Las permeables fronteras haitianas, tanto terrestres como marítimas, permanecen vulnerables al narcotráfico, al contrabando y a otras actividades ilegales que debilitan el Estado de Derecho y privan al Estado de rentas públicas vitales. La inseguridad tras el terremoto revela la persistente vulnerabilidad frente a la delincuencia violenta y a la inestabilidad política. Los barrios urbanos, azotados por la extrema pobreza, las limitadas oportunidades económicas y la debilidad de las instituciones gubernamentales, sobre todo de la Policía Nacional de Haití (PNH), generan grupos armados y siguen siendo fuente de gran inestabilidad. Para garantizar la seguridad ciudadana, el Gobierno de Martelly debe retirar los oficiales corruptos y ampliar la capacidad institucional y operacional de la PNH a lo largo del país mediante la realización de una reforma que incorpore programas de policía comunitaria y de reducción de la violencia.

Las elecciones recientes fueron sólo un primer paso hacia la determinación del futuro de la reconstrucción y el desarrollo del país. Ahora, el verdadero trabajo requiere que la dirigencia política – tanto en el ejecutivo como en el legislativo – emprenda esfuerzos significativos con el fin de responder a necesidades fundamentales. Para ello es clave identificar intereses comunes con la oposición política, las comunidades sociales de base y las élites empresariales, a fin de reforzar un consenso nacional para transformar a Haití dando prioridad a la creación descentralizada de empleos, a la protección equitativa ante la ley y a la seguridad en las comunidades.

En su discurso inaugural, el Presidente Michel Martelly declaró que Haití estaba abierto y listo para la inversión y los negocios, para los que se requiere una PNH funcional y profesional. La reforma policial ha logrado avances significativos; sin embargo su ejecución total aún está lejana después de casi cinco años de iniciada. Las deficiencias en la PNH, junto con los deseos de los adeptos de Martelly de reinstaurar el ejército y la oposición nacionalista a la presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH), alimentan propuestas para crear una segunda fuerza armada. Hay serias preguntas en torno a ese planteamiento. Si se lleva a cabo, debe haber consultas amplias con la sociedad civil, incluyendo organizaciones sociales de base y organizaciones comunitarias, y particularmente con las víctimas de los abusos del antiguo ejército. Pero primero es primordial seguir fortaleciendo la PNH mediante:

• el reclutamiento, incluyendo el de mujeres, la formación y el pleno despliegue de la fuerza policial;
   
• la consolidación de la integridad policial al agilizar el proceso de investigación de antecedentes de todos los oficiales y personal en servicio, incluyendo la creación de una estructura de apelación, con el fin de retirar del cuerpo policial a aquellos que no cumplan con los requisitos debido a violaciones de derechos humanos o actividades delictivas y avalar a aquellos que sí los cumplen. Se requiere tomar medidas inmediatas para suspender y, si hubiere lugar a ello, enjuiciar a los oficiales que, según las investigaciones, hayan estado involucrados en algún delito grave;
   
• la revisión del plan de reforma para enfocarse en aspectos que contribuyan a mejorar la calidad de la seguridad que brinda la PNH y la construcción de confianza en las comunidades, tales como la capacitación y el fortalecimiento de unidades especializadas, tales como la investigación de delitos, la patrulla fronteriza y la policía comunitaria, al tiempo que la policía de las Naciones Unidas (UNPOL) brinda asesoría activamente para estas labores;
   
• la adopción de la Ley Orgánica de la Secretaría Estatal para el Orden Público, que esclarezca su papel y los de otras entidades de la rama ejecutiva con responsabilidades sobre la PNH; y
   
• la vinculación de la reforma policial con las labores de reconstrucción actualmente coordinadas por la Comisión Interina de Recuperación de Haití (CIRH) al desplegar policías mejor entrenados en las provincias a medida que avanza la descentralización económica.

Puerto Príncipe/Bruselas, 8 de septiembre de 2011