Report / Latin America & Caribbean 2 minutes

La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños

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Resumen Ejecutivo

Las políticas adoptadas desde hace un decenio o incluso más para detener el flujo de cocaína desde los países productores andinos –Colombia, Perú y Bolivia– hasta los dos principales mercados de consumidores –Estados Unidos y Europa– han sido insuficientes e ineficaces. La disponibilidad y demanda de cocaína han permanecido esencialmente estables en Estados Unidos y tienden a aumentar en Europa. El consumo en los países de tránsito en América Latina –en particular Argentina, Brasil y Chile– se ha incrementado. Las políticas antinarcóticos fallidas también están causando daños colaterales considerables en América Latina, pues han debilitado el apoyo a gobiernos democráticos en algunos países, afectado la gobernanza y distorsionado las prioridades sociales en otros, provocado frecuentes violaciones de los derechos humanos y alimentado conflictos armados y/o sociales en Colombia, Bolivia y Perú. Se requieren urgentemente una revaluación exhaustiva de las políticas compartidas y un nuevo consenso sobre el equilibrio entre los enfoques que enfatizan la aplicación coercitiva de la ley y los enfoques que hacen hincapié en el desarrollo alternativo y la reducción de daños.

Las políticas antinarcóticos como el Plan Colombia de Estados Unidos y Colombia y la Estrategia contra la Droga de la Unión Europea (UE) no han encontrado una combinación efectiva de medidas tendiente a reducir la oferta y la demanda. Aunque en ambos lados del Atlántico el grueso del dinero destinado a combatir el narcotráfico se invierte en controlar el problema interno de la droga, ni la orientación de Washington, que se concentra en la aplicación coercitiva de la ley, ni la orientación de Bruselas, que se concentra en la salud pública (algo que no se comparte homogéneamente en toda la UE) han reducido notoriamente el consumo de cocaína. La coordinación de políticas entre Estados Unidos, Europa y América Latina se ve seriamente obstaculizada por las marcadas diferencias con respecto a cómo afrontar óptimamente el problema general de la droga en el mundo y cómo reducir la oferta de cocaína, así como por disputas políticas no relacionadas.

Mientras Estados Unidos tiene grandes programas de reducción de la oferta en los países productores andinos, que buscan en especial erradicar los cultivos de coca mediante la fumigación aérea en Colombia pero también invertir sumas considerables en desarrollo alternativo, los europeos contribuyen en menor escala al establecimiento de modos de vida alternativos y al fortalecimiento de las instituciones. La interdicción de cargamentos de droga y la aplicación coercitiva de la ley en muchos de los países de tránsito son elementos relativamente importantes de la política estadounidense, mientras que Europa intenta proteger sus fronteras más cerca de su territorio y adolece de una cooperación inadecuada entre los organismos de seguridad en la UE.

Ante la carencia de una mejor coordinación entre las autoridades antinarcóticos de los tres continentes, las organizaciones transnacionales de narcotráfico, altamente eficientes y sofisticadas, se adaptan con rapidez y siguen buscando formas de atender los mercados más lucrativos del mundo. El daño que causan se multiplica debido a sus relaciones simbióticas con grupos armados ilegales, y más espectacularmente con insurgentes y con los nuevos grupos que han surgido después del desarme de los paramilitares en Colombia.

El estudio pormenorizado de Crisis Group se divide en dos informes complementarios que se publican simultáneamente. El primero, La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha, examina principalmente los alcances del problema e incluye un examen detallado del cultivo y el tráfico. Este informe analiza las políticas y sus ramificaciones tanto políticas como sociales, y presenta recomendaciones en materia de políticas.

Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 2008

Executive Summary

The policies of a decade or more to stop the flow of cocaine from the Andean source countries, Colombia, Peru and Bolivia, to the two largest consumer markets, the U.S. and Europe, have proved insufficient and ineffective. Cocaine availability and demand have essentially remained stable in the U.S. and have been increasing in Europe. Use in Latin American transit countries, in particular Argentina, Brazil and Chile, is on the rise. Flawed counter-drug polices also are causing considerable collateral damage in Latin America, undermining support for democratic governments in some countries, distorting governance and social priorities in others, causing all too frequent human rights violations and fuelling armed and/or social conflicts in Colombia, Bolivia and Peru. A comprehensive shared policy reassessment and a new consensus on the balance between approaches emphasising law enforcement and approaches emphasising alternative development and harm reduction are urgently required.

Counter-drug policies such as the U.S.-Colombian Plan Colombia and the European Union (EU) Drugs Strategy have not found an effective mix of supply and demand reduction measures. While on both sides of the Atlantic the lion’s share of counter-narcotics funds are invested in controlling the drug problem at home, neither the Washington law-enforcement orientation nor the Brussels public health orientation (which is not homogeneously shared across the EU) has significantly reduced cocaine use. Policy coordination between the U.S., Europe and Latin America is severly hampered by the marked differences on both how best to address the world’s overall drug problem and how to reduce cocaine supply, as well as by unrelated political disputes.

While the U.S. runs large supply reduction programs in the Andean source countries, in particular seeking to eradicate coca crops through aerial spraying in Colombia but also investing considerable money in alternative development, the Europeans contribute on a smaller scale to the establishment of alternative livelihoods and strengthening of institutions. Drug-shipment interdiction and law enforcement in many of the transit countries are relatively major elements of U.S. policy, while Europe attempts to guard its borders closer to home and suffers from inadequate law enforcement cooperation within the EU.

In the absence of better coordination between counter-drug authorities on the three continents, highly efficient and sophisticated transnational trafficking organisations adapt rapidly and continue to find ways to cater to the world’s most lucrative markets. The harm they do is multiplied by their symbiotic relationships with illegal armed groups, most spectacularly the insurgents and the new groups that have sprung up following disarmament of the paramilitaries in Colombia.

Crisis Group’s detailed study is divided into two complementary reports published simultaneously. The first, Latin American Drugs I: Losing the Fight, principally examines the scope of the problem, including a detailed examination of cultivation and trafficking. This report analyses policies and their political and social ramifications and presents policy recommendations.

Bogotá/Brussels, 14 March 2008

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