¿Qué hay de nuevo? Violentas pandillas han aprovechado la oportunidad que presenta la prolongada crisis política de Haití para tomarse el control de gran parte del país, paralizando su economía. Ante el resurgimiento del cólera, el gobierno haitiano le ha solicitado a la ONU y a sus socios extranjeros que desplieguen una fuerza de seguridad pública para hacer retroceder a las pandillas.

¿Por qué importa? Décadas de intervenciones extranjeras en Haití han provocado renuencia en el país y en el extranjero para contemplar una misión de seguridad pública. Los riesgos operativos y la división política del país también han frenado a los extranjeros para un posible despliegue, pero numerosas entrevistas sugieren que el apoyo popular está aumentando, especialmente en áreas bajo el control de las pandillas.

¿Qué se debe hacer? El colapso del Estado haitiano y la gravedad de la emergencia humanitaria justifican preparar una misión. Pero su despliegue debe estar condicionado a una planificación adecuada para operar en áreas urbanas y al apoyo de las principales fuerzas políticas haitianas, que incluya su firme compromiso para trabajar conjuntamente en la creación de un gobierno de transición legítimo.

Las potencias extranjeras están considerando la posibilidad de desplegar una fuerza de seguridad pública en Haití, ante la violencia desenfrenada provocada por las pandillas y el estancamiento político de alto nivel, que precipitan al país hacia una catástrofe. Compuestas en su mayoría por hombres jóvenes de áreas urbanas pobres, las pandillas han ampliado enormemente sus filas e influencia en los últimos años. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, las pandillas aprovecharon el vacío generado por una disputada línea de sucesión política para obtener aún más poder. Anteriormente dependientes de patrocinadores, estos grupos han ganado autonomía, adquirido arsenales de mayor calibre, ampliado su huella territorial, intensificado sus demandas políticas, y se han vuelto cada vez más temerarios en el combate frontal contra las fuerzas de seguridad. A pesar del temor de los haitianos de que se repitan los errores del pasado, es posible que sea necesaria una intervención extranjera para acabar con el control de las pandillas sobre el país. Pero estas fuerzas deben estar preparadas para operar en áreas urbanas densamente pobladas y no deben ser desplegadas hasta que una masa crítica de las principales fuerzas políticas del país se comprometa a apoyar la misión y trabajar conjuntamente para crear un gobierno de transición legítimo.

En todo el país, las pandillas han montado una ofensiva destinada a tomar el control de vías y centros cruciales para el flujo de mercancías, incluidos mercados, puertos y carreteras principales, lo que ha desatado olas de disturbios. La capital, Puerto Príncipe, hogar de casi un tercio de los 11,5 millones de habitantes de Haití, ha visto la mayoría de sus conexiones con el resto del país bloqueadas por tiroteos entre bandas rivales que compiten por el control de sus principales vías de acceso. Tras un alarmante aumento en la violencia causado por enfrentamientos entre dos coaliciones rivales de pandillas en las afueras de la capital entre mayo y julio, los cuales causaron la muerte de casi 500 personas, en su mayoría civiles, las protestas estallaron en varias ciudades. Los manifestantes protestaron en contra de la ineficaz respuesta del Estado a la ofensiva de las pandillas, que ha hecho aún más difícil subsistir en medio de la creciente inflación y la escasez de combustible. Las protestas se intensificaron después de que el primer ministro interino, Ariel Henry, anunciara drásticos recortes a los subsidios al combustible el 11 de septiembre, lo que paralizó varias ciudades.

Un día después de este anuncio, una de las dos coaliciones de pandillas que operan en la capital, el G9 an Fanmi e Alye, también conocido como G9, bloqueó la principal terminal petrolera del país. Jimmy “Barbecue” Chérizier, el expolicía que ha liderado el G9 desde su formación a mediados de 2020, dijo que el grupo mantendría el bloqueo hasta que Henry renunciara como primer ministro. La escasez de combustible generada y sus efectos colaterales en el sistema energético nacional, que depende casi por completo de productos derivados del petróleo, paralizaron el país.

Para agravar las condiciones del país, el cólera reapareció en octubre, evocando el terrible brote de 2010 que se ha atribuido a la fuerza de la ONU que entonces se encontraba en Haití. La mayoría de los casos sospechosos se encuentran en barrios marginales de la capital bajo el control de las pandillas. El limitado acceso a agua potable, las interrupciones en el flujo de artículos de primera necesidad, los bloqueos de ayuda humanitaria y las dificultades que enfrentan los centros médicos, tal como la falta de combustible, han generado un terreno fértil para la transmisión de esta letal enfermedad. A pesar de que pocas personas están viajando, el cólera ya ha llegado a nueve de los diez departamentos de Haití, con casi 15 000 casos sospechosos y cerca de 300 muertes; es probable que el número real de casos sea sustancialmente mayor.

Incapaz de contener estas crisis entrelazadas y cada vez más intensas, el gobierno de Haití solicitó una misión internacional de urgencia. Henry hizo una primera solicitud oficial el 7 de octubre a los socios extranjeros, pidiéndoles el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada para enfrentar a las pandillas. Conscientes de la historia de intervenciones fallidas del país, muchos haitianos expresaron su oposición en las calles y redes sociales. Pero ha surgido apoyo para el plan en algunos sectores, dado que reconocen que las tropas extranjeras podrían ser indispensables para cualquier regreso a la seguridad y la normalidad.

Mientras tanto, las condiciones de seguridad han mejorado ligeramente en las últimas semanas. Luego de dos días de enfrentamientos, y en medio de rumores de negociaciones entre el gobierno y las pandillas para aliviar el bloqueo de la terminal petrolera, el 3 de noviembre las autoridades haitianas anunciaron que las fuerzas de seguridad habían recuperado el control del puerto. Poco después se reanudó la distribución de combustible en la capital, pero las pandillas aún controlan las principales carreteras hacia el norte y el sur, y obstruyen el suministro a otras regiones.

A pesar de este pequeño respiro del dominio de las pandillas, la demanda por una misión internacional en Haití continúa. Los funcionarios del gobierno insisten en que la policía nacional no puede detener la violencia de las pandillas por sí sola. Afirman que la policía necesita el apoyo de fuerzas extranjeras para recuperar el control de las calles y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan. Aunque no todos los haitianos están de acuerdo, docenas de entrevistas realizadas por Crisis Group en Puerto Príncipe sugieren que un número cada vez mayor de ellos, en particular en las zonas asoladas por la violencia, ven en la perspectiva de una intervención una opción para acabar de una vez por todas con el control de las pandillas, que amenaza sus vidas.

Dicho esto, muchos grupos políticos y de la sociedad civil haitianos expresan graves dudas. Consideran que la misión propuesta constituye un vestigio de la dependencia colonial y una posible repetición de las impopulares operaciones extranjeras del pasado. También les preocupa que la llegada de fuerzas internacionales le permita a Henry reforzar lo que ven como su control ilegítimo del poder. Henry es primer ministro interino desde julio de 2021, cuando poco después del asesinato de Moïse recibió la bendición de potencias extranjeras, en particular de los miembros del Core Group, un organismo informal compuesto por representantes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos, así como los embajadores de EE. UU., Canadá, Francia, Brasil, Alemania, España y la UE. Sus adversarios lo presentan como un obstáculo para resolver las divisiones políticas, la corrupción y la violencia del país. Temen que la muestra de apoyo que supondría el despliegue de tropas o policías extranjeros le permita eludir las negociaciones con la oposición para restaurar la estabilidad política o allanar el camino para unas nuevas elecciones. En su opinión, el paso más importante para fortalecer la seguridad sería la salida de Henry.

En este contexto, las perspectivas de intervención siguen en el aire, y los socios extranjeros de Haití se debaten entre dudas fundamentales sobre si intervenir o no y, en caso afirmativo, cómo hacerlo. Si la gravedad de la emergencia humanitaria convence a los gobiernos extranjeros de seguir adelante con estos planes para evitar una mayor pérdida de vidas, deben seguir una serie de principios rectores para asegurarse de que una eventual misión pueda cumplir sus objetivos. El más importante es garantizar que tanto el gobierno como una cantidad suficiente de líderes de la oposición estén de acuerdo con los términos básicos del mandato de la misión para mitigar cualquier reacción violenta. Como condición previa adicional, Henry y la oposición deben comprometerse firmemente con un proyecto de gobierno de transición que pueda trazar el camino hacia unas nuevas elecciones, comenzar la tarea de reconstruir el Estado y ofrecer los servicios que tanto necesitan los ciudadanos. Los Estados extranjeros involucrados en la planeación de la misión deben exhortar a todas las partes a alcanzar dicho acuerdo.

Cualquier misión también debe contar con personal suficiente y debidamente equipado, así como con una sólida planificación operativa. Esto último será esencial si el objetivo es liberar arterias económicas y urbanas vitales, debilitar las conexiones entre los pandilleros y sus redes de apoyo, y evitar perjudicar a los civiles o violar los derechos humanos. La amenaza de una intervención armada extranjera debe aprovecharse para inducir a las pandillas a rendirse, y las autoridades haitianas deben estar listas para ofrecer vías de desmovilización y reintegración a una sociedad respetuosa de la ley para aquellos pandilleros que opten por esta vía. Por último, un plan integral de ayuda internacional también debe incluir una serie de medidas adicionales para abordar las décadas de deterioro e inestabilidad institucional de Haití.

Los obstáculos que se interponen en el camino del establecimiento de la misión propuesta y su eventual éxito hacen comprensible que tantos haitianos y socios internacionales tengan dudas al respecto. Pero la magnitud y velocidad del violento colapso del país bien pueden requerir una respuesta extraordinaria. Para que cualquier misión tenga alguna esperanza de someter a las pandillas, las fuerzas políticas haitianas y los grupos de la sociedad civil deben, como cuestión prioritaria, promover un amplio respaldo y garantizar que cuente con la legitimidad necesaria para llevar a cabo complejas operaciones en terreno hostil.

El gobierno haitiano solicitó la ayuda de una fuerza externa para liberar al país de las garras de las pandillas después de años de creciente violencia criminal, que culminó con la toma del control de la principal terminal petrolera del país por parte de la mayor coalición de pandillas. El poder de las pandillas creció notablemente bajo el mandato del difunto presidente Moïse. Una serie de investigaciones independientes encontró que su gobierno colaboró con redes criminales para reprimir grandes protestas que exigían su renuncia. Desde el asesinato aún sin resolver de Moïse en julio de 2021, las pandillas han ganado incluso más influencia[1].

En los últimos dos años, se calcula que más de 200 pandillas que operan en el país se han ido alejando cada vez más de sus bastiones históricos en barrios marginales para ocupar zonas cruciales para el funcionamiento de la economía nacional y del sistema judicial. Los enfrentamientos armados provocados por su expansión llegaron a nuevos niveles en junio de 2021, cuando los combates en el barrio de Martissant entre tres bandas cortaron el paso por la principal carretera que une a Puerto Príncipe con el sur. Aunque la policía intentó restablecer el control de la zona, las incursiones de las pandillas bloquearon progresivamente las principales rutas de acceso a la capital desde el norte y el este[1].

La parálisis se agravó aún más en septiembre cuando, apenas unas horas después de que Henry anunciara un drástico y repentino aumento en los precios del combustible, pandillas afiliadas a la coalición G9 iniciaron el bloqueo de la terminal de Varreux, en el extremo norte de Puerto Príncipe, la cual concentra el 70 por ciento de la capacidad de almacenamiento de petróleo del país[2]. Aunque la policía ha realizado una serie de operaciones exitosas contra las pandillas, incluida la liberación de la terminal de Varreux y sus instalaciones de almacenamiento de combustible casi dos meses después de que iniciara el bloqueo, la policía haitiana, con su nueva unidad antipandillas, se ha visto en apuros para contener la violencia que ha proliferado en la capital y más allá[3].

Los primeros casos sospechosos del nuevo brote de cólera surgieron en dos zonas de Puerto Príncipe controladas por pandillas, lo que llevó al gobierno de Henry a solicitar en octubre el “despliegue inmediato de una fuerza armada especializada” para combatir la violencia de las pandillas y contrarrestar sus efectos humanitarios[4]. Poco tiempo después, el secretario general de la ONU, António Guterres, envió una carta al Consejo de Seguridad proponiendo el despliegue de una “fuerza de acción rápida” para reforzar la campaña antipandillas de la Policía Nacional de Haití, destacando la urgente necesidad de brindar seguridad a los esfuerzos de asistencia para las víctimas del brote de cólera[5]. La propuesta enfatizó que la fuerza sería temporal (EE. UU. ha dicho que duraría seis meses); autónoma del mando de la ONU, en caso de ser necesario; y limitada a garantizar el acceso público a servicios básicos, así como el uso seguro de carreteras, puertos, aeropuertos y terminales de hidrocarburos clave. La fuerza se retiraría una vez que las fuerzas de seguridad haitianas recuperen el control de la infraestructura crítica, y sería sustituida por una misión de apoyo a la policía nacional[6].

En una reunión especial del Consejo de Seguridad celebrada el 17 de octubre, las delegaciones de EE. UU. y México anunciaron que estaban redactando dos resoluciones para abordar la inseguridad en Haití. La primera, adoptada por unanimidad en una segunda reunión cuatro días después, preveía sanciones contra los líderes de pandillas y sus patrocinadores, incluyendo la congelación de activos, la prohibición de viajes y el embargo de armas. Aunque estas sanciones sólo se impondrán a partir de principios de 2023, cuando un grupo de expertos que asesora al Consejo establezca quiénes serán los destinatarios (en este momento sólo se incluye al líder de pandilla Chérizier), EE. UU. y Canadá ya han adoptado sus propias sanciones contra varios de los políticos más poderosos de Haití, entre ellos el expresidente Michel Martelly, dos exprimeros ministros y dos presidentes del Senado, así como tres miembros destacados de la élite empresarial haitiana.

El segundo proyecto de resolución elaborado conjuntamente por EE. UU. y México es mucho más ambicioso en escala, aunque hasta el momento no se ha presentado al Consejo de Seguridad. Propone una “misión independiente de la ONU dirigida por un país socio con la profunda experiencia necesaria para que tal esfuerzo sea efectivo”[7]. De acuerdo con los términos de la solicitud de Henry y la propuesta escrita del secretario general de la ONU, el objetivo inicial sería restaurar la seguridad para permitir que la ayuda humanitaria fluya libremente. El subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó a fines de octubre que la misión bajo consideración “sería en gran medida una fuerza policial con un componente militar”[8].

Las primeras reacciones de muchos haitianos ante la propuesta de invitar a tropas extranjeras para luchar contra las pandillas del país fueron abrumadoramente negativas. Muchos políticos y figuras públicas se apresuraron a condenar el plan por considerarlo reminiscente de las intervenciones coloniales, y reiteraron que el país necesita una “solución liderada por Haití”[1]. El grupo del Acuerdo de Montana, la principal coalición opositora, expresó que “la historia nos enseña que ninguna fuerza extranjera ha resuelto jamás los problemas de ningún pueblo en la tierra”[2]. Los críticos también afirmaron que Henry, como primer ministro interino, no tenía capacidad legal para pedir ayuda extranjera[3].

También surgió resistencia contra la propuesta por parte de ciudadanos, muchos de los cuales resienten una historia de intromisión extranjera que afirman ha hecho poco para mejorar sus vidas[1]. A finales de octubre una multitud se tomó las calles de Puerto Príncipe, coreando: “¡Abajo el primer ministro! ¡Abajo la ocupación!”[2].

No fueron pocos los críticos fuera de Haití que también descalificaron la propuesta. Un medio de comunicación estadounidense señaló que “bajo las condiciones actuales, cualquier intervención militar extranjera podría causar más daño que bien”, mientras que un exenviado de EE. UU. a Haití advirtió que una incursión militar extranjera en un terreno tan complicado podría resultar en un baño de sangre[3].

Pero, al menos en Haití, parte de la oposición inicial parece haber disminuido. Poco a poco, y con cierta reticencia, cada vez más haitianos han empezado a pronunciarse a favor de una misión extranjera, aunque muy pocos respaldan sin reservas el despliegue de tropas extranjeras en suelo haitiano. Un número creciente de grupos de la sociedad civil ha empezado a insistir en que los socios internacionales deben ayudar a las autoridades nacionales a enfrentar la emergencia humanitaria, argumentando que la prioridad debe ser la lucha contra las bandas que obstaculizan el flujo de artículos de primera necesidad y asistencia médica[1]. Al mismo tiempo, incluso muchos partidarios de la intervención advierten que no será una solución a largo plazo para las condiciones que generan la creciente violencia de pandillas[2].

La desesperación ante las agudas crisis en la política, seguridad, economía y ahora la salud del país, todas relacionadas de alguna manera con las pandillas, parece estar llevando a algunos ciudadanos a reconsiderar su oposición a la intervención. Varios de los entrevistados en Puerto Príncipe, que ahora respaldan la idea, establecieron una conexión directa entre los enfrentamientos de las pandillas en la empobrecida comuna de Cité Soleil en Puerto Príncipe en julio y el resurgimiento del cólera. Los casos comenzaron a aparecer en el barrio Brooklyn de Cité Soleil, que se ha visto privado incluso de los servicios de saneamiento más básicos desde que quedó aislado por los combates en julio[3]. Desde este barrio, la enfermedad se propagó al resto de Cité Soleil y Puerto Príncipe, que ahora representa más de la mitad de los casos sospechosos del país. Como los bloqueos de las principales carreteras han impedido el transporte de suministros médicos, algunos casos en el resto del país no han recibido tratamiento[4].

El cólera no es la única emergencia humanitaria desatendida. Muchos funcionarios humanitarios internacionales han abandonado el país debido a las terribles condiciones de seguridad en los últimos meses. Como consecuencia, las personas sobrevivientes de violencia sexual tienen menos acceso a atención de urgencia, como tratamientos para prevenir el contagio de VIH, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados y procedimientos urgentes para atender graves lesiones traumáticas generadas por violaciones colectivas[5].

Varios residentes de Puerto Príncipe defendieron la propuesta del despliegue de una fuerza extranjera por una creciente sensación de desesperanza. “Los bandidos andan por toda la ciudad sin que la policía pueda hacer nada, y esto pasa a la vista de todos”, dijo un líder de la sociedad civil[6]. Hay una preocupación generalizada por la forma en que las pandillas recurren a la violencia sexual contra mujeres, miembros de la comunidad LGBTQI+ y, en menor medida, hombres heterosexuales, para afirmar su poder en los barrios que controlan, coaccionar a quienes se resisten a sus órdenes y humillar a sus oponentes, entre otros motivos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las pandillas utilizan la violación colectiva de niños de incluso diez años, así como de mujeres, para castigar e intimidar a la población[7]. Muchos padres se niegan a que sus hijos salgan de casa por miedo a lo que pueda ocurrirles[8].

El respaldo a un despliegue extranjero parece particularmente alto en las zonas más afectadas por la violencia de pandillas. Reflexionando sobre los riesgos de que se produzcan tiroteos entre tropas extranjeras y pandillas en su barrio, un residente de una zona controlada por grupos armados afirmó: “Sin duda morirán personas, pero menos de las que mueren día tras día”[1]. Un miembro de una organización de la sociedad civil haitiana enfatizó que la mayoría de las personas que viven en las zones de non-droit (zonas sin ley) apoyaría una misión capaz de derrotar a las pandillas[2]. Los habitantes de Cité Soleil y otras áreas controladas por pandillas también mostraron su impaciencia con las élites políticas que se oponen al despliegue de tropas extranjeras: “Hay que ver cuál es el estatus social de la gente que se opone a la intervención armada y dónde viven. En estas zonas [bajo control de pandillas], prefieren una intervención que estaría lejos de ser perfecta, pero que al menos permitiría cierta seguridad”[3].

Los residentes y las empresas también citan razones económicas para justificar la presencia de tropas extranjeras. Las principales asociaciones empresariales de Haití manifestaron en un comunicado que “comprenden y apoyan la difícil pero responsable decisión del gobierno haitiano de solicitar algún tipo de apoyo humanitario robusto a los amigos de la comunidad internacional... ya que la policía nacional haitiana, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha podido enfrentar por sí sola las destructivas acciones de las pandillas”[4].

Las fuerzas internacionales especializadas podrían proporcionar el apoyo que muchos haitianos consideran que la policía necesita para enfrentar el aumento de la artillería de las pandillas, las cuales se han valido del tráfico de armas para obtener grandes cantidades de municiones y armas de alto calibre[1]. Al mismo tiempo, la perspectiva de intensos enfrentamientos en áreas urbanas densamente pobladas, donde es difícil distinguir a los pandilleros de los civiles, plantea muchos desafíos operativos. Una estrategia basada en objetivos concretos para lograr en coordinación con la policía haitiana, causando el menor daño colateral posible, será fundamental para el éxito de cualquier posible misión.

Entre los objetivos de seguridad a corto plazo de cualquier misión, el más urgente y quizás el más desafiante será acabar con los bastiones de las pandillas como Cité Soleil, donde las incesantes guerras territoriales han elevado la inseguridad alimentaria a los niveles más graves jamás registrados en Haití[2]. Si se ejecuta una operación de este tipo, será esencial prever y gestionar los riesgos que implica el uso de la fuerza armada en entornos urbanos densamente poblados. Las pandillas haitianas han atacado cada vez más a los civiles en sus enfrentamientos con grupos rivales, recurriendo al asesinato, la violación y la destrucción de viviendas en un intento por obligar a los residentes a colaborar en su campaña para apoderarse del territorio[3]. Estas tácticas sugieren que las pandillas podrían intentar coaccionar o cooptar a los civiles para que les ayuden a defenderse de las acciones policiales[4].

Proteger a la población civil mientras se lucha por el control de estas áreas no será fácil. Los barrios donde se refugian los pandilleros suelen estar ubicados en el corazón de superpobladas comunas marginales atravesadas por calles estrechas, y los pandilleros no se distinguen visiblemente de los civiles. Además, la falta de instalaciones para acomodar a los desplazados internos significa que la mayoría de los residentes no tienen más opción que permanecer donde están, incluso bajo el yugo de las pandillas; la imposibilidad de escapar es especialmente alarmante en el caso de las mujeres obligadas por las pandillas a la servidumbre sexual[1]. En lugar de depender de la fuerza bruta de los números y las armas, las operaciones de seguridad deben basarse en labores de inteligencia para medir hasta qué punto se puede ingresar a los bastiones de las pandillas sin poner en peligro la vida de los civiles.

 También es probable que la protección de los civiles impida que la misión de seguridad recurra de inmediato al tipo de tácticas urbanas que podrían parecer más efectivas. El factor sorpresa, por ejemplo, podría resultar decisivo para el éxito de una redada dirigida contra un bastión de pandillas. Pero dado el riesgo de que estas operaciones puedan resultar en la muerte de civiles y menores de edad que han sido reclutados por las pandillas, algunos analistas haitianos sugieren que se debe dar prioridad en su lugar al uso de la amenaza de intervención armada como elemento disuasorio[2]. Por ejemplo, si llega a ocurrir, cuando se despliegue una misión, las autoridades podrían presionar a los líderes de las pandillas para que abandonen ciertos barrios amenazándolos con la entrada de las fuerzas si no acatan la orden.

A pesar de las dificultades operativas, miembros de estas asediadas comunidades y expertos en seguridad sugieren que la llegada de las tropas significaría una diferencia inmediata. De hecho, algunos sostienen que tan sólo la amenaza creíble de una fuerte intervención armada extranjera para apoyar a la policía haría que algunos líderes de pandillas reconsideraran y trataran de negociar su propia rendición[1]. En aquellas áreas donde las pandillas se mantengan firmes tras la llegada de las tropas, la perspectiva de una aplicación más contundente de la ley podría reducir aún más la tolerancia de la comunidad hacia las pandillas. Actualmente, prevalece un código de silencio en los territorios controlados por pandillas, ya que los residentes saben que denunciarlas o compartir información con las fuerzas de seguridad conlleva el riesgo de un terrible castigo. Pero fuentes en Puerto Príncipe creen que la llegada de tropas extranjeras y la posibilidad de que ejecuten redadas cambiaría el equilibrio de poder, motivando a los residentes a compartir información e incluso haciendo que algunos pandilleros se rindan voluntariamente[2].

Antes de cualquier posible operación, los comandantes de las fuerzas también deben pensar en una manera para que los residentes de las áreas donde se libran los combates puedan salir. Podrían organizar una campaña de comunicación a través de redes sociales para anunciar operaciones antipandillas y ofrecer asistencia a los civiles que quieran dejar sus hogares y a los pandilleros que prefieran deponer sus armas[3]. En este caso, las autoridades deben establecer campamentos equipados para albergar a un gran número de personas desplazadas. Dado que niñas y mujeres han sido víctimas de violencia sexual en los campamentos existentes, la planificación debe incorporar medidas para prevenir agresiones y prestar servicios para las sobrevivientes. También será necesario crear espacios seguros donde las unidades de inteligencia puedan recopilar información sobre los pandilleros, las áreas en las que operan y cualquier otra información útil para las operaciones armadas[4].

Cualquier potencial fuerza también debe proporcionar un estricto protocolo que describa los procedimientos de seguridad precisos que se deben emplear en caso de enfrentar protestas de grupos civiles no relacionados con las pandillas. Parte de la opinión pública haitiana critica abiertamente las pasadas misiones de mantenimiento de la paz por los errores y delitos cometidos, tales como los casos de explotación y abusos sexuales en los que se vieron implicadas docenas de miembros de las fuerzas de paz de la ONU, así como la introducción del cólera en el país a través de las tropas de la misión[5]. El resentimiento que muchos haitianos sienten hacia las fuerzas extranjeras podría volver a generar protestas. En el pasado, los líderes de las pandillas se han unido a las marchas contra Henry, y si lo hicieran nuevamente, el personal de seguridad debe responder con cautela; cualquier enfrentamiento que conduzca a la pérdida de vidas podría ser políticamente fulminante. Al mismo tiempo, una forma de disipar la preocupación pública sería mediante la creación de mecanismos de denuncia claros que brinden a la población local la oportunidad de compartir información sobre presuntos abusos a los derechos humanos por parte de la policía y las tropas internacionales.

Mientras tanto, para evitar que la filtración de información afecte las posibles operaciones conjuntas entre las fuerzas extranjeras y la policía haitiana, las unidades antipandillas locales sometidas a una verificación de antecedentes y especialmente entrenadas deben estar preparadas para participar en estas operaciones[1]. Una unidad antipandillas plenamente verificada ya fue creada: en octubre contaba con 150 efectivos[2]. Pero esta unidad aún no es lo suficientemente grande como para que la policía haitiana asuma un papel significativo en operaciones conjuntas, teniendo en cuenta que las pandillas más fuertes llegan a tener hasta 500 miembros y están íntimamente familiarizadas con el territorio que controlan[3]. La policía haitiana debe continuar verificando y capacitando nuevos reclutas para la unidad antipandillas, incluso mientras continúan las discusiones sobre una misión extranjera. También deben mantener estos esfuerzos en marcha una vez se despliegue dicha misión, ayudando así a allanar el camino para que la policía releve a las tropas extranjeras lo antes posible.

En términos más generales, los esfuerzos del Estado haitiano para fortalecer la policía nacional tendrán que intensificarse para garantizar que cualquier mejora de seguridad en el curso de la intervención extranjera perdure bajo una posible misión de la ONU[4]. Este esfuerzo no será nuevo para la ONU, ya que el fortalecimiento de la policía constituía el núcleo del mandato de la MINUSTAH[5]. Sin embargo, esos esfuerzos no lograron los resultados deseados porque la corrupción, falta de recursos, fallas en la coordinación entre los donantes y las autoridades nacionales, así como la devastación provocada por el terremoto de 2010, hicieron que las reformas fracasaran[6]. Del mismo modo, las iniciativas para verificar los antecedentes de los agentes de policía y evitar su cooptación por parte de grupos criminales se han visto socavadas por los bajos salarios y la falta de fondos y equipos que enfrenta la fuerza[7]. El futuro apoyo internacional para la policía haitiana podría ir acompañado de la creación de un equipo de monitoreo de gastos dirigido conjuntamente por funcionarios haitianos y expertos internacionales para garantizar que los fondos sean destinados para fortalecer los estándares profesionales de los agentes de policía, mejorar su remuneración y aumentar el tamaño de la fuerza.

El llamado del primer ministro interino Henry para obtener apoyo internacional policial y militar fue recibido con preocupación por sus críticos, quienes temen que una intervención extranjera pueda impulsar un gobierno extremadamente impopular. Esta preocupación prevalece en especial entre la oposición política de Henry, particularmente en la coalición conocida como el Acuerdo de Montana. El Acuerdo de Montana se creó en torno a un acuerdo que describe un plan para una transición política en Haití, firmado en agosto de 2021 por casi 200 partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil[1]. Este grupo ha acusado a Henry de haber tolerado la proliferación de las pandillas sin oponer resistencia, y de usar la violencia que generan como medio para mantenerse en el poder. Además, ha descrito la solicitud de apoyo militar internacional de Henry como un acto de traición[2]. Fritz Alphonse Jean, elegido por el Acuerdo de Montana en enero para encabezar un gobierno de transición, ha condenado a Henry por preferir una intervención de fuerzas extranjeras a unas conversaciones sobre un acuerdo político con sus propios compatriotas[3].

Dentro de los puntos de fricción entre Henry y el Acuerdo de Montana, que forjan los puntos de vista de este último sobre la intervención, se incluyen su falta de voluntad para discutir un acuerdo para la transición del poder. Representantes del Acuerdo de Montana se han reunido con Henry y sus aliados en numerosas ocasiones[4]. Pero Henry se ha negado a negociar si las futuras conversaciones deberían abordar la cuestión de su salida del poder.

La viabilidad y el cronograma de elecciones también ha sido un tema candente desde el asesinato de Moïse. El difunto presidente había cancelado las elecciones legislativas de 2019 y muchos socios extranjeros, incluida la ONU, presionaron a Henry para que convocara nuevas elecciones poco después de que asumiera el poder[5]. En cambio, el primer ministro en funciones destituyó a las autoridades electorales en septiembre de 2021[6]. El deterioro de las condiciones de seguridad ha hecho imposible celebrar unas elecciones razonablemente justas desde entonces, pero los críticos del gobierno han instado a Henry a aceptar un esquema de reparto del poder que permita crear una administración de transición estable[7]. Sin embargo, a pesar de la debilidad de su coalición de gobierno y del llamado a su renuncia por parte de los manifestantes, Henry ha rechazado la idea de entregar el poder a otros líderes políticos antes de organizar unas nuevas elecciones[8].

A muchos en Haití e incluso a varios diplomáticos extranjeros les preocupa que el primer ministro en funciones parece seguir gozando del pleno respaldo del Core Group (conformado por Estados extranjeros y organismos internacionales) antes mencionado y, por lo tanto, se sienta seguro en su puesto a pesar de las fallas de su gobierno[9]. Otras plataformas políticas y grupos de la sociedad civil se quejan de no haber recibido suficiente atención por parte de los representantes extranjeros, en particular de EE. UU.[10]. Henry, por su parte, parece decidido a llegar a un acuerdo político con fuerzas de la oposición que, tras haber obtenido la aprobación de ciertas figuras del sector privado y de la sociedad civil, le permita seguir al frente del gobierno durante un periodo transitorio que concluiría con la celebración de elecciones[11].

Todavía puede tener éxito. Después de llevar a cabo una campaña hasta ahora infructuosa para provocar la renuncia del primer ministro, el Acuerdo de Montana ha comenzado a sufrir divisiones internas. Estas divisiones enfrentan a aquellos que no aceptan, bajo ninguna circunstancia, que Henry siga al frente del gobierno con otros que están abiertos a considerar la posibilidad bajo ciertas condiciones. Henry ha aprovechado estas diferencias, negociando por separado con diferentes sectores del Acuerdo de Montana[1]. La mayor esperanza de acuerdo probablemente incluiría un reparto del poder entre Henry y aquellas facciones dispuestas a aceptar que él desempeñe un papel en un futuro gobierno de transición, aunque por esta vía se corre el riesgo de marginar a los oponentes más radicales del primer ministro interino.

Si tal acuerdo se vuelve viable, los socios extranjeros de Haití deberían apoyarlo. El estancamiento ha impedido la creación de un gobierno de transición y también pone en riesgo las condiciones necesarias para el despliegue de una fuerza de seguridad internacional. Los Estados extranjeros son sumamente cautelosos a la hora de apoyar una misión y desplegar tropas sin la aprobación explícita de las principales fuerzas políticas del país, lo que ayudaría a reducir el riesgo de protestas, reforzar el apoyo público y limitar el peligro de que una misión pueda exacerbar las tensiones del país, quizás provocando una inestabilidad aún mayor una vez que termine su mandato. Los Estados que contemplan la formación de una misión, incluidos los posibles contribuyentes financieros y de tropas, deben continuar insistiendo en que estos planes sólo pueden avanzar con el respaldo tanto del gobierno como de una masa crítica de la oposición, así como el compromiso de esas fuerzas para trabajar conjuntamente en la formación de un gobierno de transición que pueda restablecer los servicios básicos para la población y allanar el camino para celebrar unas nuevas elecciones.

La falta de un acuerdo entre las fuerzas políticas de Haití, junto a los enormes desafíos que plantean las pandillas, explica la reticencia extranjera a comprometer recursos y personal para la fuerza de acción rápida propuesta. EE. UU. y México, que han tomado la iniciativa diplomática para presionar por el despliegue de tropas o policías extranjeros, han intentado identificar Estados dispuestos a ofrecer personal voluntario y, quizás lo más importante, encabezar una misión a Haití. Pero su tarea se ha complicado por un dilema de planificación. Estos dos países no quieren presentar el proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad hasta que tengan compromisos reales para dotar de personal la misión, pero la falta de una resolución que defina el mandato dificulta confirmar la participación de posibles contribuyentes de tropas[1].

Aunque diplomáticos en Nueva York sugieren que se han identificado algunos posibles contribuyentes, por ejemplo, Trinidad, Kenia y Ruanda, ha sido más difícil convencer a los Estados para que asuman la costosa tarea de liderar una misión[2]. Washington, muy consciente de la oposición que han provocado sus intervenciones anteriores en Haití, y sin duda consciente de que un público hastiado de la guerra podría mostrarse poco solidario, es reacio a enviar tropas[3]. Al mismo tiempo, los formuladores de políticas estadounidenses son muy conscientes de que un mayor deterioro de las condiciones en Haití podría generar una crisis de refugiados, lo que a su vez los podría llevar a recalcular el costo-beneficio de una intervención[4].

Como resultado, EE. UU. ha recurrido a Canadá. A finales de octubre, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, viajó a Ottawa para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau y la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, en un intento por convencerlos para que asumieran el liderazgo de la misión. Los funcionarios canadienses están considerando la propuesta; en privado, manifiestan que les preocupa que Haití sufra desgracias aún peores en ausencia de una misión extranjera[5]. Pero también entienden las dificultades de desplegar sus fuerzas a partir de la invitación de un jefe de Estado cuestionado y con un débil control del poder. Trudeau ha declarado que sólo habrá una intervención si todos los partidos políticos haitianos están de acuerdo[6].

Dado que es poco probable que todas las partes en Haití apoyen una intervención extranjera, la cuestión de qué tan amplio debería ser un acuerdo sigue pendiente. Aunque entre más inclusiva, mejor, la misión no debe desplegarse sin que un acuerdo que incluya a Henry y a una masa crítica de esas facciones de la oposición les abra la puerta a las tropas extranjeras y establezca claramente los límites del mandato de una misión de seguridad. Como se señaló anteriormente, el despliegue también debe depender de un firme compromiso de estas partes para trabajar conjuntamente en la creación de un gobierno de transición.

Mientras reflexionan sobre una posible intervención armada en Haití, EE. UU. y Canadá han tomado medidas decisivas para sancionar a varios de los principales políticos del país por presuntamente financiar pandillas. Un mes después de que EE. UU. revocara las visas de varios funcionarios actuales y anteriores del gobierno haitiano, los ministros de Justicia e Interior de Henry se vieron obligados a renunciar el 11 de noviembre. Tras el anuncio por parte de estos países de sanciones financieras conjuntas al actual presidente del Senado y a un expresidente de éste, el segundo puesto más poderoso en el sistema político haitiano, Canadá dio a conocer nuevas medidas contra ocho de los políticos más influyentes del país, incluido el expresidente Martelly y dos de sus primeros ministros. Estos políticos son vistos por muchos como figuras importantes del partido haitiano Tèt Kale, que gobernó el país entre 2011 y 2021[1]. Al intensificar las sanciones, estas dos naciones parecen estar respondiendo a las demandas de opositores de Henry por medidas radicales contra figuras públicas que se considera han armado y financiado a las pandillas.

Incluso si Canadá decide seguir adelante, una misión internacional a corto plazo en Haití podría verse afectada por intereses geopolíticos más amplios. Durante la sesión del Consejo de Seguridad convocada por EE. UU. y México para discutir la misión propuesta, Rusia y China manifestaron reservas sobre posibles reacciones en Haití ante la llegada de tropas extranjeras[2]. Además, a varios miembros del Consejo de Seguridad les preocupa que, dado el mandato a corto plazo previsto para la fuerza de acción rápida, ésta pueda venir seguida por una solicitud para una costosa misión de mantenimiento de la paz de la ONU, para la cual hay poco interés en Nueva York[3]. Además, dada la participación de EE. UU. en la presentación de la iniciativa al Consejo de Seguridad, la propuesta podría ser aprovechada por Rusia y China como una nueva oportunidad para bloquear las iniciativas occidentales para resolver conflictos armados, así como para infligir una derrota diplomática a Washington[4].

Los problemas de seguridad de Haití son producto de las fallas de larga data en sus fuerzas policiales e instituciones estatales, así como de las extremas tasas de pobreza del país, y no serán resueltos de manera duradera por una misión internacional rápida para combatir a las pandillas. Incluso si los Estados extranjeros llegan a un acuerdo para desplegar una fuerza de seguridad para abrir corredores humanitarios que permitan que el combustible, los alimentos, el agua y las medicinas lleguen a las personas más necesitadas, evitar que se repita la crisis actual dependerá de un compromiso más prolongado para abordar sus causas subyacentes. Habrá que prestar especial atención al diseño de una misión de apoyo policial a más largo plazo, una del tipo propuesto por el secretario general de la ONU. La preparación para la transición a tal misión y una estrategia de salida para las tropas extranjeras también serán esenciales para evitar una larga extensión de la duración del despliegue de la fuerza y acusaciones de vulneraciones a la soberanía haitiana.

A pesar del enfoque inmediato en los términos de una misión de seguridad internacional, el fortalecimiento de la policía nacional sigue siendo la única estrategia viable a largo plazo para someter a las pandillas haitianas. Los avances en esta dirección dependerán de la contratación de más policías y de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Los donantes extranjeros también deben proporcionar asistencia destinada a reforzar las capacidades de recopilación de inteligencia de la fuerza mediante la capacitación y el despliegue de especialistas internacionales, así como la financiación para la compra de mejores equipos, en particular vehículos blindados, armas de alto calibre, equipos de protección y material de alta tecnología para operaciones contra grupos armados. Por su parte, la asistencia material y financiera debe ir acompañada de programas de capacitación en técnicas policiales antipandillas y orientadas a la comunidad. Una vez más, es indispensable una verificación de antecedentes exhaustiva de las unidades especiales directamente involucradas en la lucha contra las pandillas para evitar la colusión entre estas bandas y la policía.

Los actores externos también deben tomar medidas para detener su propia contribución a la inestabilidad de Haití. En particular, los socios regionales de Haití deben redoblar sus esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de armas y municiones hacia las pandillas del país, incluso ayudando a los guardias aduaneros terrestres y marítimos de Haití a reforzar los controles a los cargamentos entrantes. Teniendo en cuenta que la mayoría de las armas, incluidas las armas de alto calibre, que circulan ilegalmente en Haití provienen de EE. UU., especialmente de los puertos del sur de Florida, las aduanas estadounidenses deben aplicar mecanismos para controlar todos los envíos que se dirigen a los puertos haitianos[1].

Aparte de la seguridad, Haití enfrenta un camino difícil por delante en su intento por conseguir estabilidad y restablecer unas instituciones estatales efectivas que cuenten con el apoyo de la población. En enero de 2023, cuando finalice el mandato de los diez últimos senadores en ejercicio, no quedará en el país ni un solo funcionario de elección popular[1]. Como se mencionó anteriormente, los principales socios internacionales de Haití no se deben limitar a exigir el apoyo del gobierno y la oposición para cualquier posible misión de seguridad, sino también lanzar una iniciativa diplomática unificada para fomentar el establecimiento de un gobierno de transición que pueda allanar el camino para unas nuevas elecciones y ayudar a las principales fuerzas políticas a forjar un acuerdo político con este fin. Una vez que haya claridad sobre la composición del gobierno, la reconstrucción de las instituciones electorales y del sistema judicial serán pasos esenciales para recuperar el apoyo popular y la confianza en el Estado[2]. Una unidad judicial especializada dedicada a luchar contra la corrupción de alto nivel y la malversación por parte de políticos será una parte vital en el proceso de reconciliación de los haitianos con las autoridades. Dicha unidad debe recibir apoyo financiero y técnico de los socios internacionales.

Finalmente, una de las principales causas de adhesión a las pandillas sigue siendo la falta de oportunidades económicas para los jóvenes que viven en barrios pobres afectados por una ausencia crónica de servicios públicos. Con un crecimiento previsto de un modesto 1,4 por ciento en 2023, es probable que la combinación de pobreza, desempleo y desigualdad continúe llevando nuevos reclutas a las manos de grupos criminales. Reunir el apoyo de las empresas haitianas, la gran diáspora del país y los donantes extranjeros para un programa que impulse el crecimiento económico y genere empleos sigue siendo la mejor ruta para evitar los recurrentes episodios de inestabilidad que el país ha sufrido durante décadas.

La opresiva violencia de pandillas, el cólera, el hambre y un gobierno sin respaldo popular conspiran para convertir la difícil situación de Haití en una de las emergencias más complejas a las que se enfrenta el hemisferio occidental. Los socios extranjeros de la nación están debatiendo seriamente cómo responder a la solicitud del gobierno haitiano de una intervención de seguridad extranjera, con EE. UU., México y Canadá enfrentando sus propias dudas mientras exploran cómo dotar de personal, financiar y dirigir una misión de este tipo.

Las razones de estas dudas son claras y convincentes. Enfrentarse a bandas criminales que se mueven rápidamente en barrios marginales superpoblados podría causar un número considerable de bajas, animadversión y daños reputacionales. Al mismo tiempo, mientras que algunos haitianos consideran que estos riesgos superan los potenciales beneficios de una misión de este tipo, otros (en particular los que viven en las zonas controladas por pandillas), hacen el mismo cálculo y llegan al resultado contrario. Mientras muchos políticos y figuras públicas, especialmente los que rechazan a Henry, se oponen firmemente al despliegue de tropas extranjeras, un número creciente de ciudadanos no puede seguir soportando el ambiente hostil en el que se desarrolla su vida cotidiana. Estas personas ven en la intervención internacional la última esperanza de una mejora rápida.

Las fuerzas extranjeras pueden cambiar el equilibrio de poder contra las pandillas del país, pero para que una misión sea eficaz, se deben cumplir ciertas condiciones mínimas. Las tropas deben estar entrenadas y equipadas para proteger a la población civil en los entornos urbanos densamente poblados donde operarán. Además, a nivel político, cualquier decisión de desplegar tropas extranjeras sobre el terreno debe depender, como mínimo, del consentimiento explícito de una masa crítica de las principales fuerzas políticas de Haití (incluido el gobierno y la oposición) y de que estas fuerzas lleguen a un acuerdo concreto para crear un gobierno de transición. Los riesgos del despliegue de una misión internacional de seguridad son innegables, pero los perjuicios de una inacción prolongada ante la emergencia humanitaria de Haití también lo son. Los socios extranjeros de Haití deben exhortar a las facciones políticas enfrentadas del país a crear las condiciones que harían posible un despliegue exitoso y, en caso de que lo hagan, estar listos para actuar.