Haití está en una carrera contra el tiempo para convencer a sus propios ciudadanos, donantes y posibles inversionistas que el progreso y la estabilidad son factibles. El continuo retraso en llevar a cabo elecciones libres y justas representa el mayor desafío inmediato, pero el presidente Michel Martelly, luchando desde hace 18 meses por gobernar una nación dividida, carece de una base política estable -también negada a sus predecesores- para obtener la aprobación a su estrategia de desarrollo de cinco puntos que ha propuesto: empleo, estado de derecho, educación, medio ambiente y energía. Para finalmente comenzar la largamente prometida transformación, Martelly debe partir sobre la base del tenue acuerdo de Nochebuena de 2012 con el fin de que un órgano electoral creíble desarrolle prontamente las demoradas elecciones al senado, municipales y locales. También debe reunir a actores clave en un diálogo nacional sobre la elección del Consejo Constitucional y resolver cuestiones de credibilidad acerca del nombramiento del presidente de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura, así como proseguir otras políticas públicas de corto y mediano plazo.

Terminar con el embrollo electoral es esencial pero insuficiente. Las reformas que den seguimiento a ese acuerdo son necesarias para evitar una parálisis política durante el mandato de Martelly. El largo y difícil camino al recientemente concluido proceso de enmienda constitucional y el todavía inconcluso debate sobre la formación del Consejo Electoral Permanente son testimonio del déficit de confianza y la ausencia de consenso político. Haití necesita un acuerdo nacional para gestionar la reconstrucción y el desarrollo, particularmente a medida que entra en un período electoral difícil, cuyo calendario todavía se desconoce. Muchos sectores se adhieren a un diálogo nacional de manera retórica pero no lo desarrollan con seriedad. La intensificación del debate alrededor de la organización de elecciones al senado, municipales y locales en 2013, sin embargo, puede ofrecer una oportunidad para construir un acuerdo de gobernabilidad que podría finalmente movilizar a los actores nacionales y asegurar el apoyo de los donantes hacia la transformación del país, tema que ha sido prometido desde el terremoto de 2010. Después de varios esfuerzos fallidos para llegar a un acuerdo interno sobre cuestiones básicas, incluso aquellos donantes comprometidos con Haití se sienten frustrados por la falta de liderazgo, gobernabilidad y transparencia.

Las décadas de inacción gubernamental, la creciente frustración y la disminución de la tolerancia ciudadana dejan poco margen para el error. La política haitiana en efecto se ha caracterizado por la exclusión de la mayoría de los ciudadanos, y gobernar efectivamente es una tarea crecientemente difícil para cualquier gobierno. El calendario electoral establecido en la constitución nunca es respetado, por lo que los mandatos de funcionarios electos expiran sin reemplazo, dando lugar a inestabilidad institucional. Las elecciones son en gran parte una competencia entre las élites políticas y económicas, mientras que una miríada de partidos dan voz a algunos pocos, fracasan en la movilización del electorado y fragmentan el poder legislativo. La participación de los votantes ha ido disminuyendo desde el 2006, junto con la confianza del público.

La política de estancamiento no es la respuesta a la frágil seguridad y estabilidad del país. Más bien, se requiere de un consenso sobre las prioridades y la estrategia para lograrlas. Es cada vez más evidente que un gobierno funcional es poco probable a menos que la comunidad empresarial, líderes religiosos, profesionales y políticos puedan llegar a un acuerdo. De otra manera Haití encara crecientes disturbios internos. Algunos países de América Latina ofrecen experiencias útiles sobre cómo construir acuerdos sostenibles y efectivos que pueden ser progresivamente traducidos en políticas concretas y sostenibles. La “Concertación por la Democracia” en Chile, el “Acuerdo para la Justicia y Seguridad en Guatemala”, el “Acuerdo Nacional” en Perú y, más recientemente, el “Pacto por México” son ejemplos sobre cómo identificar prioridades compartidas y extraer compromisos de los partidos políticos y de la sociedad civil. Demuestran que el diálogo inicial debe ser inclusivo, si es que ha de haber eficacia en la toma de decisiones y una implementación eficiente.

Los desafíos a los que Haití hace frente no son difíciles de adivinar. En esencia se enfocan en la necesidad de buen gobierno, la creación de un consenso entre élites, estrategias eficazmente implementadas para la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del estado de derecho. Desafortunadamente, estos desafíos nunca han sido confrontados de manera eficaz. Hoy Haití presenta pocos motivos para el optimismo. Por cada señal de progreso en cualquiera de estos frentes hay múltiples casos de retroceso o, en el mejor de los casos, parálisis. Lo que ha cambiado, sin embargo, son las señales recientes de una demanda genuina de los donantes para poner fin a ese estancamiento, mostrando al mismo tiempo fuertes señales de fatiga. Para que Haití salga adelante, los más nobles sentimientos de sus líderes van a tener que prevalecer de una vez y pronto. Esta es una frágil ilusión sobre la que descansa el futuro del país; pero podría ser todo lo que tiene. Sin un pacto nacional, el presidente enfrenta desafortunadamente el espectro de una presidencia fallida, y Haití arriesga el abandono internacional.

Puerto Príncipe/Bogotá/Bruselas, 4 de febrero de 2013