del FSLN, en las actividades de inteligencia para identificar a los manifestantes. Según el experto en seguridad Roberto Cajina, las fuerzas parapoliciales estaban armadas con AK-47s y fusiles Dragunov. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica, 4 de septiembre de 2018. “La política de terror del régimen”, op. cit. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit.Hide Footnote .

La mayoría de las protestas contra el gobierno eran pacíficas, pero los manifestantes en ocasiones participaban en actos de violencia, incluidos ataques contra empleados públicos. En base a entrevistas con más de 100 oficiales policiales y activistas sandinistas para verificar las denuncias de tortura y abusos de grupos antigubernamentales, la ONU concluyó que más allá de varios incidentes aislados muy crueles, no se produjeron actos de forma organizados ni recurrente”[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018.Hide Footnote . El 19 de julio, el gobierno dijo que dieciocho agentes policiales habían sido asesinados y 400 heridos en enfrentamientos[fn]“Graves violaciones a los derechos humanos”, op. cit, pp. 23-24. “Discurso del presidente Daniel Ortega en conmemoración al 39/19 del triunfo de la revolución popular”, YouTube, 21 de julio de 2018.Hide Footnote .

 

“Entrevista al Presidente-Comandante Daniel Ortega”, La Voz del Sandinismo, 31 July 2018.Hide Footnote

Tanto las fuerzas de seguridad como los manifestantes participaron en violaciones de los derechos humanos en los tranques levantados por todo el país.

Tanto las fuerzas de seguridad como los manifestantes participaron en violaciones de los derechos humanos en los tranques levantados por todo el país. Tras los muros de adoquines, un diverso grupo diversos de trabajadores agrarios, jóvenes desempleados, sandinistas desilusionados y, en algunos casos, miembros de pandillas callejeras, se resistieron a las fuerzas de seguridad de Ortega durante más de un mes sin una clara jerarquía de mando. Los abusos de poder por parte de los participantes en las barricadas eran supuestamete habituales. “En los tranques la sensación era de cárcel [lo cual creó un entorno propicio para] delitos como violaciones, asaltos, o el pago de extorsión”[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Algunas personas que participaron en las barricadas admitieron que habían usado armas en respuesta a los ataques del gobierno. En la mayoría de los casos sus armas eran rudimentarias, entre ellas morteros caseros, hondas y escudos hechos con barriles[fn]Entrevistas de Crisis Group, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, agosto-septiembre de 2018. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit. p. 15.Hide Footnote . El gobierno calificó la construcción de los tranques como actos “terroristas” llevados a cabo por “fuerzas paramilitares de derecha”[fn]“Entrevista al Presidente-Comandante Daniel Ortega”, La Voz del Sandinismo, 31 de julio de 2018.Hide Footnote .

Las fuentes discrepan en cuanto al número de víctimas de los disturbios y la represión del gobierno. Según una declaración emitida el 18 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de asesinados en el marco de las protestas y la represión del Estado desde el 18 de abril ascendía a 325, incluyendo a las víctimas de ambos lados. Los grupos de derechos humanos locales contaron hasta 545 manifestantes asesinados para al 23 de noviembre[fn]“CIDH alerta sobre nueva ola de represión en Nicaragua”, 18 de octubre de 2018. “Al menos 545 muertos y 4.533 heridos deja la crisis en Nicaragua, según una ONG”, EFE, 23 de noviembre de 2018.Hide Footnote . El gobierno solo ha reconocido 199 muertes de civiles y agentes de seguridad, afirmando que otras cifras cuentan erróneamente a víctimas de la delincuencia común. Sin embargo, el informe de la ONU señala que es improbable que el número de víctimas haya sido inflado de este modo, dada la baja tasa de homicidios de Nicaragua y el hecho de que la edad y el perfil social de muchas de las víctimas coinciden con los de los manifestantes[fn]Asimismo, las cifras que cita el informe de la ONU indican que el 91 por ciento de las víctimas fueron asesinadas cerca de las marchas o en el cruce de fuego entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. “Graves violaciones a los derechos humanos”, op. cit, p. 24.Hide Footnote . Un informe de Amnistía Internacional publicado el 29 de mayo señaló que muchas de las personas asesinadas durante las marchas habían recibido disparos en la cabeza, cuello y pecho, lo que indicaría un patrón de “disparar a matar”[fn]“Shoot to Kill”, op. cit. p. 32.Hide Footnote . El gobierno niega estos informes y los condena como “totalmente sesgados”[fn]“Los enmascarados son de los dos bandos”, op. cit.Hide Footnote .

Del lado progubernamental, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Nicaragua – creada el 29 de abril por la legislatura dominada por el FSLN para investigar los abusos cometidos durante la crisis – dijo que no podía confirmar las denuncias realizadas por ONG nacionales de más de 1 000 casos de desapariciones forzadas hasta el 23 de noviembre. Los grupos de derechos humanos afirman que más del 80 por ciento de los detenidos fueron capturados por unidades parapoliciales, y muchos de ellos posteriormente fueron liberados o acusados formalmente; aún no se dispone de datos verificables sobre el número de desaparecidos presuntamente muertos o detenidos. Un experto en derechos humanos afirmó que hasta ahora no se han observado “patrones de desapariciones forzadas”[fn]La cuestión de las desapariciones forzadas sigue siendo un tema extremadamente delicado en América Latina tras las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras en Argentina y Chile en los 70 y 80. Entrevistas de Crisis Group, expertos en derechos humanos, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018. Informe Preliminar de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Nicaragua, 10 de julio de 2018, p. 50. “Al menos 545 muertos”, op. cit.Hide Footnote .

 

The issue of enforced disappearances remains extremely sensitive in Latin America following the massive human rights violations during the Argentina and Chile dictatorships in the 1970s and the 1980s. Crisis Group interviews, human rights experts, Managua, 4-6 September 2018. Crisis Group telephone interview, diplomat, 3 October 2018. Nicaraguan General Assembly’s Truth, Justice and Peace Commission, Preliminary Report, 10 July 2018, p. 50. “Al menos 545 muertos”, op. cit.Hide Footnote

En la mayoría de los casos conocidos, los detenidos – oficialmente 273 aunque las ONG locales contabilizan hasta 558 – han sido enviados a la cárcel de El Chipote en Managua o a otras prisiones cercanas[fn]El mismo Ortega estuvo encarcelado en El Chipote, entonces conocido como La Loma, por sus actividades guerrilleras en los 70. José Luis Rocha, “¿Qué estamos logrando con la rebelión de abril?”, Revista Envío, agosto de 2018. “Alianza Cívica afirma que existen 558 “presos políticos” en Nicaragua”, EFE, 24 de octubre de 2018.Hide Footnote . Los grupos de derechos humanos denuncian que, del total de detenidos, unos 300 enfrentan a juicios sin garantías procesales presididos por jueces progubernamentales[fn]“Gobierno de Nicaragua solo reconoce 273 personas detenidas por protestar”, El Nuevo Diario, 5 de noviembre de 2018. “En Nicaragua hay 558 presos políticos según Alianza Cívica”, EFE, 24 de octubre de 2018.Hide Footnote . Los activistas locales denuncian una “falta total de garantías procesales”, como el hecho de que los fiscales hayan llamado a casi 50 testigos a declarar contra los acusados, en algunos casos sin que esté presente un abogado defensor. “La acusación típica es de terrorismo y crimen organizado” dijo uno de ellos, añadiendo que la mayoría de las sentencias no pueden ser apeladas. El gobierno no respondió a las solicitudes de los organismos de derechos humanos de presenciar los juicios[fn]Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó dos leyes el 17 de julio – la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – que establecían sentencias de hasta 20 años de cárcel para actos de terrorismo, las autoridades judiciales habrían estado usando la legislación antiterrorista existente bajo los artículos 394-398 del Código Penal nicaragüense para las acusaciones. Entrevista de Crisis Group, expertos en derechos humanos, Managua, 3-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018.Hide Footnote , y a principios de diciembre la Asamblea Nacional votó a favor de despojar a varias organizaciones de derechos humanos de su registro legal[fn]“Cancelación de personerías a ONG en Nicaragua preocupa a la CIDH”, El Nuevo Diario, 12 de diciembre de 2018.Hide Footnote .

 

“Cancelación de personerías a ONG en Nicaragua preocupa a la CIDH”, El Nuevo Diario, 12 December 2018.Hide Footnote

C. El fracaso del diálogo

El 22 de abril, presidente Ortega convocó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua – la principal autoridad de la Iglesia católica en el país – para que mediara entre el gobierno y los manifestantes. Desde entonces, la Iglesia y el nuncio apostólico han sido los únicos canales de comunicación estables entre los grupos antigubernamentales y Ortega, y en varias ocasiones han persuadido al presidente a que establezca corredores humanitarios y libere a manifestantes encarcelados[fn]Anteriormente los obispos habían mediado exitosamente durante la crisis de la seguridad social de junio de 2013. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Iglesia católica y la Alianza Cívica, Managua, 3-4 de septiembre de 2018. “Brutal desalojo de ancianos y jóvenes”, Confidencial, 26 de junio de 2013.Hide Footnote .

Los obispos también se hicieron cargo de unificar las diversas partes del movimiento antigubernamental bajo el paraguas de la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” como contraparte del gobierno en las negociaciones. Los líderes religiosos nominaron a miembros de cuatro organizaciones del sector privado, el movimiento campesino, grupos representantes de las regiones y la sociedad civil de Nicaragua, y les encargaron la tarea de acordar un programa de diálogo que reflejara las demandas de los manifestantes. La Alianza también incluyó a la Coalición Universitaria, que reunía a diferentes asociaciones de estudiantes, quienes habían “adquirido la legitimidad [necesaria para participar en el diálogo] porque ellos pusieron los muertos”, afirmó una fuente diplomática en Managua[fn]Los representantes de la Alianza Cívica dijeron que los criterios en los que se basó la Iglesia católica para elegirlos fueron, en primer lugar, su capacidad de representar a sectores de la sociedad civil más amplia, y en segundo lugar su voluntad de “no ofender” a Ortega con una coalición demasiado agresiva. Entrevistas de Crisis Group, diplomático y miembros de la Alianza Cívica, Managua, 4-6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Los obispos accedieron a iniciar el diálogo cuando el gobierno confirmó que invitaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a evaluar la situación de los derechos humanos en el país – uno de los requisitos de los obispos[fn]Otras de las condiciones previas fueron la liberación de detenidos, la retirada de las fuerzas paramilitares y el esclarecimiento de la responsabilidad por las muertes. El 11 de mayo, el Papa Francisco envió una carta al presidente Ortega instándole a alcanzar una solución negociada a la crisis y apoyando por lo tanto la puesta en marcha del Diálogo Nacional unos días después. “Daniel Ortega invita a la CIDH a Nicaragua”, El Nuevo Diario, 14 de mayo de 2018. Comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, 3 de mayo de 2018. “El Papa pide “diálogo sincero” en Nicaragua”, El Nuevo Diario, 2 de junio de 2018.Hide Footnote .

El Diálogo Nacional comenzó el 16 de mayo en un clima de hostilidad abierta. Los medios locales e internacionales se reunieron en un seminario en Managua para cubrir una reunión sin precedentes desde los 90. Estudiantes, campesinos y representantes de la sociedad civil y el sector empresarial se enfrentaron públicamente a la pareja presidencial Ortega-Murillo. Cientos de miles de nicaragüenses vieron la transmisión en vivo del evento por televisión y en redes sociales. Un obispo dio inicio a la sesión con una larga homilía, tras la cual un estudiante marcó una pauta más combativa, gritando “¡Ríndase!” a Ortega y Murillo[fn]“Nicaragua: así fue el duro comienzo del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega, estudiantes y líderes de oposición”, BBC Mundo, 16 de mayo de 2018.Hide Footnote . “El lenguaje era caliente”, dijo un sacerdote católico presente en el evento. “Parecía que se iban a tirar las sillas”[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Tras un breve paréntesis a principios de junio por la violencia de la marcha del Día de la Madre, el 12 de junio Ortega aceptó un “Acuerdo Constitucional y Programa de Ruta” elaborado por la Iglesia unos días antes, que proponía una agenda basada en la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y la reforma democrática[fn]El 18 y el 21 de mayo la sesión plenaria del Diálogo Nacional había acordado un cese al fuego que no fue respetado, además de reconocer las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita a Nicaragua el 17-21 de mayo de 2018. Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018. Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional, comunicados oficiales, 18-21 de mayo y 13 de junio de 2018.Hide Footnote . Las partes se reunieron en otras cuatro ocasiones en comités mixtos integrados por representantes del gobierno y la Alianza Civil – con dos grupos de trabajo sobre reformas electorales y judiciales, además de una Comisión de Seguridad y Verificación encargada de supervisar el proceso y reducir las hostilidades. El programa incluía ambiciosos temas de debate como la posibilidad de adelantar las elecciones de 2021 al 29 de marzo de 2019 y sustituir a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, la máxima autoridad electoral de Nicaragua[fn]Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional, comunicado, 16 de junio de 2018.Hide Footnote .

Las negociaciones enfrentaron grandes retos. Las partes en ningún momento acordaron poner fin a la represión o desmantelar los tranques, por lo que la confianza entre ellas, ya de por sí débil, se vio constantemente socavada por la represión del gobierno y la creación de nuevas barricadas opositoras, sobre las cuales la propia Alianza Cívica tenía poca influencia. Sin la capacidad de manejar los tranques, sus representantes no podían explotar su mayor poder ante el gobierno[fn]Solo un puñado de tranques fueron desmanteladas pacíficamente en base a la cooperación entre el gobierno y la oposición. Dos funcionarios internacionales que monitorearon la crisis afirman que la operación del gobierno para desmantelar estas barricadas por lo general se llevó a cabo de manera ordenada y disciplinada por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Entrevistas de Crisis Group, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.Hide Footnote

Aun así, el diálogo logró algunas concesiones del gobierno, incluida la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargado de analizar las violaciones de los derechos humanos[fn]Otros avances incluyeron el establecimiento del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), también parte de la Comisión Interamericana, para brindar apoyo al Diálogo Nacional y asesorar a los grupos de la sociedad civil en temas de memoria, verdad, justicia y reparación; y la aceptación por parte del gobierno de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el 26 de junio. “Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el Gobierno de Nicaragua”, 30 de junio de 2018. “CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado de prensa, 25 de junio de 2018. “Nicaragua: Hoy inicia misión oficial de ONU Derechos Humanos”, OACNUDH, comunicado de prensa, 26 de junio de 2018.Hide Footnote . Varios diplomáticos que se reunieron con Ortega y funcionarios del gobierno durante el  diálogo creen que cedieron por miedo a la magnitud e impacto del movimiento de protesta en plena transformación. Las principales rutas del país estaban afectadas por cortes que perjudicaban el comercio ergional. Unos 400 camioneros llevaban más de un mes varados[fn]Nicaragua, que limita con Costa Rica al sur y con Honduras y El Salvador al norte, es un punto de tránsito para el 92 por ciento del transporte regional. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018. “Migración rechaza 9 de cada 10 solicitudes”, comunicado, gobierno de Costa Rica, 19 de junio de 2018. “Comercio en la región se prepara para caída por crisis en Nicaragua”, El Periódico, 6 de julio de 2018.Hide Footnote . Supuestamente Ortega y Murillo dijeron en privado que como último recurso accederían a las reformas y elecciones anticipadas siempre y cuando se les permitiera participar en los comicios[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.Hide Footnote .

 

Crisis Group telephone interview, diplomat, 30 August 2018.Hide Footnote

En varias ocasiones, los gestos del gobierno demostraron estar vacíos de contenido.

No obstante, ciertos observadores de las negociaciones mantienen que para el gobierno el Diálogo Nacional no fue más que una táctica dilatoria para desmantelar las barricadas y restablecer su autoridad absoluta. “El gobierno nunca aceptó el programa de diálogo. Él [Ortega] veía el proceso como una vía para deshacerse de ellos [la Alianza Cívica]”, dijo un diplomático en Managua[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Iglesia, Alianza Cívica y diplomático, Managua, 4-6 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

En varias ocasiones, los gestos del gobierno demostraron estar vacíos de contenido. Antes del comienzo del diálogo, el 29 de abril, la mayoría oficialista en la Asamblea de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, pero solo designó a miembros cercanos al FSLN. Ortega invitó a la OEA y a organismos de derechos humanos de la ONU a Nicaragua, pero ordenó al ministerio de Asuntos Exteriores que controlara todas sus fuentes de información y no permitiera a los funcionarios salir de Managua[fn]Entrevistas de Crisis Group, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018. “Asamblea aprueba polémica Comisión de la Verdad”, Confidencial, 29 de abril de 2018.Hide Footnote . Tras el éxito de la “Operación Limpieza”, el FSLN abandonó las negociaciones por completo, y a finales de agosto Ortega expulsó a la misión de derechos humanos de la ONU tras la publicación de un informe que lo criticaba. Según un activista estudiantil, “nunca hubo un verdadero diálogo (…) desde el principio el gobierno nos acusó de conspiradores”[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Si bien la explotación del diálogo por parte del gobierno impidió que tuviera éxito, también lo hicieron las aspiraciones de la Alianza Cívica. “Sus expectativas no eran realistas. Esperaban que EE.UU. escoltara a Ortega fuera del país”, observó un funcionario estadounidense[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.Hide Footnote . A los negociadores, diplomáticos y funcionarios internacionales en Managua les preocupaban las demandas de la coalición antigubernamental. En retrospectiva, los líderes de la oposición lo reconocen: “En abril nos cegó el momento. Realmente pensamos: Ortega se va”[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, participantes en el Diálogo Nacional y miembros de grupos opositores, Managua y San José, 3-10 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.Hide Footnote .

El golpe definitivo al diálogo vino en forma de ataques contra los mediadores, quienes a ojos de los círculos sandinistas estaban más cerca de la Alianza Cívica que del gobierno. El 9 de julio, simpatizantes del FSLN asaltaron al cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio papal Waldemar Sommertag y otros curas. Desde entonces, varios líderes religiosos han condenado abiertamente al gobierno, un sentimiento compartido por los miembros de la Conferencia Episcopal. “Soy víctima de una campaña de represión, desprestigio y acoso”, declaró el obispo Silvio José Báez después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua Denis Moncada lo acusara en un evento público celebrado el 28 de octubre de organizar un golpe con ayuda de la extrema derecha. El gobierno a su vez cuestionó la idoneidad de la Iglesia como mediadora: “Yo diría que la credibilidad de la Conferencia Episcopal se vio dañada por la actitud de algunos obispos”, dijo Ortega el 30 de julio[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018. “El canciller acusa a sectores de la Iglesia de terrorismo y golpismo”, 100% noticias, 26 de octubre de 2018. “An Exclusive Interview with Nicaraguan President Daniel Ortega”, Grayzone, 30 de julio de 2018.Hide Footnote .

Tras el colapso de las negociaciones, el gobierno anunció que no aceptaría a la Alianza Cívica como contraparte en las negociaciones. Un sandinista cuestionó si los “portavoces autoproclamados” de la oposición realmente representaban a un grupo social significativo[fn]“Gran victoria obtenida por el sandinismo”, op. citHide Footnote . Al gobierno también le frustró el hecho de que incluso cuando cumplió – aunque solo de forma parcial y en sus propios términos – con las demandas de la Alianza Cívica en materia de derechos humanos, sus contrapartes no procedieron a desmantelar las barricadas: “ellos [la Alianza Cívica] vinieron con demandas sin querer dar nada [a cambio]”, dijo Jacinto Suárez, un líder del FSLN en la Asamblea[fn]“Los enmascarados son de los dos bandos”, op. cit.Hide Footnote .

 

“Los enmascarados son de los dos bandos”, op. cit.Hide Footnote

D. Crisis económica

La economía de Nicaragua, que solía ser una de las más pujantes de la región, ha sido duramente golpeada por la revuelta. Según grupos del sector privado, 417 000 nicaragüenses – más del 14 por ciento de la fuerza laboral del país – han perdido el empleo desde el comienzo de la crisis[fn]“Unos 417.000 empleos se han perdido en Nicaragua por la crisis, según patronal”, EFE, 9 de noviembre de 2018. Datos del Banco Mundial, disponibles en: https://bit.ly/2qURjLoHide Footnote . Las pérdidas económicas en la primera mitad del año ascienden a $1 180,6 millones – en torno al 8,6 por ciento del PIB de Nicaragua – según fuentes oficiales, mientras que el FMI estima que el PIB se contraerá en un 4 por ciento este año[fn]“Gobierno admite deterioro económico por protestas”, El Nuevo Diario, 2 de octubre de 2018. “Misión del FMI concluye visita a Nicaragua”, Fondo Monetario Internacional, comunicado de prensa, 31 de octubre de 2018.Hide Footnote . Pese al crecimiento de los últimos años, Nicaragua sigue siendo un país pobre sin recursos naturales y con una economía vulnerable a una fuerte pérdida de confianza por parte del sector empresarial y los inversores.

Conscientes de estos riesgos, el gobierno y las organizaciones del sector privado han explotado la amenaza del deterioro económico para perjudicarse mutuamente. La Alianza Cívica usó los tranques para dañar el comercio regional reduciendo en un 80 por ciento el tránsito de mercancías por tierra entre mayo y junio, y convocó tres huelgas nacionales que fueron ampliamente seguidas en las áreas urbanas[fn]Entrevista de Crisis Group, empresario nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Crisis de Nicaragua: Tránsito de mercancías se redujo en cerca de un 80%”, Mundo Marítimo, 10 de agosto de 2018.Hide Footnote . El gobierno también apretó las tuercas al sector privado. Entre otras cosas, supuestamente expropió tierras que pertenecían a empresarios nicaragüenses y se las entregó a familias de bajos ingresos. No obstante, las autoridades no reconocen que esto haya sido una práctica oficial, de hecho en algunos casos han promovido el desalojo de personas que habían ocupado tierras confiscadas[fn]Según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, para mediados de octubre 5 000 de las 6 900 hectáreas confiscadas desde abril seguían estando ocupadas. Entrevista telefónica de Crisis Group, 1 de noviembre de 2018. “Tomatierras causan daños de 24 millones”, El Nuevo Diario, 31 de octubre de 2018. Para las supuestas acciones del gobierno en relación a la toma de tierras, véase: “Ortega intenta desalojar tomatierras”, Confidencial, 23 de septiembre de 2018; “Tomatierras del régimen tendrán que pagar si quieren un lote en Managua”, La Prensa, 7 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Asimismo, la Asamblea Nacional ha aprobado la creación de una empresa pública para manejar el comercio exterior y ha otorgado nuevas facultades discrecionales a la Unidad de Análisis Financiero, que investiga casos de posible blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, para acceder a los datos personales de los ciudadanos. Las organizaciones del sector privado consideran que ambas iniciativas son esfuerzos inconstitucionales para reforzar el poder del Estado sobre las empresas[fn]Las empresas temen que la Unidad de Análisis Financiero lleve a cabo investigaciones de tipo policial políticamente motivadas, y que la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) solo promueva aquellas empresas que estén alineadas con el gobierno. Para más, véase: “Cosep recurrirá legalmente contra Enimex”, El Nuevo Diario, 1 de noviembre de 2018. “Cosep recurrirá por inconstitucionalidad contra Ley de la Unidad de Análisis Financiero”, La Prensa, 11 de octubre de 2018.Hide Footnote .

El forcejeo entre Ortega y el sector privado ha perjudicado los intereses de ambos, que anteriormente estaban entrelazados. “A la gente del gobierno le ha perjudicado tanto lo que está pasando como a nosotros”, lamentó un empresario nicaragüense[fn]Entrevista de Crisis Group, empresario nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Si continúan las tensiones, la economía más pequeña de Centroamérica podría caer en la recesión. Según expertos económicos, los riesgos a largo plazo incluyen el crecimiento económico negativo, la reducción de los ingresos fiscales, la eliminación de los subsidios, y el aumento del desempleo. Las reformas del Instituto de Seguridad Social – las mismas que desencadenaron la revuelta cívica – no se pueden postergar durante mucho más tiempo, ya que se prevé que sus reservas se agoten para 2019[fn]Entrevista de Crisis Group, economista, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Nicaragua Country Report No. 17/174”, op. cit.Hide Footnote .

 

IV. Perspectivas de diálogo y reforma

A estas alturas la reanudación del diálogo parece improbable dados los escasos incentivos del gobierno para reiniciar las negociaciones y el estado de la oposición, que está teniendo dificultades para decidir sobre su futuro y liderazgo. No obstante, dada la crisis económica del país y la indignación pública por la violenta represión, no se puede descartar que haya nuevas protestas y más represión. Si no se abordan las tensiones políticas, también podría aumentar la inseguridad y los riesgos humanitarios en la región. Si bien son pequeñas y débiles comparadas con sus pares en otros países centroamericanos, las pandillas callejeras de Nicaragua supuestamente habrían colaborado tanto con las fuerzas gubernamentales como con los manifestantes opositores[fn]El sociólogo José Luis Rocha afirmó en un artículo de junio de 2018 que desde 2015 los militantes del FSLN han ofrecido dinero, armas, municiones, transporte e impunidad a pandilleros activos y retirados dispuestos a participar en acciones “espontáneas” para reprimir a los opositores que se manifestaban contra el fraude electoral. “Breve historia de las pandillas del reparto Schick: ¿los “vandálicos” de abril y mayo son pandilleros?”, Revista Envío, No. 435, junio de 2018. En cuanto a la supuesta colaboración de los opositores con pandillas, véase “Violencia armada en Nicaragua: un producto importado”, El 19 Digital, 27 de junio de 2018.Hide Footnote . Mientras, miles de nicaragüenses han huido a la vecina Costa Rica para escapar a la pobreza y la represión estatal. Entre enero y febrero, un total de 13 697 habrían solicitado asilo formal en el país – un marcado aumento comparado con 2017 – mientras que en el mismo periodo un total de 40 386 personas habrían llegado al país en busca de protección internacional[fn]Véase “Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1 de noviembre de 2018. El informe sobre derechos humanos de la ONU y varios medios inicialmente mencionaron una cifra de cerca de 23 000 solicitantes de asilo nicaragüenses a consecuencia de la represión. Sin embargo, esa cifra no coincide con los datos oficiales del gobierno de Costa Rica, e incluye tanto las solicitudes de asilo registradas como las pendientes. Tweet de Francisca Fontanini, portavoz de ACNUR, 16 de septiembre de 2018. “Miles de personas que huyeron de la violencia en Nicaragua hoy buscan refugio en Costa Rica”, Infobae, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Implementar reformas electorales antes de los comicios de 2021 es la alternativa más realista que tiene el presidente Ortega para reducir las tensiones y recuperar algo de su reputación internacional. Sus adversarios deberían ver las reformas como una manera de allanar el camino para un futuro diálogo y cambios más profundos, sobre todo en relación a los derechos humanos y el sistema judicial.

 

A. Incentivos para reanudar las negociaciones

El presidente Ortega ha aplacado las protestas con sangre, lo cual a pesar de haberle costado gran parte de su apoyo popular y de varias potencias extranjeras no ha sido suficiente incentivo para llevarle a hacer concesiones. Consciente de la posibilidad de que haya nuevos levantamientos en el futuro, el gobierno parece reacio a desarmar a los grupos parapoliciales o replantear su voluntad de silenciar las protestas mediante la violencia. También cuenta con la infraestructura judicial y de inteligencia necesaria para procesar a los opositores a la vez que protege a los partidarios sandinistas de la investigación penal. El partido FSLN sigue siendo la principal fuerza política de Nicaragua, y en los últimos tiempos no ha mostrado públicamente ninguna fractura interna significativa[fn]Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno sugieren que el apoyo del FSLN a la represión no es unánime, y que algunos de sus miembros supuestamente se oponen a la posibilidad de que la vicepresidenta Murillo reemplace a su marido, aunque por ahora no ha surgido ninguna alternativa con una base de poder suficiente para competir contra ella. Entrevistas de Crisis Group, Managua, 6-7 de septiembre de 2018. En el pasado, el FSLN ha sufrido varias escisiones, y solo tres de los nueve miembros originales de su Dirección Nacional, incluido Ortega, ahora apoyan al partido. Todos sus miembros siguen vivos excepto el cofundador del FSLN Tomás Borge, que murió en 2012, y Carlos Núñez, en 1990. “Muere Tomás Borge, comandante de la revolución nicaragüense”, El País, 1 de mayo de 2012.Hide Footnote .

Por su parte, la oposición está sumida en el caos y aún no ha logrado convertirse en un sólido contrapeso al FSLN. La Unidad Nacional Azul y Blanco – un movimiento que reúne a más de 40 organizaciones críticas con gobierno, incluida la Alianza Cívica – fue creada el 4 de octubre con el objetivo de competir con Ortega en unas futuras elecciones. Pero se trata de un movimiento de la sociedad civil sin un claro liderazgo ni estructura organizativa[fn]Aparte de la Alianza Cívica, el movimiento antigubernamental está compuesto por otros 40 grupos como la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por ONG de base. Entrevistas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil, Managua y San José, 4-10 de septiembre de 2018. “Nace Unidad Nacional Azul y Blanco”, Euronews, 4 de octubre de 2018.Hide Footnote . Su diversa membresía, que va desde ricos líderes empresariales a estudiantes universitarios, abarca una amplia gama de intereses que complican la toma de decisiones internas. “Lo único que tienen en común es su oposición a Ortega”, dijo una fuente diplomática[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Aparte de huelgas nacionales y manifestaciones, su capacidad para movilizar a simpatizantes es limitada comparada con la del gobierno[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomático, miembro de la oposición y experto en derechos humanos, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.Hide Footnote . Asimismo, la relación entre este movimiento y los partidos de la oposición en Nicaragua aún no ha sido establecida, ya que el largo historial de Ortega de manipulación y cooptación de la oposición oficial ha resultado en el descrédito de estos partidos[fn]Una encuesta de Cid-Gallup realizada el 27 de septiembre halló que el FSLN seguía siendo el principal partido político con el apoyo del 23 por ciento de los participantes, mientras que los más pequeños Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI) tan solo contaban con el apoyo del 4 y el 1 por ciento respectivamente. El 67 por ciento de los participantes declararon que no estaban alineados con ningún partido político. “El 61% de los nicaragüenses exige la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, según una encuesta”, Infobae, 27 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

Todo esto hace que la reanudación de las negociaciones resulte improbable en el corto plazo. Incluso dentro de la Alianza Cívica, cuyos miembros han reclamado una y otra vez el retorno a las negociaciones, figuras destacadas concluyen que no se dan las condiciones necesarias: “No se puede dialogar con este nivel de represión”, dijo un miembro de la oposición[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la oposición, Managua, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Revivir el formato establecido del Diálogo Nacional probablemente no sea la mejor manera de fomentar las negociaciones entre ambas partes dado que el compromiso del gobierno con el proceso fue mínimo y no contó con expectativas realistas ni una agenda definida. Asimismo, para el gobierno las autoridades religiosas han perdido su credibilidad como mediadoras y se han alineado más con los manifestantes. En general, el espacio para las voces moderadas se ha reducido ya que tanto el FSLN como el movimiento opositor han mantenido una retórica de “guerra y resistencia” desde el fin de las negociaciones[fn]Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

 

A 27 September Cid-Gallup survey showed the FSLN remained the largest political party with 23 per cent support, with the smaller Liberal Constitutionalist Party (PLC) and the Independent Liberal Party (PLI) only registering 4 and 1 per cent respectively. 67 per cent of participants declared they were not aligned with any political party. “El 61% de los nicaragüenses exige la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, según una encuesta”, Infobae, 27 September 2018.Hide Footnote

Incluso si la mayoría de los activistas por ahora siguen comprometidos con la protesta pacífica, la progresiva criminalización del disenso público podría provocar un mayor resentimiento y temeridad en las acciones contra el gobierno.

No obstante, la estrategia de contención del gobierno tiene sus limitaciones y podría ser cuestión de tiempo que surjan más protestas u otras formas de disenso, que probablemente llevarían a nuevos enfrentamientos. “La gente ha perdido el miedo a la protesta”, dijo un ex diplomático nicaragüense[fn]Entrevista de Crisis Group, ex diplomático, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018. “Cid Gallup: 61 por ciento exige renuncia de Ortega-Murillo”, op. cit.Hide Footnote . Incluso si la mayoría de los activistas por ahora siguen comprometidos con la protesta pacífica, la progresiva criminalización del disenso público podría provocar un mayor resentimiento y temeridad en las acciones contra el gobierno. Según el informe Latinobarómetro 2018, el apoyo público por el gobierno de Ortega disminuyó del 67 por ciento al 23 por ciento tras la revuelta de abril, mientras que las encuestas sugieren que más de la mitad de los nicaragüenses preferirían unas elecciones anticipadas[fn]“Informe 2018”, Corporación Latinobarómetro, 9 de noviembre de 2018, p. 18. “Cid Gallup: 61 por ciento exige renuncia de Ortega-Murillo”, Confidencial, 26 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

A la luz de los riesgos que enfrenta su gobierno a causa de la pérdida de popularidad, la ruptura de los lazos con sus principales aliados y la crisis económica, Ortega haría bien en considerar las concesiones para aplacar a sus adversarios. El arte del compromiso táctico para mantener la estabilidad no es una novedad para los sandinistas, que permitieron que las elecciones de 1984 y 1990 se celebraran pese a sus dudas en ambos casos, y desarrollaron su poder a lo largo de los últimos diez años en base a alianzas con antiguos adversarios. Dado este historial de compromiso, el eje de la campaña opositora y la presión internacional debería ser un conjunto de demandas razonables centradas en la reforma democrática.

 

B. Compromiso y presión internacional

La diplomacia de alto nivel entre Ortega y la ONU con apoyo de la Iglesia católica podría lograr que Ortega acepte otorgar concesiones específicas, en particular en relación a las reformas electorales. A pesar de sus diferencias con algunos obispos católicos, la pareja gobernante aún considera al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag, un intermediario válido dispuesto a apoyar la mediación internacional[fn]Entrevista de Crisis Group, Managua, 6 de septiembre de 2018.Hide Footnote .

El secretario general de la ONU, António Guterres, también mantiene relaciones cordiales con el gobierno nicaragüense a pesar de la hostilidad generalizada contra la ONU que reina en Nicaragua, pero debe actuar sin el Consejo de Seguridad ya que China y Rusia probablemente bloquearían cualquier acción en este ámbito[fn]El 5 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió la cuestión de Nicaragua. El debate se centró en si la ONU estaba obligada a responder a los primeros indicios de conflicto y violaciones de derechos humanos o si debería abstenerse de intervenir en las cuestiones internas de Nicaragua, en base a que la crisis no representaba un amenaza a la paz y la seguridad internacional. Rusia y China adoptaron esta última postura. “Security Council takes up Nicaragua Crisis, with some reservations”, UN News, 5 de septiembre de 2018.Hide Footnote . Guterres debería designar a un enviado a Nicaragua para compensar la débil presencia de la ONU en el país desde 2015, cuando Ortega echó al Programa de la ONU para el Desarrollo, acusándolo de “injerencia política”[fn]“Ortega acusa a PNUD de ‘injerencia política’”, Confidencial, 16 de febrero de 2016.Hide Footnote .  Persuadir al gobierno exige confidencialidad, y deber manejarse por separado del trabajo de monitoreo permanente de derechos humanos. Las susceptibilidades que genera este último tema salieron a la luz cuando el gobierno expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) dos días después de la publicación de un informe de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos[fn]“Ortega llama “instrumento de terror” a la ONU”, El Nuevo Diario, 30 de agosto de 2018.Hide Footnote .

 

“Ortega llama “instrumento de terror” a la ONU”, El Nuevo Diario, 30 August 2018.Hide Footnote

Ortega ha rechazado públicamente los esfuerzos diplomáticos de la UE y la OEA para presionar por el diálogo, calificándolos de “intervencionistas”.

Ortega ha indicado que el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) podría ser otro posible intermediario[fn]El SICA es una organización centroamericana fundada en 1991 para promover la integración económica en la región. Página web oficial del SICA: https://www.sica.int/Hide Footnote .  Su secretario general, el ex presidente de Guatemala Vinicio Cerezo, es un antiguo amigo del presidente de Nicaragua. “El último recurso de Ortega es Vinicio Cerezo y el SICA. Ortega le agarra el teléfono [si llama Cerezo], y ahora aún más. Cerezo es uno de los pocos dispuestos a escuchar las quejas de Ortega”, dijo un ex diplomático nicaragüense[fn]Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Managua, 4 de septiembre de 2018.Hide Footnote . No obstante, Cerezo es también un centrista que no debe lealtad a los sandinistas. Podría desempeñar algún papel de mediación apoyando los esfuerzos de la ONU, basado más en su conexión personal con Ortega que en la capacidad institucional del SICA, el cual tiene escaso poder sobre sus miembros y cuya experiencia en el abordaje de crisis regionales es limitada[fn]Algunos líderes opositores manifestaron su preocupación de que el SICA sea una opción maleable que podría favorecer los intereses de Ortega en un futuro diálogo. Hasta ahora, el SICA no ha condenado la represión en Nicaragua. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático, Managua, 4 de septiembre de 2018. “Declaración especial sobre Nicaragua”, LI reunión ordinaria de jefes de estado y de gobierno de los países miembros del SICA, 30 de julio de 2018.Hide Footnote .

Ortega ha rechazado públicamente los esfuerzos diplomáticos de la UE y la OEA para presionar por el diálogo, calificándolos de “intervencionistas”[fn]“Daniel Ortega acusa a EE.UU., OEA y UE de ‘intervencionismo’”, Deutsche Welle, 9 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Su actitud hacia la OEA se debe en gran medida a la votación del Consejo Permanente en contra de las acciones de su gobierno en julio, cuando una clara mayoría de países latinoamericanos condenaron la violencia del gobierno contra los manifestantes, apoyaron el diálogo y reclamaron reformas democráticas y de derechos humanos para prevenir nuevas masacres[fn]La resolución fue aprobada por una mayoría de 21 votos de los 34 miembros del Consejo Permanente. Solo tres países votaron en contra: Venezuela, San Vicente y las Granadinas, y la propia Nicaragua. Siete se abstuvieron, mientras que tres se ausentaron, incluida Bolivia. “La situación en Nicaragua”, Organización de Estados Americanso CP/RES. 1108, 18 de julio de 2018. Para más sobre la respuesta regional a la crisis de Nicaragua, véase: “Resolución sobre Nicaragua”, Foro de São Paulo, 1 de agosto de 2018. “La división de la izquierda latinoamericana frente a Nicaragua”, The New York Times, 19 de agosto de 2018.Hide Footnote .  No obstante, dada su fuerte presencia en Nicaragua, la ONU debería coordinar con ambos organismos las cuestiones relativas a la mediación y las iniciativas de reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue siendo fundamental no solo en cuanto al monitoreo de los derechos humanos, sino también para mantener la comunicación entre la oposición y los actores internacionales. Por su parte, la UE goza de vínculos diplomáticos y financieros de larga data con el gobierno, y debería continuar ofreciendo apoyo técnico a las reformas, al igual que los Estados europeos, en especial España y Alemania, los cuales se han ofrecido para mediar durante la crisis[fn]Para la respuesta de la UE, véase: “EU deplores ongoing violence in Nicaragua and calls for peaceful and democratic solution”, comunicado de prensa, 17 de julio de 2018.Hide Footnote .

Junto con los esfuerzos de mediación, EE.UU. impuso sanciones contra Nicaragua tras la violenta represión[fn]EE.UU. convocó una reunión del Consejo de Seguridad para debatir la crisis del país a principios de septiembre. También respaldó los esfuerzos de mediación de alto nivel en junio en los que participaron Ortega y Murillo. Mientras, altos diplomáticos estadounidenses admiten que su reticencia a apoyar esfuerzos adicionales para derrocar al presidente o forzar unas elecciones anticipadas se debe a la debilidad y fragmentación de la oposición. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario estadounidense, 31 de agosto de 2018; entrevista de Crisis Group, diplomático estadounidense, 9 de octubre de 2018.Hide Footnote . En julio de 2018, el Senado estadounidense presentó el “proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua”, que fue aprobada por el Congreso el 11 de diciembre y otorgaría al presidente Donald Trump facultades para imponer sanciones financieras contra funcionarios nicaragüenses acusados de abusos de los derechos humanos y corrupción. Este proyecto de ley era una nueva versión del proyecto de ley conocido como “Nica Act”, concebido originalmente como una medida para disuadir a Ortega de apropiarse de aún más poder y socavar la democracia[fn]“Nica-US relations in the era of Trump”, Revista Envío, No. 425, febrero de 2017.Hide Footnote . En base a la existente Ley Global Magnitsky, el 5 de julio se ordenó una primera ronda de sanciones contra tres funcionarios del círculo íntimo de Ortega[fn]

El 5 de julio, el presidente estadounidense impuso sanciones contra Francisco Díaz, un subdirector de la fuerza policial nacional; Fidel Antonio Moreno Briones, el secretario de la Alcaldía de Managua; y Francisco López, el tesorero y vicepresidente de Albanisa. “Treasury Sanctions Three Nicaraguan Individuals for Serious Human Rights Abuse and Corrupt Acts”, Departamento del Tesoro de EE.UU, comunicado de prensa, 5 de julio de 2018.
 

Hide Footnote . El presidente Trump procedió a firmar una nueva Orden Ejecutiva el 27 de noviembre que el Tesoro estadounidense usó para sancionar a la vicepresidenta Murillo y uno de sus asesores, acusándola de corrupción y abusos de los derechos humanos[fn]Las sanciones contra Murillo y su asesor de seguridad Néstor Moncada Lau congelan todas sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a las empresas e individuos estadounidenses llevar a cabo transacciones con ellos. “U.S. sanctions Nicaraguan officials, including Ortega's wife”, Reuters, 27 de noviembre de 2018.Hide Footnote .

Es discutible si estas sanciones afectarán o no las decisiones del gobierno, especialmente dado que no le exigen nada en concreto ni incluyen condiciones claras sobre qué tendría que ocurrir para que se levantaran. Además, alimentan la retórica antiimperialista del FSLN y su insistencia en que EE.UU. es “un conspirador” que está detrás del levantamiento, una acusación que tiene sus raíces en el largo historial de intervención estadounidense en Nicaragua. El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton contribuyó a reforzar estas ideas con su reciente clasificación de Nicaragua junto con Cuba y Venezuela como parte de la “troika de la tiranía” que enfrentaría sanciones más severas y mayor presión diplomática de EE.UU. hasta que caigan sus gobiernos[fn]Bolton usó esta expresión en un discurso pronunciado el 2 de noviembre. “Troika of Tyranny: Trump White House announces tough new policies against Venezuela, Cuba and Nicaragua”, The Independent, 2 de noviembre de 2018.Hide Footnote . Tal como están las cosas, la presión que el gobierno está ejerciendo sobre el sector empresarial sugiere que Ortega está dispuesto a arriesgarse a provocar una disminución del crecimiento a cambio de intimidar a sus opositores y evitar hacer concesiones que debilitarían su mando. El FSLN podría incluso beneficiarse de un súbito deterioro del nivel de vida, dado que esto incrementaría la dependencia de los nicaragüenses de los subsidios del gobierno y le permitiría culpar a los golpistas “imperialistas” de la situación del país.

 
Las sanciones podrían formar parte de la futura presión internacional sobre su gobierno.

El gobierno también podría aliviar la presión de las sanciones reforzando sus vínculos con Rusia y China. Esta última ha intensificado sus lazos comerciales con Nicaragua en los últimos años, convirtiéndose en el segundo importador de las exportaciones del país después de EE.UU. a pesar de la postergación de los planes para construir un canal interoceánico[fn]“Claves que hicieron sucumbir al gran canal de Nicaragua”, Estrategia y Negocios, 18 de junio de 2018.Hide Footnote . El interés de China en Nicaragua podría estar relacionado en parte con sus esfuerzos por convencer a Ortega de que retire su reconocimiento de Taiwán – como ya lo hicieron El Salvador en 2018 y Panamá en 2017, aunque Managua aún no ha seguido su ejemplo[fn]Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Managua, 4 de septiembre de 2018. “Estadísticas por Mercados de Destino Enero a Septiembre 2017-2018”, Centro de Trámites de las Exportaciones, 2018. “¿Por qué en plena crisis Taiwán le tiende la mano a Daniel Ortega?”, La Prensa, 10 de octubre de 2018. “El Salvador Recognizes China in Blow to Taiwan”, The New York Times, 21 de agosto de 2018.Hide Footnote . Nicaragua también ha adquirido equipamiento militar de Rusia en los últimos años, incluidos 50 tanques T-72 y un número desconocido de aviones de entrenamiento y combate Yak-130. Los rusos han construido un gran complejo para su embajada en Managua, así como un centro para la cooperación en operaciones antinarcóticos, aunque fuentes diplomáticas especulan que las instalaciones están siendo usadas como estación de escucha[fn]Entrevistas de Crisis Group, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. “Tanques, aviones y un centro de espionaje: la Nicaragua rusa que inquieta a EEUU”, Confidencial, 10 de julio de 2017. “The Soviet Union fought the Cold War in Nicaragua. Now Putin’s Russia is back”, The Washington Post, 8 de abril de 2017.Hide Footnote .

Lejos de empujar a Ortega hacia un acuerdo con la oposición, las sanciones punitivas hasta ahora han servido para inflamar su retórica antiimperialista. Las sanciones podrían formar parte de la futura presión internacional sobre su gobierno, sobre todo para disuadir al gobierno del uso de la violencia letal contra manifestantes y opositores, siempre y cuando estas medidas busquen garantizar concesiones concretas, gocen de un amplio respaldo de los países latinoamericanos, e incluyan condiciones claras sobre qué tendría que ocurrir para que se levantaran.

 

C. Reforma electoral

En vista de la violenta represión de los manifestantes y el restablecimiento del control del gobierno, es difícil imaginar que Ortega acepte celebrar elecciones anticipadas, una de las demandas centrales del movimiento de protesta que el secretario general de la OEA Luis Almagro también respaldó en julio[fn]Véase el discurso de Luis Almagro, “La solución está en medir posiciones en las urnas, no con armas ni con represión”, Revista Envío, agosto de 2018.Hide Footnote . Incluso si se cumpliera, esta demanda podría resultar contraproducente para la oposición, ya que unos comicios anticipados organizados por militantes del FSLN probablemente beneficiarían al partido gobernante. La oposición haría mejor en centrarse en obtener reformas que garanticen que las próximas elecciones presidenciales, actualmente previstas para 2021, reflejen de manera equitativa las decisiones del electorado. Las iniciativas de reforma electoral no son una novedad en Nicaragua, y recientemente incluso gozaron de un tibio apoyo por parte de Ortega. En octubre de 2016, la OEA logró la aprobación de Ortega para fortalecer las instituciones electorales del país, aunque para mediados de 2017 la iniciativa había sido abandonada, según diplomáticos en Managua, principalmente debido a que el gobierno no cumplió sus promesas iniciales[fn]En el marco de las elecciones de 2016, el 14 de octubre de 2016 el secretario general de la OEA Luis Almagro envió una carta a Ortega en la que expresaba su preocupación por el proceso electoral y ofrecía iniciar un diálogo sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Nicaragua. El 28 de febrero de 2017, la OEA firmó un memorando con el gobierno que incluía una misión de observación electoral para las elecciones municipales de noviembre de 2017 y apoyo técnico sobre legislación electoral. Durante el Diálogo Nacional, la OEA intentó revivir este esfuerzo proponiendo un cronograma de reformas en junio de 2018, que nunca fue finalizado debido al colapso de las negociaciones. Entrevista de Crisis Group, diplomático, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Cronograma proyecto Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Nicaragua”, comunicado de la OEA, 1 de junio de 2018. Para los antecedentes de las recientes iniciativas de reforma de la OEA, véase: “Comunicado de la Secretaría General sobre el proceso electoral en Nicaragua”, comunicado de la OEA, 16 de octubre de 2016; “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Nicaragua”, 28 de febrero de 2018; y “Ortega le saca tres años a la OEA”, La Prensa, 21 de enero de 2018.Hide Footnote .

En conjunto, los anteriores esfuerzos de reforma de la OEA en Nicaragua y las recomendaciones de las misiones de observación electoral tanto de la OEA como de la UE constituyen un conjunto de reformas que podrían ayudar a asegurar que las próximas elecciones en Nicaragua sean razonablemente creíbles a ojos de todos los candidatos. Toda nueva legislación sobre partidos políticos debería reforzar los derechos de los mismos frente a las instituciones dominadas por el FSLN reformando el Consejo Supremo Electoral y estableciendo protocolos de selección de magistrados más estrictos para garantizar su independencia. Asímismo, será necesario simplificar la inscripción y participación de nuevos partidos y crear nuevos reglamentos para supervisar el financiamiento político. También se debería dar prioridad a garantizar que los escaños de cada distrito electoral en la Asamblea Nacional sean asignados equitativamente y a modernizar el registro de votantes[fn]Se puede consultar una serie de recomendaciones político-electorales más detalladas en: “OAS Electoral support mission in Nicaragua municipal elections: Final report”, 5 de noviembre de 2017, y “Nicaragua, Final Report: EU Electoral Observation Mission, General Elections and the Parlacen 2011”.Hide Footnote .

Si bien Ortega parece tener escasos incentivos para negociar, un programa de reformas electorales concretas no amenazaría inminentemente su control del poder. En la práctica significaría comprometerse a llevar a cabo reformas que su gobierno ya había acordado durante los esfuerzos liderados por la OEA en 2016-2017. Esto presenta una oportunidad para modernizar las instituciones electorales del país con apoyo internacional, posiblemente incluso antes de las elecciones regionales previstas para marzo de 2019. Casi sin ninguna duda, el FSLN sigue siendo el partido político más popular en Nicaragua, de modo que un Consejo Supremo Electoral fortalecido no necesariamente echaría por tierra las posibilidades de los sandinistas de ganar las próximas elecciones generales. De hecho, podría incluso legitimar dicha victoria a ojos de los nicaragüenses y las potencias extranjeras. Plenamente consciente de los efectos perjudiciales de la represión sobre la reputación internacional de Nicaragua, Ortega concedió un número sin precedentes de entrevistas a los medios desde julio de 2018, en las que procuró refutar la versión de los hechos de los manifestantes[fn]“Ortega niega la represión y culpa a EE.UU.”, op. cit.Hide Footnote . Si aceptara estas reformas, Ortega disminuiría además su creciente aislamiento en América Latina, el cual demostró de manera drástica la votación de la OEA en julio.

 

Dichas reformas no abordarían la causa original de la crisis – la propuesta de cambios a la institución de seguridad social del país, para lo cual es fundamental que el gobierno reconstruya las relaciones de trabajo con el sector privado. Tampoco sanarían las heridas que ha dejado la violencia desatada contra los manifestantes. Pero al menos abordarían el resentimiento generado por el cierre de los espacios democráticos en el país. Idealmente generarían confianza y sentarían las bases de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición. No obstante, si las hostilidades políticas impidieran la reanudación de las negociaciones y las reformas siguieran adelante, los organismos internacionales que apoyan los cambios al sistema electoral, en especial la UE y la OEA, deberían al menos establecer canales y plataformas para que la oposición y la sociedad civil puedan expresar sus opiniones, y aportar ideas al proceso.

El impacto a largo plazo de tales reformas dependerá de las decisiones estratégicas de la Alianza Cívica y el movimiento más amplio de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Si eligieran convertirse en un movimiento civil, su objetivo debería ser transformar los partidos políticos opositores, actualmente desprestigiados, en vehículos para sus objetivos políticos. En este sentido, valdría la pena emular ciertos casos regionales, como la Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala durante las negociaciones de paz del país en los 90, que funcionó con el apoyo y asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[fn]La Asamblea de la Sociedad Civil de Guatemala fue creada en 1994 para elaborar recomendaciones no vinculantes sobre cuestiones específicas de las negociaciones para poner fin al conflicto armado en 1996. Para su papel, véase: “The Civil Society Assembly: Shaping agreement”, Conciliation Resources, 2002.Hide Footnote . Si los grupos manifestantes decidieran convertirse en partido político o coalición, tendrían que establecer una clara estructura de liderazgo y lograr un mayor grado de unidad y capacidad de hacer campaña, y una estrategia coherente de cara a las próximas elecciones.

D. Justicia y derechos humanos

Si bien el gobierno considera que la represión de las protestas fue una respuesta legítima a un intento golpista fallido, la evidencia sugiere que las fuerzas de seguridad sandinistas cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Aunque no haya negociaciones directas entre el gobierno y la oposición, las potencias extranjeras y los organismos internacionales – sobre todo las naciones latinoamericanas, EE.UU., la UE y el Vaticano – deberían seguir insistiendo que Ortega respete un umbral mínimo de derechos humanos en cualquier futuro control policial de las protestas e intento de procesar a los manifestantes.

Cualquier futuro intento de monitorear y contener las manifestaciones debería tener en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos en relación al uso de la fuerza durante las marchas[fn]Véanse recomendaciones “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit., p. 39.Hide Footnote . Aparte de los tranques, la mayoría de las protestas han sido manifestaciones no violentas de ciudadanos nicaragüenses reclamando reformas democráticas. Siempre y cuando las marchas sigan siendo pacíficas, se debería permitir a los ciudadanos manifestarse sin enfrentar abusos y violencia. También deberían ser libres de exigir cambios políticos, decidir sobre su liderazgo y fomentar el intercambio de ideas sin riesgo de ser procesados o sufrir daños físicos.

Es casi seguro que la oposición exigirá la liberación de los presos políticos como condición previa para participar en cualquier diálogo[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018.Hide Footnote . Esta no es una concesión que el FSLN vaya a aceptar de buena gana. No obstante, un gesto mínimo como publicar un listado exhaustivo de los nombres y ubicación de los manifestantes encarcelados, que podría ser verificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con organismos de derechos humanos locales, podría resultar menos problemático para el gobierno y no comprometería su política de contención de la revuelta[fn]La CIDH fue expulsada del país el 19 de diciembre, pocas horas después de la publicación en inglés del este informe.Hide Footnote . Lo que es más importante, ayudaría a aliviar el dolor innecesario de las familias que buscan a sus familiares detenidos, y dejaría en claro cuántos presos quedan por liberar de cara a unas futuras negociaciones. Asimismo, el gobierno debería permitir el escrutinio público de los juicios y garantizar el debido proceso de los manifestantes detenidos.

Las reformas más ambiciosas del sector judicial y los derechos humanos deberían esperar a la próxima Asamblea Nacional, cuya elección también está prevista para 2021. Cualquier futura iniciativa debería basarse en las propuestas del Diálogo Nacional, y ser uno de los principales temas de debate de las negociaciones antes de dichos comicios. Dichos temas incluyen la selección de jefes independientes para las principales instituciones judiciales del país, la reforma de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para garantizar que ofrezca una supervisión eficaz, y la selección de mecanismos de justicia transicional para lidiar con los delitos cometidos tanto por el gobierno como por los simpatizantes de la oposición durante la revuelta.

 

V. Conclusión

Hasta ahora, el gobierno de Nicaragua ha podido contener el movimiento de protesta que surgió inesperadamente en abril mediante la violencia y un sistema judicial politizado. Pero el rápido deterioro del apoyo al presidente Ortega, el creciente resentimiento contra él y el marcado deterioro económico podrían desencadenar nuevos disturbios. Al mismo tiempo, la respuesta de Nicaragua a la crisis la ha sumido en un aislamiento evidente.

Los críticos del presidente insisten en que su gobierno ha perdido legitimidad y aliados dentro y fuera de Nicaragua, lo cual es cierto. No obstante, afirmar que su caída es inevitable e incluso inminente parece exagerado. El gobierno tiene la situación firmemente bajo control y está aparentemente convencido de que se enfrenta a una conspiración. Su poder coercitivo a nivel de fuerzas es claramente superior al de la oposición, lo cual juega en contra de cualquier concesión que pueda hacer a un movimiento de protesta al cual desprecia y considera criminal y terrorista. El diálogo entre ambas partes es fundamental para evitar futuras revueltas, pero la fragmentación de los manifestantes y la oposición, así como la obstinación del gobierno, por ahora dificultan las condiciones para la negociación.

No obstante, los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales, sobre todo los países miembros de la OEA y el Sistema para la Integración Centroamericana, así como EE.UU., la UE y el Vaticano, deberían procurar abrir canales de comunicación discretos con el gobierno para crear las condiciones necesarias para la reanudación de las negociaciones y ayudar a establecer un formato para el diálogo. Deberían alentar al gobierno a cooperar con organizaciones de derechos humanos publicando una lista de manifestantes detenidos y garantizando su debido proceso.[fn]Esta frase se ha modificado en la versión traducida al español del informe después de la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del país el 19 de diciembre de 2018.Hide Footnote  Las reformas electorales a las que el gobierno ya ha accedido permitirían que las próximas elecciones presidenciales previstas para 2021, para las cuales la oposición y los manifestantes deberían empezar a prepararse a fondo, sean más equitativas. Ninguna de estas medidas amenazaría el control del poder del gobierno, pero sí indicarían su voluntad de comprometerse y poner freno a los abusos más graves de las autoridades estatales y judiciales; la flexibilidad en torno a estas cuestiones debería ayudar a allanar el camino para la plena reanudación de las negociaciones, que deberían además centrarse en la reforma judicial y en obligar a rendir cuentas a los responsables de la violencia cometida durante la crisis.

Tal vez el gobierno nicaragüense no sea el más transparente o accesible de la región, pero no hay duda de que está alarmado por la magnitud de la revuelta de este año y el impacto en su imagen internacional. Su retórica antiimperialista podrá asemejarse a los discursos de agitadores líderes bolivarianos como el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero Ortega abrió la puerta al diálogo con EE.UU. en pleno auge del movimiento de protesta[fn]Las diferencias entre Nicaragua y Venezuela son significativas. La economía del país centroamericano es 30 veces menor que la de Venezuela. Nicaragua no puede vivir de las materias primas ni de las reservas de divisas extranjeras, que han disminuido en casi un 20 por ciento desde el comienzo de la crisis. El ejército nicaragüense, si bien es leal al gobierno, tiene otros intereses y supuestamente no está involucrado en actividades económicas ilegales. Para más de Crisis Group sobre Venezuela, véase: “Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela”, Informe Breve sobre América Latina No. 36, 19 de julio de 2017 y “Venezuela: la deuda del hambre”, Informe Breve sobre América Latina No. 37, 23 de noviembre de 2017.Hide Footnote . La historia política de los sandinistas está repleta de predecentes de concesiones a sus antiguos enemigos para garantizar su supervivencia. Por el bien del país y de su propio futuro político, Ortega debería hacer lo mismo con sus compatriotas que se oponen vehementemente a su mando.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 19 de diciembre de 2018

 

Anexo A: Mapa de América Central

CRISISGROUP

Anexo B: Mapa de Nicaragua

CRISISGROUP

Anexo C: Economía de Nicaragua

Crecimiento del PIB 1990-2018 (%) IMF and World Bank
Crecimiento del PIB 1990-2017, USD IMF and World Bank
Desempeño económico desde el retorno de Ortega (2007-2017) IMF and World Bank

Anexo D: Tasas de homicidios en países de América Central

Fuentes: Policía Nacional de Nicaragua, Estadísiticas anuales, 2007-2017 (por año); Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Dirección de Información y Análisis, Número total de homicidios 2007-2017 (por año); Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional de Honduras, Departamento de estadísticas – Direción de planeación, procedimientos operativos y mejoramiento continuo, diciembre 2018; Trino del Ministerio de Gobernación de Guatemala, “Comparación histórica de homicidios por 100 000 habitantes”, 31 de agosto de 2018; Viceministerio de Paz de Costa Rica, Observatorio de Violencia, Tablas y cuadros.

Anexo E: Financiamiento de Venezuela para el desarrollo en Nicaragua

Fuente: “Informe de Cooperación Externa”, Banco Central de Nicaragua, Octubre de 2018.
11 June 2019, Nicaragua, Managua: Yubrank Suazo (M.), a prominent figure in the student protests against the government, embraces a friend as he is awaited by friends and relatives in front of his house after his release from prison. Photo: Carlos Herrera/dpa Carlos Herrera / DPA / dpa Picture-Alliance

Las claves para desbloquear el diálogo en Nicaragua

President Daniel Ortega’s government has released almost all political prisoners held since Nicaragua’s April 2018 uprising. It should stay this course, honouring its other commitments to the opposition in national dialogue. International actors should promise consequences if the government drags its feet.

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Conclusiones principales

¿Qué está pasando? Un año después de neutralizar un levantamiento cívico con fuerza letal, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha llegado a un acuerdo con la oposición de Nicaragua en dos temas: la liberación de todos los presos políticos y el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. A pesar del progreso significativo que se ha hecho en estos frentes, las negociaciones sobre reformas electorales y justicia siguen suspendidas.

¿Por qué es importante? La economía de Nicaragua está colapsando y Ortega enfrenta un aislamiento internacional cada vez más profundo. Pero aún puede resolver la crisis a través del diálogo. De lo contrario, podrían reiniciar los enfrentamientos entre la oposición y el Estado, y aumentar las sanciones internacionales.

¿Qué debe hacerse? El presidente Ortega y la oposición deberían implementar los acuerdos existentes a cabalidad y convocar a una tercera ronda de negociaciones para abordar los temas pendientes. Los EE. UU., la OEA y la UE deberían aplaudir los avances alcanzados dejando claro que, si el gobierno incumple sus promesas, le impondrán mayores cargas.

Resumen ejecutivo

Aún existe la posibilidad de una salida pacífica para la tensa crisis de Nicaragua. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición han sido intermitentes, y están marcadas por el legado de una profunda desconfianza mutua tras la brutal represión de las protestas callejeras el año pasado. Aun así, bajo la creciente presión internacional y ante una grave recesión económica, el presidente Ortega invitó a la oposición a reanudar el diálogo en febrero. Las partes llegaron a un acuerdo sobre dos temas: la liberación de cientos de presos políticos y el compromiso por parte de Managua de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si bien se han logrado grandes avances, es necesario que estos acuerdos se implementen en su totalidad y bajo supervisión internacional, para que se reanuden las negociaciones, actualmente suspendidas. El resultado final debería ser un acuerdo más amplio que satisfaga los intereses esenciales de ambas partes: para los movimientos de oposición, igualdad de condiciones en elecciones anticipadas y justicia para las víctimas de la violencia del año pasado, y, para el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el regreso a la estabilidad, el levantamiento de las sanciones existentes y la reducción de tensiones, tanto a nivel nacional como con sus interlocutores internacionales.

La crisis de Nicaragua estalló en abril de 2018, cuando las impopulares reformas a la seguridad social provocaron manifestaciones masivas que fueron enfrentadas con violencia letal por parte de la policía y unidades parapoliciales. Sin embargo, frágiles canales de comunicación han permanecido abiertos entre las partes y, a diferencia del caso venezolano, estos contactos han resultado relativamente productivos. En marzo, ambas partes acordaron que los detenidos en relación con el levantamiento del año pasado fueran puestos en libertad, que los cargos en su contra se retiraran, y que el gobierno restablecería los derechos de los ciudadanos, incluidos los de reunión pacífica y libertad de expresión, afectados por la represión estatal. Sin embargo, las partes no lograron avanzar más antes del 3 de abril, fecha que habían fijado como límite para esta ronda, y las negociaciones han quedado en el limbo desde entonces. El 20 de mayo, la oposición dijo que se retiraría de las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los presos. Desde entonces, el gobierno ha liberado a casi todos los presos restantes, un acto que la oposición celebró, y ha presentado una ley de amnistía para anular los cargos contra ellos.

Unas nuevas negociaciones que conduzcan hacia un acuerdo global son fundamentales para evitar otra escalada y deberían ocurrir pronto. La oposición y los actores extranjeros deberían aplaudir la liberación de prisioneros por parte del gobierno realizada hasta ahora, al tiempo que deberían pedir aclaraciones sobre el estado de los otros 200 presos políticos reportados y los cargos que aun enfrentan la mayoría de los liberados. Las facciones de la oposición deberían remediar las divisiones internas y desarrollar una estrategia más coordinada, además de hacer demandas más realistas. Deberían a su vez reconocer que la próxima ronda de negociaciones puede prolongarse, que es poco probable que el presidente Ortega renuncie, e incluso, si las elecciones llegaran a celebrarse anticipadamente, estas no ocurrirían en los próximos meses. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los EE. UU., deberían mantener viva la amenaza de nuevas sanciones si el gobierno impide avanzar. Las sanciones, si llegan a ser necesarias, deberían estar bien calibradas: multilaterales en lugar de unilaterales, dirigidas específicamente a funcionarios y empresas clave, y acompañadas de parámetros claros sobre cómo podrían levantarse. Para monitorear el cumplimiento de los acuerdos, organismos regionales y multilaterales, incluidas delegaciones de derechos humanos, deberían poder regresar a Nicaragua.

Las partes, suponiendo que retomen las negociaciones, deberían dirigir sus
esfuerzos hacia lograr acuerdos sobre los siguientes puntos esenciales:

  • Elecciones creíbles y posiblemente anticipadas, aunque no anteriores a finales de 2020, a fin de tener suficiente tiempo para llevar a cabo reformas electorales necesarias. Dichas reformas deberían tener como base los acuerdos pasados entre el gobierno y la OEA, e incluir la reforma del Consejo Supremo Electoral.
  • El establecimiento de una Comisión de la Verdad compuesta por representantes nombrados por la oposición y el gobierno, y potencialmente con la participación de expertos internacionales. Su mandato debería ir más allá de investigar y garantizar la rendición de cuentas por la violencia del año pasado, al evaluar las causas fundamentales de los ciclos de conflicto armado recurrentes en Nicaragua.

El presidente Ortega probablemente accedió a reanudar las negociaciones para resguardar su gobierno en un momento de gran debilidad económica y política; parte de su estrategia de negociación ha consistido en extender las negociaciones al máximo y agotar a la oposición. Esta estrategia es arriesgada, pues la paciencia de la oposición y las potencias extranjeras se podría agotar, lo que llevaría a un aumento de la presión regional e internacional que Ortega está determinado a reducir. Al liberar los presos políticos, parece que Ortega ha elegido el camino más adecuado. Debería entonces construir sobre este gesto encomiable, implementando a cabalidad los acuerdos existentes y buscando un acuerdo duradero que ayude a su gobierno a evadir la condena internacional, así como nuevas sanciones, evitar el deterioro económico y prevenir futuros disturbios.

Bogotá/Bruselas, 13 de junio de 2019

Las claves para desbloquear el diálogo en Nicaragua Introducción

Hace poco más de un año, Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, se vio envuelto en un levantamiento repentino y masivo, pero en gran medida imprevisible, contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Previamente a la cabeza del gobierno revolucionario que asumió el poder en 1979 después de que la guerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocara al dictador Anastasio Somoza Debayle, Ortega libró una guerra civil de diez años contra una insurgencia patrocinada por los EE. UU. antes de perder las elecciones y entregar el poder en 1990. Sin embargo, incluso tras entregar el poder, mantuvo un fuerte control sobre las instituciones nacionales. Al regresar al poder en 2007, encaminó al país hacia un rápido crecimiento económico y a unas de las tasas de violencia criminal más bajas de Centroamérica, aunque en perjuicio de los controles y equilibrios democráticos. El descontento público surgió en abril de 2018, cuando reformas a la seguridad social provocaron protestas masivas[fn]Para obtener más información sobre el sistema de gobierno de Ortega y los eventos del año pasado, consulte el Informe de Crisis Group para América Latina N°72, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, 19 de diciembre de 2018.Hide Footnote . Miles de personas salieron a las calles para exigir un cambio, pero fueron atacadas por la policía y unidades parapoliciales, lo que resultó en cientos de muertos, principalmente del lado de los manifestantes[fn]Al 15 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó 325 muertes en relación con el levantamiento del año pasado. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, que es cercana al gobierno, ha reportado 253 muertes. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos registró 568, mientras que el gobierno reconoce solo 199 muertes. “Informe anual 2018. Capitulo IV B. Nicaragua”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de marzo de 2019. “III informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz a la Honorable Asamblea Nacional”. Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, 5 de febrero de 2019. “ONG establece en 568 el número de muertos en crisis de Nicaragua”, El Diario, 4 de abril de 2019.Hide Footnote .

El gobierno y los líderes de la protesta han tratado de resolver sus diferencias a través del diálogo en dos ocasiones. La primera ronda comenzó en mayo de 2018 cuando, en el punto más álgido de las protestas, el gobierno pidió un diálogo nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, creada por los líderes de la iglesia católica como un medio para representar a los manifestantes y líderes empresariales descontentos en estas negociaciones, le dio un rostro a lo que fue hasta entonces un movimiento de oposición disperso y en gran parte espontáneo[fn]La Alianza Cívica se compone por miembros de cuatro organizaciones del sector privado, el movimiento de campesinos, grupos que representan a las regiones de Nicaragua, estudiantes y la sociedad civil.Hide Footnote . El principal interés del presidente Ortega durante estas negociaciones era levantar los tranques, barricadas improvisadas situadas por los manifestantes a lo largo de las principales vías que habían paralizado el país. Pero, ante la continua violencia del Estado y la negativa de los manifestantes a levantar las barricadas, que habían debilitado las negociaciones, Ortega optó por despejar las vías por la fuerza, dispersar a los manifestantes y abandonar las negociaciones en julio de 2018. Durante los meses siguientes, Ortega mostró escaso interés en reanudar las negociaciones, después de haber amedrentado casi todo el malestar social. Sin embargo, una inesperada segunda ronda de negociaciones se inició en febrero de este año, dando como resultado la firma de dos acuerdos que comprometieron al gobierno a liberar a cientos de presos políticos antes del 18 de junio y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos[fn]Para más información sobre las razones detrás de la reanudación del diálogo nacional, ver Crisis Group, “¿Calma después de la tormenta o trampa? El sorpresivo regreso de Nicaragua a las negociaciones”, 6 de marzo de 2019. “Asimetría y desequilibrio político en la negociación”, Confidencial, 25 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Este informe evalúa los avances alcanzados en el diálogo, explora sus falencias y sugiere pasos concretos que los actores nacionales e internacionales, particularmente la OEA, la UE y los EE. UU., podrían tomar para avanzar hacia una tercera ronda de negociaciones y resolver problemas pendientes. Tiene como base docenas de entrevistas entre enero y junio de 2019 con diplomáticos, líderes religiosos y cívicos, académicos, expertos en seguridad, derechos humanos y justicia transicional, organizaciones de víctimas y grupos de oposición, incluidas organizaciones estudiantiles, organismos del sector privado, políticos en Nicaragua y exiliados nicaragüenses en Costa Rica. No fue posible hablar con ningún funcionario del gobierno, a pesar de varias solicitudes, por lo que el informe recurre a declaraciones oficiales, artículos de medios de comunicación gubernamentales y conversaciones con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz designada por el gobierno[fn]La Comisión fue creada por la Asamblea Nacional controlada por el FSLN en medio de protestas, el 29 de abril. El nombramiento de sus cinco componentes no fue precedido por consultas previas con la sociedad civil o representantes de las víctimas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entregó algunas recomendaciones al gobierno para garantizar su legitimidad. La oposición lo acusa de ser indulgente con el gobierno. “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de junio de 2018, p. 84.Hide Footnote .

The Commission was created by the FSLN-controlled National Assembly amid protests, on 29 April. The appointment of its five components was not preceded by prior consultations with civil society or victims’ representatives, according to the Inter-American Commission on Human Rights, which handed some recommendations to the government in order to guarantee its legitimacy. The opposition accuses it of being lenient toward the government. “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, Inter-American Commission on Human Rights, 21 June 2018, p. 84.Hide Footnote

Regresando a la mesa de negociación

Ortega tenía buenas razones para reanudar las negociaciones con la oposición. Aunque mantiene el respaldo de las principales instituciones estatales y las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía, su posición se ha vuelto más débil y algunos ex aliados han comenzado a desertar[fn]El procurador general Hernán Estrada, un ministro de gobierno y al menos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han renunciado hasta el momento, incluido Rafael Solís, quien fue padrino en la boda de Ortega con Rosario Murillo en 2005. Aunque el primero argumentó razones de salud, el último firmó una carta condenando a la pareja presidencial por su gestión de la crisis. “Nicaragua closer to new civil war than ever before, judge warns”, The Guardian, 11 de enero de 2019.Hide Footnote . Las sombrías perspectivas económicas, su popularidad interna en declive y la creciente presión regional e internacional tanto hacia su gobierno como hacia su aliado clave Venezuela, parecen haber convencido al presidente y a la primera dama y a su vez vicepresidenta Rosario Murillo, de que la mejor opción de supervivencia política radicaba en regresar a la mesa de negociación[fn]Según la encuesta de Latinobarómetro de 2018, el índice de aprobación del gobierno bajó de 67 a 23 por ciento en el lapso de unos pocos meses del año pasado, mientras que la confianza general en las fuerzas de seguridad y otras instituciones se redujo a la mitad. Una reciente encuesta nacional realizada por Borge y Asociados sugiere que estas bajas calificaciones se han mantenido relativamente estables desde entonces, con el 22 por ciento de los entrevistados diciendo que todavía votaría por Ortega, a pesar de que el 41 por ciento se identificó como sandinistas. “Informe 2018”, Corporación Latinobarómetro, 9 de noviembre de 2018. “El 87 por ciento de los nicaragüenses está a favor del diálogo”, El Nuevo Diario, 21 de marzo de 2019.Hide Footnote .

Se puede alegar que el pronóstico económico jugó un papel clave, dado que el crecimiento en el país depende en gran medida del sector privado, el cual ha sido un componente decisivo de la oposición desde el estallido de las protestas del año pasado. De hecho, es poco probable que Nicaragua pueda retomar el crecimiento sin un acuerdo negociado que cuente con la confianza de los líderes empresariales. La ola de violencia política del año pasado acabó con la confianza de los mercados financieros internacionales y de las corporaciones multinacionales, ganada con gran esfuerzo por parte de Ortega y sus antecesores. Todas las principales instituciones calificadoras financieras bajaron los indicadores financieros de Nicaragua y su perspectiva económica, mientras que su economía se contrajo en aproximadamente cuatro puntos en 2018, según varias fuentes, incluido el mismo Banco Central de Nicaragua[fn]“Banco Central de Nicaragua: Economía decreció 3.8% en 2018”, El Nuevo Diario, 31 de marzo de 2019. “Los cambios aplicados por las calificadoras de riesgo en la región en 2018”, Estrategia y Negocios, 19 de febrero de 2019.Hide Footnote . Las reservas de moneda extranjera se redujeron en un tercio y ahora están por debajo de los dos mil millones de dólares[fn]“Reservas internacionales caen 33.1 por ciento en solo nueve meses en Nicaragua”, La Prensa, 8 de abril de 2019.Hide Footnote .

Las perspectivas para 2019 parecen ser también desalentadoras. El Fondo Monetario Internacional recientemente revisó su pronóstico económico, indicando una caída no del 1, sino del 5 por ciento en el PIB[fn]Consulte los informes de Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2018 y abril de 2019 del Fondo Monetario Internacional en: https://bit.ly/2VEBZPG.Hide Footnote . Otros predicen una caída mucho más pronunciada[fn]La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estima que el PIB caerá entre un 7 y un 11 por ciento este año, mientras que el economista Néstor Avendaño teme que caiga en picada en un 20 por ciento. “Without a political agreement, Nicaragua’s economy goes into free fall”, Confidencial, 10 de abril de 2019.Hide Footnote . De hecho, la ausencia de líneas de crédito y los efectos de una controvertida reforma fiscal llevada a cabo en febrero han aumentado los costos de producción entre un 20 y un 28 por ciento, y es probable que afecten al sector de exportaciones, que representa alrededor de la mitad del PIB del país[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica y sector privado, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote . Los préstamos de $100 millones y $200 millones de dólares, ofrecidos respectivamente por Taiwán y el Banco Centroamericano de Integración Económica representan un alivio a corto plazo. Pero evitar un desplome económico dependerá en gran medida de resolver la crisis de una manera que satisfaga algunas de las aspiraciones de la oposición, la sociedad civil y el sector privado[fn]Los actores destacados de la Alianza Cívica son el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (AmCham), y la Unión de Productores Agropecuarios (UPANIC).Hide Footnote .

La amenaza de nuevas sanciones, particularmente después de las medidas de EE. UU. contra Venezuela, igualmente influyó en el cálculo de Ortega. De manera reveladora, éste anunció las negociaciones apenas dos días antes de la fecha acordada por la oposición venezolana, con el respaldo de numerosos países, para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, lo cual fue ampliamente percibido en su momento (aunque erróneamente) como un punto de quiebre en la crisis venezolana[fn]Muchos observadores vieron la prevista entrada de ayuda del 23 de febrero como un punto de quiebre potencial en la lucha entre Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El fracaso de ese esfuerzo (por las razones descritas en el comentario de Crisis Group, “¿Derrocará la presión al gobierno venezolano?”, 9 de abril de 2019) podría decirse que animó a Ortega a endurecer su posición negociadora.Hide Footnote . EE. UU. ya impuso tres rondas de sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, incluida su esposa y su hijo mayor, mientras que medidas para congelar los ingresos de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, afectaron a la empresa conjunta nicaragüense Albanisa, y su banco filial BANCORP, el cual solicitó permiso del regulador bancario del país para cesar sus operaciones el 24 de abril[fn]Las sanciones se impusieron bajo la Ley Global Magnitsky en julio de 2018 a Francisco Díaz, jefe de la policía nacional; Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la alcaldía de Managua; y Francisco López, tesorero del partido gobernante del país. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en noviembre sancionando a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad nacional Néstor Moncada Lau. En un intento por eludir las sanciones de EE. UU. a los negocios relacionados con PDVSA impuestas a fines de enero, el gobierno de Nicaragua nacionalizó Bancorp el 7 de marzo, pero el banco, junto con el hijo del presidente Ortega, Laureano Ortega, posteriormente fueron objeto de sanciones directas del Departamento del Tesoro de EE. UU. el 17 de abril. “Nicaragua’s Bancorp asks to cease operations after U.S. sanctions”, Reuters, 24 de abril de 2019.Hide Footnote . La UE también ha amenazado con imponer sanciones, mientras que en enero la OEA comenzó a discutir, a petición de su Secretario General, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo cual podría resultar en la expulsión del país[fn]El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana prevé que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”. Tales decisiones pueden incluir encomendar a la institución para que resuelva la crisis haciendo uso de sus buenos oficios, pero si eso no tiene éxito o la situación es urgente, el Consejo Permanente puede convocar a la Asamblea General, que es el único órgano que puede votar para expulsar al país. “Carta Democrática Interamericana”, Organización de los Estados Americanos, 11 de septiembre de 2001.Hide Footnote . Esto, a su vez, aislaría aún más a Nicaragua y posiblemente pondría en peligro su acceso al crédito internacional.

Pero si al recurrir al diálogo, Ortega pretendía aliviar la presión extranjera, solo obtuvo resultados parciales. Aunque por ahora ha logrado evitar las sanciones de la UE, los altos funcionarios de los EE. UU. mantuvieron su posición firme, y prometieron que su gobierno caería[fn]El asesor de seguridad de EE. UU., John Bolton, tuiteó el 21 de febrero: “Como dijo el presidente Trump el lunes, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre”. También afirmó falsamente en un tweet que el comunicado emitido por el G7 el 9 de abril pedía la restauración de la democracia en Nicaragua, mientras que solo hacía referencia a Venezuela. Ver tweets aquí: https://bit.ly/2Vabgyg; https://bit.ly/2URYLaB.Hide Footnote . Luego, cuando las negociaciones se estancaron, los EE. UU. convocaron al Consejo Permanente de la OEA el 5 de abril para evaluar la situación política del país, un paso adelante hacia la plena aplicación de la Carta Democrática, que podría culminar en la Asamblea General de la OEA el próximo 26 de junio en Medellín, e impusieron nuevas sanciones. El Consejo Permanente se reunió nuevamente el 21 de mayo, aprobando una resolución que solicita al gobierno liberar a los presos políticos, emprender reformas electorales y permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regrese al país. De igual forma se comprometió a debatir la situación de Nicaragua en la Asamblea General[fn]“Consejo Permanente de la OEA aprobó resolución sobre la situación en Nicaragua”, Organización de los Estados Americanos, 21 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Ortega reaccionó con dureza ante la última ronda de sanciones de EE. UU., calificando como  “miserias humanas” a quienes celebran su imposición en un discurso público el 30 de abril, y condicionando el avance en las negociaciones a que la oposición se uniera a un llamado para levantarlas. Pero su gobierno cambió de tono ante la resolución de la OEA de mayo, publicando un documento en el que reiteraba su compromiso de cumplir con los acuerdos firmados y abordar los asuntos pendientes[fn]“Gobierno de Nicaragua da a conocer el Programa y Complemento de Trabajo para consolidar Estabilidad y Paz”, El 19 Digital, 23 de mayo de 2019.Hide Footnote . Las reacciones contrarias de Ortega sugieren que está dispuesto a evitar la expulsión de la OEA u otras medidas de los EE. UU., en particular las de la ley conocida como “Nica Act”, incluso cuando expresa su indignación ante lo que él describe como intimidación extranjera[fn]La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (o Nica Act), aprobada por el presidente Trump en diciembre de 2018, está dirigida a funcionarios nicaragüenses relacionados con violaciones de derechos humanos y limita la capacidad del gobierno nicaragüense para obtener préstamos multilaterales para el desarrollo. También ordena al Secretario de Estado Mike Pompeo que informe al Congreso antes de junio sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y posiblemente sugiera nuevas sanciones. “Nicaragua: Ortega tries to stop sanctions”, Havana Times, 3 de mayo de 2019.Hide Footnote .

 

The Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 – or Nica Act – signed into law by President Trump in December 2018, targets Nicaraguan officials associated with human rights violations and constrains the Nicaraguan government’s ability to obtain multilateral development loans. It also instructs Secretary of State Mike Pompeo to report to Congress before June on the human rights situation in Nicaragua and possibly suggest new sanctions. “Nicaragua: Ortega tries to stop sanctions”, Havana Times, 3 May 2019.Hide Footnote

Diálogo en medio de la desconfianza

Los renovados esfuerzos de diálogo parecen ser populares entre muchos nicaragüenses agotados por la conmoción del año pasado; encuestas recientes sugieren que cerca del 90 por ciento está a favor de una solución negociada[fn]“El 87 por ciento de los nicaragüenses está a favor del diálogo”, El Nuevo Diario, 21 de marzo de 2019.Hide Footnote . Pero hasta ahora las negociaciones se han visto obstaculizadas por una enorme desconfianza y sospecha mutua, así como por el distanciamiento entre los negociadores y los activistas en ambos lados, el escepticismo en cuanto a la neutralidad de los mediadores y la falta de unión de la oposición.

La narrativa de ambas partes sobre la crisis diverge marcadamente. El gobierno describe los eventos del año pasado como un intento de golpe de Estado por parte de grupos terroristas financiados por los EE. UU.[fn]El gobierno ha declarado repetidamente que sobrevivió un intento de golpe de Estado, en el que el terrorismo se disfrazó de protesta pacífica. “Nicaraguan Foreign Minister addresses UN General Assembly for Ortega”, Havana Times, 1 de octubre de 2018. “Presidente Daniel Ortega llama a tomar el camino de la paz”, El 19 Digital, 13 de julio de 2018. Para mayor información sobre la crisis consulte el Informe de Crisis Group para América Latina N°72, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, 19 de diciembre de 2018.  Según miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, el levantamiento fue un intento por erradicar el sandinismo, el movimiento que llegó al poder en 1979 tras derrocar al dictador Somoza. Sostienen que los medios de comunicación inventaron historias de represión estatal, mientras que los sandinistas fueron atacados por manifestantes violentos y armados, y afirman que la primera persona en morir fue un oficial de policía. Citan esto como la razón por la cual al gobierno le resulta difícil convencer a su base para que apoye el diálogo[fn]Estos funcionarios afirman que sandinistas o incluso empleados públicos algunas veces tenían que disfrazarse de manifestantes para no ser atrapados en los tranques, donde podrían ser atacados, secuestrados o incluso torturados. Entrevista de Crisis Group, miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, Managua, 2 de abril de 2019. Para más información sobre la versión de los hechos de la Comisión, consulte sus diferentes informes: https://bit.ly/2Wn8Ytb.Hide Footnote . Por su parte, la oposición denuncia los instintos autoritarios del gobierno y violaciones a derechos humanos, principalmente debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y unidades parapoliciales, alegatos ampliamente respaldados por organizaciones internacionales de derechos humanos[fn]Informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, hacen referencia a una represión excesivamente violenta por parte de las fuerzas de seguridad en protestas mayormente pacíficas. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, Managua, enero y abril de 2019. “Nicaragua: Informe de expertos independientes afirma que el gobierno del presidente Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad”, Amnistía Internacional, 21 de diciembre de 2018.Hide Footnote .

Muchos activistas y líderes de la oposición tuvieron reservas sobre la forma en la que se reanudaron las negociaciones y la composición de los equipos negociadores. Temían que una segunda ronda de diálogos no fuera más que una estrategia del gobierno para ganar tiempo, evitar la presión externa, explotar las debilidades de la oposición y exacerbar sus divisiones internas. Muchos líderes de la Alianza Cívica permanecían detenidos o en el exilio, particularmente aquellos de sus ramas estudiantiles, feministas y rurales, quienes encabezaron el levantamiento[fn]De acuerdo con el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, una organización compuesta principalmente por madres de manifestantes detenidos, al menos 731 personas fueron detenidas por participar en el levantamiento. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó recientemente que unos 62 000 nicaragüenses han sido obligados a abandonar sus hogares, de los cuales 55 500 han buscado refugio en Costa Rica. Es difícil obtener estimaciones confiables de los forzados al exilio, ya que muchos ingresaron ilegalmente a la vecina Costa Rica y no se registraron ante las autoridades nacionales de migración. Entrevista de Crisis Group, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, San José, 5 de febrero de 2019. “Nicaragua crisis: One year in, more than 60,000 have fled, seeking refuge”, UN News, 16 de abril de 2019. “Refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica: problemas y propuestas de solución”, Panóptico, 2019.Hide Footnote . Como resultado, y en parte debido a sus vínculos cercanos con Ortega en el pasado, el sector privado ha asumido un papel de liderazgo, abriendo un canal de comunicación con el gobierno y asegurando la mitad de los escaños en el equipo negociador de la Alianza Cívica[fn]Ortega mantuvo una relación de “diálogo y consenso” con el sector privado en los últimos años, interrumpida por la crisis del año pasado. Su anuncio de retomar el diálogo fue precedido por una reunión entre él y algunos empresarios prominentes (aunque no miembros de la Alianza Cívica) el 16 de febrero, con la participación del nuncio papal Waldemar Sommertag y el Cardenal Brenes. Esto ocurrió poco después de la visita de una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de mantener negociaciones exploratorias. Entrevista de Crisis Group, académica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote . A algunos miembros de la oposición les preocupa que los vínculos entre el gobierno y los líderes empresariales, y su interés mutuo por detener el declive económico del país, puedan generar un acuerdo elitista que ignore sus aspiraciones, similar al pacto alcanzado entre el entonces líder opositor Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán en el año 2000[fn]El pacto “Ortega-Alemán” parceló la representación en la Corte Suprema, las autoridades electorales y la Fiscalía General entre el FSLN y el partido de Alemán, el Partido Liberal Constitucionalista. También incluyó una reforma electoral hecha a la medida, que benefició al FSLN al permitir que un candidato pueda ganar las elecciones presidenciales al obtener un 35 por ciento o más de los votos en la primera vuelta y una ventaja del 5 por ciento sobre el siguiente candidato. Esta cifra coincide con la base histórica de votación del partido. “Política nacional sellada por el pacto”, La Prensa, 30 de diciembre de 2001.Hide Footnote .

Sin embargo, el equipo negociador de la Alianza se ha mantenido hasta ahora firme en las demandas de la oposición, incluida la liberación de los presos políticos, elecciones anticipadas y la necesidad de que instituciones internacionales supervisen la implementación de los acuerdos. La propia comunidad empresarial se ha unido a la posición de consenso. Un representante de la Alianza declaró,  “el sector privado ha calculado los costos y beneficios de cada alternativa, incluida una posible realineación con el gobierno, y llegó a la conclusión de que un acuerdo político satisfactorio y una transición ordenada son las únicas opciones viables para resolver la situación”[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019, y otro miembro de la Alianza Cívica, Managua, 31 de enero de 2019.Hide Footnote .

Crisis Group interviews, member of the Civic Alliance, Managua, 5 April 2019, and another member of the Civic Alliance, Managua, 31 January 2019.Hide Footnote

Las divisiones internas de la oposición han impedido el progreso de las negocia-ciones y han limitado el respaldo del público hacia sus resultados.

Actores internacionales que desempeñaron un papel prominente en la reanudación del diálogo ahora actúan como acompañantes oficiales del mismo. Estos incluyen al nuncio papal Waldemar Stanislaw Sommertag y al Representante Especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, quienes han ayudado a superar en lo posible la intransigencia de ambas partes e intercedieron en momentos de alta tensión. El nuncio, por ejemplo, participó en los primeros intentos de diálogo el año pasado y, en el momento de mayores hostilidades, intervino junto con obispos nicaragüenses para asegurar la liberación de detenidos y evitar una posible masacre cuando estudiantes manifestantes fueron acorralados en una iglesia de Managua[fn]“Nicaragua students freed from church after violent night; one killed”, Reuters, 14 de julio de 2018.Hide Footnote . Rosadilla, un ex guerrillero uruguayo, fue miembro de la delegación de la OEA que se acercó al gobierno en febrero y también trabajó junto al gobierno en un plan de reforma electoral en 2017[fn]Las conversaciones entre el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno comenzaron en octubre de 2016, cuando Almagro envió un informe al gobierno expresando preocupación por las irregularidades en las elecciones que Ortega ganó en noviembre. Las partes finalmente firmaron un memorando de entendimiento el 28 de febrero de 2017, en el que se establecieron dos áreas de cooperación: una de política-electoral, que prevé el despliegue de una misión electoral de la OEA para observar las elecciones locales en noviembre de 2017, y el apoyo técnico para mejorar el registro electoral; y otra área institucional, que incluya el fortalecimiento de las normas constitucionales destinadas a afrontar el transfuguismo político. “Nicaragua y Secretaría General OEA suscriben acuerdos”, El 19 Digital, 28 de febrero de 2017.Hide Footnote . Su presencia es un signo tanto de la importancia de la reforma electoral en un potencial acuerdo como del deseo del gobierno de evitar un mayor deterioro en las relaciones con la OEA.

Dicho esto, las figuras más férreas de oposición ven el papel de ambos hombres con cautela. Acusan al nuncio de ser demasiado cercano al gobierno y cuestionan su imparcialidad. Según varios medios de comunicación, durante una visita a la prisión de La Esperanza el 11 de marzo, el nuncio reprendió a los presos políticos que estaban en huelga de hambre como protesta en contra de que las negociaciones se celebraran antes de su liberación[fn]“Crónica de una interrogante aNunciada”, Confidencial, 17 de marzo de 2019.Hide Footnote . El 10 de abril, después de que algunos obispos expresaran su desacuerdo con las nuevas negociaciones, el Papa trasladó a Roma al Monseñor Silvio Báez, un crítico gubernamental de larga data. El traslado parece resaltar la disposición del Vaticano para satisfacer algunas de las demandas de Ortega si esto resulta en una mayor disposición para negociar de su parte. El nuncio ha rechazado repetidamente las acusaciones en su contra, defendiendo su imparcialidad y negando su participación en la decisión del Papa[fn]Entrevistas de Crisis Group, académica y nuncio papal, Managua, 5-6 de abril de 2019.Hide Footnote . Los líderes de la oposición también han criticado a Rosadilla por no haberse manifestado contra el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno[fn]“Caricatura del día – La reacción de los testigos”, Confidencial, 7 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Las divisiones internas de la oposición han impedido el progreso de las negociaciones y han limitado el respaldo del público hacia sus resultados. Las relaciones de la Alianza Cívica con el más amplio frente de oposición, la Unidad Nacional Azul y Blanco, están marcadas por la desconfianza[fn]La Unidad Nacional Azul y Blanco es la plataforma de oposición más amplia creada en octubre para complementar la agrupación más estrecha de la Alianza Cívica. Ahora comprende 72 organizaciones, que representan cinco sectores principales: jóvenes y estudiantes; sociedad civil; partidos políticos; organizaciones regionales; y organizaciones de víctimas.Hide Footnote . Esto dificulta la coordinación y ha creado una brecha entre el ritmo y la intensidad de las protestas callejeras por un lado y el progreso en las negociaciones por el otro. La Unidad Nacional a su vez también se encuentra dividida internamente. La presencia dentro de sus filas de líderes de fuerzas políticas tradicionales ha suscitado preocupaciones entre los sectores de base (como la llamada Articulación de Movimientos Sociales) de que la Unión Nacional pueda resultar usada como vehículo electoral, explotando la energía del movimiento cívico al servicio de ambiciones personales o partidistas[fn]Para algunos de sus miembros, la Unidad Nacional debería ser una plataforma política que compita en futuras elecciones. Para otros, debería mantener su vocación cívica, servir de contrapeso a la Alianza Cívica y exigir mayores concesiones al gobierno, mientras pone a prueba la adhesión del gobierno a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, en particular los relacionados con el respeto al derecho de reunión pacífica, a través de “presión callejera” doméstica. Entrevista de Crisis Group, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Managua, 2 de abril de 2019.Hide Footnote . Las organizaciones que representan a las víctimas de la represión del año pasado se sienten particularmente subrepresentadas[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de una organización de víctimas, Managua, 1 de abril de 2019.Hide Footnote . Además, los miembros de la Unidad en todo el país se quejan de que no saben quién coordina las acciones a nivel nacional y, a menudo, no reciben respuestas de Managua[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, León, 3 de abril de 2019.Hide Footnote .

A su vez, hace falta una línea clara de comunicación entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. Los líderes de la Alianza Cívica se preocupan por lo que consideran un proceso de toma de decisiones caótico de la Unión y argumentan que los puntos de vista más cerrados (que favorecen el derrocamiento del gobierno a través de las protestas callejeras y el establecimiento de una junta de transición) están sobre representados. Esto, dicen, socava las perspectivas de una solución política más realista y negociada. Por su parte, los miembros de la Unidad Nacional se quejan de la supuesta falta de transparencia de la Alianza y temen que ya haya escogido a un candidato para las próximas elecciones presidenciales[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Managua, 2 de abril de 2019, y miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote .

Crisis Group interviews, member of the Blue and White National Unity’s political council, Managua, 2 April 2019, and member of the Civic Alliance, Managua, 5 April 2019.Hide Footnote

Progreso y asuntos pendientes

El segundo diálogo fue fuertemente criticado por algunos miembros de la oposición, sin embargo, fue descrito por el nuncio papal como “una flor nacida donde durante diez meses había habido un desierto”[fn]Entrevista de Crisis Group, nuncio papal, Managua, 6 de abril de 2019.Hide Footnote . Los esfuerzos de las autoridades por sofocar a la disidencia, intensificados en la segunda mitad de 2018, fueron reemplazados por un aparente enfriamiento político cuando las dos partes se encontraron cara a cara en el campus de una escuela de negocios en Managua. El gobierno ha liberado progresivamente o trasladado a casi 500 detenidos a arresto domiciliario, lo que les permite regresar a sus hogares después de meses en condiciones de encarcelamiento extremas[fn]Numerosos testimonios hablan de amenazas y violencia policial, celdas en condiciones inhumanas y las consecuencias médicas y psicológicas del sufrimiento de los presos. Entrevistas de Crisis Group, asesor del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, 30 de enero de 2019; miembro de un movimiento político juvenil, Managua, 5 de abril de 2019. “Reprograman juicio contra Lucía Pineda, Miguel Mora y Edwin Carcache”, El Nuevo Diario, 29 de abril de 2019.Hide Footnote .

La movilización cívica también se reavivó un poco, ya que la presencia de la policía disminuyó ligeramente en Managua después de meses en los que las calles de la capital permanecieron custodiadas por agentes antidisturbios que advertían a los ciudadanos en contra de manifestarse. La Unidad Nacional retomó la organización de protestas regulares aunque en menor escala, a pesar de que las manifestaciones sin permiso previo estaban prohibidas por una orden policial aún vigente[fn]En septiembre de 2018, la policía nicaragüense emitió un comunicado en el que señalaba que cualquier manifestación requeriría de su permiso, y ha rechazado repetidamente solicitudes desde entonces.Hide Footnote . Estas marchas provocaron respuestas policiales contundentes, pero no tan severas como las del año pasado; en lo que va del año, ningún manifestante ha sido asesinado en el transcurso de las manifestaciones y las detenciones han sido breves. En general, el gobierno no ha respondido tan violentamente como el año pasado a la disidencia, ya sea para limitar la condena internacional o porque las protestas más recientes han sido moderadas.

Estos avances se derivan del progreso en las negociaciones. Las partes acordaron el formato de las negociaciones y una agenda de seis puntos para estas, y firmaron dos acuerdos los días 27 y 29 de marzo respectivamente. El primero comprometía al gobierno a liberar a las personas detenidas en relación con el levantamiento de 2018; el segundo, a respetar los derechos de los ciudadanos, incluida la reforma de leyes existentes cuando resulte necesario. Desde entonces, el gobierno ha hecho grandes avances en la liberación de los presos, mientras que se ha quedado corto en cuanto a los compromisos contraídos en el segundo acuerdo. Aun así, estos acuerdos representan un nuevo parámetro que los actores internacionales pueden utilizar para evaluar el desempeño de Managua y, si se cumplen, una base para iniciar una tercera ronda de negociaciones[fn]Para más información sobre la hoja de ruta, visite el sitio web de la Alianza Cívica en: https://bit.ly/2P6rl2. Para más información sobre la agenda “Séptimo comunicado del encuentro por el entendimiento y la paz en Nicaragua”, La Voz del Sandinismo, 20 de marzo de 2019.Hide Footnote .El primer acuerdo establece un plazo de 90 días para la liberación de todos los presos mencionados previamente y el fin de los procedimientos legales en su contra. El Comité Internacional de la Cruz Roja debería supervisar el proceso, comenzando por establecer una lista de presos (con base en los nombres proporcionados por el gobierno y la oposición) hasta supervisar su liberación[fn]“Acuerdo de liberación de personas privadas de libertad”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 30 de marzo de 2019.Hide Footnote . Las primeras listas fueron presentadas por la Cruz Roja el 8 de abril, pero revelaron una brecha significativa entre las estimaciones del gobierno y las de la oposición: solo 232 personas aparecieron en ambas, lejos de las más de 700 que la oposición afirmó que languidecían en la cárcel[fn]La Alianza Cívica declaró recientemente que sus listas de detenidos y las del gobierno difieren en 89 personas, mientras que el Comité Pro Liberación de Presos Políticos ha pedido al gobierno que aclare la ubicación o el estado legal de otros 102 presos. Entrevista de Crisis Group, asesor del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, abril-mayo de 2019. “Cruz Roja confirma 230 presos listos para ser liberados”, Confidencial, 9 de abril de 2019. “Fueron liberados, no cometieron ningún delito”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 11 de junio de 2019.Hide Footnote . A la fecha, el gobierno ha cumplido parcialmente con sus obligaciones: casi 500 presos han sido liberados hasta el momento, aunque solo la mitad fueron retirados de la cárcel bajo supervisión de la Cruz Roja, según lo previsto en el acuerdo, lo que ha creado confusión respecto al número total de liberados y la integridad del proceso. Además, casi 400 de los presos liberados están todavía bajo arresto domiciliario. En general, el gobierno ha utilizado las liberaciones como muestras de buena voluntad en momentos en que los críticos nacionales y extranjeros cuestionaron su disposición para cumplir las promesas o proseguir con las negociaciones[fn]El gobierno liberó a 100 presos políticos para marcar el inicio del diálogo el 27 de febrero; 50 el 15 de marzo, mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaba discutiendo una resolución sobre el país; otros 50 el 5 de abril, pocas horas antes de la sesión del Consejo Permanente de la OEA para Nicaragua; 36 el 17 de abril, justo antes del aniversario de las protestas, escondidos en un grupo de otros 600 delincuentes comunes; otros 100 el 20 de mayo, esta vez bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que la Alianza Cívica anunciara su retiro de las negociaciones y el día antes de que la OEA volviera a discutir sobre Nicaragua; 50 el 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua, que en 2018 marcó uno de los picos de violencia de la crisis; y 50 y 56 el 10 y 11 de junio, respectivamente, coincidiendo con las audiencias del Congreso de EE. UU. sobre la situación del país. “Crisis sociopolítica de Nicaragua será abordada nuevamente ante el Congreso de los Estados Unidos”, La Prensa, 4 June 2019Hide Footnote .

Sin embargo, Ortega ha prácticamente cumplido con su promesa. El 8 de junio, el gobierno aprobó una Ley de Amnistía para anular los cargos contra todos aquellos involucrados en los eventos del año pasado, tanto del lado del gobierno como de la oposición. La Alianza Cívica se opuso, argumentando que la ley también proporcionaría inmunidad a las unidades policiales y paramilitares que cometieron delitos en 2018[fn]“Liberación definitiva e incondicional de todos los presos políticos”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 8 de junio de 2019.Hide Footnote . Aun así, el gobierno procedió a liberar a muchos de los detenidos restantes el 11 de junio en medio de escenas de euforia, incluidos líderes de la Alianza Cívica y periodistas prominentes[fn]“Liberan a periodistas y líderes sociales de la oposición en Nicaragua”, El País, 11 de junio de 2019.Hide Footnote .

“Liberan a periodistas y líderes sociales de la oposición en Nicaragua”, El País, 11 June 2019.Hide Footnote

El tema más apremiante para la oposición concierne el derecho de reunión pací-fica.

A partir de los aportes de la Cruz Roja y las organizaciones de presos, las partes todavía tienen que discutir tres temas conexos. Primero, los equipos de negociación deberían entregar unas listas de presos actualizadas a la Cruz Roja, ya que supuestamente la policía continúa haciendo arrestos. Aunque los arrestos generalmente son por períodos más cortos, algunos presuntamente permanecen en prisión y adicionalmente, las autoridades han acusado a otros de delitos comunes (en vez de terrorismo o conspiración)[fn]El 22 de mayo, miembros de la Alianza Cívica afirmaron que al menos 42 personas más fueron detenidas en 2019 en relación con el levantamiento del año pasado, y deberían ser consideradas presos políticos. Entrevista de Crisis Group, miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, 1 de abril de 2019. “Régimen orteguista manipula cifras de presos políticos para no liberarlos a todos”, La Prensa, 22 de mayo de 2019.Hide Footnote . Esto también ayudaría a esclarecer la suerte de cientos de presos que no están en la lista del gobierno. En segundo lugar, las partes deberían acordar los casos y crímenes que deberían ser cubiertos por la nueva Ley de Amnistía, y cuáles deberían ser procesados[fn]La Ley de Amnistía solo se refiere a “delitos políticos” y “delitos comunes conexos" relacionados con los eventos del año pasado. Un fallo judicial de una ley adicional podría proporcionar más detalles. Entrevista telefónica de Crisis Group, experta en justicia transicional, 10 de junio de 2019. Ley 996 publicada en La Gaceta – Diario Oficial n. 108, Gobierno de Nicaragua, 10 de junio de 2019.Hide Footnote . En tercer lugar, las partes deberían considerar la creación de un mecanismo para brindar apoyo médico y psicológico a las personas liberadas con el fin de superar traumas relacionados con la prisión y facilitar su reintegración a la vida civil. Algunos pueden necesitar garantías de seguridad, especialmente si viven fuera de Managua, donde resultan un blanco fácil para los seguidores del gobierno[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, miembro de la Unión de Presos Políticos, 6 de mayo de 2019; funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja, Managua, 2 de abril de 2019; miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, León, 3 de abril de 2019.Hide Footnote . La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido al menos 160 medidas cautelares en nombre de manifestantes encarcelados o liberados[fn]“La CIDH emitió 143 medidas cautelares en Nicaragua el año pasado”, El Nuevo Diario, 5 de enero de 2019. “Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta medidas provisionales para 17 presos políticos en Nicaragua”, La Prensa, 21 de mayo de 2019.Hide Footnote .

El segundo acuerdo tiene por objeto garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos. El acuerdo de dieciocho puntos aborda cuestiones como el debido proceso legal, derechos políticos y económicos, seguridad, autonomía universitaria, libertad de expresión y el derecho a retornar de los nicaragüenses exiliados. También hace un llamado a las fuerzas de seguridad para desarmar a los grupos armados ilegales y cumplir con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza[fn]“Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 30 de marzo de 2019.Hide Footnote . Este acuerdo oficialmente entró en vigencia al momento de su firma, pero la implementación de algunos de sus convenios depende de una serie de protocolos que aún deben ser acordados por las partes y podrían incluir cambios a la ley. Aquí también, el desempeño del gobierno parece ser deficiente. Ha cumplido con partes del acuerdo, pero lanzó iniciativas unilaterales que deberían haberse negociado de antemano[fn]Ha respetado algunas de sus disposiciones, como liberar a nuevos detenidos dentro de un período de 48 horas después de su detención (punto 1) o localizar y confiscar armas ilegales (punto 4).Hide Footnote . Por ejemplo, actuando por cuenta propia, aprobó un “Plan de retorno” para los nicaragüenses exiliados y envió una invitación a la Organización Internacional para las Migraciones para que ayudara con su implementación, a pesar de que la Alianza Cívica se había opuesto a la propuesta[fn]“Exiliados no tienen garantías de seguridad para volver dice Alianza Cívica”, Diario Metro, 15 de abril de 2019.Hide Footnote .

El tema más apremiante para la oposición concierne el derecho de reunión pacífica. Esto plantea un dilema para Ortega: aprobar todas las solicitudes legalmente admisibles para protestar podría implicar que muchas más personas salgan a las calles, especialmente ahora que se han liberado a los líderes de las protestas del año pasado, pero si limita en exceso este derecho estaría incumpliendo el acuerdo, y probablemente resultaría en un incremento del inconformismo de la opinión pública, así como la crítica internacional. Por ahora, el gobierno parece estar adoptando una posición fuerte contra las protestas, pero evitando la brutalidad extrema del año pasado. De hecho, menos de 24 horas después de lograr el acuerdo en marzo, la policía rodeó una protesta organizada en el centro comercial Metrocentro de Managua y procedió a atacar a la multitud y detener a once personas. La policía argumentó que estaba protegiendo el orden público, y utilizó este mismo argumento para negar a la Unidad Nacional Azul y Blanco el permiso para organizar marchas en abril y mayo. Los oficiales de policía luego disolvieron manifestaciones que, no obstante, tuvieron lugar para conmemorar el primer aniversario de la crisis y otras que se llevaron a cabo durante la semana de Pascua[fn]Según la Alianza Cívica, al menos 160 personas fueron detenidas temporalmente como resultado. La Alianza denunció esta y otras infracciones del acuerdo a los acompañantes de diálogo el 23 de abril. La Policía Nacional negó los arrestos. “Presentamos carta a testigos, acompañantes y garantes internacionales”, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 23 de abril de 2019. Para la versión de la Policía Nacional, ver “Nota de prensa no.11-2019”, 30 de marzo de 2019; “Resolución no. 02-2019”, 5 de abril de 2019; “Nota de prensa no. 016-2019”, 22 de abril de 2019. https://bit.ly/2WrtKLH.Hide Footnote .

According to the Civic Alliance, at least 160 people were temporarily detained as a result. The Alliance denounced this and other breaches of the agreement to the dialogue companions on 23 April. The National Police denied the arrests. “Presentamos carta a testigos, acompañantes y garantes internacionales”, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 23 April 2019. For the National Police version, see “Nota de prensa no.11-2019”, 30 March 2019; “Resolución no. 02-2019”, 5 April 2019; “Nota de prensa no. 016-2019”, 22 April 2019. https://bit.ly/2WrtKLH.Hide Footnote

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición actualmente están suspendidas oficialmente, pero existe una fuerte posibilidad de que puedan reanudarse pronto.

Las partes también están en desacuerdo sobre quién supervisará el cumplimiento de este segundo acuerdo. Los líderes de la oposición han solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ambos expulsados por el gobierno de Nicaragua el año pasado) cumplan dicha función, pero permanecen abiertos a la participación de otros organismos extranjeros, como la Secretaría General de la OEA[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote . El ministro de Relaciones Exteriores Moncada justificó la expulsión de dos delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018 argumentando que tanto la OEA como la ONU estaban tratando de “asfixiar al pueblo de Nicaragua” por medio de la “divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”[fn]Cuando expulsó a la misión del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU el 30 de agosto, Ortega describió a la ONU como “un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia”. “Nicaragua da por concluida la misión de entes de la CIDH y carga contra Almagro”, EFE, 19 de diciembre de 2018. “Nicaragua expels UN human rights mission”, France 24, 31 de agosto de 2018.Hide Footnote .

El gobierno ha propuesto una alternativa para el monitoreo. Está considerando invitar al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuyo presidente, Vinicio Cerezo, es supuestamente cercano a Ortega, como garante, junto con el nuncio papal y la OEA[fn]Encuentre la propuesta del gobierno en el punto e) en la “Nota de prensa de la Delegación del Gobierno de Nicaragua ante la Mesa de Negociación”, VivaNicaragua, 6 de mayo de 2019.Hide Footnote . El SICA podría desempeñar una función de apoyo, pero tiene poco poder sobre sus estados miembros y una experiencia limitada para enfrentar crisis regionales. Por su parte, el nuncio carece de recursos para supervisar el cumplimiento de un acuerdo tan multifacético. La OEA se está centrando en cuestiones electorales y, con el nuncio, ya actúa como garante del acuerdo sobre los presos políticos. Sin embargo, podría desplegar una delegación en Nicaragua y aprovechar la experiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compensando en parte la ausencia de este último en el país luego de su expulsión el año pasado. Lo ideal sería que el gobierno permitiera que tanto la Comisión como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas regresen, a pesar de las acusaciones que hizo anteriormente en su contra. Como mínimo, debería comprometerse con la ONU y cooperar con ésta previo al informe de la Alta Comisionada que debe presentarse en septiembre[fn]El informe, precedido por una actualización oral en julio, es solicitado por la resolución A/HRC/40/L.8 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ONU, 9 de abril de 2019.Hide Footnote .

Mientras tanto, a los acompañantes de las negociaciones se les ha dificultado reunir a las partes. Después de que las negociaciones se estancaran en abril, el nuncio y Rosadilla mantuvieron un canal de comunicación abierto con ambas partes y les entregaron una propuesta el 29 de abril para implementar los dos primeros acuerdos. Según la Alianza Cívica, después de llegar a un acuerdo, el gobierno dio marcha atrás y condicionó su aceptación de la propuesta a un llamado conjunto para levantar las sanciones, lo cual ha sido descartado por la Alianza hasta que no se logre llegar a un acuerdo político final[fn]Las propuestas incluían continuar la liberación de presos políticos en mayo, bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja; la anulación de todos los cargos judiciales contra ellos; y la designación de garantes internacionales para el acuerdo sobre derechos de los ciudadanos. “Dictadura orteguista se burla de los testigos de la mesa de negociación al rechazar propuestas de implementación de los acuerdos”, La Prensa, 29 de abril de 2019.Hide Footnote .

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición actualmente están suspendidas oficialmente, pero existe una fuerte posibilidad de que puedan reanudarse pronto. Desde la suspensión oficial de las negociaciones el 3 de abril, ambas partes se han reunido ocasionalmente para discutir formas de implementar el acuerdo al tiempo que abordan importantes asuntos pendientes. La muerte de Eddy Montes, un preso político con ciudadanía estadounidense, durante un motín en la prisión de La Modelo el 16 de mayo, marcó un punto de quiebre. Durante enfrentamientos en la misma cárcel entre detenidos y guardias resultaron heridos más de 90 presos, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y 21 oficiales, según el Ministerio de Gobernación[fn]Dado que las versiones policiales y de la oposición de los hechos difieren, la UE y los EE. UU. han pedido a las autoridades nicaragüenses que realicen una investigación exhaustiva e independiente. “U.S. citizen shot dead in Nicaraguan prison was a Navy veteran, critic of President Ortega”, Reuters, 17 de mayo de 2019. “CPDH denuncia que hay más de 90 manifestantes lesionados en La Modelo”, El Nuevo Diario, 20 de mayo de 2019. “Ministerio de Gobernación informa sobre investigaciones abiertas en relación a los sucesos del jueves 16 de mayo”, El 19 Digital, 21 de mayo de 2019.Hide Footnote . Después de reconsiderar su posición, la Alianza Cívica anunció el 20 de mayo que no regresaría a la mesa de negociación hasta que todos los presos políticos fueran liberados[fn]“Nos retiramos de la mesa hasta la liberación de presos políticos y llamamos a paro nacional”, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 20 de mayo de 2019.Hide Footnote . La Alianza debería exaltar la reciente liberación masiva de presos, y trabajar junto con el gobierno para aclarar el estatus de los detenidos restantes antes de comenzar a una nueva ronda de conversaciones.

Pasos adelante

La implementación de los acuerdos existentes es crucial para la reanudación de las negociaciones. La Alianza Cívica ha establecido la liberación de todos los presos políticos como su condición para regresar a la mesa de negociación, mientras que la OEA, los EE. UU. y la UE han prometido aumentar la presión si no hay pasos concretos en esa dirección. Si la principal preocupación del gobierno es evitar nuevas sanciones, su siguiente paso debería ser haber cumplido con los acuerdos para el 18 de junio. Las recientes liberaciones de prisioneros son pasos inequívocos en esta dirección, y deberían ser exaltados por las potencias extranjeras y fomentar la buena voluntad de la comunidad internacional hacia Ortega. Una mejor coordinación entre la oposición y una presión constante del exterior podrían persuadir al gobierno para que cumpla sus compromisos, allanando el camino para una tercera ronda de negociaciones centradas en cuestiones electorales y de justicia.

Asegurar el cumplimiento

Una combinación de presión interna e internacional podría ayudar a garantizar el cumplimiento continuo del gobierno. Hasta el momento, la disposición de Ortega para comprometerse ha sido proporcional a la presión ejercida por fuerzas internas y externas. Para garantizar que éste continúe siendo el caso antes y después del plazo de junio, las facciones de la oposición deberían tratar de alinear sus estrategias. La Alianza Cívica y el consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco deberían establecer comunicaciones regulares, debatir propuestas y acordar un enfoque para continuar presionando al gobierno y mantener la crisis bajo la lupa internacional. La Unidad Nacional, en particular, tiene la responsabilidad de mantener pacíficas las protestas callejeras. Los esfuerzos conjuntos con la Alianza Cívica a raíz de la huelga nacional del 23 de mayo marcaron un paso adelante, pero el grupo debería considerar ir más allá de los llamados a manifestarse aumentando la coordinación interna y aprovechando su amplio alcance nacional para generar respaldo hacia los esfuerzos de negociación de la Alianza.

Por su parte, los gobiernos extranjeros y los organismos regionales, en especial la OEA, la UE y los EE. UU., deberían alinear sus políticas hacia Nicaragua y advertir conjuntamente al gobierno que tomarán medidas adicionales, incluida la imposición de nuevas sanciones, si Ortega no cumple sus promesas. EE. UU. debería evitar dar pasos unilaterales; en general, debería dejar de sugerir que su objetivo es derrocar al gobierno de Ortega. Las sanciones, de ser necesarias, deberían centrarse en los activos comerciales individuales o estatales en lugar de todo el país. Excluir a Nicaragua de los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los EE. UU. y el Acuerdo de Asociación con la UE, sería imprudente ya que perjudicaría principalmente a los pobres[fn]Funcionarios estadounidenses han filtrado que el gobierno de Trump está considerando expulsar a Nicaragua del CAFTA. En cuanto a la UE, mientras que su Consejo de Asuntos Exteriores no se refirió a medidas específicas, el Parlamento Europeo lo exhortó a considerar la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación. “After NAFTA fight, Trump threatens another trade battle with Central America”, McClatchy, 9 de enero de 2019. Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua, 14 de marzo de 2019. “Nicaragua: el Consejo adopta Conclusiones”, Consejo de la UE, 21 de enero de 2019.Hide Footnote . Por su parte, la OEA solo debería expulsar a Nicaragua como último recurso, ya que hacerlo podría tener consecuencias no deseadas, incluida la cancelación del plan de reforma electoral que acordó con el gobierno[fn]La última vez que se aplicó por completo la Carta Democrática Interamericana fue en 2009, cuando Honduras fue expulsada tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya. El objetivo de la medida era revertir el golpe, pero resultó infructuoso, y pasaron dos años antes de que el país se reincorporara a la organización. “Para que los hechos no se repitan”, Comisión de la Verdad y Reconciliación, julio de 2011, p.29.Hide Footnote . Por último, los actores internacionales deberían indicar que la atenuación de las sanciones existentes y la presión diplomática no se derivará de la simple firma de nuevos acuerdos, sino también de su puesta en práctica.

Las potencias externas también deberían dejar claro que levantarán las medidas punitivas si el gobierno respeta los acuerdos. En caso de que el gobierno libere a los presos políticos restantes y levante los cargos contra estos, y demuestre su voluntad de cumplir con el acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos antes del 18 de junio, deberían estar dispuestas a apoyar la tercera ronda de negociaciones y ofrecer respaldo político y financiero para permitir que ambas partes logren un acuerdo duradero. Ese resultado representaría una oportunidad para que Nicaragua salga de su estancamiento actual y evite otro brote de violencia. Los actores internacionales también deberían dejar claro que esperan resultados tangibles de la próxima ronda de negociaciones en un plazo razonable, aunque sin establecer fechas límites estrictas.

Nicaragua nunca ha llevado a cabo un esfuerzo genuino de justicia transicional.
Una tercera ronda de negociaciones

Quedan dos temas pendientes para futuras negociaciones: reforma electoral y justicia para las víctimas de la violencia del año pasado[fn]De acuerdo con la agenda acordada, otros elementos que restan por discutir una vez que estos dos se hayan resuelto, incluyen la consolidación de todos los acuerdos y mecanismos de implementación relacionados en un solo documento, y las acciones que tomarán las partes para obtener respaldo internacional para los acuerdos y levantar las sanciones. “Séptimo comunicado del encuentro por el entendimiento y la paz en Nicaragua”, La Voz del Sandinismo, 20 de marzo de 2019.Hide Footnote . Reducir la brecha entre el gobierno y la oposición sobre el primero parece realista, en especial debido a que el gobierno de Ortega recientemente reafirmó su compromiso con las reformas acordadas con la OEA en febrero de 2017[fn]Después de que el gobierno invitara a la OEA a reanudar sus actividades en el país el 26 de marzo, Cristóbal Fernández, jefe de la sección de cooperación técnica electoral de la organización, visitó el país el 24 de abril para discutir las reformas electorales. “Nicaragua reitera ante la OEA su compromiso para lograr el entendimiento”, La Voz del Sandinismo, 26 de abril de 2019.Hide Footnote . La Alianza propone actualizar ese acuerdo, agregando nuevas reformas, entre ellas cambiar al Consejo Supremo Electoral, reintroducir límites al mandato presidencial, aumentar los votos necesarios para la victoria absoluta en primera vuelta de elecciones presidenciales (actualmente 35 por ciento) y adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para noviembre de 2021.

El gobierno prefiere ajustarse a los términos del acuerdo de la OEA, pero podría encontrar un punto medio con la oposición. Cambiar la composición del Consejo Supremo Electoral probablemente aumentaría la confianza de la oposición en las elecciones, dada su supuesta participación en fraude electoral en el pasado[fn]Los EE. UU. impusieron sanciones al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, en diciembre de 2017, por estar “por encima de la ley” y perpetrar fraude electoral. Rivas renunció el 31 de mayo de 2018. “United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe”, Departamento de Hacienda de los EE. UU., 21 de diciembre de 2017.Hide Footnote . Por su parte, la oposición podría desistir de la reintroducción de límites al mandato presidencial y su exigencia de que se cambie el umbral de votación para la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Para un acuerdo más inclusivo sobre la reforma electoral, partidos políticos, como el Partido Liberal Constitucionalista, deberían ser consultados[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 5 de abril de 2019.Hide Footnote .

El tema fundamental es la fecha de las próximas elecciones. El gobierno ha descartado públicamente la posibilidad de adelantar las elecciones y la pareja presidencial ha dejado claro que pretende permanecer en el poder hasta el final de su mandato. Sin embargo, un compromiso puede ser posible[fn]Algunos autobuses en Managua han exhibido el eslogan “Ortega-Murillo 2021” en sus parabrisas, mientras que funcionarios del gobierno han transmitido a la OEA su intención de “fortalecer el proceso político electoral hacia 2021”. “Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Nicaragua”, Organización de los Estados Americanos, 15 de febrero de 2019. “Nicaragua government rejects early elections after OAS meeting”, Euronews, 25 de abril de 2019.Hide Footnote . De hecho, los negociadores de la oposición reconocen que las reformas electorales necesarias requieren un período de transición de al menos doce meses. Al enfrentarse a presiones económicas y sociales similares tras perder el apoyo de la Unión Soviética en colapso, el propio Ortega adelantó las elecciones en 1990. Para aliviar la presión interna e internacional, y posiblemente restaurar un cierto grado de estabilidad económica, una solución podría ser llevar a cabo las elecciones en 2021, pero antes del mes de noviembre[fn]Encuestas recientes sugieren que alrededor del 62 por ciento de los encuestados desearía que se adelantaran las elecciones, ocho puntos más que la misma encuesta realizada en enero, pero otro 32 por ciento desearía que se realizarán en 2021, lo que sugiere que un compromiso para realizarlas a principios de ese año contaría con un buen respaldo. Entrevista de Crisis Group, nuncio papal, 6 de abril de 2019. “Cid Gallup: 62% pide adelanto de elecciones para salir de crisis”, Confidencial, 30 de mayo de 2019.Hide Footnote . La OEA podría aprovechar su papel como acompañante del diálogo y como actor externo para facilitar un debate más amplio sobre las reformas y un cronograma para las elecciones.

Será más difícil llegar a un acuerdo sobre reformas de justicia. Aunque ambas partes afirman buscar una reparación para las víctimas, el gobierno y la oposición están atrincherados en posiciones aparentemente irreconciliables. La Alianza Cívica insiste en el establecimiento de una nueva Comisión de la Verdad independiente como primer paso hacia obtener justicia. Antes de sancionar la Ley de amnistía en Junio, el gobierno había propuesto una forma de justicia restaurativa que asignaría la responsabilidad de las investigaciones y la rendición de cuentas a las mismas instituciones nacionales supuestamente involucradas en la represión original, como los ministerios, la policía y la fiscalía[fn]Bajo la “justicia restaurativa”, aquellos que cometieron crímenes deben confesar sus acciones y recibir una amnistía a cambio de tomar otras medidas para reconocer su culpabilidad. “Nicaragua aprueba una Ley para atender a las víctimas de la crisis, sin justicia”, EFE, 29 de mayo de 2019.Hide Footnote . El 29 de mayo, también aprobó una ley para “atención a víctimas” de los disturbios del año pasado, que prevé beneficios para las familias afectadas por el “terrorismo golpista”[fn]La ley determina que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en asociación con los ministerios del gobierno, estaría a cargo de la implementación, “Ortega imposes his own amnesty law”, Confidencial, 31 de mayo de 2019. “Delegación de Gobierno ante la mesa de negociación ratifica compromisos asumidos ante la Patria”, El 19 Digital, 31 de mayo de 2019.Hide Footnote .

Dada la presunta lealtad de todas las instituciones judiciales y de seguridad al gobierno, la Alianza Cívica considera que todas estas propuestas equivalen a asegurar la impunidad de los responsables de la violencia contra los manifestantes, y las ha rechazado[fn]La falta de confianza en las instituciones nacionales es tan profunda entre las víctimas miembros de la oposición que algunos sienten que “no puede haber justicia en el gobierno actual”, en palabras de la madre de un preso político. Entrevista de Crisis Group, Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Managua, 1 de abril de 2019.Hide Footnote . A la luz de los cargos formulados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los que se acusa al Estado de cometer crímenes de lesa humanidad, cualquier indicio de amnistía para los funcionarios del gobierno sería extremadamente difícil de tragar para la oposición.[fn]“Nicaragua: Informe de expertos independientes afirma que el gobierno del presidente Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad”, op cit.Hide Footnote

A pesar de los 50 años de contrainsurgencia, revolución y guerra civil, Nicaragua nunca ha llevado a cabo un esfuerzo genuino de justicia transicional. Antes de analizar las propuestas específicas, las partes deberían considerar las experiencias regionales, aprovechar el testimonio de expertos y considerar las perspectivas y necesidades de las víctimas. Sobre esa base, y ante la probable ausencia de consenso, deberían intentar, como mínimo, acordar los principios rectores para una comisión de la verdad con un mandato amplio. Como tal, no se debe limitar a aclarar los acontecimientos del 2018, también se debe explorar las causas históricas del pasado excepcionalmente turbulento de Nicaragua como un medio para comprender la profunda polarización del país y prevenir la recurrencia de la violencia armada. Dicha comisión podría incluir representantes nombrados por el gobierno y la oposición, así como expertos internacionales[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en justicia transicional, 11 de abril de 2019.Hide Footnote .

Conclusión

Funcionarios del gobierno y líderes de la oposición han negociado dos importantes acuerdos, que podrían acercarlos a resolver el estancamiento del último año. Tras meses de esfuerzos estatales por silenciar a la disidencia, la decisión del presidente Ortega de reanudar las negociaciones, probablemente motivada por la creciente presión internacional y una fuerte desaceleración económica, sorprendió a muchos nicaragüenses, tanto partidarios de la oposición como del gobierno, y a observadores internacionales. Las negociaciones se produjeron en medio de una profunda desconfianza mutua, pero la perspectiva de una solución negociada goza de altos niveles de respaldo popular. Los resultados del segundo diálogo también superaron los del primero, particularmente con la liberación acordada de cientos de presos políticos. Sin embargo, aún existen falencias en los acuerdos, en especial la falta de supervisión internacional para uno de ellos, algo de incertidumbre sobre si el gobierno ha cumplido plenamente y dudas sobre lo que vendrá después.

Si se resolvieran las disputas remanentes sobre la implementación de los acuerdos, ambas partes idealmente volverían pronto a la mesa de negociaciones y llegarían a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes. El principal desafío hasta ahora lo ha constituido el gobierno, ya que el presidente Ortega parece estar más interesado en ganar tiempo y evitar nuevas sanciones que en rescatar a su país (y a su gobierno) de este apuro. Sin embargo, la liberación de la mayoría de los presos políticos antes de la fecha límite del 18 de junio, apunta a que está comprometido con encontrar un camino que los saque de la crisis. Por su parte, los movimientos de oposición deberían ajustar sus demandas antes de la próxima ronda de negociaciones, para así garantizar que sean realistas y tengan en cuenta los aportes de toda la coalición de oposición. Adicionalmente, deberían hacer lo posible para obtener el respaldo público para el diálogo. Las potencias extranjeras y las organizaciones multilaterales deberían continuar ejerciendo presión sobre el gobierno. Deberían estar preparadas para imponer nuevas sanciones si el gobierno no cumple con sus compromisos y si el progreso en las negociaciones se dilata, siempre y cuando las medidas tomadas sean específicas, cuenten con un amplio respaldo internacional y se levanten una vez que el gobierno cumpla con sus compromisos.

El presidente Ortega puede ser implacable, pero sigue siendo uno de los sobrevivientes políticos más importantes de América Latina y un pragmático plenamente consciente de que la campaña para destituir al presidente Maduro en Venezuela es un mal presagio para su propio gobierno. Su retórica antiimperialista sirve para cerrar las filas sandinistas, pero ha demostrado la capacidad y disposición para hacer concesiones. Puede que no esté interesado en realizar cambios institucionales drásticos, pero es consciente de que su capacidad de resiliencia y la economía de Nicaragua dependen del mantenimiento del apoyo interno y la confianza internacional. La estabilidad del país está en el centro de sus intereses, y la mejor ruta para preservarla puede radicar en pasar a una tercera ronda de negociaciones y forjar un acuerdo político duradero con aquellos que buscan removerlo.

Bogotá/Bruselas, 13 de junio de 2019

Anexo A: Mapa de Nicaragua
Anexo B: Cronología de un año de crisis política en Nicaragua

18 de abril 2018:  El gobierno aprueba una reforma altamente impopular al sistema de seguridad social el 16 de abril, lo que provoca protestas masivas en todo el país.

22 de abril 2018: El gobierno invita a la Iglesia a mediar un diálogo con el sector privado. El 11 de mayo, la Iglesia crea la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.

16 de mayo 2018: El Diálogo Nacional comienza entre el gobierno y la Alianza Cívica.

30 de mayo 2018: Al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas durante una marcha del Día de las Madres encabezada por madres de víctimas asesinadas durante las protestas.

9 de julio 2018: Después de que simpatizantes del gobierno atacaran a figuras prominentes de la Iglesia, el Diálogo Nacional se suspende oficialmente.

23 de septiembre 2018: Max Andrés Romero, de 16 años, es asesinado en una protesta en Managua. El gobierno asegura que es el último de los 199 muertos. Grupos de Derechos Humanos sostienen que el número de víctimas podría ser mayor.

28 de septiembre 2018: La Policía Nacional prohíbe cualquier manifestación sin permiso previo, y ha rechazado solicitudes formales desde entonces.

16 de febrero 2019: Destacados líderes empresariales sostienen conversaciones exploratorias con Ortega en presencia del Nuncio Papal Waldemar Stanisław Sommertag y el Cardenal Leopoldo Brenes.

18 de febrero 2019: El líder campesino y miembro de la Alianza Cívica, Medardo Mairena, es sentenciado a 216 años de cárcel. Es una de las más de 700 personas detenidas desde las protestas del año pasado, según la Alianza Cívica.

27 de febrero 2019:Las conversaciones se reanudan en el campus de la escuela de negocios INCAE, que lleva a la liberación de los primeros 100 prisioneros

27 de marzo 2019: Bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, las partes firman un acuerdo para la liberación de todos los presos políticos en un plazo de 90 días.

29 de marzo 2019: Las partes firman un acuerdo sobre el respeto de los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a retornar para los 62,000 nicaragüenses (según cifras de ACNUR) obligados a huir del país

3 de abril 2019: El plazo acordado por las partes lleva a conversaciones sobre nuevos acuerdos. El Diálogo Nacional se suspende, pero las partes se reúnen ocasionalmente para discutir la implementación de acuerdos anteriores.

20 de mayo 2019: Días después de que el preso político Eddy Montes muriera durante un disturbio en la prisión, La Alianza Cívica anuncia que no volverá a la mesa de negociaciones hasta que todos los presos políticos sean liberados

8 de junio 2019:  Diez días antes vencerse el plazo para liberar a todos los presos políticos, el gobierno aprueba una Ley de Amnistía, dirigida a todos los que han cometido crímenes en relación con los acontecimientos del año pasado.

11 de junio 2019: El gobierno libera a otro grupo de presos políticos, incluyendo a los líderes de la protesta, llegando a casi 500 excarcelaciones en total.

 

Anexo C: Frecuencia y fases de las protestas masivas en Nicaragua, 2018-2019